Morales Hernández Y Otros v. the Sheraton Corporation

2014 TSPR 70

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: May 28, 2014
• Docket: CC-2012-835
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Morales Hernández y otros

Peticionarios Certiorari

v. 2014 TSPR 70

The Sheraton Corporation h/n/c 191 DPR ____ ITT Sheraton Corporation

Recurrido

Número del Caso: CC-2012-835

Fecha: 28 de mayo de 2014

Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, Panel III

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Carlos J. Morales Bauzá Lcdo. Luis r. Mellado González

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Harold D. Vicente- Colón Lcdo. Sergio E. Criado

Materia: Procedimiento Civil – Reglas 47 y 43 2 de Procedimiento Civil: requisitos que debe cumplir la Moción de Reconsideración para poder interrumpir el término apelativo.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionarios

v. CC-2012-835

The Sheraton Corporation h/n/c ITT Sheraton Corporation

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2014.

¿Interrumpió el término para apelar la moción

de reconsideración y determinaciones de hechos

adicionales que presentaron los peticionarios?

Luego de analizar con detenimiento la controversia,

contestamos en la afirmativa. Por los fundamentos

que elaboramos a continuación, revocamos el

dictamen del Tribunal de Apelaciones y devolvemos

el caso a ese foro para que lo atienda en sus

méritos.

I

Este caso se remonta a una demanda sobre cobro

de salarios instada por el señor José Morales CC-2012-835 2

Hernández y otros el 23 de junio de 1983. En esa demanda

se intentaba obtener una indemnización por los salarios

dejados de percibir por horas de almuerzo trabajadas y no

pagadas. Los peticionarios trabajaban como croupiers para

un hotel operado por Sheraton Puerto Rico Corp. Hasta el

22 de noviembre de 1978, el dueño de las acciones de la

hospedería lo era Sheraton Puerto Rico Corporation h/n/c

Puerto Rico Sheraton Hotel, cuya compañía matriz era The

Sheraton Corporation. Surge que mediante el contrato de

compra de acciones titulado Stock Purchase Agreement, la

corporación matriz, The Sheraton Corporation vendió a San

Juan Hotel Associates las acciones de la subsidiaria,

Sheraton Puerto Rico Corporation. Entonces, San Juan Hotel

Associates cambió el nombre de Sheraton Puerto Rico

Corporation a San Juan Dupont Plaza Corporation y continuó

haciendo negocios bajo el nombre de Dupont Plaza San Juan

Hotel.

El 7 de julio de 1997, el foro primario emitió una

sentencia en contra de San Juan Dupont Plaza Corporation

h/n/c Dupont Plaza San Juan Hotel, y le condenó a pagar

una indemnización de $605,397.66 por los salarios dejados

de pagar y $75,674.70 por honorarios de abogado. Sin

embargo, antes de poder cobrar la sentencia, San Juan

Dupont Plaza Corporation h/n/c Dupont Plaza San Juan Hotel

instó un procedimiento de quiebras que resultó en su

insolvencia para responder por la cantidad adjudicada

judicialmente. CC-2012-835 3

A los fines de poder cobrar su acreencia, el 11 de

noviembre de 2003, el señor Morales Hernández y otros

presentaron la demanda que nos ocupa contra The Sheraton

Corporation, compañía matriz de la hoy denominada San Juan

Dupont Plaza Corp. (antes The Sheraton Puerto Rico

Corporation). Alegaron, entre otras cosas, que ella era

responsable parcialmente por la indemnización concedida en

la sentencia de 7 de julio de 1997, toda vez que, en

virtud del contrato de compra de acciones se comprometió a

pagar los salarios y otros beneficios a los empleados de

la corporación desde el 24 de enero de 1977 hasta el 23 de

noviembre de 1978. Posteriormente, el señor Morales

Hernández y otros enmendaron la demanda para incluir como

parte demandada a Starwood Hotel & Resort Co. (Starwood

Hotel), como dueña actual de las acciones de The Sheraton

Corporation.

Luego de diversos trámites procesales, Starwood Hotel

presentó una moción de desestimación por prescripción. En

síntesis, alegó que la acción estaba prescrita debido a

que las reclamaciones de salarios caducaron al transcurrir

los tres años que dispone el Art. 1867 del Código Civil,

31 LPRA sec. 5297, para esa clase de acciones. El señor

Morales Hernández y otros presentaron una oposición en la

que adujeron que la causa de acción no surge de una

relación patrono-empleado, sino de un contrato suscrito

entre The Sheraton Corporation y San Juan Hotel

Associates. Además, argumentaron que en ese contrato se CC-2012-835 4

creó una estipulación a favor de tercero al pactar The

Sheraton Corporation se haría cargo del pago de los

posibles salarios adeudados hasta el 23 de noviembre de

1978. De esa forma, alegaron que la causa de acción no

estaba sujeta al término trienal del Código Civil, sino al

quincenal dispuesto para las reclamaciones personales que

no tengan término especial. Art. 1864 del Código Civil, 31

LPRA sec. 5294.

Starwood Hotels replicó a la oposición presentada por

el señor Morales Hernández y otros. Expuso que no le es

oponible la sentencia dictada en 1997 ya que no fue parte

de ese pleito. Además, adujo que cualquier reclamación

habida entre The Sheraton Corporation y San Juan Hotel

Associates quedó extinguida en virtud de la Settlement

Order No. 162 emitido por la Corte Federal para el

Distrito de Puerto Rico, en la que The Sheraton

Corporation fue relevada de cualquier reclamación de

salario fundamentada en violación de las leyes laborales.

El señor Morales Hernández y otros comparecieron

nuevamente y reiteraron su reclamación en virtud del

contrato de compra de acciones. En cuanto a la orden

federal, los peticionarios adujeron que esta no les

aplicaba, ya que ellos no fueron parte en aquel pleito.

El 22 de septiembre de 2010, el foro primario emitió

una sentencia sumaria mediante la cual declaró la demanda

sin lugar. Entre otras cosas, concluyó que el contrato de

compra de acciones no tuvo el alcance de formular una CC-2012-835 5

estipulación a favor de tercero. Fundamentó esa conclusión

en que no surgía del acuerdo la intención de las partes de

conceder al señor Morales Hernández y otros el derecho a

reclamar el cumplimiento de lo acordado, elemento esencial

para que el contrato se considere en beneficio de

terceros. Por el contrario, ese tribunal determinó que la

cláusula N del referido contrato configuró una limitación

al reclamo de salarios hecho por el señor Morales

Hernández y otros, al pactarse que San Juan Hotel

Associates no respondería de manera alguna por tales

reclamaciones.

La sentencia del foro primario se notificó el 27 de

septiembre de 2010. El señor Morales Hernández y otros

presentaron el 13 de octubre de 2010 una ―Moción de

reconsideración y determinaciones de hechos adicionales‖

en la que insistieron en sus alegaciones sobre la

obligación contractual asumida por The Sheraton

Corporation a favor de tercero. Esta última, a su vez,

presentó una oposición a la moción de reconsideración en

la que alegó que los fundamentos esbozados en la petición

no satisfacían los criterios de la Regla 47 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, por limitarse a

repetir la teoría ya evaluada y adjudicada por el foro

primario.

Consideradas las posturas de las partes, el 6 de

diciembre de 2010, el foro primario emitió una resolución

en la que expuso que, luego de evaluar las mociones CC-2012-835 6

presentadas por las partes, se declaraba no ha lugar la

moción de reconsideración y de determinaciones de hechos

adicionales que presentaron el señor Morales Hernández y

otros.

Inconforme, el 5 de enero de 2011, el señor Morales

Hernández y otros acudieron ante el foro apelativo

intermedio mediante un recurso de apelación. Starwoods

Hotel presentó una moción de desestimación por falta de

jurisdicción en la que alegó que la moción de

reconsideración instada ante el foro primario no

interrumpió el término para apelar. Inicialmente, el foro

apelativo intermedio declaró la moción no ha lugar el 16

de mayo de 2011. Sin embargo, el 27 de junio de 2012, ese

tribunal emitió una sentencia en la que desestimó el

recurso apelativo por falta de jurisdicción. Determinó el

Tribunal de Apelaciones que la moción de reconsideración y

en solicitud de determinaciones de hechos adicionales no

cumplió cabalmente con lo requerido por las Reglas de

Procedimiento Civil. En particular, expresó que una mera

repetición de las teorías adjudicadas mediante la

sentencia que se impugna no es suficiente para cumplir con

las Reglas 43 y 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Además, sostuvo que el señor Morales Hernández y otros

debieron presentar nueva prueba o formular nuevos

argumentos para establecer claramente su derecho a la

reconsideración del dictamen. Por tanto, el foro apelativo

intermedio concluyó que la moción de reconsideración no CC-2012-835 7

tuvo el efecto de interrumpir los términos para recurrir

en alzada porque no cumplió con los requisitos

establecidos en las reglas procesales aplicables.

En desacuerdo, el señor Morales Hernández y otros

acudieron ante este Tribunal y presentaron una petición de

certiorari. Sostienen que el Tribunal de Apelaciones erró

al desestimar la apelación por falta de jurisdicción. En

esencia, plantean que la moción de reconsideración y

determinaciones de hechos adicionales interrumpió el

término para apelar la sentencia del foro primario.

El 31 de mayo de 2013, este Tribunal expidió el auto

de certiorari. En su alegato, Starwoods Hotel reitera su

postura de que la moción de reconsideración y

determinaciones de hechos adicionales de 13 de octubre de

2010, era frívola y no interrumpió el término para apelar.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

pasamos a resolver la controversia procesal que nos ocupa.

II

En lo pertinente, la Regla 47 de Procedimiento Civil,

supra, dispone:

La parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, presentar una moción de reconsideración de la sentencia.

La moción de reconsideración debe exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la parte promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. CC-2012-835 8

La moción de reconsideración que no cumpla con las especificidades de esta regla será declarada ‗sin lugar‘ y se entenderá que no ha interrumpido el término para recurrir.

Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la moción de reconsideración.

En términos generales, una moción de reconsideración

permite que la parte afectada por un dictamen judicial

pueda solicitar al tribunal que considere nuevamente su

decisión, antes de recurrir al Tribunal de Apelaciones.

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 24

(2011); Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR

213, 217 (1999). La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra,

establece un término de quince días para la presentación de

la moción de reconsideración. Si se trata de sentencias el

término es jurisdiccional, mientras que es de cumplimiento

estricto si se trata de resoluciones y órdenes. Íd.

De conformidad con la actual Regla 47 de Procedimiento

Civil, supra, una vez se presenta una moción de

reconsideración de manera oportuna y fundamentada, se

interrumpe el término para recurrir al foro apelativo

intermedio. Ese término comienza a decursar nuevamente

―desde la fecha en que se archiva en autos copia de la

notificación de la resolución resolviendo la moción de

reconsideración‖. Regla 52.2(e)(2) de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V. Véanse, además, Plan Salud Unión v. Seaboard CC-2012-835 9

Sur. Co., 182 DPR 714, 719 (2011); Insular Highway v.

A.I.I. Co., 174 DPR 793, 805 (2008); Lagares v. E.L.A., 144

DPR 601, 613 (1997).

La Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA

Ap. III, fue enmendada en el 2009 para disipar una de las

controversias que más frecuentemente se planteaban en los

tribunales, a saber, cuándo debía entenderse interrumpido

el término para recurrir, apelar o acudir en revisión una

vez se presentaba una oportuna moción de reconsideración.

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor

Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil,

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 2008,

pág. 551.

Con esta reforma se pretendió imprimir certeza sobre cuándo el término para recurrir en apelación ha quedado interrumpido y promover de esta forma la economía procesal, al evitar que la parte perdidosa, ante la incertidumbre que existía de si se había interrumpido el término o no, presente un escrito de apelación que luego, ante las confusas divisiones interpretativas, podría considerarse prematuro o tardío […]. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1371.

Véase, además, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica

de Puerto Rico, 5ta Ed., Lexis Nexis, 2010, sec. 4603,

págs. 395-397.

La regla vigente establece que ese término quedará

automáticamente interrumpido al presentarse la moción de

reconsideración, siempre que se cumpla con los requisitos

de forma expuestos en la regla. J. A. Cuevas Segarra, op

cit., pág. 1366. El tratadista Cuevas Segarra expresa que CC-2012-835 10

―salvo mociones escuetas y sin fundamentos de clase alguna,

una moción que razonablemente cuestiona la decisión y la

cual fundamenta su planteamiento, será suficiente para

cumplir con la regla‖. Íd. Además, opina que ―no existen

razones de orden público para imponerle un rigor desmedido

a los requisitos de forma de la [moción de reconsideración]

que puedan afectar el derecho de apelación‖. Íd.

Otro cambio que introdujo la Regla 47 de Procedimiento

Civil de 2009, supra, fue exigir que la moción de

reconsideración, aparte de ser presentada oportunamente,

sea más específica. Ese nuevo requisito se incluyó para

evitar ―las mociones frívolas que generalmente dilatan la

ejecución de los dictámenes judiciales‖. Informe de Reglas

de Procedimiento Civil, op cit., pág. 552. Por

consiguiente, el estándar de especificidad aplicable a las

mociones de determinaciones de hechos y conclusiones de

derecho adicionales se hizo extensivo a la Regla 47 de

Procedimiento Civil. Íd.

Por otro lado, la Regla 43.1 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, exige que si una parte pretende solicitar

reconsideración y determinaciones de hechos adicionales,

debe acumular ambas solicitudes en la misma petición. De

esa forma, el tribunal podrá resolver esos asuntos de igual

manera, mediante una sola resolución. La Regla 43.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, expresa los requisitos

de forma y los efectos de una moción de determinaciones de

hechos adicionales: CC-2012-835 11

Regla 43.2. Interrupción de término para solicitar remedios posteriores a la sentencia

La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales deberá exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos que la parte promovente estime probados, y debe fundamentarse en cuestiones sustanciales relacionadas con determinaciones de hecho pertinentes o conclusiones de derecho materiales.

Presentada una moción por cualquier parte en el pleito para que el tribunal enmiende sus determinaciones o haga determinaciones iniciales o adicionales, quedará interrumpido el término para apelar, para todas las partes. Este término comenzará a transcurrir nuevamente tan pronto se notifique y archive en autos copia de la resolución declarando con lugar, o denegando la solicitud o dictando sentencia enmendada, según sea el caso.

Al igual que la moción de reconsideración, una moción

presentada oportunamente bajo esta regla interrumpirá

automáticamente los términos para recurrir en alzada,

siempre que se cumplan las especificaciones que la propia

norma establece. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage,

182 DPR 86, 95 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F.

Castillo, 169 DPR 873, 879-880 (2007).

Entre estas se requiere que toda solicitud de

determinaciones de hechos adicionales constituya una

propuesta que exponga, con suficiente particularidad y

especificidad, los hechos que el promovente estima probados

y se funde en cuestiones sustanciales. Regla 43.2 de

Procedimiento Civil, supra; Carattini v. Collazo Syst.

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 356-357 (2003); Andino v.

Topeka, 142 DPR 933, 939-940 (1997). Según el criterio del

profesor Cuevas Segarra, la moción que se presente bajo CC-2012-835 12

esta regla no puede utilizarse para introducir prueba que

estuvo disponible en el juicio o traer nuevas teorías. J.A.

Cuevas Segarra, op cit., pág. 1261. No se debe perder de

vista que los propósitos de la regla son permitir: (1) que

el tribunal quede satisfecho de que atendió cabalmente

todas las controversias y; (2) que las partes y los foros

apelativos estén informados de todos los cimientos de la

decisión del Tribunal de Primera Instancia. Íd., págs.

1261-1262. Véase, además, Andino v. Topeka, supra, pág.

938.

III

El señor Morales Hernández y otros arguyen que el foro

apelativo intermedio erró al declararse sin jurisdicción a

base de una interpretación equivocada de las Reglas 43 y 47

de Procedimiento Civil, supra. Sostienen que su moción de

reconsideración estuvo fundamentada y aludió a los hechos

específicos que estimaron probados, así como a las razones

para reconsiderar el fallo emitido por el foro primario.

Por consiguiente, argumentan que esa moción interrumpió el

término para apelar o acudir en revisión. Luego de estudiar

el asunto con detenimiento, concluimos que a los

peticionarios Morales Hernández y otros les asiste la

razón.

El foro apelativo intermedio determinó que la moción

de reconsideración y determinaciones de hechos adicionales

que presentaron el señor Morales Hernández y otros fue una

mera repetición de los argumentos esbozados en otras CC-2012-835 13

mociones pre sentencia, por lo que no se cumplió con el

requisito de especificidad que requieren las Reglas 43 y 47

de Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, consideramos

que ese criterio es impertinente para concluir que la

moción incumplió con lo dispuesto en las normas procesales

mencionadas.

Si bien los argumentos esbozados en la moción de

reconsideración y determinaciones de hechos adicionales

reiteraron aquellos que el foro primario evaluó en las

mociones presentencia, en esa ocasión estos iban dirigidos

a influir en la conciencia del juzgador para que cambiara

su fallo o realizara determinaciones de hechos más

detalladas que permitieran una mejor revisión judicial.

En las primeras páginas de la moción en controversia

se indicó que el foro primario erró al considerar la moción

de desestimación por prescripción que presentó la parte

demandada como una moción de sentencia sumaria, sin

permitir que los demandantes condujeran un descubrimiento

de prueba adecuado. Apéndice, págs. 238-239. Además, en la

moción que nos ocupa se señaló con precisión la comisión

de, alegadamente, cinco errores en la aplicación del

derecho. Por ejemplo, se alegó que el foro primario: (1) no

interpretó el contrato de compra de acciones conforme lo

resuelto en Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 151 D.P.R. 634,

644 (2000); (2) ignoró las gestiones múltiples que los

demandantes han llevado a cabo para cobrar la acreencia

contra Sheraton Puerto Rico Corp. y; (3) erró al concluir CC-2012-835 14

que el Settlement Order 162 disponía de la reclamación en

contra de Starwood. Apéndice, págs. 239-241.

Nos parece que la moción de reconsideración fue lo

suficientemente específica como para interrumpir el término

para apelar. Requerir la presentación de nuevas teorías

jurídicas, como parece sugerir la sentencia del foro

apelativo intermedio y la Opinión Disidente en este

Tribunal, es un requisito reñido con el propósito que

introdujo la Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009,

supra. Informe de Reglas de Procedimiento Civil, op cit.,

pág. 551; J.A. Cuevas Segarra, op cit., pág. 1366; R.

Hernández Colón, op cit., págs. 395-397. Como mencionamos

anteriormente, la especificidad es el criterio rector que

debe evaluarse al momento de determinar si una moción de

reconsideración interrumpió el término para apelar o acudir

en revisión. Íd.

Por otra parte, a partir de la pág. 4 de la moción en

controversia, el señor Morales Hernández y otros

solicitaron con especificidad que el foro primario

realizara ocho determinaciones de hechos adicionales. Entre

ellas, cabe mencionar las siguientes: (1) que veintiocho

empleados croupiers trabajaron en el hotel mientras el

patrono corporativo se denominaba Sheraton Puerto Rico

Corporation, es decir, hasta el 23 de noviembre de 1978 y,

posteriormente, continuaron trabajando en el hotel con el

mismo patrono bajo su nuevo nombre San Juan Dupont Plaza

Corporation; (2) que la reclamación de este caso se CC-2012-835 15

limitaba al periodo entre el 24 de enero de 1977 y el 23 de

noviembre de 1978, periodo por el cual The Sheraton

Corporation es responsable por el pago de la penalidad por

el periodo de tomar alimentos trabajados por los croupiers

y; (3) que los demandantes no fueron demandados en el

pleito federal Civil Núm. MDL-721, aunque algunos figuraron

como demandantes y la Settlement Order 162 no les aplicaba

de forma alguna. Apéndice, págs. 250-253. En ese sentido,

la moción cumplió con el estándar de especificidad que

requiere nuestra jurisprudencia. Dávila Pollock et als. v.

R.F. Mortgage, supra, pág. 95; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F.

Castillo, supra, págs. 879-880; Carattini v. Collazo Syst.

Analysis, Inc., supra, págs. 356-357; Andino v. Topeka,

supra, págs. 939-940.

El Tribunal de Apelaciones concluyó que esas

determinaciones adicionales eran ―proforma‖ porque algunas

de ellas ya se habían presentado ante la consideración del

foro primario. Sentencia del Tribunal de Apelaciones, págs.

19-24, Apéndice, págs. 384-389. Es decir, el foro apelativo

intermedio no le reconoció un efecto interruptor a la

moción porque en ella no se presentaron teorías nuevas. Al

concluir de esa forma, el Tribunal de Apelaciones se apartó

del criterio rector que guía nuestra jurisprudencia en este

tema: la especificidad.

En este caso, es insoslayable concluir que la

presentación de la moción de reconsideración y

determinaciones de hechos adicionales fue lo CC-2012-835 16

suficientemente específica, por lo cual interrumpió el

término para apelar conforme las Reglas 43.2, 47 y 52.2 de

Procedimiento Civil, supra. En su consecuencia, el foro

apelativo intermedio contaba con jurisdicción para atender

los méritos del recurso. Concluir lo contrario implicaría

regresar a la incertidumbre que creaba la antigua Regla 47

de Procedimiento Civil de 1979, supra, con respecto a

cuándo se entendería interrumpido el término para apelar o

acudir en revisión. Informe de Reglas de Procedimiento

Civil, op cit., pág. 551; J.A. Cuevas Segarra, op cit.,

pág. 1366. Procede, entonces, devolver el caso al Tribunal

de Apelaciones para que lo atienda en sus méritos, ya que

tiene jurisdicción para ello. Crespo Quiñones v. Santiago

Velázquez, 176 DPR 408 (2009).

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca la

determinación del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el

caso a ese foro para que lo atienda en sus méritos.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2014. Por los fundamentos expuestos, en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se revoca la determinación del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso a ese foro para que lo atienda en sus méritos.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente con opinión escrita.

Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Morales Hernández y otros Certiorari Peticionarios

v. CC-2012-0835 The Sheraton Corporation h/n/c ITT Sheraton Corporation

Recurridos

Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo 2014.

En la Opinión que antecede, la interpretación que

realizó una Mayoría del Tribunal de los requisitos de

forma que contienen las Reglas 47 y 43.2 de Procedimiento

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 47 y 43.2, tiene el

efecto de avalar la presentación de mociones pro forma

cuyo único propósito es interrumpir el término para acudir

en alzada. Ello resulta contrario a los preceptos de

economía procesal que rigen nuestro ordenamiento y

directamente socava el propósito de enmendar lo relativo a

las mociones de reconsideración y de determinaciones de

hecho o conclusiones de derecho adicionales mediante las

Reglas de Procedimiento Civil de 2009. Por tal motivo,

respetuosamente disiento de lo resuelto en la Opinión

Mayoritaria. CC-2012-835 19

Los hechos y los innumerables trámites procesales que

dieron génesis a la controversia de epígrafe están

correctamente expuestos en la Opinión Mayoritaria, por lo

que únicamente me limitaré a mencionar lo relacionado a la

moción de reconsideración y de determinaciones de hecho

adicionales presentada ante el foro primario por el señor

José Morales Hernández y otros (en adelante, los

―peticionarios‖).

El 22 de septiembre de 2010, archivada en autos copia

de su notificación el 27 de septiembre del mismo año, el

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria

desestimando la reclamación de los peticionarios contra

The Sheraton Corporation h/n/c ITT Sheraton Corporation y

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (en adelante,

los ―recurridos‖). Ante ello, los peticionarios

presentaron una Moción Solicitando Reconsideración de

Sentencia y Determinaciones de Hechos Adicionales el 13 de

octubre de 2010. Por su parte, los recurridos presentaron

una oposición a dicha moción alegando que esta no cumplía

con los criterios esbozados en la Regla 47 de

Procedimiento Civil de 2009, supra, debido a que se

trataba de una mera repetición de la teoría del caso que

fue evaluada y adjudicada por el foro primario. El 6 de

diciembre de 2010, sin expresar fundamentos para ello, el

foro primario declaró No Ha Lugar la moción de CC-2012-835 20

reconsideración y de determinaciones de hecho adicionales

presentada por los peticionarios.

Así las cosas, los peticionarios presentaron un

recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Por

su parte, los recurridos presentaron una Moción de

Desestimación por Falta de Jurisdicción, alegando que el

escrito de apelación fue presentado fuera del término

jurisdiccional dispuesto para ello, pues la moción de

presentada por los peticionarios ante el foro primario no

había interrumpido el término para apelar por no cumplir

con los requisitos de forma necesarios para su

procedencia. En respuesta a lo anterior, los peticionarios

presentaron una oposición a la moción de desestimación del

recurso de apelación, argumentando en esencia que la

adicionales había interrumpido el término para acudir en

alzada.

Inicialmente, el foro apelativo intermedio declaró No

Ha Lugar la solicitud de desestimación por falta de

jurisdicción. No obstante, el 20 de junio de 2012,

archivada en autos copia de su notificación el 27 de junio

de 2012, el Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia

mediante la cual se declaró sin jurisdicción para atender

el recurso de apelación en los méritos. Explicó el foro

apelativo intermedio que la moción de reconsideración y de

determinaciones de hecho adicionales presentada por los CC-2012-835 21

peticionarios ante el foro primario ―fue un ejercicio

frívolo con el propósito de dilatar los efectos de la

sentencia y por lo tanto no tuvo el efecto de interrumpir

el término de treinta días para acudir en alzada‖.1 De esa

Sentencia solicitaron reconsideración los peticionarios,

la cual fue declarada No Ha Lugar por el foro apelativo

intermedio.

Así las cosas, los peticionarios presentaron el

recurso de Certiorari que nos ocupa. Señalaron que el

Tribunal de Apelaciones erró al desestimar el recurso de

apelación ante su consideración por falta de jurisdicción.2

Alegaron los peticionarios que el foro apelativo

intermedio erróneamente concluyó que la moción de

presentada ante el foro primario no había interrumpido el

término para acudir en alzada. Los recurridos

oportunamente presentaron su alegato en oposición al

recurso.

La moción de reconsideración es ―el mecanismo que

provee nuestro ordenamiento para permitir que un tribunal

modifique su fallo y enmiende o corrija los errores en que

haya incurrido‖. Interior Developers v. Mun. de San Juan,

177 DPR 693, 701 (2009); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601,

1 Véase la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN201100023, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 364-391. 2 Luego de la expedición del Certiorari los peticionarios presentaron su alegato en apoyo al recurso, en el cual añadieron cinco (5) señalamientos de error adicionales relacionados a los méritos de la controversia. No obstante, al igual que en la Opinión Mayoritaria me limito a discutir el asunto jurisdiccional ante nos. CC-2012-835 22

609 (1997). Del texto de la Regla 47 de Procedimiento

Civil de 2009, supra, se desprende que una moción de

reconsideración presentada oportunamente deberá ―exponer

con suficiente particularidad y especificidad los hechos y

el derecho que la parte promovente estima que deben

reconsiderarse‖. (Énfasis nuestro). Además, la moción de

reconsideración deberá ―fundarse en cuestiones

sustanciales relacionadas con las determinaciones de

hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales‖.

Íd. (Énfasis nuestro). De cumplir con lo anterior, el

término para recurrir en alzada quedará automáticamente

interrumpido.3 Íd. Sin embargo, la propia Regla 47 de

Procedimiento Civil de 2009 dispone que de no cumplir con

los requisitos de forma antes esbozados, la moción será

declarada No Ha Lugar y no interrumpirá el término para

acudir en alzada. Íd.

El requisito de que la moción de reconsideración debe

gozar de suficiente particularidad y especificidad, así

como la necesidad de que se funde en cuestiones

sustanciales de hecho o de derecho, se diferencia

sustancialmente de lo requerido por la derogada Regla 47

de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, R. 47,

que guardaba silencio en cuanto a lo anterior. La antigua

Regla 47 de 1979 expresaba que una vez presentada una

moción de reconsideración dentro del término

3 La Regla 52.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2, dispone lo relacionado a los términos para presentar una apelación o certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y la interrupción de dichos términos a partir de una moción de reconsideración o una moción de determinaciones de hecho o conclusiones de derecho adicionales. CC-2012-835 23

correspondiente, el tribunal tenía diez (10) días para

considerar la misma. Íd. De rechazar la moción de plano,

el término para acudir en alzada no se entendía

interrumpido. Íd. Por otro lado, si el tribunal

consideraba la moción, el término se entendía interrumpido

y comenzaba a contarse nuevamente desde la fecha en que se

archivara en autos copia de la notificación de la

Resolución que resolviera definitivamente la moción. Íd.

Recientemente resumimos las alternativas que tenía el foro

primario ante una moción de reconsideración oportunamente

presentada bajo la Regla 47 de Procedimiento Civil de

1979, supra:

(1) [T]omar, dentro del término de 10 días, ―alguna determinación‖ respecto a la referida moción —por ejemplo, señalar la misma para vista, concederle término a la otra parte para que se exprese, etc.—, en cuya situación se entendía interrumpido el término de revisión; (2) declararla expresamente ―sin lugar‖ dentro del mencionado término de diez días, o (3) dejar transcurrir el término de diez días sin tomar acción alguna, lo que constituía un rechazo de plano. En estas dos últimas situaciones, se consideraba que la moción de reconsideración no interrumpía el término de revisión. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 24 (2011). Véanse además Rodríguez Medina v. Mehne, 168 DPR 570, 574-575 (2006); Flores Concepción v. Taino Motors, 168 DPR 504, 516-517 (2006); Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618, 633- 634 (1991).

Durante la vigencia de la Regla 47 de Procedimiento

Civil de 1979, supra, se suscitaron innumerables

controversias sobre cuándo procedía la interrupción del

término para recurrir en alzada a partir de la

presentación de una moción de reconsideración. Informe de CC-2012-835 24

Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente de

las Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la

Conferencia Judicial y Notarial, 2008, pág. 551. Véanse

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra; Plan Salud

Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011); Insular

Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793 (2008); Rodríguez

Medina v. Mehne, supra; Flores Concepción v. Taino Motors,

supra; Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2001); Reyes Díaz v.

E.L.A., 155 DPR 799 (2001); Castro v. Sergio Estrada Auto

Sales, Inc., 149 DPR 213 (1999); Villanueva v. Hernández

Class, supra; Rodríguez Rivera v. Autoridad de Carreteras,

110 DPR 184 (1980).

Con el propósito de resolver el problema en cuanto a

la interrupción del término, la nueva Regla 47 de

Procedimiento Civil de 2009, supra, dispone que el término

para recurrir en alzada queda automáticamente interrumpido

a partir de la presentación de la moción de

reconsideración, siempre y cuando se cumplan con los

requisitos de forma dispuestos en la regla. J.A. Cuevas

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San

Juan, Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1366. Es

decir, ―la interrupción del término se condiciona al

cumplimiento de unos requisitos de fondo por los que debe

pasar juicio el tribunal‖. R. Hernández Colón, Práctica

Jurídica de Puerto Rico, 5ta Ed., Lexis Nexis, 2010, sec.

4603, pág. 397. CC-2012-835 25

Como bien menciona el tratadista Cuevas Segarra, a

partir de los cambios introducidos por la actual Regla 47

de Procedimiento Civil de 2009, supra, quedaron atrás las

controversias sobre cómo y cuándo se debía entender

acogida la moción de reconsideración para fines de la

interrupción del término para apelar. Cuevas Segarra, op.

cit., pág. 1366. Por su parte, dice el también tratadista

y profesor Hernández Colón que la nueva Regla 47 de

Procedimiento Civil de 2009, supra, persigue un fin loable

al pretender evitar ―la práctica dilatoria de presentar

mociones frívolas e inmeritorias que sólo persiguen la

interrupción del término para recurrir‖. Hernández Colón,

op. cit., sec. 4603, pág. 397. (Énfasis nuestro). De lo

que se trata es de evitar que la moción de reconsideración

―se convierta en una vía para dilatar injustificadamente

la ejecución de un dictamen judicial‖. Cuevas Segarra, op.

cit., pág. 1367. (Énfasis nuestro). No obstante, tal y

como se puede apreciar de la controversia ante nuestra

consideración en el día de hoy, Cuevas Segarra anticipó en

su obra que ―es predecible que [la controversia] se

traslade a cuándo se considerará que la moción cumple o no

con los requisitos de especificidad de la regla‖. Íd.,

pág. 1366.

Así las cosas, los tribunales debemos ser en extremo

cautelosos al momento de evaluar si una moción de

reconsideración fue lo suficientemente particular y

específica según requerido por la Regla 47 de CC-2012-835 26

Procedimiento Civil de 2009, supra, con la consecuencia de

interrumpir el término para apelar. De lo contrario, se

estaría avalando la práctica que precisamente se quiso

evitar con la modificación de la regla: la presentación de

mociones pro forma con la única intención y efecto de

interrumpir el término para recurrir en alzada. Con la

Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009, Íd., ―se pretende

imprimir certeza sobre cuándo el término para recurrir en

apelación ha quedado interrumpido y promover de esta forma

la economía procesal‖. Cuevas Segarra, op. cit., pág.

1371.

Resulta necesario aclarar que ni la Regla 47 de

Procedimiento Civil de 2009, supra, ni el análisis aquí

expuesto proponen un estándar de evaluación de mociones de

reconsideración irrazonable que, como cuestión práctica,

impida la revisión judicial. En palabras del tratadista

Cuevas Segarra:

[S]alvo mociones escuetas y sin fundamentos de clase alguna, una moción que razonablemente cuestiona la decisión y la cual fundamenta su planteamiento, será suficiente para cumplir con la regla. No existen razones de orden público para imponerle un rigor desmedido a los requisitos de forma de la misma que puedan afectar el derecho de apelación. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1366.

A tono con lo anterior, al evaluar la procedencia de

una moción de reconsideración -y si la misma tiene efecto

interruptor- los jueces debemos examinar la moción

presentada a la luz de los hechos particulares de cada

caso. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1370. Solo así CC-2012-835 27

podemos darle fiel cumplimiento a lo requerido por la

Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009, supra, en cuanto

a los requisitos de forma de la moción de reconsideración.

Por otro lado, las Reglas 43.1 y 43.2 de

Procedimiento Civil de 2009, supra, disponen lo

relacionado a las mociones de determinaciones de hecho o

conclusiones de derecho adicionales. El propósito de una

moción de determinaciones de hecho o conclusiones de

derecho adicionales es que el foro primario tenga la

oportunidad de enmendar o corregir cualquier error. Cuevas

Segarra, op. cit., pág. 1261. Utilizadas legítimamente,

este tipo de mociones van dirigidas a ―la consecución de

un ideal de justicia exento de errores‖. Carattini v.

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 356 (2003),

citando a Roldán Rosario v. Lutron, S.M., Inc., 151 DPR

883, 890-891 (2000).

De manera similar a lo requerido en cuanto a las

mociones de reconsideración, la Regla 43.2 de

Procedimiento Civil de 2009, supra, exige que el

promovente exponga ―con suficiente particularidad y

especificidad los hechos que la parte promovente estime

probados, y debe fundamentarse en cuestiones sustanciales

relacionadas con determinaciones de hecho pertinentes o

conclusiones de derecho materiales‖. (Énfasis nuestro).

Igualmente, la Regla 43.2 de Procedimiento Civil de 2009

dispone que una vez presentada una moción de

determinaciones de hecho o conclusiones de derecho CC-2012-835 28

adicionales, el término para apelar quedará interrumpido

automáticamente. Íd. Ahora bien, al igual que en el caso

de una moción de reconsideración, de no cumplir con los

requisitos de forma antes mencionados la moción de

determinaciones de hecho o conclusiones de derecho

adicionales no interrumpirá el término para recurrir a un

tribunal de mayor jerarquía. Cuevas Segarra, op. cit.,

pág. 1264; Hernández Colón, op. cit., sec. 5002, pág. 416.

La Regla 43.3 de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA

Ap. III, que reglamentaba la moción de determinaciones de

hecho o conclusiones de derechos adicionales durante la

vigencia de las antiguas normas procesales también exigía

suficiente particularidad y especificidad, así como

cuestiones sustanciales relacionadas a los hechos o el

derecho objeto de la moción como requisito para que esta

tuviese el efecto de interrumpir el término para apelar.

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., supra, pág. 25;

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 6-7 (2007);

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra, págs.

358-359; Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 596-597

(2002); Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 939-940

(1997). Así las cosas, bajo la antigua Regla 43.3 de

Procedimiento Civil de 1979, supra, la mera presentación

de una moción de determinaciones de hecho o conclusiones

de derecho adicionales ―no armonizaba con el principio

rector procesal que inspira la solución justa, rápida y

económica de todo pleito‖. Carattini v. Collazo Syst. CC-2012-835 29

Analysis, Inc., supra, pág. 358; Andino v. Topeka, Inc.,

supra, pág. 937 (1997). Por ende, expresamos que ―sólo una

oportuna y bien formulada solicitud de determinaciones de

hechos adicionales, es la que interrumpe los términos para

interponer una apelación‖. Íd. (Énfasis nuestro y en el

original). En Andino v. Topeka, Inc., supra, págs. 939-

940, expresamos que

[L]a práctica forense exige, que toda moción sobre determinaciones de hechos adicionales o de enmienda, constituya una propuesta que exponga, con suficiente particularidad y especificidad, los hechos que el promovente estima probados y, fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. Lo contrario, es pedirle al juzgador actuar a ciegas o convertirlo en adivino. (Énfasis nuestro y cita omitida).

Teniendo en cuenta que tanto la Regla 43.2 de

Procedimiento Civil de 2009, supra, como la Regla 43.3 de

Procedimiento Civil de 1979, supra, disponen idénticos

requisitos de forma, la jurisprudencia interpretativa

sobre esta última es aplicable a la controversia de

epígrafe. Además, debido a su similitud, la jurisprudencia

antes citada sirve como guía para evaluar los nuevos

requisitos de forma exigidos en cuanto a las mociones de

reconsideración conforme a la Regla 47 de Procedimiento

Civil de 2009, supra.

En cuanto a la Regla 43.1 de Procedimiento Civil de

2009, supra, la misma obliga a consolidar una moción de

adicionales junto a una moción de reconsideración, en caso CC-2012-835 30

de que una misma parte interese presentar ambas

solicitudes ante el foro primario. En estos casos, el

tribunal deberá resolver ambas solicitudes en un mismo

escrito. Íd. Como se desprende de nuestra discusión, tanto

la Regla 43.2, supra, sobre mociones de determinaciones de

hecho o conclusiones de derecho adicionales, como la Regla

47 de Procedimiento Civil de 2009, supra, sobre mociones

de reconsideración, disponen que el promovente debe

exponer suficiente particularidad y especificidad y

fundarse en cuestiones sustanciales de hecho o de derecho

para que se entienda interrumpido el término para acudir

en alzada. De presentarse una moción conjunta en la que

una parte solicite reconsideración y determinaciones de

hecho o conclusiones de derecho adicionales, bastará con

que el promovente cumpla con los requisitos de forma de

alguna de las dos reglas para que el término para apelar

se vea interrumpido. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1366.

En la Opinión Mayoritaria que se emite el día de hoy

esta Curia resuelve que la moción de reconsideración y de

determinaciones de hecho adicionales presentada por los

peticionarios ante el foro primario interrumpió el término

jurisdiccional de treinta (30) días para instar un recurso

de apelación ante el foro apelativo intermedio. No

obstante, de un análisis del escrito titulado Moción

Solicitando Reconsideración de Sentencia y Determinaciones

de Hechos Adicionales a la luz de las Reglas 47 y 43.2 de CC-2012-835 31

Procedimiento Civil, supra, se puede apreciar que los

peticionarios no cumplieron con los requisitos de forma

allí dispuestos, particularmente en cuanto a la

particularidad y especificidad que exigen ambas reglas.4

Ante el planteamiento de falta de jurisdicción de los

recurridos y luego de una minuciosa comparación entre dos

de las mociones pre-sentencia sometidas por los

peticionarios ante el foro primario, el Tribunal de

Apelaciones encontró que la moción de reconsideración y de

determinaciones de hecho adicionales no era más que una

compilación ad verbatim de las alegaciones y argumentos

previamente esbozados.5 A igual conclusión debió haber

llegado una Mayoría de este Alto Foro. Basta con examinar

los escritos titulados Oposición a “Moción de

Desestimación por Alegada Prescripción‖6 y Dúplica a

“Réplica a Oposición a Moción de Desestimación por

Prescripción‖7 para determinar que es evidente que la

4 Véase la Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia y Determinaciones de Hechos Adicionales presentada por los peticionarios el 13 de octubre de 2010 ante el Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 238-254. 5 Véase la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN201100023, supra n. 1. En su oposición a la moción de reconsideración y de determinaciones de hecho adicionales ante el foro primario, los recurridos también argumentaron exhaustivamente que la moción presentada por los peticionarios era una compilación ad verbatim de los dos escritos pre-sentencia presentados por los peticionarios. Véase la Oposición a Moción de Reconsideración y Determinaciones de Hechos y en Cumplimiento de Orden presentada por los recurridos el 23 de noviembre de 2010 ante el Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 255-271. 6 Véase la moción titulada Oposición a “Moción de Desestimación por Alegada Prescripción” presentada por los peticionarios el 21 de febrero de 2007 ante el Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 87-182. 7 Véase la moción titulada Dúplica a “Réplica a Oposición a Moción de Desestimación por Prescripción‖ presentada por los peticionarios el 23 de agosto de 2007 ante el Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 209-215. CC-2012-835 32

adicionales es una copia ad verbatim de los argumentos

encontrados en las mociones anteriores. Ello no es

suficiente para cumplir con los criterios de especificidad

y particularidad que exigen las Reglas 47 y 43.2 de

Procedimiento Civil de 2009, supra.

La actual Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009,

supra, fue adoptada con el propósito, entre otros, de

terminar con la práctica usual de los abogados de

presentar mociones de reconsideración pro forma con la

única intención de interrumpir el término para recurrir

ante un tribunal de mayor jerarquía. Para resolver lo

anterior, como parte de dicha norma procesal se adoptaron

los requisitos de particularidad y especificidad ya

existentes para las mociones de determinaciones de hecho o

conclusiones de derecho adicionales. Si bien es cierto que

las Reglas 47 y 43.2 de Procedimiento Civil de 2009, Íd.,

no requieren la presentación de nuevas teorías o hechos

adicionales por parte del promovente, ello no significa

que este puede limitarse a trasladar lo que previamente

expuso en otra moción de un documento a otro a manera de

―copy and paste‖ como hicieron los peticionarios en la

controversia de autos. A pesar de que en la Opinión

Mayoritaria se alude a que el criterio rector al evaluar

una moción de reconsideración o una moción de

adicionales es la especificidad, ello está reñido con la

conclusión del Tribunal al entender que la moción CC-2012-835 33

presentada por los peticionarios fue lo suficientemente

específica como para tener el efecto interruptor deseado.

Ya señalé que un mero ―copy and paste‖ de mociones

anteriores para reproducir los mismos argumentos ad

verbatim en una nueva moción no es suficiente para cumplir

con los requisitos de forma exigidos por las Reglas 47 y

43.2 de Procedimiento Civil. Íd. Ahora bien, ¿a qué se

refieren ambas normas procesales al exigir que las

mociones de reconsideración y las mociones de

adicionales sean lo suficientemente particulares y

específicas?

A pesar de que se trata de una determinación que los

tribunales deben realizar caso a caso, entiendo que una

moción que pretenda mover al juzgador a reconsiderar su

determinación debe identificar cada uno de los extremos

que entiende deben ser reconsiderados y específicamente

demostrarle al juzgador por qué se equivocó mediante

argumentos concretos y fundamentados en cuestiones

sustanciales de hecho o de derecho que vayan dirigidos a

mover la consciencia del juzgador. Esto contrasta con lo

presentado por los peticionarios en la moción objeto de

controversia. A pesar de que las primeras páginas del

escrito dan la impresión de que se cumplió con los

requisitos de forma en cuanto a la moción de

reconsideración, los peticionarios se limitan a resumir

las cinco (5) conclusiones de derecho realizadas por el CC-2012-835 34

foro primario en su Sentencia y discutirlas de forma

escueta, a modo de introducción. Acto seguido –entiéndase

la parte de la moción en la cual los peticionarios

intentan argumentar a favor de la reconsideración-

comienza la compilación ad verbatim a manera de ―copy and

paste‖, lo cual entiendo no es suficiente para cumplir con

la particularidad y especifidad que exige la Regla 47 de

Procedimiento Civil de 2009, supra. Igualmente, entiendo

que en el caso de una moción de determinaciones de hecho o

conclusiones de derecho adicionales el promovente debe

exponer cuáles son las determinaciones de hecho

pertinentes o conclusiones de derecho sustanciales que

entiende que fueron probadas durante el trámite judicial y

que no forman parte de la sentencia. Limitarse a

simplemente repetir lo que ya se dijo en una moción

anterior –lo cual se agrava cuando se hace a manera de

―copy and paste‖ como en la controversia de autos- no pone

al juzgador en posición de poder evaluar qué parte, si

alguna, debe ser reconsiderada o enmendada para añadir

adicionales.

Por último, valga destacar que en el pasado este

Tribunal ha sido riguroso en cuanto a la necesidad de las

partes de cumplir estrictamente con lo dispuesto en las

reglas procesales que rigen nuestro ordenamiento. Aunque

en el contexto del Derecho Procesal Apelativo, en Soto

Pino v. Uno Radio Group, 2013 TSPR 75, pág. 6, 189 DPR ___ CC-2012-835 35

(2013), recientemente expresamos que ―[l]a marcha ordenada

y efectiva de los procedimientos judiciales es un

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico‖. En ese

sentido, explicamos que las normas que rigen el

perfeccionamiento de los recursos apelativos deben

observarse rigurosamente. Íd.; Rojas v. Axtmayer Ent.,

Inc., 150 DPR 560, 564 (2000). En iguales términos nos

expresamos en Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR

281, 290 (2011), al pronunciar que

Los abogados están obligados a cumplir fielmente con el trámite prescrito en las leyes y en los reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos, y no puede quedar al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias se deben acatar y cuándo. (Énfasis nuestro).

Soy del criterio de que no existe motivo alguno para

no ser igual de rigurosos al momento de evaluar las normas

procesales contenidas en las Reglas de Procedimiento

Civil. Las Reglas 47 y 43.2 de Procedimiento Civil de

2009, supra, son claras en cuanto a la necesidad de que

hecho o conclusiones de derecho adicionales deben gozar de

suficiente particularidad y especificidad, así como que

deben fundarse en cuestiones sustanciales de hecho o de

derecho. Una interpretación liberal de ambas reglas que

tenga el efecto de reducir tales requisitos de forma a

letra muerta no es cónsona con la economía procesal que en

otras ocasiones intentamos promover en este Foro.

IV CC-2012-835 36

Por todo lo anterior, respetuosamente disiento de la

Opinión Mayoritaria en la controversia de epígrafe. Lo que

procedía resolver en este caso era confirmar la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones, ya que la moción

de reconsideración y de determinaciones de hecho

adicionales no interrumpió el término para apelar. Así las

cosas, los peticionarios presentaron su recurso de

apelación ante el foro apelativo intermedio fuera del

término jurisdiccional para ello, privando a dicho foro de

jurisdicción para atender el recurso.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada