EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2015 TSPR 109
José Luis Rivera Nazario 193 DPR ____
Número del Caso: CP-2013-20
Fecha: 5 de agosto de 2015
Abogados de la parte querellada:
Lcdo. Félix O. Rivera Borges Lcdo. José M. Toro Iturrino
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Karla Pacheco Álvarez Subprocuradora General
Lcda. Gisela Rivera Matos Procuradora General Auxiliar
Comisionado Especial:
Hon. Rafael A. Flores Díaz
Materia: Conducta Profesional – Censura enérgica por violación a los Cánones 18, 19, 20 y 38 de Ética Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Conducta In re Profesional
JOSÉ LUIS RIVERA NAZARIO Núm.: CP-2013-0020
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2015.
En esta ocasión evaluamos la conducta de un abogado a
quien se le imputó haber infringido los Cánones 18, 19, 20
y 38 del Código de Ética Profesional (Código de Ética
Profesional), 4 LPRA Ap. IX, Cs. 18, 19, 20 y 38 (2012),
durante el trámite de apelación ante un foro
administrativo. A tenor con los fundamentos que
expondremos a continuación, censuramos enérgicamente la
actuación del letrado y le apercibimos que de incurrir en
nueva conducta antiética, se expone a sanciones
disciplinarias más severas.
I
A. Trámite Disciplinario
El Lcdo. José Luis Rivera Nazario (licenciado Rivera
Nazario o Querellado) fue admitido a la práctica de la CP-2013-0020 2
abogacía el 4 de enero de 1994 e ingresó al ejercicio del
notariado el 23 de marzo de ese mismo año.1 El 31 de
enero de 2012 el Sr. Reinaldo Cintrón Mercado (señor
Cintrón o Querellante), presentó una Queja contra el
licenciado Rivera Nazario mediante la cual alegó que,
producto de la incompetencia profesional del Querellado,
se produjo la pérdida de su causa de acción, su empleo y
su derecho a la revisión de una determinación
administrativa. En atención a lo anterior, el 15 de marzo
de 2012 el licenciado Rivera Nazario compareció ofreciendo
su versión de los hechos.
Remitimos los escritos a la consideración de la
Oficina de la Procuradora General (Procuradora), para
investigación e informe y, eventualmente, la instruimos a
que presentara la Querella correspondiente en contra del
letrado. De conformidad a lo anterior, el 15 de agosto de
2013 la Procuradora presentó la Querella imputándole al
licenciado Rivera Nazario infracciones a los Cánones 18,
19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional. Éste formuló
su Contestación a la Querella el 11 de octubre de 2013.2
1 El 5 de septiembre de 2014 emitimos Resolución autorizando la baja voluntaria del Lcdo. José Luis Rivera Nazario (licenciado Rivera Nazario) del ejercicio de la notaría.
2 En su contestación el licenciado Rivera Nazario manifestó que al presente está residiendo en el estado de la Florida y que no está ejerciendo la profesión. Expresó, además, haber renunciado en todos los casos y entregado los expedientes a sus clientes. Finalmente, indicó que se encuentra a la espera de la resolución de este proceso disciplinario para solicitar la baja voluntaria del ejercicio de la abogacía. CP-2013-0020 3
Mediante Resolución de 27 de marzo de 2014 nombramos
al Hon. Rafael A. Flores Díaz, Comisionado Especial, a
quien delegamos la encomienda de recibir prueba y elaborar
un informe con las determinaciones de hechos, así como las
recomendaciones pertinentes. La Procuradora compareció el
4 de junio de 2014 ante este Tribunal alertándonos de que
el señor Cintrón había incoado un pleito civil sobre
Incumplimiento de Contrato, Daños y Perjuicios en contra
del letrado, basado en los mismos hechos que originaron la
Querella.3 No obstante, reiteró que continuaría con el
proceso disciplinario contra el licenciado Rivera Nazario.
Tras varios incidentes procesales, el 17 de
septiembre de 2014 se celebró la vista en su fondo en
contra del Querellado. Las partes señalaron al
Comisionado haber estipulado todo el expediente,
incluyendo los documentos relacionados al caso
administrativo que originó el asunto ético, los escritos
presentados por la Procuradora y por el licenciado Rivera
Nazario, así como las cuestiones ventiladas ante el
Comisionado.
Durante el proceso, el Querellado reconoció que sus
actuaciones fueron contrarias a los postulados éticos
imputados y se allanó a la sanción que este Foro tuviera a
bien imponer en su día. No obstante, solicitó que
3 El Querellante presentó la Demanda el 8 de marzo de 2013 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (Caso Núm. ISCI201300327). Tomamos conocimiento judicial de que el 22 de enero de 2015 el foro de instancia dictó Sentencia desestimando la causa de acción, debido a que el señor Cintrón no demostró nexo causal entre los daños alegados y el incumplimiento del licenciado Rivera Nazario. CP-2013-0020 4
ponderáramos la extensa prueba testifical sobre sus
capacidades, competencia y reputación profesional.
B. Trasfondo Fáctico
i. Trámite ante la Unidad de Disciplina de la Administración de Corrección
El 23 de septiembre de 2002 el Querellante solicitó
la asistencia legal del licenciado Rivera Nazario para que
lo representara en un proceso administrativo informal de
suspensión sumaria y destitución, ante la Unidad de
Disciplina de la Administración de Corrección (AC o
Agencia), por alegadas infracciones a disposiciones
legales y reglamentarias de ese organismo. Hasta ese
entonces, el señor Cintrón ocupaba un puesto de carrera
como Oficial Correccional I en el Complejo Correccional
Ponce Mínima, en Ponce. Las partes suscribieron un
contrato de servicios profesionales en el que pactaron
honorarios por $500.00, de los cuales el señor Cintrón
anticipó $100.00.
El licenciado Rivera Nazario compareció ante la
Unidad de Disciplina de la Agencia, a los efectos de
anunciar formalmente que había asumido la representación
legal del señor Cintrón y solicitar la transferencia de
una vista pautada para el 13 de noviembre de 2003, debido
a que tenía dos señalamientos judiciales previos que
impedían su asistencia. En los escritos presentados ante
este Foro, indicó que el Querellante estaba al tanto de CP-2013-0020 5
dicha situación. La Agencia recalendarizó la audiencia
inicial para el 18 de marzo de 2004. Sin embargo, el
licenciado Rivera Nazario no recibió la notificación de
este nuevo señalamiento, ya que la Unidad de Disciplina de
la AC le notificó directamente al Querellante. Éste no le
informó al Querellado sobre la nueva fecha y asistió a la
vista por derecho propio.
Efectivo el 18 de noviembre de 2004 el señor Cintrón
fue destituido permanentemente de su cargo en la Agencia.
Si bien el licenciado Rivera Nazario había comparecido por
escrito como su representante, la resolución final del
organismo gubernamental tampoco le fue notificada, pues
solamente se le notificó al señor Cintrón.
ii. Trámite ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA)
El 22 de noviembre de 2004 el señor Cintrón acudió,
nuevamente, a la oficina del Querellado para que le
asistiera en la revisión de la determinación
administrativa que confirmó la separación permanente de su
empleo en la AC. En ese momento hizo un pago de $100.00
para acreditarse a los honorarios de abogado, sin embargo,
en esa ocasión no confeccionaron un contrato de
representación legal por escrito que recogiera ese
incidente.
Luego de haber examinado la Resolución del caso, el
licenciado Rivera Nazario le explicó al Querellante que, a
base de la evidencia que surgía del expediente CP-2013-0020 6
administrativo, la Agencia podía destituirlo. Le indicó,
además, que las imputaciones en su contra quedaron
consignadas y probadas en el récord administrativo por
éste no haberlas controvertido. En específico, el hecho
de que hizo alegación de culpabilidad en un proceso penal
en su contra por maltratar a su hijo menor de edad.4 No
obstante, debido a que el señor Cintrón insistió en negar
los hechos que originaron su despido, es decir la
alegación de culpabilidad en el proceso criminal, el
Querellado le requirió la documentación pertinente para
elaborar la apelación del caso. A pesar de que el
Querellante no regresó a su despacho, ni produjo la
información y documentos solicitados, el 20 de diciembre
de 2004 el licenciado Rivera Nazario apeló la Resolución
Final de la Agencia ante la CIPA (Núm. 04-AC-198), para de
esta manera salvaguardar los derechos de su cliente.5
4 En la carta de destitución se consignó que el ex empleado no refutó el hecho de haber agredido físicamente a su hijo menor de edad. De la investigación realizada por la Administración de Corrección (AC o Agencia) se desprende que el 12 de agosto de 2001 el señor Cintrón agredió en las manos y en diferentes partes del cuerpo a su hijo de 12 años. Como consecuencia de los golpes, el niño requirió asistencia médica y tuvo que ser atendido en el Hospital Bella Vista de Yauco. Por estos hechos, el Querellante hizo alegación de culpabilidad y el 1 de marzo de 2002 el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, le concedió los beneficios de una sentencia suspendida por infracción al Artículo 52 de la derogada Ley Núm. 342-1999, conocida como la Ley para el Amparo a Menores en el Siglo XXI, 8 LPRA sec. 443q (2001) (Derogada). Finalmente, completó un Programa de Desvío, razón por la que el foro de instancia el 5 de septiembre de 2003 lo exoneró y ordenó el archivo y sobreseimiento del caso. Contestación a la Queja, anejos 8 y 11.
5 En el expediente constan dos cartas que el Querellado adujo haber dirigido por correo ordinario al Querellante solicitando su cooperación y apercibiéndole de las consecuencias de su inacción. Contestación a la Querella, anejos 15-16. CP-2013-0020 7
Según se desprende del expediente Núm. 04-AC-198,6 la
CIPA emitió una Orden, notificada el 12 de enero de 2005,
mediante la cual requirió a las partes cierta
documentación en un término de 20 días.7 Ante la inacción
de ambas partes, el 23 de febrero de 2005 la CIPA dictó
una segunda Orden en la que instó al cumplimiento de lo
requerido anteriormente en el término de 20 días, so pena
de sanciones económicas. El 4 de marzo de 2005 la AC
compareció ante el organismo apelativo dando cumplimiento
a la Orden y solicitando la desestimación del caso por
falta de jurisdicción. Así las cosas, el 8 de marzo de
2005 la CIPA concedió un término de diez días al señor
Cintrón para que expusiera su posición respecto a la
solicitud de desestimación de la Agencia. El 4 de abril
de 2005 la CIPA otorgó al Querellante un plazo final de
veinte días para que diese cumplimiento a la Orden emitida
el 8 de marzo del mismo año. Ante ello, la AC presentó
una segunda solicitud de desestimación el 7 de abril de
2005. Debido a la inercia e incumplimiento del licenciado
Rivera Nazario con los requerimientos de la CIPA, el foro
concernido dictó Resolución el 21 de abril de 2005
6 Copia del expediente de Apelación ante la CIPA fue elevado ante el Comisionado.
7 La CIPA requirió al señor Cintrón someter copia de la Resolución Final y de la Resolución de los Cargos, mientras que exigió a la AC copia de la Notificación Personal de la Resolución Final hecha al Querellante. CP-2013-0020 8
decretando la desestimación de la apelación ―ante la
dejadez y falta de interés‖ del señor Cintrón.8
De tal dictamen, el licenciado Rivera Nazario no
solicitó reconsideración, ni presentó revisión
administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Por lo
tanto, la determinación de la CIPA advino final y firme.
Conforme alegó el señor Cintrón, el Querellado no le
informó de la Resolución emitida en su caso. Esta
negligencia, según planteó, le imposibilitó conseguir el
consejo de otro abogado, así como cuestionar,
oportunamente, la decisión administrativa en su contra.
Según el Querellado, la desestimación del caso
apelado fue resultado de la falta de cooperación y
comunicación del señor Cintrón. Adujo que no fue hasta
el 2010 que el Querellante regresó a su oficina,
nuevamente, insistiendo en que se efectuara algún trámite
para reabrir su caso. Así las cosas, el Querellado
interpuso, sin éxito, un nuevo escrito de Apelación ante
la CIPA cuestionando aspectos procesales de la
determinación del 2004. No obstante, dicha apelación fue
desestimada por falta de jurisdicción. En vista de lo
anterior, el 18 de marzo de 2011 el licenciado Rivera
Nazario le cursó una carta al Querellante en la que,
además de informarle de la resolución administrativa, le
expuso que entendía que el recurso no hubiese procedido
8 Contestación a Queja, Anejo 9. CP-2013-0020 9
por el hecho de haberse declarado culpable en el proceso
penal concernido. Posteriormente, el letrado recurrió al
tribunal apelativo intermedio, el cual desestimó la
petición por los mismos fundamentos del foro
administrativo. Por último, acudió ante este Tribunal
mediante la Solicitud de Certiorari Núm. CC-2011-0456, la
cual declaramos No Ha Lugar el 14 de octubre de 2011. 9
II
El Código de Ética Profesional establece las normas
mínimas de conducta que deben dirigir la práctica de la
profesión legal. In re Cotto Luna, 187 DPR 584 (2012).
Aquellos que ostentan el privilegio de ser admitidos a
este Foro, tienen la obligación de actuar siempre de
acuerdo a los más altos principios éticos. In re Mulero
Fernández, 174 DPR 18 (2008). Los Cánones del Código de
Ética Profesional, pretenden que cada jurista exhiba un
desempeño, personal y profesional, que enaltezca y refleje
los estándares morales de la abogacía, en beneficio del
cliente, la profesión en general, la sociedad y sus
instituciones de justicia. Íd. Todo abogado que
comparezca ante las agencias administrativas, asume el
deber de observar los mismos principios éticos que
requiere su conducta ante los foros judiciales. In re
Pietri Castellón, 185 DPR 982 (2012).
9 Según expresara el Querellado, por estas gestiones llevadas a cabo con el consentimiento del señor Cintrón, él no recibió pago por sus honorarios, ni por las costas. CP-2013-0020 10
A. Canon 18: Competencia del Abogado y Consejo al Cliente
El abogado posee la responsabilidad ineludible de
defender los derechos e intereses de sus clientes con
diligencia, competencia y gran responsabilidad, según
preceptuado en el Canon 18 del Código de Ética
Profesional. 4 LPRA Ap. IX, C. 18 (2012) (Canon 18).
Véase, además, In re Cotto Luna, supra. De hecho, cuando
un abogado acepta la encomienda de representar a una
persona y no la ejecuta adecuada y responsablemente,
incumple el Canon 18. ―La representación legal adecuada
requiere que se ejerza la profesión con celo, cuidado y
prudencia‖. (Énfasis suplido). Íd., pág. 589.
Al asumir un caso, el abogado se obliga a realizar
todas las gestiones posibles, dentro del marco de la
ética, en beneficio de su cliente. In re Cuevas Borrero,
185 DPR 189 (2012). En el ejercicio de la abogacía no hay
espacio para que sus miembros actúen con displicencia,
dejadez y desidia en la tramitación de los asuntos que le
han sido delegados. In re Díaz Nieves et als., 189 DPR
1000 (2013); In re Cuevas Borrero, supra. Por lo tanto,
este deber de diligencia profesional genera una obligación
dual frente a su cliente, así como frente a los tribunales
en la administración de la justicia. In re Hoffman
Mouriño, 170 DPR 968 (2007).
Cónsono a lo anterior, hemos destacado que un abogado
contraviene el Canon 18 cuando exhibe una conducta
negligente que pueda acarrear o, en efecto acarree, la CP-2013-0020 11
desestimación de un caso o la pérdida de la causa de
acción de su representado. In re Pietri Torres, 2014 TSPR
99, 191 DPR ___ (2014); In re Díaz Nieves et als., supra;
In re Cuevas Borrero, supra. También, vulnera el precepto
en cuestión al: 1) no responder planteamientos
fundamentales; 2) ignorar órdenes judiciales o
administrativas; 3) incurrir en errores crasos; y 4)
desatender o abandonar el trámite de un caso, entre otras.
In re Díaz Nieves et als., supra. Véase, además, In re
Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011).
Cuando un abogado pierde contacto con su cliente y
están por vencerse los términos para presentar una causa
de acción, su responsabilidad ética en estas
circunstancias está sujeta al grado de diligencia que
despliegue para contactar a su representado. In re Pinto
Andino, 156 DPR 259 (2002). Esto significa que el abogado
deberá efectuar esfuerzos razonables y diligentes
dirigidos a restablecer la comunicación con su cliente y
advertirle de la situación procesal del asunto
encomendado. Íd. ―[L]o que constituye un esfuerzo
‗razonable y diligente‘ para localizar al cliente
dependerá de [un análisis sobre] la totalidad de las
circunstancias del caso.‖ (Citas omitidas). Íd., pág.
265.10
10 Aunque hemos expresado que, en ocasiones, será suficiente y razonable una carta, un mensaje de correo electrónico, por medio de personas allegadas e incluso una llamada telefónica, no siempre lo será. In re Pinto Andino, 156 DPR 259, 264-265 (2002). CP-2013-0020 12
Un abogado diligente que realice esfuerzos razonables
para localizar o comunicarse con su cliente, de ordinario
no está éticamente obligado a presentar la acción
encargada para preservarle los derechos. In re Pinto
Andino, supra. Pero, si en tal circunstancia el abogado
decide presentar la acción o el recurso a fin de evitar
que su representado, por ejemplo, pierda su derecho a
apelar, ello no constituye una violación ética. No
obstante, una vez presentada la acción, si las nuevas
gestiones para contactar al cliente resultan infructuosas,
el abogado deberá solicitarle al foro con jurisdicción la
autorización para renunciar. Lo importante es que el
abogado descargue su responsabilidad ética informando la
problemática al foro con jurisdicción, proveyendo detalles
que acrediten las gestiones al respecto. Corresponde
entonces a la autoridad judicial o administrativa ponderar
la suficiencia de dichos esfuerzos. No es correcto que el
abogado interponga la acción correspondiente y luego se
desligue del trámite del caso, comprometiendo de esta
manera los derechos que intentó proteger y entorpezca la
administración de la justicia. Íd.
B. Canon 19: Información al Cliente
A fin de representar los intereses de su cliente de
forma diligente y responsable, es indispensable que el
abogado lo mantenga informado de los asuntos importantes
que surjan durante el trámite del caso encomendado, según CP-2013-0020 13
dispone el Canon 19 del Código de Ética Profesional. 4
LPRA Ap. IX, C. 19 (2012) (Canon 19); In re Arroyo Ramos,
159 DPR 284 (2003). Por consiguiente, esta obligación es
autónoma e independiente de su deber de diligencia. In re
Pietri Castellón, supra. ―El deber de comunicación
efectiva es imprescindible en la relación fiduciaria que
caracteriza el vínculo abogado-cliente‖. Íd., pág. 992.
A fin de lograr una comunicación efectiva entre ambos, el
abogado debe informar directamente a su representado de
los trámites realizados y su desarrollo, consultarle los
aspectos que estén fuera del ámbito discrecional de la
representación legal y acatar sus directrices, siempre y
cuando estén dentro del marco ético. In re Cuevas
Borrero, supra; In re Mulero Fernández, supra.
En lo pertinente, un miembro de la profesión desacata
este imperativo ético cuando mantiene ajeno a su cliente
sobre el resultado adverso de un asunto encomendado —la
acción se archiva o se desestima— o no mantiene al cliente
al tanto del tracto procesal del caso. In re Cuevas
Borrero, supra; In re Montes Fuentes, 174 DPR 863 (2008).
De hecho, no informar al cliente sobre su caso, no solo
constituye una infracción al Canon 19, sino que perjudica
el proceso de impartir justicia. In re Reyes Coreano, 190
DPR 739 (2014).
Es importante reiterar que el Canon 19 representa una
obligación unidireccional: ―impone el deber de
comunicación al abogado y no al cliente‖. (Énfasis en el CP-2013-0020 14
original). In re Nieves Nieves, supra, pág. 40. No es
excusa para el abogado el dejar de proveer datos sobre los
asuntos importantes del caso porque el cliente se haya
tornado inaccesible. Es imperativo que demuestre las
diligencias razonables realizadas a fin de restablecer la
comunicación con éste. Íd.
C. Canon 20: Renuncia de Representación Legal
Como parte de los deberes del abogado para con su
cliente, el Canon 20 del Código de Ética Profesional dicta
el procedimiento a seguir para ser relevado de la
representación profesional. 4 LPRA Ap. IX, C. 20 (2012)
(Canon 20). En lo pertinente, dispone que ―[c]uando un
cliente es negligente y no coopera con su abogado en la
tramitación de su caso, el abogado debe renunciar [a] la
representación legal existente. No renunciar impide al
letrado representar adecuadamente a su cliente y
constituye un error de juicio y una violación al Canon 20
[…]‖. (Citas omitidas y énfasis suplido). In re Ramos
Hernández, 183 DPR 647, 655 (2011). Véase, además, In re
Díaz Nieves et als., supra. En este contexto, la renuncia
del abogado está sujeta a que obtenga el permiso del foro
pertinente y a que tome las medidas razonables para
evitarle perjuicio a su representado. In re Ramos
Hernández, supra. CP-2013-0020 15
D. Canon 38: Preservación del Honor y la Dignidad de la Profesión
Según dispone el Canon 38 del Código de Ética
Profesional, corresponde a cada miembro de la abogacía
conducirse en la esfera privada, así como en la
profesional, de manera que exalte el honor y la dignidad
de la profesión legal. 4 LPRA Ap. IX, C. 38 (2012) (Canon
38). Asimismo, debe evitar hasta la apariencia de
conducta impropia. Íd. La conducta de los abogados
admitidos a practicar la profesión se mide con unos
parámetros muy distintos a los de un individuo particular.
In re Sierra Arce, 2014 TSPR 142, 192 DPR ___ (2014). La
clase togada debe tomar conciencia de que la confianza
pública de las instituciones de justicia y de la profesión
misma, descansa, en gran parte, en su proceder.
La responsabilidad ética inherente a nuestra
profesión, impone al abogado un deber de revisión continua
de su comportamiento. In re Nieves Nieves, supra. ―[H]emos
señalado enfáticamente que ‗por ser los abogados el espejo
donde se refleja la imagen de la profesión éstos deben
actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad
que impone la función social que ejercen‘ ‖. (Citas
omitidas). In re Guemárez Santiago, 2014 TSPR 112, 191
DPR __ (2014), pág. 10, citando a In re Santiago Ríos, 172
DPR 802, 822 (2007). Véase, además, In re Cuyar
Fernández, 163 DPR 113 (2004). Las actuaciones de los
abogados como funcionarios de este Tribunal y ministros CP-2013-0020 16
del sistema de justicia deben estar encaminadas a
preservar un orden jurídico íntegro y eficaz. In re Cuyar
Fernández, supra.
E. Comisionado Especial
Reiteradamente hemos pautado que las determinaciones
de hechos del Comisionado Especial basadas en prueba
testifical gozan de nuestra deferencia, salvo se demuestre
que actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o error
manifiesto en la apreciación de la prueba. In re Sierra
Arce, supra; In re Cuevas Borrero, supra. No obstante,
cuando sus determinaciones descansan en prueba documental,
este Tribunal está en la misma posición que el Comisionado
Especial de evaluarla. Íd. Por lo tanto, podemos
realizar un examen independiente de este tipo de prueba y
aceptar, modificar y hasta rechazar su informe. In re
Cuevas Borrero, supra.
F. Sanción Disciplinaria
Al momento de fijar la sanción a imponerse a un
abogado que ha infringido el Código de Ética Profesional,
ponderamos los siguientes factores: 1) la reputación del
abogado en la comunidad; 2) su historial previo; 3) si
constituye su primera falta y si no ha causado perjuicio a
alguna parte; 4) la aceptación y arrepentimiento sincero
por las imputaciones; 5) la defensa frívola de su
conducta; 6) si se trata de una conducta aislada; 7) el CP-2013-0020 17
ánimo de lucro, y 8) cualquier otra consideración
atenuante o agravante aplicable a los hechos. In re De
León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014); In re Cotto Luna,
supra; In re Plaud González, 181 DPR 874 (2011).
Es importante tratar las faltas similares de modo
análogo, a fin de evitar la arbitrariedad y de alcanzar
una reglamentación ética coherente y uniforme. In re De
León Rodríguez, supra. Por lo tanto, los asuntos
disciplinarios semejantes merecen sanciones, también
semejantes. No obstante, tenemos que reconocer que las
circunstancias particulares de cada caso son únicas y
determinantes al momento de imponer la sanción. Íd.
III
Como bien admitiera el propio licenciado Rivera
Nazario y tras evaluar todo el expediente, la prueba
estipulada, así como el Informe del Comisionado Especial,
concluimos que éste quebrantó los Cánones 18, 19, 20 y 38
del Código de Ética Profesional.
El señor Cintrón acudió a la oficina del Querellado
para que lo asistiera en el proceso de apelación ante la
CIPA. Luego de la contratación de sus servicios, el
abogado no logró contactarlo para que le proveyera la
información que éste le había solicitado. Bajo esas
circunstancias y por temor a que el Querellante perdiera
su derecho a recurrir de la decisión de la Unidad de
Disciplina de la AC, presentó la Apelación ante la CIPA. CP-2013-0020 18
Sin embargo, optó por ignorar los requerimientos del
organismo apelativo, lo que provocó la desestimación del
recurso por falta de interés y dejadez. Tampoco intimó la
reconsideración, ni la revisión administrativa de la
referida determinación.
La responsabilidad del abogado para con su cliente no
cesó al momento de interponer el recurso en cuestión. El
deber de corrección ética continua le exigía haber dado
fiel cumplimiento al trámite y a las órdenes
administrativas. En lugar de abandonar el proceso de
apelación, como efectivamente hizo, el licenciado Rivera
Nazario debió haber planteado ante la CIPA la problemática
que afrontaba con el Querellante. Es decir, ante la falta
de colaboración de su cliente, el Querellado venía
obligado a informarle al foro administrativo que había
perdido contacto con éste, razón que le impedía dar
cumplimiento a la Orden requiriendo documentos. Debió
acreditarle, además, los esfuerzos razonables realizados
conducentes a restablecer la comunicación con el señor
Cintrón.11 Solo así habría velado, responsable y
diligentemente por los intereses de su representado
conforme al Canon 18 del Código de Ética Profesional. De
lo contrario, si no estaba en condiciones de tramitar el
asunto encomendado de forma capaz y diligente no debió
iniciar el proceso. S. Steidel Figueroa, Ética y
11 En términos de las gestiones realizadas, véase el escolio número 5. CP-2013-0020 19
Responsabilidad Disciplinaria del Abogado, San Juan,
Publicaciones JTS, 2010, pág. 184. Sin duda, la conducta del
licenciado Rivera Nazario, independientemente de los méritos
de la acción, perjudicó el derecho para apelar del
Querellante.
Además, conforme al Canon 20 es deber del abogado
renunciar cuando se enfrenta a un cliente negligente y que
no colabora en la gestión de su causa. Por tanto, una vez
presentada la acción, el Querellado no podía cruzarse de
brazos ante la conducta displicente del Querellante. En
este contexto, no solicitar la oportuna renuncia ante el
foro apelativo en cuestión constituyó un error de juicio
que limitó la adecuada representación de su cliente. Ello
conllevó consecuencias adversas al caso del señor Cintrón,
proscritas por el Código de Ética Profesional.
El licenciado Rivera Nazario también infringió lo
dispuesto en el Canon 19, antes reseñado. En el
expediente consta una carta del 12 de mayo de 2005 enviada
por correo ordinario en la que el abogado pretendió
explicar a su cliente el resultado de la apelación. Sin
embargo, el señor Cintrón negó haber recibido la misma.
Por consiguiente, esta gestión no resultó suficiente dada
la importancia que representaba el asunto dentro del
trámite del caso. No se desprende del expediente ninguna
otra gestión de comunicación tales como llamadas, cartas
con acuse de recibo, correos electrónicos, mensajes a
través de intermediarios, entre otras, que demostraran el CP-2013-0020 20
interés del Querellado de informar a su cliente. Tampoco
constan esfuerzos dirigidos a corroborar la corrección de
la dirección. El no informar a su representado sobre el
desenlace de la apelación impidió, incluso, que éste
pudiera solicitar la reconsideración, cuestionarla ante un
foro de superior jerarquía o hasta contar con el
asesoramiento de otro abogado que le orientara sobre el
curso de acción más apropiado. Este deber de informar al
cliente, insistimos, es unidireccional y competía al
abogado contratado demostrar las gestiones razonables
realizadas dirigidas a descargar su responsabilidad.
Con su proceder, el Querellado no cumplió con su
responsabilidad de exaltar el honor y la dignidad de la
profesión a la que pertenece. Su conducta perjudicó la
imagen y confianza del cliente hacia la práctica de la
abogacía. Pero, además, como representante de la
institución de la justicia afectó su buen nombre.
Finalmente, nos resta pasar a examinar los factores
atenuantes y/o agravantes que inciden en la sanción a
imponer. El licenciado Rivera Nazario lleva poco más de
veintiún años ejerciendo la abogacía y la notaría en la
Isla. No se desprende de su expediente queja o querella
previa que cuestione su desempeño profesional en ambas
áreas del Derecho. De la conducta desplegada ante este
Tribunal surge que el Querellado es un profesional
responsable y respetuoso. En cada una de sus
comparecencias ante este Foro, lo hizo con humildad, y, CP-2013-0020 21
finalmente, reconociendo sus faltas éticas y expresando su
arrepentimiento.
El licenciado Rivera Nazario, además, goza de buena
reputación profesional entre sus pares y en la comunidad
en que sirve. Es importante señalar que el Querellante,
aunque sin éxito, tuvo la oportunidad de ventilar ante un
foro judicial pertinente la acción de daños por impericia
profesional. Por último, aunque la falta de diligencia
del abogado ocasionó la desestimación de la causa de su
cliente, reconocemos, a su vez, que la conducta del señor
Cintrón —sin duda alguna— contribuyó al resultado adverso
en su apelación. Su falta de cooperación, negligencia y
dejadez en la gestión del caso aportó a que perdiera toda
causa de acción.
IV
Tomando en consideración los hechos y el Derecho
antes expuestos, censuramos enérgicamente al licenciado
Rivera Nazario por infringir los Cánones 18, 19, 20 y 38
del Código de Ética Profesional.12 Le apercibimos que de
12 De un estudio de la jurisprudencia, encontramos que: 1) por incumplir el Canon 18, amonestamos a un abogado que interpuso un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, tardíamente, por lo que fue desestimado, en In re Pietri Torres, 2014 TSPR 99, 191 DPR ___ (2014); 2) amonestamos a una de las abogadas disciplinadas en el caso, por presentar un recurso apelativo pasado el término jurisdiccional en In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000 (2013); censuramos enérgicamente a un letrado por faltar a los Cánones 12, 18 y 19, ya que su falta de diligencia ocasionó el archivo de un caso sin perjuicio en In re Hernández González, 188 DPR 721 (2013); censuramos enérgicamente a un abogado que infringió los Cánones 18 y 38 al presentar una apelación ante la CIPA fuera del término jurisdiccional en In re Cotto Luna, 187 DPR 584 (2012); censuramos enérgicamente al licenciado Pietri Castellón por faltar a los Cánones 6, 12, 18 y 19, al no mantener a su representada informada e incumplir varias órdenes de un organismo administrativo, ocasionando la desestimación de lo encomendado, en In re Pietri Castellón, 185 DPR 982 (2012); y censuramos enérgicamente a la licenciada Mulero por faltar a los Cánones 18 y 19, al desatender una CP-2013-0020 22
incurrir en conducta antiética ulterior, se expone a
sanciones disciplinarias más severas.
Se dictará Sentencia de conformidad.
encomienda provocando que la cliente perdiera su causa de acción en In re Mulero Fernández, 174 DPR 18 (2008). EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SOBRE: IN RE CONDUCTA NÚM.: CP-2013-0020 PROFESIONAL JOSÉ LUIS RIVERA NAZARIO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, y tomando en consideración que es la primera queja que se presenta contra el Lcdo. José Luis Rivera Nazario, quien cuenta con un historial intachable en veintiún años de trayectoria ejerciendo la abogacía, le censuramos enérgicamente por infringir los Cánones 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, Cs. 18, 19, 20 y 38 (2012). Además, le apercibimos que de incurrir en conducta antiética ulterior, se expone a sanciones disciplinarias más severas.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo