EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Berardo A. Quílez-Velar; Marta Bonelli-Cabán; Berardo Quílez Bonelli; Carlos A. Quílez Bonelli 2017 TSPR 165 Peticionarios 198 ____ v.
Ox Bodies, Inc.
Recurrido
Número del Caso: CT-2016-10
Fecha: 31 de agosto de 2017
Certificación proveniente de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito.
Abogados de los Peticionarios:
Lcdo. José Luis Ubarri García Lcdo. David W. Román Rodríguez Lcdo. Luis R. Mena Ramos
Abogados de los Recurridos:
Lcdo. Francisco J. Colón Pagán Lcdo. Francisco E. Colón Ramírez
Materia: Responsabilidad civil extracontractual - Deudor solidario puede valerse del límite de responsabilidad estatutaria que cobija a un municipio codeudor, en la porción de la deuda que sea atribuible a ese municipio.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Berardo A. Quílez-Velar; Marta Bonelli-Cabán; Berardo Quílez-Bonelli; Carlos A. Quílez Bonelli
Peticionarios Núm.CT-2016-0010 v.
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2017
Tenemos ante nuestra consideración una pregunta
certificada de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos
para el Primer Circuito. Ésta nos permite analizar el
efecto que tiene el límite de responsabilidad que cobija a
un municipio sobre su codeudor solidario en una acción de
daños y perjuicios. Por considerar que la pregunta
certificada presenta una controversia novel de derecho
puertorriqueño, sin cuya dilucidación el tribunal federal
se vería impedido de disponer del caso, procedemos a
contestarla.
I.
A.
Los hechos del presente caso se remontan al 1 de
octubre de 2010. Aquel día, la Sra. Maribel Quílez
Bonelli, madre de 28 años conducía su vehículo en el CT-2016-0010 2
carril de la extrema izquierda en la Avenida Román
Baldorioty de Castro, cuando impactó un camión
perteneciente al Municipio de San Juan. El camión estaba
equipado con un parachoques trasero diseñado por la
compañía Ox Bodies. No obstante, al momento del impacto,
la parte trasera del camión penetró la cabina del vehículo
de la señora Quílez Bonelli, ocasionándole serias heridas.
Posteriormente, la señora Quílez Bonelli falleció a causa
del accidente.
A razón de la tragedia acaecida, el Sr. Berardo
Quílez Velar, la Sra. Marta Bonelli Cabán, el Sr. Berardo
Quílez Bonelli y el Sr. Carlos Quílez Bonelli, padres y
hermanos de la señora Quílez Bonelli (en adelante, “los
demandantes”), presentaron una demanda sobre daños y
perjuicios en los foros federales y estatales.
En el Tribunal de Primera Instancia, los demandantes
presentaron una demanda enmendada el 1 de noviembre de
2011 en la cual alegaron negligencia y nombraron como
demandados al Estado Libre Asociado, la Autoridad de
Carreteras y Transportación, el Municipio de San Juan (en
adelante “el Municipio”) y su aseguradora, Integrand
Assurance Company (en adelante “Assurance”). Así las
cosas, el 16 de mayo de 2014, Assurance consignó $500,000
en el Tribunal de Primera Instancia, cantidad que
representaba el tope del seguro de responsabilidad del
Municipio. Posteriormente, el foro de instancia ordenó que CT-2016-0010 3
los fondos consignados se les entregaran a los demandantes
y desestimó la demanda en cuanto al Municipio.
Por otro lado, en el foro federal, los demandantes
habían presentado una demanda enmendada el 20 de marzo de
2013 en contra de Ox Bodies debido al diseño defectuoso
del parachoques trasero del camión. Luego, Ox Bodies y su
compañía matriz presentaron una demanda contra tercero en
contra del Municipio de San Juan. El 16 de mayo de 2014,
el mismo día que se llevó a cabo la consignación de fondos
en el tribunal estatal, el Municipio le informó a la corte
federal de la consignación. Consecuentemente, la corte
federal desestimó la demanda en cuanto al Municipio el 4
de septiembre de 2014, sin objeción alguna de Ox Bodies.
Celebrado el juicio, el jurado concluyó que Ox Bodies
respondía a los demandantes bajo una teoría de
responsabilidad absoluta debido al diseño defectuoso del
parachoques trasero y otorgó daños que totalizaron
$6,000,000. Además, el jurado adjudicó la responsabilidad
por los daños de la siguiente manera: le atribuyó 20% de
la responsabilidad a Ox Bodies, 80% al Municipio (que ya
no formaba parte de la demanda) y 0% a la señora Quílez
Bonelli.
En atención a ello, la magistrada Silvia Carreño Coll
determinó que Ox Bodies sólo debía compensar los daños por
los cuales era directamente responsable, entiéndase, 20%
del total, que equivalía $1,200,000. La magistrada
resolvió que puesto que el Municipio estaba cobijado por CT-2016-0010 4
un límite de responsabilidad y éste ya había alcanzado
dicho límite mediante la consignación de fondos en el foro
estatal, Ox Bodies no tenía derecho de nivelar contra el
Municipio. A la vez, la magistrada Carreño Coll razonó que
si un demandado solidario pierde su derecho de nivelación
contra su codeudor debido a la inmunidad o limitación de
responsabilidad estatutaria de este último, éste sólo
debería responder frente al demandante en proporción a su
responsabilidad. Para llegar a esa conclusión, trazó una
analogía con nuestra jurisprudencia de nivelación contra
el patrono en casos de daños presentados por el obrero
contra un tercero.1 Por lo tanto, concluyó que Ox Bodies no
respondería por el 80% de responsabilidad adjudicada al
Municipio de San Juan.
Inconforme con la determinación, los demandantes
acudieron en apelación a la Corte de Apelaciones de
Estados Unidos para el Primer Circuito. Éstos arguyen que
aunque Ox Bodies no pueda nivelar contra el Municipio,
sigue siendo un deudor solidario del total de los daños
1 La argumentación analógica en el campo del Derecho ―forma inductiva de argumentar― es una herramienta indispensable en la aplicación del Derecho. La analogía le permite a una parte o a un magistrado sostener que un asunto debe atenderse/resolverse de cierta manera porque hay otro ―semejante al primero en lo esencial― que se atendió/resolvió de esa manera. De esta forma, el principio legal o la norma que se aplicó en la primera situación se aplicará igual a la segunda, en virtud de las similitudes esenciales o materiales entre ambos casos. Ruggero J. Aldisert, Logic for Lawyers, cap. 6 (1989). La analogía permite razonar a base de ejemplos y opera solamente cuando existe un vacío legal respecto a la controversia planteada en un caso. Véase Orraca López v. ELA, 192 DPR 31 (2014). CT-2016-0010 5
otorgados, entiéndase, $6,000,000. Por lo tanto, tiene la
responsabilidad de pagar la totalidad de la cuantía. La
Corte de Apelaciones consideró que la controversia
presentaba una interrogante importante del Derecho de
daños de Puerto Rico y, consecuentemente, nos certificó la
siguiente pregunta:
¿Fue correcto el dictamen de la magistrada de limitar los daños otorgados contra Ox Bodies a $1,200,000 y negarle a los Quílez los daños solidarios otorgados por el jurado, ascendientes a $6,000,000? (traducción nuestra)2
II.
El auto de certificación interjurisdiccional permite
que los tribunales federales y los tribunales supremos de
los diversos estados de Estados Unidos de América nos
presenten preguntas del Derecho puertorriqueño cuya
contestación puede determinar el resultado de un asunto
judicial ante el tribunal solicitante. Véase Muñiz-Olivari
v. Stiefel Labs., 174 DPR 813, 817 (2008).
Como reza la regla que lo permite, el auto de
certificación interjurisdiccional tiene dos requisitos, a
saber: que la pregunta certificada pueda determinar el
resultado del asunto judicial y para la cual no existan
precedentes claros en nuestra jurisprudencia. 4 LPRA sec.
2 La pregunta certificada, en el idioma original, lee: Was the magistrate judge correct in this case to limit the damages award against Ox Bodies to $1,200,000 and deny Quilez a joint and several damages award of $6,000,000 against Ox Bodies? CT-2016-0010 6
24s (g). En el pasado, hemos rechazado contestar una
pregunta certificada si la corte federal podría ignorar
nuestra respuesta y resolver la misma controversia bajo
fundamentos federales distintos a los nuestros. Véase Pan
American Computer Corp. v. Data General Corp., 112 DPR 780
(1982). Ello, ya que en ese supuesto, nuestra decisión se
tornaría consultiva. Id. en la pág. 794.
En el caso de autos, nuestra respuesta a la pregunta
certificada pondría fin al asunto judicial ante la Corte
de Apelaciones y no hay precedente en nuestra
jurisprudencia que atienda el caso puntualmente. Así las
cosas, estamos en posición de considerar el auto de
certificación presentado.
B.
Las obligaciones con una multitud de deudores pueden
ser de naturaleza mancomunada o solidaria. Mientras que en
la obligación mancomunada cada deudor cumple con su parte
de la deuda de manera independiente, en la obligación
solidaria cada deudor tiene el deber de satisfacer la
totalidad del crédito que ostenta el acreedor. 31 LPRA
sec. 3101; véase Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186
DPR 365, 375 (2012); véase además Eduardo Vázquez Bote,
Tratado teórico, práctico y crítico de Derecho privado
puertorriqueño t. V, pág. 136 (1991). A su vez, en las
obligaciones solidarias, el deudor solidario que pague la
totalidad de la deuda puede luego reclamar de sus
codeudores la parte que a cada uno corresponda, mediante CT-2016-0010 7
una acción de nivelación. 31 LPRA sec. 1098; véase García
v. Gobierno de la Capital, 72 DPR 138 (1951).
Ahora bien, en nuestro ordenamiento, el art. 1090 del
Código Civil establece una presunción de mancomunidad,
salvo pacto expreso al contrario. 31 LPRA sec. 3101. Sin
embargo, jurisprudencialmente, rechazamos extender la
presunción de mancomunidad al campo de la responsabilidad
civil extracontractual, en aras de proteger al
damnificado. Así, en una acción sobre daños
extracontractuales, cualquiera de los cocausantes del daño
es responsable de pagar la totalidad de éste. Véase
Maldonado Rivera v. Suárez, 195 DPR 182, 195-96 (2016).
Como mencionamos, en las obligaciones solidarias,
cada deudor está obligado a responder por la totalidad de
la deuda. Asimismo, para recobrar su acreencia, el
acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores
solidarios o contra todos simultáneamente. Véase 31 LPRA
sec. 3108. No obstante, en el caso de autos, el codeudor
solidario es un municipio, protegido por un límite de
responsabilidad establecido en la Ley de Municipios
Autónomos. 21 LPRA sec. 4704. Ya que el Municipio de San
Juan está asegurado, el límite de responsabilidad
estatutaria aplicable es “el grado de la indemnización
cobrable real y efectivamente provista por dicho seguro en
cuanto a un suceso en particular”. 26 LPRA sec. 2004. Por
ello, los demandantes se verían impedidos de recobrar de CT-2016-0010 8
éste más de lo permitido por el límite de responsabilidad,
entiéndase, el tope del seguro del Municipio.
Resta por considerar si al codeudor solidario de un
municipio se le puede exigir la totalidad de la deuda,
independientemente de si la cantidad de la deuda que le
corresponde al municipio excede el límite de
responsabilidad que protege a este último.
C.
Hemos tenido más de una oportunidad de analizar la
consecuencia de un deudor cobijado por inmunidad
estatutaria sobre su codeudor solidario.
En el contexto de inmunidad patronal por accidentes
en el trabajo, resolvimos la interrogante hace más de
cincuenta años. En Cortijo Walker v. AFF, 91 DPR 574
(1964), la demandada intentó instar una demanda en contra
de tercero para responsabilizar al patrono del demandante
por el daño sufrido. Ello, pese a que el daño del
demandante ocurrió en el lugar de trabajo y, por lo tanto,
el patrono era inmune ante una reclamación directa del
obrero debido a la Ley de Compensaciones por Accidentes
del Trabajo. En esa ocasión, concluimos que la “inmunidad
estatutaria no puede disolverse a través del medio
indirecto de la demanda de tercero”. Id. en la pág. 582.
Por lo tanto, de resolverse finalmente que el patrono era
responsable por una porción de los daños, la demandada no
hubiera podido ejercer una acción de nivelación en su
contra para recobrar lo que ésta pagó en exceso. CT-2016-0010 9
Posteriormente, ante una situación de hechos similar
a Cortijo Walker, concluimos que el patrono, a quien
intentaban traer como tercero demandado, “n[o] respondería
de manera indirecta como un tercero demandado, ni podría
la demandada resarcirse luego del patrono como un
colaborador con ella del daño”. Viuda de Andino v. AFF, 93
DPR 170, 181 (1966). Empero, en Viuda de Andino fuimos más
allá, e indicamos que debido a la inmunidad del patrono
colaborador del daño, la demandada únicamente tenía la
obligación de resarcir el daño “en proporción a su propia
culpa y al grado en que colaboró a producirl[a]”. Id. en
la pág. 182. Dicha norma la reiteramos un año después en
Rosario Crespo v. AFF, 94 DPR 834, 849 (1967).
Asimismo, hemos llegado a una conclusión afín con
relación a la inmunidad interfamiliar en el campo de la
responsabilidad civil extracontractual que establece el
Código Civil en el art. 1810A. Véase 31 LPRA sec. 5150.
Luego de vacilar por unas décadas en cuanto a la normativa
aplicable en estos casos, 3 en Colón Santos v. Coop. Seg.
Múlt. PR concluimos de manera definitiva que:
[E]n un caso donde un menor sufre daños en parte a causa de la culpa o negligencia de un miembro de su círculo familiar íntimo, procede descontar la proporción de negligencia de dicho familiar del monto total de los daños adjudicados a favor de la parte demandante, independientemente de
3 Véase Miranda v. ELA, 137 DPR 700 (1994); Molina, Caro v. Dávila, 121 DPR 362 (1988); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 113 DPR 357 (1982); Torres Pérez v. Medina Torres, 113 DPR 72 (1982); Quintana Martínez v. Valentín, 99 DPR 255 (1970). CT-2016-0010 10
que implique disminuir la indemnización del menor que sufrió los daños. Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. PR, 173 DPR 170, 184 (2008).
Resolvimos así pues dicha solución evita una posterior
acción de nivelación contra el miembro de familia
cocausante del daño que socavaría por completo la
protección conferida mediante la inmunidad estatutaria.
Véase id. Como ha comentado el Profesor Álvarez González,
la solución a la cual llegamos en Colón Santos fue
“correcta y justiciera”, pues evita “el equivalente
funcional de una demanda entre miembros del núcleo
familiar por los daños sufridos por uno de ellos”. José J.
Álvarez González, Responsabilidad Civil Extracontractual,
78 REV. JUR. UPR 457, 467-68 (2009).4
En primer lugar, en los casos reseñados, impedimos
que un demandado ejerciera una acción de nivelación contra
un cocausante inmune estatutariamente. Como ya indicamos,
permitir una acción de nivelación en ese supuesto
socavaría, en términos prácticos, la inmunidad conferida
por ley al cocausante del daño. Eso sería inaceptable,
pues implicaría pasar por alto las fuertes consideraciones
4 Por su parte, el profesor Bernabe Riefkohl ha comentado que la solución correcta sería impedir una acción de nivelación contra el familiar inmune, pero requerirle al demandado que pague la totalidad de los daños otorgados. Véase Alberto Bernabe Riefkohl, Colón Santos v. Cooperativa de Seguros Múltiples y el aparente conflicto entre las doctrinas de la solidaridad y la inmunidad, 79 REV. JUR UPR 1091 (2010). Sin embargo, esa propuesta nos parece desacertada, en tanto permite que el demandante evada la inmunidad estatutaria de un cocausante del daño dirigiéndose contra otro cocausante. CT-2016-0010 11
de política pública que llevaron al legislador a
conferirle inmunidad a determinada persona.
En segundo lugar, rechazamos imputarle a un codeudor
solidario la responsabilidad de pagar por la porción de
los daños atribuible a un codeudor cobijado por una
inmunidad estatutaria. Si un codeudor es inmune por razón
de una ley que así lo prescribe, su porción de la deuda no
debe formar parte de la deuda solidaria. Asimismo, si un
codeudor está cobijado por un límite de responsabilidad
estipulado por la ley, como en el caso de autos, pues su
porción de la deuda no puede rebasarse del límite
establecido.
Por último, es menester señalar que la lógica que
subyace todos estos casos está explícitamente enmarcada en
nuestro Código Civil. El art. 1101 señala las excepciones
que puede hacer el deudor solidario contra la reclamación
del acreedor. La jurisprudencia que adoptó la regla de
solidaridad para casos de responsabilidad civil
extracontractual nunca discutió este artículo; sin
embargo, éste es parte esencial de la teoría de las
obligaciones solidarias. El referido artículo nos indica:
El deudor solidario podrá utilizar contra las reclamaciones del acreedor todas las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales. De las que personalmente correspondan a los demás, sólo podrá servirse en la parte de deuda de que éstos fueren responsables. 31 LPRA sec. 3112. CT-2016-0010 12
Como explica el tratadista Gómez Ligüerre en cuanto al
art. 1148 del Código Civil español, análogo a nuestro art.
1101, la frase “parte de deuda se refiere a la relación
interna [entre los deudores] y, en contra de la finalidad
a la que responde la solidaridad pasiva, se permite a uno
de los codeudores que oponga al acreedor excepciones que
ni le son propias ni proceden de la obligación”. Carlos
Gómez Ligüerre, Solidaridad y Derecho de daños: Los
límites de la responsabilidad colectiva 69 (2007). Como
razona José Puig Brutau:
[S]e trata, por supuesto, de una regulación orientada por criterios de política pública, en lugar de ser derivación inflexible de la naturaleza de la obligación solidaria. Además, si no estuviese así establecido, el acreedor podría evitar la eficacia de las excepciones personales de algunos deudores a base de dirigirse contra cualquiera de los demás obligados. José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, t. I, v. II, págs. 170-71 (3ra ed., 1985).
A manera de ejemplo, Vázquez Bote nos ilustra que “el
acreedor que pactó con un menor podría eludir el régimen
especial de anulabilidad, reclamando a los restantes
deudores. . . y el deudor a quien se reclama el pago puede
oponerse a satisfacer la proporción del menor,
precisamente por ser éste menor”. Eduardo Vázquez Bote,
puertorriqueño, t. V, pág. 146 (1991).
Si bien los casos discutidos nunca mencionan este
artículo, en la práctica aplicaron su postulado al pie de CT-2016-0010 13
la letra. Las inmunidades o límites de responsabilidad que
se establecen por ley son excepciones, o defensas,
personales que puede presentar un deudor. Así, un deudor
puede servirse de la inmunidad o límite de responsabilidad
estatutaria de otro codeudor en la porción de la deuda de
la cual sea responsable ese otro. Por lo tanto, hoy
resolvemos que un deudor solidario puede valerse del
límite de responsabilidad estatutaria que cobija a un
municipio codeudor, en la porción de la deuda que sea
atribuible a ese municipio.
III.
En el caso de autos, debido al límite de
responsabilidad establecido por ley, los demandantes sólo
podían recuperar del Municipio de San Juan hasta $500,000,
el tope de la indemnización cobrable real y efectivamente
provista por el seguro del Municipio. Por lo tanto, ante
los demandantes, el Municipio de San Juan ostentaba una
defensa personal de límite de responsabilidad estatutaria.
Ahora bien, la cantidad de $500,000 ya había sido
consignada en el Tribunal de Primera Instancia, por lo
cual los demandantes no podían recuperar dinero adicional
del Municipio en el foro federal, razón por la cual el
Municipio fue desestimado del pleito. En cuanto al
codeudor solidario permaneciente en el pleito, Ox Bodies,
éste podía oponer la defensa personal del Municipio en la
parte de la deuda que el Municipio fuere responsable,
entiéndase, ochenta por ciento (80%). Así lo hizo. Por lo CT-2016-0010 14
tanto la magistrado Carreño Coll hizo lo correcto al
limitar la responsabilidad final de Ox Bodies a
$1,200,000, equivalente al veinte por ciento (20%) de los
daños otorgados por el jurado.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Berardo A. Quílez-Velar; Marta Bonelli-Cabán; Berardo Quílez-Bonelli; Carlos A. Quílez Bonelli
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, resolvemos que la magistrado Carreño Coll hizo lo correcto al limitar la responsabilidad final de Ox Bodies a $1,200,000, equivalente al veinte por ciento (20%) de los daños otorgados por el jurado.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió Opinión de Conformidad.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Berardo A. Quílez-Velar; Martha Bonelli-Cabán Berardo Quílez-Bonelli; Carlos A. Quílez Bonelli
Peticionarios
v. CT-2016-0010 Certificación
Recurridos
Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2017.
Estoy conforme con la determinación emitida
por este Tribunal de concluir que debido al
límite de responsabilidad establecido por la Ley
de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, infra, un codeudor solidario de
un municipio en un caso de daños y perjuicios
puede presentar tal defensa y valerse del límite
en la porción de la deuda que sea atribuible a
ese municipio. Sin embargo, ante el vacío
jurisprudencial que existe en cuanto a la
aplicación del artículo 1101 del Código Civil,
infra, considero adecuado abundar en torno a sus
efectos. CT-2016-0010 2
Con ello en mente, procedo a exponer el trasfondo
fáctico y procesal que originó la controversia ante nos.
I
El 1 de octubre de 2010, la Sra. Maribel Quílez
Bonelli (señora Quílez Bonelli) conducía un vehículo de
motor junto a su hijo menor de edad como pasajero. En su
trayectoria, impactó un camión que pertenecía al
Municipio de San Juan (Municipio), el cual estaba
detenido. El camión tenía, en su parte trasera, un
parachoques diseñado por la compañía Ox Bodies, Inc. (Ox
Bodies). Al ocurrir el impacto, el parachoques penetró la
cabina del vehículo. Cinco días después, la señora Quílez
Bonelli falleció debido a las heridas resultantes del
accidente.
A raíz de estos eventos, los familiares de la señora
Quílez Bonelli (demandantes) presentaron demandas de
daños y perjuicios tanto en el foro estatal como en el
federal. Particularmente, en el Tribunal de Primera
Instancia demandaron al Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, la Autoridad de Carreteras y Transportación, el
Municipio y su aseguradora. Por su parte, el Municipio
demandó como tercero a Ox Bodies. Asimismo, los
demandantes demandaron a Ox Bodies en la Corte de
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto
Rico (Corte de Distrito), al existir diversidad de
ciudadanía, quien a su vez trajo como terceros demandados
al Municipio y a su aseguradora. CT-2016-0010 3
Así las cosas, los demandantes transigieron y
acordaron con el Municipio en el Tribunal de Primera
Instancia que su aseguradora consignaría el tope de la
póliza de su cubierta pública, es decir, $500,000. La
cantidad depositada debía ser distribuida entre los
demandantes en el caso de que se le atribuyera
responsabilidad al Municipio. Conforme a este acuerdo, se
desestimó la demanda estatal en cuanto al Municipio y su
aseguradora, y al tercero demandado, Ox Bodies. Al
notificarle a la Corte de Distrito sobre la consignación
en el foro estatal, se desestimó la demanda federal en
contra del Municipio. No obstante, permaneció la acción
en contra de Ox Bodies.
En el foro federal, el jurado otorgó $6,000,000 en
daños, los cuales distribuyó de la siguiente manera: 80%
de la responsabilidad al Municipio y 20% de la
responsabilidad a Ox Bodies. A pesar de ser un codeudor
solidario, la Corte de Distrito determinó que Ox Bodies
sólo debía responder por el 20% de la cuantía otorgada,
es decir, $1,200,000. El referido foro destacó que,
debido al límite de responsabilidad que cobija al
Municipio, Ox Bodies estaba privado de su derecho a
nivelar contra éste. En consecuencia, resolvió que Ox
Bodies sólo estaba obligado a indemnizar los daños que
causó directamente. Para sustentar su determinación, hizo
una analogía entre la responsabilidad limitada de los CT-2016-0010 4
municipios y la inmunidad patronal en las reclamaciones
de daños y perjuicios.
Inconformes, los demandantes acudieron a la Corte de
Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito
(Corte de Apelaciones). En esencia, arguyeron que Ox
Bodies, como todo codeudor solidario, era responsable por
la totalidad de la deuda ante el acreedor. Asimismo,
argumentaron que la relación interna entre los codeudores
no debe afectar los daños que se les otorgaron a los
demandantes. 5 Por otro lado, Ox Bodies sostuvo que no se
le debe responsabilizar por la totalidad de los daños, ya
que no tiene derecho a nivelar en contra del Municipio.
La Corte de Apelaciones consideró que la
controversia no contaba con precedente en el Derecho
puertorriqueño, por lo cual presentó una certificación
interjurisdiccional con la siguiente pregunta:
¿Fue correcto el dictamen de la magistrada de limitar los daños otorgados a los Quílez-Velar a $1,200,000, que corresponde al porcentaje de responsabilidad de Ox Bodies, y negarle los daños solidarios determinados por el jurado, ascendientes a $6,000,000?
Examinada la situación fáctica, procedemos a exponer
el marco jurídico aplicable a la controversia ante
nuestra consideración.
5 Nóteseque no está ante nuestra consideración un cuestionamiento a la constitucionalidad de la acción de legislar límites de responsabilidad a entidades públicas. CT-2016-0010 5
II
Los municipios autónomos de Puerto Rico gozan de un
límite de responsabilidad en casos de daños y perjuicios.
La Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico (Ley de Municipios Autónomos) precisa que
éstos responden por un máximo de $75,000 por persona, o
de $150,000 cuando los daños se le ocasionen a más de una
persona o cuando sean varias causas de acción. Ley de
Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de
1991, según enmendada, 21 LPRA sec. 4704. Sin embargo,
cuando un municipio obtiene un seguro de responsabilidad,
éste responderá hasta el tope de la cubierta. Cód. de
Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2004.
Recientemente, definimos el término de límite de
responsabilidad. Indicamos que se refiere a “una
limitación impuesta por la Asamblea Legislativa a las
cuantías compensables por actos u omisiones culposos o
negligentes”. Rodríguez Figueroa v. Centro de Salud Mario
Canales Torresola, res. el 12 de abril de 2017, 2017 TSPR
53, pág. 4. Es decir, explicamos que en el caso de la
responsabilidad limitada existe una causa de acción, pero
la indemnización por los daños sufridos será limitada. En
consecuencia, esta limitación que establece la Ley de
Municipios Autónomos puede ser interpuesta como una
defensa ante los reclamos de un acreedor. CT-2016-0010 6
III A.
Como es sabido, “[e]l que por acción u omisión causa
daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está
obligado a reparar el daño causado”. Cód. Civ. PR, Art.
1802, 31 LPRA sec. 5141. El referido artículo “protege el
deber general de diligencia necesario para la convivencia
social”. Carlos J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil
Extracontractual: Un estudio basado en las decisiones del
Tribunal Supremo de Puerto Rico, 7ma ed., 2009, pág. 19
(citando a Muñiz-Olivari v. Steifel Labs., 174 DPR 813,
818 (2008)). Es por ello que se ha determinado que del
daño surge la obligación de resarcir al damnificado.
Agosto Vázquez v. F.W. Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81
(1997).
En cuanto a las obligaciones, es de conocimiento que
cuando se tiene más de un deudor se pueden clasificar
como mancomunadas o solidarias. “En las primeras, la
deuda puede ser dividida y cada deudor responde
únicamente por la parte que le corresponde. En las
segundas, la deuda se considera indivisible y cada deudor
responde indistintamente por la totalidad de la deuda”.
Maldonado Rivera v. Suárez, 195 DPR 182, 194 (citas
omitidas). Al respecto, el Código Civil de Puerto Rico
establece que cuando concurren varios acreedores o
deudores en una obligación, se presume que la misma es
mancomunada. Cód. Civ. PR, Art. 1090, 31 LPRA sec. 3101.
No obstante, este Tribunal ha determinado que este CT-2016-0010 7
principio no aplica en materia de responsabilidad civil
extracontractual y que, por tanto, se responde
solidariamente por los daños ocasionados. Sánchez
Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 705 n. 2 (1987).
En ese sentido, la solidaridad se fundamenta en su
utilidad para ser un instrumento con el cual se pueda
satisfacer de mejor forma los fines de la relación de la
cual nace. En el caso de solidaridad de deudores, esa
utilidad sería el aumento de la seguridad de que la deuda
será satisfecha, en el tiempo oportuno y que el acreedor
podrá elegir qué deudor puede cumplir de mejor forma. M.
Albaladejo, Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales, Madrid, Editorial Revista de Derecho, Madrid,
Privado, 1983, T. XV, Vol. II, pág. 227. Es por tanto que
se señala que la característica principal de la
solidaridad es la trascendencia de las actuaciones de
cada uno de los sujetos respecto a los demás titulares
del crédito o la deuda. Íd., pág. 258. En otras palabras,
la utilidad de la solidaridad entre los deudores, o sea,
la solidaridad pasiva, es hacer más segura la posición
del acreedor. Ello, ya que al haber más deudores, a cada
uno se le puede exigir el cumplimiento total de la deuda.
Una vez satisfecho el acreedor, los deudores deben
resolver entre sí. M. Albaladejo, Derecho Civil, 8ta ed.,
Barcelona, Librería Bosch, 1989, T. II, Vol. I, pág. 105.
Es por lo anterior expresado que la solidaridad
implica una relación externa entre el acreedor y los CT-2016-0010 8
codeudores, en la cual cada deudor responde por la
totalidad de la deuda ante el acreedor. Torres Ortiz v.
ELA, 136 DPR 556, 563-564 (1994). De igual forma, surge
una relación interna entre los codeudores que “permite al
deudor solidario que haya pagado más de lo que le
corresponde, reclamar a los demás codeudores las
porciones correspondientes”. Szendrey v. Hospicare, Inc.,
158 DPR 648, 654 (2003) (citando a Cód. Civ. PR, Art.
1098, 31 LPRA sec. 3109). A esta relación interna se le
llama “derecho de nivelación, de recobro, de reintegro,
de reembolso, de contribución o de regreso”. J. R. Vélez
Torres, Derecho de Obligaciones, Curso de Derecho Civil,
2da ed. rev., San Juan, 1997, pág. 93. Ahora bien,
examinemos los efectos del artículo 1101 del Código Civil
en la controversia planteada
El Código Civil de Puerto Rico establece en su
artículo 1101 lo siguiente:
El deudor solidario podrá utilizar contra las reclamaciones del acreedor todas las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales. De las que personalmente correspondan a los demás, sólo podrá servirse en la parte de la deuda de que éstos fueren responsables. Cód. Civ. PR Art. 1101, 31 LPRA sec. 3112.
Este precepto proviene del artículo 1148 del Código Civil
de España, el cual contiene el mismo texto. Mediante
estas disposiciones, ambas jurisdicciones contemplan una
“excepción al principio de solidaridad con fundamentos
bien justificados”. E. Vázquez Bote, Derecho civil de CT-2016-0010 9
Puerto Rico, San Juan, FAS, Ediciones Jurídicas, 1973, T.
III, Vol. I, pág. 159.
Los tratadistas del Derecho puertorriqueño y español
reconocen que el artículo 1101 y el artículo 1148,
respectivamente, debilitan los principios de la
solidaridad que establecen que cada deudor responde por
la totalidad de la deuda ante el acreedor. “[S]upone una
desviación del principio de que se parte en la obligación
solidaria, aflorando a la relación externa el contenido
de la interna”. Albaladejo, Derecho Civil, op. cit., pág.
100. No obstante, destacan que, “en lugar de ser una
derivación inflexible de la naturaleza de la obligación
solidaria”, por criterios de política pública se permite
que un deudor levante defensas de los demás deudores o
suyas para evitar “pagar una deuda ajena y además
indebida”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil,
3era ed. rev., Barcelona, Bosch, Casa editorial, S.A.,
1985, T. I, Vol. II, págs. 170-171. El propósito, por lo
tanto, responde a evitar una interpretación restrictiva
de la solidaridad que daría paso a que el deudor pague la
deuda, “sin poder luego reclamar, definitiva o
temporalmente, el reintegro al codeudor”. J. Castán
Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, Madrid,
17ma ed., Ed. Rius S.A., 2008, T. III, pág. 168.
Por ello, entienden que este “efecto exorbitante no
tiene porqué [sic] formar parte de la estructura típica
de la solidaridad de deudores, ya que nadie debe verse CT-2016-0010 10
obligado a responder de una deuda inexistente, a menos
que se haya comprometido a ello expresamente”. A.
Cañizares Laso et al., Código civil comentado, Navarra,
Civitas, Vol. III, T. IV, 2011, pág. 310. Es más,
reconocen que “el deudor solidario debe poder utilizar,
también externamente, como cualquier deudor, todos los
medios de defensa existentes frente a la reclamación de
una obligación que le es propia y de la que es obligado
principal”. Íd., pág. 311. Ello resolvería “la vieja
preocupación de por qué los deudores solidarios han de
soportar y prorratearse la parte de la deuda común que
uno de ellos rigurosamente no debe en cuanto puede
excepcionar el pago”. A. Cristóbal Montes, Excepciones
oponibles por el deudor solidario, 74 Revista de Derecho
Privado 863, 874 (1990).
Se ha argumentado que la intención de los
legisladores no fue extender las consecuencias de la
solidaridad al extremo de impedir la aplicación de
excepciones personales. A pesar de que la solidaridad
tiene el fin de garantizar que los derechos de los
acreedores no disminuyen y que puedan reclamar a cada
deudor sin limitación ni condición, se ha señalado que
podría ser antijurídico que, en ciertas circunstancias,
como la nulidad de la obligación para un deudor, se
conserve íntegramente para con los otros deudores. A esos
efectos, es que se han reconocido las excepciones
personales de los deudores. Q. Micius Scaevola, Código CT-2016-0010 11
Civil Comentado y Concordado Extensamente y Totalmente
Revisado y Puesto al día por Francisco Ortega Lorca, 2da
ed., Madrid, Instituto Editorial Reus, 1957, T. XIX,
págs. 880-882. Por tanto, “la incapacidad de uno de los
deudores solidarios . . . podrá alegarse por el incapaz
para librarse totalmente del pago inmediato; y por el
otro para librarse de la parte de deuda que en la
relación interna –en la realidad- corresponde al
incapaz”. J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho
Civil, 5ta ed. rev., Madrid, Dykinson, 2011, T. II, Vol.
I, pág. 43.
El artículo 1101 no especifica cuáles son las
defensas que se pueden invocar por parte de los
codeudores solidarios. Más aún, se ha reconocido lo
difícil que es conocer cuáles son las excepciones
específicas que se derivan de este articulado. J.
Caffarena Laporta, La solidaridad de deudores:
Excepciones oponibles por el deudor solidario y modos de
extinción de la obligación en la solidaridad pasiva,
Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1980, págs.
1-2. Sin embargo, el artículo si precisa que los deudores
pueden invocar lo siguiente: (1) excepciones que se
derivan de la naturaleza de la obligación; (2)
excepciones personales del deudor demandado, y (3)
excepciones personales de los otros deudores.
Las excepciones que se derivan de la naturaleza de
la obligación son aquellas propias del origen de ella y CT-2016-0010 12
que surgen durante su desarrollo o afectan su vigencia.
Cañizares Laso, op. cit. Se refieren “a las defensas
derivadas del contenido, creación, vicisitudes y, en
general, circunstancias objetivas de la deuda”. M.
Forales, op. cit., pág. 393. Éstas pueden incluir el
“objeto ilícito, falta de forma, prescripción o extinción
por cualquiera de las causas permitidas por ley”. Vélez
Torres, op. cit., págs. 90-91. Su característica
particular es que pueden ser opuestas por cualquiera de
los deudores solidarios y su efecto es para todo el grupo
de deudores. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, op. cit., pág. 394.
Cuando se trata de las excepciones personales,
típicamente se hace referencia a reclamaciones de vicios
de consentimiento y falta de capacidad para contratar.
Cañizares Laso, op. cit. Véase también Vélez Torres, op.
cit., pág. 91. No obstante, las defensas personales
pueden ser más abarcadoras y generales:
[L]a palabra ‘personales’, aplicada a las excepciones que en cada deudor singularmente concurran, no significa exclusiva y rigurosamente que se refieran a las circunstancias de su capacidad personal o especial consentimiento, sino que comprenden todas aquellas excepciones que de un modo especial se concreten en su deuda propia.
Al hablar pues, de excepciones personales se quiere decir peculiaridades de cada obligación parcial comprendidas en la solidaridad, bien porque sean aquéllas varias distintas, bien porque, aun siendo ésta una sola, tiene al fin . . . que considerarse dividida entre los varios obligados. J. M. Manresa y Navarro, CT-2016-0010 13
Comentarios al código civil español, 6ta ed., Madrid, Instituto Editorial Reus, 1967, T. VIII, Vol. I, págs. 536-537 (énfasis suplido).
Es decir, lo que constituye una defensa personal se puede
interpretar liberalmente, recordando siempre que las
defensas personales a nombre de otros deudores sólo
liberan al deudor que las utilice en la parte de la deuda
que corresponda al deudor a quien personalmente le aplica
la excepción. Cañizares Laso, op. cit. Albaladejo expone
que las excepciones personales “tienen su origen en la
relación propia y distinta del acreedor con cada uno de
los deudores”. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, op. cit, págs. 393-394. Así
también, señala que “[l]os codeudores del titular de la
excepción personal no vendrá obligado a pagar la parte de
la deuda que, en virtud de tal excepción, se extingue en
beneficio de todos”. Íd., pág. 398.
Este Tribunal no ha atendido directamente el artículo
1101 del Código Civil. No obstante, opiniones recientes
han demostrado una tendencia hacia una interpretación
evolutiva de la solidaridad en el campo de la
responsabilidad civil extracontractual que refleja
coherencia con el uso de este artículo.
Así, por ejemplo, en Fraguada Bonilla v. Hospital
Auxilio Mutuo, este Tribunal incorporó la solidaridad in
solidum, proveniente de Francia y adoptada por España, a
nuestro ordenamiento de responsabilidad civil
extracontractual en materia de prescripción. Fraguada CT-2016-0010 14
Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012). La
solidaridad in solidum o imperfecta sostiene el efecto
primario de que cada uno de los deudores responde por la
deuda entera ante el perjudicado. Íd., pág. 380 (citando
a A. Cristóbal Montes, Mancomunidad o solidaridad en la
responsabilidad plural por acto ilícito civil, Barcelona,
Bosch, Casa Editorial, S.A., 1985, pág. 36). Sin embargo,
a diferencia de la solidaridad regular, la solidaridad in
solidum no cuenta con el efecto secundario de la
representación entre los codeudores. Contempla, entonces,
una autonomía entre los deudores porque, contrario a una
relación contractual, estos no están “animados por una
voluntad común”. Íd., pág. 381 (citando a C. Gómez
Ligüerre, Solidaridad y derecho de daños: Los límites de
la responsabilidad colectiva, Navarra, Editorial
Aranzadi, S.A., 2007, pág. 99). En consecuencia,
determinamos que el afectado por un daño debe interrumpir
el término prescriptivo de la causa de acción contra cada
uno de los cocausantes.
Posteriormente, en Maldonado Rivera v. Suárez,
sostuvimos la incorporación de la solidaridad in solidum
al establecer que el causante que no es incluido en la
acción de daños y perjuicios dentro del término
prescriptivo no puede traerse luego como tercero
demandado. Maldonado Rivera v. Suárez, 195 DPR 182, 208
(2016). Además, siguiendo la lógica de Fraguada Bonilla
v. Hosp. Aux. Mutuo, concluimos que tampoco hay un CT-2016-0010 15
derecho de nivelación en contra de éste, porque no sería
necesario. La acción prescrita contra un deudor solidario
implica que se extingue su obligación ante el acreedor y
los demás cocausantes. Íd., pág. 209. Por lo tanto,
establecimos que la partida del cocausante que no fue
demandado dentro del término prescriptivo de un año se
reduce de la totalidad de los daños. Íd., pág. 210.
A pesar de que este Tribunal no hizo mención del
artículo 1101 en estas opiniones, ciertamente el mismo es
coherente con estas interpretaciones. Al igual que lo
dispuesto en el artículo 1101, se permitió que
cocausantes de un daño presentaran defensas que se
derivan de la naturaleza de la obligación civil
extracontractual, en esos casos la prescripción, para
reducir la cuantía del daño por la que son directamente
responsables. Este Tribunal, entonces, favoreció la
evolución de la solidaridad para que persiga una “más
equitativa distribución de los daños y de los riesgos,
evitando la drástica distinción del Código Civil de
obligar al ‘todo’ o a nada según se trate de culpa o de
otra circunstancia”. J. R. León Alfonso, La categoría de
la obligación in solidum, Sevilla, Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 1978, pág. 103.
Cabe mencionar que el Tribunal Supremo de España sí
ha reconocido las defensas que provienen de su artículo
1148. En un caso de daños y perjuicios por un accidente
automovilístico, ese foro supremo expresó que “cada uno CT-2016-0010 16
de los deudores debe cumplir íntegramente la prestación,
pudiendo en casos como el presente, conforme al art.
1148, cada deudor solidario . . . utilizar todas las
excepciones que deriven de la naturaleza de la
obligación”. S. 7 de mayo de 1993, Núm. 3464/1993. En ese
mismo año, el Tribunal Supremo de España reconoció la
prescripción como una defensa de un codeudor solidario.
S. 23 de junio de 1993, Núm. 4722/1993.
En Puerto Rico, la solidaridad goza de ciertas
excepciones. Una de ellas ocurre, por ejemplo, cuando los
patronos que les proveen a sus empleados el seguro
provisto bajo la Ley del Sistema de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo no pueden ser demandados por daños
y perjuicios. Ley del Sistema de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de
1935, 11 LPRA sec 21. Hemos sostenido esa inmunidad al
prohibir que el demandado por daños y perjuicios traiga
como tercero al patrono. Cortijo Walker v. AFF, 91 DPR
574, 582 (1964). Cónsono con ello, más adelante
determinamos que los codeudores de un patrono inmune sólo
responden “en proporción a su propia culpa”. Viuda de
Andino v. AFF, 93 DPR 170, 182 (1966). Véase también
Rosario Crespo v. AFF, 94 DPR 834, 849 (1967). Por tanto,
en estos casos no hay necesidad de acudir en nivelación
en contra del patrono, porque la cuantía de CT-2016-0010 17
responsabilidad de éste ha sido descontada de la
indemnización que recibe el perjudicado.
Otra excepción a la solidaridad consiste en la
inmunidad interfamiliar. Cód. Civ. PR, Art. 1810(A), 31
LPRA sec. 5150. Este Tribunal ha reafirmado que un menor
está impedido de alegar daños y perjuicios en contra de
un miembro del círculo familiar cercano, cuando se afecta
la unidad familiar. Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. PR,
173 DPR 170, 184 (2008). Al igual que bajo la inmunidad
patronal, en estas situaciones se reducen las partidas de
daños por el porcentaje atribuible al familiar. Íd. Por
ello, el cocausante del daño no puede demandar al
familiar como tercero ni nivelar contra él.
En ambas circunstancias, la inmunidad, como excepción
a la solidaridad, implica que el damnificado no será
indemnizado por la totalidad de los daños que sufrió. La
proporción de culpa que se les atribuya a los cocausantes
inmunes no será compensada, ya que se descuenta del monto
total de los daños adjudicados. Por esta razón, los
cocausantes no pueden traer a la parte inmune como
terceros ni nivelar en contra de éstos. La inmunidad,
entonces, constituye una excepción significativa al
principio general de la solidaridad que exige que todos
los deudores respondan por la totalidad de la deuda.
D.
De otra parte, adviértase que el Código Civil de
Puerto Rico establece diáfanamente, en su artículo 1098, CT-2016-0010 18
que la insolvencia económica de un deudor solidario será
suplida por los demás codeudores. Cód. Civ. PR, Art.
1198, 31 LPRA sec. 3109. En caso de que un codeudor sea
incapaz económicamente de pagar por su responsabilidad en
los daños, sus codeudores solidarios pagarán la parte
correspondiente del primero a prorrata de la deuda de
cada uno. Íd. Debido a que la disposición es expresa, la
insolvencia económica no puede ser una defensa del
codeudor solidario ante el acreedor bajo el artículo
1101. Albaladejo coincide con esa apreciación al exponer
que por “lo que no resulta liberado el deudor, aunque le
haya sido personada su parte, es de suplir . . . la
insolvencia de otros codeudores”. M. Albaladejo, Derecho
Civil, op. cit., pág. 100. Véase además, Gómez Ligüerre,
op. cit., pág. 69.
Ahora bien, resulta pertinente resaltar que la
insolvencia económica es distinguible de la
responsabilidad limitada de un municipio. El Legislador
se ocupó de disponer expresamente que la insolvencia
económica no será impedimento para indemnizar al acreedor
por los daños adjudicados. En ese caso, los demás
codeudores suplen la responsabilidad del insolvente
proporcionalmente. Por ello, “hay una mutua cobertura del
riesgo de insolvencia”. Puig Brutau, op. cit., pág. 173
(citas omitidas). De esa forma, la Asamblea Legislativa
proveyó un remedio para que se asuma el riesgo de manera
proporcional. Por el contrario, según expuesto, en el CT-2016-0010 19
caso de la responsabilidad limitada de los municipios, no
existe norma que disponga de proceso alguno para la
distribución de responsabilidad entre los codeudores
solidarios bajo este escenario.
IV Cónsono con el artículo 1101 del Código Civil, las
expresiones recientes de este Tribunal Supremo y las
interpretaciones de los tratadistas, concluyo que un
codeudor solidario puede presentar el límite de
responsabilidad que cobija a otro codeudor como una
defensa personal del último para no responder por su
porciento de responsabilidad. Ciertamente, el límite de
responsabilidad de un codeudor es una peculiaridad que
surge de una de las obligaciones parciales, lo cual
constituye una defensa personal conforme al artículo 1101
del Código Civil. Véase Manresa y Navarro, op. cit. De
esta manera, se evita que todo el que coincida como
codeudor solidario con un municipio se vea forzado a
pagar la parte no cubierta por éste, por la limitación de
responsabilidad que se le ha otorgado por ley. El efecto
de permitir la defensa es disminuir de la deuda solidaria
la cuantía correspondiente al deudor con responsabilidad
limitada. Por ende, al igual que se determinó en
Maldonado Rivera v. Suárez, supra, la discusión sobre
nivelación sería innecesaria, porque los codeudores no
pagarán en exceso de su responsabilidad. CT-2016-0010 20
Ante ese cuadro, estoy conforme con lo pautado en la
Opinión mayoritaria. Pesa en mi dictamen el razonamiento
aquí expuesto en torno al discutido artículo 1101 del
Código Civil, supra. En segundo término, también comparto
la analogía en que se ancla la Opinión mayoritaria sobre
la inmunidad patronal y la inmunidad familiar.
V Por los fundamentos expuestos, resulta
incuestionable que el límite de responsabilidad del
municipio es una defensa personal que puede ser oponible
por un codeudor solidario, conforme el artículo 1101 del
Código Civil. Siendo ello así, estoy conforme con la
decisión emitida por este Tribunal.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado