Ortiz Chévere v. Puig Morales

2012 TSPR 151

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: October 11, 2012
• Docket: CC-2011-200 CC-2011-227 CC-2011-369 CC-2011-448 CC-2011-742
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Baltazar Ortiz Chévere Recurrido

v.

Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario _______________________________

Armando Quiles Molina Recurrido

Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario _______________________________

José M. Molina Hernández Recurrido

v. Certiorari Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado 2012 TSPR 151 Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario 186 DPR ____ _______________________________

Emilio López Borges, María D. Colón González y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos constituida Recurridos

Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario _______________________________

Enrique Adorno Bonilla, Magdalena Figueroa Loarte y la Sociedad Lega de Gananciales por ellos compuesta Recurridos

Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionario CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 2

Número del Caso: CC-2011-0200 CC-2011-0227 CC-2011-0369 CC-2011-0448 CC-2011-0742

Fecha: 11 de octubre de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel I, II y IV

CC-2011-200

Oficina del Procurador General:

Lcda. Leticia Casalduc Rabell Subprocuradora General

Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez Procuradora General Auxiliar

Lcda. Lizette Mejías Avilés Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Luis E. Vázquez Santos

CC-2011-227

Lcdo. Luis E. Vázquez Santos CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 3

CC-2011-369

Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General

Lcda. Zaira Girón Anadón Subprocuradora General

CC-2011-448

Lcda. Jeanette M. Collazo Ortiz Subprocuradora General

Lcda. Carmen. A Riera Cintrón Procuradora General Auxiliar

CC-2011-742

Lcdo. Luis E. Vázquez Santos CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 4

Materia: Ley de Contribución Sobre Ingresos – Alcance de la exención de impuestos establecida en la Sección 1022 (b)(5) del Código de Rentas Internas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

______Peticionario_________ CC-2011-0200 CC-2011-0227 Armando Quiles Molina CC-2011-0369 Recurrido CC-2011-0448 CC-2011-0742 v. Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

______Peticionario_________

José M. Molina Hernández Recurrido v. Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

_______Peticionario________

Emilio López Borges, María D. Colón González y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos constituida

Recurridos v.

Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Peticionario ___________________________ CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 2

Enrique Adorno Bonilla, Magdalena Figueroa Loarte y la Sociedad Lega de Gananciales por ellos compuesta

Recurridos

Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Peticionario ___________________________ _______________ Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2012.

Con la decisión que emitimos hoy, hacemos valer el

mandato legislativo expresado en la Ley Núm. 117-2006,

conocida como Ley de la Justicia Contributiva de 2006,

mediante la cual se enmendó la Sec. 1022(b)(5) del Código de

Rentas Internas de 1994, Ley Núm. 120-1994, según enmendada,

13 L.P.R.A. sec. 8422(b)(5).1 Como veremos a continuación,

el propósito de esa enmienda fue limitar el alcance de la

exención de impuestos contenida en la Sec. 1022(b)(5), íd.,

a las lesiones o enfermedades físicas. Eso modificó la

interpretación estatutaria que hicimos en Orsini García v.

Srio. de Hacienda, 177 D.P.R. 596 (2009).

1 La Ley Núm. 1-2011, conocida como el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, derogó el Código de Rentas Internas de 1994. Sin embargo, la Sec. 1031.01(b)(3) del nuevo Código mantuvo un lenguaje idéntico al contenido en la Sec. 1022(b)(5) del Código de Rentas Internas de 1994, según enmendada por la Ley Núm. 117-2006, supra. Esa última CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 3

I

Los hechos de cada caso se presentan de forma individual

con el fin de facilitar su lectura.

El Sr. Baltazar Ortiz Chévere era empleado de la

compañía Abbott Pharmaceuticals P.R. Ltd (Abbott). En el 2007

esa relación laboral concluyó. Como consecuencia de ello, el

12 de enero de 2007 el señor Ortiz Chévere y Abbott

suscribieron un “Acuerdo de Separación y Relevo Total”

mediante el cual el patrono entregó al empleado $110,011 en

concepto de indemnización. Del acuerdo referido no surgen las

razones que motivaron la separación del empleo. Lo que se

desprende del documento es que el señor Ortiz Chévere eximió

a Abbott de toda responsabilidad contenida en las

disposiciones de las leyes de naturaleza obrero-patronal en

nuestra jurisdicción y en el ordenamiento laboral análogo en

el ámbito federal.

Al rendir la planilla de contribución sobre ingreso para

el año contributivo 2007, originalmente el señor Ortiz

Chévere declaró como ingreso tributable (1) el monto de la

indemnización por terminación del empleo producto del acuerdo

de transacción con su patrono; (2) $20,609 que también

recibió en concepto de salarios, bonos y vacaciones

acumuladas y; (3) $2,871 por concepto de ganancia en la venta

o permuta de activos de capital y planes cualificados. No

era la ley vigente cuando se suscitaron los hechos de estos casos consolidados. CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 4

obstante, el 24 de septiembre de 2008 el señor Ortiz Chévere

presentó ante el Departamento de Hacienda una “Planilla

Enmendada” para el año contributivo 2007 con el propósito de

suprimir lo obtenido en la transacción por considerarlo una

partida excluida bajo la Sec. 1022(b)(5) del Código de Rentas

Internas de 1994, supra. Con esa enmienda, el ingreso bruto

ajustado reportado para el 2007 se redujo a $23,480, por lo

que el señor Ortiz Chévere también solicitó un reintegro de

$4,776, como contribución sobre ingresos pagada en exceso

para dicho año.

El 20 de noviembre de 2009, luego de realizar la

investigación correspondiente, el Departamento de Hacienda

imputó como tributable los $110,011 recibidos por el acuerdo

de transacción, que realmente se redujeron a $109,129 luego

de sustraer $882 de gastos ordinarios y necesarios.

Consecuentemente, denegó el reintegro solicitado por el señor

Ortiz Chévere.

El 10 de diciembre de 2009 el señor Ortiz Chévere

presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia.

En ella, reclamó que la cuantía recibida en el 2007 por

concepto del acuerdo sobre terminación de empleo no es

ingreso tributable por razón de exclusión, y que por ende,

procede el reintegro de los $4,776.

El 27 de abril de 2010 el Departamento de Hacienda

compareció ante el Tribunal de Primera Instancia y solicitó

la desestimación de la acción, conforme lo dispuesto en la

Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 5

III. En síntesis, argumentó que la demanda dejaba de exponer

una reclamación que justificara la concesión de un remedio,

porque el pago recibido no representaba una indemnización por

un despido injustificado o discriminatorio, sino “una

compensación por la separación del empleo cuyo pago sustituye

los ingresos de[l señor Ortiz Chévere]”, Apéndice, pág. 86,

“lo que constituye ingreso tributable en su totalidad”, Íd.,

pág. 85. Añadió que lo resuelto en Orsini García v. Srio. de

Hacienda, supra, no es de aplicación en este caso ante la

posterior promulgación de la Ley Núm. 117 supra. El 30 de

julio de 2010 el foro primario dictó una sentencia en que

declaró con lugar la demanda y ordenó al Departamento de

Hacienda pagar al señor Ortiz Chévere -en concepto de

reintegro- la suma de $4,776, más los intereses acumulados.

Inconforme con esa determinación, el Departamento de

Hacienda acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante

recurso de apelación. Con el beneficio de la comparecencia de

ambas partes, el foro apelativo intermedio dictó una

sentencia en la que confirmó la determinación del Tribunal de

Primera Instancia de que el pago que recibió el señor Ortiz

Chévere al firmar el acuerdo con su antiguo patrono estaba

exento de contribución.

Aún en desacuerdo, el Departamento de Hacienda comparece

ante nos mediante solicitud de certiorari y solicita que

revisemos la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Sostiene

que ese foro erró al resolver conforme lo pautado en Orsini

García v. Srio. de Hacienda, supra, a pesar de que el estado CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 6

de derecho en que nos basamos para resolver ese caso es

distinto, pues la Ley Núm. 117, supra, alteró el panorama.

Además, el Estado argumenta que el Tribunal de Apelaciones

obvió por completo la norma de deferencia que se le debe

guardar a la interpretación que hace el Secretario de

Hacienda de las leyes tributarias y el hecho de que las leyes

fiscales se deben de interpretar en forma restrictiva.

El 17 de junio de 2011 este Tribunal acordó expedir el

auto de certiorari. Ambas partes presentaron sus argumentos,

por lo que el asunto se encuentra listo para resolverse.

El Sr. Armando Quiles Molina era empleado de Abbott

Pharmaceuticals P.R. Ltd. (Abbott) hasta finales de 2006,

cuando fue separado de su empleo. Como parte del plan de

separación, Abbott le ofreció unos beneficios económicos

como indemnización a cambio de suscribir un “Acuerdo de

Separación y Relevo Total”. De ese documento no surgen las

razones que motivaron la separación del empleo. Conforme al

acuerdo, la cantidad global que recibió el señor Quiles

Molina se calculó a base de los años de servicios con

Abbott. Esa suma era adicional al salario, bonos y al pago

de vacaciones acumuladas que le adeudaba el patrono.

Firmado el acuerdo y finalizado el empleo, el señor

Quiles Molina recibió el pago de $63,418.54, según acordado.

El señor Quiles Molina incluyó esa partida en su planilla de

contribución sobre ingresos del 2007. Luego, enmendó la

planilla para excluir esa partida, con el propósito de CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 7

solicitar el reintegro de la suma pagada en exceso de

contribución sobre ingresos.

Luego de varios trámites, el Secretario de Hacienda

notificó al señor Quiles Molina la denegatoria de su

solicitud de reintegro por la cantidad de $9,402.

Conjuntamente, se le apercibió que de no estar de acuerdo

con la determinación, podía acudir al Tribunal de Primera

Instancia.

Cónsono con ello, el 7 de mayo de 2010 el señor Quiles

Molina presentó ante el foro primario una demanda en

solicitud de reintegro de contribución sobre ingresos. Adujo

que la indemnización recibida no está sujeta al pago de

contribución sobre ingresos, conforme lo resuelto por este

Foro en Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra. En

consecuencia, solicitó se ordenara al Secretario de Hacienda

reintegrarle la suma que solicitó en la planilla enmendada

del 2007. Además, señaló que la determinación del Secretario

de Hacienda era nula porque carecía de determinaciones de

hechos y conclusiones de derecho que la sustenten.

El 15 de junio de 2010 el Departamento de Hacienda

presentó una solicitud de desestimación en la que mantuvo su

criterio de que el pago recibido por el señor Quiles Molina

constituía ingreso tributable. En particular, señaló que la

cuantía obtenida no correspondía a una indemnización por

despido injustificado bajo los parámetros de la Ley Núm. 80

de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec.

185a et seq., ni bajo las leyes anti discrimen. Además, CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 8

indicó que los hechos del presente caso son posteriores a la

aprobación de la Ley Núm. 117, supra y a las Determinaciones

Administrativas 07-01 y 10-08 que la interpretan. Por

último, sostuvo que lo resuelto en Orsini García v. Srio. de

Hacienda, supra, no es de aplicación a este caso. Por ello,

solicitó la desestimación de la demanda en virtud de la

Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra.

El 16 de julio de 2010 el foro primario denegó la

desestimación, y a su vez emitió una resolución en que

ordenó a las partes exponer si lo resuelto en Orsini García

v. Srio. de Hacienda, supra, disponía de la controversia.

Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, el

Tribunal de Primera Instancia determinó:

Bajo Orsini García v. Srio., 2009 TSPR 190, se dicta sentencia que declara Ha Lugar la demanda interpuesta y, en consecuencia, se ordena al Departamento de Hacienda 1) que bajo los hechos alegados en dicha demanda, se sirva cancelar cualquier deficiencia que le hubiere notificado al demandante y 2) que reintegre a este último aquellas sumas que resulten de la planilla de contribución sobre ingresos enmendada del año 2007 que presentó el 10 de julio de 2008 ($9,732.00), la que se incluyó como anejo “A” de la demanda, más intereses acumulados.

Apéndice, pág. 59.

Oportunamente, el Departamento de Hacienda solicitó

reconsideración. El foro primario la denegó el 8 de

noviembre de 2010. Insatisfecho, el Estado acudió ante el

Tribunal de Apelaciones mediante recurso de apelación. El 22

de octubre de 2010 ese foro dicto una sentencia en que

confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia

de que el pago que recibió el señor Ortiz Chévere en CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 9

concepto del acuerdo estaba exento de la contribución sobre

ingresos.

Aun insatisfecho, el Estado recurre ante nos. Señala que

el foro apelativo intermedio erró al resolver conforme lo

pautado en Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra, ya que

el estado de derecho en que nos basamos para resolver ese

caso cambió con la aprobación de la Ley Núm. 117, supra.

Además, el Estado argumenta que el Tribunal de Apelaciones no

aplicó la norma de deferencia que se le debe guardar a la

interpretación que hace el Secretario de Hacienda de las

leyes tributarias. Asimismo, aduce que es un principio

firmemente arraigado que las leyes fiscales se deben

interpretar en forma restrictiva.

auto de certiorari. Además, lo consolidamos con el caso CC-

2011-200 por tratarse de la misma controversia. Con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a

resolver.

El Sr. José M. Molina Hernández era empleado de la

entidad Pfizer Pharmaceuticals LLC (Pfizer). En el 2007 esa

relación terminó. Como consecuencia de ello, el 28 de

septiembre de 2007 el señor Molina Hernández y Pfizer

suscribieron un “Acuerdo de Relevo” mediante el cual el

patrono entregó al empleado $22,500.75 en concepto de

indemnización. Del acuerdo referido no surgen las razones que

motivaron la separación del empleo. Lo que se desprende del CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 10

documento es que el señor Molina Hernández eximió a Pfizer de

todas las reclamaciones relacionadas con la terminación del

empleo. Mediante ese acuerdo, Pfizer le otorgaría una

compensación de $22,500, además de los salarios, bonos y las

vacaciones acumuladas.

Tras firmar el acuerdo, el señor Molina Hernández

recibió la suma pactada. Al rendir la planilla de ingresos

para el año contributivo 2007, incluyó las cantidades

recibidas de parte de Pfizer, lo que incluyó la compensación

de $22,500. Posteriormente, el señor Molina Hernández enmendó

su planilla de contribución sobre ingresos para excluir los

$22,500 y, a su vez, solicitó reintegro por la cantidad de

$5,431. Luego de varios trámites administrativos, el

Secretario de Hacienda le notificó la denegatoria de su

solicitud de reintegro.

En vista de lo anterior, el señor Molina Hernández instó

una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia en que

solicitó el reintegro de la contribución sobre ingresos. En

esencia, alegó que la compensación recibida constituyó una

indemnización exenta de tributación, conforme lo resuelto en

Robles Ortolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583 (1968). Además,

adujo que la indemnización que recibió fue en concepto de

“leyes contra el discrimen” que no está sujeta al pago de

contribución conforme la Sec. 1022(b)(42) del Código de

Rentas Internas, 13 L.P.R.A. sec. 8422(b)(42), según

interpretada por el Reglamento Núm. 5780 del Departamento de

Hacienda de 3 de abril de 1998. Asimismo, señaló que conforme CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 11

a la Sec. 1022 (b)(5) del Código de Rentas Internas, supra,

según enmendada por la Ley Núm. 117, supra, la indemnización

no estaba sujeta a tributación por tratarse del pago de una

enfermedad física –la depresión y ansiedad- causada por el

despido. Por último, adujo que la decisión que emitió el

Secretario de Hacienda era nula, debido a que no tenía

determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho, lo que

alegadamente, redunda en una violación al debido proceso de

ley en su vertiente procesal, porque impedía que el

contribuyente pueda presentar alegaciones más específicas.

El Departamento de Hacienda presentó una moción de

desestimación. Entendió que el pago recibido por el señor

Molina Hernández era un ingreso tributable según la enmienda

que se realizó al Código de Rentas Internas. Argumentó,

además, que la cantidad recibida no constituía una

indemnización por despido injustificado o discriminatorio.

Por su parte, el señor Molina Hernández se opuso a la

solicitud de desestimación.

El 11 de octubre de 2010 el Tribunal de Primera

Instancia notificó una resolución mediante la cual declaró no

ha lugar la moción de desestimación que presentó el

Departamento de Hacienda. Fundamentó su determinación en lo

resuelto en Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra, y

concluyó que la indemnización por despido otorgada de forma

legal o contractual no es tributable.

Inconforme, el 3 de diciembre de 2010 el Departamento de

Hacienda presentó una solicitud de certiorari ante el CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 12

Tribunal de Apelaciones. En ella, esbozó que el foro primario

erró al resolver conforme a lo resuelto en Orsini García v.

Srio. de Hacienda, supra, a pesar de que el estado de derecho

en que se basó nuestra decisión en ese caso es distinto al

que rige este caso, por virtud de la Ley Núm. 117, supra, que

enmendó el Código de Rentas Internas. Además, el Departamento

de Hacienda señaló que el Tribunal de Primera Instancia erró

al resolver que la compensación concedida a un empleado por

razón de su despido no es tributable, sustituyendo así el

criterio de la Asamblea Legislativa en cuanto a las

exenciones contributivas en nuestro ordenamiento, en claro

conflicto con la norma de deferencia que cobija las

interpretaciones que hace el Secretario de Hacienda de las

leyes tributarias.

El 3 de marzo de 2011 el Tribunal de Apelaciones

notificó una sentencia en la que expidió el auto de

certiorari y confirmó la resolución recurrida. Expresó ese

Tribunal que no procedía la desestimación de la demanda, ya

que el foro primario debía continuar los procedimientos

acorde con lo que estableció este Tribunal en Orsini García

v. Srio. de Hacienda, supra. Esto es, utilizó los mismos

fundamentos del foro primario, a saber: que la indemnización

por despido no es tributable.

Por no estar conforme, el Departamento de Hacienda

recurrió oportunamente ante este Tribunal. Reproduce los

mismos argumentos que esgrimió ante el foro apelativo

intermedio. El 19 de agosto de 2011 decidimos expedir el auto CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 13

de certiorari. Además, lo consolidamos con los casos CC-2011-

200 y CC-2011-227 por tratarse de la misma controversia. Como

el caso se encuentra sometido en los méritos, pasamos a

El Sr. Emilio López Borges era empleado de la compañía

Pfizer Pharmaceuticals. Durante el 2007, esa compañía dio por

terminada la relación laboral. Como parte de un plan de

separación, ofreció al señor López Borges unos beneficios

económicos como indemnización, a cambio de que suscribiera un

acuerdo de separación y relevo total. Si se firmaba el

acuerdo, el señor López Borges recibiría la suma total de

$69,804.91 y a su vez, se relevaba a Pfizer de cualquier

reclamación que pudiese surgir por incumplimiento de

contrato, daños y perjuicios y leyes laborales, entre otros.

Firmado el acuerdo y finalizado el empleo, el 28 de

septiembre de 2010 el señor López Borges recibió de Pfizer el

pago de $69,804.91. Esa suma la incluyó inicialmente en su

planilla contributiva del año 2007, pero la enmendó

posteriormente para excluirla. Consecuentemente, solicitó al

Secretario de Hacienda el reintegro de $18,115. Luego de

varios trámites, el Secretario de Hacienda denegó la

El 27 de octubre de 2010 el señor López Borges, su

esposa la Sra. María Colón González y la sociedad legal de

bienes gananciales compuesta por ambos presentaron una

demanda en que solicitaron el reintegro de contribución sobre CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 14

ingresos que, alegadamente, se pagó en exceso para el año

contributivo 2007. Alegaron que la indemnización recibida no

estaba sujeta al pago de contribución sobre ingresos,

conforme a lo resuelto en Orsini García v. Srio. Hacienda,

supra, y en la determinación administrativa 10-02 emitida por

el Secretario de Hacienda el 20 de enero de 2010.

Por su parte, el 11 de enero de 2011 el Departamento de

Hacienda presentó una solicitud de desestimación ante el foro

primario en que adujo que el pago recibido por el señor López

Borges era ingreso tributable y no representaba una

indemnización. También, argumentó que debido a que mediante

el acuerdo de relevo se concedieron al señor López Borges

ciertas compensaciones económicas, ello impedía concluir que

este había sido despedido de forma injustificada o

discriminatoria, por lo que no podía considerarse entonces

como un pago de mesada de conformidad con las disposiciones

de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec.

185a, et seq. Por tanto, procedía aplicar el inciso (1) de la

Sec. 1142 del Código de Rentas Internas, 13 L.P.R.A. sec.

8542, según enmendado, el cual establece que cualquier

compensación que represente o sustituya pérdidas de ingresos

o salarios, constituye ingreso tributable. Finalmente, el

Departamento de Hacienda arguyó que lo resuelto en Orsini

García v. Srio. de Hacienda, supra, no era de aplicación

debido a que el marco legal era distinto al de autos.

Conforme a lo anterior, el Departamento de Hacienda solicitó CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 15

la desestimación de la demanda en virtud de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A., Ap. V.

El señor López Borges se opuso a la desestimación. Alegó

que la controversia de derecho que presentaba este caso se

circunscribía a determinar si la indemnización que recibió

estaba exenta del pago de contribución sobre ingresos. Adujo

que su despido mediante acuerdo de relevo constituyó un daño

que repercutió en el aspecto moral y físico al igual que el

adjudicado en Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra.

Luego de evaluar los argumentos de las partes, el foro

de Instancia emitió una resolución y declaró no ha lugar la

moción de desestimación que solicitó el Departamento de

Hacienda. Estimó que a los hechos de este caso le aplica lo

resuelto en Orsini García v. Srio. Hacienda, supra.

Inconforme, el Departamento de Hacienda recurrió

mediante petición de certiorari al Tribunal de Apelaciones.

Imputó al foro primario errar en declarar sin lugar la moción

de desestimación que presentó el Departamento de Hacienda

bajo el fundamento de que en este caso aplicaba lo resuelto

en Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra. Indicó, además,

que esa actuación ignoraba la Ley Núm. 117, supra, que hizo

distinciones en las exclusiones de lo que constituye ingreso

para fines contributivos.

Los señores López Borges y Colón González presentaron su

alegato en oposición. Con el beneficio de la comparecencia de

ambas partes, el Tribunal de Apelaciones emitió sentencia. En

ella, confirmó el dictamen del foro primario que no permitió CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 16

la desestimación de la demanda. El foro apelativo intermedio

sostuvo su decisión en que la exclusión del ingreso por ese

tipo de indemnización quedó aclarada en Alvira v. SK & F

Laboratories Co., 142 D.P.R. 803 (1997). De igual manera,

indicó que no puede existir distinción entre indemnización

para cubrir el sufrimiento o la angustia mental de la que se

recibe por una lesión física personal, pues en cualquiera de

los conceptos se busca remplazar un menoscabo personal.

Como el Departamento de Hacienda está insatisfecho con

la sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones, recurre a

este Foro. En esencia, repite los mismos argumentos que

presentó ante el tribunal apelativo intermedio. El 7 de

octubre de 2011 expedimos el auto de certiorari. De igual

forma, lo consolidamos con los casos CC-2011-200, CC-2011-

227, CC-2011-369, por tratarse de una controversia idéntica.

Sin más trámite, resolvemos.

El matrimonio compuesto por el Sr. Enrique Adorno

Bonilla y la Sra. Magdalena Figueroa Loarte fueron

cesanteados en 2007 por su patrono Pfizer Pharmaceuticals.

Ambos empleados otorgaron con Pfizer unos acuerdos de relevo

y separación total. En virtud de esos acuerdos, Pfizer le

otorgaría $77,688.44 al señor Adorno Bonilla y $34,865.15 a

la señora Figueroa Loarte en concepto de compensación por las

cesantías, menos las deducciones requeridas por las leyes y

determinaciones administrativas aplicables. Las sumas

recibidas eran adicionales a los salarios, bonos y vacaciones CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 17

acumuladas. Con el acuerdo, el matrimonio Adorno-Figueroa

relevó a Pfizer de todas las reclamaciones relacionadas con

la terminación de los empleos.

Tras firmar los acuerdos, el matrimonio recibió las

sumas pactadas. Al rendir la planilla de contribución sobre

ingresos para el año contributivo 2007, incluyeron las

cantidades recibidas de parte de Pfizer. Posteriormente,

enmendaron su planilla para excluir esas cantidades y, a su

vez, solicitaron reintegro por la cantidad de $28,541. Luego

de varios trámites administrativos, el Secretario de Hacienda

denegó la solicitud de reintegro.

En vista de lo anterior, el matrimonio Figueroa-Loarte

instó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia para

exigir el reintegro de la contribución sobre ingresos. Los

esposos alegaron que las compensaciones recibidas no estaban

sujetas al pago de contribuciones sobre ingresos conforme a

lo resuelto en Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra.

Además, adujeron que la mesada otorgada por despido

injustificado y la indemnización por discrimen estaban

exentas de tributación, por lo que se debía interpretar que

las compensaciones recibidas por ellos también lo estaban.

Por último, expusieron que se les violó el debido proceso de

ley al no indicarse el fundamento de derecho en que el

Secretario de Hacienda apoyó su determinación.

desestimación. En ella, expresó que los pagos recibidos por

el matrimonio Adorno Figueroa eran ingresos tributables según CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 18

la enmienda realizada al Código de Rentas Internas mediante

la Ley Núm. 117, supra. Argumentó, además, que las cantidades

recibidas no constituían una indemnización por despido

injustificado o discriminatorio. Por su parte, el matrimonio

se opuso a la solicitud de desestimación.

Luego de que se celebró una vista argumentativa, el 22

de febrero de 2011 el Tribunal de Primera Instancia notificó

una sentencia mediante la cual declaró con lugar la demanda

del matrimonio Adorno-Figueroa. Fundamentó su determinación

en Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra. Asimismo,

concluyó que las compensaciones recibidas estaban exentas, al

igual que la indemnización recibida por un empleado público

cesanteado a causa de la Ley Núm. 7-2009, mejor conocida

como Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y

Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para

Salvar el Crédito de Puerto Rico, 3 L.P.R.A sec. 8791 et

seq. Cimentó su decisión en la Determinación Administrativa

10-02 del Secretario de Hacienda y la Sección 1022(b)(42) del

Código de Rentas Internas, supra.

Inconforme, el Departamento de Hacienda acudió

oportunamente al Tribunal de Apelaciones. En síntesis, señaló

que el foro primario erró al resolver que la norma pautada en

Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra, gobernaba este

caso y que además, era desacertado concluir que la

compensación concedida a un empleado por razón de su despido

no es tributable. De igual forma, indicó que el Tribunal de

Primera Instancia obvió el hecho de que las leyes fiscales se CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 19

interpretan de forma restrictiva. Así las cosas, el Tribunal

de Apelaciones notificó una sentencia en la que confirmó el

dictamen del foro primario. Concluyó que los ingresos

provenientes de ese tipo de acuerdo están exentos de

tributar.

Por no estar conforme, el 13 de septiembre de 2011 el

Departamento de Hacienda presentó una solicitud de certiorari

ante este Tribunal. Plantea los mismos argumentos que expresó

en los foros anteriores. Mediante Resolución de 16 de

diciembre de 2011 ordenamos al matrimonio Adorno-Figueroa que

en 30 días mostrara causa por la cual no se debía expedir el

recurso. El matrimonio Adorno-Figueroa cumplió con lo que se

requirió. Pasamos a resolver.

II

A. La controversia en estos casos consolidados se

circunscribe a determinar si, acorde con nuestro ordenamiento

jurídico vigente, son tributables las indemnizaciones que

recibieron los recurridos por razón de los acuerdos de relevo

firmados con sus antiguos patronos. Como se aprecia, tenemos

que dilucidar una controversia que contiene unos hechos

similares a los que dilucidamos en Orsini García v. Srio. de

Hacienda, supra. Por ende, es menester examinar primero ese

precedente para poder realizar nuestra labor cabalmente.

En Orsini García v. Srio. de Hacienda, íd., nos topamos

con un contrato de transacción para transigir reclamaciones

relacionadas con leyes laborales. En específico, el acuerdo

de relevo imposibilitaba al Sr. Francisco Orsini García CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 20

reclamar cualquier derecho al amparo de las leyes laborales

locales y federales en contra de su antiguo patrono Pfizer

por la separación de empleo que ocurrió el 20 de octubre de

2003. A cambio de eso, la compañía Pfizer le otorgó una

indemnización al señor Orsini García de $163,323.66. Aunque

en primera instancia el señor Orsini García incluyó la

indemnización como ingreso recibido, luego sometió una

planilla enmendada para eliminar esa partida. Esencialmente,

la contención del Departamento de Hacienda era que esa

indemnización constituía ingreso tributable. Por el

contrario, el señor Orsini García adujo que esa indemnización

estaba exenta de tributar.

Luego de auscultar el derecho aplicable, expresamos que

teóricamente la indemnización de $163,323.66 “constituye

ingreso bruto según lo define la sección 1022 del Código de

Rentas Internas de 1994”. Íd., pág. 647. Sin embargo, a

renglón seguido, señalamos que aplicaba la exclusión recogida

en el inciso (b) (5) de la Sec. 1022, supra, por lo que

procedía excluir del ingreso bruto “la indemnización que se

obtiene como resultado de [un] despido”. Íd.

Por su pertinencia, citamos la Sec. 1022 (b) (5), supra,

según se encontraba vigente al momento que resolvimos Orsini

García v. Srio. de Hacienda, supra:

(5) Compensación por lesiones o enfermedad - Excepto en el caso de cantidades atribuibles a, pero no en exceso de, las deducciones concedidas bajo la sec. 8423(aa) (2) (p) de este título en cualquier año contributivo anterior, las cantidades recibidas por razón de seguros contra enfermedad o accidente o bajo leyes de compensaciones a obreros, como compensación por lesiones personales o por CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 21

enfermedad, más el monto de cualquier indemnización recibida, en procedimiento judicial o en transacción extrajudicial, por razón de dichas lesiones o enfermedad, y en cantidades recibidas como pensión, anualidad o concesión análoga por lesiones personales o enfermedad, y por razón de incapacidad ocupacional y no ocupacional, incluyendo las que resulten del servicio activo en las fuerzas armadas de cualquier país. (Énfasis nuestro.)

De esa forma, amparándonos en que la compensación que

recibe un obrero en este tipo de acuerdo constituye una

lesión personal, concluimos que el señor Orsini García no

tenía que tributar sobre esa partida.

Ahora bien, la transacción contributiva en controversia

en Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra, se efectuó el

20 de octubre de 2003, cuando todavía no se había aprobado la

Ley Núm. 117, supra. Consecuentemente, no existía

controversia alguna sobre si la Ley Núm. 117, supra, cambió

el estado de derecho. Tampoco había que dilucidar si un

despido constituye una lesión física para fines

contributivos.

En cambio, las controversias planteadas en los casos

consolidados que hoy nos ocupan ocurrieron durante el año

contributivo 2007. Por ello, en esta ocasión sí estamos

llamados a auscultar cuál fue el efecto de la Ley Núm. 117,

supra, respecto a la exención contenida en la Sec. 1022 (b)

(5) de nuestro Código de Rentas Internas, supra.

B. Por virtud de la Ley Núm. 117, supra, la Asamblea

Legislativa enmendó la Sec. 1022 (b) (5), supra, y especificó

que la indemnización por lesión física es la que se excluye CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 22

del ingreso bruto. En lo que nos concierne, el inciso

enmendado indica:

Compensación por lesiones o enfermedad. Excepto en el caso de cantidades atribuibles a, pero no en exceso de, las deducciones concedidas bajo la sec. 8423(aa)(2)(P) de este título en cualquier año contributivo anterior, las cantidades recibidas por razón de seguros contra enfermedad o accidente o bajo leyes de compensaciones a obreros, como compensación por lesiones físicas personales o por enfermedad física (excepto las cantidades recibidas por un empleado, hasta el monto que dichas cantidades sean pagadas directamente por el patrono) más el monto de cualquier indemnización recibida, en procedimiento judicial o transacción extrajudicial, por razón de dichas lesiones o enfermedad, y cantidades recibidas como pensión, anualidad o concesión análoga por lesiones físicas personales o enfermedad física, y por razón de incapacidad ocupacional y no ocupacional, incluyendo las que resulten del servicio activo en las fuerzas armadas de cualquier país.(Énfasis nuestro.)

Con esa enmienda, el legislador limitó expresamente las

indemnizaciones exentas a aquellas que se otorgan por razón

de una lesión física. Adviértase, que antes de la enmienda de

2006, la exención hacía alusión a lesiones personales. La

etiqueta difusa de “lesión personal” abarcaba sin duda alguna

la indemnización que se otorga en ocasión de un acuerdo de

relevo por reclamaciones laborales. Ahora bien, con la

enmienda de 2006 el panorama cambió. En general, la actuación

legislativa de enmendar indica que se busca cambiar la ley

original ya sea para crear, ampliar, limitar o eliminar algún

derecho. N. Singer y S. Singer, Statutes and Statutory

Construction, 7ma. ed., West, 2009, Vol. 1a, Sec. 22:30, pág.

352. Por esa razón, se debe presumir que cualquier cambio CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 23

sustancial en el lenguaje de una ley implica que se alteró

algún derecho. Íd., pág. 356.

Como vimos, el Legislador enmendó la Sec. 1022(b)(5),

supra, y limitó la exención a aquellas lesiones físicas. Lo

anterior lleva a concluir forzosamente que, debido al cambio

en la ley, la controversia que presenta este caso es

distinguible de la que atendimos en Orsini García v. Srio. de

Hacienda, supra. En particular, hoy nos corresponde resolver

si la indemnización que recibieron los recurridos por motivo

de la separación de sus empleos se pude catalogar como una

lesión física para fines contributivos.

III

Nuestro esquema tributario proviene, en gran medida, del

Código de Rentas Internas federal. 26 U.S.C. sec. 1 et seq.

Por esa razón, procedemos a realizar un análisis de derecho

comparado con la jurisdicción federal con el propósito de

estudiar cómo esa jurisdicción ha aplicado el concepto

“lesión física”. Como siempre, tendremos presente que

“[c]uando una de nuestras instituciones derive de determinada

tradición jurídica, los precedentes de ésta tendrán valor

persuasivo en esta jurisdicción, sin olvido de desarrollos

valiosos en otros sistemas, aunque sujeto siempre a las

realidades específicas de nuestro medio”. Pueblo v. Rivera

Cintrón, Op. de 19 de abril de 2012, 2012 T.S.P.R. 75, 2012

J.T.S. 88, 185 D.P.R. __ (2012), citando a Peña Clos v.

Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 588 (1983). Véase, además,

R. E. Bernier y J. Cuevas Segarra, Aprobación e CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 24

Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 2da ed. Rev., San

Juan, Publicaciones J.T.S., 1987, pág. 451.

Con la aprobación de la Ley Púb. Núm. 104-188 de 20 de

agosto de 1996, 110 Stat. 1755, 1838-1839, se enmendó la Sec.

104(a)(2) del Código de Rentas Internas federal, 26 U.S.C.

sec. 104(a)(2). El propósito de esa enmienda fue especificar

que la indemnización por lesión física es la que se excluye

del ingreso bruto. Véase, House of Representatives Conf. Rep.

No. 737,100 Cong., 2d Sess. 301 (1996). Eso es muy similar a

lo ocurrido en Puerto Rico con la Ley Núm. 117, supra. Con

posterioridad a la enmienda de 1996, varios tribunales

federales de apelaciones se han topado con controversias

relacionadas a la interpretación del término “lesión física”.

En Lindsey v. Commissioner, 422 F. 3d 684 (8vo Cir.

2005), el Tribunal Federal de Apelaciones para el Octavo

Circuito tuvo que dilucidar si una indemnización de dos

millones de dólares que se obtuvo producto de un acuerdo de

transacción relacionado con la terminación de un trato

comercial estaba exenta de tributar al amparo de la Sec.

104(a)(2) del Código Federal de Rentas Internas, supra. En su

análisis, el foro apelativo estableció que aunque se presentó

evidencia de que el contribuyente sufrió de hipertensión,

impotencia periódica, insomnio, fatiga, indigestión ocasional

e incontinencia urinaria, no se demostró que fuera a causa de

una lesión o enfermedad física. Lindsey v. Commissioner,

supra, págs. 688-689. Por el contrario, el Tribunal de

Apelaciones entendió que esos síntomas respondieron a un CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 25

“estrés emocional” relacionado a la terminación del trato

comercial. Íd., pág. 688. Como no se demostró que la

indemnización que recibió el contribuyente fue a causa de una

lesión o enfermedad física, el foro apelativo denegó la

exención. El tribunal hizo hincapié en que tiene que haber un

vínculo causal directo entre la indemnización recibida y el

daño físico o enfermedad física resarcida. Íd.

Por su parte, el Tribunal Federal de Apelaciones para el

Noveno Circuito tuvo que resolver una controversia

relacionada en Rivera v. Baker West, Inc., 430 F.3d 1253 (9no

Cir. 2005). Allí, se analizó si una indemnización que se

recibió producto de un acuerdo para transigir reclamaciones

de discrimen en el empleo y de despido injustificado

calificaba como exención para fines de la Sec. 104(a)(2) del

Código Federal de Rentas Internas, supra. Como paso inicial

en el análisis, el tribunal citó la norma pautada en

Commissioner v. Schleier, 515 U.S. 323, 336-337 (1995),

conforme a la cual el contribuyente que busca que cierta

indemnización se declare exenta tiene el peso de la prueba

para demostrar que la exención aplica.

El tribunal concluyó que el contribuyente no pudo probar

que la indemnización que recibió fue causada por lesiones o

enfermedades personales. Rivera v. Baker West, Inc., supra,

pág. 1256. Al igual que en Lindsey v. Commissioner, supra, el

Tribunal de Apelaciones expresó en Rivera v. Baker West,

Inc., supra, 1257, que tiene que existir un vínculo causal

directo entre la indemnización recibida y el daño físico o CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 26

enfermedad física resarcida. Además, ese foro sostuvo que se

deben estudiar dos factores a la hora de examinar si la

indemnización que se recibe por razón de acuerdos de relevo

está exenta de tributación al amparo de la Sec. 104(a)(2) del

Código Federal de Rentas Internas, supra. El primer factor es

auscultar el acuerdo para ver si establece expresamente que

se resarcen lesiones o enfermedades físicas. Rivera v. Baker

West, Inc., supra, pág. 1257. Véase, además, Pipitone v.

United States, 180 F 3d. 859, 863 (7mo. Cir. 1999). El

segundo opera cuando el acuerdo no contiene un lenguaje

expreso, por lo que es necesario analizar la intención de

quien hace la indemnización para auscultar si lo hace para

resarcir lesiones o enfermedades físicas. Rivera v. Baker

West, Inc., supra, pág. 1257. Por último, se indicó que si

lo anterior no se puede probar, no aplica la exención de

impuestos. Íd.

A una conclusión similar arribó el Tribunal Federal de

Apelaciones para el Segundo Circuito en la sentencia no

publicada Tamberella v. Commissioner, 139 Fed. Appx. 319

(2do Cir. 2005). En ese caso, mediante una indemnización se

transigió el derecho del contribuyente a solicitar

reinstalación en su empleo, entre otras reclamaciones

laborales. Por entender que la indemnización recibida no fue

a causa de una lesión física, el tribunal concluyó que la

indemnización debía tributar.

De otro lado, en Murphy v. IRS, 493 F.3d 170 ( D.C. Cir.

2007), el Tribunal Federal de Apelaciones para el Distrito CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 27

de Columbia tuvo que auscultar si una indemnización que se

recibió en una acción administrativa para compensar daños

causados por estrés emocional y pérdida de reputación eran

lesiones físicas al amparo de la Sec. 104(b)(2) del Código

Federal de Rentas Internas, supra. La prueba presentada

evidenció que la contribuyente sufrió lesiones somáticas y

emocionales. Murphy v. IRS, supra, pág. 172. Los registros

médicos y dentales que demostraron que la contribuyente

rechinaba los dientes a menudo, lo que podía conllevar daño

permanente a estos. Íd. También, se presentó prueba de que

la contribuyente sufría de otras manifestaciones físicas del

estrés, que incluían ataques de ansiedad, falta de aliento y

mareos. Íd.

Luego de evaluar los argumentos de las partes, el

Tribunal de Apelaciones Federal para el Distrito de Columbia

sostuvo que la indemnización tenía que tributar. Fundamentó

su contención en que las lesiones resarcidas fueron por las

angustias mentales, el estrés emocional y la perdida de

reputación que sufrió la contribuyente. Además, sostuvo que

si bien se pasó prueba de bruxismo, el vínculo causal

directo no fue ese. Íd., pág. 176. Por ello, concluyó que la

indemnización en controversia era tributable.

A un raciocinio análogo arribó el Tribunal Federal de

Apelaciones para el Décimo Circuito en Johnson v. United

States, 76 Fed. Appx. 873 (10mo Cir. 2003). En ese caso, se

concluyó que una indemnización judicial recibida al amparo

de la Ley Federal conocida como Americans with Disabilities CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 28

Act, 42 U.S.C. secs. 12101-12213, era tributable porque su

vínculo causal directo era la conducta discriminatoria del

empleador y no lesiones físicas del contribuyente.

IV

A. En los casos consolidados que nos ocupan, el

Departamento de Hacienda sostiene que la indemnización que

recibieron los recurridos por los acuerdos de relevo

pactados con sus antiguos patronos no constituye una lesión

o enfermedad física. Al ser así, el Departamento de Hacienda

aduce que no aplica la exención establecida en la Sec. 1022

(b)(5), por lo que corresponde a los recurridos tributar por

esas indemnizaciones. Por su parte, los recurridos sostienen

lo contrario. Luego de evaluar detenidamente los argumentos

esgrimidos por las partes y el derecho aplicable, es forzoso

concluir que al Departamento de Hacienda le asiste la razón.

Reiteramos recientemente que las leyes contributivas

“deben recibir una interpretación razonable que tienda a

llevar a efecto el propósito y la intención del legislador”.

Lilly Del Caribe v. CRIM, Op. de 3 de abril de 2012, 2012

T.S.P.R. 65, 2012 J.T.S. 78, 185 D.P.R. __ (2012), citando a

Licorería Trigo, Inc., v. Srio. de Hacienda, 94 D.P.R. 270,

279 (1967). De igual forma, hemos señalado constantemente que

las legislaciones tributarias “no se habrán de interpretar de

forma extensiva, sino que se deberán interpretar de una forma

justa, y a tenor con sus propios y expresos términos”. Yiyi

Motors, Inc. v. E.L.A., 177 D.P.R. 230, 250 (2009). Véase,

además, Talcott Inter-Amer. Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 29

254, 263 (1975). Sin embargo, no podemos interpretar una ley

contributiva de manera que facilite la evasión de tributos

que la Asamblea Legislativa ha establecido. Lilly Del Caribe

v. CRIM, supra, pág. 13. Véase, además, West India Oil Co.

(P.R.) v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 732, 744-745 (1939).

Por su parte, hemos definido las exenciones

contributivas como “aquellas normas de aplicación especial

que establecen que una norma tributaria general no aplica a

ciertos supuestos de hecho que delimitan y que, como

resultado, impiden que se deriven los efectos jurídicos de

ésta, o sea, impiden que nazca la obligación tributaria”.

Interior Developers v. Mun. de San Juan, 177 D.P.R. 693, 707

(2009). De esa manera, como las exenciones son normas

especiales que niegan los efectos de las normas tributarias,

su interpretación no debe extenderse más allá de los términos

expresos y exactos del estatuto que las otorga y toda duda

debe resolverse en contra de su existencia. Danosa Caribbean,

Inc. v. Negociado de Asistencia Contributiva y Consultas

Especializadas, Op. de 22 de junio de 2012, 2012 T.S.P.R.

105, 2012 J.T.S. 118, __ D.P.R. __ (2012); IFCO Recycling v.

Aut. Desp. Sólidos, Op. de 27 de febrero de 2012, 2012

T.S.P.R. 35, 2012 J.T.S. 48, 184 D.P.R. __ (2012); Café

Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 D.P.R. 548, 559-560

(2001). Véanse, además, N. Singer y S. Singer, Statutes and

Statutory Construction, 7ma. ed., West, 2010, Vol. 3A, sec.

66.9, págs. 93-103; R. Elfren Bernier y J. Cuevas Segarra,

Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 2da CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 30

ed. Rev., San Juan, Publicaciones J.T.S., 1987, págs. 464-

465.

Las exenciones contributivas deben interpretarse de

forma que la intención legislativa no se frustre. Pfizer

Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 182 D.P.R. 267, 279 (2011). Es

decir, aun cuando "las leyes fiscales deben ser

interpretadas restrictivamente, las mismas tienen que ser

interpretadas en forma jurídica y razonable, teniendo en

mente el propósito e intención general del legislador al

aprobarlas". Roque González & Co. v. Srio. de Hacienda, 127

D.P.R. 842, 856-857 (1991) (Énfasis en el original).

Tal como señala al unísono la jurisprudencia federal -

que resulta ser altamente persuasiva en este caso- para que

proceda una exención al amparo de la Sec. 104(b)(2) del

Código Federal de Rentas Internas, supra, muy similar a la

Sec. 1022(b)(5) de nuestro Código de Rentas Internas, supra,

es necesario que el contribuyente demuestre un vínculo

causal directo entre la indemnización concedida y la lesión

física. Además, de la casuística federal citada se desprende

que el despido no constituye de por sí una lesión física que

califique para la exención recogida en la Sec. 104(b)(2) del

Código de Rentas Internas, supra, análoga a la Sec.

1022(b)(5) de nuestro Código, supra. En todos los casos

analizados, se presentaron síntomas asociados al desasosiego

que causa un despido tales como depresión, ansiedad e

insomnio, entre otros. No obstante, se resolvió diáfanamente

que esos síntomas no constituían un vínculo causal directo CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 31

de la lesión resarcida -el despido- por lo que no procedió

la exención en ninguno de ellos.

De igual forma y a base del canon de interpretación que

requiere que interpretemos las exenciones contributivas de

forma restrictiva, concluimos que las indemnizaciones

concedidas a los recurridos en estos casos consolidados no

se encuentran exentas de tributar al amparo de la Sec.

1022(b)(5) del Código de Rentas Internas, supra. Claramente

no se concedieron para resarcir una lesión física.

Somos plenamente conscientes de que el despido causa

severas angustias mentales al empleado cesanteado y a su

familia. Sin embargo, no podemos por ello equiparar las

angustias mentales a las lesiones físicas. Concluir que la

Asamblea Legislativa no quiso desligar una de la otra sería

decir que la enmienda legislativa de 2006 es un acto

superfluo. Como se sabe, a la legislatura no se le atribuyen

ejercicios inútiles. Lilly Del Caribe v. CRIM, supra, pág.

17; ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R. 337, 348 (2006);

Talcott Inter-Amer. Corp v. Registrador, 104 D.P.R. 254

(1975).

B. Los recurridos mencionan en sus alegatos varios

señalamientos que requieren nuestra atención para evitar

distorsionar la norma que hoy pautamos.

En primer lugar, los recurridos aducen que lo resuelto

en Robles Ostolaza v. U.P.R., supra, dispone de la

controversia a favor de ellos. Un análisis somero basta para

concluir lo contrario. Allí, la controversia estribaba en CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 32

resolver si la compensación que recibe un cónyuge por

concepto de daños y perjuicios físicos y morales es un bien

privativo o ganancial. Luego de analizar el derecho

aplicable, resolvimos que la indemnización por daños no está

sujeta a contribución. Íd., págs. 595-596. Sin embargo, en

ese caso interpretamos la Sec. 22 del entonces vigente

Código de Rentas Internas de 1954, Ley Núm. 91 de 29 de

junio de 1954, según enmendada, 13 L.P.R.A. sec. 3022. Esa

sección hacía alusión al término lesión personal y no lesión

física. Por ende, la norma allí pautada es inaplicable a la

controversia ante nos.

En segundo lugar, argumentan los recurridos que en

virtud de la Sec. 1022(b)(42), del Código de Rentas

Internas, supra, procede declarar exentas las

indemnizaciones en controversia. Ese precepto exceptúa del

ingreso bruto “las cantidades recibidas por concepto de

compensación por desempleo bajo una ley de los Estados

Unidos, de un estado de la Unión, o del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico”. Como se puede apreciar, esa

sección se refiere al beneficio que se otorga por desempleo

al amparo de la Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1956, según

enmendada, conocida como Ley de Seguridad de Empleo de

Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 701 et seq. y no por una

indemnización relacionada a un despido. Por esa razón, en

Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra, fundamentamos

nuestro dictamen en la Sec. 1022(b)(5) y no en la Sec.

1022(b)(42) del Código de Rentas Internas. CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 33

El tercer señalamiento que hacen los recurridos es que

nuestra decisión en Alvira v. SK & F Laboratories Co.,

supra, lleva a la conclusión inevitable de que las

indemnizaciones que nos ocupan están exentas de tributar. En

lo pertinente, resolvimos en Alvira v. SK & F Laboratories

Co., supra, pág. 812, que la indemnización “que provoca el

despido injustificado no está sujeta a descuento de nómina

alguno, incluyendo el del seguro social federal”. Quedó

meridianamente claro en Orsini García v. Srio. de Hacienda,

supra, pág. 633, “que el que una partida sea exenta de la

retención contributiva en el origen, porque no constituye

salario, no implica que también resultará exenta de

contribución”. Consecuentemente, es inmeritorio el

señalamiento de los recurridos en ese aspecto.

En cuarto lugar, los recurridos indican que la Ley Núm.

278-2008, que enmendó el Art. 10 de la Ley Núm. 80 de 30 de

mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185j, aclaró

la controversia ante nos al establecer que la compensación

entregada a un obrero por concepto de liquidación o cierre de negocios, o programas empresariales para compartir ganancias con los empleados cuando el despido de éste se fundamente en las razones expuestas en los incisos (d), (e) y (f) de la sec. 185b de este título, estará libre del pago de contribuciones sobre ingresos, pero podrá incluir aquellos otros descuentos acordados por el patrono y el empleado.

De entrada, conviene advertir que la Ley Núm. 278,

supra, entró en vigor el 15 de agosto de 2008, con

posterioridad a que se firmaran los acuerdos de relevo entre

los empleados recurridos y sus patronos. Ausente una CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 34

cláusula de retroactividad en la ley aludida, debemos

concluir con rigor que ella no aplica a los hechos que nos

ocupan. Art. 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3. Basta

puntualizar que la Ley Núm. 278, supra, es muy limitada pues

solo exime de tributar a ciertas indemnizaciones en

específico. Cualquier expresión adicional nuestra sobre el

alcance de la Ley Núm. 278, íd., constituiría obiter dictum.

Rechazamos acceder a ello.

De igual forma, los recurridos invocan ciertas

expresiones en la Opinión del Tribunal en Orsini García v.

Srio. de Hacienda, supra, que constituyen puro obiter dictum.

Nuestras expresiones daban a entender que como no se pueden

deslindar los efectos morales y físicos de un despido, la

indemnización por ese concepto no es tributable. Orsini

García v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 647. Añadimos que la

enmienda establecida mediante la Ley Núm. 117-2006, supra, no

alteraba nuestra conclusión. Íd., pág. 640 esc. 96.

Según mencionamos en Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R.

219, 252 (2001), el concepto obiter dictum “aplica cuando un

tribunal emite expresiones innecesarias en un caso o una

controversia ante sí, y acerca de interrogantes jurídicas

que, propiamente, no le han sido planteadas”. (Énfasis en el

original.) En esencia, no existe efecto vinculante en una

expresión que constituye obiter dictum. Por el contrario, el

“obiter dictum emitido por un tribunal simplemente se debe

tener por no puesto, ya que no constituye parte necesaria del CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 35

fallo, sino que muchas veces son meras expresiones judiciales

excesivas e innecesarias”. Íd., pág. 253.

En Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra, concluimos

que la compensación que recibe un obrero en un acuerdo de

compensación por su despido, constituye una lesión personal.

Por eso, resolvimos que según la ley vigente cuando

ocurrieron los hechos del caso, el señor Orsini García no

tenía que tributar sobre esa partida. Ese fue el ratio

decidendi. En cambio, las expresiones en las que se amparan

los recurridos no eran necesarias para resolver la

controversia y no fueron el fundamento para decidir. Por lo

tanto, son obiter dicta, es decir, no son vinculantes.

Por último, los recurridos esbozan que el Departamento

de Hacienda es inconsistente en la aplicación de las

exenciones que consagra la Sec. 1022, supra. En específico,

señalan que el Departamento de Hacienda no los eximió de

tributar por los acuerdos firmados con sus patronos, pero

que mediante la Determinación Administrativa 10-02 de 20 de

enero de 2010, si eximió de tributación los incentivos

otorgados a los empleados públicos cesanteados por la Ley

Núm. 7, supra. Nuevamente, la contención de los recurridos

no es correcta porque el Art. 36 de la Ley Núm. 7, íd., 3

L.P.R.A. sec. 8794, dispone que “el pago de incentivo

económico antes descrito en esta cláusula estará libre del

pago de contribución sobre impuestos”. En esa situación, la

exención procede porque el legislador se manifestó

inequívocamente. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 36

14. No hay una disposición de ley similar que exima de

tributo los ingresos que recibieron los recurridos.

V

En los recursos ante nuestra consideración, tanto el

foro primario como el apelativo intermedio concluyeron que

las indemnizaciones que recibieron los señores Ortiz

Chévere, Quiles Molina, Molina Hernández, López Borges y el

matrimonio Adorno-Figueroa estaban exentas de contribuciones

conforme lo resuelto Orsini v. Srio. de Hacienda, supra. Por

los fundamentos expuestos anteriormente, concluimos que ambos

tribunales se equivocaron.

Los acuerdos de relevo que firmaron los recurridos con

sus antiguos patronos en estos casos consolidados se hicieron

con el propósito de transigir cualquier reclamación obrero

patronal que pudiese surgir al amparo de las leyes laborales

existentes. Como sostuvimos en el acápite anterior, la lesión

que se resarce en esos acuerdos, no es una lesión física para

efectos de la Sec. 1022(b)(5) del Código de Rentas Internas,

supra, después de la enmienda hecha por la Ley Núm. 117-2006,

supra. Por el contrario, en esos acuerdos se buscó remediar

el sufrimiento emocional y moral que provoca el despido.

Puede ser que en algún caso en particular, el sufrimiento

emocional y moral que provoca un despido cause algún

quebranto físico. Sin embargo, ese quebranto físico ocasional

no es el vínculo causal directo por el cual se hizo la

indemnización en estos casos consolidados. CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 37

En conclusión, resolvemos que para fines de la Sec.

1022, supra, constituye ingreso no exento de contribución la

indemnización producto de un acuerdo de relevo otorgado con

el propósito de transigir cualquier reclamación obrero

existentes.

Así pues, no proceden los reintegros que solicitaron los

señores Ortiz Chévere, Quiles Molina, Molina Hernández,

López Borges y el matrimonio Adorno-Figueroa. En su lugar,

procede confirmar la decisión del Departamento de Hacienda

que concluyó acertadamente que las indemnizaciones en

controversia deben tributar.

VI

Por los fundamentos señalados, se revocan los dictámenes

del Tribunal de Apelaciones en los recursos CC-2011-200,

CC-2011-227, CC-2011-369 y CC-2011-448. Además, se expide el

auto de certiorari en el caso CC-2011-742, se consolida con

los recursos CC-2011-200, CC-2011-227, CC-2011-369 y

CC-2011-448 y se revoca la decisión del Tribunal de

Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

______Peticionario_________ CC-2011-0200 CC-2011-0227 Armando Quiles Molina CC-2011-0369 Recurrido CC-2011-0448 CC-2011-0742 v. Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

José M. Molina Hernández Recurrido v. Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Emilio López Borges, María D. Colón González y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos constituida

Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Peticionario ___________________________ CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 2

Enrique Adorno Bonilla, Magdalena Figueroa Loarte y la Sociedad Lega de Gananciales por ellos compuesta

Juan C. Puig Morales, Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Peticionario

___________________________ _______________

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se revocan los dictámenes del Tribunal de Apelaciones en los recursos CC-2011-200, CC-2011-227, CC-2011-369 y CC-2011-448. Además, se expide el auto de certiorari en el caso CC-2011-742, se consolida con los recursos CC-2011-200, CC-2011-227, CC-2011-369 y CC-2011-448 y se revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del Tribunal. Las Juezas Asociadas señoras Rodríguez Rodríguez y Pabón Charneco concurrieron con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada señora Fiol Matta disintió con la siguiente expresión:

Reitero las expresiones que hiciéramos en Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 D.P.R. 596 (2009), en cuanto a que la compensación recibida por el empleado mediante un contrato de transacción al ser separado de su empleo constituye una mesada bajo la Ley de Despido Injustificado, Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada. Allí concluimos que la indemnización recibida como resultado de una obligación patronal, sea contractual o legal, no es tributable ya que su finalidad es reparar el daño provocado por la pérdida del empleo, Id.

El caso de autos presenta una situación de hechos indistinguible de la del caso de Orsini. Los CC-2011-0200, CC-2011-0227, CC-2011-369 CC-2011-0448 & CC-2011-0742 3

acuerdos de relevo firmados por los aquí recurridos contienen el mismo tipo de disposiciones que analizáramos en Orsini. En ese caso determinamos que el Acuerdo de Relevo firmado por Orsini García y su patrono era un contrato de transacción y que el pago recibido por el empleado constituyó el pago de la mesada bajo la Ley Núm. 80. Resulta forzoso concluir que las compensaciones recibidas por Ortiz Chévere, Quiles Molina, Molina Hernández, Adorno Bonilla, López Borges y Colón González constituyeron el pago de la “mesada”.

La interpretación que hace la mayoría sobre el estado de derecho vigente al momento de la firma de los acuerdos de relevo no logra conciliar la enmienda al Código de Rentas Internas con la finalidad reparadora de la Ley Núm. 80 y la intención legislativa de proteger a los trabajadores, que hemos sostenido a través de nuestra jurisprudencia y reafirmamos en Orsini. La mayoría se centra en el análisis de la enmienda a la sección 1022(b)(5) del Código de Rentas Internas de 1994, Ley Núm. 117 del 4 de julio de 2006 obviando nuestras interpretaciones sobre la legislación protectora del trabajo. Al concluir que la indemnización recibida por los recurridos no constituye una lesión o enfermedad física y que, por ende, no le aplica la exención establecida en la sección 1022(b)(5), la mayoría deja desprotegidos a aquellos empleados que elijan firmar un contrato de transacción para evitar los gastos y las molestias que generaría un litigio bajo la Ley Núm. 80. Por entender que la indemnización recibida mediante un contrato de transacción bajo la Ley Núm. 80 debe recibir el mismo trato contributivo que la indemnización recibida como resultado de un proceso judicial y que la compensación especial por cesantía o por años de servicios (“severance payment”), disiento.

El Juez Presidente señor Hernández Denton disintió sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo