Municipio De Rincón v. Velázquez Muñiz Y Otros

2015 TSPR 52

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 29, 2015
• Docket: CC-2014-429
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de Rincón

Recurrido Certiorari

v. 2015 TSPR 52

Héctor Velázquez Muñiz y otros 192 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2014-429

Fecha: 29 de abril de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Jorge Cajigas Morales

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Tania I. Delgado Corcino Lcdo. Luis E. Meléndez Cintrón

Materia: Procedimiento Civil – Regla 47: Efecto de la presentación de una Moción de Reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia sobre la jurisdicción del foro apelativo.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

MUNICIPIO DE RINCÓN Certiorari Recurrido

v. Núm. CC-2014-0429

HÉCTOR VELÁZQUEZ MUÑIZ Y OTROS

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN

(Regla 50)

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2015.

A pesar de que el recurso de epígrafe se sometió ante

nuestra consideración para dilucidar una controversia

sustantiva surgida en un pleito de expropiación forzosa,

los procesos judiciales previos a su presentación han

puesto de manifiesto un asunto procesal jurisdiccional

sobre el cual este Tribunal no ha tenido la oportunidad de

expresarse luego de la implantación de las nuevas Reglas

de Procedimiento Civil de 2009. Esto es, ¿qué efecto

tiene la presentación oportuna de una moción de

reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia

sobre la jurisdicción de un foro apelativo que tiene bajo

consideración un recurso de apelación o de certiorari

sobre el mismo asunto que le fuera sometido con

anterioridad? Examinemos los hechos pertinentes. CC-2014-0429 2

I

El 10 de marzo de 2014 el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan, dictó Resolución y

Orden en el Caso Núm. KEF-2011-0123, Municipio de Rincón

v. Héctor Velázquez Muñiz, sobre Expropiación Forzosa. La

notificación y el archivo en autos de la copia de la misma

se realizó el 21 de marzo de 2014. Inconformes con la

determinación, el 3 de abril de 2014 Gilberto Velázquez

Sánchez, Héctor Velázquez Muñiz y Jorge O. Cajigas Acevedo

(peticionarios), junto a la sucesión de Rosa María Muñiz,

acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso

de certiorari (KLCE201400435). Casi simultánea y

oportunamente, el Municipio de Rincón (Municipio o

recurrido) presentó una Moción de Reconsideración ante el

Tribunal de Primera Instancia por estar igualmente en

desacuerdo con la decisión de dicho foro.1 El 22 de abril

de 2014 el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud

de Reconsideración.2 Ocho días más tarde, es decir, el 30

de abril de 2014 el Tribunal de Apelaciones denegó la

expedición del recurso de certiorari.3 Las determinaciones

anteriores, las cuales resultaron adversas para ambas

partes, provocaron la presentación de dos peticiones de

certiorari. Una presentada el 27 de mayo de 2014 por el

1 La Moción de Reconsideración se presentó cuatro días más tarde, es decir, el 7 de abril de 2014.

2 Notificada y archivada en autos copia de la misma el 24 de abril de 2014.

3 La Resolución de dicho foro fue notificada y archivada en autos copia de la misma el 8 de mayo de 2014. CC-2014-0429 3

Municipio ante el Tribunal de Apelaciones (KLCE201400692)

y la otra presentada ante nos el 5 de junio de 2014 por

los peticionarios, la cual es objeto del presente escrito.

En desacuerdo con la revisión solicitada ante nos, el

17 de junio de 2014 el Municipio sometió una Moción de

Desestimación al Amparo de la R. 32 (b)(1) del Reglamento

del Tribunal Supremo. Mediante la misma argumentó que,

dado que éste había presentado oportunamente una moción de

reconsideración ante el foro de instancia y, conforme a

los efectos que dicho acto procesal conlleva, el recurso

presentado ante nos por los peticionarios el pasado 5 de

junio de 2014 era prematuro. En consonancia con lo

anterior, el Municipio solicitó que lo desestimáramos por

falta de jurisdicción.

Por otro lado, y bajo un razonamiento opuesto al

anteriormente expresado por el Municipio sobre el asunto

jurisdiccional arriba indicado, el 20 de agosto los

peticionarios nos sometieron una moción en auxilio de

jurisdicción. Por medio de la misma solicitaron la

paralización de los procedimientos en el caso pues,

habiendo un segundo recurso de certiorari pendiente de

resolución ante el Tribunal de Apelaciones

(KLCE201400692), podría resultar en determinaciones

inconsistentes con las que en su día tomara este Foro

sobre el mismo asunto en el presente recurso. Luego de

analizar los planteamientos esgrimidos por ambas partes en

sus respectivos escritos, el 28 de agosto de 2014 emitimos CC-2014-0429 4

una Resolución paralizando los procedimientos en el caso,

con el fin de atender la controversia procesal

jurisdiccional surgida.4

Tal y como hemos reiterado consistentemente, las

cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal, por

ser privilegiadas, deben resolverse con preferencia a

cualesquiera otras. Peerles Oil v. Hnos. Torres Pérez,

4 Es menester mencionar que posteriormente, el Municipio solicitó la reconsideración de nuestra orden de paralización por entender que el asunto objeto del recurso se tornó académico. Ello por razón de que el Municipio obtuvo de la Junta de Planificación la consulta de transacción requerida por el foro primario como requisito indispensable para autorizar la expropiación en controversia. Paralelamente, el Municipio solicitó al Tribunal de Apelaciones la desestimación de su recurso de certiorari (KLCE201400692) por la misma razón antes indicada. El foro apelativo intermedio aceptó el planteamiento y lo desestimó mediante Sentencia emitida el 20 de agosto de 2014, notificada a las partes el 26 de agosto de 2014. En desacuerdo, los peticionarios solicitaron reconsideración de dicho dictamen. Como resultado, tomamos conocimiento judicial de que el 8 de octubre de 2014 el Tribunal de Apelaciones paralizó los procedimientos en dicho recurso, dejando en suspenso la moción de reconsideración de los peticionarios, al ser informados de la paralización decretada por este Foro en el recurso de epígrafe.

No tiene razón el Municipio al argumentar que el presente recurso se ha tornado académico. Nos explicamos. Mediante la Resolución y Orden aquí recurrida, emitida el 10 de marzo de 2014, el Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto una resolución anterior por medio de la cual se le hizo entrega material de la propiedad objeto de expropiación al Municipio, por éste no haber cumplido adecuadamente con todos los requisitos procesales dispuestos en la Regla 58 de Procedimiento Civil, en la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991 y en el Boletín Administrativo Número OE-2004-04. Además, por medio de dicha Resolución y Orden, se declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación instada por los peticionarios en la que alegaban la falta de un fin público que diera lugar a la expropiación en cuestión. No conforme con que el foro de instancia hubiera dejado sin efecto la resolución mediante la cual se le hacía entrega material de la propiedad, el Municipio presentó la Moción de Reconsideración de 7 de abril de 2014, arriba señalada. Por su parte y en desacuerdo con aquella parte de la Resolución y Orden que reconoció la existencia de un fin público, los peticionarios presentaron la petición de certiorari de 3 de abril de 2014 (KCLE201400435).

De la denegatoria de la Moción de Reconsideración, el Municipio presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones (KLCE201400692), impugnando no sólo que el foro de instancia hubiera dejado sin efecto la investidura de título, sino que se le solicitara como requisito para la expropiación la presentación de una consulta de ubicación, en lugar de una consulta de transacción y/o adquisición. Así las cosas, el 23 de mayo de 2014 la Junta de Planificación emitió una resolución mediante la cual autorizó la consulta de transacción sometida por el Municipio. A raíz de lo anterior, el 11 de agosto de 2014 el Municipio solicitó la desestimación del recurso presentado por ellos ante el foro apelativo intermedio (KLCE201400692) por entender que el mismo se había tornado académico. Evaluado y acogido tal planteamiento por parte de dicho foro, el 20 de agosto de 2014 dictó Sentencia desestimando el recurso por academicidad. Es de los anteriores incidentes procesales y determinaciones que el Municipio acudió ante nos mediante Moción de Reconsideración argumentando que el presente recurso se había tornado académico. Sin embargo, de lo previamente intimado se desprende que aunque ambas partes recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones de una misma determinación (es decir, la Resolución y Orden del 10 de marzo de 2014), lo hicieron de diferentes asuntos. Por lo tanto, y contrario a lo que argumenta el Municipio, el hecho de haber obtenido uno de los varios documentos exigidos por el foro primario para dar paso a la expropiación no torna académico el recurso de marras, por medio del cual los peticionarios impugnan el fin público que diera base a la expropiación en cuestión. CC-2014-0429 5

186 DPR 239 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif.

Púb., 183 DPR 1 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F.

Castillo, 169 DPR 873 (2007). Teniendo esto en mente,

expedimos el auto de certiorari solicitado en virtud de la

facultad que nos confiere la Regla 50 del Reglamento de

este Tribunal,5 para atender el asunto jurisdiccional

suscitado, y confirmamos la Resolución emitida por el

Tribunal de Apelaciones el 30 de abril de 2014 por otros

fundamentos. Veamos.

II

A. Moción de Reconsideración

La moción de reconsideración fue introducida

formalmente en nuestra jurisdicción en el 1937 al ser

incorporada en el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904

como un medio para que el tribunal sentenciador modificase

o corrigiese sus determinaciones.6 Lagares v. E.L.A., 144

DPR 601 (1997); H.A. Sánchez Martínez, La reconsideración

de resoluciones u órdenes interlocutorias y de sentencias

finales, 15 (Núm. 3) Rev. Jur. U.I.A. 367, 370 (1981).

Sin embargo, un tiempo antes ya este Tribunal había

reconocido su utilidad en Dávila v. Collazo, 50 DPR 494

(1936). En aquel entonces, expresamos:

5 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 50 (2012).

6 Véase la Ley Núm. 67 de 8 de mayo de 1937, la cual enmendó el Artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA ant. sec. 1251. CC-2014-0429 6

El objeto principal de una moción de reconsideración es dar una oportunidad a la corte que dictó la sentencia o resolución cuya reconsideración se pide, para que pueda enmendar o corregir los errores en que hubiere incurrido al dictarla. Dávila v. Collazo, supra, pág. 503.

Sobre el particular y, aproximadamente sesenta años

más tarde, reiteramos en Lagares v. E.L.A., supra, que el

propósito primordial de la moción de reconsideración es

permitirle al tribunal sentenciador rectificar cualquier

error que haya cometido en sus determinaciones. Véase,

además, Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR

213 (1999). Es decir, la regla reconoce la “facultad

inherente de nuestros Tribunales de corregir sus

providencias”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho

Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones JTS,

2011, T. IV, pág. 1371.

A pesar de los cambios sufridos desde su

incorporación en nuestro ordenamiento jurídico, la Regla

47 de Procedimiento Civil ha tenido como norte que los

jueces ejerzan su facultad, hoy conferida por la Ley de la

Judicatura de 2003, de “[i]nspeccionar y corregir sus

providencias y órdenes con el fin de ajustarlas a la ley y

la justicia”. 4 LPRA sec. 24o(h) (2010).7

De este modo, las anteriores Reglas de Procedimiento

Civil que atendían lo atinente a la reconsideración, le

concedían inicialmente un término de cinco días y,

7 Anteriormente dicha facultad se encontraba contemplada en el inciso 8 del Artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA ant. sec. 44, en el inciso (h) del Artículo 1 de la Ley Núm. 2 de 7 de marzo de 1983 (1983 Leyes de Puerto Rico 6), la cual enmendó la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1952, y en el inciso (h) del Artículo 2.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Plan de Reorganización Núm. 1[a] de 28 de julio de 1994 (1994 Leyes de Puerto Rico 2804). CC-2014-0429 7

posteriormente, un término de diez días al tribunal

sentenciador para que reconsiderara sus determinaciones,

una vez presentada una solicitud a tales efectos. A

partir de las Reglas de Procedimiento Civil de 1958 se

dispuso que si transcurría dicho término sin que el

tribunal hubiese tomado alguna acción con relación a la

moción de reconsideración, se entendía que la misma había

sido rechazada de plano y que el término para recurrir en

alzada no había sido interrumpido.

Específicamente, la Regla 47 de Procedimiento Civil

de 1958 disponía, en lo pertinente:

El Tribunal, dentro de los 5 días de haberse presentado dicha moción, deberá rechazarla de plano o señalar vista para o[í]r a las partes. Si la rechazare de plano, el término para apelar se considerará como que nunca fue interrumpido. Si señalare vista para o[í]r a las partes, el término para apelar empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en autos una copia de la notificación de la resolución del Tribunal resolviendo definitivamente la moción. Si el tribunal dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los 5 días de haber sido presentada, se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano. El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 DPR 791, 794-795 (1965).

En El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra,

interpretando dicha regla, expresamos, no obstante, que

aun cuando la moción hubiera sido declarada sin lugar

dentro del término de cinco días o que se entendiera que

la misma había sido rechazada de plano por el tribunal no

haber actuado dentro de dicho término, el juez

sentenciador no quedaba privado de su facultad para

reconsiderar sus determinaciones si la moción planteaba

una cuestión sustancial y meritoria y en bien de la CC-2014-0429 8

justicia debía señalar una vista para escuchar a las

partes, siempre y cuando no hubiera sido privado de

jurisdicción por haberse interpuesto un recurso de

apelación o revisión, o por haber expirado el término para

recurrir en alzada.

Posteriormente, la Regla 47 de Procedimiento Civil de

1979 aumentó el periodo dentro del cual el tribunal debía

atender la moción de reconsideración a diez días. Sin

embargo, permanecieron inalteradas las demás

disposiciones. Es decir, si el tribunal la rechazaba de

plano se consideraba que el término para acudir en alzada

no había sido interrumpido. En cambio, si el juez tomaba

alguna determinación relacionada a la moción de

reconsideración, es decir, la “consideraba”,8 el término

para recurrir en alzada comenzaría a contar desde la fecha

en que se archivara en autos la copia de la notificación

de la resolución mediante la cual se resolviera

definitivamente la moción. Por otro lado, si el tribunal

no actuaba dentro de los diez días de haber sido

presentada, se entendía que la moción de reconsideración

había sido rechazada de plano. Regla 47 de Procedimiento

Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, R. 47 (Supl. 2009).

8 Hemos establecido que el tribunal ha “considerado” la moción: cuando señala una vista para oír a las partes, le solicita a la parte adversa que exponga su posición por escrito, fundamenta la resolución mediante la cual declara sin lugar la moción o le remite la moción de reconsideración al juez que emitió la sentencia o resolución objeto de la reconsideración cuando éste se encuentra enfermo o de vacaciones, entre otras. Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR 213 (1999); Rodríguez Rivera v. Autoridad Carreteras, 110 DPR 184 (1980). CC-2014-0429 9

Aproximadamente cuatro décadas después de haber

resuelto El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra, pero

en esta ocasión interpretando las Reglas de Procedimiento

Civil de 1979, reiteramos en Caro v. Cardona, 158 DPR 592

(2003), que el tribunal de instancia conservaría

jurisdicción y, por lo tanto, se entendería que el término

para recurrir en alzada había sido interrumpido, siempre

que dicho foro considerara la moción de reconsideración

antes de que transcurriera el término para recurrir en

alzada o antes de que una de las partes presentara un

recurso ante el foro apelativo. Aunque en dicho caso se

trataba de un recurso de apelación, no se hizo distinción

alguna en cuanto al recurso de certiorari. De hecho, al

citar a El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra, se

extendió esta interpretación al recurso de certiorari

textualmente.9

En otras palabras, dado que si la moción de

reconsideración era rechazada de plano, ya fuera mediante

una actuación afirmativa del foro sentenciador o por no

haber actuado dentro del término provisto por la regla, no

se interrumpían los términos para recurrir en alzada,

establecimos jurisprudencialmente que el foro primario

retenía jurisdicción para atender dicha solicitud siempre

9 En esa ocasión, citando a El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 DPR 791 (1965), expresamos lo siguiente:

[E]l Tribunal no queda privado de su facultad para reconsiderar esa actuación suya […] siempre que ya no se le haya […] privado de jurisdicción por razón de haberse interpuesto contra la sentencia un recurso de apelación o de certiorari o no haya expirado el término para interponer dichos recursos. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 597 (2003) (escolio, corchetes y énfasis omitidos; negrillas nuestras). CC-2014-0429 10

y cuando no hubiese transcurrido el término para recurrir

en alzada o no se hubiese presentado un recurso ante el

foro apelativo intermedio.

En el 2009, las Reglas de Procedimiento Civil fueron

objeto de ciertas enmiendas, las cuales incluyeron cambios

significativos a la regla que gobierna las mociones de

reconsideración. En específico, luego de incorporados los

cambios, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 47 (2010),10 lee como sigue:

La parte adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, presentar una moción de reconsideración de la orden o resolución. La parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, presentar una moción de reconsideración de la sentencia. La moción de reconsideración debe exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la parte promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. La moción de reconsideración que no cumpla con las especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” y se entenderá que no ha interrumpido el término para recurrir. Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la moción de reconsideración.

La moción de reconsideración se notificará a las demás partes en el pleito dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla para

10 A menos que se indique lo contrario, toda referencia posterior a las Reglas de Procedimiento Civil se refiere a las de 2009. CC-2014-0429 11

presentarla ante el tribunal de manera simultánea. El término para notificar será de cumplimiento estricto. (Énfasis nuestro).

Uno de los cambios más significativos es aquel

relativo al efecto de la presentación de una moción de

reconsideración oportuna y que cumpla con los requisitos

dispuestos en la regla. Sobre el particular, la regla

provee expresamente que una vez se presente una moción de

reconsideración los términos para recurrir en alzada

quedarán automáticamente suspendidos. J.A. Echevarría

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev.,

2012, pág. 292. Es decir, a diferencia de la regla

anterior en la que el término para recurrir en alzada se

entendía interrumpido únicamente si el tribunal

consideraba la moción, ahora la mera presentación paraliza

automáticamente el término concedido en ley para acudir

ante un tribunal de mayor jerarquía y el mismo comenzará a

decursar una vez resuelta definitivamente la solicitud de

reconsideración.11 Íd. Véase, además, Morales Hernández

v. The Sheraton Corp., 2014 TSPR 70, 191 DPR ____ (2014);

Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1366 y 1371.

Se deroga así, la obligación de examinar si el tribunal la declaró o no ha lugar de plano, bien por acción afirmativa o bien por inacción dentro de los diez (10) días de su presentación. Ya no es necesaria ulterior evaluación de la actuación del tribunal sentenciador a los efectos de considerar si la moción de reconsideración paralizó o no el término, o cu[á]ndo se notificó, si la consideró o no. […] Con esta Reforma se pretende imprimir certeza sobre cuándo el término para recurrir en apelación ha

11 En consonancia, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil ordena en sus incisos (e) y (g) la interrupción de los términos para recurrir en alzada ante la presentación oportuna de una moción de reconsideración. 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (Supl. 2014). CC-2014-0429 12

quedado interrumpido y promover de esta forma la economía procesal, al evitar que la parte perdidosa, ante la incertidumbre que existía de si se había interrumpido el término o no, presente un escrito de apelación que luego, ante las confusas divisiones interpretativas, podría considerarse prematuro o tardío; dependiendo no sólo de la actuación del Tribunal de Primera Instancia, sino cuándo, cómo y si fue o no oportunamente notificada antes de perder su jurisdicción. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1371.

Pero, ¿cómo armonizamos las enmiendas incorporadas a

esta disposición procesal, en específico la que provee

para la interrupción automática del término para recurrir

en alzada, con los efectos que produce la presentación

ante el Tribunal de Apelaciones de una apelación o la

presentación y expedición de una petición de certiorari,

según lo dispuesto en la Regla 52.3 de Procedimiento

Civil? Veamos.

B. Efectos de la Presentación de una Apelación o de un Recurso de Certiorari

La Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.3 (2010), dispone, en su parte pertinente:

(a) Una vez presentado el escrito de apelación, se suspenderán todos los procedimientos en los tribunales inferiores respecto a la sentencia o parte de ésta de la cual se apela, o las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de apelación; pero el Tribunal de Primera Instancia podrá proseguir el pleito en cuanto a cualquier cuestión involucrada en el mismo no comprendida en la apelación. Disponiéndose, que no se suspenderán los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia cuando la sentencia disponga la venta de bienes susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar que dichos bienes sean vendidos y su importe depositado hasta tanto el tribunal de apelación dicte sentencia.

(b) La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los procedimientos ante el tribunal CC-2014-0429 13

recurrido, salvo orden en contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de apelación. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos en el tribunal recurrido, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga lo contrario. . . . . . . . .

Conforme lo anterior, con la mera presentación del

escrito de apelación se suspenden automáticamente ante el

tribunal de instancia todos los procedimientos que están

relacionados con la sentencia o con aquella parte de la

cual se apela.12 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de

Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan,

LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 473. Es

decir, desde ese momento el Tribunal de Primera Instancia

pierde jurisdicción para atender cualquiera de los asuntos

sobre los cuales se está apelando.13 Íd., pág. 474; Colón

y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012).14 Sin embargo,

es importante tener presente que el nombre no hace la

12 Para ello “[e]s necesario que el recurso haya sido debidamente interpuesto y perfeccionado conforme a derecho”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 474.

13 No obstante, el Tribunal de Apelaciones puede emitir una orden, ya sea motu proprio o a solicitud de parte, para que el recurso de apelación no paralice los procedimientos ante el foro apelado. Además, por disposición de la misma regla, la apelación no suspende automáticamente los efectos de una orden de injunction, mandamus, de hacer y desistir, de pago de alimentos, ni de custodia o relaciones filiales. Tampoco se suspenden los procedimientos si la sentencia dispone la venta de bienes susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso se podrá ordenar la venta de los mismos y que su importe sea depositado hasta tanto el recurso de apelación sea resuelto. Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.3 (2010). Véase, además, Hernández Colón, op. cit., pág. 474 y J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., 2012, pág. 313.

14 “De conformidad con la Regla 52.3 (a) de Procedimiento Civil, la presentación de un recurso de apelación de sentencia en un caso civil suspende los efectos de la sentencia apelada en cuanto a las cuestiones comprendidas en la apelación con el pleito; pero mantiene jurisdicción en cuanto a cualquier asunto no comprendido en la apelación. Cualquier cuestión no comprendida en la apelación puede continuar considerándose en el Tribunal de Primera Instancia.” J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1547 (énfasis nuestro). CC-2014-0429 14

cosa.15 Por lo tanto, sólo se atenderá como apelación, con

los consecuentes efectos que produce su presentación,

aquellos recursos en los cuales se recurra de una

sentencia final dictada por el foro primario. Artículo

4.006 de la Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y (2010) (Ley

de la Judicatura de 2003); Regla 52.2 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (Supl. 2014). Para “ello es

necesario examinar la determinación del foro de instancia

para asegurarnos si ésta constituye una resolución

revisable, mediante certiorari o si se trata de una

sentencia, la cual es apelable.” Johnson & Johnson v.

Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 848 (2007) (citas

omitidas). El contenido del escrito y la determinación de

la que se recurre, y no el título, será lo que determinará

su naturaleza. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1526.

La presentación de una petición de certiorari no

produce el mismo efecto en los procedimientos ante el foro

recurrido. Por disposición de la propia regla, la mera

presentación de un recurso de certiorari no suspende los

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia,

salvo orden en contrario emitida por el Tribunal de

Apelaciones. Regla 52.3 de Procedimiento Civil; Regla 35

(A)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 35 (A)(1) (2012); Hernández Colón, op.

cit., pág. 478. A diferencia de lo que ocurre con las

15 Véase, por ejemplo, In re Cruz Aponte, 159 DPR 170, 187 esc. 7 (2003); y Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 127 (1998). CC-2014-0429 15

apelaciones, “el tribunal de mayor jerarquía tiene la

facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Es decir, descansa en la sana discreción

del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado”.16

Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1533-1534 (cita omitida).

Es por dicha incertidumbre, de si finalmente se va a

expedir o no el auto de certiorari solicitado, que se ha

establecido que la mera presentación de dicho recurso no

paraliza los procedimientos ante instancia. Su lógica

radica en que por tratarse de cuestiones interlocutorias,

no siempre es necesario o conveniente detener los

procedimientos en instancia, en especial cuando no están

relacionados con el resto del proceso. Cuevas Segarra,

op. cit., pág. 1546.

Ahora bien, una vez expedido el auto de certiorari se

suspenderán los procedimientos ante el foro primario y

éste pierde jurisdicción sobre los asuntos objeto del

recurso de certiorari.17 Así pues, se requiere una

actuación afirmativa del Tribunal de Apelaciones para que

queden paralizados los procedimientos ante el tribunal

recurrido, salvo orden en contrario. Véase, además, el

inciso (A)(1) de la Regla 35 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones.

16 La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (2012), señala los criterios que debe tomar en consideración el foro apelativo intermedio al expedir un auto de certiorari. Véase, también, Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012).

17 Al igual que como ocurre con la presentación del escrito de apelación, la expedición del auto de certiorari no suspende los efectos de una orden de injunction, de mandamus, de hacer o desistir, de pago de alimentos o de custodia o relaciones filiales, salvo orden en contrario del Tribunal de Apelaciones. CC-2014-0429 16

Una vez se paralizan los procedimientos en el foro de instancia, éste pierde su jurisdicción para continuar atendiendo los asuntos relacionados a las controversias planteadas en el Tribunal de [Apelaciones]. Si el tribunal de instancia resolviese o actuase sobre algún asunto paralizado, dicha actuación sería nula. Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556, 570 (1999).

III

Luego de analizar la normativa vigente en nuestro

ordenamiento jurídico y en aras de armonizar las

disposiciones de las reglas antes discutidas, es forzoso

concluir que el efecto de la presentación de una moción de

reconsideración sobre la jurisdicción del foro de

instancia dependerá de si se ha presentado algún recurso

ante el Tribunal de Apelaciones previamente y del tipo de

recurso de que se trate.

No existe duda alguna que una moción de

reconsideración interpuesta oportunamente y sometida antes

de que se haya presentado algún recurso ante el tribunal

apelativo intermedio, suspenderá los términos para

recurrir en alzada y cualquier recurso apelativo que se

presente previo a su resolución debe ser desestimado por

prematuro.18

Es suficiente ahora la presentación de la moción y todo recurso apelativo antes de su resolución ante el Tribunal Apelativo debe desestimarse por prematuro, ya que para que el Tribunal Apelativo pueda considerar el mismo, es necesario que la determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre la moción de reconsideración sea notificada correctamente a todas las partes como requisito

18 En aras de que el término quede interrumpido automáticamente, además de oportuna, claro está, la moción de reconsideración debe cumplir con los requisitos de especificidad y particularidad expuestos en la Regla 47 de Procedimiento Civil. Morales Hernández v. The Sheraton Corp., 2014 TSPR 70, 191 DPR ____ (2014). CC-2014-0429 17

insoslayable y sine qua non del debido proceso de ley. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1371.

En otras palabras, es menester esperar a que el

Tribunal de Primera Instancia disponga finalmente de la

moción de reconsideración para recurrir al foro apelativo

intermedio.

Bajo este nuevo esquema, […] la parte perdidosa que haya presentado en tiempo una moción de reconsideración no puede apelar la sentencia mientras no se haya resuelto dicha moción, pues la sentencia no se convierte en definitiva o en final hasta que dicha petición haya sido denegada o resuelta de cualquier otra forma, pero de manera afirmativa. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1371.

Por otro lado, si antes de presentarse la moción de

reconsideración una de las partes acude en alzada, la

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia para

atender una moción de reconsideración que se presente

luego dependerá de la naturaleza del recurso. A esos

efectos, es menester examinar minuciosamente los dos

principales recursos apelativos y los distintos escenarios

que se pueden suscitar bajo cada uno de ellos.

En primer lugar, si una de las partes presenta un

recurso de apelación antes de haberse presentado una

moción de reconsideración ante el foro primario, por

disposición expresa de la Regla 52.3 de Procedimiento

Civil, se suspenderán en el Tribunal de Primera Instancia

todos los procedimientos respecto a la sentencia o la

parte de ella de la cual se apela. Esto tiene como

resultado que el tribunal primario quedará privado de su CC-2014-0429 18

facultad de acoger la moción y, por lo tanto, de

reconsiderar su decisión.

Por el contrario, y tomando en cuenta que la mera

presentación de una petición de certiorari no suspende los

procedimientos ante el tribunal recurrido, en la

eventualidad de la presentación de un recurso de esta

naturaleza previo a una solicitud de reconsideración, el

foro primario conservará jurisdicción para atender esta

última, siempre y cuando el Tribunal de Apelaciones no

haya expedido el auto de certiorari antes de presentarse

la moción de reconsideración. Es decir, si dentro de los

15 días provistos en la Regla 47 de Procedimiento Civil

una de las partes presenta un recurso de certiorari ante

el Tribunal de Apelaciones y posteriormente se presenta,

en término, una solicitud de reconsideración ante el foro

de instancia, sin que el auto de certiorari haya sido

expedido, el tribunal primario conservará jurisdicción

para acoger la moción de reconsideración y la petición de

certiorari deberá ser desestimada. En dicho caso, es

imprescindible que la parte que presente oportunamente la

moción de reconsideración acuda ante el Tribunal de

Apelaciones a la brevedad posible para ponerlo al tanto de

dicho acontecimiento y éste pueda actuar en cuanto al

recurso que le fuera presentado como corresponda, según lo

aquí dispuesto. Sin embargo, por disposición de la Regla

52.3 de Procedimiento Civil, si se somete la petición de

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y éste expide CC-2014-0429 19

el auto antes de que se presente una moción de

reconsideración ante el foro primario, este último perderá

jurisdicción desde ese momento y, por consiguiente, la

facultad para atender la solicitud de reconsideración.

Con esta interpretación logramos armonizar el efecto

interruptor automático que provee la nueva Regla 47 de

Procedimiento Civil con los efectos que produce la

presentación y la expedición de los recursos apelativos

ante el Tribunal de Apelaciones, según reconocidos en la

Regla 52.3 del mismo cuerpo legal. Siendo esto contrario

en parte a lo anteriormente resuelto bajo Caro v. Cardona,

supra, en cuanto habíamos expresado que por la mera

presentación de un recurso, ya fuera de apelación o de

certiorari, el Tribunal de Primera Instancia perdía

jurisdicción para considerar una moción de reconsideración

que le fuera sometida, dicho caso queda hoy modificado, a

la luz de la diferencia legislada en la Regla 47 de

Procedimiento Civil de 2009 en cuanto al efecto de la

presentación de una moción de reconsideración.

Por lo tanto, y en consonancia con lo provisto en las

Reglas de Procedimiento Civil de 2009, aclaramos que a

diferencia de lo que ocurre con la presentación de un

recurso de apelación, con el cual quedan automáticamente

suspendidos los procedimientos a nivel de instancia, la

mera presentación de una petición de certiorari no priva

de jurisdicción al foro primario para atender una moción

de reconsideración que ha sido presentada oportunamente. CC-2014-0429 20

En cuanto a la situación particular presentada ante

nos en el presente recurso, y de conformidad con nuestro

ordenamiento y lo hoy expresado, resolvemos que la Moción

de Reconsideración presentada ante el Tribunal de Primera

Instancia por el Municipio el 7 de abril de 2014 paralizó

automáticamente los términos para recurrir en alzada. Por

consiguiente, el Tribunal de Apelaciones debió haber

desestimado el recurso KLCE201400435, iniciado por los

peticionarios, y no debió considerarlo y denegarlo en los

méritos como hizo. Según intimado anteriormente, el auto

de certiorari en dicho recurso no había sido expedido por

el Tribunal de Apelaciones al momento de la presentación

en término de la moción de reconsideración ante el foro

primario, por lo que este último conservaba jurisdicción

para considerar la moción.19

IV

En virtud de la Regla 50 del Reglamento de este

Tribunal y de los principios anteriormente esbozados,

atendidas las mociones de las partes, expedimos el auto de

certiorari solicitado y confirmamos la Resolución emitida

19 La petición de certiorari en cuestión originalmente fue presentada dentro del término dispuesto para ello. No obstante, al momento de presentarse en término la moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia sobre el mismo asunto objeto del recurso de certiorari presentado ante el foro apelativo intermedio, y dado a que a dicha fecha el recurso de certiorari aún estaba pendiente de resolución y no había sido expedido por el Tribunal de Apelaciones (por lo que no había asumido jurisdicción sobre el mismo), dicho foro debía abstenerse de considerar el recurso y desestimar el mismo para permitirle al Tribunal de Primera Instancia disponer apropiadamente de la moción de reconsideración de conformidad con lo provisto en la Regla 47 de Procedimiento Civil. En otras palabras, bajo tales hechos, la intervención del Tribunal de Apelaciones con el recurso de certiorari presentado ante éste ya no era posible una vez presentada oportunamente la moción de reconsideración sobre el mismo asunto objeto del recurso ante el foro de instancia. CC-2014-0429 21

por el Tribunal de Apelaciones el 30 de abril de 2014,

aunque por distintos fundamentos. En consecuencia,

dejamos sin efecto la paralización ordenada y devolvemos

el caso al Tribunal de Primera Instancia para la

continuación de los procedimientos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

MUNICIPIO DE RINCÓN Certiorari

Recurrido

v. Núm.: CC-2014-0429

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 30 de abril de 2014, aunque por distintos fundamentos. En consecuencia, dejamos sin efecto la paralización ordenada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emite las siguientes expresiones, a las cuales se une el Juez Asociado señor Rivera García:

Voto conforme con la Opinión Mayoritaria porque interpreta y aplica correctamente las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Surge claramente del esquema establecido por las Reglas 47 y 52.2(g)(h) de Procedimiento Civil, supra, que la mera presentación de una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones no priva de jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia para considerar una moción de reconsideración presentada oportunamente. Los efectos que pueda tener lo anterior no son producto de la Opinión que hoy emite el Tribunal; son CC-2014-0429 2

consecuencia del texto de las Reglas 47 y 52.2(g) de Procedimiento Civil, supra. No podemos alterar las reglas debido a las inconveniencias que genera la norma legislada. Tampoco es deseable que el mismo asunto dentro del caso se considere a la vez en dos tribunales distintos. Eso es contrario a la economía procesal. Sin embargo, al intentar corregir los problemas de la anterior Regla 47 hemos creado otro, patente en los casos de certiorari interlocutorio como este. El problema que aborda el Tribunal y las opiniones disidentes se corrige eliminando la interrupción automática del término para recurrir por certiorari una vez se presenta una moción de reconsideración en el Tribunal de Primera Instancia. La Regla 47 debería diferenciar los efectos de la presentación de una moción de reconsideración al presentar un certiorari y al apelar. No obstante, no lo hicimos al enviar las reglas a la Asamblea Legislativa. Ahora, según el esquema constitucional, corresponde a la Rama Legislativa enmendar las Reglas 47 y 52.2(g) de Procedimiento Civil, supra, para corregir la anomalía que señalan las opiniones disidentes y promover una solución justa, rápida y económica de los procedimientos ante los tribunales.

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Estrella Martínez disienten mediante opiniones escritas.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2014-429 Certiorari Héctor Velázquez Muñiz y otros

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

No podemos permitir que las normas procesales de nuestro ordenamiento se interpreten de forma tal que se convierta el proceso judicial en un campo minado, en donde las partes se enfrenten en un juego para ver quién cae en una trampa primero.”20

Nuevamente me veo obligada a disentir de una

determinación de este Tribunal relacionada a la

figura de la Moción de Reconsideración que regula

la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

V. Véase, Morales Hernández y otros v. The Sheraton

Corp., 191 D.P.R. ___ (2014), 2014 T.S.P.R. 70,

res. el 28 de mayo de 2014. 20 Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 D.P.R. 184, 194, esc. 3 (2012). CC-2014-0429 2

En esta ocasión, una Mayoría del Tribunal lleva a

cabo una interpretación de esa Regla que tiene el efecto

de trastocar nefastamente el trámite de los casos en

nuestros tribunales inferiores. Hoy se castiga a una parte

que diligentemente acudió al Tribunal de Apelaciones en

los primeros días del término que el ordenamiento le

provee para solicitar la revisión de una determinación del

Tribunal de Primera Instancia. En el camino, una Mayoría

del Tribunal fomenta el que los abogados esperen hasta el

último día para presentar sus recursos apelativos, abre

paso para premiar tácticas de litigación que atrasen los

casos ante los tribunales y le quita toda eficacia a la

Regla 1 de Procedimiento Civil que exige que interpretemos

ese cuerpo reglamentario “de forma que garanticen una

solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”.

Finalmente, en su aplicación la decisión mayoritaria

representa una enmienda a los términos que proveen las

Reglas de Procedimiento Civil para presentar recursos de

certiorari en el Tribunal de Apelaciones. Como veremos, a

partir de hoy ese término es de quince (15) días.21

In limine, debo expresarme brevemente en cuanto al

proceder que utilizó una Mayoría del Tribunal para emitir

la Opinión que antecede. La Regla 50 del Reglamento de

21 Los hechos de la controversia ante nos están correctamente resumidos en la Opinión del Tribunal, por lo que no los repetiré en este disenso. CC-2014-0429 3

este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, nos provee un

mecanismo extraordinario para prescindir de términos

específicos en un caso y proceder a resolverlo en aras de

servir los mejores intereses de las partes involucradas.

En ocasiones hemos hecho uso de esa disposición para

resolver casos que involucran cuestiones de alto interés

público. Véase por ejemplo, Orraca López, en

representación del menor GRO v. E.L.A, et als., 192 D.P.R.

___ (2014), 2014 T.S.P.R. 139, res. el 10 de noviembre de

2014.

No obstante, en el caso de autos el Municipio de

Rincón presentó una Moción de Desestimación al Amparo de

la R.32(b)(1) del Reglamento del Tribunal Supremo en la

que se limitó a argumentar que el recurso de certiorari

presentado por el peticionario de epígrafe era prematuro

por razón de un asunto procesal. En vez de limitarse a

disponer de esa moción mediante una Resolución, la Mayoría

del Tribunal optó por utilizar el mecanismo extraordinario

de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, supra,

para pautar una norma de Derecho en cuanto a un asunto

procesal que solo trajo a colación la parte recurrida

mediante una Moción de Desestimación. Las partes no

tuvieron oportunidad de presentar alegatos para

ilustrarnos en cuanto a la controversia que hoy resuelve

una Mayoría del Tribunal. CC-2014-0429 4

Ante ese escenario, me parece desacertado que

utilicemos el mecanismo extraordinario de la Regla 50 de

este Tribunal para disponer de una Moción de Desestimación

presentada por una parte en el caso de referencia. Soy del

criterio que pautar una norma de Derecho sin que las

partes ni siquiera lo hayan solicitado ni hayan tenido la

oportunidad de exponer profundamente sus posiciones

mediante sus respectivos alegatos es un proceder

problemático. La Opinión Mayoritaria pauta una norma que

obliga a los tribunales inferiores y, como veremos, tiene

el efecto de alterar los términos para recurrir en alzada

al foro apelativo intermedio, por lo que como mínimo

debimos contar con el beneficio de la argumentación de las

partes antes de emitir una Opinión que altera el estado de

Derecho en nuestra jurisdicción. Además, y a diferencia de

otros casos, no nos encontramos ante una situación de alto

interés público sino ante una controversia puramente

procesal, por lo que no comparto el criterio mayoritario

de disponer prematuramente de este asunto a través del

mecanismo extraordinario de la Regla 50 de este Tribunal,

supra, sin contar con los alegatos de las partes.

En cuanto a los méritos de la controversia procesal

que decidió atender el Tribunal, debo reconocer que la

lectura de la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, que CC-2014-0429 5

realiza la Mayoría es compatible con el texto de la Regla.

El problema es que esa es solo una de las posibles

interpretaciones y, de acuerdo a la Regla 1 de

Procedimiento Civil, supra, estamos llamados a interpretar

ese cuerpo reglamentario de forma tal que se promueva la

solución justa, rápida y económica de las controversias

ante nuestros tribunales.22 Mi diferencia de criterio con

la mayoría del Tribunal es que su interpretación

lamentablemente castiga a una parte diligente en un

pleito, lo que la hace una determinación injusta, fomenta

tácticas de litigio dilatorias, lo que la convierte en una

opinión que tolera el atraso de los casos y el

encarecimiento de los litigios en Puerto Rico. En otras

palabras, es un ataque frontal a la Regla 1 de

Procedimiento Civil, supra.

En esencia, son tres (3) factores los que me impiden

emitir un voto de conformidad con la Opinión que antecede.

Primero, la situación procesal ocurrida en el caso de

autos es una extraordinaria ya que son mínimas las

ocasiones en que las partes en un pleito recurren al foro

apelativo intermedio antes del término de treinta (30)

días que proveen las Reglas de Procedimiento Civil para 22 En ese sentido, véase la Opinión Disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez, págs. 4-5, en la que se discute otra interpretación del texto de la Regla 47 de Procedimiento Civil, 4 L.P.R.A. Ap. V, que va más acorde con la Regla 1 de Procedimiento Civil, supra, y que evita prácticamente todos los problemas que ocasiona la norma pautada hoy por una Mayoría del Tribunal. CC-2014-0429 6

presentar recursos apelativos. Por lo tanto, la Mayoría

del Tribunal pauta una norma mediante el mecanismo

extraordinario de la Regla 50 de este Tribunal para un

asunto sui generis que difícilmente se repetirá y que

causará un disloque procesal en los pocos casos en que sí

aplique.

Segundo, considero problemático que la Mayoría del

Tribunal ordene que el Tribunal de Apelaciones tenga que

“desestimar” un recurso de certiorari presentado dentro

del término para ello. ¿Qué razón de Derecho ofrece la

Mayoría para ordenar la desestimación de un recurso de

certiorari presentado dentro del término que proveen las

Reglas de Procedimiento Civil? Ciertamente no debería ser

porque el recurso es “prematuro” ya que, según nuestros

precedentes, un recurso solo es “prematuro” si se presenta

antes de que el foro apelativo tenga jurisdicción. Véase,

Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153 (1999);

Hernández v. Marxuach Cont. Co., 142 D.P.R. 492 (1997).

Como vimos, en nuestro ordenamiento, la Regla 52.2(b) de

Procedimiento Civil, supra, le provee a las partes un

término de treinta (30) días para recurrir al foro

apelativo intermedio para revisar asuntos a través de un

recurso de certiorari. El que una parte decida hacer uso

de su derecho a recurrir al Tribunal de Apelaciones de

manera rápida no convierte su recurso en uno “prematuro” CC-2014-0429 7

ya que el propio texto de la Regla 52.2(b) de

Procedimiento Civil permite a las partes presentar sus

recursos de certiorari en cualquier momento de los treinta

(30) días del término. Por ello, mucho menos puede

concluirse que la presentación posterior de una Moción de

Reconsideración de una parte “convierte en prematuro” un

recurso de certiorari presentado ante el foro apelativo

intermedio por la otra parte. Por ello, no me queda claro

bajo qué fundamento de Derecho la Mayoría del Tribunal

ordena la desestimación de recursos de certiorari

presentados dentro del término aplicable. Me temo que,

tímidamente y entre líneas, la Mayoría del Tribunal lo que

realmente quiere decir es que un recurso presentado a

tiempo, de alguna forma, se convirtió en “prematuro” en el

camino.

Por último, y unido a lo anterior, me preocupa que la

norma que hoy se anuncia tiene el efecto, en su

aplicación, de reducir el término para presentar recursos

de certiorari al Tribunal de Apelaciones de treinta (30) a

quince (15) días. Me explico. Según lo Opinión

Mayoritaria, las partes ahora tendrán que cruzarse de

brazos y “mirarse” durante los primeros quince (15) días

del término, ya que si presentan sus recursos de

certiorari dentro de esos primeros quince (15) días, la

otra parte “se lo convertirá en prematuro” con meramente CC-2014-0429 8

presentar una Moción de Reconsideración ante el foro de

instancia al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil.

Por lo tanto, en realidad de hoy en adelante las partes

solo podrán recurrir mediante un recurso de certiorari al

foro apelativo intermedio luego del día quince (15) del

término provisto en la Regla 52.2(b) de Procedimiento

Civil, supra.

Considero que con ese proceder se trastoca nuestro

ordenamiento al validar interpretaciones procesales que

atrasan la resolución de las controversias. Además,

recordemos que las partes pagan aranceles por estos

recursos de certiorari que de hoy en adelante podrán

convertirse en “prematuros” si una parte presenta una

Moción de Reconsideración ante el foro de instancia. Es

decir, la parte que fue diligente y presentó su recurso de

certiorari de manera rápida se ve penalizada ya que la

otra ostenta una “bala mágica” para “destruir” ese recurso

a través de una Moción de Reconsideración en el día quince

(15). Lamento que una Mayoría de este Tribunal avale ese

tipo de mecanismo procesal. Ciertamente, el texto de la

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, no nos obliga a

llegar a ese resultado.

En fin, no puedo prestar mi voto para

interpretaciones reglamentarias que castigan a la parte CC-2014-0429 9

diligente en un pleito. La norma que hoy se pauta es

lamentable. Si usted es un abogado que se preocupa por su

cliente, que tiene una necesidad particular de que un foro

apelativo revise al foro de instancia rápidamente, sepa

que de hoy en adelante debe quedarse sentado en su oficina

y observar los días del calendario pasar. Solo si la otra

parte del pleito no presenta una Moción de Reconsideración

en los primeros quince (15) días que usted tiene parar

recurrir al foro apelativo puede usted entonces resumir

sus esfuerzos y presentar un recurso de certiorari. A la

misma vez, si usted es un abogado que desea ponerle trabas

procesales a la otra parte, y le notifican que este acudió

en certiorari al foro apelativo intermedio en los primeros

días del término, ríase y espere al día quince (15) para

presentar una Moción de Reconsideración por el asunto que

sea. De esa manera, usted hará uso de la “bala mágica”

avalada por este Tribunal que “convierte en prematuros”

los recursos de certiorari presentados dentro del término

pertinente.

Ante la obstinación de este Tribunal por continuar

interpretando la figura de la Moción de Reconsideración de

forma tal que afecte el procedimiento ordinario de los

tribunales, es hora de que la Asamblea Legislativa

enmiende la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, para

salvar a las partes de las interpretaciones lamentables CC-2014-0429 10

que este Tribunal ha realizado en los últimos meses.

Véase, Morales Hernández y otros v. The Sheraton Corp.,

supra.

Por todo lo anterior, disiento.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2014-429 Certiorari

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2015.

La Mayoría de este Tribunal hoy se ocupa de

una situación procesal atípica que surge

únicamente cuando se presenta una moción de

reconsideración ante el Tribunal de Primera

Instancia posterior a que una de las partes

acudiera previamente mediante un recurso

apelativo ante el Tribunal de Apelaciones.

En lo particular, concluye que si el

recurso apelativo interpuesto fue una petición

de certiorari, el Tribunal de Apelaciones vendrá

obligado a desestimar automáticamente el recurso

oportunamente instado, con el fin de que el

Tribunal de Primera Instancia atienda la CC-2014-429 2

moción de reconsideración interpuesta a tiempo. Difiero

de tal proceder.

En el caso de autos, el asunto dirimido se plantea

al atender la Moción de Desestimación al Amparo de la R.

32 (b)(1) del Reglamento del Tribunal Supremo presentada

por el Municipio de Rincón. En ésta cuestionó la

jurisdicción de este Tribunal y solicitó la desestimación

del recurso presentado ante nos por entender que el mismo

era prematuro.23 El fundamento para tal argumento consiste

en que el Municipio de Rincón sostiene que la moción de

reconsideración presentada por éste, con posterioridad a

que se interpusiera el recurso de certiorari ante el

Tribunal de Apelaciones, tuvo el efecto de convertir la

petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en

un recurso prematuro.

Ante tal alegación, este Tribunal está obligado a

realizar una determinación procesal jurisdiccional antes

de atender los méritos de la petición presentada. Ahora

bien, ello no significa que tenga que hacerse mediante

23 Posteriormente, ante la presentación de una moción en auxilio de jurisdicción por los peticionarios, la Sala de Verano compuesta por su Presidenta, la Jueza Presidenta señora Fiol Matta, el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez emitió Resolución el 28 de agosto de 2014 paralizando los procedimientos hasta que este Tribunal dispusiera otra cosa. La Jueza Presidenta señora Fiol Matta hizo constar que proveería No Ha Lugar a la moción en auxilio de jurisdicción y a la petición de certiorari. CC-2014-429 3

una Opinión creando un precedente, máxime ante las

repercusiones adversas que tendrá la norma pautada.

Razono que en este tipo de casos pautar una norma

mecánica y uniforme no resulta práctica, ya que no se

podrá atender la multiplicidad de escenarios procesales

que pueden suscitarse. Incluso, podría afectar la

adecuada administración de los procesos ante las salas

del Tribunal de Primera Instancia. Más aún, atenta y

limita innecesariamente la facultad discrecional del

Tribunal de Apelaciones para dirimir los criterios al

expedir o denegar un recurso de certiorari. Más

importante aún, sin considerar que se podrían provocar

resultados injustos a partes que han actuado

diligentemente.

No obstante lo anterior, una vez la Mayoría de este

Tribunal decide emitir un precedente, es mi obligación

señalar una serie de preocupaciones en cuanto al

resultado al que hoy se llega por este Tribunal. Así

procedo.

Estoy de acuerdo con la exposición y análisis de

derecho que se hace en cuanto a varios de los aspectos

expuestos en la Opinión Mayoritaria. A estos efectos,

coincido con el examen que hace la Mayoría de este

Tribunal sobre el hecho de que una moción de

reconsideración presentada conforme dispone la Regla 47

interrumpe automáticamente el término para acudir en CC-2014-429 4

alzada. Sobre este particular, es imperativo recordar que

los casos atendidos por este Tribunal interpretando la

anterior Regla 47 de Procedimiento Civil tienen en común

que la moción de reconsideración fue instada antes de que

se presentara un recurso apelativo ante el foro

intermedio. Por ello, las enmiendas introducidas en el

2009 a la Regla 47 de Procedimiento Civil deben ser

examinadas a la luz de esa realidad. Así las cosas, se

enmendó la Regla 47 para establecer que su presentación

interrumpiría automáticamente los términos “para recurrir

en alzada”, siempre que se cumplan con los requisitos de

forma. Ello, con el fin de atender los problemas

prácticos que creó la jurisprudencia interpretativa

aludida. De esta manera, se eliminaron las controversias

de cómo y cuándo se debe entender acogida la moción de

reconsideración para fines de la interrupción del plazo

para apelar. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho

2011, T. IV, pág. 1366.

Ahora bien, la referida regla no dispone qué sucede

cuando se ha presentado un recurso apelativo ante el

Tribunal de Apelaciones antes de que se presentara la

moción de reconsideración. Ello, pues recordamos que la

paralización automática de la Regla 47, supra, es clara

en cuanto dispone que “una vez presentada la moción de

reconsideración quedarán interrumpidos los términos para

recurrir en alzada para todas las partes”. (Énfasis CC-2014-429 5

suplido.) Al así disponer, es claro que ésta no puede

interrumpir lo que ya fue presentado ante el Tribunal de

Apelaciones. Tampoco fue concebida para estos efectos.

Por tanto, la referida regla no tiene el alcance que

persigue introducir la Mayoría.

Ante esa realidad, la Opinión Mayoritaria recurre a

la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

52.3. Al así hacerlo, interpreta correctamente que el

Tribunal de Primera Instancia pierde jurisdicción para

atender una moción de reconsideración interpuesta

posterior a la presentación de un recurso de apelación

ante el Tribunal de Apelaciones sobre aquellos asuntos

sobre los cuales se está apelando. Asimismo, estoy

conforme con que la presentación de un recurso de

certiorari no conlleva el mismo efecto. De igual forma,

coincido que cuando el recurso de certiorari presentado

con anterioridad a la moción de reconsideración fue

expedido, o el Tribunal de Apelaciones motu proprio o a

solicitud de parte ha suspendido los procedimientos ante

el tribunal recurrido, éste también pierde jurisdicción

sobre los asuntos objeto del recurso de certiorari. Véase

Regla 52.3(b) de las de Procedimiento Civil de 2009,

No obstante, discrepo con relación a que cuando el

Tribunal de Apelaciones no ha expedido o suspendido los

procedimientos, éste venga obligado a desestimar

automáticamente el recurso de certiorari presentado por CC-2014-429 6

razón de la presentación posterior de la moción de

reconsideración. Me explico.

En el caso de autos, no debe haber duda de que

cuando la petición de certiorari fue presentada no

existía una moción de reconsideración que interrumpiera

el término para ir en alzada. Ante tal realidad, no debe

desestimarse un recurso de certiorari presentado antes de

ser interpuesta una moción de reconsideración que

paralizara los términos para ir en alzada y dentro del

término jurisdiccional de treinta días, contados desde el

archivo en autos de copia de la notificación de la

sentencia o resolución recurrida, según provisto por la

Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

52.2 (b). Es por esta razón que la Opinión Mayoritaria

reconoce que el Tribunal de Apelaciones tiene facultad

para expedirlo o paralizar los procesos y que con ello

priva al Tribunal de Primera Instancia de su jurisdicción

para atender la moción de reconsideración posteriormente

presentada. Por tanto, el recurso de certiorari no puede

ser prematuro como se intima de la Opinión. Como es

sabido, lo crucial para determinar si un recurso es

prematuro es su fecha de presentación. Pueblo v. Santana

Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). Es prematuro lo que

ocurre antes del tiempo, es decir, un recurso prematuro

es aquel que se presenta en la secretaría del tribunal

apelativo antes de que éste tenga jurisdicción. Véanse,

Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153 (1999);

Hernández v. Marxuach Cont. Co., 142 DPR 492 (1997). CC-2014-429 7

Claro está, como el Tribunal de Apelaciones no ha

expedido el recurso de certiorari ni paralizado o

suspendido los procedimientos ante el Tribunal de Primera

Instancia, nada impediría que el foro primario pueda

entender en la moción de reconsideración. Sin embargo,

ello no equivale a que el Tribunal de Apelaciones esté

obligado a desestimar el recurso y que la parte que

acudió diligentemente sea privada mecánica y

automáticamente de que el foro apelativo intermedio

dirima si procede o no atender en los méritos el asunto

ante su consideración.

La Opinión Mayoritaria de este Tribunal propone que

cuando se presenta una moción de reconsideración

posterior al recurso de certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones y éste no ha expedido o paralizado los

procedimientos, el foro apelativo intermedio

automáticamente desestime el recurso de certiorari

incoado. Al así hacerlo, imponen a la parte litigante que

promueve la moción de reconsideración el vago e impreciso

deber de informar al Tribunal de Apelaciones, “a la

brevedad posible”, para ponerlo al tanto de dicho

acontecimiento de tal forma que el foro intermedio pueda

actuar como corresponda, según lo establecido en la

Opinión que hoy se emite.

La inquietud que permea con tal proceder radica en

que dejamos al arbitrio de la parte litigante si cumple o

no con esta disposición sin considerar que su CC-2014-429 8

incumplimiento podría conllevar consecuencias nefastas

que limiten el acceso de una parte a los tribunales o la

oportunidad de un remedio a tiempo por ese automatismo.24

Igualmente, la Mayoría obvia que la práctica y el trámite

ordinario no garantizará que la moción informativa sea

referida al despacho de los paneles del Tribunal de

Apelaciones para su pronta atención y se afecten los

derechos de los otros litigantes por el trámite de ésta.

Incluso, que durante este proceder se crucen las

determinaciones de ambos foros en menoscabo de alguna de

las partes. Además, la desestimación del recurso conlleva

un gasto innecesario de aranceles a la parte que acudió

diligentemente para que se atendiera su reclamo.

Debido a la complejidad de las situaciones que

pueden surgir, reitero que no hubiese establecido una

norma rígida y automática para disponer de la

controversia. Empero, una vez una Mayoría de este

Tribunal crea el precedente, me corresponde esgrimir que

lo más prudente sería que, en aquellos casos donde esté

pendiente un recurso de certiorari presentado con

anterioridad a una moción de reconsideración sin que haya

sido expedido o paralizado los procedimientos, el

24 A modo de ejemplo en aquellas circunstancias en que no se paralizan los efectos de la determinación (injunction, mandamus, cese y desista, pago de alimentos, custodia o relaciones filiales) o cuando la moción de reconsideración no cumpla con los requisitos para ello, se puede privar a la parte que compareció dentro del término para presentar el recurso de certiorari de que el Tribunal de Apelaciones actúe sobre éste. CC-2014-429 9

Tribunal de Apelaciones sea el que ausculte caso a caso

si procede un ejercicio de prudencia judicial para no

intervenir en el asunto ante su consideración.25

Por todo lo anterior, disiento del curso de acción

adoptado por una Mayoría, ya que hubiera declarado No Ha

Lugar la Moción de Desestimación al Amparo de la R.

32(b)(1) del Reglamento del Tribunal Supremo presentada

por el Municipio de Rincón. Así las cosas, hubiese

atendido el recurso de certiorari presentado ante este

Tribunal para determinar si procedía expedirlo o

denegarlo, a la luz de las múltiples repercusiones e

25 El Tribunal de Apelaciones tiene mecanismos para incluso proveer un archivo administrativo del recurso de certiorari como sucede, por ejemplo, en la paralización automática por la Ley de Quiebras. Otra alternativa, que se debió considerar es atender la laguna procesal mediante una norma análoga a la dispuesta en la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil. Mediante ésta, se dispone expresamente que mientras esté pendiente una apelación o certiorari de una resolución final, el tribunal apelado no podrá conceder ningún remedio a menos que, de éste determinar que está dispuesto a conceder el remedio, obtenga previamente permiso para ello del Tribunal de Apelaciones. Aunque ciertamente la Regla 49.2 está dirigida a los procesos una vez dictada sentencia, considero que pudimos auscultar la adopción de una interpretación análoga de una norma similar a situaciones como la de autos. Esta alternativa podría propiciar un control y coordinación más efectiva del caso por los tribunales en lugar de dejar ello al ardid de la litigación. A su vez, le reconoce a cada uno de los foros la potestad de ejercer su poder jurisdiccional, mientras se brinda la oportunidad al foro de instancia de corregir cualquier error que entienda cometió al dictar la resolución. CC-2014-429 10

interrogantes aquí expuestas, las cuales no encuentran

respuesta en la Opinión Mayoritaria.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado