EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Shell Chemical Yabucoa, Inc.
Recurrida
v.
Gloria E. Santos Rosado, etc. Certiorari
Demandados 2012 TSPR 159
Shell Chemical Yabucoa, Inc. 187 DPR ____
Secretario de Hacienda, etc.
Peticionarios
Número del Caso: CC-2011-585
Fecha: 23 de octubre de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y San Juan
Oficina del Procurador General:
Lcda. Leticia Casalduc Rabell Subprocuradora General
Lcda. María Umpierre Marchand Procurador General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Juan A. Marqués Díaz Lcda. Britt E. Arrieta Rivera
Abogada del CRIM:
Lcda. Jessica Hernández Sierra
Materia: Contribuciones – requisito jurisdiccional de pago previo establecido en el Art. 3.48 de la Ley de Contribución Municipal (Ley 83 de 1991)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gloria E. Santos Rosado, etc.
Demandados CC-2011-585 Certiorari Shell Chemical Yabucoa, Inc.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2012
El presente caso nos permite estudiar el requisito
jurisdiccional de pago previo que contiene el Art. 3.48
de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, infra. En
particular, debemos determinar el efecto que tiene el
incumplimiento del contribuyente con el pago previo, tal
y como lo dispone el mencionado artículo. Además,
debemos resolver si dicho efecto se debe aplicar
prospectivamente. CC-2011-585 2
Por entender que el Tribunal de Apelaciones erró al
no desestimar la causa de acción, se revoca la sentencia
recurrida. Pasemos, pues, a exponer los hechos que
dieron origen a la controversia planteada en el caso de
epígrafe.
I
Shell Chemical Yabucoa, Inc.1 (Shell) es una compañía
organizada al amparo de las leyes de Puerto Rico, que se
dedica al proceso de refinería, procesamiento y mezcla de
petróleo crudo. El 1 de septiembre de 2009 el
Departamento de Hacienda (Hacienda) envió a Shell dos
notificaciones sobre requerimiento de pago de la
contribución especial sobre propiedad inmueble, conforme
a la Ley Núm. 7-2009, según enmendada, infra. La
notificación hacía referencia a dos catastros de
propiedad de Shell y requería el pago de una contribución
anual de $135,223.28 por uno y de $60,729.38 por el otro.
Inconforme con la totalidad de la contribución
impuesta, Shell presentó una solicitud de revisión
administrativa en Hacienda y en el Centro de Recaudación
de Ingresos Municipales (C.R.I.M.).2 Shell acompañó con
su solicitud dos pagos que totalizaban $78,381.06, o lo
que es igual al 40% de la totalidad de la contribución
anual notificada e impugnada. Hacienda no se expresó 1 Cabe señalar, que Shell Chemical Yabucoa, Inc. ahora es conocida como Buckeye Caribbean Terminals, LLC. Sin embargo, para fines de este caso utilizaremos el nombre de “Shell”, tal y como surge del epígrafe. Véase, Alegato de Shell, pág. 1. 2 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 76-101. CC-2011-585 3
dentro del término de 60 días establecidos en el Art.
3.48(a) de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según
enmendada, conocida como Ley de Contribución Municipal
sobre la Propiedad de 1991 (Ley de Contribución
Municipal).3
Ante la inacción administrativa, el 23 de diciembre
de 2009, Shell acudió al Tribunal de Primera Instancia,
Sala de San Juan, y presentó una demanda contra Hacienda
impugnando la totalidad de la contribución especial
notificada. En la demanda solicitó que se cancelaran las
notificaciones de imposición contributiva enviadas y que
se le reconociera como entidad exenta. Argumentó que
conforme al decreto de exención que ostenta no estaba
sujeta a dicha contribución, debido a que bajo los
efectos de la Sección 3701 del Código de Rentas Internas
de Puerto Rico sus propiedades no se utilizan para fines
comerciales. Solicitó, además, que se le reintegraran
los pagos realizados conforme a la Ley de Contribución
Municipal, supra. En la alternativa, Shell requirió la
retasación de la propiedad para que se tomara en
consideración el efecto de la suspensión de sus
operaciones de refinería y se celebrara una vista para
determinar la valoración de la propiedad.
De otra parte, obraba pendiente una demanda en el
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, incoada
3 21 L.P.R.A. sec. 5098(a). CC-2011-585 4
por Shell el 29 de octubre de 2009 contra el C.R.I.M. En
esta demanda Shell también impugnó la totalidad de la
contribución especial notificada. Como ambos pleitos
contenían cuestiones comunes de hechos y de derechos, las
partes solicitaron conjuntamente la consolidación de los
pleitos en la Sala de Humacao. Así las cosas, ambas
salas declararon con lugar la consolidación y el pleito
continuó ventilándose en la Sala de Humacao, foro donde
se inició el caso de mayor antigüedad.
Luego de los trámites de rigor y otros asuntos
procesales no relevantes, el 27 de agosto de 2010
Hacienda presentó una moción de desestimación. Alegó que
Shell no cumplió con los requisitos jurisdiccionales
dispuestos en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, para
que el tribunal pudiese asumir jurisdicción sobre su
impugnación.4 Hacienda aseveró que Shell tenía que
satisfacer el total de la deuda para que el tribunal
adquiriera jurisdicción, pues el pago del 40% del
impuesto estaba disponible para quienes estuvieran
conformes con una parte de la tributación e inconforme
con otra. Shell se opuso a la desestimación y refutó que
a pesar de estar en desacuerdo con toda la contribución
notificada, tenía la opción de pagar únicamente el 40% de
la totalidad del tributo en cuestión.
El 20 de octubre de 2010 el Tribunal de Primera
Instancia notificó una resolución mediante la cual
4 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 237. CC-2011-585 5
declaró “no ha lugar” la moción de desestimación
presentada por Hacienda. Ese tribunal concluyó que tenía
jurisdicción sobre el pleito y ordenó la continuación de
los procedimientos.
Inconforme, el 22 de noviembre de 2010, Hacienda
acudió mediante recurso de certiorari al Tribunal de
Apelaciones. Señaló, como único error, que el foro
primario no tenía jurisdicción debido a que Shell
incumplió con el requisito jurisdiccional de pago
provisto en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, ya que
sólo pagó el 40% de la deuda contributiva.
Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones emitió una
sentencia en la cual sostuvo que Shell incumplió con el
requisito jurisdiccional de pago cuando se impugna la
totalidad del impuesto. El foro apelativo concluyó que
Shell tenía que pagar el 100% de la contribución, ya que
impugnó la totalidad de la contribución notificada.
Señaló que la opción del 40% sólo estaba disponible para
quienes estaban conformes con una parte del impuesto.
No obstante, el Tribunal de Apelaciones entendió que
no procedía la desestimación de la demanda, sino que se
le debía dar la oportunidad a Shell de subsanar el
defecto jurisdiccional que enfrentaba su reclamación.5 El
25 de abril de 2011, inconforme con la decisión del foro
apelativo, Hacienda presentó una moción de
5 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 342. CC-2011-585 6
reconsideración cuya denegatoria fue notificada el 14 de
junio de 2011.
Oportunamente, el 13 de julio de 2011, Hacienda
acudió ante esta Curia mediante el recurso de certiorari
que nos ocupa y planteó el señalamiento de error
siguiente:
Erró crasamente el Tribunal de Apelaciones al denegar la desestimación solicitada por el E.L.A. y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para darle oportunidad a la parte demandante-recurrida a “subsanar el defecto jurisdiccional que enfrenta su reclamación”. Ello, toda vez que al incumplirse con un requisito de carácter jurisdiccional, el tribunal queda privado de jurisdicción y lo único que puede hacer es desestimar la causa de acción. (Énfasis en el original.)
Expedido el recurso y con el beneficio de las
comparecencias de ambas partes, resolvemos.
II
A. Art. 3.48 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991.6
El Art. 22 de la Ley Núm. 7-2009, según enmendada,
conocida como Ley Especial Declarando Estado de
Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de
Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto
Rico,7 creó una contribución especial sobre la propiedad
inmueble. Con esta ley se adoptaron los procedimientos
seguidos por el C.R.I.M. para trabajar la contribución
6 21 L.P.R.A. sec. 5098. 7 13 L.P.R.A. sec. 9401. CC-2011-585 7
especial. En específico, este artículo incorporó el
Subtítulo CC –Secciones 3701 al 3707- al Código de Rentas
Internas de Puerto Rico.8 Estos artículos establecieron
la contribución especial sobre la propiedad inmueble con
fines residenciales.
Posteriormente, mediante la Ley Núm. 37-2009 se
enmendó el Subtítulo CC del Código de Rentas Internas,
supra, para extender la contribución especial a la
propiedad inmueble con fines comerciales. A fines de
aclarar los parámetros de la contribución especial,
Hacienda emitió la Carta Circular de Rentas Internas
2009-08. En esta carta Hacienda aclaró la regla general
a seguir cuando se solicita una revisión administrativa e
impugnación judicial de la contribución especial. En lo
pertinente, la carta dispone que:
[A]quellos contribuyentes que deseen solicitar una revisión administrativa o impugnar judicialmente la contribución, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 3.48 de la Ley Núm. 83 y el Reglamento 7221 del CRIM, entendiéndose que cualquier referencia en dicha ley o en dicho reglamento al CRIM o su Director, se tendrá como referencia al Departamento de Hacienda o al Secretario de Hacienda.
La Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según
sobre la Propiedad de 1991,9 le confirió a los municipios
el poder y la facultad de tasar, imponer, notificar,
8 Ley Núm. 120-1994. 9 21 L.P.R.A. sec. 5001 et seq. CC-2011-585 8
determinar y cobrar las contribuciones sobre la
propiedad.10 En el 1998, mediante la Ley Núm. 135-1998,
la Asamblea Legislativa incorporó el Art. 3.48 a la Ley
Núm. 83, supra, para establecer el procedimiento para la
revisión administrativa e impugnación judicial de la
contribución especial. En lo que nos concierne, el Art.
3.48 de la referida ley indica:
(a) Revisión administrativa. Si el contribuyente no estuviere conforme con la notificación de la imposición contributiva emitida por el Centro de conformidad con las secs. 5076 y 5077 de este título, podrá solicitar por escrito una revisión administrativa donde se expresen las razones para su objeción, la cantidad que estime correcta e incluir, si lo entiende necesario, la evidencia o documentos correspondientes, dentro del término de treinta (30) días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por las secs. 5076 y 5077 de este título, siempre y cuando el contribuyente:
(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o;
(2) Pague al Centro de Recaudación la totalidad de la contribución impuesta.
El contribuyente que solicite una revisión administrativa, según se dispone en esta sección, no podrá acogerse al descuento por pronto pago dispuesto en la sec. 5093 de este título, excepto cuando pague la totalidad de la contribución impuesta, dentro de los términos prescritos por ley para tener derecho al descuento.
El Centro deberá emitir su decisión dentro de un término de sesenta (60) días a partir de la fecha de radicación de la solicitud de
10 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 83, supra. CC-2011-585 9
revisión administrativa por el contribuyente. […]
El procedimiento de revisión administrativa deberá completarse como requisito previo para que un contribuyente que no estuviere conforme con la decisión sobre imposición contributiva la impugne, según lo dispone el inciso (b) de esta sección.
(b) Impugnación judicial. Si el contribuyente no estuviere conforme con la determinación emitida por el Centro, de conformidad a las secs. 5076 y 5077 de este título y el inciso (a) de esta sección, podrá impugnar la misma ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por las secs. 5076 y 5077 de este título siempre y cuando dicho contribuyente, dentro del citado término:
(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o;
(2) Pague al Centro de Recaudación la totalidad de la contribución impuesta.
Tanto la presentación de la impugnación, como el pago de la contribución impuesta, ya sea en su totalidad o en la parte con la cual se estuviere conforme, así como el pago del cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no se estuviere conforme, dentro del término dispuesto, se consideran de carácter jurisdiccional.11 (Énfasis nuestro.)
Esta Curia tuvo la oportunidad de analizar el Art.
3.48 de la Ley Núm. 83, supra, en el caso de
Villamil Development v. C.R.I.M., 171 D.P.R. 392 (2007).
En ese caso tuvimos que resolver si el requisito
11 A pesar de que este artículo fue posteriormente enmendado por la Ley Núm. 71-2010, presentamos el artículo sin enmendar, ya que era el vigente al momento en que se suscitó la controversia. De todas formas, lo relacionado con el aspecto jurisdiccional no sufrió cambio alguno con la nueva ley. CC-2011-585 10
jurisdiccional del pago de la totalidad de la
contribución notificada se refería al periodo anual o al
periodo semestral. Luego de analizar el derecho
concluimos que:
En el caso hoy ante nuestra consideración, Villamil pagó $105,873.64 al CRIM dentro del término de 30 días a partir del depósito en el correo de la notificación de contribución. Dicho pago no fue suficiente para cumplir con el requisito jurisdiccional establecido en el Artículo 3.48 de la Ley, pues la suma pagada no constituye la totalidad de la contribución anual menos el 10% de descuento, ni la parte de la contribución anual con la cual estuviere conforme más el 40% de la contribución anual con la cual no estuviere conforme. Para cumplir con lo establecido en el Artículo 3.48 de la Ley Villamil debió haber pagado al CRIM: 1) $226,788.41, suma que corresponde a la parte de la contribución anual con la cual estuvo conforme más el 40% de la parte de la contribución anual con la cual no estuvo conforme; o 2) $211,747.30, suma que corresponde a la totalidad de la contribución anual impuesta menos el 10% de descuento por pronto pago. No lo hizo. Por consiguiente, tanto el CRIM como los tribunales recurridos actuaron correctamente al denegar la impugnación presentada.12
Como podemos observar, en el caso antes citado
resumimos claramente las únicas dos alternativas que el
Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, dispone. Estas
alternativas son: (1) que el contribuyente pague la
porción con la cual estuviere conforme y el 40% de la
porción con la cual no está conforme, o; (2) que el
contribuyente pague todo el tributo cuando impugna la
totalidad de la contribución.
12 Villamil Development v. C.R.I.M., 171 D.P.R. 392, 405 (2007). CC-2011-585 11
Posteriormente, en el caso de Lilly del Caribe v.
C.R.I.M., res. 3 de abril de 2012, 2012 T.S.P.R. 65,
185 D.P.R. ____ (2012), volvimos a interpretar el
mencionado artículo. En ese caso expresamos que “cuando
el legislador se ha manifestado con un lenguaje claro e
inequívoco, el texto de la ley es la expresión por
excelencia de toda intención legislativa”.13 Por lo
tanto, luego de analizar el texto de la ley, concluimos
que la interpretación hecha en el caso de
Villamil Development v. C.R.I.M., supra, fue correcta.
Claramente el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, dispone
las circunstancias en las que es permisible el pago del
40% de la deuda contributiva impugnada.14 En el caso de
Lilly del Caribe v. C.R.I.M., supra, explicamos más a
fondo los dos escenarios que tiene disponible un
contribuyente. En lo pertinente, se dispuso que:
La primera alternativa está disponible para el contribuyente que impugne el tributo parcialmente. En ese caso, el contribuyente pagará el 100% del impuesto que no cuestionó. Ahora bien, como incentivo para que no se cuestione innecesariamente todo el impuesto, se permite que el contribuyente pague tan solo el 40% del monto que realmente disputa. Es decir, la opción de pagar el 40 porciento se limita a la porción del impuesto con el que se está en desacuerdo, pero no en cuanto a la totalidad de la deuda. El segundo escenario se configura cuando el contribuyente impugna la contribución completa. Ante ese panorama, el ciudadano está obligado a pagar la
13 Lilly del Caribe v. C.R.I.M., res. 3 de abril de 2012, 2012 T.S.P.R. 65, 185 D.P.R. ____ (2012); Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 D.P.R. 231 (2010); Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 151 D.P.R. 634 (2000). 14 Lilly del Caribe v. C.R.I.M., supra. CC-2011-585 12
contribución en su totalidad, acogiéndose al 10 porciento de pronto pago que contempla el Art. 3.43 de la Ley Núm. 83, supra, 21 L.P.R.A. sec. 5093. (Énfasis nuestro.)
B. Requisito jurisdiccional del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra.
Como sabemos, la jurisdicción es el poder o la
autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir
casos o controversias.15 Para que el tribunal pueda
atender y adjudicar un caso tiene que tener tanto
jurisdicción sobre la materia como jurisdicción sobre las
partes litigiosas. La jurisdicción sobre la materia se
refiere a la capacidad del tribunal para atender y
resolver una controversia sobre un aspecto legal.16
Cuando no hay jurisdicción sobre la materia, el tribunal
carece de autoridad y poder para entender en el asunto.17
Recientemente, en Aguadilla Paint Center, Inc. v.
Esso Standard Oil, Inc., 183 D.P.R. 901 (2011),
reiteramos nuestra pauta sobre las circunstancias
inexorablemente fatales que conlleva la falta de
jurisdicción sobre la materia, estas son: (1) no es
susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden
voluntariamente otorgar al tribunal jurisdicción sobre la
15 Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, 184 D.P.R. 393 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675 (2011). 16 J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, Colombia, Ed. Nomos, 2010, pág. 25. Véase también, S.L.G. Solá- Moreno v. Bengoa Becerra, supra. 17 J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2011, T. I, pág. 192. CC-2011-585 13
materia ni puede el tribunal abrogársela; (3) los
dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la materia
son nulos (nulidad absoluta); (4) los tribunales tienen
el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción;
(5) los tribunales apelativos deben examinar la
jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6)
un planteamiento de falta de jurisdicción sobre la
materia puede hacerse en cualquier etapa del
procedimiento por cualesquiera de las partes o por el
tribunal motu proprio.
La falta de jurisdicción es una defensa que no se
renuncia y se puede levantar en cualquier etapa de los
procedimientos. Le corresponde a los tribunales ser
celosos guardianes de su jurisdicción.18 Es deber
ministerial de todo tribunal, cuestionada su
jurisdicción, examinar y evaluar con rigurosidad el
señalamiento, pues éste incide directamente sobre el
poder mismo para adjudicar una controversia.19
Los requisitos jurisdiccionales son “aquellos que
deben cumplirse antes de que el tribunal pueda conocer
del pleito”.20 Como vemos, el incumplimiento de una parte
con un requisito jurisdiccional establecido por ley priva
18 Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, supra; Souffront Cordero v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005). 19 Souffront Cordero v. A.A.A., supra; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003). 20 I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3era ed., San Juan, LexisNexis, 2000, pág. 235. CC-2011-585 14
al tribunal de jurisdicción para atender los méritos de
la controversia.21 En estos casos, si un tribunal carece
de jurisdicción también carece de discreción, y los
tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción
donde la ley no la confiere.22 Es decir, la ausencia de
jurisdicción es insubsanable.23 Tan pronto el tribunal
determina que no tiene jurisdicción sobre la materia,
está obligado a desestimar el caso.24 Cualquier sentencia
dictada sin jurisdicción es nula en derecho y, por lo
tanto, inexistente.25
De otra parte, en casos contributivos hemos
expresado que los requisitos jurisdiccionales “no son
otra cosa que la expresión de condiciones o requisitos
cuyo cumplimiento el Estado exige para que se le demande.
Por lo tanto, deben ser cumplidos estrictamente, y en la
misma forma que se ha exigido por el legislador”.26 No
debemos perder de perspectiva que cuando el legislador
provee para que el contribuyente pueda litigar contra el
gobierno la reclamación del impuesto que se le formula,
21 Virella v. Proc. Esp. Rel. Familia, 154 D.P.R. 742 (2001). 22 Szendrey v. F. Castillo Family, 169 D.P.R. 873 (2007); Virella v. Proc. Esp. Rel. Familia, supra. 23 S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra. Véase, además, Cuevas Segarra, op. cit., pág. 193. 24 S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848 (2009). 25 Szendrey v. F. Castillo Family, supra; Montañez Rivera v. Policía, 150 D.P.R. 917 (2000). 26 Cafeteros de Puerto Rico v. Srio. de Hacienda, 82 D.P.R. 633, 641 (1961). CC-2011-585 15
en ese momento el gobierno está renunciando a su
inmunidad de soberano.27 Es por eso que los requisitos
que el estatuto exige a tales fines son de estricto
cumplimiento y por lo general de carácter jurisdiccional
para los tribunales.28
Debido a las consecuencias fatales que acarrea el
determinar que un término es de naturaleza
jurisdiccional, debe surgir claramente la intención del
legislador de imponerle esa característica al término.29
A tenor de lo anterior, los tribunales deben interpretar
el estatuto para encontrar la expresión clara del
legislador en cuanto a la naturaleza del término. Al
hacer esta interpretación primero deben acudir al texto
de la ley. Si el texto de la ley es claro y libre de
toda ambigüedad, el propio texto es la mejor expresión de
la intención legislativa.30 Sólo si se encuentra
ambigüedad en el texto de la ley, los tribunales deben
entonces asegurarse de dar cumplimiento a los propósitos
legislativos.31
27 Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R. 720, 733 (2010). 28 Íd.; Ortiz v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 572, 575 (1987); Vizcarrondo v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 566, 574 (1983). 29 Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, supra; J. Directores v. Ramos, 157 D.P.R. 818, 823 (2002); Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 615 (1997). 30 Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 D.P.R. 849 (2010). 31 Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, supra; Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, supra. CC-2011-585 16
Podemos apreciar que el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83,
supra, dispone expresamente que tanto el término para la
presentación de la impugnación como el pago de la
contribución impuesta se consideran requisitos de
carácter jurisdiccional. La Asamblea Legislativa creó
este mecanismo con carácter jurisdiccional para que un
contribuyente promueva su acción impugnatoria sólo cuando
tenga bases sólidas.32 La Comisión de Asuntos Municipales
y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes
redactaron un informe sobre el P. de la C. 1543.33 En el
informe explican el propósito del requisito
jurisdiccional de pago previo de la contribución inmueble
anual. El mencionado informe indica, en lo pertinente,
que:
Además se establece que durante ese término, el contribuyente deberá pagar la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere de acuerdo o, en su lugar, la totalidad de la contribución impuesta garantizándole el rembolso total de la misma, en caso de prevalecer en su reclamación. También se dispone que cuando se pague parte de la contribución, el contribuyente no se podrá acoger al descuento por pronto pago dispuesto en el Artículo 3.43.
Estas disposiciones uniforman el procedimiento de cobro de las contribuciones a los establecidos en el caso de impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia, para que el CRIM pueda cumplir con su deber ministerial de distribuir a los municipios la parte cobrada. Esto es recurriendo directamente a los Tribunales y dejando de pagar la contribución
32 Lilly del Caribe v. C.R.I.M., supra. 33 El P. de la C. 1543 se convirtió eventualmente en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra. CC-2011-585 17
impuesta hasta tanto el Tribunal emita su decisión sobre el caso. Lo anterior afecta los ingresos que reciben los municipios por este concepto sobre todo, cuando conscientes del proceso de revisión administrativa [el] contribuyente acude al Tribunal como subterfugio para dejar de pagar sus contribuciones.
Por lo tanto, el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm.
83, supra, es claro y libre de toda ambigüedad cuando
expresa que el pago de la contribución, tal como dispone,
constituye un requisito jurisdiccional para el
perfeccionamiento del recurso de revisión administrativa
o impugnación judicial, de manera que es indispensable su
cumplimiento.
III
En el caso ante nos, Shell impugnó la totalidad de
la contribución especial notificada por Hacienda, sin
embargo, sólo pagó el 40% de la contribución notificada.
Como ya hemos resuelto, el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83,
supra, solo contempla dos alternativas para el pago de la
contribución. La primera alternativa dispone que el
contribuyente pague el 40% de la contribución, únicamente
cuando impugna el tributo parcialmente. Por otro lado,
la segunda alternativa establece que el contribuyente
pague el 100% de la contribución cuando impugna la
contribución completa. Por lo tanto, Shell tenía que
pagar el 100% de la contribución, ya que impugnó la
totalidad de la contribución notificada. CC-2011-585 18
De otra parte, Shell alegó en la demanda que no es
contribuyente para propósitos de la contribución
especial, ya que sus propiedades no se utilizan para
fines comerciales y, por consiguiente, no tenía que
agotar los remedios administrativos. No obstante, Shell
optó conscientemente por seguir la acción de impugnación
que concede el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, y no
un remedio en equidad. Así pues, tenía un procedimiento
adecuado que le garantizaba el debido proceso de ley para
hacer cualquier reclamación que tuviera en torno a la
contribución especial. Con ello, sujetó su reclamo al
requisito jurisdiccional que allí se dispone. No puede
pretender ahora evadir el requisito jurisdiccional
dispuesto en el Art. 3.48, supra.
Precisado lo anterior, examinemos el Art. 3.48 de la
Ley Núm. 83, supra. Podemos observar que en el artículo
antes mencionado, el legislador expresamente estableció
que los requisitos para promover una revisión
administrativa o una impugnación judicial son de carácter
jurisdiccional. Dado su tenor literal concluimos que la
ley es clara y libre de ambigüedad. Como mencionáramos,
si el texto de la ley es claro y libre de toda
ambigüedad, el propio texto es la mejor expresión de la
intención legislativa. Por consiguiente, el
contribuyente que impugne la contribución especial tiene
que cumplir con los requisitos del Art. 3.48 de la Ley
Núm. 83, supra, para que el tribunal pueda adquirir CC-2011-585 19
jurisdicción y atender su controversia. En otras
palabras, el incumplimiento con los requisitos
jurisdiccionales del Art. 3.48, supra, priva de
jurisdicción a los tribunales. La falta de jurisdicción
es una consecuencia fatal que no puede ser subsanada por
las partes ni por el tribunal. Una vez se incumplen
estos requisitos jurisdiccionales lo único que procede es
la desestimación de la causa de acción.
El Tribunal de Apelaciones correctamente interpretó
que el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, es
claro y contiene requisitos jurisdiccionales. No
obstante, expresó que a pesar de Shell no cumplir con los
requisitos jurisdiccionales, no procedía desestimar la
causa de impugnación. Shell alegó que el Tribunal de
Apelaciones actuó correctamente al darle efecto
prospectivo a su determinación. Argumentó que no tenía
forma de saber que Hacienda haría una nueva
interpretación sobre el mencionado artículo. También
expresó que esta nueva interpretación le violó el debido
proceso de ley porque no tuvo un aviso adecuado sobre la
nueva norma establecida. Además, añadió que esta nueva
interpretación tiene el efecto de negarle acceso al foro
judicial para impugnar la contribución.
Conforme a la jurisprudencia aludida y el derecho
aplicable, resulta forzoso concluir que carecen de
méritos las alegaciones de Shell en cuanto a que procedía
darle efecto prospectivo a la decisión del foro CC-2011-585 20
apelativo. Shell no puede alegar que no tenía forma de
saber que Hacienda haría una nueva interpretación sobre
el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra. Desde el 2007, en
el caso de Villamil Development v. C.R.I.M., supra,
interpretamos que el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra,
contempla sólo dos alternativas. Las alegaciones de
Hacienda no son nuevas interpretaciones del mencionado
artículo como expresa Shell.
De otra parte, según expresamos en el caso de
Lilly del Caribe v. C.R.I.M., supra, y como bien resolvió
el foro apelativo, el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm.
83, supra, es claro en cuanto a las circunstancias en las
que es permisible el pago del 40% de la contribución y
cuando se tiene que pagar el 100% de la contribución al
impugnar la contribución notificada. Quiere decir, que
no existe otra posible interpretación al mencionado
artículo. Es evidente que el Art. 3.48 de la Ley Núm.
83, supra, no contempla la interpretación que pretendió
establecer Shell. Es por eso que Shell no puede alegar
que confió en una norma anterior que quedó desplazada por
una nueva norma. Debido a que el texto del Art. 3.48 de
la Ley Núm. 83, supra, es claro y libre de ambigüedad, su
disposición siempre ha sido la norma establecida. Por lo
tanto, a Shell no se le violó el debido proceso de ley.
No obstante, a pesar de su interpretación, el foro
intermedio no desestimó la causa de acción y le dio la
oportunidad a Shell de subsanar el defecto CC-2011-585 21
jurisdiccional. Ciertamente, erró el foro apelativo
intermedio; un requisito jurisdiccional no puede ser
aplicado prospectivamente. Las partes no pueden alegar
que se la ha violado el debido proceso de ley por no
tener una notificación adecuada o que el resultado sería
injusto. Ante un mandato claro y expreso de la ley, se
tiene que hacer valer tal mandato como lo expresó el
legislador. Cuando se incumple con el requisito
jurisdiccional que estableció el legislador la única
alternativa es la desestimación de la causa, pues tal
defecto es insubsanable. Por lo tanto, el Tribunal de
Apelaciones sólo poseía jurisdicción para dictaminar que
no la tenía.34
Shell tenía que cumplir con el requisito
jurisdiccional como se establece en el Art. 3.48 de la
Ley Núm. 83, supra, cuando se impugna la totalidad de la
contribución. Shell debió saber que la consecuencia de
incumplir con el requisito jurisdiccional de la forma
dispuesta por el estatuto en controversia era la
desestimación de la acción de impugnación contributiva.
Por lo tanto, su incumplimiento privó de jurisdicción al
tribunal.
Acorde a lo anterior, es importante aclarar que la
interpretación que esta Curia ha hecho sobre el Art. 3.48
34 S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 682-683 (2011); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003). CC-2011-585 22
de la Ley Núm. 83, supra, no pone en riesgo la seguridad
jurídica de quienes descansan en decretos de exención,
como hizo Shell en este caso. Simplemente explicamos que
el contribuyente que impugne la totalidad de la
contribución especial utilizando la acción de impugnación
que concede el mencionado artículo, está sujeto al
requisito jurisdiccional que allí se dispone. Una vez el
tribunal atiende el caso en sus méritos y resuelve a
favor del contribuyente, la ley le garantiza el rembolso
total de la contribución pagada. En lo que nos
concierne, el Art. 3.48(b) de la Ley Núm. 83, supra,
indica que:
Si la decisión del Tribunal fuere favorable al contribuyente y éste hubiere pagado la contribución impugnada en o con posterioridad a lo establecido en este artículo, dicha decisión dispondrá que se devuelva a dicho contribuyente la contribución o la parte de ella que estimare el Tribunal fue cobrada en exceso, con los intereses correspondientes por ley, computados desde la fecha de pago de la contribución impugnada.
Por lo tanto, podemos observar que no se pone en
riesgo la seguridad jurídica de quienes descansan en
decretos de exención. Una vez el contribuyente cumpla
con el requisito jurisdiccional podrá defender su decreto
de exención ante el foro judicial. Si el tribunal
resuelve que en efecto el contribuyente está exento de la
contribución especial, tendrá derecho al rembolso de la
contribución que pagó y, además, tendrá derecho a los CC-2011-585 23
intereses correspondientes por ley computados desde la
fecha en que pagó la contribución.
Según los fundamentos antes expuestos, era necesario
que Shell pagara la totalidad de la contribución
notificada como requisito jurisdiccional antes de
presentar su acción judicial. Al no hacerlo privó de
jurisdicción al foro judicial para atender su reclamo.
Por lo tanto, procede desestimar la causa de impugnación.
IV
En armonía con lo antes señalado, se revoca la
sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y como
resultado se desestima la causa de acción por falta de
jurisdicción.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demandados CC-2011-585 Certiorari Shell Chemical Yabucoa, Inc.
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y como resultado se desestima la causa de acción por falta de jurisdicción.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin opinión escrita.
El Juez Presidente señor Hernández Denton hace constar la siguiente expresión:
El Juez Presidente señor Hernández Denton disiente de la Opinión mayoritaria por las mismas razones expuestas en su disenso en Lilly del Caribe v. C.R.I.M, 2012 T.S.P.R. 65, 185 D.P.R. ___ (2012). CC-2011-585 2
La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente sin opinión escrita. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo