EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Raúl E. Casasnovas Balado, et al
Recurrido
v. Certiorari
UBS Financial Services, Inc, et 2017 TSPR 164 al 198 ____ Peticionarios
Puerto Rico Fixed Income Fund, Inc. et al
Peticionarios
Número del Caso: CC-2017-427
Fecha: 23 de agosto de 2017
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de San Juan
Abogados de los peticionarios:
Lcdo. Salvador Antonetti Stutts Lcdo. Guillermo Bobonis González Lcdo. Enrique Figueroa Llinas Lcdo. Ubaldo Fernández Barrera Lcdo. Mauricio Muñiz Luciano Lcda. Sylvia Arizmendi López de Victoria Lcdo. Rafael Escalera Rodríguez Lcda. Alicia Vergne Ramirez Lcdo. José Sánchez Castro Lcdo. Gustavo Adolfo Pabón Rico
Abogados de los recurridos:
Lcda. Verónica Irizarry Báez Lcdo. Francisco Pujol Meneses Lcdo. Harold Vicente González Lcdo. Harold Vicente Colón Lcda. Francis C. Healy Lcda. Emily Komlossy Lcdo. Ross Appe Lcdo. Mark Gardy Lcda. Meagan Farmer CC-2017-0427 2
Abogado del Amigo de la Corte:
Lcdo. Carlos Díaz Olivo
Materia: Derecho Corporativo y Probatorio: Incorporación de criterios, conforme a la doctrina de Garner, para determinar si procede la excepción fiduciaria al privilegio abogado-cliente en el contexto de una relación accionista-corporación.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Raúl E. Casasnovas Balado et al.
Recurridos
v.
UBS Financial Services, CC-2017-0427 Certiorari Inc. et al.
Puerto Rico Fixed Income Fund, Inc. et al.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FELIBERTI CINTRÓN
(Regla 50)
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2017.
El presente caso nos brinda la oportunidad de atender,
por primera vez en nuestra jurisdicción, una situación
particular de derecho probatorio en el contexto de una acción
derivativa. En específico, debemos determinar si procede
incorporar en nuestro ordenamiento jurídico la doctrina
establecida en Garner v. Wolfinbarger, infra. Para ello,
tomamos en consideración que una corporación con fines de
lucro tiene un deber de fiducia frente a sus accionistas y
que éstos son los últimos beneficiarios de las gestiones de
este tipo de entidad jurídica.1 Además, tenemos presente que
el caso ante nos involucra a varias corporaciones que tienen
sus respectivos accionistas y, en ocasiones, representantes
1 Para un mejor entendimiento de lo que conlleva una acción derivativa y el deber de fiducia, véanse Multinational Ins. v. Benítez y otros, 193 DPR 67 (2015) y Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38 (2015). CC-2017-0427 2
legales distintos. Por lo tanto, estos privilegios le pueden
pertenecer a grupos de accionistas diferentes. Para poder
atender adecuadamente este asunto, debemos dirigir nuestra
mirada al estado de Delaware, de donde surge, en gran medida,
nuestro derecho corporativo y donde ya se ha atendido este
tipo de controversia.2 Por los fundamentos que exponemos a
continuación, acogemos la doctrina, tomando en consideración
las particularidades del presente caso.
I
El caso de epígrafe fue instado por nueve (9)
accionistas (parte recurrida)3 de varias corporaciones de
fondos mutuos, en contra de UBS Financial Services, Inc.
(UBS), diversas entidades afiliadas a UBS, los propios fondos
y sus respectivos directores y exdirectores, entre otros (en
conjunto, parte peticionaria). La reclamación fue catalogada
como una acción derivativa en beneficio de los referidos
fondos. La parte recurrida alegó, entre otras cosas, que la
parte peticionaria violó sus deberes de fiducia y de buena fe
al crear un esquema ultra vires para defraudar a los
accionistas de los fondos.
El 7 de abril de 2016, el Tribunal de Primera Instancia
emitió un dictamen en el que aprobó una Orden de
Confidencialidad con el propósito de prohibirle a la parte
recurrida la divulgación de secretos de negocios a terceros.
2 Véase Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra; Lloréns et al. v. Arribas et al., 184 DPR 32 (2011). 3 Durante el pleito, algunos demandantes desistieron de su reclamación, por lo que la parte recurrida quedó compuesta por Doris López García; Reynaldo Quintana Latorre; Manuel Porro como Síndico del Plan de Retiro Manuel Porro; Romualdo Rivera; Tonos Aurimir Arocho; Manuel Martínez Umpierre; Glafira Porro Vizcarra; Blanca M. Ortega Torres y el Fideicomiso Punta Gorda. CC-2017-0427 3
Ello promovió que se intercambiara información de manera
liberal, rápida y efectiva entre las partes, en consideración
al gran volumen de documentos que se espera se produzcan en
el trámite del presente pleito.
Tras atender varias mociones sobre el descubrimiento de
prueba, el 17 de junio de 2016, el foro primario ordenó que
no se entregaran documentos con tachaduras. La parte
peticionaria solicitó la reconsideración de dicha orden
debido a que las tachaduras tenían el propósito de proteger
información confidencial, el privilegio abogado-cliente y el
producto del trabajo de los abogados. Explicó que se produjo
una bitácora de privilegios sobre los documentos en cuestión.
La parte recurrida se opuso y argumentó que los documentos no
eran privilegiados y que la bitácora de privilegios sometida
por UBS era insuficiente o defectuosa. La parte peticionaria
presentó una réplica en la que suplicó que se ordenara a los
litigantes a realizar esfuerzos razonables y de buena fe para
resolver la controversia, conforme a la Regla 34.1 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010), previo a acudir al
tribunal respecto a la misma, de ser necesario.
Así las cosas, el 26 de agosto de 2016, la parte
recurrida sometió una moción urgente en la que argumentó que
la doctrina de Garner provee una excepción al privilegio
abogado-cliente en las acciones derivativas por razón del
deber de fiducia que las corporaciones tienen con sus
accionistas.4 Informó, además, que las partes se reunieron
4 En Garner v. Wolfinbarger, 430 F.2d 1093 (5to Cir. 1970), se creó una excepción al privilegio abogado-cliente en acciones derivativas por razón del CC-2017-0427 4
para resolver asuntos de descubrimiento de prueba, pero que
la reunión no fue productiva debido a que concluyeron que
existía una controversia de derecho sobre la aplicabilidad de
la doctrina de Garner que debía ser resuelta por el
tribunal.5 La parte peticionaria presentó su oposición en la
que señaló que, durante la referida reunión, intentó resolver
las controversias sobre la bitácora y los documentos en
controversia, pero que la parte recurrida se negó amparada en
la doctrina de Garner.
Por otro lado, el 8 de septiembre de 2016, la parte
recurrida sometió una moción suplementaria en la que informó
que uno de los representantes legales de UBS, el Lcdo. Paul
J. Lockwood, fue amonestado por un tribunal de Delaware por
producir una bitácora de privilegios defectuosa, por lo que
dicho foro determinó que la parte renunció a los privilegios
reclamados y, como sanción, se ordenó la producción de todos
los documentos en disputa.6 Afirmó que el licenciado
Lockwood utilizó el mismo tipo de bitácora en el caso de
marras y, consecuentemente, sostuvo que debe determinarse que
UBS no alegó cabalmente el privilegio abogado-cliente.7 La
parte peticionaria se opuso, entre otras cosas, a la
____________________________________________________ deber de fiducia que tienen los directores de una corporación para con sus accionistas. Para aplicar dicha doctrina, los accionistas deben demostrar que tienen causa suficiente (good cause) para descubrir esa información privilegiada. 5 Ambas partes entienden que la doctrina de Garner podría ser acogida en nuestra jurisdicción. Sin embargo, la parte peticionaria disputó su aplicación al presente pleito debido a que la parte recurrida no acreditó justa causa, necesidad sustancial ni los demás indicadores establecidos bajo la doctrina. 6 Véase Klig v. Deloitte LLP, C.A. Núm. 4993-VLC (Del. Ch. 2010). En dicho caso, un foro primario de Delaware tuvo ante sí una bitácora de privilegios con descripciones genéricas o repetitivas sobre la materia privilegiada. 7 Señaló, además, que no se debía permitir suplementar las bitácoras en esa etapa de los procedimientos. CC-2017-0427 5
aplicación de este enfoque (tipo blanket waiver) utilizado
por un foro primario en Delaware.
El 15 de noviembre de 2016, el Tribunal de Primera
Instancia le ordenó a la parte peticionaria someter una copia
de los documentos en cuestión en sobres sellados para ser
examinados en cámara. Ésta compareció en cumplimiento con
dicha orden.8 El 16 de diciembre de 2016, dicho foro celebró
una vista en la que manifestó que determinaría cuáles
documentos debían ser protegidos. A su vez, las partes
expusieron sus respectivas posturas en cuanto a la doctrina
de Garner.9
El 20 de diciembre de 2016, el foro primario emitió una
Resolución y Orden en la que dispuso del asunto probatorio
ante su consideración. Determinó que, por razón del deber de
fiducia impuesto por ley a UBS,10 no procede invocar el
privilegio abogado-cliente frente a los fondos y sus
accionistas.11 Al acoger y aplicar la doctrina de Garner,
señaló que la información solicitada no puede ser obtenida de
otra fuente que no sea la propia parte peticionaria y que
esta información es determinante para que la parte recurrida
tenga la oportunidad de probar sus alegaciones, por lo que el
8 Nótese que el Tribunal de Primera Instancia tuvo ante sí todos los documentos en controversia, por lo que no dependió exclusivamente de la bitácora de privilegios. 9 Ahora bien, de los autos no surge que se haya discutido en detalle sobre los indicadores o indicia que requiere la doctrina de Garner. 10 Según fundamentó el foro primario, este deber fiduciario surge del Reglamento 6078 de la Ley Uniforme de Valores, Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, Sec. 25.1. 11 Razonó que, debido al deber de fiducia de UBS, los accionistas son los verdaderos clientes y beneficiarios de la asesoría legal recibida por la parte peticionaria. CC-2017-0427 6
privilegio invocado en este caso violenta el acceso adecuado
a la justicia. Además, el Tribunal de Primera Instancia
indicó que le correspondía a UBS demostrar la existencia de
los privilegios reclamados, los cuales se deben interpretar
restrictivamente. En esa línea, determinó que las listas y
bitácoras sometidas por la parte peticionaria no fueron
útiles debido a que no describían con suficiente precisión o
particularidad la razón específica del privilegio reclamado.
Por lo tanto, ordenó la producción de los documentos en
controversia.
El 9 de enero de 2017, la parte peticionaria presentó
una moción de reconsideración en la que argumentó, entre
otros asuntos, que el tribunal debía evaluar cada documento
en particular para determinar si existía causa suficiente
(good cause) para exceptuar el privilegio. También alegó que
ninguno de los recurridos era accionista de UBS, por lo que
no se debe aplicar la doctrina de Garner en este caso.
Además, argumentó que dicha doctrina no se debe extender al
privilegio del producto del trabajo del abogado. Finalmente,
insistió en que la bitácora en cuestión era adecuada. No
obstante, el foro primario proveyó No Ha Lugar a la solicitud
de reconsideración.
Inconforme, la parte peticionaria recurrió ante el
Tribunal de Apelaciones y objetó la aplicación de la doctrina
de Garner en nuestra jurisdicción, así como el alcance de la
misma en el contexto de este litigio. En particular, señaló
que el foro primario erró al aplicar liberalmente la
doctrina, en lugar de evaluar, restrictivamente, los CC-2017-0427 7
indicadores o la indicia de causa suficiente (good cause)
establecidos jurisprudencialmente. También alegó que el
Tribunal de Primera Instancia erró al extender la doctrina de
Garner al privilegio del producto del trabajo del abogado.
Finalmente, argumentó que la bitácora aquí envuelta era
adecuada y suficiente para reclamar los privilegios en
cuestión y que, en la alternativa, se le debió conceder una
oportunidad para suplementarla.
El 15 de marzo de 2017, el foro apelativo intermedio
dictó una Sentencia confirmatoria. En primer lugar, aclaró
que UBS consintió a la aplicación de la doctrina de Garner en
nuestra jurisdicción. En segundo lugar, evaluó los
indicadores o la indicia de la doctrina para concluir que
procede la producción de los documentos. Para ello, tomó en
consideración la naturaleza de la reclamación, la relación
fiduciaria entre las partes, la alegada malversación de los
fondos y de las inversiones efectuadas por UBS, la necesidad
de la información para probar las alegaciones de la Demanda
Enmendada,12 el hecho de que la información estaba en el
poder exclusivo de la parte peticionaria, que no estamos ante
una expedición de pesca y que cualquier secreto de negocios
estaba debidamente protegido por la Orden de
Confidencialidad. Además, puntualizó que en la Demanda
Enmendada se alegó que el descubrimiento de prueba
demostraría que UBS actuó como alter ego en sus relaciones
12 El foro apelativo intermedio no albergó duda de que la información en cuestión era pertinente para probar las alegaciones de la parte recurrida. No obstante, la parte peticionaria alegó ante nos que los foros recurridos no evaluaron los documentos individualmente, sino en forma general. CC-2017-0427 8
financieras en Puerto Rico para inducir a la parte recurrida
a comprar acciones de los fondos y evitar que las vendieran.
En fin, concluyó que se cumplió con los criterios de
necesidad y especificidad de la doctrina de Garner y que su
aplicación en el presente caso era razonable.
El Tribunal de Apelaciones consideró que la doctrina de
Garner “es una herramienta necesaria y de gran utilidad para
promover y garantizar la eficiencia y sana administración de
la justicia en esto[s] tipos de casos”. En esa línea,
determinó que era justo que la parte recurrida tuviera acceso
a las asesorías recibidas por la parte peticionaria “en
cuanto se relacionen con las inversiones de los Fondos y la
información que se le ofrecía a los accionistas para
retenerlos como accionistas y venderles otros instrumentos de
inversión”. (Énfasis nuestro).
Por otro lado, el foro apelativo intermedio coincidió
con el Tribunal de Primera Instancia en cuanto a que la
bitácora de privilegios provista por la parte peticionaria no
fue útil para evaluar la existencia de los mismos. Además,
tras examinar varios de los documentos en controversia, el
Tribunal de Apelaciones determinó que éstos no son
privilegiados. En cuanto al privilegio del producto del
trabajo del abogado, el Tribunal de Apelaciones concluyó que
la bitácora no contiene documentos relacionados con la
asesoría legal o impresiones mentales de abogados sobre las
estrategias de un litigio.
Inconforme, el 22 de mayo de 2017, la parte peticionaria
presentó ante nos el recurso de referencia y señaló que el CC-2017-0427 9
Tribunal de Apelaciones erró al: 1) adoptar la doctrina de
Garner ampliamente, al exigir el descubrimiento de todos los
documentos pertinentes a alegaciones de violaciones a deberes
de fiducia;13 2) extender la doctrina de Garner al privilegio
del producto del trabajo del abogado a pesar de que la
bitácora especificaba que ciertos documentos contenían
impresiones mentales de su representación legal; 3) realizar
un análisis superficial y generalizado en cuanto a la
necesidad de obtener cada documento en particular y la
indisponibilidad de la información en otras fuentes; 4)
extender la doctrina de Garner a documentos relacionados a
intereses independientes de UBS que no están relacionados a
los fondos, y 5) violar el derecho constitucional de la parte
peticionaria al debido proceso de ley y a obtener
asesoramiento legal. En síntesis, consideró que la doctrina
en cuestión debe aplicarse de forma muy restrictiva, de
conformidad a la jurisprudencia de otras jurisdicciones.
Ese mismo día, la parte peticionaria solicitó
autorización para someter ciertos documentos en un sobre
sellado para inspección en cámara, con el propósito de
salvaguardar la confidencialidad y el carácter privilegiado
de los mismos.14
El 1 de junio de 2017, la parte recurrida sometió su
Oposición a Expedición del Auto. Explicó que UBS es quien
posee y retiene la prueba necesaria para demostrar las
13 En cuanto al primer señalamiento de error, la parte peticionaria esbozó que se limita a solicitar que se expida el recurso para definir el alcance apropiado de la excepción fiduciaria en Puerto Rico, de manera que haya un equilibrio adecuado entre los intereses involucrados. 14 El sobre contiene 8 de los cerca de 10,000 documentos en disputa. CC-2017-0427 10
alegaciones de la Demanda Enmendada y que, al descubrirse la
misma, el litigio se resolvería. Afirmó que los foros
recurridos realizaron un profundo, meticuloso y bien razonado
análisis y tomaron medidas apropiadas para proteger la
confidencialidad de la información solicitada. Aclaró que
los indicadores o la indicia de la doctrina de Garner fue
utilizada por los foros recurridos y contribuyeron a
determinar que había causa suficiente (good cause) para
divulgar la información. Por lo cual, entendió que no era
necesario analizar los documentos individualmente. Reiteró,
además, que la bitácora aquí envuelta es deficiente, ya que
no justifica la retención de la información y que,
consecuentemente, se renunció a los privilegios en
cuestión.15 En cuanto al privilegio del producto del trabajo
del abogado, argumentó que, para que proceda, tiene que
tratarse de asesoría legal durante o en anticipación a un
litigio y no en el curso ordinario de los negocios. Por otro
lado, señaló que la parte peticionaria alegó, por primera vez
en alzada, una nueva teoría legal de índole
constitucional. De todas formas, argumentó que el privilegio
abogado-cliente no es de índole constitucional.
El 14 de junio de 2017, compareció la U.S. Chamber of
Commerce (USCC) y solicitó autorización para presentar un
15 Aclaramos que la parte peticionaria estuvo dispuesta a resolver la controversia sobre el descubrimiento de prueba, conforme lo requiere la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010), y a proveer una bitácora suplementaria. Además, sometió ante los foros recurridos toda la documentación en disputa para un examen en cámara. Por lo cual, adelantamos que no renunció al privilegio reclamado. CC-2017-0427 11
alegato en calidad de amicus curiae.16 Propuso presentar su
insumo e inquietudes en torno a la adopción de la doctrina de
Garner en Puerto Rico, alegando que esto podría acarrear
graves consecuencias para la economía del país.17 En su
escrito, la USCC aclaró que un fondo mutuo no es una
corporación tradicional y, por lo tanto, merece
consideraciones particulares. Indicó que un fondo mutuo se
caracteriza por la separación que existe entre éste y la
compañía que lo administra y lo que los ata es una relación
contractual.18 Argumentó que, debido a su estructura
particular, se debe evaluar si los directores y oficiales de
la compañía de administración tienen deberes fiduciarios
hacia los accionistas de los fondos mutuos. Señaló que,
aunque la compañía de administración tiene un deber
fiduciario de administrar el fondo mutuo con responsabilidad
y diligencia, esta obligación no puede extenderse
irreflexivamente a sus accionistas. Opinó que, al no
tratarse de una entidad corporativa típica, la controversia
sobre el descubrimiento de prueba en el presente pleito no
puede manejarse en el contexto de una acción derivativa y,
consecuentemente, no debe aplicarse la doctrina de Garner al
16 Posteriormente, el U.S. Chamber of Commerce (USCC) compareció, mediante la Moción Informativa en Torno a Notificación, para certificar que había remitido una copia de su escrito a todas las partes del pleito. 17 Resaltó que la doctrina de Garner no goza de aceptación uniforme en las distintas jurisdicciones de los Estados Unidos y que su aplicación es una limitada o estricta y supeditada al establecimiento de causa suficiente (good cause). En todo caso, argumentó que esta doctrina es inaplicable cuando no existe un mutuality of interest entre las partes al momento en que se efectúa la comunicación en disputa. Véase In re Fuqua Indus., Inc., C.A. Núm. 11974 (Del. Ch. 2002). 18 Indicó que los accionistas de los fondos mutuos no son accionistas de UBS y los representantes legales de la compañía de administración no son, necesariamente, abogados de los fondos mutuos. CC-2017-0427 12
mismo.19 Afirmó que ordenar un descubrimiento de prueba
indiscriminado atenta contra la existencia de otros fondos
mutuos que no forman parte del presente pleito y, a su vez,
podría desestabilizar y desarticular este tipo de instrumento
de inversión.
El 23 de junio de 2017, la parte recurrida presentó el
Plaintiffs’ Memorandum of Law in Opposition to the Motion to
File an Amicus Brief by the U.S. Chamber of Commerce en el
que propuso que se descartara el análisis de la USCC porque
se basó en casos o circunstancias en los que aplicaba el
Investment Company Act de 1940, mientras que a los fondos
mutuos que forman parte del presente pleito no les aplica
dicha legislación.20 Además, argumentó que debe verse con
sospecha el que el CEO de la compañía matriz de UBS, el
Sr. Sergio P. Ermotti, es también el chairman y presidente
del Swiss-American Chamber of Commerce, entidad relacionada
al USCC. Indicó además que la diferencia entre una
corporación tradicional y un fondo mutuo es insignificante y
que procede la aplicación de la doctrina de Garner en el
presente caso por la manera complicada en que las entidades
de UBS están estructuradas y son operadas. En esa línea,
citó el caso de Kenny v. Pac. Inv. Mgmt. Co. LLC, infra, para
sostener que UBS tiene un deber fiduciario con los
accionistas de los Fondos y que, por ello, procede la
19 La USCC añadió que las decisiones en Garner v. Wolfinbarger, supra, y Wal- Mart Stores, Inc. v. Indiana Elec. Workers Pension Trust Fund IBEW, 95 A.3d 1264 (Del. 2014), no involucraban fondos mutuos ni sus compañías de administración, sino a corporaciones clásicas. 20 Este escrito fue redactado en inglés y fue sometido conjuntamente con una copia traducida al español. CC-2017-0427 13
divulgación de las comunicaciones entre abogado-cliente en
disputa. Concluyó que esto redundaría en una mayor
transparencia y responsabilidad por parte de los
administradores de fondos mutuos y promovería la confianza de
los inversionistas en este mercado puertorriqueño. Por lo
cual, solicitó que se denegara la solicitud de amicus curiae
de la USCC.21
El 27 de junio de 2017, la USCC presentó una Urgente
Moción Aclaratoria y Reiteración de Solicitud al Amparo de la
Regla 43 del Tribunal Supremo para Comparecer en Calidad de
Amicus Curi[a]e en la que rechazó toda imputación de
irregularidad o motivo avieso para su intervención en este
ligitio. Aclaró que, en ningún momento, argumentó que el
Investment Company Act de 1940 aplicaba a los fondos mutuos
organizados en Puerto Rico y que su petición no descansaba en
dicha proposición. Además, indicó que, en nuestra
jurisdicción, los privilegios son creados por el Tribunal
Supremo, pero que se tienen que referir a la Asamblea
Legislativa para su posterior consideración, modificación o
adopción. Por lo cual, expuso que, para mantener una
adecuada separación de poderes, este Foro debe abstenerse de
adoptar jurisprudencialmente una excepción al privilegio
abogado-cliente.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes y de
la USCC como amicus curiae, expedimos el auto de certiorari
21 La parte recurrida sometió una Moción Explicativa y el Memorando de Derecho de los Demandantes en Oposición… y nos aclaró que este último es una traducción al español del discutido Plaintiffs’ Memorandum of Law in Opposition… y que, cualquier discrepancia entre estos, se debe resolver utilizando el escrito en inglés. CC-2017-0427 14
solicitado y atendemos el recurso de epígrafe sin trámite
ulterior conforme a la Regla 50 del Reglamento de este
Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B (2012). Veamos.
II
A. Descubrimiento de Prueba
La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V
(Supl. 2015), establece los parámetros del descubrimiento de
prueba en los casos civiles. En particular, el inciso
23.1(a) de dicha regla le permite a las partes solicitar el
descubrimiento “sobre cualquier materia, no privilegiada, que
sea pertinente al asunto en controversia en el pleito
pendiente[…]”. Así pues, el alcance del descubrimiento es
amplio y liberal. Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR
962 (2009).
En varias ocasiones hemos reiterado que en nuestro
sistema de justicia impera “[…]un esquema de descubrimiento
de prueba extrajudicial que fomenta una mayor flexibilidad y
cooperación entre las partes.” Vincenti v. Saldaña, 157 DPR
37, 54 (2002); Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR
158, 167 (2001), citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de
Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I,
pág. 468. Por su parte, la Regla 34.1 de Procedimiento
Civil, supra, dispone que, para poder acudir al tribunal para
que se ordene descubrir prueba, la parte promovente deberá
incluir una certificación que indique, en forma
particularizada, que realizó esfuerzos razonables, con
prontitud y de buena fe para tratar de llegar a un acuerdo
con la representación legal de la parte adversa para resolver CC-2017-0427 15
los asuntos probatorios en controversia y que éstos
resultaron infructuosos.
B. Privilegio Abogado-Cliente
El propósito de los privilegios evidenciarios es
“adelantar valores e intereses sociales que por
consideraciones de política pública se estiman superiores a
la búsqueda de la verdad”. Pueblo v. Fernández Rodríguez,
183 DPR 770, 784 (2011), citando a E.L. Chiesa Aponte,
Tratado de Derecho Probatorio, San Juan, Pubs. JTS, 2005,
T. I, pág. 169. Uno de estos privilegios es el de abogado-
cliente establecido en la Regla 503 de Evidencia, 32 LPRA Ap.
VI (2010). En particular, el inciso (b) de esta regla
dispone que el cliente tiene el privilegio de rehusar revelar
y de impedir que otra persona revele una comunicación
confidencial entre ésta y su abogado realizada en el curso de
procurar asistencia legal. Conforme al inciso (a)(4) de la
referida regla, esta comunicación protegida es aquella habida
“en relación con alguna gestión profesional, basada en la
confianza de que no será divulgada a terceras personas, salvo
a aquéllas que sea necesario para llevar a efecto los
propósitos de la comunicación”. Íd. Este privilegio tiene
como fin garantizar la confidencialidad de las consultas a un
abogado de manera que se promueva una ayuda legal efectiva.
Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509 (2013).
El peso de probar un privilegio lo tiene la parte que
alega o reclama su existencia. Pagán et al. v. First CC-2017-0427 16
Hospital, supra.22 Así pues, le corresponde establecer prima
facie que concurren los elementos necesarios para su
aplicación. Pagán et al. v. First Hospital, supra. Para
ello, se exige que se demuestre: que hay expectativa de
confidencialidad; que ésta es un elemento esencial para
mantener la relación entre las partes; que la comunidad
promueve o reconoce este tipo de relación, y que el perjuicio
ocasionado por la divulgación de la comunicación supera el
beneficio de divulgarla. Pueblo v. Fernández Rodríguez,
supra. Finalmente, la Regla 518 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI
(2010), establece que la determinación sobre la existencia de
los privilegios se hará con una interpretación restrictiva,
excepto aquellos de rango constitucional.
C. Privilegio del Producto del Trabajo del Abogado
La Regla 505 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI (2010),
establece el privilegio para el producto del trabajo de un
abogado, consultor, fiador, asegurador, o agente, preparado u
obtenido “en anticipación de, o como parte de una
investigación o procedimiento civil, administrativo o penal”.
El producto del trabajo o la labor del abogado (work
product):
[…] consiste de esa información que [el abogado] ha reunido y las impresiones mentales, teorías legales y estrategias que él persigue o ha adoptado, derivadas de entrevistas, declaraciones, memorándum, correspondencia, resúmenes, investigaciones de hechos o de derecho, creencias personales y otros medios tangibles o intangibles. Ades v. Zalman, 115 DPR 514, 525 n.3 (1984),
22 Véase, además, Ponce Advance Med. Grp. Network, Inc. v. Santiago González, 2017 TSPR 54, 197 DPR ___ (2017). CC-2017-0427 17
citando a State ex rel. Dudek v. Circuit Court for Milwaukee County, 150 N.W.2d 387 (1967).23
D. Doctrina de Garner
Debido a que en nuestra jurisdicción no existe un
precedente aplicable a la controversia de marras, los foros
recurridos resolvieron la misma basados en la excepción de
fiducia establecida en el caso de Garner v. Wolfinbarger, 430
F.2d 1093 (5to Cir. 1970), mejor conocida como la doctrina de
Garner. En dicho caso, la Corte de Apelaciones Federal para
el Quinto Circuito tuvo ante sí una controversia de
descubrimiento de prueba sobre el privilegio abogado-cliente
en el contexto de una acción derivativa.
En particular, debía determinarse si una corporación
tiene un derecho absoluto al privilegio abogado-cliente o si,
en cambio, éste puede ceder ante un reclamo de los
accionistas. El referido foro optó por una alternativa que
armoniza estas dos opciones. Concluyó que, aunque el
privilegio abogado-cliente puede ser invocado por las
corporaciones frente a sus accionistas, estos últimos pueden
mostrar causa por la cual deben obtener información
privilegiada en una acción derivativa en la cual se reclaman
actuaciones contrarias a los intereses de los accionistas.
Íd.
Para determinar si existe causa justificada (good cause)
se deben considerar varios indicadores (indicia). Íd. Entre
estos factores, el tribunal puede evaluar:
23 Véase, además, S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322 (2010). CC-2017-0427 18
[…] the number of shareholders and the percentage of stock they represent; the bona fides of the shareholders; the nature of the shareholders’ claim and whether it is obviously colorable; the apparent necessity or desirability of the shareholders having the information and the availability of it from other sources; whether, if the shareholders’ claim is of wrongful action by the corporation, it is of action criminal, or illegal but not criminal, or of doubtful legality; whether the communication related to past or to prospective actions; whether the communication is of advice concerning the litigation itself; the extent to which the communication is identified versus the extent to which the shareholders are blindly fishing; the risk of revelation of trade secrets or other information in whose confidentiality the corporation has an interest for independent reasons. Garner v. Wolfinbarger, supra, pág. 1104.
En el proceso, el tribunal puede utilizar la inspección
en cámara y las órdenes protectoras para preservar la
confidencialidad de los documentos. Íd. Se debe tener
presente que pueden darse situaciones en las que la
corporación, su gerencia o ambas tengan intereses adversos a
los de alguno o todos los accionistas. Íd. No obstante, es
medular tener en consideración que los accionistas de una
corporación son los últimos beneficiarios del privilegio
abogado-cliente y que la corporación le responde a éstos.24
Íd. Entonces, las decisiones o el juicio profesional de la
gerencia no deben quedar cubiertas por un velo de
secretividad absoluta. Íd.
Eventualmente, esta doctrina fue acogida por el Tribunal
Supremo de Delaware en Wal-Mart Stores, Inc. v. Indiana Elec.
Workers Pension Trust Fund IBEW, 95 A.3d 1264 (Del. 2014).
Dicho pleito también se presentó como una acción derivativa
24 El caso de Garner v. Wolfinbarger, supra, al citar dos casos de Inglaterra, afirmó que la relación entre una corporación y sus accionistas podría ser análoga a la relación entre un fiduciario y los beneficiarios del fideicomiso. CC-2017-0427 19
en la cual la corporación reclamó el privilegio abogado-
cliente. Íd. El foro de última instancia de Delaware
explicó que la doctrina de Garner le permite a los
accionistas, previa demostración de causa suficiente (good
cause), invadir el privilegio abogado-cliente de su
corporación para demostrar violaciones al deber de fiducia
por parte de aquellos que controlan la corporación. Íd.
Ahora bien, enunció que, debido al interés público que
promueve el privilegio abogado-cliente en la administración
de la justicia y en el balance de intereses, la excepción
fiduciaria de Garner debe aplicarse de forma restrictiva, de
forma tal que sea difícil de cumplir. Íd.
En cuanto al indicador de necesidad de la información y
la indisponibilidad en otras fuentes establecido en la
doctrina de Garner, el Tribunal Supremo de Delaware explicó
que el foro primario encontró que los documentos solicitados
iban a la médula de la controversia y que había prueba en el
récord que apuntaba a que la corporación demandada incurrió
en ciertas conductas cuestionables que, para que ocurrieran,
era necesaria la asistencia de abogados. Íd.
Aunque el pleito de epígrafe versa sobre un asunto de
derecho probatorio, está enmarcado en el ámbito del derecho
corporativo puertorriqueño. Éste, a su vez, está basado en
el derecho corporativo de Delaware, por lo cual, la
jurisprudencia de dicho estado es altamente persuasiva e
ilustrativa en nuestra jurisdicción y la acogeremos en la
medida que ésta se ajuste a nuestra realidad. Rivera CC-2017-0427 20
Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38 (2015);
Lloréns et al. v. Arribas et al., 184 DPR 32 (2011).
Tras evaluar la doctrina de Garner, estamos convencidos
de que ésta resultaría de gran utilidad para adelantar los
intereses de una corporación en el contexto de una acción
derivativa. No se trata de crear un privilegio por vía de la
jurisprudencia sino de adoptar unas guías para identificar
quiénes están cobijados por el privilegio abogado-cliente.
Cabe reiterar que la corporación existe para adelantar los
intereses legítimos de sus accionistas. Así pues, para
atender adecuadamente controversias relacionadas con el
privilegio abogado-cliente que surjan en este tipo de
litigio, adoptamos en nuestra jurisdicción los indicadores
establecidos jurisprudencialmente por dicha doctrina. Estos
son: 1) la cantidad de accionistas en el pleito y el
porciento de acciones que representa; 2) la buena fe de los
accionistas; 3) la naturaleza de la reclamación y la
probabilidad de prevalecer; 4) la necesidad aparente de
obtener la información y la disponibilidad en otras fuentes;
5) si la reclamación contiene imputaciones de actos ilegales,
criminales, o de dudosa legalidad por parte de la
corporación; 6) si la comunicación en disputa se relaciona a
reclamaciones pasadas o futuras; 7) si la comunicación se
relaciona a consejos sobre el propio litigio; 8) si se puede
identificar la comunicación o si, en cambio, se trata de una
expedición de pesca, y 9) el riesgo de divulgar secretos de
negocios u otra información confidencial que la empresa
interese proteger por razones ajenas al pleito. CC-2017-0427 21
Esta doctrina deberá interpretarse restrictivamente en
contra de quien reclama la excepción fiduciaria. Además,
debemos aclarar que éstos no son requisitos sino indicadores,
por lo que no será necesario, pero si prudente, considerarlos
todos en conjunto. Coincidimos con la jurisprudencia que
mencionaremos más adelante en cuanto a que el cuarto
criterio, es decir, la necesidad aparente de obtener la
información y la no disponibilidad en otras fuentes, es
medular para este análisis.
Por otro lado, como muy bien señala el amicus curiae, la
controversia que tenemos ante nuestra consideración no trata
de una corporación tradicional, sino de un fondo mutuo. Los
fondos mutuos son corporaciones o fideicomisos organizados
con el propósito de que personas naturales y jurídicas
inviertan su dinero, convirtiéndose en accionistas de éstas.
J. Morley, The Separation of Funds and Managers: A Theory of
Investment Fund Structure and Regulation, 123 Yale L.J. 1228,
1238 (2014). Por su parte, los fondos utilizan el dinero
invertido para adquirir diferentes instrumentos financieros
que se encuentran en la oferta pública. E.D. Johnson, The
Fiduciary Duty in Mutual Fund Excessive Fee Cases: Ripe for
Reexamination, 59 Duke L.J. 145, 150-151 (2009). Finalmente,
el rendimiento de los instrumentos financieros es repartido
entre todos los accionistas del fondo mutuo.25
Sin embargo, los accionistas de los fondos mutuos
delegan, mediante un arreglo contractual, a otra corporación
25 Moción al Amparo de la Regla 43 del Reglamento del Tribunal Supremo Solicitando Autorización para Comparecer como Amicus Curiae presentada por el USCC, pág. 4. CC-2017-0427 22
con personalidad jurídica propia, conocida como compañía
administradora o promotora, la administración de los fondos.
Morely, supra, págs. 1238-1239. En otras palabras, los
fondos no cuentan con empleados ni con ningún tipo de bien
operacional, pues la compañía administradora es la que se
encarga de proveer todos estos servicios. Íd. Esto es
diferente a lo que ocurre en las corporaciones tradicionales
en las cuales los accionistas delegan la administración de la
corporación a la junta de directores, la cual es un organismo
interno de la corporación. C.E. Díaz Olivo, Corporaciones:
Tratado sobre Derecho Corporativo, Colombia, [s. Ed], 2016,
pág. 175. De esta forma, como muy bien surge de la moción
del amicus curiae, el arreglo de los fondos mutuos incluye
una entidad jurídica adicional. Así pues, los accionistas de
los fondos mutuos no necesariamente son accionistas de la
compañía administradora.
Asimismo, el amicus curiae trajo a nuestra atención dos
casos recientes sobre fondos mutuos en los que se consideró
la aplicación de la excepción fiduciaria. En Kenny v. Pac.
Inv. Mgmt. Co. LLC, No. C14-1987-RSM (W.D. Wash. 2016), un
accionista de un fondo mutuo, organizado como fideicomiso,
solicitó a la Corte de Distrito Federal en Western Washington
que ordenara a ciertos Independent Trustees (fiduciarios) la
entrega de una serie de documentos. Por su parte, estos
Trustees, que no eran parte del pleito, y las corporaciones
demandadas, se opusieron a la producción de cierta
información y alegaron el privilegio abogado-cliente. Así
pues, la controversia a resolver era si procedía aplicar la CC-2017-0427 23
excepción fiduciaria y, por lo tanto, no aplicaba a los
documentos en controversia el privilegio de abogado-cliente.
La Corte de Distrito determinó que los Independent Trustees
tenían un deber de fiducia para con los accionistas del fondo
mutuo y que las comunicaciones en cuestión incluían consejo
legal para el manejo del fondo.26 Por lo cual, concluyó que
procedía el descubrimiento de la información privilegiada.
Así pues, estableció una excepción relativamente amplia
basada únicamente en la relación de fiducia entre las partes,
el impacto del consejo legal sobre el manejo del fondo mutuo
y que la comunicación no sea en anticipación de un litigio.27
Por otro lado, en Chill v. Calamos Advisors LLC, No.
17 C 1658 (N.D. Ill. 2017), varios accionistas de un fondo
mutuo, organizados como un fideicomiso, demandaron mediante
acción derivativa a la entidad encargada de administrarlo,
Calamos Advisors LLC, y a otras entidades afiliadas por
alegada violación al deber de fiducia. Sin embargo, ni el
fondo ni los Independent Trustees fueron parte en la demanda.
Durante el proceso, los demandantes solicitaron al fondo y a
los fiduciarios del mismo la producción de una serie de
documentos. Por su parte, el fondo y los Independent
Trustees alegaron el privilegio de abogado-cliente sobre
algunos de los documentos solicitados. Tras acoger y
26 Nótese que la Corte de Distrito aclaró que las comunicaciones en controversia no eran consejos legales para los Independent Trustees en su carácter personal y tampoco se trataba de comunicaciones emitidas en anticipación a un litigio. 27 Ante estas circunstancias, la Corte de Distrito consideró que los Independent Trustees que reclamaron el privilegio debían demostrar satisfactoriamente las razones por la cual éstos, actuando como fiduciarios de los accionistas o beneficiarios, podrían oponerse al descubrimiento de comunicaciones con abogados, pagadas por el trust para el beneficio del mismo. CC-2017-0427 24
analizar los indicadores de la doctrina de Garner, la Corte
de Distrito Federal en Illinois determinó que la parte que
solicita la información privilegiada debe demostrar,
particularmente, que la información no se puede obtener de
otro modo. Para ello, dicha parte debe indicar lo siguiente:
la información que esperan encontrar en los documentos en
disputa; la importancia de éstos para el caso, y la razón por
la cual no se pueden obtener de otras fuentes no
privilegiadas.28 Finalmente, la Corte determinó que no se
demostró, de manera específica, la necesidad de cada
documento. Indicó que no bastaba una alegación general que
la información no estaba disponible en otras fuentes, por lo
que concluyó que no se acreditó este indicador medular de la
doctrina de Garner.
Cabe destacar que en los casos reseñados aplica la
excepción antes señalada porque los accionistas solicitaron
la producción de documentos a los fondos de los que son
accionistas y no a las corporaciones administradoras de los
fondos.
Conforme a lo anterior, siempre que se considere la
doctrina de Garner, debe evaluarse si se trata de una
relación accionista-corporación. Esto es así, debido a que
la doctrina de Garner aplica en el contexto de una acción
derivativa cuando los accionistas le solicitan a su propia
corporación información cobijada por el privilegio abogado-
28 La Corte de Distrito Federal reconoció que la parte que solicita el descubrimiento no puede saber con exactitud el contenido de los documentos privilegiados. No obstante, mediante métodos alternos de descubrimiento de prueba, puede anticipar la información que espera obtener de los mismos. CC-2017-0427 25
cliente. Esto implica que los accionistas no pueden valerse
de la doctrina de Garner para requerirle información
privilegiada a terceros ajenos a su propia corporación. En
ese sentido, conforme a los criterios de esta doctrina, los
accionistas de determinado fondo mutuo únicamente pueden
reclamar la producción de comunicaciones a esa entidad en
particular. De lo contrario, se estaría extendiendo el
alcance reconocido de la doctrina a otras entidades que son
partes en el pleito, tales como una compañía que administra
fondos mutuos,29 o a terceros ajenos al litigio.30
Es menester reiterar que, ante una controversia de esta
índole, las partes deben cumplir con lo establecido en
nuestro ordenamiento procesal. En primer lugar, tienen que
dar fiel cumplimiento a la Regla 34.1 de Procedimiento Civil,
supra.31 Una vez las partes realizan esfuerzos de buena fe
para resolver las controversias probatorias sobre el
descubrimiento de información privilegiada32 y así lo
29 Como bien indica el amicus curiae, “la compañía de administración no es un organismo interno ni forma parte de la estructura corporativa del fondo mutuo, por lo que los abogados de la compañía de administración, no fungen necesariamente como abogados del fondo ni de sus inversores”. Moción al Amparo de la Regla 43 del Reglamento del Tribunal Supremo Solicitando Autorización para Comparecer como Amicus Curiae presentada por el USCC, pág. 11. 30 No obstante, debemos aclarar que, con esto, sólo nos referimos a la excepción al privilegio abogado-cliente establecida en el contexto de Garner v. Wolfinbarger, supra, y su progenie. Esto se debe, en parte, a que varios de los indicadores establecidos bajo esta jurisprudencia se basaron en la relación accionista-corporación. Ahora bien, no descartamos que en una relación fiduciaria fuera de ese contexto pueda aplicar una excepción análoga al privilegio abogado-cliente. Véase, por ejemplo, Kenny v. Pac. Inv. Mgmt. Co. LLC, No. C14-1987-RSM (W.D. Wash. 2016). 31 Nótese, además, que la Regla 23.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010), exige que “[c]uando una parte retiene información requerida, reclamando que es materia privilegiada[…], deberá hacer su reclamo de manera expresa y fundamentada especificando la naturaleza de los documentos, de las comunicaciones o de los objetos no producidos o revelados, de forma que, sin revelar información privilegiada, las demás partes puedan evaluar la aplicabilidad del privilegio o protección, y expresarse sobre éstos”. 32 Esto incluye evaluar quiénes son los titulares del privilegio reclamado. CC-2017-0427 26
certifiquen, pueden acudir al Tribunal de Primera Instancia
para que éste emita la decisión correspondiente.
De esta forma, las partes deberán poner al foro primario
en posición de determinar la existencia del privilegio
abogado-cliente y a quién le aplica.33 Para ello, la parte
que reclama el privilegio tiene el peso de demostrar la
existencia prima facie del mismo. En el caso particular de
una acción derivativa, sólo podrá aplicarse la doctrina de
Garner cuando una corporación reclama el privilegio ante sus
propios accionistas. En ese caso, los accionistas tendrán el
peso de probar los indicadores antes esbozados. Entre éstos,
destacamos que se debe precisar si existe una necesidad
concreta de obtener la información privilegiada y si hay otro
medio no privilegiado para adquirirla.
III
En el presente caso, los foros recurridos determinaron que la información solicitada por la parte recurrida era
necesaria para probar sus alegaciones y que estaba en el
poder exclusivo de la parte peticionaria. Ahora bien, de los
autos no se desprende que la parte recurrida haya puesto en
posición a los foros recurridos de analizar el criterio de
necesidad y de indisponibilidad, según requiere la doctrina.
Esta parte se limitó a argumentar que, por razón de la
33 En ese sentido, es menester plantear si los titulares están en disputa o si los intereses de estos divergen. También, se tendrá que evaluar: si se había entablado algún procedimiento adversativo entre las partes al momento de recibir la consejería; si hay alguna indicación de que la comunicación era para algún propósito que no fuera para el beneficio de los fondos, y quién pagó por la asesoría legal en disputa. United States v. Jicarilla Apache Nation, 564 US 162 (2011), comentando el caso de Riggs Nat. Bank of Washington, D.C. v. Zimmer, 355 A.2d 709 (Del. Ch. 1976). Véase, además, Metro. Bank & Trust Co. v. Dovenmuehle Mortg., Inc., C.A. Núm. 18023-NC (Del. Ch. 2001), e In re Fuqua Indus., Inc., supra. CC-2017-0427 27
relación fiduciaria existente, operaba la doctrina de Garner,
sin adentrarse suficientemente a discutir los indicadores
antes señalados. La existencia de una relación fiduciaria
per se no activa automáticamente la doctrina de Garner. Como
resultado de lo anterior, los foros recurridos se vieron
precisados a realizar un análisis general de la bitácora en
cuestión y de algunos de los miles de documentos sometidos
ante ellos. Este análisis poco detallado no es suficiente
para satisfacer el riguroso estándar de la doctrina de Garner
en este caso.
Además, la doctrina de Garner requiere que se acredite
que la información en disputa no está disponible en otras
fuentes. Usualmente, en una acción derivativa, la mayor
parte de la información relacionada a las actuaciones de la
corporación va a estar en poder exclusivo de la misma. Así
pues, el término “otras fuentes” no se refiere necesariamente
a fuentes ajenas a la corporación, sino que no esté
disponible en otros documentos o testimonios no
privilegiados. Los foros recurridos estimaron que era
suficiente determinar que toda la prueba pertinente está en
manos de la parte peticionaria, sin considerar la
disponibilidad en otros documentos no privilegiados. Este
tipo de análisis genérico no es suficiente al considerar
dicho indicador. Por lo cual, se cometieron el primer y
tercer error señalados.
Ahora bien, no estamos en posición de determinar con
precisión la existencia prima facie de los privilegios
reclamados ni la titularidad de los mismos ni de determinar CC-2017-0427 28
si la doctrina le aplica a todos los documentos en disputa.
Consecuentemente, no es necesario adentrarnos a los restantes
señalamientos de error.
No obstante, en cuanto al privilegio del producto del
trabajo del abogado, debemos enfatizar que la parte
perticionaria debe, en primer lugar, demostrar que la
información en cuestión fue provista o preparada en
anticipación o como parte de un litigio. Se le debe conceder
una oportunidad de así hacerlo, luego de darse fiel
cumplimiento a la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra.
IV
A base de lo anterior, se revoca la Sentencia del
Tribunal de Apelaciones de 15 de marzo de 2017. En
consecuencia, dejamos sin efecto la paralización ordenada y
devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la
continuación de los procedimientos de conformidad al análisis
anteriormente establecido.
Se dictará Sentencia de conformidad.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, revocamos la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 15 de marzo de 2017, dejamos sin efecto la paralización ordenada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de conformidad al análisis establecido en dicha Opinión.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Estrella Martínez, no intervienen.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo