EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ivonne Lucero Cuevas Certiorari Querellante-recurrida 2003 TSPR 80 v. 159 DPR ____ The San Juan Star Company
Querellada-peticionaria
Número del Caso: CC-2001-811
Fecha: 16 de mayo de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Charles A. Cordero Peña
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Roberto O. Maldonado Nieves
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. José Velaz Ortiz
Materia: Reclamación de Salarios y Compensación por Despido sin Justa Causa
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ivonne Lucero Cuevas
Querellante-recurrida
vs. CC-2001-811 CERTIORARI
The San Juan Star Company
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2003
La controversia que hoy ocupa nuestra
atención nos brinda la oportunidad de expresarnos
en torno al mecanismo de emplazamiento establecido
en la Sección 3 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre
de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3120. Particularmente,
en cuanto dispone que: “Si no se encontrare al
querellado, se diligenciará la orden en la persona
que en cualquier forma represente a dicho
querellado en la fábrica, taller, establecimiento,
finca o sitio en que se realizó el trabajo que dio
origen a la reclamación o en su oficina o
residencia.” (énfasis nuestro). Veamos. CC-2001-811 2
I.
El 16 de febrero de 2000 Ivonne Lucero Cuevas
presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de San Juan, una querella al amparo de la Ley de
Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm.
2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. secs. 3118, et
seq., (en adelante, “Ley Núm. 2”). En la misma reclamó del
San Juan Star Company (en adelante, “San Juan Star”) el
pago de seis mil dólares ($6,000.00) por concepto de
comisiones devengadas y no pagadas, más la doble penalidad
dispuesta por ley; setecientos cincuenta dólares ($750.00)
como pago de unos gastos alegadamente adeudados por
concepto de “car allowance”; una suma correspondiente a
178 horas de vacaciones acumuladas y no disfrutadas ni
pagadas; once mil quinientos dólares ($11,500.00) como
compensación por despido sin justa causa más las costas
del procedimiento; y seis mil dólares ($6,000.00) por
concepto de honorarios de abogados.1
1 En síntesis, la recurrida alegó en su querella que trabajó para el San Juan Star sujeta a un contrato por tiempo indeterminado desde mayo de 1994 hasta el 16 de julio de 1999. Sostuvo que se vio obligada a renunciar como consecuencia de la actuación de la querellada al incumplir reiteradamente con su obligación de pagarle comisiones, reembolsarle gastos de auto y al no reconocerle el derecho a acumular y disfrutar de licencia por vacaciones. Adujo, además, que la querellada le redujo injustificada e indebidamente sus clientes afectando la posibilidad de cobrar comisiones y que desató una actitud “amenazante, humillante y de imputaciones falsas en su contra creándole un ambiente hostil de trabajo”, que unido a lo demás “no le dejaron otra alternativa que tener que (Continúa . . .) CC-2001-811 3
El 27 de marzo de 2000 un alguacil auxiliar
compareció a las facilidades del periódico San Juan Star y
allí entregó copia de la demanda y de la orden de citación
y emplazamiento a Roberto Ortiz Mariano. En la
certificación al dorso de la copia del emplazamiento
colocó el nombre de éste y lo identificó como “Asistente
del Presidente”. Mediante moción de 13 de abril de 2000,
la querellante Lucero Cuevas solicitó del Tribunal que, en
virtud de lo dispuesto en la Sección 3 de la Ley Núm. 2,
dictara sentencia en rebeldía contra el San Juan Star, en
vista de que ésta no había sometido su contestación a la
querella ni había solicitado prórroga para ello dentro del
término dispuesto por ley.
Así las cosas, el 18 de abril de 2000, el San Juan
Star, sin someterse a la jurisdicción del Tribunal,
compareció ante dicho foro para impugnar el emplazamiento
realizado, solicitando la anulación del mismo por no
haberse diligenciado de conformidad con la legislación
vigente. Acompañó a dicha solicitud una declaración jurada
de Sara De la Vega Ramos, quien aseguró ser la Asistente
del Presidente del San Juan Star, en la que se expresaba
que Roberto Ortiz Mariano era un empleado asalariado del
periódico que ganaba un jornal de $8.00 por hora. Aseveró,
además, que éste no es ni ha sido miembro de la Junta de
Directores del periódico, como tampoco oficial, agente de
_____________________ renunciar a su empleo.” Véase Querella, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1-2. CC-2001-811 4
la corporación ni persona autorizada para recibir
emplazamientos.
Tras varios trámites procesales, el 6 de octubre de
2000, el tribunal de instancia encontró válido el
diligenciamiento del emplazamiento y dictó sentencia en
rebeldía en contra de la peticionaria declarando “Ha
lugar” la querella. Inconforme con dicho dictamen, el 27
de octubre de 2000, el San Juan Star acudió mediante
recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones. Alegó, en síntesis, que el tribunal no había
adquirido jurisdicción sobre la querellada al no haberla
emplazado a través de una persona con capacidad para
representar a dicha Corporación. En la alternativa, adujo
que, ante la controversia de hechos en cuanto a la
corrección del emplazamiento, el foro primario debió
celebrarse una vista evidenciaria para dilucidar ese
aspecto; ello como medida cautelar y para evitar una
violación al debido proceso de ley que cobija a la parte
querellada. Adujo, por último, que la partida de
honorarios de abogados era excesiva.
El Tribunal del Circuito de Apelaciones, mediante
sentencia emitida el 31 de agosto de 2001, confirmó el
dictamen del foro primario. Sostuvo que el
diligenciamiento del emplazamiento se efectuó
correctamente. En esencia, fundamentó su dictamen en el
caso León García v. Restaurante El Tropical, res. el 7 de
junio de 2001, 2001 TSPR 81, interpretándolo a los efectos CC-2001-811 5
de que, “un tribunal adquiere jurisdicción sobre la
persona de un patrono querellado, al amparo del
procedimiento sumario que provee la Ley. Núm. 2, cuando el
emplazamiento de dicha querella se diligencia en el lugar
donde trabaja el [empleado] querellante.” (énfasis
suplido). Resolvió que, para evaluar la corrección del
emplazamiento, no era necesario celebrar una vista
evidenciaria. Expresó, además, que habiéndose diligenciado
el mismo en las oficinas del San Juan Star, a través de
uno de sus empleados asalariados, era forzoso concluir que
el patrono fue debidamente notificado del procedimiento en
su contra a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 2.
Por otra parte, sostuvo que la querella radicada contenía
hechos bien alegados y específicos en los que se reclamaba
una suma líquida y exigible de tal modo que se justificaba
el haber dictado sentencia en rebeldía en contra de la
querellada. Por último, resolvió que la partida de
honorarios de abogado no era una punitiva, sino adecuada,
por haberse concedido siguiendo la letra de la Ley Núm. 2
y dentro de lo establecido en la Ley Núm. 80 del 30 de
mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185k(b).
Insatisfecha con la actuación del tribunal apelativo
intermedio, el San Juan Star acudió oportunamente –-vía
certiorari-- ante este Tribunal, imputándole al foro
apelativo intermedio haber errado:
... al autorizar el emplazamiento de una corporación a través de un empleado que nada tenía que ver con la gerencia o administración de CC-2001-811 6
la corporación violando su derecho al debido proceso de ley bajo la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico y bajo la Decimocuarta Enmiendas [sic] de la Constitución de Estados Unidos.
... al asumir jurisdicción sobre The San Juan Star Company a pesar de que dicha parte demandada no fue emplazada de conformidad con la Ley de Reclamaciones Laborales por la vía sumaria ni con las Reglas de Procedimiento Civil y la legislación vigente.
... al interpretar y aplicar incorrectamente la norma establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en León García v. Restaurante Tropical.
Además, señaló que el Tribunal de Primera
Instancia incidió:
... al [no celebrar una vista evidenciaria] ante la controversia de hechos en lo que respecta a si The San Juan Star Company había sido o no correctamente emplazada ...
... al dictar sentencia sumaria en rebeldía a base de alegaciones conclusorias y determinaciones de derecho sin contar con prueba acreditativa de los hechos específicos al amparo de los cuales procedían los remedios reclamados.
... al imponer una suma excesiva de honorarios de abogado contra la parte demandada.
El 30 de noviembre de 2001 expedimos el recurso.
Contando con la comparecencia de ambas partes, y estando
en posición de resolver el recurso radicado, procedemos a
así hacerlo. Revocamos. Veamos por qué. CC-2001-811 7
II.
A.
Sabido es que la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961,
ante, establece un procedimiento sumario para los casos de
reclamaciones instadas por obreros y empleados contra sus
patronos por servicios prestados.2 Ríos Moya v. Industrial
Optics, res. el 21 de agosto de 2001, 2001 TSPR 117;
Berríos Heredia v. González, res. el 15 de junio de 2000,
2000 TSPR 87; Rivera Rivera v. Insular Wire Products, 140
D.P.R. 912, 921 (1996). La creación de dicha pieza
legislativa responde a una clara e inequívoca política
pública establecida por el Estado que busca abreviar el
procedimiento de forma que sea lo menos oneroso posible
para el obrero. Ríos Moya v. Industrial Optics, ante;
Dávila v. Antilles Shipping, Inc., res. el 12 de febrero
de 1999, 99 TSPR 12.
La naturaleza de este tipo de reclamación exige
celeridad en su trámite para así lograr los propósitos
legislativos de proteger el empleo, desalentar los
despidos injustificados y proveerle al obrero despedido
2 La Sección 1 de dicha ley dispone que el procedimiento sumario estará disponible para todo obrero que reclame de su patrono cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por concepto de compensación por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por compensación en caso de que el obrero haya sido despedido sin justa causa. 32 L.P.R.A. sec. 3118. Del mismo modo, estará disponible en aquellas instancias en que la Legislatura lo haya dispuesto expresamente en otras leyes protectoras de los trabajadores. Véase R. Delgado Zayas, Manual Informativo de Legislación Protectora del Trabajo de Puerto Rico, San Juan, 2001, pág. 351. CC-2001-811 8
medios económicos para su subsistencia mientras consigue
un nuevo empleo. Ruiz Rivas v. Col. San Agustín, res. el 5
de octubre de 2000, 2000 TSPR 147; Rodríguez Aguiar v.
Syntex, res. el 21 de junio de 1999, 99 TSPR 97; Piñero
González v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998). Dicho
procedimiento fue instituido en aras de remediar la
desigualdad económica existente entre las partes al
instarse una reclamación de este tipo. León García v.
Restaurante El Tropical, res. el 7 de junio de 2001, 2001
TSPR 81; Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92
D.P.R. 689, 691-92 (1965).
A tenor con esa finalidad, se incorporaron a dicha
legislación varias disposiciones que resultan ser
favorables para el obrero.3 De este modo se pretendió
agilizar el trámite judicial evitando así que el patrono
dilate innecesariamente el procedimiento judicial. Berríos
Heredia v. González, ante.
3 Algunas de estas disposiciones son: términos cortos para contestar la querella; criterios estrictos para conceder una prórroga para contestar la querella; un mecanismo especial para el emplazamiento del patrono; obligación de hacer una sola alegación responsiva; limitaciones en el uso de mecanismos de descubrimiento de prueba; criterios para la aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil; prohibición de demandas o reconvenciones contra el obrero querellante; facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono querellado no cumple con los términos para contestar la querella; mecanismos de revisión y ejecución de las sentencias y embargo preventivo. Ruiz Rivas v. Col. San Agustín, ante; Rodríguez Aguiar v. Syntex, ante; Santiago v. Palmas del Mar, 143 D.P.R. 886, 892 (1997); Rivera Rivera v. Insular Wire Products, ante, a las págs. 923-24. CC-2001-811 9
Cónsono con lo anterior, hemos enfatizado que la
médula y esencia del trámite fijado por dicha Ley lo
constituye, precisamente, el procesamiento sumario y la
rápida disposición de la reclamación. Dávila v. Antilles
Shipping, Inc., ante; Rodríguez Aguiar v. Syntex, ante;
Santiago v. Palmas del Mar, 143 D.P.R. 886, 891 (1997);
Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 D.P.R. 458, 460
(1986); Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 316
(1975). En vista de que la naturaleza sumaria del
procedimiento constituye su característica esencial, hemos
insistido en exigir el respeto del mismo evitando que las
partes desvirtúen dicho carácter especial y sumario. Ríos
Moya v. Industrial Optics, ante; Dávila v. Antilles
Shipping, Inc., ante; Mercado Cintrón v. Zeta
Communications, Inc., 135 D.P.R. 737 (1994); Srio. del
Trabajo v. J.C.Penny Co., Inc., 119 D.P.R. 660 (1987).
Desprovista de esa característica sumaria resultaría un
procedimiento ordinario más, incompatible con el mandato
legislativo. Srio. del Trabajo v. J.C.Penny Co., Inc.,
ante, a la pág. 665; Resto Maldonado v. Galarza Rosario,
ante, a la pág. 460.4
Ahora bien, a pesar del carácter sumario de la Ley
Núm. 2, no fue la intención del legislador imponer un
trámite procesal inflexible e injusto para el patrono
4 Véase, además: A. Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo Comentada, 7ma. ed. rev., San Juan, 2001, pág. 377. CC-2001-811 10
querellado. Rivera Rivera v. Insular Wire Products, ante,
a la pág. 925. Ciertamente es norma reiterada que el
carácter reparador de este procedimiento requiere que la
ley sea interpretada liberalmente a favor del empleado.
Ruiz Rivas v. Col. San Agustín, ante; Rodríguez Aguiar v.
Syntex, ante; Piñero González v. A.A.A., ante, a la pág.
903. Ello no obstante, la Ley Núm. 2 no puede ser
interpretada ni aplicada en el vacío y, aun ante casos que
parezcan ser iguales, en ocasiones, los hechos de los
mismos requerirán tratamientos distintos en aras de
conseguir un resultado justo. Ello se traduce a que en
ocasiones aplicaremos una disposición en forma enérgica, y
en otras seremos más flexibles. Valentín v. Housing
Promoters, 146 D.P.R. 712, 716 (1998); Román Cruz v. Díaz
Rifas, 113 D.P.R. 500, 505 (1982).
“[E]l procedimiento sumario no es, ni puede ser, una
carta en blanco para la concesión de remedios”.5 Si bien no
se debe menoscabar el propósito reparador y protector que
persigue la Ley, es menester recordar que resulta
“esencial brindarle al patrono las oportunidades básicas
del debido proceso de ley para defender sus derechos
[adecuadamente].” Rivera Rivera v. Insular Wire Products,
ante, a la pág. 922 (énfasis nuestro); Hernández Hernández
v. Espinosa, 145 D.P.R. 248, 270 (1998). Véase, además: A.
5 Véase Ruiz Rivas v. Col. San Agustín, ante; Hernández Hernández v. Espinosa, ante, a la pág. 271; Rivera Rivera v. Insular Wire Products, ante, a la pág. 928; Díaz v. Hotel Miramar, ante, a la pág. 324.(énfasis nuestro). CC-2001-811 11
Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo
Comentada, 7ma. ed. rev., San Juan, 2001, págs. 377-78.
B.
En el presente caso se cuestiona la adecuacidad del
emplazamiento efectuado al San Juan Star. En vista de que
el derecho a un debido proceso de ley juega un papel
fundamental en dicha controversia resulta necesario
expresarnos brevemente al respecto.
La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de
Puerto Rico, al igual que las Enmiendas V y XIV de la
Constitución de los Estados Unidos, garantizan que ninguna
persona será privada de su libertad o propiedad sin el
debido proceso de ley. Const. E.L.A. Art II, Sec. 7, 1
L.P.R.A. El debido proceso de ley exige que al demandado
se le notifique adecuadamente de la reclamación en su
contra y que, además, se le brinde la oportunidad de ser
oído antes de que se adjudiquen sus derechos. Véase:
Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, res. el 18 de marzo de
2002, 2002 TSPR 31; León García v. Restaurante El
Tropical, ante; Industrial Siderúrgica v. Thyssen, 114
D.P.R. 548, 559 (1983). El mecanismo para cumplir con esta
exigencia constitucional lo es el emplazamiento. León
García v. Restaurante El Tropical, ante; Rodríguez v.
Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986).
El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el
cual el tribunal hace efectiva su jurisdicción sobre la CC-2001-811 12
persona del demandado. First Bank of P.R. v. Inmob. Nac.,
Inc., 144 D.P.R. 901, 913 (1998); Peguero v. Hernández
Pellot, 139 D.P.R. 487, 494 (1995). Hemos expresado,
reiteradamente, que la citación o emplazamiento representa
el paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza
el ejercicio de la jurisdicción judicial y su adulteración
constituye una flagrante violación al trato justo. Álvarez
Elvira v. Arias Ferrer, ante; Acosta v. Marietta Services,
142 D.P.R. 927, 931 (1997); J.A. Cuevas Segarra, Tratado
de Derecho Procesal Civil, 2000, Ed. Publicaciones JTS, T.
I, pág. 138. Es por ello que los requisitos para emplazar,
conforme a la ley o a las reglas de procedimiento, deben
cumplirse estrictamente. De otro modo, el tribunal estará
impedido de actuar sobre la persona del demandado. Álvarez
Elvira v. Arias Ferrer, ante; Rivera Báez v. Jaume
Andujar, res. el 28 de junio de 2002, 2002 TSPR 100;
Rodríguez v. Nasrallah, ante, a la pág. 99.
Consistentemente, hemos señalado, que toda sentencia
dictada contra un demandado que no ha sido emplazado o
notificado conforme a derecho es inválida y no puede ser
ejecutada.6 Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, ante. Se trata
6 Tal postura ha sido igualmente sostenida en la jurisdicción norteamericana. A los efectos se ha manifestado que “a failure to provide the defendant with proper notice of the action and an opportunity to be heard will subject a judgement to collateral attack”. Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, Civil 3d. sec. 1074, pág. 357 (2002). Del mismo modo, se ha comentado que “[i]f a defendant is not properly served, any subsequent judicial proceedings with regard to that defendant are (Continúa . . .) CC-2001-811 13
de un caso de nulidad radical por imperativo
constitucional. Calderón Molina v. Federal Land Bank, 89
D.P.R. 704, 709 (1963). En virtud de ello se ha dicho que
“[u]na sentencia dictada sin tal notificación y
oportunidad carece de todos los atributos de una
determinación judicial; es una usurpación y opresión
judicial y nunca puede ser sostenida donde la justicia
administra justicieramente.” J.A. Cuevas Segarra, Tratado
de Derecho Procesal Civil, ante, a la pág. 138.
III.
En el caso de autos está en controversia la
corrección del emplazamiento que se le hizo al San Juan
Star al amparo de la Ley Núm. 2.
El peticionario San Juan Star sostiene que la Sección
3 de la Ley Núm. 2 no puede interpretarse a los efectos de
que se permite emplazar al patrono a través de cualquier
persona que se encuentre en el lugar de trabajo, sino que,
claramente, dispone que el emplazamiento debe efectuarse
mediante persona que represente al patrono. En virtud de
ello alega que, en la medida en que la persona que recibió
el emplazamiento no era miembro de la Junta de Directores,
oficial, agente ni persona autorizada para recibir el
emplazamiento, el diligenciamiento del mismo se efectuó
defectuosamente. Por tal razón, aduce que la sentencia en
_____________________ invalid.” 1 Moore’s Federal Practice, 3rd. ed. sec. 4.03[2], (1997). CC-2001-811 14
rebeldía dictada en su contra violó su debido proceso de
ley. Sostiene, además, que existiendo una controversia de
hechos en cuanto a la corrección del diligenciamiento
debió, al menos, celebrarse una vista evidenciaria para
dilucidar dicho asunto. Por su parte, la querellante
recurrida sostiene que el emplazamiento efectuado en las
oficinas del patrono querellado a través de un empleado de
éste, fue uno válido y constituyó notificación suficiente
para el patrono. El Tribunal de Circuito de Apelaciones
avaló dicha postura y utilizó como fundamento principal el
caso de León García v. Restaurante El Tropical, ante.
La Sección 3 de la Ley Núm. 2, en lo pertinente,
dispone que:
El alguacil o una persona particular diligenciará la notificación del secretario del tribunal al querellado. Si no se encontrare al querellado, se diligenciará la orden en la persona que en cualquier forma represente a dicho querellado en la fábrica, taller, establecimiento, finca o sitio en que se realizó el trabajo que dio origen a la reclamación o en su oficina o residencia. Si el querellado no pudiera ser emplazado en la forma antes dispuesta se hará su citación de acuerdo con lo que dispongan las Reglas de Procedimiento Civil para esos casos. 32 L.P.R.A. sec. 3120 (énfasis nuestro).
Del texto de la referida sección se desprende que se
proveen tres alternativas de emplazamiento para tres
situaciones distintas. En primer lugar, se dispone para
los casos en que sea posible emplazar personalmente al
patrono querellado. En segundo lugar, provee para aquellas
ocasiones en que no se encuentre al patrono, en cuyo caso CC-2001-811 15
se diligenciará el emplazamiento en cualquier persona que
lo represente. Por último, permite emplazar conforme a lo
dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil cuando no
sea posible hacerlo en las dos situaciones anteriores.
Siendo el patrono, en el presente caso, una
corporación, forzoso es concluir que nos encontramos ante
la segunda situación descrita anteriormente. Ello debido a
que, al no tratarse de una persona natural, resulta
inadecuado referirnos a la posibilidad de un emplazamiento
personal. Es en ese escenario en el que enfocamos nuestro
análisis.
Ciertamente, el mecanismo de emplazamiento
establecido por la Ley Núm. 2 es uno amplio y especial
creado para cumplir con el propósito del Legislador de
establecer un medio rápido y eficiente a través del cual
el obrero pueda notificarle al patrono sobre su
reclamación laboral. León García v. Restaurante El
Tropical, ante. No obstante lo anterior, no podemos perder
de vista que del propio texto que hemos transcrito surgen
dos elementos o componentes para el emplazamiento del
patrono cuando éste no puede ser emplazado personalmente.
El primero de estos componentes se refiere al lugar donde
se permitirá el emplazamiento. A tales efectos, dispone
una amplia gama de lugares donde se podrá efectuar el
mismo, a saber: en la fábrica, taller, establecimiento,
finca, sitio en el que se realizó el trabajo que dio
origen a la reclamación, oficina o residencia. El otro CC-2001-811 16
componente se refiere a la persona que podrá recibir el
emplazamiento, de tal forma que el mismo constituya
notificación suficiente para el patrono. A esos fines la
Ley dispone que se diligenciará la orden en la persona que
en cualquier forma represente al querellado.
Es precisamente ese último componente el punto
neurálgico de la presente controversia. ¿Procede que
adoptemos la interpretación de la recurrida en cuanto
plantea que la Ley permite diligenciar el emplazamiento a
través de cualquier persona después que se encuentre en
uno de los lugares permitidos por ley para llevarlo a
cabo, o, por el contrario, debemos entender que la Ley
exige que la persona a quien se le entregue el
emplazamiento posea, al menos, cierta capacidad para
representar al patrono? No hay duda que, la interpretación
que adoptemos, no puede frustrar el carácter sumario y el
propósito reparador que persigue la Ley. Ahora bien, ese
propósito no nos puede llevar a una interpretación que
violente el derecho constitucional de la otra parte a un
debido proceso de ley.
Es importante destacar que del texto de la Ley surge
el elemento de representación. Ello en vista de que el
legislador no se limitó a decir que el diligenciamiento se
haría en cualquier persona, sino que dispuso que se
efectuaría en la persona que en cualquier forma represente
a dicho querellado. Por tanto resulta necesario abundar en
torno a dicho concepto. CC-2001-811 17
Ser representante de alguien ha sido definido como
“la persona que en virtud de una autorización legal o
convencional, actúa en nombre de otra, ejerciendo
prerrogativas jurídicas de ésta.” J.A. Garrone,
Diccionario Jurídico, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot,
1988, T.III, pág. 291. También se ha dicho que constituye
la “[i]nstitución en virtud de la cual una persona puede
realizar un acto jurídico por otra ocupando su lugar.” De
Pina Vara, Diccionario de Derecho, 13ra. ed., México, Ed.
Porrúa, 1985, pág. 428. Es obrar en nombre de otra o
sustituir a una persona en cuyo nombre se actúa. G.
Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,
20ma. ed., Buenos Aires, Ed. Heliasta, 1986, T. VII, págs.
156 y 161.
Ahora bien, en vista de que la Ley Núm. 2 no define
qué personas poseen capacidad para representar al patrono
a los fines de recibir el emplazamiento, es menester
acudir a otras disposiciones legislativas análogas que nos
sirvan de ayuda para imprimirle un significado razonable a
dicho concepto. Ello lo hacemos en virtud de lo
establecido en el Artículo 18 del Código Civil de Puerto
Rico que dispone que “[l]as leyes que se refieren a la
misma materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser
interpretadas refiriendo las unas a las otras, por cuanto
lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado
para explicar lo que resulte dudoso en otro.” 31 L.P.R.A.
sec. 18. CC-2001-811 18
A tales efectos, y considerando que el patrono en el
presente caso es una corporación, cabe hacer referencia al
método dispuesto para emplazar a las corporaciones en las
Reglas de Procedimiento Civil y en la Ley General de
Corporaciones, así como a su jurisprudencia
interpretativa. La Regla 4.4(e) de las de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R.4.4, dispone que se
emplazará:
A una corporación ... entregando copia del emplazamiento y de la demanda a un oficial, gerente administrativo o agente general, o cualquier otro agente autorizado por nombramiento o designado por ley para recibir emplazamientos. (énfasis nuestro).
Por su parte, la Ley General de Corporaciones, Ley
Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, en su Artículo 12.01(a)
dispone, en lo pertinente, que:
Se emplazará a cualquier corporación organizada en el Estado Libre Asociado entregando personalmente una copia del emplazamiento a cualquier oficial o director de la corporación en el Estado Libre Asociado, o al agente inscrito de la corporación en el Estado Libre Asociado, o dejándola en el domicilio o residencia habitual de cualquier oficial, director o agente inscrito (si el agente inscrito es un individuo) en el Estado Libre Asociado, o en la oficina designada u otra sede de negocios de la corporación en el Estado Libre Asociado. 14 L.P.R.A. sec. 3120(a) (énfasis nuestro). ....
De las disposiciones anteriormente citadas se puede
apreciar que, a diferencia de la Ley Núm. 2, éstas
disponen específicamente quiénes representan a la
corporación a los fines de diligenciar el emplazamiento. CC-2001-811 19
Entre ellos se menciona que es adecuado efectuarlo a
través de un oficial, director, gerente administrativo,
agente general o cualquier agente designado por
nombramiento o por ley para recibir el emplazamiento. En
ese sentido es preciso notar que estas disposiciones no
dejan la puerta abierta para permitir el emplazamiento de
una corporación a través de cualquier persona. Es evidente
que, para que la notificación hecha a la corporación sea
válida y suficiente, se requiere que el emplazamiento se
realice a través de personas que, por su posición o
funciones, ostenten cierto grado de autoridad o capacidad
para representar a la corporación. Esto es, el denominador
común en relación con las personas designadas para recibir
los emplazamientos lo es el elemento de representatividad.
Cónsono con lo anterior, hemos expresado que el
debido proceso de ley exige que el método de notificación
utilizado sea uno que ofrezca una probabilidad razonable
de informarle al demandado sobre la acción entablada en su
contra. Quiñones Román v. Compañía ABC, res. el 31 de
octubre de 2000, 2000 TSPR 160; Márquez Resto v. Barreto
Lima, 143 D.P.R. 137, 143-44 (1997). Específicamente se
ha establecido que con relación a las personas a través de
las cuales se puede emplazar a una corporación, éstas
deben estar “en una posición de suficiente responsabilidad
como para que sea razonable presumir que le transmitirá o
remitirá a sus superiores el emplazamiento o demanda.” CC-2001-811 20
Quiñones Román v. Compañía ABC, ante.7 En el caso citado
anteriormente se entendió que el emplazamiento realizado a
través de un gerente operacional de un Supermercado Pueblo
de Yauco constituyó notificación adecuada del pleito
instado contra el patrono demandado que, en ese caso, era
una corporación foránea que operaba la cadena de
Supermercados Pueblo a través de toda la Isla.
Por otro lado, en Hach Co. v. Pure Water Systems,
Inc., 114 D.P.R. 58, 63 (1983), establecimos que para
determinar si una persona es apta para recibir un
emplazamiento dirigido a una corporación hay que tomar en
cuenta los deberes, funciones y la autoridad de dicha
persona.8 Resolvimos en dicho caso que el emplazamiento
efectuado a través de una secretaria de la oficina, quien
no conocía la dirección ni el teléfono de los oficiales y
directores de la compañía, es uno insuficiente. En Pou v.
American Motors Corporation, 127 D.P.R. 810, 824 (1991),
entre otras cosas, expresamos que como el que había
recibido el emplazamiento no era empleado, funcionario ni
oficial de las compañías demandadas no podía ser 7 Véase Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, Civil 3d. sec. 1103, pág. 573 (2002). A tono con lo anterior estos tratadistas también comentan que “[i]n the case of service on a corporation, delivery to an officer or agent whose position in the organization indicates that there is a high probability that papers will reach those persons in the organization responsible for protecting the firm’s interests in the litigation is sufficient.” Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, ante, sec. 1074, págs. 362-63. 8 Véase, además: Ríos v. Niagara Mach. and Tools Works, 86 F.R.D. 383, 386 (1980). CC-2001-811 21
considerado como agente, gerente administrativo o agente
general para propósitos de recibir emplazamientos sin que
se hubiese demostrado que ostentaba tal autoridad.
No es necesario que la autoridad de la persona se
extienda sobre la totalidad del negocio del patrono; sino
que lo verdaderamente decisivo es la naturaleza de la
relación entre las partes. Véase: United Fireworks v.
Tribunal Superior, 96 D.P.R. 362, 369 (1968). Ello, a su
vez, se determinará mediante un análisis de los hechos,
examinando la autoridad que esa persona tenga dentro de la
organización. Ibid. a la pág. 370.
En resumen, tenemos que cuando la parte demandada en
un caso ordinario sea una corporación, el emplazamiento de
ésta no podrá efectuarse a través de cualquier persona.9
Aquél que reciba el emplazamiento deberá tener cierto
grado de capacidad para representar a la corporación. A
tales efectos, los tratadistas Charles Wright y Arthur
Miller, citando con aprobación jurisprudencia
norteamericana, han expresado:
The rational of all rules for service of process on corporations is that service must be made on a representative so integrated with the corporation served as to make it a priori supposable that he 9 “Thus, service of process in a corporate employee who lacks authority to accept service on behalf of the corporation renders service invalid. . . . . In assessing whether a particular person is an agent authorized to accept service for a corporation, a court will consider the level of authority granted to that individual within the corporation.” 1 Moore’s Federal Practice, ante, sec. 4.53[2][c]. CC-2001-811 22
will realize his responsibility and know what he should do with any legal papers served on him.10
Ciertamente, aunque la anterior normativa --aplicable
a casos de demandas ordinarias radicadas contra
corporaciones-- es una que no es enteramente aplicable a
los casos radicados al amparo de la Ley Núm. 2, la misma
resulta pertinente e ilustrativa y nos permite imprimirle
a la antes transcrita Sección 3 de la Ley Núm. 2 un
significado razonable. Ello a tono con las exigencias del
debido proceso de ley para los casos en que el patrono
querellado sea una corporación. De hecho, si examinamos
nuestra jurisprudencia interpretativa de la Ley Núm. 2,
observamos una tendencia a utilizar estándares similares a
los aplicables al amparo de las Reglas de Procedimiento
Civil y la Ley General de Corporaciones para determinar si
el emplazamiento a una corporación querellada es o no
válido.
En Silva Recio v. Mayagüez Outboard Motor Club, 105
D.P.R. 279 (1976) se llevó a cabo el emplazamiento a
través de un ex presidente del club. El patrono querellado
impugnó la jurisdicción del tribunal aduciendo que dicha
persona no podía recibir emplazamientos a nombre suyo. El
tribunal de instancia dejó sin efecto la sentencia dictada
en su contra al entender que el emplazamiento fue
defectuoso. Expidió un nuevo emplazamiento que le fue
10 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, Civil 3d. sec. 1101, pág. 563 (2002). CC-2001-811 23
entregado al contable de la entidad. El patrono impugnó
este nuevo emplazamiento y el foro de instancia volvió a
expedir otro emplazamiento el cual fue entregado al
presidente del club. En lo pertinente, este Tribunal
resolvió, que al amparo de la Sección 3 de la Ley Núm. 2
el querellado fue emplazado debidamente por lo menos
cuando se le notificó la demanda y la citación al contable
y luego a su presidente. Ibid. a la pág. 284.11 En León
García v. Restaurante El Tropical, res. el 7 de junio de
2001, 2001 TSPR 81, resolvimos que un tribunal adquiere
jurisdicción sobre un patrono querellado, al amparo de las
disposiciones de Ley. Núm. 2, cuando el emplazamiento se
diligencia a través de la administradora del lugar donde
trabaja el empleado. Debe enfatizarse el hecho de que la
administradora era también directora y oficial de la
corporación.
Resulta evidente que, a pesar del carácter expedito y
reparador de la Ley Núm. 2 y de la amplitud del mecanismo
de emplazamiento allí dispuesto, la normativa correcta a
utilizar en esta clase de casos es una a los efectos de
que dicho emplazamiento se efectúe a través de una persona
que tenga, al menos, cierto grado de autoridad para
recibir el emplazamiento en representación del patrono.
11 Véase además, Ruiz Rivas v. Col. San Agustín, ante, en el que se emplazó a la querellada a través de la directora del colegio; y Marín Kuilan v. Teddy Díaz Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499 (1997), en el cual se diligenció el emplazamiento a través del gerente de contabilidad de la compañía querellada. CC-2001-811 24
De todo lo anterior se desprende que la contención de
la recurrida, avalada por el foro intermedio apelativo, a
los efectos de que el emplazamiento al amparo de la Ley
Núm. 2 es suficiente si se diligencia en cualquier persona
después que se haga en el lugar de trabajo del patrono, es
una errónea. Su posición es producto de una equivocada
interpretación del caso de León García v. Restaurante El
Tropical, ante. En el referido caso, calificamos como
válido el emplazamiento realizado a la compañía, no sólo
porque se diligenció en el lugar de trabajo del patrono,
sino, además, porque se hizo a través de la
administradora; persona que claramente “representaba” al
patrono en dicho lugar. Esto es, se cumplieron los dos
elementos de lugar y de persona apta para recibir el
emplazamiento, que, repetimos, contempla la Sección 3 de
la Ley Núm. 2 para el emplazamiento del patrono querellado
cuando éste no puede ser emplazado personalmente.12
Interpretar, de forma contraria, la Sección 3 de la
Ley. Núm. 2 --esto es, a los efectos de que el
emplazamiento al patrono pueda ser diligenciado a través
de cualquier persona-- sería imprimirle a éste un
significado muy amplio en clara contravención con los
postulados del debido proceso de ley.
12 Cabe señalar que en el referido caso la validez del emplazamiento no sólo fue evaluada a la luz de la Ley Núm. 2, sino que también la examinamos a tenor con los principios del debido proceso de ley y las Reglas de Procedimiento Civil. CC-2001-811 25
Reiteramos en el día de hoy el carácter reparador y
expedito del procedimiento establecido bajo la Ley. Núm.
2, así como también el enfoque proteccionista en beneficio
del obrero que ésta persigue, pero esa postura no puede
tener el efecto de privar a la otra parte de un debido
proceso de ley. Esto es, a la parte querellada al menos
debe dársele la oportunidad de ser notificada
adecuadamente del pleito en su contra de tal manera que
exista una probabilidad razonable de que éste será
informado de la existencia del mismo para que así pueda
defenderse de la querella. Siendo este procedimiento uno
sumario, de términos cortos y de consecuencias adversas
inmediatas para el patrono, la notificación adecuada de la
reclamación en su contra es un derecho básico que se le
debe asegurar a éste.
Si bien en Silva Recio v. Mayagüez Outboard Motor
Club, ante, a la pág. 284, refiriéndonos al mecanismo de
emplazamiento de la Ley Núm. 2, expresamos que “no podemos
permitir que el juego de los tecnicismos le niegue [al
obrero] su día en corte”, es importante aclarar que el
derecho a un debido proceso de ley no es un tecnicismo
legal que puede ser soslayado, sino una garantía
constitucional que debemos salvaguardar. En virtud de lo
antes expuesto, resolvemos que la terminología de la Ley
Núm. 2, a los efectos de que “se diligenciará la orden en
la persona que en cualquier forma represente a dicho
querellado”, establece un requisito mínimo de CC-2001-811 26
representatividad para que el emplazamiento del patrono
sea válido.
Ahora bien, considerando que el emplazamiento
dispuesto en esta Ley fue uno especial en sintonía con el
propósito reparador y sumario que inspiró la misma, no
podemos limitar el grupo de personas aptas para recibir el
emplazamiento a aquellas únicamente señaladas en las
Reglas de Procedimiento Civil o en la Ley General de
Corporaciones. Por tanto, bajo la Ley Núm. 2, el
emplazamiento al patrono querellado que no pueda ser
emplazado personalmente, no sólo se podrá efectuar a
través de un director, oficial, administrador, gerente
administrativo, agente general, agente inscrito o
designado por ley o nombramiento, sino también, a través
de cualquier persona que por su puesto, funciones,
deberes, autoridad o relación con el patrono ostente
capacidad para representarlo en la fábrica, taller,
establecimiento, finca, sitio en que se realizó el trabajo
que dio origen a la reclamación, oficina o residencia;
determinación que se deberá hacer caso a caso.
De este modo, establecemos una norma flexible en
cuanto a las personas aptas para recibir el emplazamiento
pero sin llegar al extremo de permitir que se efectúe a
través de cualquier persona, lo cual atentaría contra el CC-2001-811 27
debido proceso de ley y con el propio texto de la Ley que
exige un requisito mínimo de representatividad.13
IV.
Lo antes expresado no resuelve, totalmente la
controversia planteada en el caso. Un examen de los autos
refleja que, en efecto, existe una controversia de hechos
en torno a la corrección del emplazamiento efectuado. Esto
es, la información que surge de los documentos que obran
en el expediente es insuficiente para poder evaluar si el
emplazamiento llevado a cabo en el presente caso fue
diligenciado en una persona apta para representar al
patrono en el lugar de trabajo. Lo único que tenemos es la
declaración jurada de la señora Sara De la Vega Ramos que
se acompañó a la moción solicitando anulación del
emplazamiento, presentada por el patrono querellado, de
donde surge que, alegadamente, la persona emplazada no era
miembro de la Junta de Directores del periódico, oficial,
agente ni persona autorizada para recibir el
13 Coincidimos con la preocupación expuesta por la parte peticionaria cuando plantea que el permitir que se emplace a una corporación querellada a través de cualquier persona, obviando el requisito de representatividad, “expone a esas entidades a estar a merced de que cualquier persona, con interés o sin interés, con responsabilidad o sin responsabilidad[,] con lealtad o sin lealtad, con o sin facultad para obligar a la corporación, pueda exponer por no dar curso oportuno a notificaciones judiciales a severas sanciones civiles o hasta criminales.” Véase Alegato de Solicitud de Certiorari, a la pág. 9. CC-2001-811 28
emplazamiento. En la misma, además, se alega que dicha
persona era un mero empleado asalariado del patrono.
Es preciso recordar que el ejercicio de defensas
válidas por parte de un querellado en una acción bajo el
procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 es una
circunstancia que los tribunales de instancia deben tomar
en consideración antes de llegar a determinaciones, que
por su naturaleza, conllevan consecuencias funestas para
esa parte. Román Cruz v. Díaz Rifas, ante, a la pág. 506.
No se puede despachar livianamente un planteamiento
dirigido a la falta de jurisdicción del tribunal sobre la
persona del querellado bajo un procedimiento de esta
naturaleza. “Como regla general una buena defensa debe
siempre inclinar la balanza a favor de una vista en los
méritos,...” Ibid. a la pág. 507. Es menester recalcar que
los tribunales no somos meros autómatas y que el proceso
de formar conciencia judicial exige la comprobación de
cualquier aseveración mediante prueba. A tales efectos,
hemos reiterado que el tribunal deberá celebrar las vistas
que crea necesarias y adecuadas. Ruiz Rivas v. Col. San
Agustín, ante; Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106
D.P.R. 809, 817 (1978).
En el presente caso hay controversia en torno a la
corrección del emplazamiento efectuado. Existe una
necesidad real de determinar si el señor Roberto Ortiz
Mariano, en quien se diligenció el mismo, poseía o no
capacidad para representar al patrono en el lugar de CC-2001-811 29
trabajo. Sólo así podrá concluirse si la notificación del
pleito a través de éste fue adecuada. La comparecencia
especial que hizo el patrono querellado ante el tribunal
de instancia, sin someterse a su jurisdicción, alegando
falta de jurisdicción sobre su persona bajo el
procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, amerita la
celebración de una vista, luego de la cual el tribunal de
instancia deberá decidir si el emplazamiento es, o no, uno
válido en derecho.
V.
Por los fundamentos antes expuestos, procede revocar
la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de
Apelaciones. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera
Instancia, el cual deberá celebrar una vista evidenciaria
en la cual se dilucidará la corrección y validez del
emplazamiento realizado en el presente caso. Esto es, debe
determinarse, si de acuerdo a lo aquí establecido, la
persona que recibió el emplazamiento tenía, o no, facultad
para representar al patrono querellado. En armonía con el
procedimiento sumario contemplado en la citada Ley Núm. 2
ordenamos que la referida vista sea señalada para la fecha
más próxima posible. 14
14 En vista de que es preciso determinar si el tribunal adquirió jurisdicción sobre la persona del patrono querellado mediante el emplazamiento efectuado, nos abstenemos de resolver los últimos dos errores señalados por la peticionaria en esta etapa de los procedimientos. CC-2001-811 30
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Circuito de Apelaciones; devolviéndose el caso al Tribunal de Primera Instancia, el cual deberá celebrar una vista evidenciaria en la cual se dilucidará la corrección y validez del emplazamiento realizado en el presente caso. Esto es, debe determinarse, si de acuerdo a lo aquí establecido, la persona que recibió el emplazamiento tenía, o no, facultad para representar al patrono querellado. En armonía con el procedimiento sumario contemplado en la citada Ley Núm. 2 ordenamos que la referida vista sea señalada para la fecha más próxima posible.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón no intervino.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo