Pueblo v. Montero Luciano

2006 TSPR 158

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido Certiorari vs 2006 TSPR 158 Wilfredo Montero Luciano 169 DPR ____ Peticionario

Número del Caso: CC-2005-1250

Fecha: 23 de octubre de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce Panel X

Juez Ponente: Hon. Zaida Hernández Torres

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José Enrique Ralat Ballester

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Ricardo E. Alegría Pons Procurador General Auxiliar

Materia: Infracción Artículo 7.02

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrido

vs. CC-2005-1250 CERTIORARI

Wilfredo Montero Luciano

Peticionario

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2006

Contra Wilfredo Montero Luciano se radicó

una acusación ante el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce, en la que se

le imputó haber violado el Artículo 7.02 de la

Ley Núm. 22 del 7 de enero de 2002, según

enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y

Tránsito de Puerto Rico” al conducir un vehículo

de motor en una vía pública bajo los efectos de

bebidas embriagantes.1

1 En lo pertinente, el Artículo 7.02 (a) dispone que: Es ilegal per se, que cualquier persona mayor de dieciocho (18) anos de edad conduzca o haga funcionar un vehiculo de motor, cuando su contenido de alcohol en su sangre sea de ocho (8) centésimas del uno (1) por ciento (.08%), o mas, según surja tal nivel o concentración del análisis químico o físico de su sangre, o de su aliento. CC-2005-1250 2

Específicamente, se le imputó arrojar un .179% de alcohol

en la prueba de aliento a la cual se sometió.

El día de la vista en su fondo del caso, el acusado

hizo alegación de culpabilidad por el delito imputado. El

foro primario aceptó la referida alegación. Conforme lo

dispuesto en el Artículo 7.07 de la Ley Núm. 22, dicho

foro procedió a referir el caso a la Administración de

Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA),

ordenando que rindiera el correspondiente informe

presentencia.2

Según ordenado, ASSMCA rindió su informe. En el mismo

se indicó que el acusado había sido convicto previamente

por el delito de conducir en estado de embriaguez.3

En la vista para dictar sentencia la defensa del

acusado alegó que la referida convicción anterior no había

sido alegada por el ministerio público en la acusación.

Por esta razón, solicitó que la misma no fuera tomada en

consideración para efectos de la sentencia.

2 A esos efectos, el Artículo 7.07(a) dispone que el tribunal ordenará a la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción que se efectúe una investigación minuciosa y le rinda un informe dentro de los treinta (30) días siguientes a la orden. 3 Las convicciones anteriores tienen fechas del 26 y 30 de mayo de 1998 y una del 18 de febrero de 2004, todas dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Según el Artículo 7.04 (b)(5) de la Ley, luego de transcurridos tres años a partir de una convicción bajo las disposiciones de la Ley, no se tomará ésta en consideración en casos de convicciones subsiguientes. De conformidad con ello, solo la convicción del 18 de febrero de 2004 podía ser considerada para efectos de la reincidencia. CC-2005-1250 3

En respuesta a lo anterior, el ministerio público

hizo dos planteamientos. El primero: que según el Artículo

7.04 (b)(4) de la Ley, referente a las penas, la alegación

de reincidencia no tenía que ser plasmada por el fiscal en

la acusación ya que ésta se podía evidenciar en el informe

presentencia.4

El segundo planteamiento del fiscal fue a los efectos

de que el Artículo 7.04 (b)(5) establece que basta que se

establezca el hecho de reincidencia mediante el informe

presentencia o mediante el informe de antecedentes

penales.5

4 El referido artículo de ley establece que:

En casos de segunda convicción y subsiguientes, el tribunal también ordenará la confiscación del vehículo de motor que conducía el convicto bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de sustancias controladas, al momento de ser intervenido, con sujeción a las secs. 1723 et seq. del Título 34, conocidas como “Ley Uniforme de Confiscaciones”, si dicho vehículo está inscrito en el Registro de Vehículos de Motor a nombre del convicto y la convicción anterior fue adjudicada en el periodo de cinco (5) años anteriores a la fecha de la nueva convicción. La alegación de reincidencia no tiene que ser alegada por el fiscal en la denuncia. Ésta se evidenciará en el informe presentencia. (Énfasis nuestro). 5 La mencionada disposición estatutaria establece que:

Luego de transcurridos tres (3) años contados a partir de una convicción bajo las disposiciones de esta sección, no se tomará ésta en consideración en caso de convicciones subsiguientes. Para que el tribunal pueda imponer las penas por reincidencia establecidas en esta sección, no será necesario que se haga alegación de reincidencia en la denuncia o en la acusación. (Continúa . . .) CC-2005-1250 4

En base a lo anteriormente expresado, el ministerio

público sostuvo que la pena que debía imponérsele a

Montero Luciano era aquella correspondiente a una segunda

convicción, según el Artículo 7.04 (b)(2), que dispone

que, por la segunda convicción, la persona será sancionada

con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni

mayor de setecientos cincuenta (750) dólares y cárcel por

un término de quince (15) a treinta (30) días y pena de

restitución de ser aplicable. Además, el referido estatuto

dispone que se suspenderá la licencia de conducir por un

término de seis (6) meses.

Luego de escuchar los planteamientos del ministerio

fiscal, el foro primario determinó que la reincidencia

tenía que ser alegada en la acusación. Procedió entonces

dicho foro a dictar sentencia, conforme al Artículo 704

(b)(1), el cual establece la pena para una primera

convicción, condenando al acusado al pago de una multa de

$300, el pago de costas, más un arancel de $50. El

referido foro también ordenó la suspensión de su licencia

de conducir por un término de 30 días y a someterse al

Programa de Rehabilitación de la Administración de Salud

Mental y contra la Adicción. Esto es, dicho foro no tomó

en consideración la alegación de reincidencia presentada

en el informe presentencia.

_________________________ Bastará que se establezca el hecho de la reincidencia mediante el informe presentencia o mediante certificado de antecedentes penales. (Énfasis nuestro). CC-2005-1250 5

Inconforme con la sentencia dictada, el ministerio

público presentó una moción de corrección de sentencia

ilegal a tenor con la Regla 185 de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. Ap. III, R. 184. En síntesis, planteó que la

sentencia del foro primario era ilegal y errónea por no

haber sido dictada conforme al Artículo 7.04, Incisos

(b)(2) y (b)(4), los cuales establecen la pena

correspondiente en casos de una segunda convicción.6 En

otras palabras, el fiscal alegó que en la medida en que la

sentencia dictada por el foro de instancia no tomaba en

cuenta la reincidencia del acusado, habiéndose establecido

este hecho claramente mediante el informe presentencia,

ésta era una ilegal.

Examinada la referida moción, el foro primario la

declaró no ha lugar. El Procurador General acudió ante el

Tribunal de Apelaciones, mediante recurso de certiorari,

en revisión de la orden del tribunal de instancia

negándose a corregir la sentencia ilegal. En el recurso

presentado, el Procurador reprodujo, en síntesis, los

planteamientos hechos por el fiscal en su moción de

corrección de sentencia ilegal.

6 Específicamente, una multa no menor de $500 ni mayor de $750, cárcel por un término de 15 a 30 días y suspensión de la licencia por un término de 6 meses. El Artículo 7.04 (b)(4) también provee para la confiscación del vehículo conducido por el convicto bajo los efectos del alcohol. CC-2005-1250 6

En la sentencia que dictó a esos efectos, el foro

intermedio apelativo concluyó que la Ley Núm. 22, era

clara al disponer que en estos casos no era necesario

alegar la reincidencia en la denuncia o acusación y que

bastaba que se estableciera la misma en el informe

presentencia o mediante el certificado de antecedentes

penales. Determinó, que la pena correcta que debía

imponérsele a Montero Luciano era la pena establecida en

el Artículo 7.04, Incisos (b)(2) y (b)(4). Según dicho

foro, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso

de Almendarez- Torres v. U.S., 523 U.S. 224 (1998),

estableció que no violaba la cláusula constitucional de

debido proceso de ley el hecho que la reincidencia no

tuviese que ser alegada en el pliego acusatorio por no ser

ésta un elemento constitutivo del delito.

Por consiguiente, el foro apelativo intermedio

resolvió que el foro primario había abusado de su

discreción al no tomar en consideración la convicción

previa de Montero Luciano al momento de dictar sentencia.

Resolvió, además, que dicha sentencia era ilegal por su

inobservancia del texto claro de la ley. En fin, el

referido foro revocó la sentencia dictada por el Tribunal

de Primera Instancia y devolvió el caso a éste foro para

que sentenciara a Montero Luciano nuevamente.

Inconforme, Montero Luciano acudió ante este Tribunal

mediante recurso de certiorari. En síntesis, alega que el

foro intermedio apelativo incidió al resolver aplicando el CC-2005-1250 7

Artículo 7.04 de la Ley de Tránsito, el cual constituye

una disposición legal injusta e inconstitucional por

violar la cláusula de debido proceso de ley al negarle una

notificación adecuada de los cargos en su contra.7

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia

de las partes, procedemos a resolver.

7 No entraremos a discutir uno de los errores alegados por el peticionario, a los efectos de que el recurso de certiorari presentado por el ministerio fiscal ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado fuera de término. El recurso ante el foro apelativo fue presentado en tiempo, esto es, dentro del término de 30 días de haberse notificado la resolución declarando no ha lugar la moción de corrección sentencia ilegal.

Por otro lado, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, ante, dispone que el tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier momento. Hemos interpretado la anterior disposición para establecer que cualquier parte perjudicada por la sentencia tiene facultad para solicitar la corrección de una sentencia ilegal o errónea en cualquier momento. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 D.P.R. 238 (2000); Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 220 (1967). La razón de ser de esto es que si una sentencia no se ajusta a la pena establecida por ley, el tribunal tiene autoridad para dictar una nueva sentencia y que una sentencia dictada contrario a lo que dispone la ley es nula o inexistente, por lo que puede ser reconsiderada en cualquier momento. Pueblo v. Lozana Díaz, 88 D.P.R. 834 (1963).

En el presente caso, el fiscal entendió que la sentencia dictada por el tribunal de instancia era ilegal, ya que la reincidencia fue establecida mediante el informe presentencia, tal y como lo permite el Artículo 7.04, y aun así, dicho foro dispuso una pena menor de la correspondiente. En consecuencia, la moción de sentencia ilegal era un recurso apropiado para cuestionar la sentencia dictada. CC-2005-1250 8

I

La cláusula de debido proceso de ley, consagrada en

la Sección 7 del Artículo II de la Constitución8, ha sido

denominada como la disposición matriz de la garantía de

los derechos individuales ante la intervención

injustificada del Estado con el ciudadano. Pueblo v. Vega,

198 D.P.R. 980 (1999). Dicha cláusula abarca dos

dimensiones: la sustantiva y la procesal.

La vertiente sustantiva protege los derechos y

libertades que le concede la Constitución de Puerto Rico y

la de Estados Unidos a los ciudadanos frente a la

formulación de política pública por el Estado por vía

legislativa o a través de reglamentación aprobada por las

agencias del Poder Ejecutivo. Rosario v. Departamento de

la Familia, res. el 21 de junio de 2002, 2002 TSPR 84.

Bajo el debido proceso sustantivo, los tribunales examinan

la validez de una ley, a la luz de los preceptos

constitucionales pertinentes, con el propósito de proteger

los derechos fundamentales de las personas. Bajo este

análisis, el Estado, al aprobar leyes o al realizar alguna

actuación, no puede afectar de manera irrazonable,

arbitraria o caprichosa los intereses de propiedad o

libertad. Ibid.

8 La misma dispone, en lo aquí pertinente, que:

[…]Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley… CC-2005-1250 9

Por su parte, la vertiente procesal le impone al

Estado la obligación de garantizar que la interferencia

con los intereses de libertad y propiedad del individuo

sólo ocurra mediante un procedimiento justo y equitativo.

Rosario & Assoc. v. Departamento de la Familia, res. el 21

de junio de 2002, 2002 TSPR 84; U. Ind. Emp. A.E.P. v.

A.E.P., 146 D.P.R. 611 (1998); Rivera Rodríguez v. Stowell

Taylor, 133 D.P.R. 881 (1993).

Esta protección que ofrece el debido proceso de ley,

en su vertiente procesal, se activa cuando existe un

interés individual de libertad o propiedad. U. Ind. Emp.

A.E.P. v. A.E.P., ante; Rivera Santiago v. Srio. de

Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987).

Al examinar la validez constitucional de una ley por

alegada violación al debido proceso en su vertiente

procesal, y una vez se cumpla con la existencia de un

interés propietario o de libertad, es preciso determinar

cuál es el procedimiento exigido. Rivera Santiago v. Srio.

de Hacienda, ante; U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., ante.

Si bien la característica medular es que el procedimiento

debe ser justo, a través de la jurisprudencia normativa se

han identificado componentes básicos del debido

procedimiento de ley, tales como una notificación adecuada

y la oportunidad de ser oído y de defenderse, derecho a

contrainterrogar testigos y a examinar evidencia

presentada en su contra; tener asistencia de abogado y que

la decisión se base en evidencia que conste en el record. CC-2005-1250 10

Véase: Rodríguez Rivera v. Stowell Taylor, ante; U. Ind.

Emp. A.E.P. v. A.E.P., ante.

A

Sabido es que en nuestro ordenamiento procesal penal

la protección a la debida notificación al acusado de los

cargos presentados en su contra tiene rango

constitucional. Tal protección se desprende de la cláusula

de debido proceso de ley, y de la Sección 11 del Artículo

II de nuestra Constitución. Esta última dispone, en lo

aquí pertinente que:

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.

El debido proceso de ley exige que el acusado esté

adecuadamente informado de la naturaleza y extensión del

delito que le ha sido imputado. Pueblo v. González

Olivencia, 116 D.P.R. 614 (1985). El ministerio público

cumple con este deber de información por medio de la

acusación o denuncia. A esos efectos, la Regla 35(c) de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R.35 (c),

dispone que cuando se imputa la comisión de un delito

específico, la acusación o denuncia deben incluir una CC-2005-1250 11

exposición de todos los hechos constitutivos del mismo.9

Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691, 693 (1981);

Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663, 666 (1978).

Este requisito, tanto constitucional como

estatutario, se cumple con una acusación o denuncia que

incluya una exposición de los hechos esenciales

constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo,

claro y conciso para que pueda entenderla cualquier

persona de inteligencia común. Pueblo v. Flores

Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989). A esos efectos, hemos

expresado que para cumplir con lo anterior, no se le exige

al ministerio público ningún lenguaje estereotipado,

técnico o talismánico en su redacción ni el uso estricto

de las palabras dispuestas en el estatuto. Pueblo v.

Calviño Cereijo, ante. Sólo se le exige que el contenido,

9 El texto completo del Inciso (c) de la Regla 35 de Procedimiento Criminal es el siguiente:

La acusación y la denuncia deberán contener: (…) (c) Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común. Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado. En ningún caso será necesario el expresar en la acusación o denuncia presunciones legales ni materias de conocimiento judicial. CC-2005-1250 12

no el epígrafe, de la acusación o denuncia exponga todos

los hechos constitutivos del tipo delictivo.

Así, la función de la acusación o denuncia es crucial

para el acusado pues, por virtud de ella, el acusado

adviene en conocimiento de los hechos que se le imputan,

de suerte que pueda preparar su defensa de conformidad.

Pueblo v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 423 (2002); Pueblo v.

Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1977).

B

La importancia de una adecuada notificación tiene

efectos trascendentales en todo procedimiento criminal

llevado por el Estado contra un individuo. Ejemplo de ello

lo es la situación en que un acusado hace alegación de

culpabilidad. En dicha instancia, la “acusación” o

“denuncia” cobra particular importancia ya que es en

virtud de lo que ésta expone que el acusado se declara

culpable.

Sabido es que bajo nuestro ordenamiento procesal

criminal una persona acusada de cometer un delito, de

ordinario, sólo puede hacer una de dos alegaciones:

culpable o no culpable. Una alegación de culpabilidad

constituye una renuncia de los derechos constitucionales o

estatutarios que protegen a los acusados, entre los cuales

se encuentran: el derecho a que se establezca su

culpabilidad más allá de duda razonable; el derecho a un

juicio justo, imparcial y público; el derecho a ser

juzgado ante un juez o jurado; y el derecho a presentar CC-2005-1250 13

evidencia a su favor y a rebatir la prueba presentada en

su contra. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179

(1998) (escolio núm. 10); Pueblo v. Figueroa García, 129

D.P.R. 798 (1992); Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R.

340, 350 (1976); Díaz Díaz v. Alcaide, 101 D.P.R. 846, 854

(1973).

Por causa de los derechos fundamentales garantizados

por la Constitución y las leyes, que se renuncian cuando

un acusado se declara culpable, el procedimiento debe ser

bien riguroso y debe estar rodeado de todas las garantías

posibles. Por tal razón, la Regla 70 de Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.II, R. 70, establece que para

aceptar una alegación de culpabilidad, el tribunal tiene

que determinar, prioritariamente, si la misma se efectúa

“voluntariamente, con conocimiento de la naturaleza del

delito imputado y de las consecuencias de dicha

alegación”.

En ese sentido, este Tribunal ha señalado que para

poder aceptar una alegación de culpabilidad, el magistrado

debe cerciorarse de que la renuncia de garantías

procesales que conlleva tal alegación sea "expresa,

personal, voluntaria e inteligente", Pueblo v. Torres

Nieves, 105 D.P.R. 340, 350 (1975), y con conocimiento de

los derechos a los que renuncia y de las consecuencias que

la alegación conlleva. Véase: Díaz Díaz v. Alcaide, ante,

pág. 854. CC-2005-1250 14

Específicamente, en Díaz Díaz v. Alcaide, ante

sostuvimos la importancia de que, al momento de determinar

si la declaración de culpabilidad fue voluntaria y hecha

de forma inteligente, el juez se cerciorara de que el

acusado estuviera consciente de los hechos que se le

imputaban, entre ellos, informarle de la pena que el

delito por el cual se declaraba culpable conllevaba,

haciéndole saber el mínimo y el máximo. Pág. 857.

C

Por otro lado, en un proceso criminal, el acusado

solamente puede ser juzgado por el delito imputado en la

acusación. Conforme a ello, la Regla 48 de Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.II, R.48, establece que una

acusación o denuncia no deberá contener alegación alguna

de convicciones anteriores del acusado, a menos que una

alegación en tal sentido fuere necesaria para imputar la

comisión de un delito, o para alegar la condición de

reincidente, de subsiguiente o de delincuencia habitual en

relación con el acusado.10

La mencionada disposición reglamentaria establece,

expresamente, la obligación del ministerio público de

10 La Regla 48 de Procedimiento Criminal dispone que:

Una acusación o denuncia no deberá contener alegación alguna de convicciones anteriores del acusado, a menos que una alegación en tal sentido fuere necesaria par imputar la comisión de un delito, o para alegar la condición de reincidente, de subsiguiente o de delincuencia habitual en relación con el acusado. (Énfasis nuestro). CC-2005-1250 15

alegar las convicciones anteriores del acusado en la

acusación o denuncia, si pretende establecer la condición

de reincidente y que se le imponga una pena mayor al

acusado de ser éste convicto. Dicha disposición forma

parte de la protección constitucional del acusado de estar

debidamente informado de los cargos en su contra, y con la

obligación del fiscal de probar todos los elementos de un

delito más allá de duda razonable.

Cuando en una acusación se alegan, para efectos de

reincidencia, convicciones previas del acusado, éste tiene

dos opciones: aceptar las convicciones anteriores, o

negarlas. Cada una de estas instancias tiene sus

consecuencias importantes en el ordenamiento penal. La

primera, si el acusado acepta las convicciones previas, el

fiscal no puede hacer mención de éstas durante el juicio.

La admisión de la convicción previa de parte del acusado

releva al fiscal de probar la comisión de los delitos

anteriores alegados en la acusación. La segunda

consecuencia: si el acusado no las acepta, el fiscal está

en la obligación de probar las convicciones anteriores

durante el juicio, como cualquier otro elemento del

delito. Véase: Pueblo v. García García, 98 D.P.R. 827

(1970).11

11 Véase a tales efectos la Regla 68 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 68:

Cuando la acusación imputare delito en grado de reincidencia o subsiguiente o delincuencia (Continúa . . .) CC-2005-1250 16

En resumen, vemos que nuestro ordenamiento procesal

penal le brinda al acusado ciertas protecciones --algunas

incorporadas por acción legislativa mediante las reglas de

Procediendo Criminal, otras garantizadas por la

Constitución-- que forman parte del debido proceso de ley.

Entre éstas, y como vimos, una adecuada notificación de

los cargos por los cuales se le acusa, conocimiento de las

consecuencias que conlleva una alegación de culpabilidad,

y la garantía que sus convicciones anteriores, como regla

general, no serán alegadas en la acusación a menos que

sean necesarias para sostener la condición de reincidente.

Reglas 35 (c), 70, y 48 de Procedimiento Criminal,

respectivamente.

II

Con este trasfondo en mente, pasemos a analizar las

disposiciones de la Ley de Vehículos y Tránsito aquí en

controversia.

Conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes

constituye un delito menos grave, según dispuesto por la

_________________________ habitual, el acusado podrá, al momento de hacer alegación, o en cualquier ocasión posterior siempre que fuere antes de leerse la acusación al jurado, admitir la convicción o convicciones anteriores y, en tal caso, no se hará saber al jurado en forma alguna la existencia de dicha convicción o convicciones. CC-2005-1250 17

Ley de Vehículos y Tránsito, ante, Artículo 7.04 (a). El

mencionado cuerpo reglamentario fue enmendado

recientemente por la Ley Núm. 132 del 3 de junio de 2004.

Entre las enmiendas introducidas por la referida Ley se

encuentran aquellas relativas a las penalidades por

violaciones a la misma, en específico, aquellas relativas

al aspecto de la reincidencia.

En cuanto a dicho aspecto, las disposiciones legales

anteriormente expuestas, Artículo 7.04, Incisos (b)(4) y

(b)(5), contienen un lenguaje claro y específico. Esto es,

la Ley de Vehículos y Tránsito, según enmendada, establece

mediante estos dos incisos que para evidenciar la

condición de reincidente del acusado, el fiscal no tiene

que alegarlo en la denuncia, sino que es suficiente que

este hecho se evidencie en el informe presentencia.

Además, se establece que para que el tribunal pueda

imponer las penas por reincidencia no será necesario que

se haga alegación en la denuncia o en la acusación, sino

que basta con que se establezca este hecho mediante el

informe presentencia o mediante el certificado de

antecedentes penales. Ello fue implantado por el

legislador por medio de una enmienda específica a la Ley

Núm. 22.

Por otro lado, es de notar que el Artículo 7.07(a)

establece que el informe presentencia que la ASSMCA deberá

rendir al tribunal incluirá los antecedentes penales e

historial de la persona convicta en relación con el uso de CC-2005-1250 18

bebidas embriagantes o de drogas narcóticas, marihuana o

sustancias estimulantes o deprimentes que le permita

determinar si dicha persona se beneficiaría del programa

de rehabilitación establecido y aprobado por la

Administración de Servicios de Salud Mental y contra la

Adicción en coordinación con el Departamento de

Transportación y Obras Publicas. En el informe se hará

constar si el convicto es reincidente.12

En consecuencia, no se requiere mayor análisis para

determinar que el Artículo 7.04, en cuanto exime al fiscal

de alegar la reincidencia en la denuncia, es

contradictorio a las disposiciones de la Regla 48 de

Procedimiento Criminal. La interrogante, en consecuencia,

es si dicho Artículo viola la cláusula de debido proceso

de ley de la Constitución.

Nuestra jurisprudencia ha analizado la validez

constitucional de estatutos que imponen penas mayores a

aquellas personas que han sido convictas por delitos en

más de una ocasión. Al sostener la constitucionalidad de

los mismos, hemos realizado un análisis de los propósitos

de la Asamblea Legislativa al imponer dichas penalidades

mayores a los delincuentes habituales. En Pueblo v. Reyes

12 El referido estatuto dispone claramente cuáles son las penas a imponerse en casos de una segunda, tercera y subsiguientes convicciones, es decir, en casos en que el acusado sea reincidente. CC-2005-1250 19

Morán, 123 D.P.R. 786 (1989), este Tribunal analizó los

propósitos de los estatutos sobre delincuencia habitual de

varias jurisdicciones estatales y expresó que los mismos

son, en síntesis: disuadir a posibles delincuentes

reincidentes, penalizar la repetición de conducta

delictiva, y castigar de una manera más severa a aquellos

que con su conducta delictiva repetitiva han demostrado

que no están capacitados para adaptarse a las reglas

sociales establecidas por los estatutos penales.13 En

dichas jurisdicciones se sostuvo que los estados tenían un

interés válido en penalizar a aquellas personas que

demostraran, a través de conducta delictiva repetida, una

persistente tendencia a delinquir y a comportarse

contrario a las normas de convivencia social. En fin, en

dichos casos se determinó que los estatutos que imponían

penas más severas a los delincuentes habituales

sobrevivían todo tipo de ataque constitucional bajo las

cláusulas de debido proceso, igual protección de las

leyes, aplicación retroactiva de las leyes, castigos

crueles e inusitados, doble exposición, y privilegios en

inmunidades. Rummel v. Estelle, ante; Oyler v. Boyle,

ante; Gryger v. Burke, 334 U.S. 728 (1948), entre otros.

13 Véanse: Graham v. West Virginia, 224 U.S. 616 (1912); State v. Pierce, 283 N.W.2d 6 (Neb. 1979) y Rummel v. Estelle, 445 U.S. 263 (1980). CC-2005-1250 20

En el citado caso de Pueblo v. Reyes Morán14, ante,

resolvimos que la imposición de una penalidad adicional,

para quien hubiese sido convicto en más de dos ocasiones,

era parte de las prerrogativas constitucionales de la

Asamblea Legislativa, y que la misma podía legislar para

imponer a los delincuentes habituales una penalidad mayor

dentro de la autoridad que constitucionalmente le asistía

para imponer castigos.15

La controversia específica hoy ante nuestra

consideración no ha sido objeto de análisis,

anteriormente, por este Tribunal. La misma se circunscribe

a determinar si viola la cláusula de debido proceso el

hecho de que la reincidencia no sea alegada en la denuncia

o acusación. Entendemos procedente examinar la

jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos

sobre este tema.

Dicho Tribunal atendió y resolvió una controversia

similar en el caso Almendarez-Torres v. U.S., 523 U.S. 224

(1998). Allí se analizó un estatuto que disponía una pena

máxima de 20 años en el caso de un extranjero, que ya

14 En específico, en dicho caso se sostuvo que el entonces vigente Artículo 74 del Código Penal de 1974, según enmendado, al establecer una presunción incontrovertible sobre la “tendencia a delinquir” del acusado reincidente, no requería de una vista previa en que el acusado pudiera controvertir dicha presunción antes de ser declarado delincuente habitual, ni violaba su oportunidad de ser oído. 15 A esos efectos tanto el derogado Código Penal de 1974 como el Nuevo Código Penal de 2004 definen la reincidencia y sus grados. CC-2005-1250 21

hubiese sido deportado previamente, regresara a los

Estados Unidos y el juez determinara que esa deportación

previa se debió a una convicción por un delito agravado.

18 U.S.C. § 1326 (b)(2).

El acusado en dicho caso alegó que en la acusación

presentada en su contra no se había hecho mención sobre

alegadas convicciones anteriores y que, en consecuencia,

el tribunal no podía sentenciarlo imponiendo una pena más

alta de la máxima permitida para acusados sin convicciones

previas. Al examinar el planteamiento del acusado, el

máximo foro federal formuló la interrogante en términos de

si la disposición penal en controversia definía la

reincidencia como un delito separado, o únicamente, como

un factor a considerar al momento de dictar sentencia e

imponer la pena.

Al hacer el análisis anterior, el Tribunal partió de

la normativa de que una acusación tiene que exponer todos

los elementos del delito que se le imputa al acusado. A

diferencia de lo anterior, expresó el referido Foro que la

acusación no tiene que exponer todos los factores que sean

relevantes, únicamente, para efectos de dictar la

sentencia, de encontrarse culpable al acusado. Por ello,

el Tribunal razonó que si el estatuto en controversia

definía la convicción anterior como un delito nuevo y

separado, éste tenía que ser alegado en la acusación. Por

el contrario, de tratarse sólo de un factor que agravaba

la pena, el mismo no tenía que ser alegado en la CC-2005-1250 22

acusación. El Tribunal resolvió el caso conforme esta

última posición, es decir, que la reincidencia no era

necesaria para probar el delito imputado y que por tanto,

en estos casos, esta no tenía que alegarse en la acusación

ya que la reincidencia no se relacionaba con la comisión

del delito sino que se relacionaba, únicamente, con la

pena.16

En una decisión posterior, el Supremo federal reiteró

la distinción entre “hechos que son elementos del delito”

y “hechos relevantes únicamente para dictar sentencia”. En

Castillo v. U.S., 530 U.S. 120 (2000), el Tribunal expresó

que lo importante en dicho análisis era si el estatuto

penal, en el que el juez se amparaba para imponer una pena

más alta, definía un delito separado (si se refería a un

delito o ofensa), o simplemente lo autorizaba a aumentar

la pena. El Tribunal determinó que el análisis anterior

requería un examen del estatuto, es decir, de su lenguaje

específico, para determinar si constituía un delito

separado.

Precisa señalar que en este caso, al tratarse de un

delito para el cual se proveía juicio por jurado, el

Tribunal expresó que en casos donde la determinación de un

16 Es menester señalar, en este punto, que la decisión de Almendarez, ante, es contraria a una decisión previa del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Oyler v. Boyles, 368 U.S. 448, 452 (1962), en el cual se estableció que un acusado tenía que recibir una notificación razonable y una oportunidad de ser oído con relación al cargo de reincidencia. CC-2005-1250 23

hecho particular fuera esencial para la imposición de la

pena, este hecho tenía que ser determinado por el jurado,

ya que el estándar de prueba en esos caso era el de

“prueba más allá de duda razonable”, un estándar mucho más

riguroso que el que utilizaría el juez para determinar el

referido hecho, que sería “preponderancia de la prueba”. A

tales efectos dicho Foro expresó, en lo pertinente, que:

There is no reason to think that Congress would have wanted a judge’s view to prevail in a case of so direct a factual conflict, particularly when the sentencing judge applies a lower standard of proof and when 25 additional years in prison are at stake. Pág. 128.

El Tribunal resolvió que el estatuto en controversia,

al establecer los factores que el juez podía tomar en

consideración para dictar sentencia, se refería a un

elemento de un delito separado y agravado. Por lo cual se

trataba de la instancia de un “separate crime”, según

Almendarez, ante. Vemos, en consecuencia, que aun cuando

se reiteró la antes mencionada distinción entre “hechos

que son elementos del delito” y “hechos relevantes

únicamente para dictar sentencia”, el Tribunal Supremo

federal resolvió a favor de que los hechos que tendiesen a

aumentar la pena, fuesen considerados por el jurado y no

determinados por el juez.

Aun cuando ninguno de estos casos ha sido

expresamente revocado, decisiones posteriores del Tribunal

Supremo revelan un alejamiento sustancial de los

precedentes de Almendarez, y Castillo, ante, y un CC-2005-1250 24

abandono de la distinción “elementos del delito” versus

“elementos para dictar sentencia”. En dichas decisiones

posteriores se ha adoptado la norma que cualquier hecho

que tienda a aumentar una sentencia tenga que ser alegado

en la acusación y probado por el ministerio público más

allá de duda razonable.

El primer ejemplo de ello lo es el caso de Apprendi

v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000). Aquí, la controversia

giró en torno a si violaba la cláusula de debido proceso

de ley de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de

los Estados Unidos un estatuto del estado de Nueva Jersey

que permitía que un juez, al momento de dictar sentencia,

utilizara factores que desfilaron durante el juicio, como

elementos que autorizaran un aumento en la pena máxima de

un delito, en vez que dichos factores pasaran a la

consideración del jurado utilizando el criterio de “prueba

más allá de duda razonable”.17

En dicho caso, se trataba de un agravante

estatutario, de “actos motivados con la intención de

intimidar cierto grupo”, el cual no fue alegado por el

17 Según el estatuto de Nueva Jersey, constituía un delito en segundo grado, con pena entre 5 a 10 años, utilizar un arma de fuego para propósitos ilegales. N.J.Stat.Ann. § 2C:39-4(a). Ahora bien, el estatuto en controversia disponía que ésta pena podía ser aumentada entre 10 a 20 años si el juez, por preponderancia de la prueba, determinaba que el delito había sido cometido con el propósito de intimidar a un individuo o grupo de individuos por razones de raza, color, género, impedimento, religión, orientación sexual o origen étnico. N.J.Stat.Ann. § 2C:44-3(e). CC-2005-1250 25

ministerio público en la acusación. El acusado había

realizado una alegación preacordada con el ministerio

público declarándose culpable, entre otros cargos, del

delito en segundo grado de utilizar un arma de fuego con

propósitos ilegales. Para este delito la pena era de entre

un mínimo de 5 años y un máximo de 10 años. Por no estar

alegado en la acusación, el acusado no se declaró culpable

del agravante de “actos motivados con la intención de

intimidar cierto grupo”. Sin embargo, al momento de dictar

sentencia, y tal y como lo permitía el estatuto, el juez

tomó en consideración que el acusado había realizado el

delito motivado por prejuicios raciales (“hate crime”).

Por consiguiente, condenó al acusado a 12 años de prisión

por ese cargo, una pena mayor que la contemplada para el

delito sin el agravante.

En este caso, el Tribunal Supremo analizó la

interrogante en forma distinta que en Almendarez, ante. La

decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en

Apprendi, ante, fue a los efectos de que, cónsono con la

historia de la jurisprudencia penal y la importancia del

“jury trial”, todo elemento que pudiese agravar la pena

del acusado tenía que pasar por la consideración del

jurado.

Hay que señalar que en Apprendi, ante, la decisión de

Almendarez, ante, no fue revocada. Más bien, se expresó

que Almendarez, ante, era una decisión excepcional que se CC-2005-1250 26

apartaba de la práctica pasada de los tribunales.18 Se

expresó, además, que las protecciones del debido proceso y

del derecho a juicio por jurado se extendían a

determinaciones que no se relacionan con la “culpabilidad”

del acusado, sino que se relacionaran a la extensión de su

sentencia. Por esta razón, en la decisión de Apprendi,

ante, el Tribunal expuso que aunque la decisión de

Almendarez debía limitarse exclusivamente a casos sobre

reincidencia: “…it is arguable that Almendarez-Torres was

incorrectly decided and that a logical application of our

reasoning today should apply if the recidivist issue were

contested…” (Énfasis nuestro).19

Las decisiones posteriores del Tribunal Supremo de

los Estados Unidos relativas a este tema han seguido

reafirmando la decisión de Apprendi, ante, en cuanto a que

factores que aumenten la pena a la que pueda estar

expuesto un acusado deben ser considerados por el jurado.

En Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004), el acusado

formuló su alegación a los efectos que el hecho que el

juez, al momento de dictar sentencia, pudiera tomar en

18 “Any possible distinction between an ‘element’ of a felony offense and a ‘sentencing factor´ was unknown to the practice of criminal indictment, trial by jury and judgment by court…” pág. 478. 19 En específico, el Tribunal federal indicó que en Almendarez, ante, no había problema de violación constitucional porque las convicciones previas que se tomaron en consideración habían sido admitidas en cada uno de los procesos criminales en los cuáles éstas se dilucidaron. CC-2005-1250 27

consideración un hecho que no fue admitido por él ni

determinado probado por un jurado, violaba su derecho a

juicio por jurado protegido por la Sexta Enmienda.20

Al analizar el planteamiento del acusado y resolver

dicho caso, el Tribunal Supremo reafirmó lo ya resuelto en

Apprendi, ante. En ese sentido la discusión se centró en

hasta que punto podía una legislatura otorgarle el poder

al juez de aumentar la pena máxima dispuesta para un

delito en particular sin que dicha acción violara el

derecho a juicio por jurado. El Tribunal acogió el

argumento del acusado y resolvió que en efecto, el derecho

a juicio por jurado protegido por la Sexta Enmienda

requería que cualquier factor distinto a una convicción

previa que pudiera agravar la pena máxima estatutaria de

un delito, tenía que ser sometido al jurado y probado más

Aun cuando las anteriores decisiones del Tribunal

Supremo de los Estados Unidos aparezcan un tanto

contradictorias, lo cierto es que la posición relativa a

la distinción entre “factores que constituyen elementos

del delito” y “factores relevantes al momento de dictar

20 En ese caso, el acusado, mediante una alegación preacordada, se declaró culpable del delito de secuestro en segundo grado, para el cual la pena era una de 49 a 53 meses. Al momento de dictar sentencia, el juez tomó en consideración el factor que el delito cometido por el acusado, secuestro, había sido realizado mediando “crueldad deliberada”. Utilizando este factor, que no había sido ni aceptado por el acusado ni considerado por el jurado, el juez impuso una condena de 90 meses de prisión. CC-2005-1250 28

sentencia para aumentar la pena”, ha perdido vitalidad a

partir de Apprendi, ante, y que la norma federal

prevaleciente es que los factores que expongan al acusado

a una pena mayor tienen que ser alegados en la acusación y

probados por el ministerio público más allá de duda

razonable.

III

Examinados los preceptos constitucionales, y las

reglas procesales pertinentes, además de la jurisprudencia

federal relevante, atendemos el planteamiento

constitucional del peticionario Montero Luciano.

En esencia, el acusado plantea que el Artículo 7.04

viola la cláusula de debido proceso de Ley al relevar al

ministerio público de alegar la reincidencia en la

acusación. Sostiene, que el efecto de dicha disposición es

que permite que el ministerio público alegue la

reincidencia en un momento posterior a la declaración de

culpabilidad del acusado, eliminando el derecho del

acusado a ser notificado de la probable pena que habrá de

recibir. De este modo, plantea que el acusado que hace

alegación de culpabilidad, esperando recibir una pena

determinada, queda expuesto a recibir una pena mayor. En

consecuencia, la defensa, al no conocer los propósitos del

Estado contra el acusado, no podría planificar una

estrategia adecuada ni orientar adecuadamente a su

cliente. CC-2005-1250 29

En virtud de estos planteamientos, precisa que

resolvamos si el hecho que la condición de reincidente no

tenga que ser alegada en una acusación instada en virtud

de la Ley de Vehículos y Tránsito, es inconstitucional por

violar la cláusula de debido proceso de ley.

Según señalamos al comienzo, la cláusula de debido

proceso de ley, en sus vertientes procesal y sustantiva,

requieren que una ley que ha sido impugnada por violar

dicha cláusula sea examinada siguiendo el siguiente

análisis: bajo la vertiente sustantiva, que el Estado no

puede aprobar leyes que afecten de manera arbitraria,

irrazonable o caprichosa los intereses de propiedad o

libertad del individuo; así la ley será examinada con el

propósito de proteger derechos fundamentales de las

personas. Por otro lado, bajo la vertiente procesal, la

ley será examinada tomando en cuenta que la interferencia

del Estado con los intereses de libertad y propiedad se

haga mediante un procedimiento justo y equitativo. En

dicho análisis lo que hay que determinar es cuál es el

debido proceso exigido. Ambos análisis requieren examinar

los propósitos del Estado al aprobar la legislación en

cuestión.

Un examen de la declaración de propósitos del antes

mencionado Artículo 7.01 y de la Exposición de Motivos de

la Ley no arroja luz en cuanto al propósito de la Asamblea

Ligislativa de eximir al ministerio público del requisito CC-2005-1250 30

de alegar la reincidencia en la acusación.21 Las mismas

solo nos exponen, de manera general, el propósito de la

Ley de penalizar y de servir de disuasivo a los

conductores ebrios. En ausencia de alguna discusión en

cuanto a este aspecto, estamos impedidos de determinar

cuáles fueron las motivaciones de la legislatura al eximir

al ministerio público de este requisito.

Atendido el propósito general de la Legislatura al

aprobar la referida Ley, esto es, el de velar por la

seguridad pública en las carreteras y lograr el control

del conductor ebrio fortaleciendo las sanciones aplicables

a ésta, somos del criterio que el mismo no justifica la

interferencia con el derecho fundamental de libertad del

peticionario Montero Luciano. Esto es, la misma no

justifica que a un acusado no se le notifique en la

acusación del hecho de que sus convicciones anteriores

serán posteriormente alegadas con el propósito de que se

le imponga una pena mayor al ser sentenciado.

En el presente caso, el acusado hizo alegación de

culpabilidad posiblemente tomando en consideración que el

fiscal no alegaba la reincidencia en la denuncia,

vislumbrando de este modo que la pena que le sería

impuesta era aquella para una primera convicción.22 Por

21 El historial legislativo de la mencionada Ley tampoco contiene discusión alguna sobre este aspecto. 22 Específicamente, la pena que a esos efectos impuso el foro primario. Esto es, una multa de $300, el pago de (Continúa . . .) CC-2005-1250 31

consiguiente, en este caso, el acusado no aceptó la

reincidencia ni se declaró culpable del delito de conducir

en estado de embriaguez con pleno conocimiento de la pena

al cual sería expuesto.

Los hechos particulares de este caso reflejan la

situación en que el juez utilizó unos factores que no

habían sido alegados en la acusación, ni aceptados por el

acusado para imponer la sentencia. Esto tiene un efecto

signigicativo, particularmente en un caso como éste, en el

cual el acusado hizo una alegación de culpabilidad.

La importancia de una alegación de culpabilidad del

acusado, la cual implica una renuncia a determinados

derechos constitucionales, impone al Estado una obligación

de velar porque el acusado tenga conocimiento de todas las

consecuencias de dicha alegación. Ciertamente, la

exposición a una pena mayor es un factor que el acusado

tiene que conocer al momento de hacer dicha alegación.

En vista de lo anterior, somos del criterio que no se

cumple con el requisito de adecuada notificación de los

cargos presentados en contra del acusado, cuando se

permite que el fiscal no alegue la condición de

reincidente en la denuncia o acusación y ésta aparezca

después, como por arte de magia, al momento de dictar

sentencia, como factor para agravar una pena. Lo anterior

_________________________ costas, más un arancel de $50. Ordenó la suspensión de su licencia de conducir por un término de 30 días y a someterse al Programa de Rehabilitación de la Administración de Salud Mental y contra la Adicción. CC-2005-1250 32

se agrava, repetimos, cuando como en el presente caso, el

acusado ha hecho una alegación de culpabilidad esperando

recibir una pena menor a la que realmente recibió.23

El Procurador General sostiene que la decisión del

Tribunal Supremo federal en Almendarez, ante, controla el

presente caso. De la discusión anterior sobre la

jurisprudencia federal vimos claramente que el caso de

Almendarez, ante, ha perdido su fuerza como precedente y

que la doctrina que impera actualmente en la jurisdicción

federal es que un juez no puede tomar en consideración,

para aumentar la pena a imponerse, hechos que no han sido

alegados en la acusación y que por tanto, no han sido ni

admitidos por el acusado, ni probados por el fiscal más

Otros fundamentos nos obligan a alejarnos de

Almendarez, ante. El más importante: que por virtud de lo

dispuesto en la Regla 48 de Procedimiento Criminal,

nuestro legislador estableció un deber del ministerio

público de alegar la reincidencia en la acusación o

denuncia, aun cuando la misma no sea un elemento

constitutivo del delito. Con ello, nuestro ordenamiento

procesal penal exige que la alegación de reincidencia sea

conocida por el acusado.

Dicha disposición reglamentaria, además de imponer la

obligación al ministerio público de incluir en la

23 Vale la pena resaltar, que una segunda convicción acarrea una pena de reclusión de entre 15 a 30 días. CC-2005-1250 33

acusación los hechos esenciales constitutivos de delito,

también le impone la obligación que las convicciones

anteriores del acusado sean alegadas en la denuncia o

acusación si con ese hecho el ministerio público pretende

establecer la condición de reincidente del acusado.24

Sabido es que, una vez incorporados ciertos derechos,

por acción legislativa, éstos se convierten en parte

integral del debido proceso de ley. Véase: Pueblo v.

Esquilín Díaz, 148 D.P.R. 808 (1998); Pueblo v. Ortiz

Couvertier, 133 D.P.R. 883 (1993); Pueblo v. Prieto

Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974). Precisamente, esta es la

situación contemplada por la Regla 48 de Procedimiento

Criminal. En la medida en que la Regla 48 establece la

referida obligación, ésta se convierte propiamente en un

derecho del acusado. De este modo, el acusado tiene un

derecho de conocer que el fiscal va a establecer su

condición de reincidente y que con ello va a solicitar la

imposición de una pena mayor. Hay que recordar, además,

que el acusado en ese caso tiene la opción de aceptar o

negar dicha alegación y que si la niega, el fiscal viene

24 A estos efectos, no nos convencen los argumentos del Procurador General en cuanto a que el acusado conocía sus convicciones anteriores y por ende, su condición de reincidente. El debido proceso de ley que nuestra Constitución le garantiza al acusado le impone deberes al Estado. Por ello, es innegable que éste tiene que incluir todos los elementos que pudieran agravar una pena en el pliego acusatorio. Esto incluye, necesariamente, las convicciones anteriores del acusado. De este modo, el acusado está en posición adecuada para preparar su defensa. CC-2005-1250 34

como cualquier otro elemento del delito. Los Incisos del

Artículo 7.04, aquí en controversia, son claramente

contrarios a lo dispuesto en la referida Regla 48.

En el balance entre los intereses gubernamentales y

los de la ciudadanía, las garantías procesales del debido

proceso de ley deben prevalecer. Los procedimientos que

requiere el debido proceso de ley deben incluir una

notificación adecuada de todos aquellos elementos que

acarreen la imposición de una pena mayor para el acusado.

Ello necesariamente tiene que ser así, pues resolver lo

contrario resultaría en negarle injustamente al acusado su

debido proceso y porque nuestra función como tribunal de

última instancia requiere que velemos que en nuestro País

exista un sistema de justicia donde se respeten aquellos

derechos fundamentales que sirven de apoyo a éste.

Somos del criterio, en consecuencia, que los Incisos

(b)4 y (b)(5) del Artículo 7.04 del la Ley de Vehículos y

Tránsito de Puerto Rico, en cuanto eximen al fiscal de

alegar la reincidencia en la denuncia por guiar en estado

de embriaguez, violan la cláusula de debido proceso de ley

tanto en su vertiente sustantiva como en la procesal. En

conclusión, resolvemos que, al igual que en Figueroa

Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 278 (1978), --caso en el

que declaramos parcialmente inconstitucional el Artículo

97 del Código Civil de Puerto Rico-- en el presente caso CC-2005-1250 35

procede que declaremos inconstitucional, de forma parcial,

los referidos Artículos.

En virtud de lo anteriormente resuelto, procede

revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y

reinstalar la dictada por el Tribunal de Primera

Instancia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocando la emitida por el Tribunal de Apelaciones en el presente caso y reinstalando la dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión concurrente y disidente. “La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado y disiente de la Opinión del Tribunal. Concurre con la determinación de revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones por entender que para que la alegación de culpabilidad del acusado fuera una hecha con pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad conforme exige la Regla 72(7) de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, éste debió haber sido advertido de que al declararse culpable de violar el Art. 7.02 de la Ley Núm. 22 del 7 de enero de 2002, según enmendada, se exponía a una pena de reincidencia en virtud del Art. 7.04(b)(2) de la propia ley. Habida cuenta que ello no ocurrió su alegación de culpabilidad fue ineficaz.” “Disiente de la determinación de inconstitucionalidad del Art. 7.04(b)(4) y (b)(5) de la Ley Núm. 22.”

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Opinión Concurrente y Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2006.

Concurro con la mayoría del Tribunal en que al

convicto en el caso de autos no podía imponérsele

una pena basada en la reincidencia. No sólo no se

alegó la condición de reincidente en la acusación en

su contra, como está previsto en la Regla 48 de

Procedimiento Criminal, sino que, además, la

referida ausencia de tal alegación en la acusación

no puso al acusado al momento de considerar si

admitía su culpabilidad, en posición de conocer

cabalmente todas las intenciones del Estado respecto

a su condena. Por ello, fue correcta la pena

impuesta por el foro de instancia y erróneo el

dictamen del foro apelativo, tal como lo resuelve la

mayoría del Tribunal en su opinión. CC-2005-1250 2

Sin embargo, para llegar al resultado referido no es

necesario el inusitado dictamen de declarar la

inconstitucionalidad de unas oraciones de los incisos (b)4 y

(b)5 del Art. 7.04 de la Ley de Vehículos y Tránsito de

Puerto Rico, como lo hace la mayoría del Tribunal en su

opinión.

Nótese que en virtud de lo resuelto medularmente en la

opinión del Tribunal en este caso, quedan debidamente fijadas

las consecuencias de lo dispuesto en los incisos en cuestión,

si el Ministerio Público no incluye la alegación de

reincidencia en las denuncias o acusaciones pertinentes. Así

los incisos referidos en efecto le permiten al Ministerio

Público no hacer la alegación de reincidencia, con las

consecuencias correspondientes. En efecto, se le da una

opción al Ministerio Público sobre el particular. No es

necesario declarar la inconstitucionalidad parcial de los

incisos en cuestión, pues, porque nada de lo resuelto

mediante la opinión mayoritaria indica que el Ministerio

Público está obligado a incluir la alegación de reincidencia

en las acusaciones concernidas. Por ende, los incisos en

cuestión quedarían como el fundamento para la opción del

Ministerio Público.

Para concluir, debe recordarse la doctrina que rige en

nuestra jurisdicción sobre la determinación judicial de

inconstitucionalidad. Tales determinaciones no son

favorecidas de ordinario, y sólo deben emitirse cuando ello

es insoslayable. En otras palabras, los tribunales deben CC-2005-1250 3

evitar la determinación de inconstitucionalidad si la

disposición en cuestión puede ser interpretada de modo tal

que no sea necesario hacer tal determinación. Torres Solano

v. P.R.T.C, 127 D.P.R. 497 (1990); Molina v. C.R.U.V., 114

D.P.R. 295 (1983); Vives Vázquez v. Tribunal Superior, 101

D.P.R. 139 (1973); Pueblo v. Marrero, 79 D.P.R. 649 (1956).

En el caso de autos, no es insoslayable la determinación de

inconstitucionalidad, por la razón señalada antes. Por ello,

disiento de esta parte del dictamen de la mayoría del

Tribunal.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO