Pueblo en Interés De Los Menores C.L.R. Y A.V.L.
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
En interés del menor C.L.R. Certiorari Peticionaria ______________________________ 2010 TSPR 20 El Pueblo de Puerto Rico 178 DPR ____ Recurrido
En interés del menor A.V.L.
Peticionario
Número del Caso: CC-2009-313 CC-2009-317
Fecha: 17 de febrero de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Aguadilla, Panel IX
Juez Ponente: Hon. Carlos Rivera Martínez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcda. Eileen N. Díaz Ortiz
Lcdo. Rafael Juarbe Pagán Lcda. Marisela Pérez Reisler
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón Subprocuradora General
Abogados de Amicus Curiae:
Lcdo. Carlos del Valle Cruz Lcdo. Francis Daniel Nina Estrella
Materia: Mediación en Caso de Menores
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del pr oceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servici o público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
En interés del menor C.L.R. CC-2009-313
Peticionario consolidados Certiorari __________________________
El Pueblo de Puerto Rico CC-2009-317
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2010.
“El Sistema de Justicia Juvenil tiene ciertas ventajas en comparación con el Sistema Criminal de adultos, que permite una mayor efectividad en la intervención con el individuo. El primero tiene todo un andamiaje creado por ley, encaminado a fortalecer los procesos de seguimiento de las medidas condicionales (probatorias) o desvío para el logro de la rehabilitación.”1
El presente caso nos brinda la oportunidad de
analizar por primera vez la aplicabilidad del Reglamento
de métodos alternos para la solución de conflictos de
este Tribunal en los casos iniciados al amparo de la Ley
de Menores, Ley Núm. 88 del 9 de julio de 1986, 34
L.P.R.A. secs. 2201-2238.
1 L. Pérez Pérez, Protegiéndolos de la droga y la delincuencia, San Juan, Ed. Situm, 2009, pág. 7. (Énfasis suplido.) CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 2
I
El 2 de diciembre de 2008 se presentaron quejas en
interés de los menores C.L.R. y A.V.L. quienes para esa
fecha contaban con 14 y 13 años de edad respectivamente.
La falta imputada a cada uno de los menores consistió en
la infracción del artículo 198 del Código Penal de Puerto
Rico (Robo). Particularmente, en las quejas se alegaba
que los menores C.L.R. y A.V.L., actuando en común
acuerdo y mediando fuerza e intimidación, le arrebataron
un bulto a la también menor de edad D.M.H., de donde
sacaron su cartera y se apropiaron de siete dólares
($7.00), sustrayéndolos de su inmediata presencia y en
contra de su voluntad. Esto, luego que, alegadamente, le
pidieran cincuenta centavos ($0.50) para comprar
cigarrillos y ésta no se los dio, ya que el dinero era
producto de una venta de chocolates de la clase de
economía doméstica.
Durante la celebración de la vista de causa probable
para presentar las querellas, celebrada el 16 de
diciembre de 2008, los abogados de defensa de los menores
solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que el caso
fuera referido a un proceso de mediación. El Procurador
de Menores se opuso a dicha solicitud argumentando que la
falta imputada a los menores (robo) no cualificaba para
un proceso de mediación, ya que ésta corresponde a un
delito de naturaleza grave. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 3
Luego de considerar los argumentos de ambas partes,
el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución
mediante la cual ordenó a las partes comparecer ante la
Oficina de Mediación de Mayagüez. En su resolución, el
foro primario expresó que había efectuado su
determinación luego de consultar con la Oficina de
Mediación, examinar la posición de los padres de los
menores y al considerar que era el primer proceso ante el
Tribunal de Menores al cual se exponían ambos menores. A
su vez, dicho foro citó en apoyo a su determinación el
artículo 7.04 del Reglamento de métodos alternos para la
solución de conflictos, y expresó que su decisión
respondía al interés de los menores y de la justicia. En
vista de lo anterior el foro primario ordenó a las partes
acudir a mediación el 8 de abril de 2009.
Inconforme, el Procurador de Menores presentó una
oportuna moción de reconsideración. Alegó que la falta
imputada a los menores era una de naturaleza grave,
clasificada Clase III por la Ley de Menores, la cual ni
tan siquiera cualificaba para un programa de desvío o
medida dispositiva nominal. En vista de lo anterior,
sostuvo que referir el caso al proceso de mediación no
cumpliría con el propósito del Reglamento de métodos
alternos para la solución de conflictos ni con el fin de
la Ley de Menores de proveer tratamiento y supervisión al
menor a través de una medida de libertad condicional o CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 4
custodia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la
moción de reconsideración.
Así pues, la Procuradora General de Puerto Rico
presentó un Recurso de certiorari ante el Tribunal de
Apelaciones. Dicho foro apelativo revocó la determinación
del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que según las
disposiciones de la Ley de Menores, por ser la falta
imputada a los menores C.L.R. y A.V.L. una de Clase III,
éstos no podrían ser referidos a un procedimiento de
desvío. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones
devolvió el caso al foro de instancia para la
continuación de los procedimientos.
Inconformes con este resultado, C.L.R. y A.V.L.
presentaron oportunamente Recursos de certiorari ante
este Tribunal para que revocásemos la sentencia del
Tribunal de Apelaciones. Además, solicitaron la
paralización de los procedimientos a nivel de instancia
mediante sus respectivas mociones de auxilio de
jurisdicción. El 21 de abril de 2009 emitimos dos
resoluciones mediante las cuales denegamos la expedición
de cada uno de los recursos. Sin embargo, ante una
oportuna moción de reconsideración presentada por el
menor C.L.R., el 8 de mayo de 2009 ordenamos la
paralización de los procedimientos y le concedimos a la
Procuradora General un término de quince (15) días para
que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el
auto y revocar la determinación del Tribunal de CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 5
Apelaciones. El 11 de mayo de 2009, adoptamos el mismo
curso de acción en relación con la moción de
reconsideración presentada por el menor A.V.L. Además,
ordenamos la consolidación de los casos.
El 26 de mayo de 2009, la Procuradora General
compareció mediante su escrito en cumplimiento de nuestra
orden de mostrar causa. Posteriormente, el 29 de mayo de
2009, autorizamos la intervención de los profesores
Carlos Del Valle Cruz y Francis Daniel Nina Estrella como
amigos de la corte. Así pues, habiendo éstos comparecido
mediante escrito, concedimos un término a la Procuradora
General, según solicitado, para expresar su posición en
relación con el mismo.
Contando con la comparecencia de las partes según
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
En interés del menor C.L.R. Certiorari Peticionaria ______________________________ 2010 TSPR 20 El Pueblo de Puerto Rico 178 DPR ____ Recurrido
En interés del menor A.V.L.
Peticionario
Número del Caso: CC-2009-313 CC-2009-317
Fecha: 17 de febrero de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Aguadilla, Panel IX
Juez Ponente: Hon. Carlos Rivera Martínez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcda. Eileen N. Díaz Ortiz
Lcdo. Rafael Juarbe Pagán Lcda. Marisela Pérez Reisler
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón Subprocuradora General
Abogados de Amicus Curiae:
Lcdo. Carlos del Valle Cruz Lcdo. Francis Daniel Nina Estrella
Materia: Mediación en Caso de Menores
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del pr oceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servici o público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
En interés del menor C.L.R. CC-2009-313
Peticionario consolidados Certiorari __________________________
El Pueblo de Puerto Rico CC-2009-317
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2010.
“El Sistema de Justicia Juvenil tiene ciertas ventajas en comparación con el Sistema Criminal de adultos, que permite una mayor efectividad en la intervención con el individuo. El primero tiene todo un andamiaje creado por ley, encaminado a fortalecer los procesos de seguimiento de las medidas condicionales (probatorias) o desvío para el logro de la rehabilitación.”1
El presente caso nos brinda la oportunidad de
analizar por primera vez la aplicabilidad del Reglamento
de métodos alternos para la solución de conflictos de
este Tribunal en los casos iniciados al amparo de la Ley
de Menores, Ley Núm. 88 del 9 de julio de 1986, 34
L.P.R.A. secs. 2201-2238.
1 L. Pérez Pérez, Protegiéndolos de la droga y la delincuencia, San Juan, Ed. Situm, 2009, pág. 7. (Énfasis suplido.) CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 2
I
El 2 de diciembre de 2008 se presentaron quejas en
interés de los menores C.L.R. y A.V.L. quienes para esa
fecha contaban con 14 y 13 años de edad respectivamente.
La falta imputada a cada uno de los menores consistió en
la infracción del artículo 198 del Código Penal de Puerto
Rico (Robo). Particularmente, en las quejas se alegaba
que los menores C.L.R. y A.V.L., actuando en común
acuerdo y mediando fuerza e intimidación, le arrebataron
un bulto a la también menor de edad D.M.H., de donde
sacaron su cartera y se apropiaron de siete dólares
($7.00), sustrayéndolos de su inmediata presencia y en
contra de su voluntad. Esto, luego que, alegadamente, le
pidieran cincuenta centavos ($0.50) para comprar
cigarrillos y ésta no se los dio, ya que el dinero era
producto de una venta de chocolates de la clase de
economía doméstica.
Durante la celebración de la vista de causa probable
para presentar las querellas, celebrada el 16 de
diciembre de 2008, los abogados de defensa de los menores
solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que el caso
fuera referido a un proceso de mediación. El Procurador
de Menores se opuso a dicha solicitud argumentando que la
falta imputada a los menores (robo) no cualificaba para
un proceso de mediación, ya que ésta corresponde a un
delito de naturaleza grave. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 3
Luego de considerar los argumentos de ambas partes,
el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución
mediante la cual ordenó a las partes comparecer ante la
Oficina de Mediación de Mayagüez. En su resolución, el
foro primario expresó que había efectuado su
determinación luego de consultar con la Oficina de
Mediación, examinar la posición de los padres de los
menores y al considerar que era el primer proceso ante el
Tribunal de Menores al cual se exponían ambos menores. A
su vez, dicho foro citó en apoyo a su determinación el
artículo 7.04 del Reglamento de métodos alternos para la
solución de conflictos, y expresó que su decisión
respondía al interés de los menores y de la justicia. En
vista de lo anterior el foro primario ordenó a las partes
acudir a mediación el 8 de abril de 2009.
Inconforme, el Procurador de Menores presentó una
oportuna moción de reconsideración. Alegó que la falta
imputada a los menores era una de naturaleza grave,
clasificada Clase III por la Ley de Menores, la cual ni
tan siquiera cualificaba para un programa de desvío o
medida dispositiva nominal. En vista de lo anterior,
sostuvo que referir el caso al proceso de mediación no
cumpliría con el propósito del Reglamento de métodos
alternos para la solución de conflictos ni con el fin de
la Ley de Menores de proveer tratamiento y supervisión al
menor a través de una medida de libertad condicional o CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 4
custodia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la
moción de reconsideración.
Así pues, la Procuradora General de Puerto Rico
presentó un Recurso de certiorari ante el Tribunal de
Apelaciones. Dicho foro apelativo revocó la determinación
del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que según las
disposiciones de la Ley de Menores, por ser la falta
imputada a los menores C.L.R. y A.V.L. una de Clase III,
éstos no podrían ser referidos a un procedimiento de
desvío. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones
devolvió el caso al foro de instancia para la
continuación de los procedimientos.
Inconformes con este resultado, C.L.R. y A.V.L.
presentaron oportunamente Recursos de certiorari ante
este Tribunal para que revocásemos la sentencia del
Tribunal de Apelaciones. Además, solicitaron la
paralización de los procedimientos a nivel de instancia
mediante sus respectivas mociones de auxilio de
jurisdicción. El 21 de abril de 2009 emitimos dos
resoluciones mediante las cuales denegamos la expedición
de cada uno de los recursos. Sin embargo, ante una
oportuna moción de reconsideración presentada por el
menor C.L.R., el 8 de mayo de 2009 ordenamos la
paralización de los procedimientos y le concedimos a la
Procuradora General un término de quince (15) días para
que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el
auto y revocar la determinación del Tribunal de CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 5
Apelaciones. El 11 de mayo de 2009, adoptamos el mismo
curso de acción en relación con la moción de
reconsideración presentada por el menor A.V.L. Además,
ordenamos la consolidación de los casos.
El 26 de mayo de 2009, la Procuradora General
compareció mediante su escrito en cumplimiento de nuestra
orden de mostrar causa. Posteriormente, el 29 de mayo de
2009, autorizamos la intervención de los profesores
Carlos Del Valle Cruz y Francis Daniel Nina Estrella como
amigos de la corte. Así pues, habiendo éstos comparecido
mediante escrito, concedimos un término a la Procuradora
General, según solicitado, para expresar su posición en
relación con el mismo.
Contando con la comparecencia de las partes según
expuesta en sus respectivos escritos, estamos en posición
de resolver.
II Naturaleza y Objetivos de la Ley de Menores
La Ley de Menores, supra, reglamenta los
procedimientos investigativos, judiciales y ejecutivos en
los casos de menores que incurren en conducta
constitutiva de delito, según tipificada en el Código
Penal o en las leyes especiales. Como toda ley especial,
“sus disposiciones aplicarán con preferencia a otras
leyes, y en caso de conflicto prevalecerán los principios CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 6
especiales” que ésta enmarca.2 Esta ley derogó la anterior
Ley de Menores del 1955 introduciendo un cambio en el
enfoque filosófico, de uno penal, a uno de fines duales,
esto es, rehabilitación y protección de la sociedad; y a
la vez que le garantiza derechos a los menores, le exige
responsabilidad penal por sus actos delictivos.3
La filosofía, así como los propósitos de la actual
Ley de Menores, supra, se explican en detalle en su
Exposición de Motivos:
[E]sta ley adopta como marco filosófico del Sistema de Justicia Juvenil, el humanismo dentro de un enfoque ecléctico de acción e intervención, donde se compatibilicen la propuesta rehabilitadora y el poder y responsabilidad posible inherente al Estado de brindarle toda oportunidad rehabilitativa, así como exigirle al menor un quantum de responsabilidad para dirigir sus actos y responder por éstos. (Énfasis nuestro).
Además, al final de esta Exposición de Motivos se
señala lo siguiente:
Toda ayuda al menor, que propenda a su rehabilitación, debe concientizarlo de la importancia del acto cometido llevándolo a percatarse de éste, sus implicaciones, la responsabilidad individual y comunitaria envuelta, donde se propicie a su vez respeto a la ley existente. El tratamiento habilitador o rehabilitador que se le preste debe cristalizar mediante objetivos y actividades 2 Véanse, el artículo 1 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2201 y los artículos 11 y 12 (a) del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. secs. 4639-4640. 3 D. Nevares Muñiz, Derecho de Menores, 6ta. ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2009, pág. 4. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 7
tangibles que han de ser alcanzados por el esfuerzo genuino de las autoridades que tienen a cargo su diseño y ejecución. (Énfasis nuestro).
El artículo 2 de la Ley de Menores, supra, expone
los tres propósitos que ésta persigue, los cuales “deben
orientar en el análisis e interpretación de la misma, por
cuanto constituyen la expresión auténtica del legislador
de los objetivos de la ley.”4 Entre estos propósitos se
encuentra el de “proteger el interés público tratando a
los menores como personas necesitadas de supervisión,
cuidado y tratamiento, a la vez que se le exige
responsabilidad por sus actos”.5 Con relación a este
propósito, la Dra. Nevares Muñiz nos comenta que el
objetivo es “protege[r] el interés de la comunidad al
reconocer que al menor delincuente debe proveérsele
supervisión y tratamiento, pero también exigirle
responsabilidad por sus actos si éstos infringen las
leyes penales”.6
Los procedimientos de menores han adquirido “matices
de naturaleza punitiva que van más allá del enfoque
meramente rehabilitador y paternalista de la [ley de
4 Nevares Muñiz, op. cit., pág. 5. 5 Art. 2 de la Ley de Menores, supra, 34 L.P.R.A. Sec. 2202 (Énfasis suplido). 6 Nevares Muñiz, op. cit., pág. 6 CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 8
1955]”.7 La Ley de Menores actual adoptó “un enfoque
ecléctico de acción e intervención en el cual se armoniza
la responsabilidad de parens patriae del Estado, en
cuanto a la rehabilitación de los ofensores, con el deber
de éstos de responder por sus actos”.8 Además, “[e]l
castigo es de transcendental importancia en nuestro
Sistema de Justicia Juvenil. La ley de menores de Puerto
Rico, parece reconocer que sin castigo no puede haber un
proceso de rehabilitación efectivo”.9 Por castigo, nos
referimos a ese quantum de responsabilidad que la Ley de
Menores, supra, impone a cada menor.
La evasión de responsabilidad de los ofensores juveniles sobre su vida, sus actos, y las personas con quienes conviven ha sido en muchos casos la razón para haber incurrido en conducta delictiva o antisocial. Por eso la firmeza con que se impone el castigo es de suma trascendencia, pues éste tiene que percibir en el sistema autoridad y constancia en sus determinaciones. La falta de firmeza del juez, el trabajador social o el encargado de la supervisión del castigo, sería detrimental en su proceso de rehabilitación.10
Por otra parte y aunque hemos sido consistentes en
señalar los “matices de naturaleza punitiva” y no
7 Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990, 997 (1992); Pueblo v. Ríos Dávila, 143 D.P.R. 687, 699 (1997); Pueblo en interés G.R.S., 149 D.P.R. 1, 12 (1999). 8 Pueblo en interés menor G.R.S., supra, pág. 11; Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989) (Énfasis suplido). 9 L. Pérez, op cit. pág. 21. 10 Íd., pág. 22. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 9
“paternalista” de la actual Ley de Menores, también hemos
sido consistentes al puntualizar que los procedimientos
al amparo de esta Ley no son de naturaleza criminal.11 De
hecho, y a tenor con los propósitos de esta Ley, su
propio artículo 37(a) especifica que “[l]os
procedimientos y las órdenes o resoluciones del juez bajo
esta ley no se considerarán de naturaleza criminal”.12
La naturaleza del proceso en asuntos de menores es
distinta a la naturaleza del proceso en la esfera penal,
aunque sus procedimientos sean parecidos. La naturaleza
del proceso penal es una punitiva, esto es, va dirigida
principalmente a que el convicto pague su deuda con la
sociedad. La Dra. Nevares Muñiz define el Derecho
Procesal Penal como “aquella área del derecho público
constituida por el conjunto de disposiciones estatutarias
y decisiones jurisprudenciales, cuyo propósito es regular
el proceso mediante el cual el Estado identifica,
enjuicia y penaliza a la persona que ha cometido un
delito”.13 Con relación a esto, la Dra. Ortega Vélez
señala de igual forma que el Derecho Penal “[s]e
caracteriza por prever las sanciones como forma de evitar
11 Pueblo en interés menor A.L.G.V., res. el 8 de mayo de 2007, 2007 T.S.P.R. 85, 170 D.P.R. __; Pueblo v. Suárez, 167 D.P.R. 850, 857 (2006); Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., supra, pág. 996; Pueblo en interés menor G.R.S., supra, pág. 10; Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949, 955 (1994) (Énfasis suplido). 12 Art. 37(a) de la Ley de Menores, supra, 34 L.P.R.A. sec. 2237 (Énfasis suplido). 13 D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 6ta ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2001, pág. 1. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 10
los comportamientos que el Derecho juzga especialmente
peligrosos –delitos-. Así, el ordenamiento reacciona ante
la violación generando un mal al infractor como pago a su
comportamiento ilícito”.14
En cambio, y como ya señalamos, la naturaleza del
proceso en los asuntos de menores es uno dirigido en
primer lugar a la rehabilitación, tratando a los menores
“como personas necesitadas de supervisión, cuidado y
tratamiento”, a la vez que se les exige “un quantum [una
porción] de responsabilidad para dirigir sus actos y
responder por ellos”.15 En los procesos de asuntos de
menores nos encontramos ante “un procedimiento especial
donde los delitos se denominan faltas, el juicio se
denomina vista adjudicativa y la sentencia, medida
dispositiva”.16 Un proceso especial en el cual el menor
transgresor (el término “transgresor” sustituye al
término “convicto” de la esfera penal),17 tiene derecho a
recibir tratamiento individualizado que propenda a sus
necesidades y eventual rehabilitación.18 Un proceso
especial en donde el menor no puede ser detenido,
14 R.E. Ortega Vélez, Código Penal de Puerto Rico (2004), 1ra. ed., San Juan, Ediciones Chrisely, 2007, pág. 5 (Énfasis nuestro). 15 Exposición de Motivos de la Ley de Menores, supra. 16 Pueblo v. Vargas, 120 D.P.R.404, 412 (1998); Pueblo v. Ríos Dávila, supra; Pueblo en interés menor J.M.R. 147 D.P.R. 65, 72 (1998). 17 34 L.P.R.A. sec. 2203(t). 18 34 L.P.R.A. sec. 2235(b); 2237(a); véase además, Art. II, Sec. 15, Constitución E.L.A., L.P.R.A., Tomo I. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 11
transportado o recluido en instituciones para adultos.19
Un proceso especial en el cual todos los asuntos son
confidenciales, por lo que el público en general no tiene
acceso, a menos que los padres, encargados o el
representante legal del menor consientan que el asunto se
ventile públicamente.20 Un proceso especial en el que no
se admite la renuncia por parte de un menor a cualquiera
de los derechos constitucionales que lo cobijan, si no
están presentes sus padres o encargados.21
Además, la Ley de Menores dispone “[q]ue el
historial del menor ante el Tribunal no constituirá
impedimento para cualquier solicitud de empleo, puesto o
19 Íd. 20 34 L.P.R.A. sec. 2208; 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 13.9. En Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990, 997 (1993), claramente nos expresamos al respecto al señalar que:
Por ser éste un procedimiento especial, el legislador optó por ampararlo bajo el manto de la confidencialidad, de manera que se evite al máximo cualquier daño al menor transgresor por el estigma que acarrea la imputación de un acto delictivo, conforme a la filosofía proteccionista que permea dicha Ley. Esta corriente de pensamiento sostiene que la identificación del menor transgresor ante la sociedad evita que dicha persona logre su rehabilitación y su saludable integración a la libre comunidad. Una vez se detecta la conducta criminal en un menor, a temprana edad, es posible moldearlo a tiempo y propiciar su desarrollo en un ciudadano cumplidor de las leyes. De ahí que nuestra legislación, en materia de menores, busque protegerlos del escrutinio público y así disminuir el daño que esto pueda causar en su autoestima. De la misma forma esto abona a su reingreso a la sociedad y a su núcleo familiar. (Énfasis suprimido y citas omitidas.)
Así pues, bajo la Ley de Menores vigente el Estado ha buscado reducir al mínimo el estigma popular que conlleva todo acto delictivo. Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., supra, pág. 998.
21 34 L.P.R.A. sec. 2211. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 12
cargo en el servicio público.”22 Incluso, el certificado
de antecedentes penales que emite la policía no provee
información respecto a faltas cometidas por un menor. Por
ser un proceso especial y distinto al penal, cualquier
referencia a una sentencia impuesta a un menor por la
comisión de una falta, es nula y debe eliminarse del
récord penal.23 Tampoco puede presentarse contra un menor
en un tribunal de jurisdicción ordinaria –en otro
procedimiento civil o penal- la evidencia presentada
contra ese menor en una vista adjudicativa ante el
Tribunal de Menores.24
Por ser un proceso diferente al penal, la Ley de
Menores requiere que todo expediente de un menor en poder
de la policía tiene que ser destruido al cumplir éste los
dieciocho (18) años de edad, ni podrán considerarse las
faltas cometidas por éste a los fines de imputarle como
adulto una sentencia en grado de reincidencia.25 Ni
siquiera los expedientes judiciales pueden archivarse
juntos, pues el artículo 37(d) de la Ley de Menores
señala que “los expedientes en los casos de menores se
mantendrán separados de los de adultos”, y serán
confidenciales.26
22 34 L.P.R.A. sec. 2237(a). 23 Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286 (1975). 24 34 L.P.R.A. sec. 2209. 25 34 L.P.R.A. sec. 2237(e) y 33 L.P.R.A. Sec. 4710(d). 26 34 L.P.R.A. sec. 2237(d). CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 13
Por último, pero extremadamente pertinente a la
controversia que nos ocupa, el artículo 38 de la Ley de
Menores27 establece que las disposiciones de esa Ley se
regirán, no por las Reglas de Procedimiento Criminal –que
pertenecen y fueron redactadas para el proceso penal-,
sino por las Reglas de Procedimientos para Asuntos de
Menores (Reglas). Éstas reglas fueron redactadas
específicamente para este proceso, adoptadas por este
Tribunal Supremo y aprobadas por la Legislatura.28 En
armonía con lo anterior las propias Reglas establecen
que:
...regirán todos los procedimientos que se inicien a partir de la vigencia de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, denominada "Ley de Menores de Puerto Rico", incluyendo aquellas que estén pendientes a la fecha de vigencia de estas reglas siempre que su aplicación no perjudique derechos sustantivos. Se interpretaran de acuerdo a los propósitos que inspira la Ley de Menores, secs. 2201 et seq. de este título, y de modo que garanticen una solución justa, rápida y económica de todos los asuntos.29
De todo lo anterior, podemos colegir en primer lugar
que nuestra Ley de Menores se encuentra predicada en una
filosofía que exige responsabilidad al menor por la falta
cometida, mientras expresamente distingue el proceso de
27 34 L.P.R.A. sec. 2238. 28 Las Reglas para Asuntos de Menores fueron aprobadas por este Tribunal Supremo el 31 de diciembre de 1986 y remitidas a la Asamblea Legislativa, la cual le hizo varias enmiendas siendo aprobadas finalmente mediante la Ley Núm. 33 de 19 de junio de 1987. 29 34 L.P.R.A. Ap. I-A, Regla 1.2. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 14
uno principalmente punitivo. En segundo lugar, es
evidente que la naturaleza del proceso para menores es
distinta a la del proceso penal. Como en otras ocasiones
hemos expresado, los procedimientos de menores gozan de
una naturaleza sui generis, por lo que los mismos no
constituyen propiamente causas criminales.30
Es por eso que un adulto en un proceso penal puede
recibir una condena que lo mantenga en prisión
prácticamente el resto de su vida, mientras que un menor
en un proceso de menores sólo extinguirá su medida
dispositiva (“su sentencia”), como mucho, hasta los 21
años de edad.31 Tal diferencia es producto de la filosofía
o la naturaleza que entraña cada proceso: el adulto,
hablando filosóficamente, tiene que pagar su deuda con la
sociedad –proceso penal-32, mientras que al menor se le
provee la oportunidad de rehabilitarse y “comenzar de
nuevo” al cumplir su mayoría de edad. De hecho, la medida
dispositiva de un joven incurso puede cesar (“extinguió
su sentencia”), en el momento mismo en que se prueba su
rehabilitación, sin importar la gravedad de la falta (“el
delito”) que hubiese cometido, ni el tiempo que le
30 Pueblo en interés menor F.R.F, 133 D.P.R. 172 (1993); Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., supra, págs. 996-997. 31 Art. 28 de la Ley de Menores, supra, 34 L.P.R.A. sec. 2228. 32 Esto no implica que no se debe atender el mandato constitucional que establece, como política pública del Estado, el que a la persona que es juzgada y convicta como adulto, se le provea el tratamiento adecuado para hacer posible su rehabilitación moral y social. Véase, Art. VI, Sec. 19. Const. E.L.A., Tomo 1. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 15
restara por cumplir.33 Esa alternativa no está de ninguna
manera disponible para un adulto.
De igual forma, la figura de la víctima es tratada
de manera distinta en ambos procesos. En el proceso penal
la víctima puede ser resarcida a costa de un
sobreseimiento total de los cargos en contra de la
persona acusada.34 En cambio, en el proceso contra un
menor tal resarcimiento de la víctima no podría darse a
expensas de que el menor se le prive de recibir
supervisión, cuidado y tratamiento -por las autoridades
que tienen a cargo su diseño y ejecución-, pues tal
privación iría en contra de los propósitos expresos de la
Ley de Menores.35
III
A. Naturaleza y propósito del proceso de mediación en Puerto Rico
La doctora Mildred E. Negrón Martínez expresa que,
“[h]istóricamente, las sociedades han ensayado y utilizado
diferentes medios para atender los conflictos, bien para
resolverlos, evitarlos o reprimirlos”.36 Por consiguiente,
[e]l interés que la mediación y otros métodos de resolución de conflictos han despertado durante los últimos años en los
33 Art. 28 de la Ley de Menores, supra, 34 L.P.R.A. sec. 2228. 34 Regla 246 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 246. 35 Art. 2 de la Ley de Menores, supra; Véase además, la exposición de motivos de dicha ley. 36 M.E. Negrón Martínez y otros, Un Modelos Puertorriqueño de Mediación de Conflictos, 1era ed., San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 1. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 16
países occidentales, particularmente en aquéllos del continente americano, tiene su origen en diversos factores.(…) La efervescencia política de las décadas de 1960 y 1970 en los Estados Unidos sirvió de marco social a un sinnúmero de conflictos sociales que propiciaron un replanteamiento sobre las formas de enfrentar y resolver conflictos. Asimismo, las críticas crecientes a los sistemas judiciales destacaban la inaccesibilidad de los tribunales para varios sectores de la población civil…37
Es en este contexto que surge la opción de los
métodos alternos de resolución de conflictos como una
alternativa a la formalidad, el costo y la lentitud de
los procedimientos legales tradicionales.
En Puerto Rico, desde la década de 1970, la Rama
Judicial ha venido implantando diversos mecanismos con el
objetivo de remediar algunas dificultades relacionadas
con el volumen y la administración de casos.38 En el año
1980, el Secretariado de la Conferencia Judicial y
Notarial propuso la implantación de alternativas
adicionales al sistema adversativo puertorriqueño, entre
las cuales incluyó la creación de programas adscritos al
sistema judicial y regulados por el Tribunal Supremo, que
permitieran la solución de conflictos entre ciudadanos,
entre los cuales se encontraba la mediación.39 Esta
sugerencia estuvo fundamentada en los hallazgos de una
37 Íd., págs. 2-3 38 Íd., pág. 16. 39 Íd., págs. 16-17; Véase además, Informe del Secretariado de la Conferencia Judicial de Puerto Rico sobre métodos alternos para la solución de disputas, octubre de 1980. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 17
investigación realizada por el propio Secretariado de la
Conferencia Judicial que mostraba una tendencia de
aumento en la litigación de casos, a la vez de un atraso
en el manejo de algunos casos en los tribunales.40 De
manera que la idea de incorporar a nuestro ordenamiento
los métodos alternos para la solución de conflictos está
estrechamente ligada al problema de la congestión de
calendarios de los tribunales de primera instancia y,
consecuencia de esto, la intención o empeño de aligerar
la resolución de los casos pendientes ante dichos foros.41
B. Génesis y objetivos de la Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983
Como secuela de la necesidad de aligerar la
resolución de casos en nuestros tribunales, en el año
1980 el Secretariado de la Conferencia Judicial recomendó
la aprobación de legislación que estableciera ciertas
bases conceptuales y asignara fondos a la Rama Judicial
para la implantación de métodos alternos para la solución
de disputas. Así, en el año 1983, la legislatura aprueba
la Ley Núm. 19 de 22 de septiembre.42 Con la aprobación de
esta Ley la Asamblea Legislativa reconoció la importancia
y utilidad que los métodos alternos de solución de
40 Íd. 41 J. Trías Monge, “El Estado de la Judicatura, 1979-80”, en Sociedad, Derecho y Justicia, 1era ed., San Juan, Ed. U.P.R., 1986, pág. 178. 42 4 L.P.R.A. sec. 532-532e. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 18
conflictos representan para los esfuerzos por reducir la
carga de trabajo de los distintos componentes del sistema
de justicia puertorriqueño y convalidó las iniciativas de
la Rama Judicial en esa dirección.43 La Asamblea
Legislativa además instruyó a este Tribunal a adoptar las
reglas necesarias para la operación de los programas que
servirían como centros informales de resolución de
disputas.44
Ahora bien, con relación a la naturaleza de los
casos que podrían ser referidos a los centros cuyas
creación se autorizaba, el artículo 4 de la Ley Núm. 19,
supra, es meridianamente claro: “los centros o programas
que se establezcan proveerán para la pronta resolución de
determinados asuntos de naturaleza civil o criminal de
manera informal, sencilla y sin la autorización de
procedimientos adversativos”.45
En cumplimiento con el mandato promulgado por la Ley
Núm. 19, supra, este Tribunal aprobó el Reglamento de
métodos alternos para la solución de conflictos
(Reglamento)46. Este Reglamento declara como política
43 Exposición de Motivos, Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983, 1983 Leyes de Puerto Rico 422-423. 44 4 L.P.R.A. sec. 532-532ª 45 4 L.P.R.A. 532c 46 Este reglamento fue aprobado mediante resolución del 25 de junio de 1998, y enmendado posteriormente mediante resolución del 4 de marzo de 2005. Véase, In re Aprobación del Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 1998 T.S.P.R. 79; In re Enmiendas al Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 164 D.P.R. 45 (2005). CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 19
pública de la Rama Judicial “fomentar la utilización de
mecanismos complementarios al sistema adjudicativo
tradicional con el fin de impartir justicia en una forma
más eficiente, rápida y económica”.47
En el contexto de lo que nos es pertinente, el
Reglamento define la mediación como un “proceso de
intervención, no adjudicativo, en el cual un [interventor
neutral] ayuda a las personas en conflicto a lograr un
acuerdo que les resulte mutuamente aceptable”.48 Además,
la Regla 7.01 añade que “la mediación tiene como
propósito promover la participación de personas en la
solución de sus conflictos y que las partes involucradas
asuman responsabilidad en el cumplimiento de los
acuerdos”.49
Por último, la Regla 7.02 del Reglamento50 establece
cuáles casos son elegibles para este mecanismo alterno,
señalando que “[s]erán elegibles para mediación los casos
civiles y los casos criminales de naturaleza menos grave,
que puedan transigirse de acuerdo con las Reglas de
Procedimiento Criminal.
En conclusión, la naturaleza de la Ley Núm. 19 de 22
de septiembre de 1983, supra, así como del Reglamento de
métodos alternos para la solución de conflictos de este
47 4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 1.01. 48 4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 1.03(c). 49 4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 7.01(b). 50 4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 7.02(a) CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 20
Tribunal, encierran cuatro objetivos; a saber: impartir
justicia en una forma más eficiente, rápida y económica.51
Impartir una justicia más eficiente, rápida y económica,
siendo estos tres últimos los objetivos a destacarse–
hablando contextualmente- porque, impartir justicia, debe
ser el objetivo o propósito general de cualquier
organismo adscrito a la Rama Judicial.
De manera que lo que se busca es que, de una manera
informal, se resuelvan aquellos asuntos que, por su
naturaleza, puedan obviar el proceso ordinario o
tradicional de los tribunales, consiguiendo una justicia
más rápida y menos costosa, a la vez que se ayuda a
descongestionar los calendarios de nuestras salas de
instancia.
IV
¿Puede referirse a mediación un caso que se
encuentra sometido ante la consideración de un Tribunal
de Menores? Antes de discutir la contestación a esa
pregunta, debemos comenzar señalando que existen varias
jurisdicciones en los Estados Unidos en las que los
procesos de mediación han probado ser de gran utilidad en
casos de delincuencia juvenil, particularmente en
aquellos primeros ofensores.52
51 Véase, Regla 1.01 (“Declaración de Política Pública”) del Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, supra. 52 S.A. Beauregard, Court-Connected Juvenile Victim-Offender Mediation: An Appealing Alternative for Ohio’s Juvenile Delinquents, 13 Ohio St. J. on Disp. Resol. 1005 (1998); Hon. R. Bennet Burkemper, CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 21
La mediación que se utiliza en los casos de
delincuencia juvenil en estos estados, como en otros
países, es aquella que forma parte de los programas
basados en la llamada justicia restaurativa.53 Dicha
justicia restaurativa ha sido definida como un “proceso
por el cual todas las partes que tienen un interés en una
determinada ofensa se juntan para resolverla
colectivamente y para tratar sus implicaciones de
futuro”.54
Bajo esta teoría tanto las víctimas como los
ofensores asumen una función activa en la resolución del
conflicto y en la negociación de un acuerdo que pretende
restablecer las pérdidas materiales y psicológicas de la
víctima, mientras que inculca en el ofensor el "impacto
humano" de su conducta criminal.55 Por su parte, la
responsabilidad del ofensor reside en aceptar la
responsabilidad por sus acciones y en el papel activo que
debe jugar en el proceso de restitución.56 A base de esta
teoría se han creado diversos programas, entre los que
Jr., Restorative Justice in Missouri’s Juvenile System, 63 J. Mo. B. 128 (2007). 53 Íd.; M. Liebmann, Restorative justice: how it works, 1era ed., Londres, Jessica Kingsley Publishers, 2007, pág. 25. 54 L.F. Gordillo Santana, La justicia restaurativa y la mediación penal, 1era ed., Madrid, Ed. Iustel, 2007, pág. 72. 55 Beauregard, supra, pág. 1010. 56 Íd. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 22
podemos mencionar, la mediación víctima-ofensor y las
juntas comunitarias o familiares, entre otros.57
Fundamentados en la teoría de la justicia
restaurativa, los programas de mediación víctima-ofensor
en casos de menores se centran en la experiencia de la
víctima, la necesidad de la rendición de cuentas por
parte de los ofensores juveniles y la importancia de
proporcionar a las partes la oportunidad de participar
activamente en el proceso sancionador.58 Además, se debe
tener en cuenta que entre los propósitos fundamentales de
este tipo de programas se encuentra el poder restaurar a
la víctima.59 En diversas jurisdicciones estadounidenses
se ha utilizado la mediación víctima-ofensor en los casos
de menores e incluso existen unas normas generales que
pueden ser utilizadas como guía en la ejecución de estos
programas.60
Ahora bien, en las jurisdicciones en las cuales se
utiliza este tipo de mediación, los tribunales tienen
total discreción para exigir cierto nivel de capacidad,
conocimientos y características personales a los
57 Véase, Liebmann, supra, págs. 27-28; Véase además, Beauregard, supra; Bennet, supra. 58 Íd., pág. 1013. 59 Íd., pág. 1012. 60 Véase, The Institute of Judicial Administration, Center for Dispute Settlement, National Standards for Court-Connected Mediation Program, disponible en http://www.mbf.org/JAGWG2BADRNationalStandards.pdf (1992). CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 23
mediadores en sus programas de mediación.61 Por tal razón,
se ha señalado que en los casos de mediadores víctima-
ofensor en los procesos de menores, los requisitos deben
reflejar los retos inherentes que envuelve la mediación
con menores ofensores.62
De manera que, tanto los defensores como los
detractores de la mediación víctima-ofensor hacen
hincapié en la importancia de la formación adecuada y la
creación de normas guías (standards) para los
mediadores.63 Esto parece ser aún más importante en el
tratamiento de niños y adolescentes.64 Los profesionales
de la mediación requieren un mayor nivel de habilidad
para utilizarla correctamente, a la luz de la necesidad
de incurrir en un trauma adicional mínimo, cuando se
interviene en casos de mala conducta de menores.65
Por tal razón, recientemente se han llevado a cabo
esfuerzos particulares por parte de varios estados de los
Estados Unidos, así como por la Conferencia Nacional de
61 Buauregard, supra, pág. 1020 62 Íd.; véase, Bennet, supra. Por ejemplo, en el estado de Ohio, el programa fue promovido por la Corte Suprema del estado y se inició con sesiones de entrenamiento sobre asuntos de mediación víctima- ofensor dentro del contexto del sistema de justicia de menores. Así mismo, en el estado de Missouri, se ha utilizado este tipo de mediación en los procesos de menores mediante una selección cuidadosa y preparando a ambas partes para que el proceso sea uno positivo y restaurador. Beauregard, supra, pág. 1023, 1026-1027; Bennet, supra, pág. 131. 63 N. Lucas, Restitution, Rehabilitation, Prevention, and Transformation: Victim-Offender Mediation for First-Time Non-Violent Youthful Offenders, 29 Hofstra L. Rev. 1365, 1398 (2001) 64 Íd. 65 Íd. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 24
Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes (National
Conference of Commissioners on Uniform State Laws), para
establecer una certificación y normas para los
mediadores.66 Además, es evidente que este tipo de
mediación está palmariamente definida en las
jurisdicciones en las cuales se utiliza, incluso existen
algunas en las cuales la legislación estatal claramente
promueve el proceso.67
En vista de lo anterior, debemos concluir que la
mediación utilizada en los procesos de menores en otras
jurisdicciones estatales, es una que se basa
principalmente en la justicia restaurativa y que se ha
diseñado específicamente para atender menores. Por
consiguiente, entendemos que este proceso de mediación
debe diseñarse en el contexto de los procesos de menores
y en concordancia con los objetivos de la Ley de Menores.
En Puerto Rico el Negociado de Métodos Alternos para
la Solución de Conflictos –adscrito a la Oficina del Juez
Presidente- (Negociado), administra el Centro de
Mediación de Conflictos del Tribunal General de Justicia
(Centro). El Centro, a través del Negociado y en
cumplimiento con el Reglamento, provee de una
66 Íd. 67 Por ejemplo en los estados de Arkansas, Colorado, Delaware, Illinois, Montana, Tennessee y Wisconsin la legislación incluye específicamente la mediación para sus procesos de menores. Véase, Ark. Code Ann. 9-31-404 (2009); Colo. Rev. Stat. Ann. 19-2-102 (2008); Del. Code Ann., tit. 11, 9501 (2009); 705 Ill. Comp. Stat. Ann. 405/5-310 (2009); Mont. Code Ann. 41-5-1304 (2009); Tenn. Code Ann. 16-20-101 (2009); Wis. Stat. Ann. 938.34(5r) (2009). CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 25
certificación a toda aquella persona que interesa que su
nombre sea incluido en un registro de mediadores que
pueden prestar sus servicios a la Rama Judicial.68 En
realidad, una certificación como mediador no es requerida
en Puerto Rico, por lo que una persona puede ofrecer sus
servicios como mediador sin estar certificado. Ahora
bien, al igual que algunos Estados de los Estados Unidos,
en Puerto Rico la certificación de mediador que otorga el
Negociado es una condición obligada para que su nombre
aparezca en la lista o registro de mediadores capacitados
para dar servicio a la Rama Judicial.
No obstante, la capacitación que provee el propio
Negociado para otorgar su certificación, no incluye
adiestramiento alguno diseñado específicamente para
atender menores primeros ofensores en asuntos de
delincuencia juvenil, y mucho menos en el contexto de los
procesos de las salas de menores y en concordancia con
los objetivos de la Ley de Menores. De hecho, el único
adiestramiento en un área especializada que se requiere
como parte de los requisitos para completar la
certificación de mediador, es el completar ocho (8)
unidades de adiestramiento sobre manejo en casos de
violencia doméstica.69
68 Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 4 L.P.R.A. Ap. XXIX R.2.02(e). 69 Véase la Regla 3.05 del Reglamento de certificación y educación continua relacionado con los métodos alternos para la resolución de CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 26
V
Incompatibilidad de la Mediación Actual con la Ley de Menores
Como ya hemos resuelto, los procedimientos al amparo
de nuestra Ley de Menores no son de naturaleza criminal.70
Asimismo y como señalamos, tanto el texto de la Ley Núm.
19, supra, como el Reglamento de métodos alternos para la
solución de conflictos, enmarcan los referidos que pueden
hacerse a mediación dentro del contexto de un proceso
“criminal”.71 De manera que, por el propio lenguaje de la
Ley Núm. 19, así como de la Ley de Menores, es forzoso
concluir que la mediación no fue incluida por el
legislador en los procesos para asuntos de menores.72 De
igual manera, nuestro Reglamento de métodos alternos no
incluye en su lenguaje expresión alguna que autorice la
mediación en asuntos de menores.
conflictos, Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 15 de junio de 1999, pág. 10.
70 Pueblo en interés menor A.L.G.V., supra; Pueblo v. Suárez, supra; Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., supra; Pueblo en interés menor G.R.S., supra; Pueblo en interés menor N.O.R., supra. 71 Art. 4 de la Ley Núm. 19, supra; Regla 7.02 del Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, supra. 72 El 8 de septiembre de 2009, se presentó en el Senado de Puerto Rico el Proyecto del Senado 1108 de la autoría del Presidente de la Comisión de lo Jurídico, Hon. Jose E. González, el cual busca incorporar la mediación a los procesos de menores. En su exposición de motivos se expresa que: A pesar de que los procesos judiciales que se celebr[a]n en el interés de un menor en ocasiones son referidos a mediación, ni la Ley de Menores ni la Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores contemplan expresamente la posibilidad de utilizar [e]ste mecanismo como método alterno para la solución de conflictos (Énfasis suplido). CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 27
Por todo lo antes discutido y a la luz de la
normativa jurisprudencial, es claro que la naturaleza y
los propósitos de la Ley de Menores no se ajustan a la
naturaleza y los propósitos del mecanismo de mediación,
como está hoy constituido. Al concluir lo anterior no
estamos interpretando restrictivamente nuestro Reglamento
de métodos alternos, negándole de esa forma –y según se
alega- derechos a los menores que les reconocemos a los
adultos. Más bien, lo que hacemos es reconocer la clara
intención y objetivos de la Ley Núm. 19 que autoriza
dicho reglamento, y siendo consistentes con la normativa
jurisprudencial esbozada hasta ahora por este Tribunal en
materia de asuntos de menores. Además, ¿qué sentido
tendría interpretar de manera liberal un reglamento para
reconocer un alegado derecho que en realidad perjudica a
quien lo recibe?
Por otro lado, el Reglamento de métodos alternos
para la solución de conflictos establece como parámetro
para la aplicación del mecanismo de mediación en los
casos criminales, los delitos que se describen en las
Reglas de Procedimiento Criminal, supra. Tales delitos
figuran específicamente en la Regla 246 de ese cuerpo de
reglas. Sin embargo, como ya se ha señalado, los
procedimientos de menores se guían, no por las Reglas de
Procedimiento Criminal, si no por las Reglas de CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 28
Procedimientos para Asuntos de Menores.73 En Pueblo en
interés del menor R.G.G., 123 D.P.R. 443, 463 (1989),
señalamos que “de una lectura de la totalidad de las
Reglas para Asuntos de Menores se desprende que dichas
reglas siguen fundamentalmente las disposiciones de las
Reglas de Procedimiento Criminal que regulan, en esta
jurisdicción, los procedimientos criminales contra
adultos”.
Ahora bien, nótese que aunque en la confección de
las Reglas de Asuntos de Menores se siguió
fundamentalmente las disposiciones de las Reglas de
Procedimiento Criminal, en las primeras, no se incluyó
una regla de “transacción de faltas” que fuera análoga a
la “transacción de delitos” que constituye la Regla 246
de las de Procedimiento Criminal. Así que, distinto al
proceso penal –de adultos-, en las Reglas de
Procedimientos para Asuntos de Menores no existe una
regla que permita la transacción de una falta.74
Concluimos entonces que, mientras el legislador ha sido
muy claro al dejar plasmada su intención con relación a
la posibilidad de transacción para los casos en el
proceso penal, su silencio ha sido más que elocuente con
relación a tal alternativa para con los procesos de
menores. 73 Art. 38 de la Ley de Menores, supra. 74 El Art. 26 de la Ley de Menores, supra, hace referencia a la Ley de Vehículos y Tránsitos de Puerto Rico, abriendo la posibilidad de la transacción conforme a esa Ley, pero por infracciones de menores denominadas “faltas administrativas”. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 29
Por último y como señalamos, actualmente nuestro
Centro de Mediación de Conflictos no cuenta, como sí
ocurre en otras jurisdicciones, con un programa de
capacitación que le permita al Negociado certificar
mediadores específicamente en el área de menores primeros
ofensores en asuntos de delincuencia juvenil, y mucho
menos en el contexto de los procesos de las salas de
menores.
Así pues, acceder en el caso de autos a la solicitud
de los peticionarios, permitiría que los padres o
encargados legales de los dos menores imputados sean los
que, junto a la víctima, negocien una salida “eficiente,
rápida y económica” del caso que éstos enfrentan.
Permitir que esta negociación se lleve a cabo sin la
supervisión de un mediador preparado para esto y sin unas
normas guías (standards) que provean para la supervisión,
cuidado y tratamiento que deben acontecer como parte del
quantum de responsabilidad que según la Ley estos menores
deben enfrentar, sería, sin duda, hacerles un daño.
Entendemos que la mediación puede llegar a ser –como
ha ocurrido en otras jurisdicciones- un instrumento de
gran beneficio en área de asuntos de menores en Puerto
Rico. Como se sabe, es política pública de la Rama
Judicial fomentar la utilización de mecanismos
complementarios al sistema adjudicativo tradicional, como CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 30
lo son los métodos alternos para la solución de
conflictos.75
Sin embargo, es ampliamente reconocido que los niños
y los adolescentes son física, intelectual y
emocionalmente diferentes a los adultos.76 Así pues, estas
diferencias redundan en conductas, análisis, juicios
valorativos y reacciones disímiles en contraste con los
adultos. Por tal razón, se ha expresado que: “[a]lthough
these deficits do not make adolescents any less
dangerous, experts have argued that they require a
specifically defined manner of adjudication and scope of
punishment”.77 Por consiguiente, si basado presumiblemente
en estas diferencias el legislador diseñó un sistema de
justicia especial para menores, ¿cómo hemos de exponerlos
a un proceso de mediación que ha sido diseñado
específicamente para adultos?
Como señala la compañera Juez, Hon. Laureana Pérez
Pérez, “[e]l joven, a diferencia del adulto está en un
proceso de formación y admite cambios radicales en su
vida. Así también, existe en él una actitud de combatir
las adversidades y reencaminarse en una dirección que le
ofrezca mayor felicidad.”78 Por eso entendemos necesario,
en el ejercicio de nuestro poder de parens patrie,
75 4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 1.01 76 M. A. Corriero, Judging Children as Children: A proposal for a Juvenile Justice System, 1era ed., Philadelphia, Temple University Press, 2006, págs. 22-23. 77 Íd., pág. 23. (Énfasis suplido.) 78 L. Pérez, op cit. pág. 11. CC-2009-313 consolidado CC-2009-317 31
vigilar que en tal proceso formativo no se introduzcan
elementos o mecanismos no preparados o diseñados para
ellos, que pudieran deformarlos en lugar de ayudarlos a
reencaminarse en la dirección correcta.
VI
Por todo lo anterior, determinamos que según el
texto de los estatutos considerados y la naturaleza o
filosofía que encierran, el mecanismo de mediación, como
se encuentra configurado al presente, está disponible
únicamente para procesos civiles y criminales y no así
para asuntos de menores.
Por ende, confirmamos la sentencia del Tribunal de
Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera
Instancia para la continuación de los procedimientos.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario consolidados Certiorari __________________________
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se expide el auto solicitado, se confirma la
sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el
caso al Tribunal de Primera Instancia para la
continuación de los procedimientos de conformidad con lo
aquí resuelto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emitió Opinión Disidente a la cual se
une el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza
Asociada señora Fiol Matta.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Recurrido CC-2009-313 En interés del menor C.L.R. Peticionario Cons.
El Pueblo de Puerto Rico Recurrido CC-2009-317 En interés del menor A.V.L. Peticionario
Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se le une el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta
San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2010
El presente caso brindaba la oportunidad de
interpretar por primera vez el Reglamento de métodos
alternos para la solución de conflictos de este
Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXIX, y aplicar sus
disposiciones a los casos iniciados al amparo de la Ley
de menores, Ley número 88 del 9 de julio de 1986. 34
L.P.R.A. secs. 2201-2238. Lamentablemente una mayoría
de los miembros del Tribunal, amparándose en que la
naturaleza y filosofía que encierra la Ley de menores
es, alegadamente, incompatible con métodos alternos de
solución de conflictos, se niega a aplicarlos a estos
procesos. Por ser del criterio que la mediación es una
herramienta útil y necesaria en la resolución de ciertos
casos iniciados al amparo de la Ley de menores,
respetuosamente disiento del dictamen emitido. CC-2009-313 cons. CC-2009-317 2
I.
El 2 de diciembre de 2008 el Procurador de Menores
presentó sendas quejas en interés de los menores C.L.R.
y A.V.L. quienes para esa fecha contaban con 14 y 13
años de edad, respectivamente. Imputó a cada uno de los
menores una falta consistente en infracción al artículo
198 del Código Penal de Puerto Rico. Específicamente,
en las quejas se alegó que los menores C.L.R. y A.V.L.,
actuando en común acuerdo y mediando fuerza e
intimidación, le arrebataron un bulto a la también menor
de edad D.M.H. y se apropiaron de siete dólares ($7.00)
pertenecientes a esta última, sustrayéndolos de su
inmediata presencia y en contra de su voluntad.79
Durante la celebración de la vista de causa
probable para presentar las querellas, los abogados de
defensa de los menores solicitaron al Tribunal de
Primera Instancia que el caso fuera referido a un
proceso de mediación. El Procurador de Menores se opuso
a tal solicitud arguyendo que la falta imputada a los
menores no era susceptible de ser referida a un proceso
de mediación toda vez que equivalía a un delito de
naturaleza grave.
Considerados los argumentos de ambas partes, el
Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución
mediante la cual ordenó a las partes a comparecer ante
la Oficina de Mediación de Mayagüez. El Tribunal
79 La menor D.M.H. es compañera de estudio de los recurrentes. CC-2009-313 cons. CC-2009-317 3
expresó en su resolución que había efectuado su
determinación luego de examinar la posición de los
padres de los menores involucrados en los hechos que
dieron origen al procedimiento y en atención a que se
trataba del primer proceso ante el Tribunal de Menores
al cual se exponían C.L.R. y A.V.L. El Tribunal también
citó en apoyo de su determinación el artículo 7.04 del
Reglamento de métodos alternos para la solución de
conflictos y expresó que su decisión respondía al
interés de los menores y de la justicia.80
Inconforme con el curso de acción del Tribunal de
Primera Instancia, el Procurador de Menores presentó una
moción de reconsideración. Alegó que la falta imputada
a los menores era una de naturaleza grave, clasificada
Clase III por la Ley de menores y, como tal, inelegible
para un programa de desvío o medida dispositiva nominal.
Sostuvo que en vista de ello, referir el caso al proceso
de mediación no cumpliría con el propósito del
conflictos ni con el fin de la Ley de menores de proveer
tratamiento y supervisión al menor a través de una
medida de libertad condicional o custodia. El Tribunal
de Primera Instancia denegó la moción de
reconsideración.
80 La Regla 7.04 del Reglamento de métodos alternos para la solución de conflictos establece: “el tribunal podrá referir cualquier caso que tenga ante su consideración, o parte del mismo, a mediación, ya sea por iniciativa propia o a solicitud de alguna de las partes”. 4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 7.04. (Énfasis suplido). CC-2009-313 cons. CC-2009-317 4
En vista de lo anterior, la Procuradora General
presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de
Apelaciones. Dicho foro revocó la determinación del
Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que según las
desvío. En consecuencia, devolvió el caso al foro de
instancia para la continuación del procedimiento
ordinario.
presentaron oportunamente sendos recursos de revisión
ante nuestra consideración. Solicitaron además la
auto y revocar la determinación del Tribunal de
Apelaciones. El 11 de mayo de 2009 adoptamos el mismo
curso de acción en relación con la moción de CC-2009-313 cons. CC-2009-317 5
compareció mediante su escrito en cumplimiento de
nuestra orden de mostrar causa. Posteriormente, el 29
de mayo de 2009, autorizamos la intervención de los
profesores Carlos Del Valle Cruz y Francis Daniel Nina
Estrella como amigos de la corte.81 Habiendo éstos
comparecido mediante escrito, concedimos un término a la
Procuradora General, según solicitado, para expresar su
posición en relación con el mismo.
II.
En la Opinión emitida durante el día de hoy, el
Tribunal resuelve que la mediación como método alterno
de solución de conflictos no está disponible para casos
iniciados al amparo de la Ley de menores. En primer
lugar, la mayoría sostiene que el Reglamento de métodos
alternos para la solución de conflictos emitido por este
Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXIX (en adelante el Reglamento
de métodos alternos), indica que dichos métodos sólo
están disponibles para casos civiles y criminales, sin
hacer mención expresa de los casos iniciados al amparo
81 Accedimos a la petición de los Profesores Nina Estrella y del Valle Cruz por estimar que se cumplían a cabalidad los requisitos que hemos dispuesto para considerar una solicitud de esta naturaleza, para un caso como éste de carácter novel. Su comparecencia abona a que este Tribunal se encuentre “mejor informado para hacer la más cumplida justicia.” Pueblo ex rel L.V.C., 110 D.P.R. 114, 129 (1980). Véase además, Regla 43 del Reglamento de este Tribunal. 4 L.P.R.A. Ap. XXI- A. CC-2009-313 cons. CC-2009-317 6
de la Ley de menores. Esta omisión denota, según la
mayoría, la intención de excluir a los procesos de la
Ley de menores del alcance de la regulación de los
métodos alternos de solución de conflictos.
Por otro lado, la mayoría arguye que la Ley de
menores tiene un enfoque ecléctico -la habilitación o
rehabilitación del menor imputado de falta y la
exigencia de responsabilidad a éste por sus actos- lo
cual no se cumple a través del proceso de mediación
regulado por el Reglamento de métodos alternos.
Entiende la mayoría que el fin del proceso de mediación
instituido en el Reglamento de métodos alternos es
impartir justicia en una forma más eficiente, rápida y
económica y no necesariamente cumplir los propósitos de
la Ley de menores.
Por último, aunque la mayoría reconoce que la
mediación penal podría llegar a ser “un instrumento de
gran beneficio en [el] área de asuntos de menores en
Puerto Rico”, establece que actualmente no es aplicable
a dichos casos, pues los mediadores certificados por el
Negociado de métodos alternos para la solución de
conflictos (en adelante Negociado de métodos alternos)
carecen de la capacidad para lidiar con procesos de
delincuencia juvenil, ya que no están adiestrados
específicamente en esa área.
Como estableceré a continuación, ninguna de las
razones aducidas por la mayoría sustentan la conclusión CC-2009-313 cons. CC-2009-317 7
de que la mediación no es un método alterno disponible
para la resolución de casos iniciados al amparo de la
Ley de menores. Lo que denota la posición del Tribunal,
por el contrario, es una interpretación restrictiva del
Reglamento, disociada de la política pública establecida
por este Tribunal en la regla 1.01. Igualmente, revela
una visión distorsionada de los métodos alternos de
solución de conflictos, especialmente del proceso de la
mediación. Por último, pero no menos importante, se
menosprecia la capacidad de los mediadores certificados
por el Negociado de métodos alternos para llevar a cabo
su labor, así como la capacidad de los jueces asignados
a la Sala de Asuntos de Menores que discrecionalmente
refieren dichos casos a la mediación. Veamos.
III.
A.
Como sabemos, los menores son personas que no han
alcanzado su pleno desarrollo y madurez mental, por lo
que no están sujetos a responder penalmente. Pueblo en
interés del menor A.L.G.V., res. 8 de mayo de 2007, 2007
T.S.P.R. 85, 170 D.P.R. ____. La Ley de menores actual
adoptó “un enfoque ecléctico de acción e intervención en
el cual se armoniza la responsabilidad de parens patriae
del Estado, en cuanto a la rehabilitación de los
ofensores, con el deber de éstos de responder por sus
actos”. Pueblo en interés del menor G.R.S., 149 D.P.R.
1, 11 (1999). Ello, sin desatender la responsabilidad CC-2009-313 cons. CC-2009-317 8
del Estado de velar por la seguridad de la sociedad en
general. Pueblo v. Suárez Alers, res. 11 de mayo de
2006, 2006 T.S.P.R. 83, 167 D.P.R. ____.
Como parte de la Exposición de Motivos de la Ley de
menores, la Asamblea Legislativa expresó que:
Esta ley adopta como marco filosófico del Sistema de Justicia Juvenil, el humanismo dentro de un enfoque ecléctico de acción e intervención, donde se compatibilicen la propuesta rehabilitadora y el poder y responsabilidad posible inherente al Estado de brindarle toda oportunidad rehabilitativa, así como exigirle al menor un “quantum” de responsabilidad para dirigir sus actos y responder por éstos. . . .[E]sta ley incorpora los derechos básicos que se han ido extendiendo al ámbito juvenil con el propósito de garantizar un procedimiento justo, rápido y eficaz sin que por ello se altere el carácter especial del proceso. … Toda ayuda al menor, que propenda a su rehabilitación, debe concientizarlo de la importancia del acto cometido llevándolo a percatarse de éste, sus implicaciones, la responsabilidad individual y comunitaria envuelta, donde se propicie a su vez respeto a la ley existente.
Exposición de Motivos, Ley 88 del 9 de julio de 1986, 34
L.P.R.A. secs. 2201-2238. (Énfasis suplido.)
Así pues, surge claramente de la Exposición de
Motivos de la Ley de menores que el propósito del
legislador al aprobar dicha ley fue adoptar como marco
filosófico el humanismo, es decir, el enaltecimiento de
la dignidad humana por medio de la integración de los
valores humanos de más alto calibre al trato de los
asuntos de menores, a través de un procedimiento que
fuera justo, rápido y eficaz. En dicho proceso, el CC-2009-313 cons. CC-2009-317 9
menor debe ser concientizado de la importancia del acto
antijurídico en que ha incurrido de manera que éste
asuma la responsabilidad que implican sus acciones y se
propicie el respeto a la ley existente.
Como parte del reconocimiento de la Ley de menores
de que éstos no responden penalmente, el artículo 37 (a)
especifica que “[l]os procedimientos y las órdenes o
resoluciones del juez bajo esta ley no se considerarán
de naturaleza criminal”. Basados en el texto de la ley,
es que en innumerables ocasiones hemos definido los
procedimientos al amparo de la Ley de menores como unos
de carácter civil sui géneris. Pueblo en interés del
menor K.J.S.R. res. 6 de noviembre de 2007, 2007
T.S.P.R. 194, 172 D.P.R. ____ (2007); Pueblo en interés
del menor A.L.G.V., supra; Pueblo v. Suárez Alers,
supra; Pueblo en interés del menor G.R.S., supra en la
pág. 10; Pueblo en interés del menor R.H.M., 126 D.P.R.
404, 424 (1990). Así, los casos iniciados al amparo de
la Ley de menores siguen siendo casos civiles, con
ciertas particularidades que le imprimen un carácter sui
generis.
Siendo los casos de asuntos de menores de
naturaleza civil, debemos auscultar si la mediación,
como un método alterno de solución de conflictos, está
disponible para la dilucidación de éstos. Al
encaminarnos en esa tarea, debemos tener presente los
propósitos y objetivos de la Ley de menores de proveer CC-2009-313 cons. CC-2009-317 10
un procedimiento justo, rápido y eficaz en el cual el
menor reconozca y asuma su responsabilidad. Igualmente,
debemos examinar la naturaleza de la mediación y la
política pública establecida por este Tribunal en
relación con los métodos alternos de solución de
conflictos en nuestro ordenamiento.
IV.
En términos generales y sin ánimo de agotar las
distintas acepciones del concepto, la mediación puede
ser descrita como un proceso mediante el cual las
partes, con la ayuda de un tercero neutral, aíslan los
conflictos entre sí con el fin de desarrollar
alternativas y, en última instancia, forjar un acuerdo
consensual que satisfaga sus necesidades. J. Folberg &
A. Taylor, Mediation: a comprehensive guide to resolving
conflicts, Primera Ed., California, Jossey-Bass
Publishers, 1984, pág. 7. Véase además, M.E. Negrón
Martínez y otros, Un Modelo Puertorriqueño de Mediación
de Conflictos, Primera Ed., Puerto Rico, Lexis Nexis de
Puerto Rico, 2001, pág. 12. Con la asistencia de dicho
interventor neutral, los participantes de los procesos
de mediación trasforman el conflicto mediante la
reconciliación de los intereses que les vinculan. D.
Nina, Mediación: Teoría y Práctica, Primera Ed., Puerto
Rico, Ed. Situm, 2006, págs. 56-57. Dicha CC-2009-313 cons. CC-2009-317 11
reconciliación se logra, a su vez, mediante la
negociación. Id. en la pág. 57.
Varios principios guían los procesos de mediación.
Entre éstos se destacan la soberanía, voluntad e
interdependencia de las partes y la confidencialidad del
proceso. Id. en las págs. 57-58. Se trata de lograr un
fin dual de reducir conflictos y resolver disputas. J.
Folberg & A. Taylor, op. cit., en la pág. 8. En
relación con el elemento de interdependencia, el
profesor Nina expresa que “el vínculo que une a las
partes en conflicto por encima del conflicto en sí
mismo, es un factor primordial para entender el proceso
de mediación”. D. Nina, op cit., en la pág. 59.
La índole transformativa de los procesos de
mediación es particularmente evidente en los casos de
naturaleza penal. Como sabemos, nuestro ordenamiento en
materia penal se funda sobre una teoría punitiva según
la cual la infracción de la ley penal constituye una
ofensa a la sociedad que le corresponde al Estado
encausar y, de ser necesario, castigar. L.F. Gordillo
Santana, La Justicia Restaurativa y la Mediación Penal,
Primera Ed., España, 2007, pág. 184. En dichos
procedimientos penales tradicionales las partes son el
Estado y el ofensor, mientras que la víctima asume un
rol pasivo, muchas veces como testigo. M. Gertz, The
Road Less Traveled: Using ADR to Help Reform First-Time CC-2009-313 cons. CC-2009-317 12
Juvenile Offenders, 8 Cardozo J. Conflict Resol. 339,
351-52 (Fall 2006).
La teoría restaurativa, por el contrario, propone
un cambio en dicho paradigma y se enfoca en el daño
causado a la víctima y en cómo enmendarlo. M. Liebmann,
Restorative Justice: How It Works, Primera Ed.,
Pennsylvania, Jessica Kingsley Publishers, 2007, pág.
25. De conformidad con tal principio, los procesos de
mediación alternativos al encausamiento penal persiguen
que tanto el ofensor como la víctima asuman roles
activos en la negociación. El fin de dicha negociación
es, a su vez, reparar el daño material y psicológico a
la víctima, mientras se hace al ofensor consciente del
impacto de su conducta en la persona de ésta. Id. en la
pág. 26. Así, el objetivo de los procesos de mediación
es que el ofensor asuma responsabilidad por sus actos,
adquiera la oportunidad de reparar el daño causado y,
como resultado, corrija su conducta con el propósito de
evitar reincidir en la misma. Id. en las págs. 26-27.
La víctima, por su parte, ganaría la oportunidad de
dialogar con el ofensor y recibir una disculpa de parte
de éste, además de la restitución de su propiedad de ser
necesaria. Id. en la pág. 28.
Los procesos de mediación han probado ser de gran
utilidad en casos de delincuencia juvenil,
particularmente en aquellos de primeros ofensores.
Además de ser más rápido e informal y, como tal, menos CC-2009-313 cons. CC-2009-317 13
costoso, los comentaristas esbozan que las ventajas del
proceso de mediación consisten en que a través de éste
el menor ofensor adquiere consciencia de sus actos y del
daño causado a su víctima y se responsabiliza por el
mismo. S. A. Beauregard, Court-Connected Juvenile
Victim-Offender Mediation: An Appealing Alternative for
Ohio’s Juvenile Delinquents, 13 Ohio St. J. on Disp.
Resol. 1005, 1012-13 (1998). Al igual que en los
procesos de mediación penal, en la mediación de asuntos
de menores los ofensores tienen la oportunidad de
reconocer o disculparse por sus acciones, entender la
dimensión humana de su comportamiento, valorar a la
víctima como un igual y aprender los costos que conlleva
la violación de los derechos de los demás. Id. Esto, a
su vez, causa que éstos sean menos propensos a
reincidir. Id. Véase además, Hon. R. Bennet Burkemper,
Jr., Restorative Justice in Missouri’s Juvenile System,
63 J. Mo. B. 128 (2007).
En suma, los procesos de mediación en el área de
asuntos de menores han probado ser una herramienta útil
y beneficiosa para las partes involucradas en el
conflicto, tanto la víctima como el menor. A través de
dicho método, se alcanzan igualmente los propósitos de
las leyes que regulan los casos de asuntos de menores y
delincuencia juvenil, sin necesariamente utilizar la
teoría punitiva tradicional. Esta nueva perspectiva
habilita al ofensor a reconocer el valor humano de la CC-2009-313 cons. CC-2009-317 14
víctima a través de la consideración de las
consecuencias de sus actos sobre ésta, además de
permitir que éste asuma responsabilidad por sus acciones
a través del arrepentimiento y la disculpa a la víctima
por el mal causado.
B.
Los primeros esfuerzos formales en Puerto Rico para
la implantación de métodos alternos de solución de
conflictos comenzaron a principio de la década de 1980
cuando la Asamblea Legislativa, a través de la Ley
número 19 de 22 de septiembre de 1983, asignó fondos del
Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para
estos fines e instruyó a este Tribunal a adoptar, “en el
ejercicio de su poder de reglamentación general”, las
servirían como centros informales para la resolución de
disputas. 4 L.P.R.A. secs. 532-532a. En relación con
la naturaleza de los casos que podrían ser referidos a
los centros cuya creación se autorizó mediante la Ley
número 19, supra, se estableció lo siguiente: “los
centros o programas que se establezcan proveerán para la
pronta resolución de determinados asuntos de naturaleza
civil o criminal de manera informal, sencilla y sin la
utilización de procedimientos adversativos”. 4 L.P.R.A.
sec. 532c.
En cumplimiento con el mandato de la Ley número 19,
supra, este Tribunal aprobó mediante resolución del 25 CC-2009-313 cons. CC-2009-317 15
de junio de 1998, el Reglamento de métodos alternos,
supra, posteriormente enmendado mediante resolución del
4 de marzo de 2005. Véanse, In re: Aprobación y
Vigencia del Reglamento de Métodos Alternos para la
Solución de Conflictos, 1998 T.S.P.R. 79; Enmiendas al
Conflictos, 164 D.P.R. 45 (2005). Éste constituyó el
primer acto formal para regular la práctica de la
mediación en nuestra jurisdicción. D. Nina, op cit.,
pág. 5.
El Reglamento de métodos alternos, supra, declara
como política pública de la Rama Judicial “fomentar la
utilización de mecanismos complementarios al sistema
adjudicativo tradicional con el fin de impartir justicia
en una forma más eficiente, rápida y económica”. 4
L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 1.01. Para implantar dicha
política pública, el Reglamento dispone la creación del
Negociado de métodos alternos y reconoce tres métodos
alternos de solución de conflictos, a saber: la
mediación, el arbitraje y la evaluación neutral. 4
L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 2.01-2.02.
En relación con la controversia ante nuestra
consideración, el Reglamento de métodos alternos define
la mediación como un “proceso de intervención, no
adjudicativo, en el cual un [interventor neutral] ayuda
a las personas en conflicto a lograr un acuerdo que les
resulte mutuamente aceptable”. 4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R. CC-2009-313 cons. CC-2009-317 16
1.03(c). La Regla 7.01 añade que “la mediación tiene
como propósitos promover la participación de personas en
la solución de sus conflictos y que las partes
involucradas asuman responsabilidad en el cumplimiento
de los acuerdos”. 4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 7.01 (b).
De conformidad con las disposiciones de la Ley
número 19, supra, y de acuerdo con la teoría de la
mediación, el Reglamento establece un proceso de
mediación voluntario y confidencial. Así, una vez
referida una controversia a mediación, las partes sólo
vienen compelidas a comparecer a una sesión inicial de
orientación, siendo potestad de éstas decidir
voluntariamente si se someten al proceso. 4 L.P.R.A.
Ap. XXIX, R. 3.05. De ello ocurrir y en caso de que las
partes logren un acuerdo, el mismo será obligatorio,
pudiendo ser ejecutable entre las partes como cualquier
otro contrato escrito. 4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 5.02.
No obstante, cuando es el Tribunal el que refiere el
caso a mediación, como ocurrió en la controversia ante
nuestra consideración, el mediador o mediadora, luego de
dar por terminado el proceso, debe informar el acuerdo
alcanzado al Tribunal conforme la regla 5.01.82 4
L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 7.11.
82 La regla 5.01 del Reglamento establece que:
Regla 5.01. Acuerdos
(a) Todos los acuerdos tomados dentro de un método alterno para la solución de conflictos deberán constar por escrito. CC-2009-313 cons. CC-2009-317 17
De otra parte, la potestad discrecional de los
tribunales para determinar si referir un caso a un
proceso de mediación se canaliza a través del inciso (b)
de la Regla 7.02 el cual establece que “en los casos
pendientes ante el tribunal, éste determinará si un caso
es adecuado para referirlo a mediación. El tribunal,
además, podrá acoger peticiones de las partes para que
un caso sea referido a mediación”. 4 L.P.R.A. Ap. XXIX
R. 7.02(b). Al proponer el texto citado, el
Secretariado de la Conferencia Judicial comentó en su
informe que la Regla 7.02 destaca que “el tribunal
retendrá siempre la prerrogativa de referir un caso al
proceso de mediación…”. Secretariado de la Conferencia
Judicial, Medios Alternos de Resolución de Disputas,
(b) Cuando las partes lleguen a un acuerdo o a una transacción dentro de un método alterno para la solución de conflictos, o como resultado del mismo, informarán por escrito de tal circunstancia al tribunal. (c) Los términos específicos de los acuerdos deberán notificarse por escrito al tribunal, a menos que las partes acuerden lo contrario. No obstante, cuando el asunto en controversia esté revestido de un alto interés público, las partes tendrán que divulgar al tribunal el contenido del acuerdo o la transacción. En caso de que el acuerdo o la transacción afecte el bienestar o los derechos de menores o incapacitados, se seguirá el tramite dispuesto por ley.
A base de dicha regla, el escrito del amicus curiae presentado por los Profesores Nina Estrella y del Valle Cruz arguye que la práctica que se sigue en las Salas de Asuntos de Menores es que, una vez se llega a un acuerdo en el proceso de mediación, las partes, incluyendo a la Procuradora de Menores, comparecen ante el juez para que éste apruebe dicho acuerdo. De no aprobarse éste, el proceso sigue su curso normal según las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores. CC-2009-313 cons. CC-2009-317 18
Informe Final y Reglamento, junio de 1996, pág. 88.
(Énfasis suplido). En ese mismo tenor, la Regla 7.04 es
clara al establecer que “el tribunal podrá referir
cualquier caso que tenga ante su consideración, o parte
del mismo, a mediación, ya sea por iniciativa propia o a
solicitud de alguna de las partes”. 4 L.P.R.A. Ap. XXIX
R. 7.04. (Énfasis suplido).
Ahora bien, tal discreción no se ejerce en un
vacío. El inciso (c) de la Regla 7.02 establece que al
determinar si referir un caso a mediación, el tribunal
debe utilizar los criterios establecidos por las Reglas
3.01 y 3.02. La primera de éstas es de particular
importancia para la controversia ante nuestra
consideración por lo que conviene citarla en toda su
extensión:
(a) Al seleccionar los casos para ser referidos a métodos alternos para la solución de conflictos, el tribunal deberá considerar los factores siguientes:
(1) La naturaleza del caso. (2) La naturaleza de la relación entre las partes. (3) La disposición de las partes para negociar. (4) La posibilidad de que la litigación afecte adversamente la relación. (5) Los riesgos a la integridad física de los participantes o del interventor o de la interventora neutral. (6) La necesidad de proveer remedios de emergencia antes del referimiento. (7) Los costos y riesgos de la
litigación.
4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 3.01. CC-2009-313 cons. CC-2009-317 19
El primero de los criterios enumerados por la regla
3.01 necesariamente nos refiere, a su vez, a la regla
7.02, la cual enumera los casos elegibles para ser
referidos a mediación. En su inciso (a), dicha regla
expone que “serán elegibles para mediación los casos
civiles y los casos criminales de naturaleza menos
grave, que puedan transigirse de acuerdo con las Reglas
de Procedimiento Criminal”. (Énfasis suplido). Se trata
de una norma general de elegibilidad. Secretariado de
la Conferencia Judicial, Medios Alternos de Resolución
de Disputas, Informe Final y Reglamento, supra, en la
pág. 89.
La regla 7.03 complementa tal disposición al
excluir expresamente de los procesos de mediación los
casos criminales que no sean transigibles bajo las
Reglas de Procedimiento Criminal; los casos que
impliquen una reclamación de derechos civiles o de alto
interés público, excepto cuando medie el consentimiento
explícito de las partes; y aquellos en que una parte no
sea capaz de proteger efectivamente sus intereses
durante la negociación. 4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 7.03(a)-
(c). La exclusión de estos tipos de casos responde a
que se entiende que los mismos no son apropiados para
ser referidos a mediación ya que “implican unos riesgos
o conllevan unos resultados que requieren la
intervención del tribunal”. Secretariado de la
Conferencia Judicial, Medios Alternos de Resolución de CC-2009-313 cons. CC-2009-317 20
Disputas, Informe Final y Reglamento, supra, en la pág.
89.
Al proponer la regla 3.01 antes citada, el
Secretariado de la Conferencia Judicial añadió que “la
enumeración que se ha hecho en este comentario es
meramente ilustrativa y no impide que los jueces se
abstengan de referir casos pertenecientes a las
categorías aquí mencionadas o que refieran casos de
otras categorías que no estén expresamente excluidas por
estas reglas”. Secretariado de la Conferencia Judicial,
Medios Alternos de Resolución de Disputas, Informe Final
y Reglamento, supra, en la pág. 61. (Énfasis suplido).
Es decir, que la lista de casos elegibles para
participar de un proceso de mediación no es taxativa
sino que reside en la discreción del tribunal referir
controversias ante su consideración a procesos de
mediación, siempre y cuando las mismas no estén
excluidas expresamente de dicho procedimiento.
V.
Como establecimos anteriormente, mediante la Ley
número 19 el legislador dispuso que, en general, tanto
los casos de naturaleza civil como los criminales serían
elegibles para participar de los métodos alternos de
solución de conflictos. Este Tribunal, por su parte, en
ejercicio de su poder de reglamentación y dentro de los
parámetros dispuestos por el legislador mediante la Ley CC-2009-313 cons. CC-2009-317 21
número 19, estableció los criterios que limitarían la
discreción de los foros judiciales al ejercer su
prerrogativa de referir los casos a métodos alternos de
solución de conflictos.
Si bien el Reglamento de métodos alternos adoptado
no provee expresamente para el referido de los casos de
menores a procesos de mediación, tampoco lo prohíbe.
Por el contrario, el Reglamento de métodos alternos
provee para el referido de casos de naturaleza civil,
categoría a la que pertenecen los casos de asuntos de
menores. Igualmente, al examinar la regla 7.03 vemos
que ésta no excluye los casos de asuntos de menores de
ser referidos al método alterno de la mediación. Nada
hay en el historial de la aprobación del reglamento que
apunte a que hubo una intención expresa de dejar fuera
de su aplicación las disputas que involucren a menores.
Ante la ausencia de tal exclusión, la práctica, según lo
consignan los datos oficiales de los centros de
mediación de conflictos, es que que se han referido
numerosos casos de menores a procesos de mediación. El
informe de datos agregados para el año fiscal 2005-06
evidencia que de los 13,611 casos atendidos por los
centros de mediación durante dicho año, 11,123 fueron
“referidos de la comunidad”. En dicho reglón se hizo
constar que los “referidos de la comunidad” incluían
referidos del Procurador de Menores. Véase, Negociado
de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Datos CC-2009-313 cons. CC-2009-317 22
Agregados de los Centros de Mediación de Conflictos para
el Año Fiscal 2005-06.83
Como hemos apuntado, la regla 7.02 del Reglamento
de métodos alternos establece una norma general de
elegibilidad y deja a discreción del tribunal la
determinación de referir a un proceso de mediación
“cualquier caso que tenga ante su consideración”,
siempre que el mismo no pertenezca a una de las
categorías excluidas en virtud de la regla 7.03. No
estando los casos de menores expresamente excluidos por
la regla 7.03 del Reglamento de métodos alternos,84 es
preciso concluir que éstos son elegibles para ser
referidos a un proceso de mediación.
Es menester destacar, no obstante, que el hecho de
que los casos de asuntos de menores sean elegibles para
ser referidos a un proceso de mediación, no implica
necesariamente que todos los casos sometidos a dicha
jurisdicción sean apropiados para ser referidos a ese
método alterno. La decisión de referir un caso de
menores al proceso de mediación queda en la sana
83 Disponible en http://www.ramajudicial.pr/NegMed/Centros_Mediacion/datos /CMC05-06.pdf 84 Nótese que, contrario al Capítulo 7 sobre Mediación, los casos de menores están expresamente excluidos de los procesos de arbitraje regulados por el Capítulo 8 del Reglamento de métodos alternos para la solución de conflictos. 4 L.P.R.A. Ap. XXIX R. 8.03. Tal exclusión expresa derrota el argumento de la Procuradora General a los efectos de que a pesar de ser adoptado una década después de la vigencia de la Ley de menores, el Reglamento de métodos alternos de solución de conflictos no contempló la misma. CC-2009-313 cons. CC-2009-317 23
discreción del juez de la Sala de Asuntos de Menores,
guiado por los criterios esbozados en la regla 3.01.
Así, la naturaleza del caso, la naturaleza de la
relación entre las partes, la disposición de éstas a
someterse al proceso y los costos y riesgos del proceso
ordinario, entre otros factores enumerados en la regla
3.01, unidos a la capacidad y experiencia en esta área
de los jueces y juezas de las Salas de Asuntos de
Menores, le permitirán determinar cuáles de éstos casos
son apropiados para ser referidos a la mediación.
El referido de casos de asuntos de menores al
método alterno de la mediación, además de estar
fundamentado en el Reglamento y en la política pública
de este Tribunal, es cónsono con los propósitos de la
Ley de menores en nuestra jurisdicción, particularmente
en cuanto a fomentar la habilitación y rehabilitación
del menor mientras se le exige responsabilidad por sus
actos. Como vimos, dichos principios son los que
inspiran los procesos de mediación en el contexto de
casos de delincuencia juvenil. Y es que, sin duda, la
naturaleza del proceso de mediación lo hace idóneo para
la dilucidación de ciertos conflictos en que se vean
involucrados menores, particularmente si se trata de una
primera infracción. “Cuando, como en la materia, se
tiene claro que la solución informal del conflicto es
mucho más adecuada y la formalizada puede perjudicar el
fin último perseguido, es comprensible y adecuado, […] CC-2009-313 cons. CC-2009-317 24
procur[ar] habilitar cauces para reconducir lo antes
posible la cuestión a ámbitos de solución de conflictos
más informales que los procesales.” J. Cuello
Contreras, El nuevo Derecho penal de menores, Cuadernos
Civitas, Madrid, 2000, pág. 90.
A la luz de lo antes expuesto, es forzoso concluir
que erra la mayoría al resolver que el método alterno de
la mediación es inaplicable a los casos de asuntos de
menores. En primer lugar, el Reglamento sí contempla el
referido de ese tipo de caso a la mediación, pues todos
los casos civiles son, en principio, sujetos a ser
referidos a dicho método alterno. Aun si, para
propósitos de argumentación, expresáramos que el
Reglamento de métodos alternos no provee para el
referido de casos de asuntos de menores a la mediación,
lo que es claramente erróneo, este Tribunal podría así
mandatarlo. Después de todo, dicho reglamento fue
aprobado al amparo del poder general de reglamentación
del Tribunal sobre la administración de la justicia.
Por lo tanto, si este Tribunal entendiera apropiado el
referido de casos de asuntos de menores al proceso de
mediación, podría así disponerlo, de ser necesario. Así
pues, no es una cuestión de poder, sino de querer.85
85 Inclusive, el Proyecto del Senado 1108 de 8 de septiembre de 2009 así lo reconoce:
Esta Asamblea Legislativa reconoce que el Estado debe ofrecer a los menores nuevas CC-2009-313 cons. CC-2009-317 25
Por otro lado, no hay duda que el modelo de
mediación transformativa que utiliza como base la
justicia restaurativa cumple a cabalidad con los
propósitos y objetivos de la Ley de menores. En dicho
proceso el menor ofensor adquiere consciencia de sus
actos y del daño causado a su víctima y se
responsabiliza por el mismo, a través de un
procedimiento justo, rápido y eficaz, tal y como lo
establece la Exposición de Motivos de dicha ley.
En la Opinión del Tribunal se hace hincapié en la
alegada necesidad del castigo para cumplir con la
rehabilitación del menor, por lo que el proceso de
mediación, según la mayoría, no cumple los propósitos de
la Ley de menores. No obstante, dicha visión policíaca
y punitiva de la ley soslaya el hecho de que a través de
la mediación es posible “concientizar [al menor] de la
importancia del acto cometido llevándolo a percatarse de
éste, sus implicaciones, la responsabilidad individual y
comunitaria envuelta”,86 sin necesariamente someterlo a
una medida dispositiva condicional por un término de
alternativas de tratamiento que propicien la rehabilitación y subsiguiente adaptación del menor en la sociedad. Después de todo, como parte de la discreción judicial sobre la forma de adjudicar un caso, muy bien podría determinarse que el mecanismo más acertado y conveniente es referir el mismo a mediación en lugar de continuar el trámite tradicional. (Énfasis suplido)
De esta manera, la Asamblea Legislativa reconoce el poder que la mayoría se niega a utilizar. 86 Véase Exposición de Motivos, Ley 88 del 9 de julio de 1986. CC-2009-313 cons. CC-2009-317 26
hasta cuatro (4) años o de custodia en una institución
juvenil por un término de hasta tres (3) años. No
podemos olvidar que el marco filosófico de la Ley de
menores es el humanismo, por lo que se deben examinar
vías alternas “fuera del órgano judicial para brindar la
atención oportuna” a estos jóvenes. Véase Exposición de
Motivos, Ley 88 del 9 de julio de 1986. Igualmente, en
la medida en que a través del proceso de mediación
transformativa el menor reconoce su falta y el daño
causado, lo que ha sido demostrado reduce la
reincidencia de estos transgresores, se cumple con el
fin del Estado en garantizar un orden social y proteger
el bienestar de la comunidad.
Por último, el argumento de la mayoría sobre la
alegada falta de adiestramiento en esta área de los
mediadores certificados por el Negociado de métodos
alternos deja de lado que a través del Reglamento de
certificación y educación continua relacionado con los
métodos alternos para la solución de conflictos87 se
establece un esquema detallado de requisitos que debe
cumplir todo aspirante a ser certificado como mediador.
Dicho esquema garantiza que los mediadores certificados
tienen la preparación necesaria para servir como
interventor neutral en cualquier conflicto que se le
87 Dicho reglamento fue aprobado por el Negociado de métodos alternos al amparo de la regla 2.02 del Reglamento de métodos alternos. Disponible en http://www.ramajudicial.pr/NegMed/Recursos/Reglamentos/d ocs/RegCertificacion_1999.pdf CC-2009-313 cons. CC-2009-317 27
presente, incluyendo casos de asuntos de menores.
Además, no debe descartarse la experiencia que han
adquirido estos profesionales en los más de diez años de
haberse establecido el Reglamento de métodos alternos,
en el transcurso de los cuales, continuamente, se han
referido casos de asuntos de menores a la mediación.
Así surge de los relatos de los Profesores Nina Estrella
y del Valle Cruz a través del escrito de amicus curiae
conjuntamente presentado, e igualmente del texto de la
Dra. Mildred Enid Negrón Martínez, citado
anteriormente.88
Así pues, establecida la aplicabilidad de los
procesos de mediación a los casos de asuntos de menores,
nos resta examinar los hechos del presente caso para
auscultar si erró el Tribunal de Apelaciones al revocar
la determinación del Tribunal de Primera Instancia de
referir el presente caso a un proceso de mediación.
88 El escrito del amicus curiae destaca que durante el período en el cual el Profesor Nina Estrella dirigió la Unidad de Mediación y Arbitraje de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, entre el año 2004 al 2007, atendió cerca de 300 casos a través del proceso de mediación, de los cuales alrededor del 40% se trataba de casos de asuntos de menores. Específicamente, entre el año 2006 y 2007, indica que cerca del 50% de dichos casos eran referidos por la Oficina de la Procuradora de Menores de Mayagüez. Por otro lado, la Dra. Negrón Martínez asegura que su experiencia ha sido que los Centros de Mediación en el país “cubren un amplio espectro de controversias de familia, comunales, comerciales, escolares, así como asuntos criminales menos graves y casos de menores involucrados en controversias que están bajo la jurisdicción de la Sala de Menores del Tribunal de Primera Instancia”. Negrón Martínez y otros, Un Modelo Puertorriqueño de Mediación de Conflictos, op. cit., pág. 20. (Énfasis suplido). CC-2009-313 cons. CC-2009-317 28
C.
Como adelantáramos en la relación de hechos, en
este caso se presentaron en interés de los menores
C.L.R. y A.V.L. sendas quejas en las que se les imputó
haber infringido el artículo 198 del Código Penal. De
un análisis de los criterios de la regla 3.01 del
Reglamento de métodos alternos surge que el presente
caso, además de elegible, es también apropiado para ser
referido a un proceso de mediación.
Primeramente, los menores involucrados y sus
padres, incluyendo los padres de la víctima, expresaron
ante el Tribunal de Primera Instancia su conformidad con
el referido del caso al proceso de mediación. Así,
tanto la víctima como el ofensor deseaban solucionar su
conflicto a través del proceso de la mediación. En
cuanto a la naturaleza del caso,89 es preciso tener
presente que lo que se imputa a los menores recurrentes
es la apropiación de siete dólares ($7.00)
pertenecientes a una compañera de estudio. Se trata de
89 La Procuradora General arguye, haciéndose eco de lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones, que por este caso tratarse de la imputación de una falta Clase III, la mediación no está disponible, pues ese tipo de falta no es susceptible de enviarse a un procedimiento de desvío. Dicha postura soslaya el hecho de que el procedimiento de desvío al amparo de la Ley de menores y el proceso de mediación dispuesto por el Reglamento de métodos alternos son de distinta naturaleza y se encuentran regulados por estatutos independientes. La clase de falta imputada es un factor más que se debe sopesar al momento de referir un caso al proceso de mediación, sin que una clasificación específica impida, por sí sola, la dilucidación del caso a través de dicho método alterno. CC-2009-313 cons. CC-2009-317 29
un conflicto nacido en el contexto escolar, en el cual
los menores seguirán interrelacionándose aún con
posterioridad a la resolución del presente caso. Aunque
la conducta imputada a los recurrentes es constitutiva
de falta, en el balance de intereses es preferible
brindar a éstos una oportunidad de reconocer lo errado
de su proceder y asumir la responsabilidad por sus actos
a través del proceso de la mediación, sin someterlos a
un procedimiento estigmatizador y de naturaleza punitiva
como pudiese resultar el procedimiento ordinario.
Ante estos hechos y siendo la presente la primera
vez que C.L.R. y A.V.L. se exponen a un procedimiento
ante el Tribunal de Menores, es preciso concluir que las
circunstancias del presente caso ameritan que se les
brinde la oportunidad de solucionar este conflicto a
través de la mediación. Nuestro sentido de justicia nos
debería compeler a particularizar la controversia ante
nuestra consideración y a sopesar que, a pesar de lo
reprochable de la conducta imputada a C.L.R. y A.V.L.,
la misma no merece exponerlos de primera intención a la
imposición de una medida dispositiva condicional o de
custodia al amparo de las disposiciones de la Ley de
menores. Si el proceso de mediación se ve interrumpido
o no culmina satisfactoriamente, el caso revertiría al
foro judicial para la continuación del procedimiento
ordinario. En todo caso, el Tribunal examinará el
acuerdo alcanzado, velando por que éste adelante los CC-2009-313 cons. CC-2009-317 30
intereses públicos implicados del bienestar del menor y
la seguridad pública.
En conclusión, soy del criterio que analizadas las
circunstancias del presente caso a la luz de los
criterios de la regla 3.01 del Reglamento de métodos
alternos, no abusó de su discreción el Tribunal de
Primera Instancia al referirlo al proceso de mediación.
Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar dicho
proceder. En consecuencia, revocaría la determinación
del Tribunal de Apelaciones recurrida, y devolvería el
presente caso para la continuación de los procedimientos
de conformidad con lo aquí expuesto. Por no ser ese el
curso seguido por la mayoría, respetuosamente disiento
del dictamen emitido.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada
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2010 TSPR 20, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/pueblo-en-interes-de-los-menores-clr-y-avl-prsupreme-2010.