Torres González v. Zaragoza Meléndez

2023 TSPR 46

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 12, 2023
• Docket: CC-2023-0056
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Antonio Torres González

Peticionario Certiorari

v. 2023 TSPR 46

Arlean Zaragoza Meléndez 211 DPR ___

Recurrida

Número del Caso: CC-2023-0056

Fecha: 12 de abril de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel VII

Abogadas de la parte peticionaria:

Lcda. Marta Figueroa Torres Lcda. Jessica A. Figuera Arce

Abogado de la parte recurrida:

Lcda. Sylvia Juarbe

Materia: Derecho de Familia y Procedimiento Civil – Si procede un descubrimiento de prueba con carácter liquidatorio y patrimonial en un caso de divorcio por ruptura irreparable de un matrimonio que no tiene hijos en común y otorgó capitulaciones con régimen económico de separación de bienes.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Antonio Torres González Peticionario CC-2023-56 Certiorari v. Arlean Zaragoza Meléndez Recurrida

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2023.

“[L]as cortes deben ser instrumento de ayuda y no arena de combate”.1

En el ministerio de impartir justicia en las cortes, los

jueces debemos tener siempre presente que los casos, las

controversias y los conflictos se atiendan con

independencia, diligencia, sensibilidad e imparcialidad.2

Sobre todo, en las salas de relaciones de familia de nuestros

tribunales es imperativo que la adjudicación de los asuntos

se realice con la mayor diligencia y, por supuesto,

garantizando los derechos de todas las partes involucradas.

Es en estas salas en las que se entretejen, transcurren y

1 Véase Conferencia Judicial de Puerto Rico, Comité sobre Relaciones de Familia y Delincuencia Juvenil, 11 al 13 de diciembre de 1958, pág. 57. 2 Véase Misión del Poder Judicial de Puerto Rico, https://poderjudicial.pr/mision-y-vision-de-la-rama-judicial/ (última visita, 20 de marzo de 2023). CC-2023-56 2

dilucidan los aspectos más íntimos del pilar de toda

sociedad: la familia.

Como una controversia novel enmarcada en el Código Civil

de Puerto Rico de 2020 (Código Civil de 2020), Ley Núm.

55-2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq., debemos determinar si

procede un descubrimiento de prueba con carácter

liquidatorio y patrimonial en un caso de divorcio por

ruptura irreparable3 de un matrimonio que otorgó

capitulaciones -con régimen económico de separación de

bienes- y no tiene hijos en común.

Por considerar que el descubrimiento de prueba antes

mencionado es incompatible con la finalidad del proceso de

divorcio por ruptura irreparable e incide con el postulado

que busca garantizar la solución justa, rápida y económica

de todo procedimiento, adelantamos que contestamos en la

negativa la interrogante antes esbozada.4

Pasemos a delinear los hechos que dieron lugar a la

controversia ante nuestra consideración.

I

El 18 de marzo de 2022, el Sr. José Antonio Torres

González (señor Torres González o peticionario) presentó

ante el foro de instancia una Petición de divorcio por

ruptura irreparable para disolver su vínculo matrimonial con

3 Conviene señalar que a través de esta Opinión utilizaremos de igual manera el término completo “divorcio por ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial” como la versión abreviada “divorcio por ruptura irreparable”. 4 Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 1. CC-2023-56 3

la señora Zaragoza Meléndez, con quien contrajo nupcias

-por segunda ocasión- el 14 de febrero de 2001 en San Juan,

Puerto Rico.5 Allí expresó que, para evitar mayor deterioro

y sufrimiento familiar, acudía al tribunal “para atender el

asunto de la disolución del [matrimonio] de manera

prioritaria y urgente, por entender que ello asegurará la

tranquilidad individual… y de la familia entera”. (Énfasis

nuestro).6 Añadió que no le interesaba continuar una

relación que estaba rota hacía mucho tiempo, por lo que

afirmó que “los nexos de convivencia matrimonial se han roto

irreparablemente y que no hay posibilidad de

reconciliación”.7

Según alegado, las partes otorgaron capitulaciones

matrimoniales previo a su enlace, acordaron el régimen de

separación de bienes, y no procrearon hijos en común. Según

consta en el expediente del caso, las partes se habían casado

previamente en el 1998 y se divorciaron en el 2000 (como

bien indicado anteriormente, volvieron a casarse en el

2001).8

Una vez se diligenció el emplazamiento, el 27 de abril

de 2022, el foro de instancia señaló una vista en su fondo

por videoconferencia para el 24 de mayo de 2022. Más

5 Certificación de matrimonio, Apéndice del certiorari, pág. 18. 6 Petición de divorcio por ruptura irreparable, Apéndice del certiorari, págs. 16-17. 7 Íd., pág. 17. 8 Contestación a la demanda, defensas afirmativas y reconvención, Apéndice del certiorari, pág. 23. CC-2023-56 4

adelante, el 13 de mayo de 2022, la señora Zaragoza Meléndez

presentó su Contestación a la demanda, defensas afirmativas

y reconvención. Allí, admitió que se otorgaron

capitulaciones matrimoniales, pero negó que su matrimonio

se administrara bajo el régimen económico de separación de

bienes. Además, manifestó que las partes adquirieron bienes

y deudas en común, y que los bienes están mayormente bajo

el control del peticionario. Así pues, en su reconvención,

pidió que se establecieran medidas cautelares para evitar

la dilapidación del caudal. Específicamente, solicitó la

prohibición de enajenar y la coadministración de bienes

hasta la liquidación de la alegada comunidad de bienes

constituida. De igual manera, la recurrida expresó que

“[l]os lazos de convivencia matrimonial han sido rotos

irreparablemente para siempre y no existen posibilidades de

reconciliación”.9

A sólo una semana de la fecha señalada para la vista, el

16 de mayo de 2022 la señora Zaragoza Meléndez presentó una

Urgentísima moción solicitando suspensión. En particular,

se informó que -debido a un conflicto de calendario- su

representante legal no podría presentarse a la vista en su

fondo pautada para el 24 de mayo de 2022. Ante esto, el

señor Torres González presentó una Moción en respuesta a

[la] “Urgentísima moción solicitando suspensión”, en la que

manifestó su preocupación de que el proceso de divorcio se

9 Íd. CC-2023-56 5

retrasara injustificadamente y exhortó al foro de instancia

a no permitir que el proceso fuera “secuestrado y dilatado

por retrasos en el calendario y solicitudes de vistas

adicionales [improcedentes]”.10 Asimismo, expuso que la

solicitud de remedios provisionales de la recurrida era muy

general y no ponía al tribunal de instancia en posición de

evaluar su procedencia.

Así pues, el 23 de mayo de 2022, el foro de instancia

dejó sin efecto la vista del 24 de mayo de 2022.

Posteriormente, el 22 de junio de 2022, el tribunal de

instancia reseñaló la vista en su fondo para el 28 de junio

de 2022.

Dos semanas previo a la celebración de la vista pautada,

el 13 de junio de 2022, la señora Zaragoza Meléndez presentó

una Moción informativa en la que notificó haber enviado al

peticionario un Primer Pliego de Interrogatorio, el cual

constaba de cien (100) preguntas.

El 27 de junio de 2022 -un día antes de la vista

señalada-, la recurrida presentó una Urgentísima moción

solicitando suspensión para informar -por segunda ocasión-

otro conflicto de calendario. Allí solicitó una nueva fecha

para la vista en su fondo y adelantó que el 16 de agosto

de 2022 era fecha hábil para ambas partes. Además, indicó

que -como parte de la petición de medidas cautelares- era

imprescindible que se le proveyera lo solicitado en el

10 Moción en respuesta a [la] “Urgentísima moción solicitando suspensión”, Apéndice del certiorari, pág. 32. CC-2023-56 6

descubrimiento de prueba en vías de proteger el caudal en

común. También indicó que las partes estaban en

conversaciones para auscultar si podían “resolver todos los

asuntos pendientes en un divorcio por consentimiento

mutuo”.11 Así las cosas, el 29 de junio de 2022, el tribunal

de instancia reseñaló la vista en su fondo para el 16 de

agosto de 2022.

Más adelante, el 26 de julio de 2022, el señor Torres

González envió su Contestación y/u objeciones a “Primer

Pliego de Interrogatorio”, en la que contestó veintisiete

(27) incisos del interrogatorio y objetó el resto. En lo

pertinente, hizo constar lo siguiente para fundamentar sus

objeciones:

[S]e objeta por constituir un “fishing expedition” no autorizado por nuestro andamiaje jurídico. Las partes otorgaron capitulaciones matrimoniales en virtud de las cuales manifestaron expresamente su repudio a los principios de la sociedad de gananciales y las reglas que rigen esta entidad jurídica, optando por acoger también de manera expresa, el régimen de separación de bienes. En la medida en que este es un caso de divorcio por ruptura irreparable, causal sobre la cual no hay controversia entre las partes, en esta etapa no hay necesidad de descubrimiento de prueba. Ello sí pudiera proceder en un caso separado y distinto -post divorcio- para atender la liquidación de bienes comunes adquiridos, si alguno, durante el matrimonio. La Sra. Zaragoza tiene bienes propios y nada ha planteado que denote una emergencia que amerite el presente descubrimiento de prueba sobre su alegación en cuanto a la administración de bienes comunes y solo requiere de la vista ya señalada para el 16 de agosto de 2022 para que el Tribunal evalúe la razón de ser de la

11 Urgentísima moción solicitando suspensión, Apéndice del certiorari, pág. 44. CC-2023-56 7

petición de remedios y si procede conceder alguno. (Véase Félix Aníbal Díaz Negrón v. Yolanda Martínez Viruet, KLCE202101005, 2021WL5711106 (2021)). (Énfasis y negrillas omitidos).12

Llegado el día señalado para la vista en su fondo (16 de

agosto de 2022), la misma no se celebró debido a que la

señora Zaragoza Meléndez insistió en que no se había

cumplido con el descubrimiento de prueba, siendo así la

tercera vista cancelada. Así pues, el 16 de agosto de 2022,

el foro de instancia pautó una vista de medidas cautelares

para el 22 de septiembre de 2022. Además, ordenó que las

partes compartieran la prueba documental en el término de

quince (15) días antes de la vista señalada “para el día de

la vista atender asuntos medulares”.13

A menos de una semana para la vista de medidas

cautelares, el 16 de septiembre de 2022, la recurrida

presentó una Solicitud de orden bajo la Regla 34.2 de las

de Procedimiento Civil. En síntesis, solicitó que se

ordenara al peticionario a cumplir con el descubrimiento de

prueba solicitado so pena de severas sanciones.

En respuesta, el 20 de septiembre de 2022, el señor

Torres González presentó una Moción en oposición a

“Solicitud de orden bajo la Regla 34.2 de las de

Procedimiento Civil”. En ésta manifestó que el

interrogatorio cursado era opresivo y una expedición de

12 Contestación y/u objeciones a “Primer Pliego de Interrogatorio”, Apéndice del certiorari, págs. 50-51. 13 Minuta, Apéndice del certiorari, pág. 59. CC-2023-56 8

pesca dirigido a un litigio de liquidación de una comunidad

de bienes y no a un pleito de divorcio. Añadió que no se

debía permitir que el caso de divorcio se desvirtuara “con

meramente una solicitud genérica de medidas cautelares”

presentada por la señora Zaragoza Meléndez.14 Al respecto,

expresó que la solicitud de la recurrida no denotaba una

urgencia que ameritara el descubrimiento de prueba que ésta

pretendía imponer sobre su alegación con relación a la

administración de los bienes en común.

Debido al paso del huracán Fiona, el tribunal de

instancia dejó sin efecto la vista de medidas cautelares

señalada para el 22 de septiembre de 2022 y la recalendarizó

para el 14 de octubre de 2022. Más adelante, el 27 de

septiembre de 2022, la señora Zaragoza Meléndez presentó una

Moción solicitando turno posterior, en la que notificó -por

tercera ocasión- un conflicto de calendario y solicitó un

turno posterior en la fecha pautada. No obstante, el foro

de instancia informó no tener turno posterior en el

calendario judicial y dejó sin efecto la vista de medidas

cautelares.

Así las cosas, el 6 de octubre de 2022, el tribunal de

instancia emitió una Orden en la que dispuso lo siguiente:

Teniendo el beneficio de la comparecencia de ambas partes, se ordena que en el término de 5 días que se notifiquen todas las contestaciones objetadas a la parte demandante. Reiteramos que el descubrimiento de prueba debe ser amplio y no se ha presentado justa causa para no

14 Moción en oposición a “Solicitud de orden bajo la Regla 34.2 de las de Procedimiento Civil”, Apéndice del certiorari, pág. 157. CC-2023-56 9

presentar la información requerida en el interrogatorio.15

Inconforme con el curso de acción del foro de instancia,

el señor Torres González presentó ante el Tribunal de

Apelaciones una Solicitud de certiorari junto con una moción

en auxilio de jurisdicción el 24 de octubre de 2022. En

resumen, adujo que el tribunal de instancia erró al

ordenarle contestar unos interrogatorios -que fueron bien

objetados- de carácter patrimonial y liquidatorio en una

acción sencilla y urgente de divorcio por ruptura

irreparable con capitulaciones matrimoniales y sin hijos.

Por consiguiente, solicitó que el foro apelativo intermedio

expidiera el auto de certiorari, denegara el descubrimiento

de prueba cursado por la recurrida y ordenara la celebración

de la vista en su fondo sin mayor dilación.

Al día siguiente, el Tribunal de Apelaciones concedió a

la recurrida hasta el 27 de octubre de 2022 para que mostrara

causa por la cual no se debían paralizar los procedimientos

y expedir el recurso para revocar la Orden recurrida. Luego

de concedido un término adicional solicitado por la señora

Zaragoza Meléndez, ésta presentó su Alegato en oposición [a]

expedición de recurso de certiorari el 7 de noviembre

Evaluados los planteamientos de ambas partes, el 28 de

noviembre de 2022, el foro apelativo intermedio denegó

15 Orden, Apéndice del certiorari, pág. 171. CC-2023-56 10

-mediante Resolución- la expedición del auto de certiorari.

En particular, manifestó lo siguiente:

Evaluado el recurso a la luz de la Regla 40, no vemos que, en el manejo del caso ante el TPI, se haya incurrido en un abuso de discreción o que este haya actuado bajo prejuicio o parcialidad. Tampoco se demostró que, el foro recurrido se haya equivocado en la interpretación o aplicación de una norma procesal y que, intervenir en esta etapa, evitaría un perjuicio sustancial contra la parte peticionaria. Por consiguiente, no se nos persuadió sobre la deseabilidad de intervenir en esta etapa de los procedimientos.16

Así las cosas, el 7 de diciembre de 2022, el foro de

instancia declaró con lugar una moción urgente de la señora

Zaragoza Meléndez para que se ordenara al señor Torres

González a cumplir con el descubrimiento de prueba en el

término de cinco (5) días. En su Orden, el tribunal de

instancia dispuso lo siguiente:

Como se pide. Se ordena a la parte demandante cumplir con el descubrimiento de prueba en el término perentorio de 5 días so pena de imponer sanciones de $50.00 diarias por cada día en que no se cumpla con nuestra orden. Se ordena que en igual término presente tres fechas hábiles en coordinación con la otra parte en aras de calendarizar vista evidenciaria. 17

Inconforme con dicha Orden, el 12 de diciembre de 2022,

el peticionario presentó ante el tribunal de instancia una

Solicitud de reconsideración y para que se establezca

calendario de descubrimiento de prueba. En lo pertinente,

16 Resolución, Apéndice del certiorari, pág. 209. 17 Véase Anejo 1, Apéndice de la Solicitud urgente de paralización de los procedimientos ante el TPI en auxilio de jurisdicción presentada por el señor Torres González ante este Foro. CC-2023-56 11

expresó que dicho foro debía esperar por el resultado final

del proceso apelativo, ya que ese mismo día había presentado

una Moción solicitando reconsideración de la Resolución

emitida por el Tribunal de Apelaciones el 28 de noviembre

de 2022. Más adelante, el 14 de diciembre de 2022, el foro

apelativo intermedio declaró No Ha Lugar la mencionada

solicitud de reconsideración.18

En los procesos ante el tribunal de instancia, el 10 de

enero de 2023, la señora Zaragoza Meléndez presentó una

Oposición a solicitud de reconsideración y para que se

establezca calendario de descubrimiento de prueba, en la

cual solicitó, entre otros asuntos, que se concedieran las

medidas cautelares de prohibición de enajenar los bienes del

caudal común y la coadministración del mismo.19 Al día

siguiente, el 11 de enero de 2023, el foro de instancia

resolvió la solicitud de reconsideración del señor Torres

González que había quedado en suspenso y emitió una Orden.20

Específicamente, el tribunal de instancia determinó lo

siguiente:

Sin Lugar. No le asiste [la] razón[,] por lo que reiteramos lo ordenado. En la medida en que no se cumpla con el descubrimiento de lo requerido, se continuarán acumulando las sanciones impuestas de $50.00 diarios según establecido. Para evitar mayores sanciones,

18 El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 19 de diciembre de 2022. 19 Véase Anejo 3, Apéndice de la Solicitud urgente de paralización de los procedimientos ante el TPI en auxilio de jurisdicción presentada por el señor Torres González ante este Foro. 20 El archivo en autos de copia de la Orden fue el 12 de enero de 2023. CC-2023-56 12

deberá cumplir inmediatamente con el descubrimiento de lo requerido.21

Entretanto, insatisfecho con la decisión del Tribunal de

Apelaciones sobre su solicitud de reconsideración, el

peticionario presentó una Solicitud de certiorari ante este

Foro el 18 de enero de 2023. En particular, esbozó estos

dos (2) señalamientos de error:

(1) Erró el TA al confirmar la Orden del TPI que permitió un descubrimiento de prueba que requiere contestar interrogatorios de carácter liquidatorio en una acción sencilla y urgente de divorcio por ruptura irreparable entre cónyuges con capitulaciones matrimoniales de separación de bienes y sin hijos en común, contrario a lo resuelto por un panel hermano del Tribunal Apelativo en Félix Aníbal Díaz Negrón v. Yolanda Martínez Viruet, KLCE202101005.

(2) Erró el TA al confirmar el dictamen del TPI que concedió la solicitud de orden de la Sra. Zaragoza y no la denegó de plano a pesar de que ésta no cumplió con los esfuerzos de buena fe y certificación requerida por la Regla 34 de Procedimiento Civil en cuanto a controversias con el descubrimiento de prueba.

Junto a su recurso de certiorari, el señor Torres

González presentó una Solicitud urgente de paralización de

los procedimientos ante el TPI en auxilio de jurisdicción,

la cual declaramos Ha Lugar mediante una Resolución emitida

el 26 de enero de 2023. A su vez, paralizamos los

procedimientos relacionados a este asunto y concedimos a la

señora Zaragoza Meléndez un término de diez (10) días

para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el

21 Véase Anejo 2, Apéndice de la Solicitud urgente de paralización de los procedimientos ante el TPI en auxilio de jurisdicción presentada por el señor Torres González ante este Foro. CC-2023-56 13

recurso solicitado y revocar la Resolución emitida por el

Tribunal de Apelaciones.

Así pues, el 6 de febrero de 2023, la recurrida

compareció ante este Tribunal por medio de un Alegato en

oposición a expedición de recurso de certiorari. En

síntesis, señaló que no hubo abuso de discreción, prejuicio

ni parcialidad en la decisión del tribunal de instancia

plasmada en la Orden del 6 de octubre de 2022, por lo que

el foro apelativo intermedio actuó correctamente al emitir

su Resolución “confirmatoria” el 28 de noviembre de 2022.

Además, planteó que no se configura ninguno de los

requisitos esbozados en la Regla 30 de nuestro Reglamento,

4 LPRA Ap. XXI-B, R. 30, para la expedición de un auto de

certiorari.

Contando con la comparecencia de ambas partes, y con el

propósito de pautar el derecho aplicable, atendemos el

recurso de epígrafe sin trámite ulterior por la importancia

que entraña esta controversia. Así, en virtud de la Regla

50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B,

expedimos el recurso de certiorari solicitado y lo

resolvemos en los méritos. En consecuencia, adelantamos que

revocamos la Resolución emitida por el Tribunal de

Apelaciones el 28 de noviembre de 2022, así como la Orden

dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 6 de octubre

de 2022. De ese modo, devolvemos el caso al foro de

instancia y ordenamos la celebración inmediata de una vista

para que se determine -con la prueba descubierta y CC-2023-56 14

disponible hasta el momento- si procede alguna de las

medidas provisionales solicitadas por la Sra. Arlean

Zaragoza Meléndez (señora Zaragoza Meléndez o recurrida) y

celebre en esa misma fecha la vista de divorcio

correspondiente. Procedemos, pues, a exponer el marco

jurídico aplicable para así disponer del asunto ante nos.

II

A. El matrimonio y su disolución por medio del divorcio por ruptura irreparable en el Código Civil de Puerto Rico de 2020

En nuestro ordenamiento jurídico, el Libro Segundo del

Código Civil de 2020 regula todo lo concerniente a las

instituciones familiares. Allí se dispone lo relativo al

matrimonio y a la disolución del mismo por razón de divorcio.

Veamos en detalle.

1. El matrimonio

Nuestro Código Civil establece que el matrimonio es una

institución civil que procede de un contrato civil por medio

del cual dos (2) personas naturales se obligan mutuamente a

ser cónyuges y a cumplir entre ellos los deberes que impone

la ley. Art. 376 del Código Civil de 2020, 31 LPRA

sec. 6591. Además, el matrimonio será válido solamente

cuando se celebre y solemnice conforme a lo prescrito en

ley, y sólo podrá anularse o disolverse antes de la muerte

de cualquiera de los cónyuges, en conformidad con los

fundamentos expuestos en el mismo Código. Íd. Los artículos

del 377 al 416 atienden lo relacionado a los requisitos para

contraer matrimonio; las formalidades, la celebración y la CC-2023-56 15

prueba del matrimonio; los derechos y las obligaciones entre

cónyuges; la invalidez del matrimonio y los efectos de la

declaración de nulidad. Arts. 377-416 del Código Civil de

2020, 31 LPRA secs. 6592-6685.

Como hemos expresado, el matrimonio constituye la base

de la familia y, por lo tanto, funge como el eje central de

nuestra sociedad. Salvá Santiago v. Torres Padró, 171 DPR

332, 344 (2007); Cosme v. Marchand, 121 DPR 225, 232 (1988).

Asimismo, hemos manifestado que el matrimonio es una

institución fundamental. Íd.

El matrimonio, como institución jurídica, está sujeto a

unas normas que establecen ciertos requisitos y formalidades

para contraerlo, los derechos y deberes que se derivan del

mismo, así como las causas, procedimientos y efectos de su

disolución. R. Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto

Rico y legislación comparada, San Juan, Ed. Programa de

Educación Jurídica Continua de la U.I.P.R., 1997, Vol. I,

pág. 94.

2. La disolución del matrimonio por razón de divorcio

En nuestro andamiaje jurídico, el divorcio constituye

una de las tres (3) causas de disolución del matrimonio.

Véase Art. 417 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6741.

Así, la disolución conlleva la ruptura definitiva del

vínculo habido entre las partes y el fin del régimen

económico matrimonial. Art. 420 del Código Civil de 2020,

31 LPRA sec. 6744. CC-2023-56 16

Debido al carácter solemne y fundamental de la

institución del matrimonio en nuestra sociedad, se justifica

que el Estado imponga requisitos y salvaguardas para regir

el paso que llevará a su disolución. Salvá Santiago v.

Torres Padró, supra, pág. 344.

Asimismo, el Art. 423 del Código Civil de 2020, 31 LPRA

sec. 6761, dispone que la disolución del matrimonio por

razón de divorcio podrá declararse: (1) mediante sentencia

judicial (entiéndase, divorcio en el tribunal) o (2) por

escritura pública (ésto es, divorcio en sede notarial).

Este nuevo Código Civil elimina las causales de divorcio que

existían previamente y establece dos (2) procedimientos:

(1) el divorcio por consentimiento de ambos cónyuges, o

(2) el divorcio por ruptura irreparable de los nexos de

convivencia matrimonial. Este último podrá ser por petición

individual o conjunta. Véanse: Exposición de Motivos de la

Ley Núm. 55-2020; Art. 425 del Código Civil de 2020, 31 LPRA

sec. 6772. Es decir, la petición conjunta de divorcio podrá

ser por consentimiento o por ruptura irreparable, pero la

petición individual solamente será por ruptura irreparable.

Además, toda petición de divorcio será suscrita bajo

juramento, por ambos cónyuges si es conjunta y por la parte

peticionaria si es individual. Íd.

Cuando la petición de divorcio se realiza mediante una

petición individual, como en este caso, el Art. 433 del

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6780, dispone -en lo

pertinente- que “el tribunal decretará disuelto el vínculo CC-2023-56 17

matrimonial previa notificación mediante emplazamiento y

celebración de vista”. Asimismo, el Art. 434 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 6781, dispone que la sentencia de

divorcio por petición individual de ruptura irreparable

disolverá el vínculo matrimonial sin describir la conducta

específica que dio lugar a la petición.

3. El divorcio por ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial

La Ley 192-2011 enmendó los Arts. 96 y 97 del derogado

Código Civil de Puerto Rico de 1930 (Código Civil de 1930),

31 LPRA ant. secs. 321 y 331, para incluir el mutuo

consentimiento y la ruptura irreparable como causales de

divorcio. En particular, el inciso (12) del Art. 96 del

Código Civil de 1930, supra, disponía como causal de

divorcio lo siguiente: “La consignación de una ruptura

irreparable de los nexos de convivencia matrimonial

presentada por uno de los cónyuges ante el Tribunal de

Primera Instancia”. El fin expreso de la mencionada

legislación fue proteger el derecho a la intimidad y el

derecho a la dignidad de las personas, ambos garantizados

por la Constitución de Puerto Rico. Véase Exposición de

Motivos de la Ley 192-2011.

En la actualidad, el Art. 425 del Código Civil de 2020,

supra, provee para la presentación de una petición de

divorcio -conjunta o individual- por ruptura irreparable de

los nexos de convivencia matrimonial. CC-2023-56 18

El profesor y ex Juez Asociado del Tribunal Supremo de

Puerto Rico, Raúl Serrano Geyls, expresó que “[s]e entiende

que existe la causa [de ruptura irreparable] cuando hay un

profundo, irreconciliable e irremediable conflicto entre los

caracteres de los cónyuges que hace imposible la

continuación de una relación conyugal ordinaria”. Serrano

Geyls, op. cit., pág. 621. Al respecto, añadió que, para

los tribunales, el término “ruptura irreparable” se

relaciona con el fracaso de las gestiones de reconciliación

debido a que los conflictos entre los cónyuges les impiden

vivir juntos. Íd. En su estudio sobre la legislación

comparada, el tratadista Serrano Geyls señaló que lo

importante es “no obligar a uno de los cónyuges a continuar

una relación que no es viable y que, si eso sucede, el

tribunal debe fomentar la disolución amigable del

matrimonio”. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 622.

B. Las medidas provisionales en casos de divorcio en el Código Civil de Puerto Rico de 2020

Ya sea que se utilice el concepto “medidas

provisionales”, “remedios provisionales” o “medidas

cautelares”, lo cierto es que nuestro Código Civil de 2020

sí integra el asunto de las medidas provisionales

relacionadas a una petición de divorcio. Al respecto, el

tratadista José A. Cuevas Segarra señala que “la regulación

del tema en el antiguo Código por circunstancias históricas

principalmente carecía de las disposiciones que pautaran el

asunto. Esto deberá dar certeza a estos procedimientos y CC-2023-56 19

uniformidad”. J.A. Cuevas Segarra, Las medidas cautelares

y la ejecución de la sentencia, Barcelona, Ed. Bosch, 2020,

pág. 727.

En conformidad a lo dispuesto en el Código Civil

de 2020 sobre este tema, el profesor Miguel R. Garay Aubán

expresa lo siguiente:

[…] El proceso de divorcio crea un estado transitorio que requiere unas garantías mínimas de protección para las partes y su patrimonio, las cuales son viables mediante medidas provisionales. Una de las características de estas medidas es que son modificables cuando ocurra un cambio sustancial en las circunstancias que amerite la intervención del tribunal. El tribunal siempre retendrá la jurisdicción y, aun cuando la sentencia de divorcio se apele, podrá modificar las medidas adoptadas. Véase M.R. Garay Aubán, Código Civil 2020 y su historial legislativo, San Juan, Ed. SITUM, 2020, T. I, pág. 297.

En lo pertinente, el Art. 426 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 6773, dispone que:

La presentación de la petición de divorcio produce los siguientes efectos: (a) … (b) … (c) cualquiera de los cónyuges puede solicitar la anotación de la petición o demanda en los registros correspondientes o instar las acciones procedentes para la protección de sus derechos personales o del patrimonio conyugal.22

22 Este inciso (c) del Art. 426 del Código Civil, 31 LPRA sec. 6773, “autoriza a cualquiera de los cónyuges a realizar ciertas gestiones para proteger su patrimonio, como es la inscripción de la petición en el Registro de la Propiedad, y a solicitar protección al tribunal para su patrimonio o sus derechos personales cuando se entienda que peligran”. M.R. Garay Aubán, Código Civil 2020 y su historial legislativo, San Juan, Ed. SITUM, 2020, T. I, pág. 286. CC-2023-56 20

Así pues, instada una petición de divorcio, aplicarán

los Arts. 444 al 460 del Código Civil de 2020, 31 LPRA

secs. 6791-6807, relacionados con las medidas que buscan

garantizar los intereses comunes de los esposos en litigio,

sus atenciones personales y el cuidado de las personas y

bienes de sus hijos. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 57.

En particular, el Art. 444 del Código Civil de 2020,

31 LPRA sec. 6791, expresa que una vez se presenta una

petición individual de divorcio, los cónyuges pueden acordar

medidas provisionales para regir sus relaciones personales

y la estabilidad económica de la familia, entre otros. Sobre

éstas, el tribunal puede aprobarlas, si son adecuadas, o

modificarlas en cualquier etapa del proceso.23

Asimismo, el Art. 445 del Código Civil de 2020, 31 LPRA

sec. 6792, dispone que en caso de que los cónyuges no

acuerden sobre estas medidas provisionales en un plazo

prudente, el tribunal puede establecer sumariamente las

medidas más urgentes y necesarias. Sobre este particular,

en el Memorial explicativo del Borrador del Código Civil

de 2020 se detalla lo siguiente:

El propósito de este artículo es darle la oportunidad a los cónyuges para que acuerden dentro de un plazo razonable la manera en que

23 En relación con este artículo, el Memorial explicativo del Borrador del Código Civil de 2020 menciona que “[e]ste artículo no tiene precedente en nuestra legislación […]” y “[p]retende que sean los cónyuges quienes, en primera instancia, tengan la oportunidad de establecer la manera en que se van a conducir esos acuerdos. El tribunal sólo intervendrá si, a su juicio, alguna de las partes queda desprotegida. De ser así, entonces, será el juzgador quien determine el estado provisional de las relaciones y su patrimonio”. Véase M.R. Garay Aubán, Código Civil 2020 y su historial legislativo, San Juan, Ed. SITUM, 2020, T. I, pág. 297. CC-2023-56 21

desarrollarán sus relaciones y la forma en que organizarán sus asuntos económicos durante el trámite procesal del divorcio. El tiempo de duración de la negociación debe ser prudente, ya que algunos acuerdos, dada la naturaleza del asunto, tienen que tomarse de manera diligente para que no afecten a las partes ni a su patrimonio. En este supuesto, el tribunal podrá disponer, de manera sumaria, lo que estime necesario para atender tales asuntos con la premura correspondiente. El artículo también permite utilizar los métodos alternos para la estipulación de las medidas provisionales. Véase M.R. Garay Aubán, Código Civil 2020 y su historial legislativo, San Juan, Ed. SITUM, 2020, T. I, pág. 298.

Por su parte, el Art. 447 del Código Civil de 2020,

31 LPRA sec. 6794, regula las medidas cautelares

provisionales en cuanto a los cónyuges y el patrimonio

conyugal. Específicamente, la mencionada disposición

plantea que el tribunal puede adoptar estas medidas

relativas a las cargas familiares y a las necesidades de

ambos cónyuges, en atención del interés familiar más

necesitado de protección, entre otras.24 De igual forma,

24 Al respecto, en el Art. 447 del Código Civil de Puerto Rico de 2020 (Código Civil de 2020), Ley Núm. 55-2020, 31 LPRA sec. 6794, se incluyen las siguientes medidas cautelares provisionales: “(a) determinar cuál de los cónyuges continuará residiendo en la vivienda familiar y en qué condiciones permanecerá en ella hasta que se dicte sentencia; (b) fijar la contribución de cada cónyuge para atender las necesidades y las cargas de la familia durante el proceso, incluidos los gastos del litigio, y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares necesarias para asegurar su efectividad; (c) señalar los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se entregarán a uno u otro cónyuge para su sustento y establecer las reglas para su administración y disposición, hasta la disolución del matrimonio y la liquidación de su régimen económico; o (d) determinar el régimen de administración y de disposición de aquellos bienes privativos que, por capitulaciones matrimoniales o por escritura pública, CC-2023-56 22

durante el proceso de disolución, el tribunal también puede

adoptar otras medidas cautelares provisionales, las cuales

el Art. 448 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6795,

cataloga en su título como “Otras medidas cautelaras

necesarias”. Éstas se enfocan en medidas cautelares para

atender -por ejemplo- las necesidades especiales que tuviese

cualquiera de los cónyuges.25

Además, el Art. 449 del Código Civil, 31 LPRA sec. 6796,

indica que el tribunal podrá autorizar que cualquiera de los

cónyuges abandone la residencia conyugal u ordenar el

desalojo de la misma. Mientras, el Art. 450 del Código

Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6797, manifiesta lo relativo a

la participación de los cónyuges en igualdad de condiciones.

En particular, dispone que al momento de evaluar cualquier

medida provisional sobre los bienes del matrimonio, el

tribunal “debe favorecer la adopción de mecanismos ágiles y

estén especialmente destinados a responder por las cargas del matrimonio y la familia”. 25 En particular, el Art. 448 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6795, dispone lo siguiente: “Durante el proceso de disolución, el tribunal también puede adoptar otras medidas cautelares provisionales: (a) para la atención de las necesidades especiales de cualquiera de los cónyuges o de los miembros de la familia si ellos no tienen recursos suficientes o si la naturaleza de los únicos medios disponibles para el sustento no permite la distribución conjunta e igualitaria de sus réditos o ganancias; (b) para la atención de otros miembros de la familia, que no sean los hijos menores o los mayores incapacitados, si de ordinario ambos cónyuges asumían su sustento y necesidades especiales; o (c) cualquiera otra necesaria y adecuada para proteger la integridad física y emocional de los cónyuges y de los otros miembros del grupo familiar durante el proceso de divorcio”. CC-2023-56 23

razonables que, según la naturaleza de la actividad

económica intervenida, permitan a ambos cónyuges participar

de la gestión, de la producción y del disfrute del patrimonio

común, en igualdad de condiciones, sin afectar

significativamente su rendimiento”.

Por otra parte, el Art. 456 del Código Civil de 2020,

31 LPRA sec. 6803, establece que el tribunal podrá modificar

las medidas cautelares provisionales cuando se alteren

sustancialmente las circunstancias que las originaron o

cuando ya no sean adecuadas para atender el interés

protegido. Mientras, el Art. 457 del Código Civil de 2020,

31 LPRA sec. 6804, expresa que las medidas provisionales

acordadas por los cónyuges o adoptadas por el tribunal

estarán vigentes hasta que la sentencia de divorcio advenga

firme, siempre que no se disponga algo distinto.

También, el Art. 459 del Código Civil de 2020, 31 LPRA

sec. 6806, expone que aquellas medidas provisionales

relacionadas con la conservación de la vivienda familiar, y

a la administración y disposición de los bienes comunes,

pueden continuar en vigor después de la sentencia de

divorcio, a solicitud de cualquiera de los excónyuges, hasta

que se adjudiquen finalmente todas las controversias sobre

la liquidación del régimen económico del matrimonio.26

26 En relación con esta disposición, el Memorial explicativo del Borrador del Código Civil de 2020 expone que este artículo: “persigue la protección del patrimonio matrimonial y del interés propietario de los cónyuges. Aunque las medidas provisionales suelen tener efecto sólo hasta que se dilucida el pleito, nada impide que aquellas medidas CC-2023-56 24

Además, el Art. 460 del Código Civil de 2020, 31 LPRA

sec. 6807, establece que si una vez decretada la disolución

se comienza un litigio sobre la liquidación del régimen

económico, y la distribución y adjudicación de los bienes

comunes, “se podrá modificar el contenido y el alcance de

las medidas cuya vigencia fue extendida, a petición de

cualquiera de los excónyuges”. Claro está, mientras la

medida provisional vigente no se modifique o suspenda

judicialmente, los excónyuges quedan sujetos a sus términos.

Íd.27

C. El propósito y el alcance del descubrimiento de prueba

En términos generales, el propósito del descubrimiento

de prueba es: (1) delimitar las controversias; (2) facilitar

la consecución de evidencia; (3) evitar las sorpresas en el

juicio; (4) facilitar la búsqueda de la verdad, y

dirigidas a la conservación del patrimonio familiar y a la coadministración se mantengan en vigor hasta que se adjudiquen finalmente todas las controversias entre las partes[.] Su propósito es evitar que las actuaciones del cónyuge promovido impidan que en su día se pueda hacer efectiva la sentencia”. Véase M.R. Garay Aubán, Código Civil 2020 y su historial legislativo, San Juan, Ed. SITUM, 2020, T. I, pág. 306. 27 Sobre este artículo, en el Memorial explicativo del Borrador del Código Civil de 2020 se indica lo siguiente: “El tribunal que tiene ante sí la petición de divorcio siempre retiene la jurisdicción sobre los asuntos derivados del divorcio y puede modificar las órdenes provisionales según entienda que convienen o no al interés protegido. De ordinario estas medidas provisionales tienen efecto hasta que se dicta la sentencia de divorcio, pero nada impide que el tribunal las mantenga en vigor hasta que se adjudiquen finalmente todas las controversias entre las partes ―aunque sea en un pleito posterior, como la liquidación de la comunidad post-ganancial― ya que su propósito es evitar que las actuaciones del cónyuge promovido impidan que en su día se pueda hacer efectiva la sentencia que recaiga”. Véase M.R. Garay Aubán, Código Civil 2020 y su historial legislativo, San Juan, Ed. SITUM, 2020, T. I, pág. 307. CC-2023-56 25

(5) perpetuar la prueba. Véase R. Hernández Colón, Práctica

jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed.,

San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 2802, págs. 333-334.

Es por ello que hemos reiterado que el alcance del

descubrimiento de prueba es amplio y liberal. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659, 672 (2021);

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 490 (2019);

Casasnovas et al. v. UBS Financial et al., 198 DPR 1040,

1054 (2017). Ese alcance amplio y liberal claramente

propende a que, mediante el buen uso del descubrimiento, se

aceleren los procedimientos, se propicien las transacciones

y se eviten las sorpresas indeseables durante el juicio.

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra.

En nuestro ordenamiento legal, la Regla 23 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 23, establece

aquellos parámetros que regulan el descubrimiento de prueba

en los casos civiles. Específicamente, el inciso (a) de la

Regla 23.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V,

R. 23.1(a), dispone que las partes en litigio podrán indagar

“sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea

pertinente al asunto en controversia en el pleito pendiente

[…]”.

Vemos que la mencionada regla impone dos (2)

limitaciones fundamentales al descubrimiento de prueba:

(1) se excluye toda materia privilegiada, según los

privilegios que se reconocen en las Reglas de Evidencia, y

(2) la materia a descubrirse tiene que ser pertinente al CC-2023-56 26

asunto en controversia. Autopistas P.R. v. A.C.T., 167 DPR

361, 379 (2006). Véanse, además: McNeil Healthcare v. Mun.

Las Piedras II, supra, págs. 673-674; Ponce Adv. Med. v.

Santiago González et al., 197 DPR 891, 898-899 (2017). Al

respecto, este Tribunal ha expresado lo siguiente: “para que

una materia pueda ser objeto de descubrimiento, basta con

que exista una posibilidad razonable de relación con el

asunto en controversia”. Vincenti v. Saldaña, 157 DPR 37,

54 (2002). Claro está, eso de ninguna manera significa o

se traduce en que el descubrimiento de prueba sea una carta

en blanco para utilizarse indiscriminadamente para hostigar

y perturbar a una parte. Íd. Es ahí cuando el tribunal de

instancia, en el ejercicio de su sana discreción, puede

limitar el alcance y los mecanismos a utilizarse, ya que su

obligación es garantizar una solución justa, rápida y

económica del caso, sin que ello constituya alguna ventaja

para cualquiera de las partes en el pleito. Vincenti v.

Saldaña, supra, pág. 54. Véanse, además: Cruz Flores et al.

v. Hosp. Ryder et al., 2022 TSPR 112, 210 DPR ____ (2022);

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 153-154 (2000).

Este Tribunal también ha manifestado que los foros

apelativos “[n]o hemos de interferir con los tribunales de

instancia en el ejercicio de sus facultades

discrecionales, excepto en aquellas situaciones en que se

demuestre que este último[:] (1) actuó con prejuicio o

parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de discreción,

o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de CC-2023-56 27

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo”. Rivera

y otros v. Bco. Popular, supra, pág. 155. Véase, además,

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra, pág. 672.

De igual manera, dicho criterio de revisión aplica a la

intervención de los tribunales apelativos en cuanto a las

determinaciones interlocutorias de los foros de instancia.

Íd.; Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664

(2000). Todo esto, claro está, se evalúa a la luz de lo

dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, infra.

Al momento de ejercer su discreción de extender o acortar

el término para efectuar el descubrimiento de prueba, el

tribunal deberá hacer un balance entre dos (2) intereses

importantes para el adecuado desenvolvimiento de la labor

de impartir justicia a través del sistema judicial. Por una

parte, el foro de instancia deberá garantizar la pronta

solución de las controversias, y por otra deberá velar que

las partes tengan la oportunidad de realizar un amplio

descubrimiento para que en la vista en su fondo no surjan

sorpresas. Machado Maldonado v. Barranco Colón, 119 DPR

563, 565-566 (1987) (citando a Lluch v. España Service Sta.,

117 DPR 729, 742-743 (1986)).

D. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite

a un foro de mayor jerarquía revisar las decisiones de un

tribunal inferior. En particular, es un recurso mediante

el cual se solicita la corrección de un error cometido por CC-2023-56 28

un foro inferior. Medina Nazario v. McNeill Healthcare LLC,

194 DPR 723, 728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324,

334 (2005). Contrario al recurso de apelación, la

expedición o no del auto de certiorari solicitado descansa

en la sana discreción del foro apelativo. Medina Nazario

v. McNeill Healthcare LLC, supra, pág. 729; García v. Padró,

supra, pág. 334.

Este Tribunal ha expresado que, en el ámbito judicial,

la discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del

resto del Derecho y, por lo tanto, es una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para así

llegar a una conclusión justiciera. Mun. Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019); IG Builders et al.

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).

Según lo dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, al atender un recurso de

certiorari con el fin de revisar alguna orden o resolución

interlocutoria emitida por el foro de instancia, el Tribunal

de Apelaciones solamente podrá expedir el auto cuando se

recurra de una orden o resolución al amparo de las Reglas

56 y 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57,28

o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

Sin embargo, por excepción, el foro apelativo intermedio

podrá revisar -en lo pertinente- una orden o resolución

28 La Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56, atiende lo relacionado con los remedios provisionales, mientras que la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57, trata lo concerniente a los injunctions. CC-2023-56 29

interlocutoria dictada por el tribunal de instancia cuando

se recurra de la determinación en un caso de relaciones de

familia, entre otros. Íd.

Como vemos, esta regla procesal “reconoce que ciertas

determinaciones interlocutorias pueden afectar

sustancialmente el resultado del pleito o tener efectos

limitativos para la defensa o reclamación de una parte o

conllevar cuestiones neurálgicas o de política pública que

deben estar sujetos a revisión de forma inmediata”.

Hernández Colón, op. cit., Sec. 5515a, pág. 533.

Así pues, la discreción judicial para expedir o no el

auto de certiorari solicitado no ocurre en un vacío ni en

ausencia de unos parámetros. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, pág. 712; IG Builders et al. v. BBVAPR,

supra, pág. 338. En el caso de un recurso de certiorari

ante el foro apelativo intermedio, la discreción está

delimitada por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, la cual establece los

criterios que ese foro debe tomar en cuenta al ejercer su

facultad discrecional. Rivera Figueroa v. Joe’s European

Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Los criterios esbozados en

la mencionada regla son los siguientes:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. CC-2023-56 30

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

Al momento en que el tribunal apelativo intermedio

decide no expedir el auto solicitado, “no asume jurisdicción

sobre el asunto y su denegación nada dispone acerca de los

méritos de lo planteado”. Negrón v. Srio. de Justicia,

154 DPR 79, 93 (2001). Es por esto que cuando ese foro

determina, en su facultad discrecional, no entender en los

méritos de los asuntos que se le presentan, debe ser

sumamente cuidadoso y consciente de la naturaleza de las

controversias que tiene ante su consideración. Mun. de

Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 713.

Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, funge como complemento a la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra. G. Coll Martí y N. Jiménez

Velázquez, Práctica Apelativa, en Perspectivas en la

práctica apelativa: 25 años del Tribunal de Apelaciones de CC-2023-56 31

Puerto Rico, San Juan, Eds. SITUM, 2018, pág. 19. En

resumen, “[l]a Regla 52.1 de Procedimiento Civil es

excluyente, ya que enumera en forma taxativa aquellas

instancias en las cuales [e]l Tribunal de Apelaciones no

acogerá una petición de [c]ertiorari mientras que la Regla

40 es directiva: guía la discreción del Tribunal de

Apelaciones en aquellos asuntos en que sí se permite

entender, pero en los que los jueces ejercerán su

discreción”. Íd., pág. 20.

Veamos, pues, de forma puntual los planteamientos

señalados por ambas partes en sus respectivos escritos.

III

Por un lado, el señor Torres González plantea que el

Tribunal de Apelaciones erró al “confirmar” la Orden del

foro de instancia dirigida a un descubrimiento de prueba en

el que se le ordenó contestar múltiples preguntas del

interrogatorio cursado por la recurrida, so pena de

sanciones impuestas de $50 diarios. Esto, a pesar de que

el peticionario las había objetado oportunamente por

entender que eran de carácter liquidatorio y patrimonial y,

por consiguiente, que no procedían en un caso sencillo y

urgente de divorcio por ruptura irreparable entre cónyuges

con capitulaciones matrimoniales -con régimen de separación

de bienes- y sin hijos en común. Manifiesta que su petición

de divorcio está “secuestrada por un descubrimiento de

prueba atropellante” que ha interpuesto convenientemente la

recurrida y que el tribunal de instancia erróneamente ha CC-2023-56 32

permitido,29 “so color de unas muy genéricas medidas

cautelares solicitadas”.30 Además, enfatiza que todo esto

ha provocado una dilación injustificada y desmedida de la

disolución de su vínculo conyugal con la recurrida.

Por su parte, la señora Zaragoza Meléndez expone que el

propósito del interrogatorio enviado al peticionario “es

poner al Tribunal en condiciones de emitir aquellas medidas

cautelares necesarias para proteger la participación de cada

parte en igualdad de condiciones”.31 Al respecto, indica

que aunque las partes se casaron en el 1998 bajo el régimen

de sociedad legal de gananciales y se divorciaron en el

2000, no se separaron y siguieron viviendo juntos hasta su

segundo matrimonio en el 2001, esta vez bajo el régimen de

separación de bienes. No obstante, expresa que adquirieron

bienes y deudas en común en el transcurso de su relación, a

pesar de lo pactado en las capitulaciones matrimoniales. En

consecuencia, plantea que no existe abuso de discreción,

prejuicio o parcialidad en la decisión del tribunal de

instancia, por lo que el foro apelativo intermedio actuó de

forma correcta al denegar la expedición del recurso.

De esta forma, como mencionamos previamente, la

controversia que nos ocupa se ciñe a determinar si procede

un descubrimiento de prueba con carácter liquidatorio y

29 Solicitud urgente de paralización de los procedimientos ante el TPI en auxilio de jurisdicción, pág. 1. 30 Solicitud de certiorari, pág. 3. 31 Alegato en oposición a expedición de recurso de certiorari, pág. 5. CC-2023-56 33

patrimonial en un caso de divorcio por ruptura irreparable

de un matrimonio que otorgó capitulaciones -con régimen

económico de separación de bienes- y no tiene hijos en común.

A la luz del derecho aplicable y luego de ponderar los

argumentos de ambas partes, procedemos a resolver la

controversia planteada.

IV

Por los fundamentos que esbozaremos a continuación, nos

limitaremos a atender el primer error planteado por el señor

Torres González, ya que éste dispone del recurso. Así pues,

examinados los planteamientos esbozados por ambas partes y

el expediente ante nuestra consideración, resolvemos a favor

del peticionario. Veamos.

Como asunto de umbral, conviene señalar varios puntos

importantes sobre la trayectoria del caso. Primero, este

pasado 18 de marzo de 2023 la petición de divorcio del señor

Torres González cumplió un (1) año desde que se presentó

ante el foro de instancia. Segundo, en varias ocasiones se

han señalado vistas como parte del trámite del caso y éstas

no se han podido celebrar debido a conflictos de calendario

por parte de la representante legal de la señora Zaragoza

Meléndez. Tercero, la vista de medidas cautelares, pautada

para el 14 de octubre de 2022, se dejó sin efecto debido a

que no se tenía un turno posterior según solicitado por la

recurrida. Acto seguido, sin haber celebrado la vista de

medidas cautelares, el tribunal de instancia emitió la Orden

recurrida el 6 de octubre de 2022, en la cual se concedió CC-2023-56 34

un término corto de cinco (5) días para que el peticionario

completara el descubrimiento de prueba.32 Así, en aquella

ocasión la vista de medidas cautelares quedó relegada,

supeditada y suplantada por la mencionada Orden.

Aun cuando en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce

un descubrimiento de prueba amplio y liberal, la realidad

es que bajo las circunstancias particulares de este caso,33

el descubrimiento de prueba debió limitarse a descubrir

aquello pertinente para disponer sobre la procedencia de las

medidas provisionales solicitadas, si alguna. Entonces, de

esa manera, el foro de instancia pudiera proceder -sin mayor

dilación- con la vista de divorcio en sus méritos. Es por

esto que bajo ningún concepto procede el descubrimiento de

prueba con carácter liquidatorio y patrimonial que pretende

la recurrida a través del interrogatorio de cien (100)

preguntas dirigido al peticionario, y que el tribunal de

instancia validó al ordenar que se contestara en el término

32 Es importante señalar que en su Solicitud urgente de paralización de los procedimientos ante el TPI en auxilio de jurisdicción, el señor Torres González incluyó como anejo una Orden emitida por el TPI el 11 de enero de 2023 y notificada el 12 de enero de 2023, en respuesta a la Solicitud de reconsideración y para que se establezca calendario de descubrimiento de prueba. Esta Orden expresa lo siguiente: “Sin lugar. No le asiste la razón por lo que reiteramos lo ordenado. En la medida en que no se cumpla con el descubrimiento de lo requerido, se continuarán acumulando las sanciones impuestas de $50.00 diarios según establecido. Para evitar mayores sanciones, deberá cumplir inmediatamente con el descubrimiento de lo requerido”. Orden, Apéndice de la Solicitud urgente de paralización de los procedimientos ante el TPI en auxilio de jurisdicción, Anejo 2. 33 Entiéndase, que se presentó una petición de divorcio por ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial; las partes otorgaron capitulaciones matrimoniales previo a su enlace conyugal y acordaron el régimen de separación de bienes; no procrearon hijos en común y, sobre todo, que ambos coinciden en que los nexos de convivencia matrimonial se han roto irreparablemente y no existe posibilidad de una reconciliación. CC-2023-56 35

de cinco (5) días -según la Orden recurrida del 6 de octubre

de 2022- y así reiterarlo en sus órdenes del 7 de diciembre

de 2022 y el 11 de enero de 2023. Al así actuar, concluimos

que el foro de instancia abusó de su discreción.

Claramente, ese tipo de interrogatorio resulta excesivo

y oneroso en un proceso de divorcio por ruptura irreparable

como el de este caso. De hecho, es incompatible con la

finalidad del proceso mismo e incide con el postulado de

nuestro ordenamiento procesal civil que busca garantizar una

solución justa, rápida y económica de todo procedimiento.34

En la etapa en que se encuentra el caso, no procede el

descubrimiento de prueba de carácter liquidatorio y

patrimonial solicitado por la señora Zaragoza Meléndez.

Conforme a nuestra jurisprudencia, ese tipo de

descubrimiento sí pudiera proceder en una acción civil

separada e independiente para atender los asuntos relativos

al régimen económico habido entre las partes y allí se

atenderán las alegaciones esbozadas por la recurrida en

cuanto a la adquisición de bienes y deudas en común. Esto

es, ello se ventilará en un litigio post-divorcio.

De ninguna forma nuestro sistema judicial puede permitir

que una parte -con sus acciones u omisiones- mantenga en

vilo un proceso judicial, en este caso un procedimiento de

divorcio por ruptura irreparable. Por el contrario, el

tribunal viene llamado a atender el asunto de forma

34 Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, supra. CC-2023-56 36

eficiente y con prontitud. Ante ello, es fundamental

respetar la naturaleza del proceso del que se trata y, como

mencionamos, asegurar la solución justa, rápida y económica

de todo procedimiento.

Como ya indicamos, después de la sentencia de divorcio,

el tribunal podría retener jurisdicción sobre las medidas

provisionales tomadas, si alguna, hasta que se adjudiquen

finalmente todas las controversias sobre la liquidación del

régimen económico del matrimonio de conformidad con el Art.

459 del Código Civil de 2020, supra. En cuanto a las medidas

provisionales, conviene apuntalar que el Art. 444 del Código

Civil de 2020, supra, dispone que las partes pueden acordar

sobre éstas y el tribunal de instancia las podrá adoptar o

modificar en cualquier etapa del proceso. En caso de que,

dentro de un plazo prudente, las partes no logren llegar a

unos acuerdos sobre las medidas provisionales, entonces el

foro de instancia tiene un instrumento muy útil: el Art. 445

del Código Civil de 2020, supra, el cual le permitirá

establecer sumariamente las medidas más urgentes y

necesarias.

Por todo lo anterior, al aplicar la normativa expuesta

al presente caso, concluimos que erró el Tribunal de

Apelaciones al negarse a expedir el recurso de certiorari

que le fuera presentado, al igual que erró y abusó de su

discreción el foro de instancia al ordenar -so pena de

sanciones- que se contestaran múltiples preguntas de un

interrogatorio con carácter liquidatorio y patrimonial como CC-2023-56 37

parte del descubrimiento de prueba cursado por la recurrida

y validado por el tribunal de instancia. Así pues, en casos

como el presente, nos reafirmamos a favor de un

procedimiento de divorcio encaminado a una resolución justa,

rápida y eficiente en nuestro sistema judicial, máxime

cuando las partes evidentemente no interesan continuar su

vínculo matrimonial. Así y sólo así validaremos la

expresión de que “las cortes deben ser instrumento de ayuda

y no arena de combate”.35

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, así como en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, procedía,

pues, la expedición del auto de certiorari solicitado por

el peticionario al foro apelativo intermedio. Por

consiguiente, se cometió el error señalado y aquí

discutido.36

V

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la

Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 28 de

noviembre de 2022, así como la Orden dictada por el Tribunal

de Primera Instancia el 6 de octubre de 2022. En

consecuencia, devolvemos el caso al foro de instancia y

ordenamos la celebración inmediata de una vista para que se

determine -con la prueba descubierta y disponible hasta el

35 Véase nota al calce 1. 36 Recuérdese que el señor Torres González incluyó dos (2) señalamientos de error en su Solicitud de certiorari, mas sólo atendimos el primer error planteado debido a que éste dispone del recurso. CC-2023-56 38

momento- si procede alguna de las medidas provisionales

solicitadas por la recurrida y celebre en esa misma fecha

la vista de divorcio correspondiente.37

Se dictará Sentencia en conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado

37 Es importante mencionar sobre aquellas medidas provisionales que así procedan, que el foro de instancia podrá hacerlas formar parte de la sentencia de divorcio que emita, de existir las circunstancias para ello. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Antonio Torres González Certiorari Peticionario

v. CC-2023-56

Arlean Zaragoza Meléndez

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, expedimos el recurso de certiorari solicitado sin trámite ulterior en conformidad con la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, y revocamos la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 28 de noviembre de 2022, así como la Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 6 de octubre de 2022. En consecuencia, devolvemos el caso al foro de instancia y ordenamos la celebración inmediata de una vista para que se determine -con la prueba descubierta y disponible hasta el momento- si procede alguna de las medidas provisionales solicitadas por la Sra. Arlean Zaragoza Meléndez y celebre en esa misma fecha la vista de divorcio correspondiente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo