EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Alvear Maldonado
Recurrido Certiorari
v. 2014 TSPR 127
Ernst & Young LLP 191 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2013-128
Fecha: 27 de octubre de 2014
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José J. Santiago Meléndez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Javier Rivera Longchamps
Materia: Procedimiento Civil – Descubrimiento de prueba: deposición a abogado que trabaja en el mismo bufete que el abogado de la parte contraria; extensión de lo resuelto en Ades v. Zalman (1984) Canon 22 de Ética Profesional
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Recurrido
v. CC-2013-0128
Ernst & Young LLP
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2014.
Nos corresponde resolver si una parte, durante
el descubrimiento de prueba, puede tomarle una
deposición a un abogado que trabaja en el mismo
bufete que el abogado de la parte contraria sin
demostrar justa causa. Para contestar esa
interrogante, debemos sopesar si extendemos lo
resuelto en Ades v. Zalman, 115 DPR 514 (1984), a
los hechos que nos ocupan. Luego de analizar el
asunto con detenimiento, concluimos que procede
extender a este caso lo resuelto en Ades v. Zalman,
íd. CC-2013-128 2
I
El Sr. Víctor Alvear Maldonado presentó una demanda
en contra de Ernst & Young, LLP (EY), en la que reclamó
al amparo de la Ley de Procedimiento Especial Sumario,
Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118
et seq., la suma de $99,800 por concepto de unas horas
que trabajó, pero supuestamente no le fueron compensadas.
EY contestó que el tribunal carecía de jurisdicción
porque el señor Alvear Maldonado no había agotado ciertos
remedios de mediación y arbitraje. Alegó que la compañía
tenía una política que obligaba a los empleados a
resolver las disputas en un procedimiento de arbitraje.
Sostuvo que el señor Alvear Maldonado era empleado exento
y, como tal, le aplicaba esa política.
Ante ello, el señor Alvear Maldonado alegó que era
socio de EY y, por lo tanto, no le aplicaba la política
de arbitraje dirigida a los empleados. EY replicó que, de
acuerdo a los modelos de sus contratos de sociedad, la
política de arbitraje también aplicaba a sus socios.
El señor Alvear Maldonado presentó una moción,
fundamentada en los Cánones 21 y 22 de Ética Profesional,
4 LPRA Ap. IX, para descalificar al bufete Fiddler,
González y Rodríguez (FGR), quien fungía como
representante legal de EY. El señor Alvear Maldonado
alegó que cuando fue socio de EY sostuvo varias reuniones
con abogados de FGR en las que compartió información
confidencial que en el presente pleito pretendían CC-2013-128 3
utilizar en su contra. Adujo, además, que se proponía
citar como testigo al Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo,
quien fue socio de EY durante el mismo tiempo que el
señor Alvear Maldonado fungió como socio de la compañía
y, además, trabajaba como abogado en FGR.
EY alegó que no procedía la descalificación del
bufete FGR. Sostuvo que no existía un conflicto de
interés porque FGR nunca tuvo una relación de abogado-
cliente con el señor Alvear Maldonado en su carácter
personal, sino con EY.
El foro primario resolvió que no existía un
conflicto de interés bajo el Canon 21, supra, y denegó la
moción de descalificación bajo ese fundamento. Sin
embargo, permitió cierto descubrimiento de prueba para
justificar la presentación del licenciado Cañellas
Fidalgo como testigo del señor Alvear Maldonado.
Posteriormente, el señor Alvear Maldonado presentó
una solicitud de producción de documentos y requerimiento
de admisiones que EY objetó parcialmente por entender que
excedía lo pautado por el tribunal.
Ante la objeción de EY, el señor Alvear Maldonado
alegó que, de acuerdo a los documentos que fueron
entregados por EY, el señor Alvear Maldonado era socio de
la compañía y no empleado. Sostuvo que el licenciado
Cañellas Fidalgo, como excompañero socio de EY, podía
testificar sobre este hecho y sobre otros asuntos CC-2013-128 4
relacionados a la controversia. El señor Alvear Maldonado
reiteró la solicitud de descalificación.
EY alegó que la descalificación no procedía porque
no se demostró, como exige el Canon 22 de Ética
Profesional, supra, que el testimonio que emitiría el
licenciado Cañellas Fidalgo sería perjudicial para el
cliente de FGR. Por otra parte, sostuvo que la
controversia sobre la cual testificaría el licenciado
Cañellas Fidalgo se había tornado académica porque EY
aceptó que el señor Alvear Maldonado era socio y no
empleado.
El Tribunal de Primera Instancia determinó que dado
que EY aceptó que el señor Alvear Maldonado era socio, la
utilización del licenciado Cañellas Fidalgo para probar
ese hecho se había tornado académica. El señor Alvear
Maldonado solicitó una reconsideración de ese dictamen y
argumentó, en lo pertinente, que el testimonio del
licenciado Cañellas Fidalgo no se limitaría a la
controversia sobre su clasificación como socio, sino que
atendería también otros asuntos del caso. Ante ello, el
foro primario permitió que el señor Alvear Maldonado
sometiera al licenciado Cañellas Fidalgo a una deposición
y ordenó la producción de una serie de documentos.
EY se opuso a la toma de deposición y a la
producción de documentos por dos razones. Primero,
entendía que la mayoría de los temas a cubrirse en la
deposición tenían el propósito de probar algo que ya no CC-2013-128 5
estaba en controversia, a saber, el carácter de socio del
señor Alvear Maldonado. Segundo, sostuvo que el
testimonio del licenciado Cañellas Fidalgo no era
indispensable y que la información que se quería obtener
a través de su testimonio podía obtenerse por conducto de
otros testigos u otros medios menos onerosos. En esencia,
EY argumentó que la norma pautada por el Tribunal Supremo
en Ades v. Zalman, 115 DPR 514 (1984), para los abogados
de las partes, aplicaba igualmente a los socios de ese
abogado.
El 1 de octubre de 2012, el foro primario reiteró
que el señor Alvear Maldonado podía deponer al licenciado
Cañellas Fidalgo. Destacó el marco amplio y liberal del
descubrimiento de prueba en nuestro ordenamiento
jurídico.
Inconforme, EY acudió ante el Tribunal de
Apelaciones vía una petición de certiorari. Ese foro
denegó la expedición del auto. Nuevamente inconforme, EY
acudió ante este Tribunal. Expedimos el auto de
certiorari solicitado por EY. Con el beneficio de la
comparecencia de ambas partes, resolvemos la controversia
planteada.
II
La Regla 27.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
“no contiene limitaciones respecto a quiénes se les puede
tomar deposiciones”. Ades v. Zalman, supra, pág. 518. Por
el contrario, la regla establece que “cualquier parte CC-2013-128 6
podrá tomar el testimonio de cualquier persona”. Regla
27.1 de Procedimiento Civil, supra. Esa liberalidad tiene
su base en las características del descubrimiento de
prueba.
El descubrimiento de prueba se extiende a cualquier
materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en
controversia en el pleito. Regla 23.1 de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V. Véanse: Berrios Falcón v. Torres
Merced, 175 DPR 962 (2009); Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 152 (2000); Ortiz v. ELA, 125 DPR
65 (1989). Las reglas que lo rigen “se basan en el
concepto básico de que antes del juicio toda parte en la
litigación tiene el derecho a obtener el descubrimiento
de toda la información que esté en posesión de cualquier
persona”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho
procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T.
III, pág. 835. Véase, además, SLG Valencia v. García
García, 187 DPR 283 (2012).
Ahora bien, en ocasiones hemos encontrado
limitaciones al descubrimiento de prueba cuando razones
de política pública así lo aconsejan. En Ades v. Zalman,
supra, aun cuando aclaramos que la condición de ser
abogado no crea una inmunidad contra la toma de
deposiciones, resolvimos que cuando una parte intenta
deponer al abogado de la parte contraria debe probar que
existe justa causa para ello. Es decir, la parte que
interesa la deposición debe probar que “la información CC-2013-128 7
que se busca descubrir a través del abogado [no] es
susceptible de ser obtenida de otras personas o medios
menos onerosos y complejos”. Id., pág. 525.
En ese caso destacamos varias razones por las cuales
debíamos limitar de esa forma las deposiciones al abogado
de la parte contraria: no hacerlo 1) “conllevaría el
agudo riesgo de añadirle un elemento más a las tensiones
que se crean en un proceso adversativo entre los
representantes legales”, id., pág. 521; 2) colocaría al
abogado en la compleja situación de ser defensor y
testigo a la misma vez; 3) “puede convertirse en un medio
mortificante, abusivo y opresivo no solo hacia ese
abogado, sino hacia su representado”, id., pág. 523; y 4)
la discusión de cuál pregunta soslaya el privilegio
abogado-cliente dilataría innecesariamente el curso
normal del pleito. Id., pág. 525.
Lo resuelto en Ades v. Zalman, supra, realmente era
parte de una corriente jurisprudencial que intentaba
armonizar la amplitud del descubrimiento de prueba con
los conflictos que conllevaba la deposición al abogado de
la parte contraria. Véanse: In re Arthur Treacher's
Franchisee Litigation, 92 FRD 429 (E.D. Pa. 1981), Draney
v. Wilson, 30 Fed. R. Serv.2d 960 (D. Ariz. 1980), Walker
v. United Parcel Services, 87 FRD 360 (E.D. Pa. 1980); In
re Penn Central Litigation, 61 FRD 453 (S.D.N.Y. 1973).
Véase, además, Timothy Flynn, Jr., On “Borrowed Wits”: A CC-2013-128 8
proposed Rule for Attorney Depositions, 93 Colum. L. Rev.
1956, 1969-1973 (1993).
El tema alcanzó su cúspide en Shelton v. American
Motors Corporation, 805 F.2d 1323 (8vo Cir. 1986), dos
años después de nosotros resolver Ades v. Zalman, supra.
El Tribunal de Apelaciones Federal para el Octavo
Circuito resolvió que procede la deposición del abogado
de la parte contraria solamente si la parte solicitante
demuestra tres requisitos: 1) que no existe otro medio
para obtener la información que se busca, 2) que esa
información es relevante y no privilegiada y 3) que la
información es crucial para la preparación del caso.
Shelton v. American Motors Corporation, supra, pág. 1327.
Nótese que esa regla es muy parecida a la que adoptamos
en Ades v. Zalman, supra. De hecho, es un poco más
estricta.1
Shelton v. American Motors Corporation, supra, no
tardó en convertirse en el caso normativo en la
jurisdicción federal. Véase 7 Moore´s Federal Practice,
sec. 31.03[2] (Matthew Bender 3d Ed.). Numerosos
tribunales adoptaron la misma norma o una parecida. 8A
Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure
3d Sec. 2102 (2010). Véanse, por ejemplo: Nationwide Mut.
Ins. Co. v. Home Ins. Co., 278 F.3d 621 (6to Cir. 2002);
Thiessen v. GE Capital Corp., 255 F.3d 1221 (10mo Cir.
1 Valga aclarar que no proponemos adoptar la norma de Shelton v. American Motors Corporation, supra. Esa no es la controversia en este caso. CC-2013-128 9
2001); United States v. All Funds on Deposit, 801 F.
Supp. 984 (E.D.N.Y. 1992); Harriston v. Chicago Tribune
Co., 132 FRD 232 (N.D. Ill. 1990); American Cas. Co. v.
Krieger, 160 FRD 582 (S.D. Cal. 1995). Véase, por el
contrario, QAD.Inc. v. ALN Associates, Inc., 132 FRD 492,
495 (N.D. Ill. 1990), para una crítica a Shelton.2
El Tribunal de Apelaciones para el Octavo Circuito,
sin embargo, le ha dado una interpretación restrictiva al
caso de Shelton v. American Motors Corporation, supra, y
se ha negado a aplicarlo a otras situaciones de hecho.
Moore´s Federal Practice, op. cit., sec. 31.03[2]. sec.
31.03. En Pamida v. E.S. Originals, 281 F.3d 726, 730
(8vo Cir. 2002), el tribunal permitió una deposición a
los abogados de la parte contraria porque la información
que se quería descubrir era sobre un pleito anterior ya
terminado, la información era crucial para el caso
pendiente y la información solo era conocida por los
abogados. (“Shelton was not intended to provide
heightened protection to attorneys who represented a
client in a completed case and then also happened to
represent that same client in a pending case where the
2 Algunos tribunales han adoptado análisis distintos. Véase, por ejemplo, In re Subpoena Issued to Dennis Friedman, 350 F.3d 65 (2do Cir. 2003) (“Rule 26 require[s] a flexible approach to lawyer depositions whereby the judicial officer supervising discovery takes into consideration all of the relevant facts and circumstances to determine whether the proposed deposition would entail an inappropriate burden or hardship”. Véase, además, Johnston Dev. Group, Inc. v. Carpenters Local Union No. 1578, 130 FRD 348 (D.N.J. 1990). CC-2013-128 10
information known only by the attorneys regarding the
prior concluded case was crucial”).
En ese caso, la corporación A fue demandada por
violar unas patentes. Después que acabó ese pleito, la
corporación A inició una acción de daños en contra de la
compañía B por hechos relacionados. La corporación A
utilizó los mismos abogados para ambos pleitos. Durante
el descubrimiento de prueba, la compañía B solicitó una
deposición a los abogados de la corporación A para
descubrir información del pleito anterior y del pleito
pendiente. El Tribunal de Primera Instancia permitió la
deposición para descubrir todo lo relacionado al caso
anterior y prohibió lo relacionado al pleito pendiente.
El Tribunal del Circuito de Apelaciones confirmó y
especificó que el propósito principal de Shelton era
evitar que el abogado de una parte revelara la estrategia
de litigio de un caso pendiente y no la información
importante de un caso pasado. Id., pág. 730. (“the
protection Shelton provides to opposing counsel only
applies because opposing counsel is counsel in the
instant case”).
Al igual que el Octavo Circuito, otros tribunales
han interpretado a Shelton limitadamente y se han negado
a extender esa protección. Moore´s Federal Practice, op
cit. Algunos tribunales, fundamentados en Pamida v. E.S.
Originals, supra, aplican la protección de Shelton
solamente cuando a quien se le tomará la deposición es CC-2013-128 11
el abogado litigante (“trial or litigation counsel”), es
decir, el abogado que está directamente relacionado a la
representación legal de una de las partes en el caso.
Véanse: US v. Phillip Morris, Inc., 209 FRD 13, 18
(D.D.C. 2002) (“[Shelton] only applies to depositions of
trial counsel or counsel directly involved in
representing a party in the case”); Sterne Kessler
Goldstein v. Eastman Kodak Company, 276 FDR 376 (D.D.C.
2011); Zimmerman v. State, 114 So.3d 446 (FL 2013). Otros
tribunales también han aplicado la norma de Shelton
cuando la línea de preguntas que se hará en la deposición
revelará la estrategia legal del caso pendiente. Véase US
v. Phillip Morris, Inc., supra; Sterne Kessler Goldstein
v. Eastman Kodak Company, supra. Véase, además, Scott
Tolchinsky, Deposition of Opposing Counsel in Patent
Litigation, 19 Geo. J. Legal Ethics 993, 996 (“[in
Pamida] the court appeared to limit the use of the
Shelton factors to instances in which the attorney to be
deposed is either counsel in the present litigation or
the subject matter of the deposition would lead to the
disclosure of the attorney's litigation strategy”).
Algunos piensan que el término de “trial or
litigation counsel” incluye no solo al abogado que es
representante directo o compareció formalmente al pleito
pendiente, sino que incluye también a aquellos abogados
que han asesorado en la estrategia del litigio. Véase,
por ejemplo, Douglas R. Richmond, Depositions of Other CC-2013-128 12
Lawyers, 81 Tenn. L. Rev. 47, 65-66 (2013) (“the major
determinant should be the lawyer deponent´s involvement
in the litigation, however characterized”).
En hechos muy similares al caso bajo nuestra
consideración, se ha resuelto que la norma de Shelton no
aplica a un abogado que es miembro del mismo bufete que
el abogado de la parte contraria que está a cargo del
caso. Ellipsis, Inc. v. The Color Works, Inc., 227 FRD
496 (W.D. Tenn. 2005). Véase, además, Wright, Miller &
Cooper, supra, pág. 448. En ese caso se concluyó que el
miembro del bufete a quien se le tomaría la deposición no
era el abogado a cargo del juicio o del litigio (“trial
or litigation counsel”). Id., pág. 497.
III
El Tribunal de Primera Instancia resolvió que
procedía la deposición del licenciado Cañellas Fidalgo.
Por su parte, EY alegó que eso es incorrecto y nos
solicita, en esencia, que extendamos la norma de Ades v.
Zalman, supra, a un abogado que es miembro del mismo
bufete que el abogado que compareció al pleito. Por los
fundamentos que elaboramos a continuación, procede
extender esa norma a los hechos que nos atañen.
El problema que identificamos en Ades v. Zalman,
supra, está presente parcialmente cuando se interesa
deponer a un miembro del bufete del abogado de récord de
la otra parte. Nadie puede dudar que permitir la
deposición de un miembro del bufete del abogado de récord CC-2013-128 13
de la otra parte “conllevaría el agudo riesgo de añadirle
un elemento más a las tensiones que se crean en un
proceso adversativo entre los representantes legales”.
Íd., pág. 521. También podría convertirse en un medio
mortificante, abusivo y opresivo no solo hacia el abogado
al que se pretende deponer, sino hacia el cliente o el
bufete mismo. Íd., pág. 523.3 Por último, la discusión de
cuál pregunta soslaya el privilegio abogado-cliente
dilataría innecesariamente el curso normal del pleito.
Íd.
Es evidente que la línea jurisprudencial federal
antes citada va dirigida a permitir la deposición en
controversias como la de autos. Pamida v. E.S. Originals,
supra; Shelton v. American Motors Corporation, supra;
Moore´s Federal Practice, supra, sec. 31.03[2]; Wright,
Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure, supra,
sec. 2102. Sin embargo, existe una diferencia abismal
entre la jurisdicción federal y la nuestra que abona a
nuestra conclusión de extender a este caso la norma de
Ades v. Zalman, supra.
Adviértase que la línea reseñada de casos federales
está enmarcada en la Regla modelo 3.7 de conducta
profesional de la American Bar Association, que indica:
Rule 3.7 Lawyer As Witness
3 Nótese que el término “bufete” incluye las grandes firmas que pueden emplear cientos de abogados y las oficinas más pequeñas que emplean pocos letrados. CC-2013-128 14
(a) A lawyer shall not act as advocate at a trial in which the lawyer is likely to be a necessary witness unless: (1) the testimony relates to an uncontested issue; (2) the testimony relates to the nature and value of legal services rendered in the case; or (3) disqualification of the lawyer would work substantial hardship on the client. (b) A lawyer may act as advocate in a trial in which another lawyer in the lawyer's firm is likely to be called as a witness unless precluded from doing so by Rule 1.7 or Rule 1.9.
Center for Professional Responsibility (American Bar Association), Model Rules of Professional Conduct, 2010, pág. 102.
Como se puede observar, el inciso (b) de esta regla
no obliga a que un abogado litigante renuncie a la
representación de un cliente cuando se entera de que un
abogado de su firma puede ser llamado a declarar. La
excepción a esa norma se configura cuando el abogado
litigante incurre en un conflicto de intereses que le
impida continuar con la representación legal. Model Rules
of Professional Conduct, supra, pág. 104.
Distinto a la Regla modelo 3.7, supra, nuestro Canon
22 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, establece que “un
abogado debe renunciar a la representación de su cliente
cuando se entera de que el propio abogado, un socio suyo
o un abogado de su firma puede ser llamado a declarar en
contra de su cliente”. Como se aprecia, este precepto
abarcador impone al abogado litigante el deber de
renunciar a la representación cuando se entera que un
abogado de su firma puede ser llamado a declarar. Sin CC-2013-128 15
duda, este Canon aplica a los socios o compañeros del
abogado que van a testificar en el juicio y no en una
deposición. Después de todo, la deposición no es un
testimonio; es simplemente un mecanismo de descubrimiento
de prueba. Véase Rafael Hernández Colón, Práctica
Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed.,
Lexis Nexis, 2010, pág. 308 (“[e]l hecho de que se tome
una deposición no convierte al deponente en testigo de la
parte que la toma, pero cuando se somete como evidencia
de esa parte, sí se le constituye en testigo propio”).
Véase, además, In re Alverio Sánchez, 172 DPR 181, 190-
191 (2007). Ahora bien, es innegable que, a la luz de la
norma ética abarcadora que contiene el Canon 22 de Ética
Profesional, supra, siempre existe el riesgo de que se
deponga al miembro de un bufete con el propósito de
hostigar y, en la eventualidad, solicitar la
descalificación de ese bufete.
Así pues, como la mayoría de los problemas que
reconocimos en Ades v. Zalman, supra, están presentes en
este caso y existe el riesgo de que se deponga a un
miembro del bufete con el propósito de solicitar su
descalificación conforme al Canon 22 de Ética
Profesional, supra, es necesario revocar el dictamen del
Tribunal de Primera Instancia. Procede extender lo
resuelto en Ades v. Zalman, íd., a esta controversia, en
que se interesa deponer a un abogado que trabaja en el
mismo bufete que el abogado litigante de la parte CC-2013-128 16
contraria. En situaciones como esta, es necesario que la
parte que solicita la deposición demuestre la existencia
de justa causa, que consiste en probar que “la
información que se busca descubrir a través del abogado
[no] es susceptible de ser obtenida de otras personas o
medios menos onerosos y complejos”. Íd., pág. 525.
Aquí ya se resolvió el asunto por el cual
inicialmente se iba a deponer al licenciado Cañellas
Fidalgo, a saber, si el señor Alvear Maldonado era socio
o empleado de EY. Sin embargo, el señor Alvear Maldonado
especificó posteriormente que utilizaría la deposición
para descubrir otra información relacionada a la
controversia. Hay alegaciones en el expediente que
apuntan a que el licenciado Cañellas Fidalgo puede tener
información pertinente a la controversia, pues
aparentemente fue socio de EY durante el tiempo en que
surgió la controversia del caso. Si se demuestra la justa
causa, conforme con lo resuelto en Ades v. Zalman, supra,
procede deponer al licenciado Cañellas Fidalgo. Después
de todo, “un amplio y liberal descubrimiento de prueba es
la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para
siempre la deportiva teoría de justicia que tanto mina la
fe del pueblo en el sistema judicial”. Lluch v. España
Service Sta., 117 DPR 729, 743 (1986).
Si durante la deposición surge algún conflicto
relacionado a privilegios, las partes deberían actuar
conforme a la Regla 27.7 (b)(4) de Procedimiento Civil, CC-2013-128 17
32 LPRA Ap. V, que permite que un deponente se niegue,
con el propósito de preservar un privilegio, a contestar
una pregunta. Además, las partes siempre tendrían
disponibles los remedios dispuestos en la Regla 23.2 de
Procedimiento Civil, supra, que permite que el tribunal
emita cualquier orden para proteger a una parte de
hostigamiento, perturbación u opresión, así como de
cualquier molestia o gasto indebido.
IV
Por otro lado, EY se embarca en su alegato en una
discusión sobre por qué no procede la descalificación de
FGR. En esencia, alega que tan pronto el foro primario
autorizó la deposición del licenciado Cañellas Fidalgo,
de acuerdo al Canon 22 de Ética Profesional, supra, FGR
estaría obligado a renunciar al caso o a ser
descalificado. Sin embargo, la discusión sobre este punto
es prematura.
Como ya indicamos, el Canon 22 de Ética Profesional,
íd., aplica cuando un abogado litigante se entera de que
un abogado de su firma podría ser llamado a declarar en
el juicio, no en la deposición que es un simple mecanismo
de descubrimiento de prueba. In re Alverio Sánchez,
supra, págs. 190-191; R. Hernández Colón, op cit., pág.
308.
Más importante aún, para que proceda la
descalificación, lo que se va a testificar en el juicio
tiene que ser en contra del cliente del socio. Canon 22 CC-2013-128 18
de Ética Profesional, supra. Véanse, Culebras Enterprises
Corporation v. Rivera-Rios, 846 F.2d 94 (1er Cir. 1988);
Charles W. Wolfram, Modern Legal Ethics, Minnesota, West
Publishing Co., 1986, págs. 375-390; American Bar
Association, Annotated Model Rules of Professional
Conduct, Chicago, ABA, 2003, págs. 381-391.
En esta etapa de los procedimientos desconocemos si
el licenciado Cañellas Fidalgo estará sujeto a una
deposición, o si testificará en el juicio. Luego de que
se despejen esas dudas, el Tribunal de Primera Instancia
estará en posición de atender la controversia sobre la
descalificación de FGR.
V
Por los fundamentos antes expuestos, dejamos sin
efecto el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.
Procede que el Sr. Víctor Alvear Maldonado demuestre
justa causa, conforme con lo resuelto en Ades v. Zalman,
supra, para deponer al Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo.
Se dictará Sentencia de conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2013-128
Peticionaria
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos, en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, dejamos sin efecto el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Procede que el Sr. Víctor Alvear Maldonado demuestre justa causa, conforme con lo resuelto en Ades v. Zalman, supra, para deponer al Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo.
Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Presidenta señora Fiol Matta disiente por entender que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al permitir el descubrimiento de prueba solicitado por el demandante. En dos ocasiones el tribunal autorizó la toma de deposición al licenciado Cañellas con el fin único de que el demandante pudiera justificar la presentación del licenciado como testigo. De esta manera, el tribunal estaría en posición de resolver la solicitud de CC-2013-128 2
descalificación que quedaba pendiente bajo el Canon 22. En este caso, y ante el desarrollo particular del descubrimiento de prueba entre las partes, confirmaría la determinación de los tribunales inferiores.
El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente con opinión escrita.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2013-128 Certiorari
Ernst & Young, LLP
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2014.
Ante la presentación simultánea de una
solicitud de descalificación, por alegadas
violaciones al Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, y una solicitud de deponer a un abogado que
es miembro del mismo bufete que representa a la
parte contraria, procedía pautar un análisis
integral que considerara las implicaciones de la
deposición en el contexto del mandato ético
contenido en el Canon 22 del Código de Ética
Profesional, supra.
Por entender que el escrutinio adoptado por
este Tribunal está reñido con la economía procesal;
es contrario a la tendencia jurisprudencial que la
propia mayoría reconoce; debilita el alcance del CC-2013-128 2
Código de Ética Profesional, supra, y más importante aún,
facilita el hostigamiento entre los litigantes y la
utilización de tácticas dilatorias, disiento.
Los hechos que dan origen a la presente controversia
surgen como consecuencia de una demanda instada por el
Sr. Víctor Alvear Maldonado (señor Alvear Maldonado)
contra Ernst & Young, LLP (Ernst & Young). En ésta, el
señor Alvear Maldonado reclamó el pago de un dinero por
concepto de horas trabajadas y no compensadas.
Desde el inicio del pleito, Ernst & Young solicitó
ventilar el reclamo del señor Alvear Maldonado en un
proceso de arbitraje al señalar que éste estaba obligado
por ser empleado de la empresa. Por su parte, el señor
Alvear Maldonado se opuso al señalar que era socio y no
procedía ventilar su reclamo en un procedimiento de
arbitraje. Sin embargo, Ernst & Young destacó que aún si
fuera socio el contrato de sociedad también compelía a
los socios a acudir a procedimientos de mediación y
arbitraje en caso de presentarse una disputa. A raíz de
ello, sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia
carecía de jurisdicción para atender el recurso
presentado.
Trabada la controversia en torno al cargo ejercido
por el señor Alvear Maldonado en la empresa, éste radicó
una Moción en solicitud de orden de evidencia documental
y solicitud de descalificación de representación legal CC-2013-128 3
con el propósito dual de allegar información que
evidenciara su alegación y servir de vehículo para la
descalificación de la representación legal de Ernst &
Young. En primer lugar, argumentó que como socio
participó en reuniones con abogados del bufete Fiddler,
González & Rodríguez, PSC (Bufete), despacho que
representa legalmente a Ernst & Young. Arguyó que en
éstas acontecieron intercambios de información
confidencial que podría ser utilizada en su contra, por
lo que se había constituido un conflicto de intereses en
contravención al Canon 21 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 21. A su vez, afirmó que
en el Bufete labora el Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo
(licenciado Cañellas Fidalgo), quien para las fechas
relevantes de su reclamo se desempeñó como socio de Ernst
& Young e indicó que se proponía citarlo como testigo. El
señor Alvear Maldonado especificó que el testimonio del
licenciado Cañellas Fidalgo versaría sobre el cargo que
ocupaba en la empresa y contribuiría a la dilucidación de
la controversia. Por ende, señaló que se consuma una
violación al Canon 22 del referido Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 22.
Luego de celebrar una vista, el foro primario
concluyó que no procedía la descalificación del Bufete al
amparo del Canon 21 por entender que no existía prueba
suficiente para sostener la existencia de intereses
encontrados. Empero, no atendió el reclamo a base del CC-2013-128 4
Canon 22 hasta que finalizara el descubrimiento de
A tenor con la Resolución emitida, el señor Alvear
Maldonado cursó a Ernst & Young una Solicitud de
Producción de Documentos y Requerimiento de Admisiones.
Ernst & Young la objetó. Con el fin de disipar sus
diferencias, las partes pactaron una producción limitada
de documentos. Además, Ernst & Young estipuló que el
señor Alvear Maldonado era socio de la empresa.
A pesar de lo pactado, Ernst & Young incumplió al no
producir la evidencia acordada. Como consecuencia, el
señor Alvear Maldonado reiteró su solicitud de
descalificación. Señaló que el descubrimiento de prueba
parcial obtenido demostraba que el licenciado Cañellas
Fidalgo y él ejercieron como socios durante el periodo
por el cual reclama y afirmó que su intención de incluir
al licenciado como testigo en el pleito quedaba
sustentada.
Ernst & Young replicó la solicitud presentada y
arguyó que el descubrimiento de prueba cursado era en
sumo oneroso, la solicitud presentada no justificaba la
comparecencia del licenciado como testigo, no se había
establecido que el testimonio a ofrecerse fuese contrario
a los intereses de Ernst & Young y, que a raíz de que se
estipuló que el señor Alvear Maldonado era socio, el
asunto se había tornado académico. Asimismo, admitió CC-2013-128 5
haber concertado un acuerdo en el que se comprometió a
entregarle al señor Alvear Maldonado ciertos documentos.
Atendido el asunto, el foro primario determinó que
cualquier testimonio para establecer que el señor Alvear
Maldonado era socio se había tornado académico. Ante este
dictamen, el señor Alvear Maldonado resaltó que el
testimonio del licenciado Cañellas Fidalgo es
indispensable para establecer sus reclamos y posee un
efecto pernicioso para Ernst & Young. Alegó que con el
testimonio se demostraría que como socio no procedía
dilucidar su controversia en un proceso de arbitraje y
para demostrar la falsedad de los reclamos de Ernst &
Young. Así, solicitó al foro primario que decretara la
continuación, y eventual culminación, del descubrimiento
de prueba ordenado y concediera la deposición del
licenciado Cañellas Fidalgo.
Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de
Primera Instancia concedió un término para efectuar una
orden de citación con miras a deponer al licenciado
Cañellas Fidalgo. Ante ello, el señor Alvear Maldonado
presentó un Escrito notificando temas que serán cubiertos
durante la deposición del Lcdo. Jorge Cañellas y
documentos que deberán ser entregados previo a la misma.
Ernst & Young se opuso enérgicamente por entender que la
información que se pretende obtener al deponer al
licenciado Cañellas Fidalgo no era indispensable y podía
ser obtenida empleando medios alternos. CC-2013-128 6
Considerado el hecho de que no se cumplió con el
descubrimiento de prueba acordado y la prueba obtenida
por el señor Alvear Maldonado, el Tribunal de Primera
Instancia autorizó la deposición al concluir que los
temas señalados resultaban pertinentes a la controversia
y ordenó la producción de los documentos acordados.
Inconforme, Ernst & Young acudió ante el Tribunal de
Apelaciones. El foro intermedio denegó el auto
solicitado. Así las cosas, Ernst & Young presentó un
recurso de certiorari ante este Tribunal y cuestionó, en
síntesis, que se permitiera la deposición del licenciado
Cañellas Fidalgo. Particularmente, señaló que la orden de
deposición debió ser examinada en el contexto de una
adjudicación de solicitud de descalificación por razón de
que se habrá de llamar como testigo en el caso a un
abogado miembro del Bufete que lo representa. Véase
Alegato de la Parte Peticionaria, pág. 8.
Trabada la controversia y expedido el caso,
establecemos nuestra posición para adjudicar la polémica
ante esta Curia.
Nuestro ordenamiento procesal civil consagra una
multiplicidad de normas dirigidas a establecer un
procedimiento a través del cual las personas, naturales o
jurídicas, puedan dirimir sus controversias ante un foro
judicial. Particularmente, se han esgrimido normas
destinadas a regular los contornos del procedimiento de CC-2013-128 7
descubrimiento de prueba con el fin de colocar a las
partes en posición de sustentar sus alegaciones,
facilitar la obtención de la evidencia y la búsqueda de
la verdad, y evitar sorpresas e inconvenientes durante la
tramitación de un juicio. Alvarado v. Alemañy, 157 DPR
672 (2002); Vicenti v. Saldaña, 157 DPR 37 (2002);
Alfonso Bru v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158 (2001).
Cónsono con este propósito, se ha promulgado la creación
y desarrollo de un descubrimiento de prueba caracterizado
por su flexibilidad y liberalidad, y dirigido a asegurar
un procedimiento justo y equitativo que responda a las
particularidades y complejidades de cada caso. S.L.G.
Valencia v. García García, 187 DPR 283 (2012); Vicenti v.
Saldaña, supra; Alfonso Bru v. Trane Export, Inc., supra.
La liberalidad propia del descubrimiento de prueba ha
incentivado la implantación de mecanismos que fomentan el
intercambio rápido y efectivo de la evidencia en un
juicio. En consecución de lo expuesto, el ordenamiento
avala la creación de pactos entre las partes con el
propósito de concertar las particularidades del proceso
de descubrimiento de prueba. Estos pactos posibilitan un
sistema caracterizado por la cooperación, constituyen
acuerdos válidos, vinculantes y exigibles e instauran el
deber inexorable de cumplir. Vellón v. Squibb Mfg. Inc.,
117 DPR 838 (1986); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR
729 (1986); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho
Procesal Civil, Publicaciones JTS, 2011, T. III, pág. CC-2013-128 8
926. De este modo, el mutuo consentimiento de las partes
puede alterar el procedimiento ordinario de
descubrimiento en la medida en que esta modificación no
se encuentre proscrita por el ordenamiento vigente.
Vellón v. Squibb Mfg. Inc., supra.
A pesar de la liberalidad que caracteriza al
descubrimiento de prueba, estatutaria y
jurisprudencialmente se han erigido criterios que
delimitan su alcance con el fin de evitar que éste se
torne en un procedimiento opresivo, intolerante o que
cause molestias indebidas a las partes. Vicenti v.
Saldaña, supra; Cuevas Segarra, op. cit.
De ordinario, el ordenamiento ha condicionado el
alcance del descubrimiento de prueba a dos aspectos
medulares, a saber: (1) información que no constituye
materia privilegiada en lo que respecta a los privilegios
reconocidos y, (2) materia pertinente al asunto en
controversia. Empero, existen limitaciones adicionales
que versan sobre rasgos del descubrimiento de prueba y
que han surgido como corolario de la facultad judicial de
restringir el amplio ámbito reconocido al procedimiento.
Sobre este particular, y en lo que atañe al asunto
ante nuestra consideración, este Tribunal dirimió cuándo
procede la toma de deposición de un abogado de una parte.
En Ades v. Zalman, 115 DPR 514 (1984), tuvimos la
oportunidad de expresarnos en torno a la peculiar
situación que acaecía al solicitar un descubrimiento CC-2013-128 9
destinado a la representación legal de una parte en el
litigio. Aunque nuestro ordenamiento reconoce la
posibilidad de dirigir el descubrimiento de prueba a
cualquier persona, era meritorio considerar la relación
que existe entre un abogado y su cliente, como su asesor
clave y confidente, y los deberes éticos que se imponen a
esta relación en aras de evitar que un abogado sea parte
o se incorpore como elemento probatorio. Ello pues, “el
mero hecho de que una persona sea abogado, no opera ipso
facto como un escudo que impide que se le tome una
deposición”. Cuevas Segarra, op. cit, pág. 851. Ante tal
situación, y conscientes de los riesgos que presentaba
conceder un poder irrestricto de deponer a la
representación legal de la parte contraria, emprendimos
un análisis enmarcado en la justa consideración de los
intereses encontrados, a fin de determinar bajo qué
circunstancias debía proceder el reconocimiento de tal
deposición.
En ese balance de intereses, este Tribunal consideró
el derecho de una parte a llevar a cabo un descubrimiento
de prueba amplio en lo que respecta a quién puede ser
depuesto vis a vis la relación abogado-cliente. En
aquella ocasión, enfatizamos que la relación abogado-
cliente es una permeada de confianza e involucra un alto
grado de celo y secreto profesional. Tan importante es
ésta para el ordenamiento que se promueve la renuncia de
un abogado como parte de la representación legal cuando CC-2013-128 10
éste se encuentra en posición de ser llamado a declarar,
a menos que su testimonio verse sobre asuntos meramente
formales, tales como la comprobación o custodia de un
documento y otros extremos semejantes. 4 LPRA Ap. IX, C.
22. De otra parte, el derecho a descubrir prueba intenta
proveer a los litigantes las herramientas necesarias para
sustentar su postura y asegurar la tramitación eficiente
de un pleito.
Efectuando el aludido balance, reconocimos el derecho
limitado de realizar un descubrimiento de prueba al
representante legal de una parte en el pleito y
descartamos la noción errada de que una orden a esos
fines era improcedente. No obstante, establecimos que
para deponer al abogado de una parte es necesario que se
establezca justa causa. Como elemento determinante de la
justa causa, los tribunales debemos dirimir si la
información que se pretende descubrir al deponer al
abogado de la parte contraria es susceptible de ser
obtenida por medios menos onerosos y complejos. Ades v.
Zalman, supra, pág. 524. Así, si existen otras fuentes
satisfactorias para la obtención de la información se
debe prescindir de deponer al abogado. Estos requisitos
exigen un estricto y ponderado escrutinio.
A pesar de que se ha validado la toma de deposiciones
al representante legal de una parte en el pleito, la
controversia en el caso de autos no puede ser resuelta
aplicando aisladamente la norma plasmada en Ades v. CC-2013-128 11
Zalman, supra. La razón para esto consiste en que la
situación actual versa sobre la toma de deposición de un
abogado que, sin ser parte de la representación legal en
el pleito, es miembro del bufete que la posee, y en la
que ha mediado una solicitud de descalificación de
representación legal. Asimismo, la información que se
pretende descubrir no es una protegida por el producto
del trabajo del abogado (work product) como ocurrió en
Ades v. Zalman, supra. Por el contrario, en el caso ante
nos, el descubrimiento solicitado está dirigido a
esclarecer los hechos que dan lugar a la reclamación del
señor Alvear Maldonado, el tipo de funciones realizadas,
sus responsabilidades y la contratación aplicable, entre
otras, durante su desempeño como socio.
Como corolario, el escrutinio desarrollado en Ades v.
Zalman, supra, resulta incompleto debido a que no se
consideró las implicaciones y efectos nocivos que podría
llevar la toma de deposición cuando media una solicitud
de descalificación de la representación legal por una
posible violación al Canon 22 del Código de Ética
Profesional, ya que se pretende usar al abogado miembro
de la firma como testigo.
A raíz de tal realidad, es menester examinar las
normas de nuestro ordenamiento jurídico que regulan el
ámbito disciplinario y la descalificación. A esos
efectos, resulta meritorio considerar la normativa en CC-2013-128 12
torno a la descalificación y las disposiciones del Canon
22 del Código de Ética Profesional que versan sobre la
descalificación de la representación legal en un pleito.
Veamos.
Como es sabido, el poder de reglamentar la admisión
al ejercicio de la abogacía y la suspensión o separación
de éste le corresponde exclusivamente a este Tribunal.
Warner Lambert v. F.S.E., 111 DPR 842 (1982). Es esta
Curia la que posee la facultad para entender en toda
acción disciplinaria contra un abogado por conducta
impropia en violación al Código de Ética Profesional. K-
mart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 DPR 633, 637
(1988).
Lo anterior no significa que los tribunales, en el
ejercicio inherente de supervisar la conducta de los
miembros de la profesión legal que postulan ante sí, no
puedan descalificar a un abogado que incurra en conducta
que constituya un obstáculo para la sana administración
de la justicia o infrinja sus deberes hacia el tribunal,
sus representados o compañeros abogados. Por ello, el
Tribunal de Primera Instancia está facultado para ordenar
la descalificación de un representante legal cuando ello
propenda la adecuada tramitación de litigio y resulte
necesario para la solución justa, rápida y económica de
los pelitos. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR
649, 661 (2000). Ello, pues, la descalificación puede
proceder para prevenir una violación a cualquiera de los CC-2013-128 13
cánones del Código de Ética Profesional o para evitar
actos disruptivos entre los abogados durante el litigio.
Íd. Véase R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto
Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Lexis Nexis de
Puerto Rico, 2010, pág. 73. Así pues, un adjudicador
puede valerse de este mecanismo para asegurar el
cumplimiento de un abogado con sus deberes para con la
sociedad, los tribunales, sus clientes, sus compañeros y
su profesión.
Como consecuencia, la descalificación no conlleva
necesariamente una sanción ética. Empero, ésta afecta
negativamente varios aspectos, tales como los derechos de
las partes y el trámite de los procedimientos, por lo que
no debe atenderse ligeramente. Job Connection Center v.
Sups. Econo, 185 DPR 585, 596-597 (2012). Las
consecuencias para las partes son reales, múltiples y
complejas. De entrada, advenir sin representación legal
una vez iniciado el pleito, en la mayoría de las
ocasiones, representaría un cambio sumamente oneroso que
conllevaría la adquisición de una nueva representación
legal, un periodo para que ésta se familiarice con el
caso, y conjuntamente, un tiempo para que se entable una
nueva relación abogado-cliente. De otro modo, el negar la
concesión de una solicitud cuando de ésta surge que
existe, o podría existir, una violación al Código de
Ética Profesional, o que se afectaría negativamente a una
parte, podría ser igualmente lesivo. Así, hemos señalado CC-2013-128 14
que los procesos de descalificación “conllevan
repercusiones que tienen el efecto potencial de afectar
los derechos de las partes y el trámite de los
procedimientos”. Íd., pág. 599.
A estos efectos, la norma jurídica desarrollada
requiere que al momento de evaluar una solicitud de
descalificación el tribunal sopese los intereses en
conflicto, a saber: el derecho que le asiste a todo
ciudadano a escoger libremente el abogado que lo
represente,4 el derecho a un descubrimiento de prueba
amplio y liberal, y “el efecto adverso que la
representación legal pueda tener sobre los derechos de
las partes a un juicio justo e imparcial”. Íd., pág. 597.
En la construcción de este análisis se deben
considerar las particularidades de cada caso y los
efectos que la concesión o denegación de solicitudes
dirigidas a alterar el curso ordinario de los pleitos.
Conjuntamente, se debe velar por el derecho que posee el
abogado sujeto a ser descalificado a presentar prueba en
su defensa y a ser escuchado. In re González Blanes, 65
DPR 381 (1945). Como regla general, al momento de dirimir
4 Esta Curia ha reconocido el derecho de todo ciudadano a la libre selección de su representación legal. Meléndez Vega v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649 (2000); Otaño v. Vélez, 141 DPR 820 (1996); In re Vélez, 103 DPR 590 (1975). Empero, este derecho no ha sido considerado como un derecho fundamental. Es decir, no existe un derecho absoluto a poseer representación en el trámite de un pleito civil, ni a ser representado por un abogado en particular. Meléndez Vega v. Caribbean Int’l News, supra. CC-2013-128 15
si procede la solicitud de descalificación de un
representante legal, los tribunales consideran los
factores siguientes: (1) la legitimación de quien
solicita la descalificación; (2) la gravedad de la
posible violación ética; (3) la complejidad del derecho o
los hechos pertinentes a la controversia y el expertise
de los abogados implicados; (4) la etapa de los
procedimientos cuando se solicita la descalificación y el
efecto para la solución justa, rápida y económica del
caso; y (5) el propósito detrás de la solicitud de
descalificación, es decir, si ésta se utiliza como una
práctica dilatoria. Otaño v. Vélez, 141 DPR 820 (1996).
Como expusimos, la descalificación puede proceder
para prevenir una violación a cualquiera de los cánones
del Código de Ética Profesional. Este Código sirve como
un cuerpo normativo dirigido a establecer las pautas
mínimas que deben guiar a los abogados en el desempeño de
su profesión. In re Nogueras Cartagena, 150 DPR 667
(2000). En éste se prescribe un ordenamiento que regula
las interacciones de los abogados con los demás miembros
de la sociedad con miras a salvaguardar la integridad y
altitud de la profesión y de sus integrantes. Asimismo,
codifica la conducta de los representantes legales en el
contexto de la relación abogado-cliente mediante el
establecimiento de normas destinadas a evitar los
conflictos de intereses y la protección de la confianza y
confidencialidad características de este vínculo. CC-2013-128 16
En el contexto de la situación ante nos, el Canon 22
del Código de Ética Profesional, supra, regula la
situación conflictiva que surge al requerirse la
presencia de un abogado como testigo en el caso que
litiga. Este canon dispone que los abogados no deben
convertirse en testigos en apoyo de sus clientes, excepto
en situaciones en las cuales se pretende obtener
testimonio sobre asuntos meramente formales. No obstante,
cuando el testimonio resulta necesario, el abogado se
encuentra en la obligación de renunciar a la
representación legal a fin de evitar macular la relación
abogado-cliente. Íd. Ahora, cuando el llamado a
testificar lo es un socio o un abogado que labora en el
mismo bufete que el representante legal de una parte,
procede la renuncia del representante legal en el litigio
tan pronto éste se entere de que alguno de sus socios o
compañeros de bufete, “puede ser llamado a declarar en
contra de su cliente”. Íd. (Énfasis suplido).
Ante el cuadro normativo expuesto, para dilucidar la
controversia de autos se requiere establecer un
escrutinio judicial integral que considere el efecto que
puede conllevar tanto la deposición como la
descalificación solicitada. Ello, pues, esta última se
fundamenta en que el abogado a deponer será llamado a CC-2013-128 17
declarar en contra del cliente del bufete en el que es
miembro. Veamos.
A.
Como parte de ese análisis estamos de acuerdo con lo
expresado por la mayoría de este Tribunal en cuanto a que
se debe extender lo resuelto en Ades v. Zalman, supra,
con el propósito de que aplique a los abogados que, sin
representar a parte alguna en el pleito, pertenecen al
bufete que asume la representación legal. Por tanto, en
primer lugar, la parte que solicita la deposición debe
demostrar justa causa para que proceda la deposición
solicitada. Es decir, los tribunales deben examinar si se
justifica la toma de la deposición y si existen medios
menos onerosos para conseguir la prueba solicitada. De
entenderse que el descubrimiento de prueba no es
indispensable o que podría ser obtenido por otro medio,
no procedería la deposición solicitada.
Ahora bien, una vez cumplido con el requisito de
justa causa expuesto en Ades v. Zalman, supra, el examen
no puede culminar sin evaluar la situación peculiar que
surge ante la descalificación solicitada por razón de que
el abogado a deponer puede ser llamado a declarar en
contra del cliente del bufete en el cual es socio o
miembro. Esto, ya que hemos anticipado que se pueden
presentar situaciones en las que se niegue la toma de una
deposición cuando ello resulte apropiado, aunque haya CC-2013-128 18
justa causa para deponer. Zaragoza v. Tribl. Superior, 78
DPR 447, 451 (1955).
B.
En el caso particular de una solicitud de
descalificación por posible infracción al Canon 22 del
Código de Ética Profesional, supra, es necesario analizar
el hecho de que la renuncia del representante legal
procede si el testimonio del socio o abogado de la firma
es en contra del cliente del bufete en el que labora.
Para ello, basta que el abogado se entere que él, su
socio o un abogado de su firma puede ser llamado a
declarar en contra de su cliente. Íd. Por tanto, este
hecho debe ser considerado y no ignorado antes de ordenar
la deposición cuando la parte que solicita la deposición
reiteradamente ha indicado que se propone a usar al
abogado a deponer como testigo.
Al tribunal le corresponde considerar los posibles
efectos que conlleva ordenar la toma de la deposición
sobre una potencial descalificación de la representación
legal. A nuestro juicio, postergar tal consideración
redunda en un análisis defectuoso que no considera los
balances de intereses en juego. Por un lado, la necesidad
de un descubrimiento de prueba liberal y amplio y por
otro la importancia que tiene la representación legal
para un cliente. Máxime, cuando hemos reconocido que en
ocasiones el descubrimiento de prueba se utiliza como un
medio mortificante, abusivo y opresivo que tiene como CC-2013-128 19
efecto trastocar el curso ordinario del litigo. Ades v.
Zalman, supra, págs. 523-524.
No podemos olvidar, que siempre existe el riesgo de
que se intente la deposición de un miembro de un bufete
con el fin de hostigar a la parte contraria. Por tanto,
se debe escrutar el momento en que tiene lugar la
solicitud de deposición y descalificación presentada para
considerar las motivaciones que la promueven, como por
ejemplo, si en efecto se utiliza para la dilación de los
procedimientos; la complejidad del caso; y la experiencia
de los abogados ante situaciones que podrían surgir tales
como la capacidad para lidiar con el careo que conlleva
el contrainterrogatorio de un compañero de bufete.
La incorporación de estos criterios al esquema
provisto alcanza establecer unas graderías que abaten la
aplicación aislada de la norma establecida en Ades v.
Zalman, supra, y fomentan un balance adecuado entre el
derecho a un descubrimiento de prueba amplio y liberal,
el derecho a un juicio justo e imparcial, y el derecho a
la libre selección de su representación legal. Además,
soslaya el uso inadecuado de la solicitud de toma de
deposición como estrategia de litigio o subterfugio para
la intimidación en la tramitación de un juicio.
El conjunto de criterios antes mencionados completa
el escrutinio judicial que debe ser realizado por los
foros adjudicativos en miras a dilucidar el proceder de
una solicitud de toma de deposición dirigida a un abogado CC-2013-128 20
que no es parte de la representación legal cuando
paralelamente se pretende la descalificación del abogado
de la parte contraria. Una vez el tribunal considere el
esquema establecido, tendrá las herramientas para
disponer sobre la toma de deposición. Limitar el
escrutinio judicial al cumplimiento con los requisitos de
justa causa establecidos en Ades v. Zalman, supra, sin
evaluar los efectos que la toma de deposición surte ante
una posible descalificación, resulta fragmentario y
derrota el propósito que se persigue con su imposición, a
saber: promover la solución justa de los pleitos que se
ventilan ante los tribunales. Por ello, a modo de lograr
un análisis justo y balanceado previo a alcanzar una
determinación en torno a una solicitud de descalificación
resulta meritorio considerar el contexto en que se
encuentra la referida solicitud y el criterio de justa
causa no es completo.
Conforme a lo expuesto y tras un minucioso análisis
del asunto ante nuestra consideración, procedemos a
aplicarlo a los hechos ante nuestra consideración.
De las determinaciones emitidas por el Tribunal de
Primera Instancia surge con claridad que el análisis
efectuado en consideración a la solicitud de toma de
deposición estimó que se había cumplido con el criterio
general de pertinencia y los criterios de justa causa y
ausencia de medios menos onerosos. Ello, pues, luego de CC-2013-128 21
que el foro de instancia ordenó el descubrimiento de
prueba por otros medios Ernst & Young no lo produjo.5 A
raíz de ello, entendió que procedía la autorización
requerida para deponer al licenciado Cañellas Fidalgo,
toda vez que la solicitud se ceñía a los requerimientos
de nuestro ordenamiento normativo y jurisprudencial. No
obstante, ante la ausencia de un escrutinio judicial
apropiado para la situación particular presentada, no
surge que el tribunal efectuara un análisis integral que
considerara criterios adicionales dirigidos a evaluar los
efectos de la presencia de una solicitud de
descalificación fundamentada en que el abogado a deponer
será citado como testigo.
VI
Como consecuencia de lo anterior, opino que la norma
de Ades v. Zalman, supra, resulta exigua al atender una
solicitud de toma de deposición que da lugar a una
simultánea petición de descalificación por posible
infracción ética. Por tanto, considero imperativo la
adopción del examen aquí expuesto para lograr el balance
necesario en este tipo de circunstancias. Así las cosas,
devolvería el asunto para que el foro primario culmine el
escrutinio expuesto conforme a los criterios señalados y
determine si procede la toma de deposición del licenciado
5 La mayoría, paradójicamente, en lugar de confirmar el dictamen, devuelve para que se realice lo que ya se realizó. CC-2013-128 22
Cañellas Fidalgo. Como consecuencia, disiento del curso
de acción tomado por una mayoría de este Tribunal.
LUIS F. ESTRELLA MARTÍNEZ Juez Asociado