EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
VS PR, LLC Certiorari Peticionaria
v. 2021 TSPR 76
Drift-Wind, Inc.; ORC 207 DPR ____ Miramar Corporation
Recurridos
Número del Caso: CC-2019-519
Fecha: 3 de junio de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel V
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Hermán G. Colberg Guerra
Abogados de la parte recurrida:
Lcdo. Edilberto Berríos Pérez Lcdo. Giovanni A. Lausell-González
Materia: Procedimiento Civil- Los tribunales sentenciadores tienen discreción para precisar si el efecto de una desestimación bajo la Regla 69.5 de Procedimiento Civil es con o sin perjuicio.
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VS PR, LLC
Peticionaria
CC-2019-0519 v.
Drift-Wind, Inc.; ORC Miramar Corporation
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de junio de 2021.
Mediante el presente recurso nos corresponde aclarar el
alcance de lo resuelto por este Tribunal en Bram v. Gateway
Plaza, Inc., infra. Específicamente, si la naturaleza de una
desestimación por incumplimiento con la prestación oportuna
de una fianza de no residente necesariamente configura una
adjudicación en los méritos o si es permisible que los
tribunales decreten que sea sin perjuicio.
A continuación, delineamos los antecedentes fácticos
que generaron la controversia de autos.
I
En el 2011, ORC Miramar Corporation (ORC) y Drift-Wind,
Inc. acordaron el arrendamiento y encargo de las operaciones CC-2019-0519 2
del Ciqala Condominium Tower ubicado en Miramar; la primera
entidad compareció en calidad de arrendadora y la segunda en
calidad de arrendataria. El año siguiente, ORC obtuvo un
préstamo comercial del Banco de Desarrollo Económico para
Puerto Rico (BDE) y, en garantía de la obligación pactada,
cedió a este los cánones de arrendamiento provenientes de
Drift-Wind, Inc.1
El 31 de julio de 2018, VS PR, LLC (peticionaria)
presentó una Demanda contra Drift-Wind, Inc. (recurrida), en
la que incluyó como parte indispensable a ORC. En esta, alegó
que la recurrida debía remitirle los pagos adeudados y
futuros por concepto de cánones de arrendamiento. Esbozó que
en el 2017 adquirió del BDE el préstamo comercial habido
entre este y ORC. Así, afirmó haber sustituido al BDE como
acreedor asegurado de ORC ya que con tal adquisición se le
cedieron los derechos del acreedor anterior, incluyendo el
derecho a recibir los cánones de arrendamiento provenientes
de la recurrida. Junto a la Demanda, la peticionaria presentó
una Moción Solicitando Embargo Preventivo en Aseguramiento
de Sentencia. El Tribunal de Primera Instancia señaló una
Vista para el 28 de agosto de 2018, en donde atendería la
solicitud referente al embargo preventivo.
Así las cosas, el 27 de agosto de 2018 la recurrida
presentó, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, una
1 El 16 de noviembre de 2012, Drift-Wind, Inc. fue notificada de la cesión de derechos y aceptó remitirle los cánones de arrendamiento al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico. Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 30-31. CC-2019-0519 3
Moción mediante la cual solicitó la paralización de los
procedimientos. Expuso que procedía la imposición de una
fianza de no residente al amparo de la Regla 69.5 de
Procedimiento Civil, infra, contra la peticionaria por ser
una compañía de responsabilidad limitada organizada bajo las
leyes de Delaware.
El 28 de agosto de 2018, las partes comparecieron a la
Vista señalada por el Tribunal de Primera Instancia. Tras
escuchar a las partes, el foro de instancia paralizó los
procedimientos y exigió a la peticionaria la prestación de
una fianza de no residente ascendente a cinco mil dólares
($5,000.00) dentro del término de sesenta (60) días.
El 30 de octubre de 2018, la recurrida solicitó la
desestimación del pleito y el pago de costas y honorarios de
abogado por haber transcurrido el término sin que la
peticionaria prestara la fianza exigida. ORC se unió a este
petitorio el 6 de noviembre de 2018. Así las cosas, el foro
primario le concedió a la peticionaria hasta el 16 de
noviembre de 2018 para mostrar causa por la cual no debía
desestimarse el pleito.
El 16 de noviembre de 2018, la peticionaria compareció
ante el foro de instancia, consignó la fianza, y solicitó
que el tribunal la aceptara y continuara los procedimientos.
Brindó como excusa para la tardanza en prestar la fianza que
“hubo cambios internos en VSPR que impidieron tomar una
decisión sobre la continuación del presente pleito. VSPR
además consideró otras posibles alternativas para lidiar con CC-2019-0519 4
el reclamo de autos [...]”.2 Las demás partes se opusieron a
la continuación de los procesos. Adujeron que la
peticionaria no había pedido prórroga para prestar la fianza
fuera del término requerido ni acreditó justa causa por la
tardanza. Así, pidieron la desestimación de la Demanda con
perjuicio.
Considerados los planteamientos, el Tribunal de Primera
Instancia dictó Sentencia el 26 de diciembre de 2018, en la
cual desestimó la Demanda sin perjuicio.3 El foro primario
razonó que procedía la desestimación porque la peticionaria
no solicitó prórroga antes de que venciera el término para
prestar la fianza y tampoco demostró justa causa para haberla
presentado tardíamente. A su vez, no concedió los honorarios
de abogado y costas solicitados por la recurrida.
Convencida de que la desestimación debió ser con
perjuicio, y que era acreedora del pago de costas y
honorarios de abogado, la recurrida solicitó que el foro
sentenciador reconsiderara su dictamen. Poco después, el
foro de instancia proveyó No Ha Lugar a la reconsideración
instada.4
Insatisfecha, la recurrida acudió al Tribunal de
Apelaciones. El 23 de abril de 2019, el foro apelativo
intermedio dictó Sentencia mediante la cual modificó el
dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Fundamentándose
en Bram v. Gateway Plaza, Inc., infra, resolvió que el
2 Íd., pág. 149. 3 Íd., págs. 212-213. 4 Íd., pág. 237. CC-2019-0519 5
descuido en prestar la fianza de no residente en el término
establecido por las Reglas de Procedimiento Civil, a falta
de causa justificada, conllevaba la desestimación del pleito
con efecto de una adjudicación en los méritos. En cuanto a
lo aquí pertinente, resolvió además que procedía la
imposición de honorarios de abogado a favor de la recurrida
ya que la peticionaria actuó temerariamente al no haber
previsto que el inicio de la causa de acción suponía la
obligación de prestar una fianza de no residente, y porque
luego de conocer esa obligación, vaciló sobre la
continuación del pleito. La cantidad impuesta por honorarios
fue de mil dólares ($1,000.00).
Inconforme con la determinación del Tribunal de
Apelaciones, y posterior a solicitar infructuosamente la
reconsideración de la Sentencia, la peticionaria acudió ante
nos el 3 de julio de 2019 mediante el recurso de Certiorari.
Planteó que incidió el foro a quo al modificar la Sentencia
dictada por el tribunal primario, tornando así la
desestimación en una con perjuicio. Argumentó que la
jurisprudencia no requiere tal sanción e incluso nuestro
ordenamiento jurídico ha establecido que se debe fomentar la
resolución de los casos en sus méritos y solo debe recurrirse
a la sanción de desestimación con perjuicio como última
medida. Además, señaló como error el que se le impusiera el
pago de honorarios ya que no actuó temerariamente en el
trámite del caso. CC-2019-0519 6
Inicialmente denegamos expedir el recurso, pero
eventualmente expedimos en reconsideración.
Luego de varios incidentes procesales, el 15 de enero
de 2021 el caso quedó sometido en los méritos para su
adjudicación. Contando con el beneficio de los alegatos de
las partes, nos encontramos en posición de resolver el
recurso sin ulterior trámite.
II
A.
Las Reglas de Procedimiento Civil proveen cierto grado
de protección a quienes son demandados por personas que no
residen en Puerto Rico. Cuando un reclamante no reside en
nuestra jurisdicción, el demandado podría enfrentar
dificultades para recuperar los costos que conlleva el
defenderse de una reclamación en su contra. La Regla 69.5 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, se creó en aras de
garantizar el pago de costas, gastos y honorarios de abogado
en pleitos instados por no residentes. Yero Vicente v. Nimay
Auto Corp., 2020 TSPR 100, 205 DPR _____ (2020). Además,
tiene el objetivo de desalentar litigios frívolos y carentes
de mérito. Íd.
Aunque con algunos cambios, desde la creación del primer
cuerpo de normas que regulaba nuestro ordenamiento procesal
civil se ha mantenido la exigencia de una fianza de no
residente a los reclamantes que no habitan en Puerto Rico.5
5 Los Arts. 342 y 343 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 recogían lo relativo a las fianzas de no residentes. Posteriormente, cuando en el 1958 se introdujeron en nuestro ordenamiento jurídico las Reglas de CC-2019-0519 7
Actualmente, la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra,
establece que:
Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto Rico o sea una corporación extranjera, el tribunal requerirá que preste fianza para garantizar las costas, los gastos y los honorarios de abogados a que pueda ser condenada. Todo procedimiento en el pleito se suspenderá hasta que se preste la fianza, que no será menor de mil (1,000) dólares. El tribunal podrá ordenar que se preste una fianza adicional si se demuestra que la fianza original no es garantía suficiente, y los procedimientos en el pleito se suspenderán hasta que se preste dicha fianza adicional.
Transcurridos sesenta (60) días desde la notificación de la orden del tribunal para la prestación de la fianza o de la fianza adicional sin que ésta haya sido prestada, el tribunal ordenará la desestimación del pleito.
No se exigirá prestación de fianza a las partes reclamantes que residan fuera de Puerto Rico cuando: (a) se trate de una parte litigante insolvente que esté expresamente exceptuada por ley para el pago de aranceles y derechos de presentación; (b) se trate de un copropietario o una copropietaria en un pleito que involucra una propiedad sita en Puerto Rico y al menos otro de los copropietarios u otra de las copropietarias también es reclamante y reside en Puerto Rico, o (c) se trate de un pleito instado por un comunero o una comunera para la disolución, liquidación, partición y adjudicación de bienes sitos en Puerto Rico.
De una lectura de la Regla se desprende que la exigencia
de la fianza a un reclamante no residente es de carácter
mandatorio y todo procedimiento en el pleito queda
suspendido hasta que se preste. No obstante, existen
excepciones a la aplicación inflexible y automática de la
Procedimiento Civil, las disposiciones sobre estas fianzas fueron plasmadas en la Regla 69.5 y, a pesar de sufrir enmiendas y aprobarse otras Reglas de Procedimiento Civil, han permanecido bajo ese número de regla. CC-2019-0519 8
Regla.6 La norma vigente refleja expresamente las excepciones
jurisprudenciales que hemos adoptado para la prestación de
la fianza, a saber: (1) litigantes in forma pauperis;7 (2)
copropietarios en un pleito que involucre una propiedad sita
en Puerto Rico cuando al menos uno de los copropietarios
reclamantes reside en Puerto Rico,8 y (3) comuneros que
buscan la disolución, liquidación, partición y adjudicación
de bienes sitos en Puerto Rico.9
Si el reclamante extranjero que no está exento de
prestar la fianza falla en presentarla dentro del término de
sesenta (60) días establecido por la Regla, el tribunal
ordenará la desestimación del pleito. El lenguaje provisto
por el cuerpo normativo no es potestativo como en algún
momento lo fue (“el juez puede ordenar el sobreseimiento”),
sino que es imperativo (“el tribunal ordenará la
desestimación del pleito”). Yero Vicente v. Nimay Auto
Corp., supra. Así, ante el incumplimiento con el término, el
tribunal está obligado a imponer como sanción la
desestimación. Íd. Pese a esto, el término que fija la Regla
69.5 de Procedimiento Civil puede ser prorrogado o reducido
bajo los términos y condiciones que señala la Regla 68.2, 32
LPRA Ap. V. Véase A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 104 DPR
307, 309 (1975). En virtud de la Regla 68.2, cuando se
6 Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR 761, 766-767 (2004) (“[E]n oportunidades anteriores hemos reconocido excepciones a la aplicación inflexible y automática de [la Regla 69.5], ya que bajo ciertas circunstancias dicho mandato limitaría injustamente el derecho de muchos demandantes a acceder a los tribunales de justicia”). 7 Molina v. C.R.U.V., 114 DPR 295 (1983). 8 Vaillant v. Santander, 147 DPR 338 (1998). 9 Sucn. Padrón v. Cayo Norte, supra. CC-2019-0519 9
demuestre justa causa, el tribunal puede en cualquier
momento y en el ejercicio de su discreción: (1) ordenar que
se prorrogue o acorte el término si así se solicita antes de
este expirar, o (2) en virtud de moción presentada, permitir
que el acto se realice después de haber expirado el plazo
especificado.
B.
La desestimación de una reclamación es un
pronunciamiento judicial que, cuando se entiende como una
resolución del caso en los méritos, ha sido caracterizada
como “la sanción máxima, la pena de muerte procesal, contra
una parte”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto
Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed.
LexisNexis, 2017, pág. 250. Por ello, a pesar de que nuestro
Derecho Procesal Civil le confiere la facultad a los
tribunales para desestimar pleitos con perjuicio en
determinadas circunstancias, dicha facultad “se debe ejercer
juiciosa y apropiadamente”. Ortiz v. Harrington, 113 DPR
494, 498 (1982). La razón para ejercer esta facultad con
mesura es que la desestimación tiene el efecto de privar al
demandante de su día en corte para hacer valer las
reclamaciones que válidamente tenga en contra de otros.
Reconociendo lo anterior, este Tribunal ha desarrollado
una política pública judicial inclinada a favorecer que los
casos se ventilen en los méritos y que se recurra a la
desestimación de un pleito con perjuicio excepcionalmente.
Véase Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 298 (2012). Por CC-2019-0519 10
ende, al ponderar si procede imponer la sanción severa de la
desestimación, los tribunales deben hacer un balance entre
los intereses en pugna que incluyen, por un lado, la
mencionada política judicial de atender los casos en sus
méritos y, por el otro, procurar la rápida dilucidación de
las controversias.
En lo atinente a la controversia de autos, cuando un
demandante no residente incumple con las exigencias de la
Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, y el tribunal
determina que el incumplimiento fue injustificado, procede
la desestimación del pleito. Según previamente intimado,
distinto a como ocurre con otras clases de desestimaciones,
en estos casos el tribunal no goza de discreción para dejar
de imponer tal sanción. Sin embargo, de la Regla 69.5, supra,
no se desprende expresamente la consecuencia que tiene esta
desestimación. Particularmente, la Regla no indica si la
desestimación constituye una adjudicación en los méritos. La
importancia de conocer el efecto de la desestimación estriba
en que, si se considera una adjudicación terminante, no
podría volverse a presentar una demanda sobre la misma
controversia por ser de aplicación la doctrina de cosa
juzgada. Díaz Maldonado v. Socorro Lacot, 123 DPR 261, 274-
275 (1989).
Como del texto de la Regla 69.5 no surge expresamente
el efecto que tiene una desestimación dictada en virtud de
ella, debemos aplicar el principio de hermenéutica legal
según el cual “la letra de la ley debe interpretarse de CC-2019-0519 11
manera cónsona con la intención legislativa que la inspiró”.
León Torres v. Rivera Lebrón, 2020 TSPR 21, 204 DPR ____
(2020). Del Informe de las Reglas de Procedimiento Civil,
sometido por el Comité Asesor Permanente de Reglas de
Procedimiento Civil, se desprende que el término para
prestar fianza de no residente está cobijado por “las
disposiciones de la Regla 68.2, por lo que podrá ser
prorrogado o reducido previa demostración de justa causa [y]
también le son aplicables las disposiciones de la Regla
39.2”. (Énfasis suplido). Secretariado de la Conferencia
Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento
Civil, marzo 2008, pág. 788. En consecuencia, para entender
el efecto que tiene una desestimación bajo la Regla 69.5,
supra, debemos examinar la Regla 39.2 de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V.
La Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, contempla
la figura de la desestimación en distintas modalidades. En
su inciso (a), se reconoce la facultad y discreción que posee
el tribunal para desestimar una reclamación, como medida de
sanción, por haber una parte incumplido con sus órdenes o
por haberse infringido el cuerpo de reglas procesales.10 Por
su parte, el inciso (b) reglamenta las desestimaciones por
inactividad. Mientras tanto, el inciso (c) primordialmente
10El texto reglamentario delimita la facultad del tribunal de imponer una sanción desestimatoria señalando que esta no debe utilizarse livianamente y exige un apercibimiento previo directamente a la parte desfavorecida. HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 2020 TSPR 130, 205 DPR _____ (2020). CC-2019-0519 12
se encarga de las desestimaciones por insuficiencia de la
prueba (non-suit).
Ahora bien, la Regla 39.2 no se limita a lo antedicho.
Resaltamos que en su inciso (c), más allá de atenderse las
mociones de non-suit, esta también incluye, in fine, una
disposición aplicable a otras clases de desestimaciones. En
específico, establece que:
(c) [...] A menos que el tribunal en su orden de desestimación lo disponga de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2 de este apéndice y cualquier otra desestimación, excepto la que se haya dictado por falta de jurisdicción o por haber omitido acumular una parte indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los méritos. (Énfasis suplido).
El precitado inciso ilustra el efecto generalmente
atribuible a las desestimaciones. Señala que a menos que el
tribunal lo disponga de otro modo, una desestimación bajo la
Regla 39.2 —ya fuera por incumplimiento con las órdenes del
tribunal, inactividad o por insuficiencia de prueba — tiene
el efecto de una adjudicación en los méritos (i.e. es con
perjuicio). Incluso, la norma trasciende las desestimaciones
decretadas bajo la Regla 39.2 y aclara ser igualmente
aplicable cuando se trate de cualquier otra desestimación.
Al mismo tiempo, de su texto surge que la consecuencia
prevista por la Regla 39.2(c) es inaplicable cuando la
desestimación haya sido dictada por falta de jurisdicción o
por haberse omitido acumular una parte indispensable. Por
supuesto, tampoco aplicaría si otra norma pauta un efecto CC-2019-0519 13
específico para determinada desestimación.11 Empero, en
ausencia de tales excepciones, la norma detallada cobija a
cualquier desestimación decretada.
Partiendo de lo anterior, colegimos que cuando un
tribunal desestima un pleito, generalmente tiene discreción
para determinar si la desestimación será sin perjuicio; así
posibilitando una posterior presentación de la misma
reclamación. Souchet v. María Cosío, 83 DPR 758, 762-763
(1961). Queda clara esta discreción cuando la Regla 39.2(c),
supra, menciona que la desestimación tiene el efecto de una
adjudicación en los méritos, “[a] menos que el tribunal en
su orden de desestimación lo disponga de otro modo”. Por lo
tanto, en caso de no especificarse su efecto, generalmente
la desestimación es con perjuicio.
C.
No podemos adjudicar la presente controversia sin antes
repasar el caso Bram v. Gateway Plaza, Inc., 103 DPR 716
(1975) (Per Curiam). En aquel entonces, este Tribunal
analizó, sucintamente, el efecto de una desestimación por
incumplimiento con la prestación de la fianza de no
residente.
11 En ese sentido, podemos mencionar la desestimación por no diligenciarse oportunamente el emplazamiento conforme lo establece la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, en donde en lo pertinente se señala que: “Transcurrido dicho término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos”. Además, podemos mencionar la desestimación recogida en la Regla 22.1(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, por incumplimiento con el término de sustitución de parte por muerte, en donde se indica que: “Transcurrido el término sin que se haya solicitado la sustitución, se dictará sentencia para desestimar el pleito sin perjuicio”. CC-2019-0519 14
Allí, los demandantes residían fuera de Puerto Rico por
lo que, a petición de la parte demandada, el tribunal de
instancia impuso una fianza de no residente de mil dólares
($1,000.00) para mantener activa la acción. Los demandantes
no prestaron la fianza dentro de los noventa (90) días que
exigían las reglas procesales vigentes en ese momento. Como
consecuencia, el tribunal desestimó la Demanda.
Cuando el caso llegó ante este Tribunal, resolvimos que
la decisión del foro de instancia de desestimar la acción no
fue errónea porque las razones brindadas para justificar la
tardanza en la prestación de la fianza eran insuficientes
para validar la negligencia implícita desplegada por la
parte reclamante al dilatarse ciento ochenta (180) días en
prestarla. En la discusión del derecho aplicable,
enfatizamos que la Regla disponía de forma imperativa que,
transcurrido el término sin que se prestara la fianza, el
tribunal ordenaría la desestimación del pleito, en armonía
con la solución justa, rápida y económica de todo
procedimiento. Íd., pág. 717. Manifestamos que el término
para presentar la fianza “no es fatal e improrrogable en el
sentido de que admite excusa fundada para la demora (Regla
68.2(2) de Procedimiento Civil), mas si la [excusa]
presentada no fuere satisfactoria para el juez, su decisión
desestimando la demanda tendrá virtualidad de cosa juzgada”.
Íd., pág. 718. Seguidamente, y haciendo referencia tanto a
la Regla 69.5 como a la 39.2 de las Reglas de Procedimiento
Civil entonces vigentes, afirmamos que: CC-2019-0519 15
Para que se cumpla la intención y propósito de la Regla 69.5 la desestimación del pleito debe tener finalidad. ¿De lo contrario para qué desestimarlo? La Regla 39.2 dispone que si el demandante deja de proseguir el pleito o de cumplir con las Reglas o con cualquier orden del tribunal ha de sufrir la desestimación del pleito con efecto de adjudicación en los méritos. Regla 41(b) Federal; Costello v. United States, 365 U.S. 265, 286 (1961). (Énfasis suplido). Íd.12
Ante ese cuadro fáctico, concluimos que la desestimación
decretada por el foro de instancia tenía efecto de una
adjudicación en sus méritos.
Valga aclarar que el caso fue resuelto bajo la vigencia
de las Reglas de Procedimiento Civil de 1958. Posterior a
las reglas procesales de 1958, entraron en vigor nuevas
reglas en el 1979, las cuales a su vez fueron sustituidas
por las actuales Reglas de Procedimiento Civil de 2009.
Aunque el propósito de la Regla 69.5 no ha variado, su texto
sí ha sufrido cambios tales como el reemplazo del término de
noventa (90) días para prestar la fianza a uno menor de
12 Las fuentes citadas al realizar estas expresiones fueron la Regla 41(b) de Procedimiento Civil Federal, 28 USC, y el caso Costello v. United States, 365 US 265 (1961). En primer término, hicimos referencia a la Regla 41(b) Federal pues nuestra Regla 39.2 surge de esta. La norma Federal establece el efecto generalmente atribuible a una desestimación. Véase Santiago, González v. Mun. de San Juan, 177 DPR 43, 52–53 (2009) (“Una sentencia desestimatoria al amparo de la Regla 41(b) de Procedimiento Civil federal, supra, opera como una adjudicación en los méritos. Esto, a menos que el Tribunal de Distrito disponga lo contrario o que la desestimación haya sido decretada por cualquiera de los fundamentos siguientes: falta de jurisdicción; competencia territorial inadecuada, y dejar de acumular una parte al amparo de la Regla 19 de Procedimiento Civil federal”). (Énfasis suplido). En segundo término, referenciamos a Costello v. United States, supra, para ilustrar cuándo la consecuencia establecida en la Regla 41(b) Federal aplicaba a determinada desestimación. En ese caso se indicó que debe evaluarse si el demandado ha sido puesto en la posición inconveniente de prepararse para cumplir con los méritos de una causa de acción. De no existir un impedimento jurisdiccional para que el tribunal alcance los méritos de la controversia, entonces la desestimación debería, “unless the Court otherwise specifies, bar a subsequent action”. (Énfasis suplido). Costello v. United States, supra, pág. 286. CC-2019-0519 16
sesenta (60) días.13 El texto de la Regla 39.2 de
Procedimiento Civil vigente al momento de resolverse Bram v.
Gateway Plaza, Inc., supra, disponía lo siguiente:
39.2. Desestimación Si el demandante dejare de proseguir el pleito o de cumplir con estas reglas o con cualquier orden del tribunal, un demandado podrá solicitar la desestimación del pleito o de cualquier reclamación contra él. Después que el demandante haya terminado la presentación de su prueba, el demandado, sin renunciar al derecho de ofrecer prueba en el caso de que la moción sea declarada sin lugar, podrá solicitar la desestimación, fundándose en que bajo los hechos y la ley el demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar sentencia contra el demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido presentada. Si dictare sentencia sobre los méritos contra el demandante, el tribunal hará determinaciones de hechos según lo dispone la Regla 43.1. A menos que el tribunal en su orden de desestimación lo disponga de otro modo, una desestimación bajo esta regla 39.2 y cualquier otra desestimación, excepto la que se hubiere dictado por falta de jurisdicción, o por haber omitido acumular una parte indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los méritos. 32 LPRA ant. Ap. II, R. 39.2 (derogada 1979).
Puede apreciarse que, a pesar de los cambios que ha
experimentado a través de los años, el texto que aparece al
final de la Regla 39.2 vigente al momento de resolverse el
susodicho caso es igual al texto final de la actual Regla
39.2(c).
13 Cuando se aprobaron las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, el único cambio introducido a la Regla fue que se aumentó la cantidad mínima de fianza a imponerse de trescientos dólares ($300) a mil dólares ($1,000). A su vez, la revisión de las Reglas realizada en el 2009 trajo cambios como la inclusión de tres (3) instancias en que se prescinde del pago de la fianza y la reducción del término que se tiene para prestarla. La reducción en término se adoptó para “agilizar el proceso y por no haber justificación para un término tan extenso”. Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, marzo 2008, pág. 788. CC-2019-0519 17
Al leer lo resuelto en Bram v. Gateway Plaza, Inc.,
supra, podría entenderse que como la sanción de
desestimación es obligatoria cuando se incumple
injustificadamente con la Regla 69.5, eso implica que la
misma necesariamente tiene que constituir una adjudicación
en los méritos. Sin embargo, nuestro precedente no tiene ese
alcance. Más bien, lo que resolvimos en ese caso fue que el
tribunal primario no actuó erróneamente al ordenar la
desestimación de un pleito cuando la parte prestó la fianza
seis (6) meses luego de haber vencido el término. Además,
aludiendo a lo dispuesto por la Regla 39.2 de las Reglas de
Procedimiento Civil de 1958, determinamos que la
desestimación decretada tenía virtualidad de cosa juzgada.
En ese caso, contrario al de autos, no había indicios de que
el tribunal de instancia en su orden de desestimación
dispusiera de otro modo en cuanto a los efectos que tendría
el dictamen. Es decir, el tribunal sentenciador no se
manifestó en contra del efecto predeterminado indicado en la
Regla 39.2, referente a que la desestimación del pleito
representa una adjudicación en los méritos. Como el foro
primario permaneció silente sobre el efecto que tenía la
desestimación, resolvimos que esta puso finalidad a la
reclamación conforme lo establece la Regla 39.2. Por lo
tanto, no entramos a evaluar el asunto que atendemos en este
momento: la facultad que tiene el tribunal para disponer que
la desestimación por incumplimiento con la Regla 69.5 sea
sin perjuicio. CC-2019-0519 18
III
En su primer y segundo señalamiento de error, la
peticionaria cuestiona la interpretación del foro apelativo
intermedio sobre la naturaleza de la desestimación que
ocurre por incumplimiento con la Regla 69.5, supra. Los
evaluaremos en conjunto por estar íntimamente relacionados.
Según señalamos previamente, recurrimos a las
disposiciones de la Regla 39.2 al resolver la controversia
presentada en Bram v. Gateway Plaza, Inc., supra. En
consecuencia, así lo haremos ahora. El inciso (c) de esta
Regla nos ilustra que a “menos que el tribunal en su orden
de desestimación lo disponga de otro modo, [...] cualquier
[...] desestimación, excepto la que se haya dictado por falta
de jurisdicción o por haber omitido acumular una parte
indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los
méritos”. (Énfasis suplido).
La peticionaria nos invita a adoptar una interpretación
mediante la cual un primer incumplimiento con la prestación
de la fianza de no residente debe siempre ser sin perjuicio,
mientras que una segunda desestimación por la misma razón
pudiera ser con perjuicio. Sin embargo, acoger tal
interpretación como norma absoluta conllevaría avalar un
análisis que no encuentra apoyo en el texto de la Regla ni
en el tracto legislativo relativo a ella.14 De hecho, tal
14Del historial legislativo no se desprende la intención de exceptuar las desestimaciones bajo la Regla 69.5 de la norma recogida en la Regla 39.2(c), en cuanto a que, si nada se expresa, la desestimación es con perjuicio. Es decir, no surge de las Reglas ni del historial que la primera desestimación por no prestar la fianza de no residente siempre debe ser una sin perjuicio y la segunda una con perjuicio. Precisamente CC-2019-0519 19
interpretación desatiende el precedente pautado en Bram v.
Gateway Plaza, Inc., supra, y lo expuesto en el acápite
anterior. Al omitir ese análisis, se excluye la posibilidad
de una primera y única desestimación con perjuicio en casos
meritorios. Por tanto, declinamos adoptar en este momento un
criterio tajante para precisar el efecto de una primera
desestimación bajo la Regla 69.5.
En cambio, consideramos preferible no establecer
parámetros específicos que reemplacen el ejercicio
discrecional otorgado por la Regla 39.2 de Procedimiento
Civil, supra, a los tribunales sentenciadores en lo
concerniente al efecto a concederse a la desestimación por
virtud de la Regla 69.5, supra. Así, resolvemos que los
tribunales tienen discreción para precisar si el efecto de
una desestimación bajo la Regla 69.5 es con o sin perjuicio.
Subrayamos que lo resuelto en Bram v. Gateway Plaza,
Inc., supra, continúa en pleno vigor. En armonía con la
solución justa, rápida y económica de los procedimientos
judiciales, la desestimación del pleito por incumplimiento
con la Regla 69.5 debe tener finalidad y efecto de cosa
juzgada. Esto pues, en términos generales, “una sentencia de
archivo tiene la autoridad de cosa juzgada”. Sucesión
Rosario v. Sucn. Cortijo, 83 DPR 678, 684 (1961). No
obstante, ampliamos este pronunciamiento para aclarar que la
desestimación debe tener finalidad y efecto de cosa juzgada,
en Bram v. Gateway Plaza, Inc., 103 DPR 716 (1975) (Per Curiam) se trataba de una primera desestimación y resolvimos que fue con perjuicio. CC-2019-0519 20
salvo que el tribunal, en el ejercicio de su discreción,
decida lo contrario. Al realizar una lectura integrada de
las normas procesales aplicables, en esta ocasión, distinto
a Bram v. Gateway Plaza, Inc., sopesamos el rol que desempeña
la discreción judicial al momento de decretar la
desestimación. Conforme a esta normativa, el tribunal goza
de discreción para establecer que la desestimación será sin
perjuicio, pero si no lo hace, entonces se reputará que es
con perjuicio.
Como es sabido, discreción significa “tener poder para
decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno
o varios cursos de acción”. Pueblo v. Rivera Santiago, 176
DPR 559, 580 (2009). El ejercicio del discernimiento
discrecional está estrechamente relacionado con el concepto
de razonabilidad. Rivera v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155
(2000). Cuando de la discreción de los tribunales se trata,
los foros apelativos, como regla general, no intervendrán a
no ser que las decisiones emitidas resulten arbitrarias o en
un abuso de su discreción. Citibank v. ACBI, 200 DPR 724,
736 (2018). Hemos señalado que un tribunal incurre en abuso
de su discreción, inter alia:
[C]uando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente. SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013), CC-2019-0519 21
citando a Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
Al encaminar el análisis a uno basado en la discreción
judicial, le permitimos a los tribunales considerar los
diversos factores que pueden influir al momento de
determinar si una desestimación por no prestar la fianza de
no residente será con o sin perjuicio. Para fines
ilustrativos, y sin entenderse que constituye una lista
exhaustiva, cuando un tribunal contemple emprender un curso
de acción que prive a una parte de un remedio judicial, debe
tomar en cuenta factores tales como:
1. La política que favorece la adjudicación del litigio en su fondo. Valentín González v. Crespo Torres, [145 DPR 887, 897 (1998)], Echevarría Jiménez v. Sucesión de Pérez Meri, 123 DPR 664, 673 (1989). 2. La política que fomenta la disposición justa, rápida y económica del caso; Amaro González v. First Federal Savings Bank, 132 DPR 1042, 1052 (1993). 3. El grado al cual la parte a ser sancionada actuó deliberadamente y supo o debió haber sabido las consecuencias de sus actos. 4. El grado de responsabilidad de la parte como tal en la acción que se va a sancionar; 5. Los méritos y la importancia de la reclamación; 6. El impacto sobre otras partes y sobre el interés público; . . . . . . . . (Énfasis suplido). Hernández Colón, op. cit., págs. 253-254.15
Partiendo de la explicación que antecede, si bien los
tribunales gozan del poder para otorgarle virtualidad de
cosa juzgada a una desestimación por incumplimiento en
15Similarmente, y en el contexto de una desestimación por no prestar la fianza de no residente, el tribunal debe considerar que la Regla 69.5 “hay que interpretarla con liberalidad y flexibilidad de manera que no constituya una barrera infranqueable al acceso de los no residentes a nuestros tribunales […]”. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Edición, Publicaciones JTS, 2011, pág. 1933. CC-2019-0519 22
prestar la fianza de no residente, tal efecto es producto de
un análisis realizado por el tribunal sentenciador y no una
norma de aplicación automática. La política judicial
reseñada instruyó que la desestimación con efecto de
adjudicación en los méritos debe declararse juiciosamente.
Los jueces de instancia deben, mediante su juicio
valorativo, dirimir si están presentes circunstancias
apremiantes para desestimar una demanda con perjuicio. Ahora
bien, si al sopesar los factores pertinentes el foro primario
determina que la desestimación debe ser sin perjuicio, tal
actuación es válida salvo que se haya incurrido en un abuso
de discreción. En ausencia de esto último, los tribunales
apelativos no deben intervenir con la decisión del Tribunal
de Primera Instancia de hacer la desestimación una con o sin
Examinadas plenamente las presentes circunstancias,
concluimos que el foro primario no incurrió en un abuso de
su discreción al determinar que la desestimación sería sin
perjuicio. En primer lugar, el Tribunal de Apelaciones solo
modificó la Sentencia emitida por el foro primario porque
interpretó que Bram v. Gateway Plaza Inc., supra, requería
que la desestimación decretada necesariamente fuese con
perjuicio, asunto que hoy estamos aclarando. Es decir, el
foro apelativo intermedio aplicó rigurosamente nuestro
precedente sin incorporar a su revisión el factor de
discreción judicial. En segundo lugar, al estar apenas en su
génesis el proceso, el perjuicio verdadero a la recurrida no CC-2019-0519 23
es patente en este caso. En tercer lugar, la peticionaria,
en cumplimiento de orden, compareció ante el foro primario,
consignó la fianza y solicitó que el tribunal la aceptara
tardíamente y continuara los procedimientos. Aunque vencido
el término de sesenta (60) días, la peticionaria presentó la
fianza dieciocho (18) días después y a la fecha que le
concedió el tribunal para que mostrara causa por la cual no
debía desestimar el pleito. Como punto de referencia, en
Bram v. Gateway Plaza, Inc., supra, aparte de que el
reclamante tenía tiempo adicional para prestar la fianza
pues el término de facto era mayor que el dispuesto por las
Reglas de Procedimiento Civil actualmente, la parte dilató
ciento ochenta (180) días en prestar la fianza. La diferencia
en la magnitud de las tardanzas es palpable. Finalmente, la
peticionaria adujo que la dilación sucedió porque estaba
considerando vías alternas para atender su reclamación.
Estas circunstancias, si se sopesan frente a los factores
indicados previamente, apuntan a que la discreción ejercida
por el tribunal de instancia no fue arbitraria.
A base de lo anterior, resolvemos que el foro primario
no actuó irrazonablemente al declarar que la desestimación
sería sin perjuicio. Dado la inexistencia de abuso de
discreción, no se sustenta una modificación de la Sentencia
a nivel apelativo para hacer de la desestimación una con
perjuicio. CC-2019-0519 24
IV
En su último señalamiento de error, la peticionaria
sostiene que incidió el Tribunal de Apelaciones al modificar
la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y
de esa forma imponerle el pago de honorarios de abogado a
favor de la parte contraria.
De acuerdo con la Regla 44.1(d) de las de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V, los tribunales deben imponer el pago
de honorarios de abogado a la parte perdidosa del pleito o
a su representación legal cuando hayan proseguido con
temeridad o frivolidad. Una parte es temeraria cuando incurre
en un comportamiento que prolonga "innecesariamente o que
obliga que la otra parte incurra en gestiones evitables
[...], así como [cuando despliega una actitud] que afecta el
buen funcionamiento y la administración de la justicia".
(Citas omitidas). Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR
123, 212 (2013). El propósito de la imposición del pago de
honorarios por temeridad es "sancionar al litigante
perdidoso que por su temeridad, obstinación, contumacia e
insistencia en una actitud frívola o desprovista de
fundamento obliga a la otra parte a asumir innecesariamente
las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un
pleito". Blanco Matos v. Colón Mulero, 200 DPR 398, 429
(2018), citando a Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 40 (1996).
Partiendo de esto, en innumerables ocasiones hemos
expresado que no procede la imposición del pago de honorarios
de abogado cuando lo que se enuncia ante el tribunal son CC-2019-0519 25
controversias complejas y novedosas que no han sido
resueltas, cuando se actúa acorde con una apreciación
errónea del derecho y no hay precedentes establecidos sobre
el asunto, o cuando existe alguna discrepancia genuina en
cuanto a quién favorece el derecho aplicable. Santiago v.
Sup. Grande, 166 DPR 796, 821 (2006). En estas situaciones
la temeridad es inexistente. En cambio, de estar el tribunal
ante circunstancias que no cumplen con lo anterior, la
determinación de la existencia de temeridad descansa en la
sana discreción del Tribunal de Primera Instancia. Torres
Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 972, 993-994 (2013). Por
ello, los tribunales apelativos solo intervendrán con tal
determinación cuando surja claramente un abuso de
discreción. Meléndez Vega v. El Vocero de P.R., supra, pág.
211; P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005).
Según surge de la Moción presentada por la peticionaria
contestando la Orden de Mostrar Causa emitida por el tribunal
de instancia, aunque tardíamente, esta prestó la fianza
exigida. Expresó que hubo cambios internos en la empresa que
impidieron tomar una decisión sobre la continuación del
pleito y que consideró otras alternativas para lidiar con la
reclamación. Ante ese panorama, el foro primario impuso la
sanción de desestimación conforme lo ordena la Regla 69.5 de
Procedimiento Civil, supra, pero rehusó imponer los
honorarios solicitados, incluso en reconsideración. A
diferencia del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de
Apelaciones concedió honorarios de abogado porque entendió CC-2019-0519 26
que como la peticionaria no prestó la fianza a tiempo, no
solicitó prórroga y no acreditó justa causa para la tardanza,
la recurrida fue sometida “a los rigores judiciales en la
defensa de su caso”. Sin embargo, al obrar así pasó por alto
que la determinación de la imposición de honorarios de
abogado esencialmente descansa en la sana discreción del
Tribunal de Primera Instancia. Para imponer honorarios de
abogado posterior a que el foro inferior decidiera no
hacerlo, el tribunal apelativo debió establecer que hubo un
abuso de discreción.
En el caso de marras podemos constatar que la
peticionaria no abandonó su reclamación y ha continuado
defendiéndola tras la recurrida apelar el efecto concedido
a la desestimación. A su vez, al momento de decretarse la
desestimación, el proceso estaba incipiente, por lo que la
recurrida no fue puesta en la posición de litigar la
reclamación en su fondo. El perjuicio que la recurrida señaló
haber sufrido fue tener que comparecer mediante escritos
para hacer valer sus derechos. Evaluados los planteamientos,
el foro primario determinó que la prestación tardía de la
fianza fue injustificada y desestimó la reclamación, pero
rechazó dictar que la conducta desplegada por la
peticionaria se elevaba a una temeraria, frívola u
obstinada. Para dicho foro las circunstancias ante sí no
ameritaron la imposición del pago de honorarios de abogado
contra la peticionaria. CC-2019-0519 27
Respetando el criterio establecido por este Tribunal al
evaluar la imposición de honorarios de abogado, resolvemos
que, a la luz de las particularidades señaladas, el Tribunal
de Primera Instancia no actuó irrazonablemente al denegar
imponer honorarios de abogado y, por ende, no abusó de su
discreción. Sentado esto, debemos señalar que al activar la
maquinaria judicial tanto la peticionaria como su
representación legal debió prever que se le exigiría la
prestación de una fianza de al menos mil dólares ($1,000.00).
La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, palmariamente
impone el pago de una fianza a una corporación foránea. El
pago exigido a la peticionaria de ninguna manera surgió
sorpresiva o inesperadamente. Por este motivo, le
apercibimos a la peticionaria y sus abogados ser más
diligentes con el cumplimiento de normas procesales cuya
aplicación se desprende con meridiana claridad.
V
Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia
del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la Sentencia
dictada por el Tribunal de Primera Instancia mediante la
cual se desestimó el caso de autos sin perjuicio y sin la
imposición de costas u honorarios de abogado.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia mediante la cual se desestimó el caso de autos sin perjuicio y sin la imposición de costas u honorarios de abogado.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo