Sol Maria Vazquez Ortiz v. Juan M. Lopez Hernandez
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sol María Vázquez Ortiz
Peticionaria Certiorari
v. 2003 TSPR 173
Juan M. López Hernández 160 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2002-689
Fecha: 25 de noviembre de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Juez Ponente: Hon. Jorge L. Escribano Medina
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Rafael Torres Rivera Lcdo. Víctor González Ortiz Lcdo. Epifanio Contreras Elías Lcda. Ana T. Ramírez Padilla
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. José R. Rodríguez Rivera
Materia: Pensión Alimentaria
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. CC-2001-51 2
Peticionaria
v. CC-2002-689 Juan M. López Hernández
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Naveira de Rodón.
San Juan, Puerto Rico a 25 de noviembre de 2003
Aunque los hechos que dan lugar a las
controversias que nos ocupan son relativamente
sencillos, los mismos son representativos de una de
las áreas del derecho más problemáticas en la
administración de la justicia por razón del gran
número de asuntos que genera ante los tribunales y
lo emocionalmente cargados que éstos suelen estar:
pensiones alimentarias para los hijos menores de
edad. Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909, 910
(1986).
2 CC-2002-689 2
I
En 1997 la Sra. Sol María Vázquez Ortiz solicitó
ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Aibonito, alimentos para su hija, procreada con el Sr.
Juan López Hernández el 28 de junio de 1986.1 La vista
fue celebrada en septiembre de 1997 y el 4 de diciembre
de 1997, el tribunal emitió una Resolución mediante la
cual le impuso al señor López Hernández una pensión
alimentaria de $1,435 mensuales. Para ese entonces éste
era un comerciante con al menos una tienda de zapatos en
el pueblo de Guayama. La prueba presentada consistió,
además de los testimonios vertidos en sala, en las
Planillas de Información Personal y Económica (en
adelante PIPE) que habían sido sometidas bajo juramento
por la señora Vázquez Ortiz, el señor López Hernández y
su esposa, la Sra. Jeannette Lambert Rosado.2 Inconforme
con la cuantía impuesta, López Hernández solicitó
reconsideración, alegando, entre otras cosas, que debido
a que se había acogido a la Ley de Quiebras, lo cual
había declarado en la PIPE sometida, no tenía el dinero
disponible para pagar la pensión fijada. La solicitud
de reconsideración fue declarada no ha lugar el 19 de
febrero de 1998 y copia de su notificación fue archivada
en autos el 24 de febrero de 1998.
1 Véase, Planilla de Información Personal y Económica firmada por el Sr. Juan M. López Hernández el 19 de agosto de 1997. 2 El señor López Hernández y la señora Lambert Rosado se casaron el 2 de abril de 1987. CC-2002-689 3
Posteriormente, el 9 marzo de 1998 el señor López
Hernández presentó una moción al amparo de la Regla 49.2
de Procedimiento Civil alegando, en esencia, que la
pensión fijada era “excesiva” pues el tribunal
erróneamente determinó que él era dueño de dos (2)
tiendas de zapatos cuando alegadamente sólo tenía una
(1), siendo la otra propiedad de su hermano del mismo
nombre. Igualmente, sostuvo, que erró el tribunal al
considerar los ingresos de la sociedad legal de
gananciales compuesta por éste y su esposa, la señora
Lambert Rosado, sin que ésta hubiese sido debidamente
emplazada. Dicha moción fue denegada por el tribunal el
7 de diciembre de 1998 y notificada a las partes el 8 de
febrero de 1999.
El 2 de marzo de 1999, habiéndose acumulado la
pensión fijada a una deuda de más de $31,000, el señor
López Hernández fue encarcelado. Días más tarde, a
través de una estipulación entre las partes en la que
también intervino una examinadora de pensiones
alimentarias como parte de una vista celebrada ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Mayagüez, para rebajar la pensión asignada, ésta fue
reducida a $164 mensuales, siendo la misma aprobada por
el tribunal.
Así las cosas, la esposa del señor López Hernández
presentó una moción alegando, nuevamente, que era parte
indispensable a tenor con la Regla 16.1 de Procedimiento 3 CC-2002-689 4
Civil y que el tribunal no había adquirido jurisdicción
sobre su persona.
Mediante Resolución de 19 de abril de 2002, el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama,
resolvió que al momento del Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Aibonito, imponer la pensión
en la Resolución que emitiera el 4 de diciembre de 1997,
lo hizo sin tener jurisdicción sobre la señora Lambert
Rosado, esposa del señor López Hernández y la sociedad
legal de gananciales compuesta por éstos, ya que éstas
nunca fueron emplazadas. El foro de instancia expresó
que “aunque la Sentencia era final, la parte que
solicita se deje sin efecto la Resolución en cuestión,
tiene derecho a solicitar en un pleito civil
independiente la nulidad de Sentencia[.] Regla
49.2(a)(b) de Procedimiento Civil.” Añadió que “[l]a
deuda que se ha acumulado en el caso, es la relacionada
a la pensión alimentaria de esa Resolución, pues la
parte siguió depositando lo que pagaba antes de esa
Resolución y la que luego fijó la Sala de Mayagüez que
eran básicamente iguales.” Señaló, finalmente, que
“[a]nte la oposición de la alimentista este Tribunal no
puede dejar sin efecto la Resolución. Sin embargo, la
parte afectada por la misma puede llevar una acción
independiente para dejarla sin efecto.” En
consecuencia, decidió congelar la deuda acumulada por
concepto de alimentos hasta tanto se dilucidara en 4 CC-2002-689 5
acción independiente la validez de la pensión
alimentaria fijada mediante la Resolución emitida el 4
de diciembre de 1997. Dispuso, sin embargo, que “[la]
parte deberá informar en un tiempo razonable la
radicación de la acción. Si no la radica, así lo
informarán para dejar sin efecto la congelación de la
deuda.”
El Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante
Tribunal de Circuito) confirmó la resolución emitida por
el tribunal de instancia, manteniendo en suspenso la
deuda de alimentos hasta tanto se dilucidara la validez
de la misma en un pleito independiente. Además,
autorizó a dicho tribunal a adjudicar el relevo de
sentencia solicitado por el recurrido. Finalmente,
resolvió, contrario al foro de instancia, que los
tribunales sí habían adquirido jurisdicción sobre la
sociedad de gananciales y la persona de la esposa del
recurrido quienes se habían sometido voluntariamente
desde el inicio del pleito a través de una planilla
informativa juramentada.
Inconforme, la señora Vázquez Ortiz acudió ante nos.
Mediante Resolución de 25 de octubre de 2002, le
concedimos a la parte recurrida un término para que
mostrara causa por la cual no debíamos revocar la
determinación del Tribunal de Circuito. Las partes
comparecieron y con el beneficio de sus argumentos
resolvemos sin ulterior trámite. 5 CC-2002-689 6
II
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sol María Vázquez Ortiz
Peticionaria Certiorari
v. 2003 TSPR 173
Juan M. López Hernández 160 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2002-689
Fecha: 25 de noviembre de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Juez Ponente: Hon. Jorge L. Escribano Medina
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Rafael Torres Rivera Lcdo. Víctor González Ortiz Lcdo. Epifanio Contreras Elías Lcda. Ana T. Ramírez Padilla
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. José R. Rodríguez Rivera
Materia: Pensión Alimentaria
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. CC-2001-51 2
Peticionaria
v. CC-2002-689 Juan M. López Hernández
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Naveira de Rodón.
San Juan, Puerto Rico a 25 de noviembre de 2003
Aunque los hechos que dan lugar a las
controversias que nos ocupan son relativamente
sencillos, los mismos son representativos de una de
las áreas del derecho más problemáticas en la
administración de la justicia por razón del gran
número de asuntos que genera ante los tribunales y
lo emocionalmente cargados que éstos suelen estar:
pensiones alimentarias para los hijos menores de
edad. Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909, 910
(1986).
2 CC-2002-689 2
I
En 1997 la Sra. Sol María Vázquez Ortiz solicitó
ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Aibonito, alimentos para su hija, procreada con el Sr.
Juan López Hernández el 28 de junio de 1986.1 La vista
fue celebrada en septiembre de 1997 y el 4 de diciembre
de 1997, el tribunal emitió una Resolución mediante la
cual le impuso al señor López Hernández una pensión
alimentaria de $1,435 mensuales. Para ese entonces éste
era un comerciante con al menos una tienda de zapatos en
el pueblo de Guayama. La prueba presentada consistió,
además de los testimonios vertidos en sala, en las
Planillas de Información Personal y Económica (en
adelante PIPE) que habían sido sometidas bajo juramento
por la señora Vázquez Ortiz, el señor López Hernández y
su esposa, la Sra. Jeannette Lambert Rosado.2 Inconforme
con la cuantía impuesta, López Hernández solicitó
reconsideración, alegando, entre otras cosas, que debido
a que se había acogido a la Ley de Quiebras, lo cual
había declarado en la PIPE sometida, no tenía el dinero
disponible para pagar la pensión fijada. La solicitud
de reconsideración fue declarada no ha lugar el 19 de
febrero de 1998 y copia de su notificación fue archivada
en autos el 24 de febrero de 1998.
1 Véase, Planilla de Información Personal y Económica firmada por el Sr. Juan M. López Hernández el 19 de agosto de 1997. 2 El señor López Hernández y la señora Lambert Rosado se casaron el 2 de abril de 1987. CC-2002-689 3
Posteriormente, el 9 marzo de 1998 el señor López
Hernández presentó una moción al amparo de la Regla 49.2
de Procedimiento Civil alegando, en esencia, que la
pensión fijada era “excesiva” pues el tribunal
erróneamente determinó que él era dueño de dos (2)
tiendas de zapatos cuando alegadamente sólo tenía una
(1), siendo la otra propiedad de su hermano del mismo
nombre. Igualmente, sostuvo, que erró el tribunal al
considerar los ingresos de la sociedad legal de
gananciales compuesta por éste y su esposa, la señora
Lambert Rosado, sin que ésta hubiese sido debidamente
emplazada. Dicha moción fue denegada por el tribunal el
7 de diciembre de 1998 y notificada a las partes el 8 de
febrero de 1999.
El 2 de marzo de 1999, habiéndose acumulado la
pensión fijada a una deuda de más de $31,000, el señor
López Hernández fue encarcelado. Días más tarde, a
través de una estipulación entre las partes en la que
también intervino una examinadora de pensiones
alimentarias como parte de una vista celebrada ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Mayagüez, para rebajar la pensión asignada, ésta fue
reducida a $164 mensuales, siendo la misma aprobada por
el tribunal.
Así las cosas, la esposa del señor López Hernández
presentó una moción alegando, nuevamente, que era parte
indispensable a tenor con la Regla 16.1 de Procedimiento 3 CC-2002-689 4
Civil y que el tribunal no había adquirido jurisdicción
sobre su persona.
Mediante Resolución de 19 de abril de 2002, el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama,
resolvió que al momento del Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Aibonito, imponer la pensión
en la Resolución que emitiera el 4 de diciembre de 1997,
lo hizo sin tener jurisdicción sobre la señora Lambert
Rosado, esposa del señor López Hernández y la sociedad
legal de gananciales compuesta por éstos, ya que éstas
nunca fueron emplazadas. El foro de instancia expresó
que “aunque la Sentencia era final, la parte que
solicita se deje sin efecto la Resolución en cuestión,
tiene derecho a solicitar en un pleito civil
independiente la nulidad de Sentencia[.] Regla
49.2(a)(b) de Procedimiento Civil.” Añadió que “[l]a
deuda que se ha acumulado en el caso, es la relacionada
a la pensión alimentaria de esa Resolución, pues la
parte siguió depositando lo que pagaba antes de esa
Resolución y la que luego fijó la Sala de Mayagüez que
eran básicamente iguales.” Señaló, finalmente, que
“[a]nte la oposición de la alimentista este Tribunal no
puede dejar sin efecto la Resolución. Sin embargo, la
parte afectada por la misma puede llevar una acción
independiente para dejarla sin efecto.” En
consecuencia, decidió congelar la deuda acumulada por
concepto de alimentos hasta tanto se dilucidara en 4 CC-2002-689 5
acción independiente la validez de la pensión
alimentaria fijada mediante la Resolución emitida el 4
de diciembre de 1997. Dispuso, sin embargo, que “[la]
parte deberá informar en un tiempo razonable la
radicación de la acción. Si no la radica, así lo
informarán para dejar sin efecto la congelación de la
deuda.”
El Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante
Tribunal de Circuito) confirmó la resolución emitida por
el tribunal de instancia, manteniendo en suspenso la
deuda de alimentos hasta tanto se dilucidara la validez
de la misma en un pleito independiente. Además,
autorizó a dicho tribunal a adjudicar el relevo de
sentencia solicitado por el recurrido. Finalmente,
resolvió, contrario al foro de instancia, que los
tribunales sí habían adquirido jurisdicción sobre la
sociedad de gananciales y la persona de la esposa del
recurrido quienes se habían sometido voluntariamente
desde el inicio del pleito a través de una planilla
informativa juramentada.
Inconforme, la señora Vázquez Ortiz acudió ante nos.
Mediante Resolución de 25 de octubre de 2002, le
concedimos a la parte recurrida un término para que
mostrara causa por la cual no debíamos revocar la
determinación del Tribunal de Circuito. Las partes
comparecieron y con el beneficio de sus argumentos
resolvemos sin ulterior trámite. 5 CC-2002-689 6
II
El primer asunto a dilucidar se circunscribe a
determinar si al momento en que el Tribunal de Primera
Instancia, Sala de Aibonito, dictó su Resolución de 4 de
diciembre de 1997, había adquirido jurisdicción sobre la
persona de la esposa del recurrido y la sociedad legal
de gananciales compuesta por éstos. Esto a pesar de que
ninguna de éstas fue emplazada conforme dispone la Regla
4 de Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A. Ap. III.
El emplazamiento es la notificación formal a la que
todo demandado, en virtud de las garantías mínimas del
debido proceso de ley, tiene derecho cuando existe en su
contra una reclamación judicial para que, de así
desearlo, comparezca a defenderse. Qume Caribe, Inc. v.
Srio. de Hacienda, Op. de 30 de marzo de 2001, 153
D.P.R.___ (2001), 2001 JTS 41, pág. 1013. First Bank of
P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901 (1998). Ahora
bien, un demandado renuncia al requisito de la
notificación formal cuando se somete voluntariamente a
la jurisdicción del Tribunal. Esto lo puede hacer al
cumplir voluntariamente con las órdenes del tribunal y,
a solicitud de éste, presentar documentos pertinentes
dirigidos a dilucidar la reclamación incoada por la
parte demandante en su contra.3 En nuestro ordenamiento
procesal esto se conoce como sumisión voluntaria. En
6 CC-2002-689 7
Qume Caribe, Inc. v. Srio. De Hacienda, supra,
expresamos que “[l]a figura de la sumisión consiste en
que una parte comparece voluntariamente y realiza algún
acto sustancial que la constituya parte en el pleito,
sometiéndose así a la jurisdicción del Tribunal.” Es
decir, la comparecencia voluntaria de la parte demandada
suple la omisión del emplazamiento y es suficiente bajo
las garantías del debido proceso de ley, para que el
tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona.
Respecto a la sociedad legal de gananciales, el
Art. 91 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 284, en lo
pertinente, dispone que, salvo estipulación en
contrario, “[a]mbos cónyuges serán los administradores
de los bienes de la sociedad conyugal.” Esto significa
que “cualquiera de [ellos] podrá representar legalmente
a la sociedad conyugal.” Art. 93 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 286. Dicho artículo también dispone que
“[c]ualquier acto de administración unilateral de uno de
los cónyuges obligará a la sociedad legal de gananciales
y se presumirá válido a todos los efectos legales”. Id.
En Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., 141
D.P.R. 210, 214 (1996), expresamos que con las enmiendas
de 1976 al Código Civil, “la Asamblea Legislativa
equiparó la facultad de ambos cónyuges para administrar
la sociedad legal de gananciales e incorporó el
3 Cabe señalar que la notificación formal, al igual que la mayoría de los derechos, es renunciable. Qume 7 CC-2002-689 8
principio de coadministración y representación legal.
[Cita omitida.] Desde entonces, individualmente, tanto
el esposo como la esposa tienen capacidad de jure para
representar a la sociedad de gananciales en los
tribunales”. (Énfasis nuestro y en el original.)
En la Resolución que emitiera el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito, de 4 de
diciembre de 1997, surge que a la vista de fijación de
pensión alimentaria celebrada el 30 de septiembre de
1997, compareció la señora Vázquez Ortiz, demandante
peticionaria, representada por abogado y el recurrido,
señor López Hernández, por derecho propio. Cabe señalar
que desde el 1990, tanto el señor López Hernández como
la sociedad legal de gananciales compuesta por éste y la
señora Lambert, están sometidos a la jurisdicción del
Tribunal de Primera Instancia. De los documentos que
obran en autos surge que el 27 de septiembre de 1990, la
Sala Superior de Aibonito del Tribunal de Primera
Instancia, dictó sentencia aprobando una estipulación
mediante la cual el recurrido acordó pagar a favor de su
hija una pensión alimentaria de $40.00 mensuales. En
1997 éste, no tan sólo compareció voluntariamente al
tribunal, sino que también lo hizo en nombre de la
sociedad de bienes gananciales al presentar en la PIPE y
la Planilla de Contribución sobre Ingresos, los ingresos
de dicha sociedad.
Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 1013. 8 CC-2002-689 9
Con relación a la señora Lambert Rosado, esposa del
recurrido, surge lo siguiente:
Se concedieron en vista cinco (5) días al demandado [recurrido] para someter Planilla de Contribución sobre Ingresos o con sello de radicado en Hacienda; Planilla de Información Económica con ingreso mensual de las dos tiendas y con ingreso de la sociedad legal de gananciales con gastos detallados separados de las tiendas de la sociedad legal de gananciales; proveer un talonario de pago de esposa del demandado y copia de [la] sentencia de quiebra de plan de quiebra.
La tercera Planilla es de la esposa del demandado, Jeannette Lambert Rosado, juramentada el 6 de octubre de 1997. Inciso 3, Salario $10,764 anual, como Secretaria en DACO, con deducciones mensual [sic] de $266.32 de Contribuciones, $653.13 de Retiro, $603.81 de Seguro Social, 37.5 horas semanal.
Radicó junto con la Planilla de Información, copia de la Planilla de Contribuciones sin sellos, en la que se informa al Departamento de Hacienda un ingreso de $10,764 en la página 1, y contribuciones retenidas $210, en ganancia o pérdida atribuible a industria o negocio $7,796, total ingreso bruto $18,560. Firman la Planilla Juan M. López y Jeannette Lambert.
Al analizar lo expresado por el foro de instancia junto
a los documentos que obran en autos, podemos colegir que
al momento de dictarse la Resolución de 4 de diciembre
de 1997, el tribunal había adquirido jurisdicción
también sobre la persona de la señora Lambert Rosado,
9 CC-2002-689 10
esposa del señor López Hernández.
En cuanto a la sociedad de bienes gananciales, en
Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., supra, a la pág.
215, señalamos que la igualdad jurídica entre los
cónyuges, el principio de coadministración y la capacidad
legal representativa, requieren el reconocer plenamente
que un cónyuge tiene la capacidad legal para reclamar
daños gananciales sin tener que incluir o mencionar en la
demanda la sociedad de gananciales y al otro cónyuge.
Por lo que cada uno tiene capacidad de jure para
representar la sociedad legal de gananciales en los
tribunales y cualesquiera de ellos puede someter a la
jurisdicción del tribunal a la sociedad de bienes
gananciales.
Además, es menester destacar que “cualquier nueva
sociedad de gananciales que se cree será responsable del
sustento y alimentos de los hijos menores de edad habidos
en un matrimonio de alguno de sus componentes.” (Énfasis
nuestro y citas omitidas.) López v. Rodríguez, 121
D.P.R. 23, 31 (1988). Y, salvaguardando la igualdad de
los hijos, dichas expresiones también son aplicables a
los hijos fruto de una relación consensual.
Así, pues, el tribunal deberá tomar en cuenta la
capacidad económica de la nueva sociedad conyugal al
momento de fijar una pensión alimentaria para los
menores.
10 CC-2002-689 11
III
Respecto a la falta de jurisdicción sobre la
persona, una vez se le somete al foro de instancia el
planteamiento, y éste lo resuelve, sólo se podrá
cuestionar la corrección de esta determinación dentro
del caso en que se hizo el planteamiento y mediante los
mecanismos procesales de reconsideración, revisión y/o
relevo de sentencia que proveen las Reglas de
Procedimiento Civil. En otras palabras, no se puede
presentar un pleito independiente para corregir un
supuesto error en la determinación del foro de instancia
sobre su jurisdicción sobre la persona de los
demandados.
En el caso de autos, los demandados, en 1998,
mediante presentación de una moción de relevo al amparo
de la Regla 49.2, supra, hicieron el planteamiento de
falta de jurisdicción sobre la persona de la esposa del
señor López Hernández y la sociedad de bienes
gananciales compuesta por ambos. Éste fue resuelto en
su contra por el foro de instancia el 7 de diciembre de
1998. Dicha Resolución se notificó el 8 de febrero.
Esta Resolución no fue revisada. El 21 de febrero de
2002, tres (3) años más tarde, volvieron a hacerle al
foro de instancia el mismo planteamiento. En esta
ocasión adujeron además que eran partes indispensables.
A tenor con la normas de derecho antes expuestas no
procedía el que se cuestionase nuevamente la alegada 11 CC-2002-689 12
falta de jurisdicción sobre la señora Lambert Rosado y
la sociedad de bienes gananciales compuesta por ésta y
el señor López Hernández.
IV
Réstanos examinar la corrección de la determinación
del Tribunal de Circuito respecto a la autorización que
otorga al foro de instancia para que, a través del
mecanismo de relevo de sentencia, libere al recurrido de
la resolución que emitiera el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Aibonito, el 4 de diciembre
de 1997 en la que fue fijada la pensión alimentaria
mensual de $1,435. También lo autorizó “a re-adjudicar
con efecto retroactivo la cuantía acumulada, si alguna,
conforme al resultado de su evaluación”.
El Tribunal de Circuito entiende que dadas las
circunstancias particulares del caso de autos, tales
como: “(i) la orden de 19 de febrero de 1998, en la que
un Juez distinto al que escuchó la prueba declaró no ha
lugar la reconsideración a la Resolución previa del 4 de
diciembre de 1997 que a todas luces es injusta [y]; (ii)
la orden de 7 de diciembre de 1998 que sin vista ni
proceso declaró no ha lugar la moción al amparo de la
Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil...” ameritan que
el decreto que redujo la cantidad mensual por concepto de
pensión alimentaria se aplique retroactivamente a la 12 CC-2002-689 13
resolución de 4 de diciembre de 1997, en la que se le
impuso al señor López Hernández el pago de la suma de
$1,435 mensual. La determinación del foro apelativo
está basada en lo expresado por este Tribunal en Valencia
Ex parte, supra, donde se contemplan situaciones en las
que el foro de instancia retiene facultad para disponer
distinto sobre la retroactividad de decretos judiciales
de reducción de pensiones alimentarias. Veamos.
V
El mecanismo procesal que se tiene disponible para
solicitarle al foro de instancia el relevo de los
efectos de una sentencia está regulado por la Regla
49.2. Este remedio es uno extraordinario discrecional
utilizado para impedir que tecnicismos y sofisticaciones
frustren los fines de la justicia. Véase: Hernández
Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Cap. 48, págs.
302-311, Michie, 1997. Véase, además, Ortiz Serrano v.
Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445, 449 (1977). En Dávila v.
Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 817 (1986),
hicimos hincapié en que al presentarse una moción de
relevo al amparo de la Regla 49.2, “el tribunal de[bía]
hacer un análisis y balance racional y justiciero de
todo el expediente del caso para determinar si bajo las
circunstancias específicas del caso hubo ‘[e]rror,
inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable’ o ‘no 13 CC-2002-689 14
sería equitativo que la sentencia continuara en vigor’ o
existe ‘[c]ualquier ... razón que justifique la
concesión de remedio contra los efectos de una
sentencia’.” Hemos expresado, además, que la Regla
49.2, debe “interpretarse liberalmente y cualquier duda
debe resolverse a favor del que solicita que se deje sin
efecto una sentencia o anotación de rebeldía, a fin de
que el proceso continúe y el caso pueda resolverse en
sus méritos.” Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79,
87 (1966).
En armonía con lo anterior hemos resuelto que si se
da alguna de las situaciones esbozadas en la Regla 49.2
se puede considerar una moción de reconsideración como
una de relevo aún pasado el término para presentar una
moción de reconsideración. Cabe destacar, sin embargo,
que no se puede utilizar una moción de relevo como
sustituto de un recurso de revisión o de una moción de
reconsideración. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño,
supra, pág. 328; Olmedo Nazario v. Sueiro Jiménez, 123
D.P.R. 294, 299 (1989).
Tomando en consideración las normas procesales
previamente discutidas, pasemos a analizar la aplicación
de éstas a los hechos particulares del caso de autos.
VI
En el presente caso la resolución fijando la
pensión alimentaria fue dictada el 4 de diciembre de 14 CC-2002-689 15
1997 y notificada a las partes el 29 de enero de 1998.
El señor López Hernández solicitó reconsideración. Ésta
fue denegada el 19 de febrero de 1998, archivada en
autos copia de su notificación el 24 de ese mes. El
recurrido no solicitó revisión de dicha resolución ante
el Tribunal de Circuito. En su lugar, optó por
presentar una moción al amparo de la Regla 49.2 de
Procedimiento Civil alegando que su esposa y la sociedad
legal de gananciales no habían sido emplazadas, por lo
cual solicitó el relevo de la sentencia. La referida
moción fue denegada el 7 de diciembre de 1998, y
archivada en autos copia de su notificación el 8 de
febrero de 1999. El recurrido tampoco acudió al
Tribunal de Circuito solicitando la revisión de esta
Resolución.
Tres (3) años más tarde, es decir, el 21 de febrero
de 2002, el señor López Hernández, su esposa y la
sociedad legal de gananciales acudieron nuevamente ante
el foro de instancia cuestionando la jurisdicción del
tribunal sobre sus personas. Esta vez se basaron en la
Regla 16.1. Solicitaron, otra vez, el relevo de la
sentencia por no haber sido emplazadas ni su esposa ni
la sociedad legal de gananciales siendo éstas, de
acuerdo a su criterio, partes indispensables.
Como vemos, la Resolución fijando la pensión de
$1,435 mensuales fue notificada a las partes el 29 de
enero de 1998. No puede pretenderse ahora, que cuatro 15 CC-2002-689 16
(4) años más tarde el señor López Hernández, utilizando
como subterfugio el mecanismo procesal de relevo de
sentencia, pretenda que se revise la corrección de la
misma, perpetuando de esa manera su incumplimiento con
la obligación de prestarle alimentos a su hija menor.
“Intervenir ‘a posteriori’ con pensiones alimenticias ya
‘devengadas’ con [la] que esa madre [o padre cuenta]
para poder cumplir con los compromisos contraídos...
causaría una desastrosa e inaceptable inestabilidad...
que no debe ser permitida.” (Énfasis nuestro.)
Valencia, Ex parte, supra, a la pág. 916. Avalar el
relevo solicitado por el señor Hernández López y
autorizado por el Tribunal de Circuito “causaría un caos
en las salas de relaciones de familia del tribunal de
primera instancia –por cuanto tendría el efecto de
fomentar aún más los atrasos en el pagos de las
pensiones alimenticias- que no justifica permitirlo”.
Id. Además, va en contra de los mejores intereses de la
menor. Por consiguiente, los errores que pueda haber
cometido un tribunal, como regla general, deben ser
corregidos mediante la oportuna presentación de una
solicitud de reconsideración o una solicitud de revisión
a un tribunal de mayor jerarquía.4
4 Sobre el particular en Figueroa v. Del Rosario, 124 D.P.R. 121, 129 (1998), expresamos que por no ser los dictámenes de alimentos y de custodia estrictamente finales ni definitivos, las modificaciones a dichas determinaciones basadas en hechos y circunstancias ocurridos con posterioridad a haberse emitido el 16 CC-2002-689 17
Finalmente, aunque los alimentos se deben desde que
se solicitan, como regla general, la fecha de
efectividad de una rebaja en la pensión alimentaria
deberá ser la del día en que se emite el dictamen
autorizando la misma. Sin embargo, hay situaciones en
las que el foro de instancia retiene facultad para
disponer distinto sobre la retroactividad de decretos
judiciales de reducción de pensiones alimentarias.
Tales situaciones se refieren a casos extraordinarios de
enfermedad, hospitalización, inconsciencia, y en general
cualquier evento constitutivo de fuerza mayor o de caso
fortuito. Para tal eventualidad hay soluciones más
prácticas, tales como congelar temporeramente la
vigencia de la pensión total o parcial durante el
período de tiempo de que se trate. Valencia Ex parte,
supra, a la pág. 914-915. Dentro de las circunstancias
antes mencionadas, no está contemplado la utilización de
una moción de relevo de sentencia como sustituto de una
moción de reconsideración o un recurso de revisión.
Resuelto ya el asunto de la jurisdicción del
tribunal de instancia sobre las partes y no habiéndose
recurrido en tiempo de la Resolución fijando la cuantía
que hoy el tribunal de instancia pretende revisar, erró
dictamen que se intenta modificar, pueden reclamarse en el mismo caso o en uno independiente. Sin embargo, a pesar de que se tiene esta alternativa y en aras de la economía procesal, en la mayoría de los casos no es recomendable que estas modificaciones se soliciten en un pleito independiente. 17 CC-2002-689 18
el Tribunal de Circuito al apoyarse en lo resuelto en
Valencia, Ex parte, supra, para congelar la deuda de
alimentos acumulada por el recurrido hasta tanto el
tribunal de instancia evalúe y adjudique el relevo de
sentencia solicitado por el alimentante a la luz de los
hechos del caso y, a adjudicar con efecto retroactivo la
cuantía acumulada si alguna, conforme al resultado de su
evaluación.
VII
Por todo lo antes expuesto, se expide el auto y se
revoca sólo aquella parte de la sentencia que ordena al
foro de instancia a adjudicar el relevo de sentencia.
Así modificada se devuelve el caso para que continúen los
procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.5
Miriam Naveira de Rodón Jueza Asociada
5 Nada impide que el foro de instancia estructure un plan de pago para la pensión devengada. 18 CC-2002-689 19
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, se expide el auto y se revoca sólo aquella parte de la sentencia que ordena al foro de instancia a adjudicar el relevo de sentencia. Así modificada se devuelve el caso para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton emitió una Opinión Disidente a la cual se une el Juez Presidente Interino señor Rebollo López.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo
19 CC-2002-689 20
Demandante-Peticionaria
v. CC-2002-689
Juan M. López Hernández
Demandado-Recurrido
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton a la cual se une el Juez Presidente Interino señor Rebollo López
San Juan, Puerto Rico, a 25 de noviembre de 2003
Disentimos de la Opinión del Tribunal en el
caso de epígrafe por entender que la decisión del
foro de instancia objeto de la presente
controversia fue dictada sin éste tener
jurisdicción sobre la persona de la esposa del
padre alimentante y la sociedad legal de
gananciales compuesta por ambos. El que la esposa
haya firmado y juramentado una planilla de
Información Personal y Económica, que es presentada
por el padre alimentante en cumplimiento con una
orden del tribunal, no constituye el “acto
sustancial” requerido para que haya sumisión
voluntaria a la jurisdicción del
20 CC-2002-689 2
tribunal. Por ello, estimamos que la Opinión mayoritaria
convalida una decisión que en franco atropello al debido
proceso de ley le impone a una mujer trabajadora la
carga individual de responder por los alimentos de un
hijo no común de su cónyuge.
A
Nuestra inconformidad con la presente Opinión del
Tribunal gira, primordialmente, en torno a la aplicación
e interpretación de la jurisprudencia que trata la
figura de sumisión o comparecencia voluntaria. Esta
figura, como hemos dicho en otras ocasiones, hace
innecesario la notificación formal del pleito al
demandado mediante el emplazamiento provisto en la Regla
4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 4.
Veamos.
Es evidente que la Sra. Jeannette Lambert Rosado
(en adelante “señora Lambert Rosado”), quien junto al
señor López Hernández compone una sociedad legal de
gananciales, es parte indispensable en el pleito de
pensión alimentaria en beneficio de una hija menor de
éste. No cabe duda que sus intereses y derechos van a
verse afectados por una reclamación en la cual la
magnitud de la responsabilidad, en gran medida, depende
de sus ingresos. Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. III, R. 16.1; Rodríguez Rodríguez v. Moreno
Rodríguez, 135 D.P.R. 623 (1994); Cepeda Torres v. CC-2002-689 3
García Ortiz, 132 D.P.R. 698 (1993); Granados v.
Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989); Carrero
Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77 (1974). Hemos
resuelto que el cónyuge del padre alimentante es parte
indispensable en un pleito por pensión alimentaria de un
hijo no común, aun en casos donde la pareja pactó
mediante capitulaciones matrimoniales un régimen
distinto al de sociedad legal de gananciales, Cepeda
Torres v. García Ortiz, supra, a la pág. 706.
Conforme a lo anterior, la señora Lambert Rosado
debió de haber sido emplazada de acuerdo a las Reglas de
Procedimiento Civil de Puerto Rico. Sin embargo, nunca
fue emplazada. El asunto a dilucidar es entonces si
ésta se sometió voluntariamente a la jurisdicción del
tribunal, de manera que dicho emplazamiento formal se
hiciera innecesario. Entendemos que no hubo sumisión.
Nos explicamos.
El propósito del emplazamiento es notificar al
demandado sobre la reclamación en su contra para así
garantizarle su derecho a ser oído y defenderse.
Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137, 142 (1997). De esa
manera el tribunal hace efectiva su jurisdicción sobre
la persona del demandado. Id. En innumerables
ocasiones hemos resuelto que la validez de una
determinación judicial depende de si la notificación de
la reclamación al demandado constituyó una probabilidad
razonable de informarle a éste sobre la acción entablada CC-2002-689 4
en su contra, de forma tal, que pueda comparecer a
defenderse si así lo desea. Peguero y Otros v.
Hernández Pellot, 139 D.P.R. 487 (1995); Pou v. American
Motors Corp., 127 D.P.R. 810 (1991); Rodríguez v.
Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986).
La política pública prevaleciente en nuestro
ordenamiento es que la parte demandada debe ser
emplazada debidamente para evitar fraude y evitar que se
utilicen los procedimientos judiciales para privar a una
persona de su propiedad sin el debido proceso de ley.
Quiñones Román v. Compañía ABC H/N/C Supermercado
Pueblo, res. el 31 de octubre de 2000, 2000 TSPR 172; y
casos allí citados. La notificación adecuada al
demandado es un mandato constitucional del debido
proceso de ley. Quiñones Román v. Compañía ABC H/N/C
Supermercado Pueblo, supra; First Bank of P.R. v.
Inmobiliaria Nac., Inc., 144 D.P.R. 90; Peguero y Otros
v. Hernández Pellot, supra; Riego Zúñiga v. Líneas
Aéreas LACSA, 139 D.P.R. 509 (1995). Ello es lo que
legitima el ejercicio de jurisdicción del tribunal sobre
la persona del demandado. Véase además, Lucero Cuevas
v. San Juan Star Co., res. el 16 de mayo de 2003, 2003
TSPR 80; y casos antes citados.
Por consiguiente, toda sentencia dictada contra una
parte que no fue emplazada o notificada conforme a
derecho es inválida y no puede ser ejecutada. Álvarez
Elvira v. Arias Ferrer, res. el 18 de marzo de 2002, CC-2002-689 5
2002 TSPR 31. Se trata de un caso de nulidad radical
por imperativo constitucional. Id., citando a Calderón
Molina v. Federal Land Bank, 89 D.P.R. 704, 709 (1963);
además, Montañéz v. Policía de P.R., res. el 3 de mayo
de 2000, 2000 TSPR 68. Como consecuencia lógica de
ello, "[u]na sentencia dictada sin tal notificación y
oportunidad carece de todos los atributos de una
determinación judicial; es una usurpación y opresión
judicial y nunca puede ser sostenida donde la justicia
se administra justicieramente". J.A. Cuevas Segarra,
Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan,
publicaciones JTS, 2000, T. I, pág. 138. Este es el
mismo resultado al que hemos llegado cuando recae un
fallo en un litigio en el cual no se acumuló una parte
indispensable. Id., a la pág. 372, citando Unisys v.
Ramallo, 128 D.P.R. 842, 859 (1991).
No obstante lo anterior, en ciertas instancias la
garantía del debido proceso de ley puede quedar
debidamente resguardada aún en ausencia del
emplazamiento formal al demandado. Franco v. Corte, 71
D.P.R. 686 (1950); Méndez v. Sucesión Sella, 62 D.P.R.
345 (1943). Esto ocurre cuando una parte se somete
voluntariamente a la jurisdicción del tribunal de manera
tácita o expresa. Conforme a nuestra jurisprudencia, la
figura de la sumisión consiste en que una parte
comparece voluntariamente y realiza algún acto
sustancial que la constituya parte en el pleito. Qume CC-2002-689 6
Caribe, Inc. v. Sec. de Hacienda, res. el 30 de marzo de
2001, 2001 TSPR 38; citando a Echevarría Jiménez v.
Sucesión Pérez, 123 D.P.R. 664 (1989); Mercado v.
Panthers Military Society, 125 D.P.R. 98 (1990). De
esta manera, la comparecencia voluntaria de la parte
demandada suple la omisión del emplazamiento y ello es
suficiente para que el tribunal adquiera jurisdicción
sobre su persona. Franco v. Corte, supra; Méndez v.
Sucesión Sella, supra. En síntesis, se ha dicho que
“[a] court’s determination of the personal liability of
a defendant only can satisfy due process if he was
served personally within the state or otherwise engaged
in conduct that indicated a willingness to litigate in
the forum”. Wright & Miller, 4 Federal Practice and
Civil Procedure, 3d ed., sec. 1064, pág. 340.
En particular, hemos resuelto que el solicitar una
vista para impugnar la determinación de una agencia
administrativa constituye sumisión a la jurisdicción de
la agencia y hace innecesaria la notificación formal de
dicha determinación mediante correo certificado. Qume
Caribe, Inc. v. Sec. de Hacienda, supra. Asimismo, hemos
determinado que hubo sumisión cuando una parte demandada
comparece ante el tribunal a través de su abogado en un
escrito titulado contestación; cuando presenta
reconvención aún sin contestar; cuando contesta y
presenta defensas afirmativas sin alegar ausencia o
deficiencia del emplazamiento; o cuando contesta y CC-2002-689 7
refuta una moción al amparo de la Regla 49.2 de las de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 49.2, sobre
relevo de sentencia, sin alegar falta de jurisdicción
sobre la persona. Franco v. Corte, supra; Méndez v.
Sucesión Sella, supra; Sterzinger v. Ramírez, 116
D.P.R. 762 (1985); Banco Santander v. Fajardo Farms, 141
D.P.R. 237 (1996).
Por el contrario, en otras instancias hemos
resuelto que no hay comparecencia voluntaria del
demandado cuando de los hechos no surge el acto
sustancial requerido por nuestra jurisprudencia. Por
ejemplo, en Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, supra, el
padre demandado por pensión alimentaria fue encarcelado
luego de más de tres años de haber recaído sentencia sin
que éste hubiese cumplido con el fallo. Dicho demandado
no fue notificado de la vista en su fondo ni de la
decisión final en la que se dispuso la cuantía del pago
de pensión alimentaria. Por consiguiente, en la vista
de desacato alegó que la referida sentencia fue dictada
sin que el tribunal tuviese jurisdicción sobre su
persona, lo cual no fue acogido favorablemente por el
tribunal de instancia. Para poder ser excarcelado, el
padre demandado tuvo que acordar con la parte demandante
un plan de pago para la deuda acumulada.
A la luz de esos hechos, resolvimos entonces que la
vista de desacato por falta de pago de alimentos fue
“consecuencia de una sentencia que adolece de nulidad CC-2002-689 8
absoluta” por falta de jurisdicción sobre la persona, y
por lo tanto, no puede entenderse como un acto de
sumisión a la jurisdicción del tribunal el acuerdo
posterior entre las partes dirigido a resolver la
excarcelación del alimentante, Álvarez Elvira v. Arias
Ferrer, supra. Id. Como el tribunal nunca adquirió
jurisdicción sobre la parte demandada, “todo el trámite
subsiguiente fue efectuado sin autoridad alguna”. Id. De
acuerdo a nuestra jurisprudencia respecto a la validez
de una sentencia emitida sin que el tribunal haya
asumido jurisdicción sobre el reclamado, en el referido
caso concluimos que la sentencia sobre pensión
alimentaria emitida hacía tres años adolecía de nulidad
radical, y por consiguiente, era inexistente en derecho.
Id.
De igual forma, hemos resuelto que la mera
presencia de la parte demandada en la sala del tribunal
no es suficiente para conferir jurisdicción al tribunal
sobre su persona. Claudio v. Casillas Mojica, 100
D.P.R. 761 (1972).
De los casos citados anteriormente, se destacan
varios factores al determinar si hubo o no sumisión a la
jurisdicción del tribunal en ausencia de la notificación
formal del pleito al demandado provista en las Reglas de
Procedimiento Civil. Primero, resalta el hecho de que
el acto que configuró la sumisión a la jurisdicción del
tribunal fue uno “sustancial”, como una defensa en los CC-2002-689 9
méritos, la presentación de defensas afirmativas o
reconvenciones, y la solicitud de vistas dentro del
procedimiento. Segundo, que la persona que realiza el
“acto sustancial” que se entiende como sumisión es
propiamente la parte demandada que no fue formalmente
emplazada; no un tercero parte del pleito. Tercero, que
el tiempo transcurrido entre la emisión de la sentencia
recaída en ausencia de jurisdicción sobre la persona del
demandado y su impugnación, no es un factor
determinante. Se trata de una sentencia que adolece de
nulidad radical, que no puede convalidarse con el paso
del tiempo. Cuarto, que el alto interés público que
pudiera implicar la reclamación contra el demandado no
convalida la sentencia recaída en ausencia de
jurisdicción sobre su persona. Como ya dijimos, esa es
una actuación judicial ultravires no susceptible de
convalidación.
Nótese, que la comparecencia voluntaria ante el
tribunal se ha reconocido como un acto afirmativo por
parte del demandado que demuestra que éste conoce
cabalmente la acción en su contra y se propone actuar al
respecto. No puede ser de otra manera. Como sustituto
del emplazamiento, la figura jurisprudencial de la
sumisión debe cumplir con el mismo propósito de éste a
la luz de los preceptos del debido proceso de ley. Es
decir, la sumisión debe denotar inequívocamente, por ser
un asunto de tanta centralidad en la legitimidad de las CC-2002-689 10
actuaciones judiciales, que la parte demandada conoce
que la acción entablada es en su contra y que ha
decidido actuar o no actuar al respecto.
Precisamente porque esta norma de creación
jurisprudencial hace innecesaria la notificación formal,
es que debe interpretarse y aplicarse con suma cautela y
resolverse cualquier duda a favor de la parte demandada.
Así, evitamos situaciones como la presente, en la que se
multiplican los litigios, se extiende innecesariamente
la duración de la reclamación y se dificulta el
cumplimiento del fallo que en su día recaiga. Sólo en
casos claros de sumisión voluntaria donde el demandado
demuestra interés inequívoco de defenderse o no
defenderse de la reclamación en su contra debe el
tribunal determinar que es innecesario el emplazamiento
formal. Nótese además, que la liberalidad de la norma
de sumisión o comparecencia voluntaria tiene
implicaciones serias sobre la autoridad de la Rama
Judicial para obligar con sus decisiones. Por esta
centralidad en nuestro ordenamiento jurídico, debemos
ser cuidadosos al interpretar esta norma procesal y al
pautar reglas nuevas en este ámbito.
Luego de esta discusión del derecho aplicable,
veamos si la señora Lambert Rosado se sometió a la
jurisdicción del tribunal de instancia, como
consecuencia de las actuaciones de su esposo durante el CC-2002-689 11
pleito por pensión alimentaria resuelto en diciembre de
1997.
B
La Opinión del Tribunal sostiene que la señora
Lambert Rosado, esposa del señor Juan M. López Hernández
(en adelante “señor López Hernández”), padre demandado
por pensión alimentaria en el caso de epígrafe,
compareció voluntariamente ante el tribunal de instancia
sin necesidad de que le notificaran la reclamación en su
contra mediante el emplazamiento formal. En específico,
la conducta que según la Mayoría constituyó sumisión se
refiere al cumplimiento por parte del señor López
Hernández de una orden del tribunal en la que se le
exigió presentar una Planilla de Información Personal y
Económica (en adelante “PIPE”) con respecto a su esposa,
la señora Lambert Rosado. Ello, concluye la Opinión
mayoritaria, configuró el “acto sustancial” que
convirtió en parte a la señora Lambert Rosado y la
sometió a la jurisdicción del Tribunal.
Sobre este particular, en los autos consta una
certificación de la Secretaria del Centro Judicial de
Guayama en la que se hace constar que en el caso sobre
pensión alimentaria que da origen a la presente
controversia, “no surge documento alguno que establezca
que la Sra. Lambert Rosado y la Sociedad Legal de
Gananciales hayan sido notificados o emplazados antes
del 10 de mayo de 1999 por el Tribunal de Primera CC-2002-689 12
Instancia, Sala Superior de Aibonito”. Asimismo, el
epígrafe de todos los documentos que constan en autos
lee: “Sol María Vázquez Ortiz v. Juan M. López
Hernández”. No hay referencia alguna a la sociedad legal
de gananciales o a la señora Lambert Rosado en el
epígrafe. Ninguna de las órdenes del tribunal de
instancia estuvo dirigida a la señora Lambert Rosado, ni
fueron notificadas a ésta.
Cabe aclarar que en este caso se debió demandar, y
por supuesto emplazar, a tres personas: el señor López
Hernández, la señora Lambert Rosado y la sociedad legal
de gananciales compuesta por ambos. Pauneto v. Núñez,
115 D.P.R. 591 (1984). No cabe duda de que a la
sociedad legal de gananciales pudo haberse traído al
pleito mediante su emplazamiento a través de uno de los
cónyuges. Id. Sin embargo, en un caso como el de
autos, el tribunal no puede adquirir jurisdicción sobre
la persona de uno de los cónyuges mediante el
emplazamiento del otro. Vega Ortiz v. Bonilla, res. el
12 de marzo de 2001, 2001 TSPR 38. Bajo el mismo
razonamiento, uno de los cónyuges no tiene autoridad
para comparecer voluntariamente a nombre del otro ante
el tribunal, en ausencia de un mandato expreso a esos
efectos. Id.
En este caso, ciertamente la señora Lambert Rosado
juramentó la PIPE solicitada a su esposo mediante orden
del tribunal. No obstante, ella personalmente no estaba CC-2002-689 13
cumpliendo con ninguna orden del tribunal en esa
ocasión. Más aun, de los autos no surge que ella en
algún momento o de forma alguna estuviera enterada de
que el caso de pensión alimentaria contra su esposo le
afectaría de manera directa. Ello, ya que no fue
emplazada. Tampoco consta en los autos evidencia de que
la demanda por pensión alimentaria incluyó alegaciones
en su contra o que la parte demandante solicitara que
sus ingresos fueran considerados. En los documentos
ante nos no consta la demanda original de pensión
alimentaría ni el emplazamiento del señor López
Hernández. Cabe preguntarse ante estas circunstancias,
si la señora Lambert Rosado fue efectivamente parte
demandada en el litigio que concluyó con la Resolución
del tribunal de instancia de diciembre de 1997.
Sí surge de los autos, sin embargo, que la cuantía
de la pensión fijada finalmente se determinó con los
ingresos exclusivos de la señora Lambert Rosado pues las
planillas del señor López Hernández no estaban
juramentadas y al momento de concluir el caso, éste
aparentemente no tenía fuentes de ingresos. Esto indica
que la determinación del tribunal, la cual afectó
directamente la propiedad de la señora Lambert Rosado,
se tomó en violación al debido proceso de ley. Como ya
se dijo, además, la PIPE juramentada que informó los
ingresos de la señora Lambert Rosado fue presentada ante
el tribunal por el señor López Hernández, en CC-2002-689 14
cumplimiento de una orden a estos efectos. En ningún
momento la señora Lambert Rosado cumplió con las órdenes
del tribunal o presentó documentos pertinentes dirigidos
a dilucidar la reclamación incoada por la señora Sol
María Vázquez Ortiz.
No obstante todo lo anterior, la Mayoría de este
Tribunal hoy resuelve que cuando el señor López
Hernández, en cumplimiento con una orden del tribunal,
presentó la PIPE juramentada por la señora Lambert
Rosado con la información financiera de ésta, la
convirtió en parte del litigio sobre pensión
alimentaria. Por consiguiente, el Tribunal concluye que
ese acto hizo innecesaria la notificación formal y
sostiene que la decisión judicial que recayó contra la
señora Lambert Rosado fue válida de acuerdo a los
preceptos del debido proceso de ley. O sea, que la
norma ahora vigente es en el sentido de que las acciones
de uno de los demandados dentro del pleito pueden tener
el efecto de someter a la jurisdicción del tribunal a un
tercero que no fue notificado formalmente por el
demandante, ni con respecto al cual se desprende de las
alegaciones una reclamación en su contra.
La Opinión del Tribunal también expresa
innecesariamente que se da la sumisión cuando la parte
demandada cumple voluntariamente con las órdenes del
tribunal y, a solicitud de éste, presenta documentos
pertinentes dirigidos a dilucidar el pleito en su CC-2002-689 15
contra. Nótese, que este es un nuevo estándar para
determinar si hubo o no sumisión a la jurisdicción del
tribunal que no refleja la interpretación de esta figura
en nuestra jurisprudencia. Se trata de una norma que
expone el debido proceso de ley que ampara a la parte
demandada a una flexibilidad excesiva. Se aleja del
“acto sustancial” que consistentemente hemos requerido
en estos casos y trae confusión a los tribunales de
primera instancia que ahora se enfrentan a un principio
más liberal que el hasta ahora prevaleciente.
A la luz de todo lo anterior, no podemos estar
conformes con dicha norma.
C
En cuanto a la sociedad legal de gananciales, la
Opinión resuelve que el tribunal también adquirió
jurisdicción cuando en 1990, el señor López Hernández
compareció ante el tribunal de instancia para estipular
la pensión alimentaria de su hija menor de edad, también
alimentista en el presente caso. Ello, sumado a la
comparecencia del señor López Hernández y la
presentación de documentación sobre los ingresos
económicos de dicha entidad, el Tribunal concluye que en
este caso es suficiente para adquirir jurisdicción sobre
la persona de la sociedad legal de gananciales compuesta
por éste y la señora Lambert Rosado. En este sentido,
la Opinión cita a Urbino v. San Juan Racing, 141 D.P.R.
210 (1996). CC-2002-689 16
Sin embargo, como ya dijimos anteriormente, no
consta en autos ningún emplazamiento que haga referencia
a la sociedad legal de gananciales y no hay documentos
en los que podamos constatar la alegación de una causa
de acción en contra de esta entidad. Asimismo, según la
certificación de la Secretaria del Tribunal de Primera
Instancia de Guayama citada anteriormente, el
emplazamiento del señor López Hernández no hace
referencia alguna a la sociedad legal de gananciales
compuesta por él y la señora Lambert Rosado.
De igual forma, el extender la jurisdicción del
tribunal durante el trámite judicial de 1990 para
concluir que siete años más tarde el emplazamiento de
una de las partes era innecesario, es totalmente
incompatible con el debido proceso de ley. Ese
razonamiento da al traste con las normas procesales
vigentes y hace fútil el requerimiento de la
notificación formal provisto en las Reglas de
Procedimiento Civil en casos sobre aumento o reducción
de pensión alimentaria. De todas formas, en los autos
no constan los documentos necesarios para que pasemos
juicio sobre la facultad del señor López Hernández para
someter a la jurisdicción del tribunal a la sociedad
legal de gananciales en aquel momento. Además, ello no
está planteado ante nos.
Por otro lado, a pesar de que la Opinión del
Tribunal incluye amplias conclusiones referentes a la CC-2002-689 17
jurisdicción del tribunal de instancia sobre la sociedad
de gananciales y la señora Lambert Rosado, en los autos
no consta la demanda original de alimentos. Por
consiguiente, desconocemos si hubo alegación alguna en
contra de estas personas y sus recursos económicos.
Este es un factor determinante a la luz de la Opinión en
Vega Ortiz v. Bonilla, supra. Allí concluimos que en
vista de que de las alegaciones de la demanda no surgía
una causa de acción en contra de la sociedad legal de
gananciales y en el emplazamiento no se mencionó a ésta
o se aseveró que se estaba emplazando mediante el
cónyuge que fue efectivamente emplazado, el tribunal no
adquirió jurisdicción sobre dicha entidad a pesar de que
uno de sus componentes fue emplazado adecuadamente.
En esa misma instancia, también distinguimos el
caso de Urbino v. San Juan Racing, supra. Al respecto,
consideramos que de la demanda como del emplazamiento
debe surgir con meridiana claridad que se está
reclamando contra la sociedad para que uno de los
cónyuges pueda válidamente someterla a la jurisdicción
del tribunal. A la luz del expediente ante nos, estamos
impedidos de concluir que en este caso la sociedad legal
de gananciales fue parte demandada y que, por lo tanto,
el señor López Hernández pudo someterla válidamente a la
jurisdicción del tribunal.
Reconocemos el alto interés público que tienen los
casos de alimentos para los menores de edad. Empero, no CC-2002-689 18
debemos sostener una sentencia que impone el pago de una
pensión alimentaria que recayó en franca violación al
debido proceso de ley. Conforme a ello, dejaríamos sin
efecto la Resolución del Tribunal de Primera Instancia
de diciembre de 1997 y todo trámite ulterior secuela de
ésta por ser consecuencia de un procedimiento judicial
nulo por falta de jurisdicción sobre la persona de
partes indispensables.
Federico Hernández Denton Juez Asociado
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2003 TSPR 173, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/sol-maria-vazquez-ortiz-v-juan-m-lopez-hernandez-prsupreme-2003.