EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2020 TSPR 86
Francisco Rádinson Pérez 204 DPR _____ Francisco Rádinson Caraballo Sergio Rádinson Caraballo
Número del Caso: CP-2017-17
Fecha: 23 de julio de 2020
Abogado de los Promovidos:
Por derecho propio
Oficina del Procurador General:
Lcda. Lorena Cortés Rivera Subprocuradora General Interina
Lcdo. Joseph Feldstein Del Valle Subprocurador General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar
Lcda. Noemí Rivera de León Procuradora General Auxiliar
Comisionada Especial:
Hon. Jeannette Ramos Buonomo
Materia: La suspensión del Lcdo. Francisco Rádinson Caraballo será efectiva el 19 de agosto, fecha en que se le notificó de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Francisco Rádinson Pérez CP-2017-17 Conducta Francisco Rádinson Caraballo Profesional Sergio Rádinson Caraballo
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de julio de 2020.
En esta ocasión, nos corresponde ejercer nuestro
poder disciplinario para evaluar la conducta de los
Lcdos. Francisco Rádinson Pérez, Sergio Rádinson
Caraballo y Francisco Rádinson Caraballo quienes, en
el ejercicio de la profesión legal, se distanciaron
del Canon 18 (Competencia del abogado y consejo al
cliente). Específicamente, incumplieron con su deber
de defender de manera diligente y adecuada los
intereses de sus clientes al desconocer el derecho
vigente aplicable a la emancipación de un menor de
edad durante la tramitación de un caso de división
de herencia ante el Tribunal de Primera Instancia. CP-2017-17 2
Por los fundamentos que expondremos a continuación,
censuramos enérgicamente la actuación de los
Lcdos. Francisco Rádinson Pérez y Sergio Rádinson Caraballo.
Además, decretamos la suspensión inmediata del
Lcdo. Francisco Rádinson Caraballo del ejercicio de la
abogacía por el término de un (1) mes. Esto, ya que la
actuación de los letrados no fue cónsona con su obligación
ineludible de realizar un estudio riguroso y continuo de la
normativa legislativa, reglamentaria y jurisprudencial para
mantener un alto grado de excelencia y competencia en la
encomienda delegada por sus clientes. Una encomienda de
naturaleza personalísima que forma parte de la vocación del
abogado. Véase, S. Steidel Figueroa, Ética para juristas:
Ética del abogado y responsabilidad disciplinaria, San Juan,
Ed. Situm, 2016, sec. 6.03, pág. 358. Así, pasamos a
examinar el trasfondo procesal que dio base al procedimiento
disciplinario.
I
A. Trasfondo fáctico y procesal
Tras el fallecimiento del Sr. Manuel Monsegur Sanabria
(causante o señor Monsegur Sanabria), los miembros de su
sucesión compuesta por Manuel, Iván y Maritza de apellidos
Monsegur Roche y el Sr. Manuel Alberto Monsegur González
(sucesión o querellantes) contrataron los servicios
profesionales del Lcdo. Miguel A. Montalvo Delgado y la
Lcda. Evelyn J. García López para presentar una demanda de
partición de herencia e injunction (Caso Núm. ISCI2004-1931) CP-2017-17 3
en contra de la Sra. Haydee Franqui Sánchez (señora Franqui
Sánchez), por sí y en representación del hijo menor del
causante, Álvaro E. Monsegur Franqui (menor o Álvaro
Monsegur)1 el 20 de diciembre de 2004. En resumen,
solicitaron la liquidación, división y adjudicación de los
bienes de la herencia en cuanto al caudal del causante, ya
que la posesión inmediata la ostentaba su viuda, la señora
Franqui Sánchez.
El 3 de marzo de 2005, los Lcdos. Francisco Rádinson
Pérez, Sergio Rádinson Caraballo y posteriormente, Francisco
Rádinson Caraballo, todos socios del Bufete Rádinson &
Rádinson (Bufete R & R) asumieron la representación legal
de la señora Franqui Sánchez y del menor, y contestaron la
demanda.
Por otro lado, en mayo de 2005, el Lcdo. Francisco
Rádinson Pérez asumió la representación legal de la señora
Franqui Sánchez y el menor en un procedimiento de
expropiación (Caso Núm. KEF2003-0026) iniciado
anteriormente por el causante en la Sala de Expropiaciones
del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en donde
previamente se había dictado sentencia final el 30 de enero
de 2004. Sin embargo, ante el fallecimiento del causante,
1 Es meritorio destacar que al momento de la presentación de la demanda de la partición de la herencia del Sr. Manuel Monsegur Sanabria (causante o señor Monsegur Sanabria) (Caso Núm. ISCI2004-1931) en el 2004, su hijo menor de edad, Álvaro E. Monsegur Franqui (menor o Álvaro Monsegur) contaba con diecisiete (17) años. CP-2017-17 4
el dinero se encontraba consignado en el Tribunal.2 Por
dicha razón, como remedio para la aceptación y retiro del
dinero consignado, el 7 de octubre de 2006, se otorgó la
Escritura de emancipación Núm. 41, ante el Lcdo. Francisco
Rádinson Pérez quien la otorgó en capacidad de Notario.
Mediante la referida escritura, la señora Franqui Sánchez,
renunció a la patria potestad y custodia sobre los bienes y
la persona de Álvaro Monsegur, quien para entonces contaba
con diecinueve (19) años, y aceptó la emancipación. Luego,
el 23 de octubre de 2006, el Lcdo. Francisco Rádinson Pérez
informó la referida emancipación en el caso de expropiación
forzosa (Caso Núm. KEF2003-0026) y solicitó el desembolso
de la compensación que estaba consignada a favor de la
sucesión del causante.3
Posteriormente, las partes suscribieron un Acuerdo de
transacción y relevo (Acuerdo) el 7 de mayo de 2007 en el
caso de la partición de la herencia (Caso Núm. ISCI2004-
1931), con el fin de dividir la herencia y terminar el
pleito.4 Este documento fue firmado por las partes y sus
2 Advertimos que en el 2003 la Sra. Haydee Franqui Sánchez (señora Franqui Sánchez) solicitó la emancipación judicial del menor (Caso Núm. ISFR2005-01290) para de este modo permitirle a su hijo retirar el dinero consignado en el caso de expropiación (Caso Núm. KEF2003-0026). Ante la denegatoria a su petición por el Tribunal de Primera Instancia, la señora Franqui Sánchez recurrió al Tribunal de Apelaciones (KLAN2005001390) que confirmó al foro primario. 3 Resaltamos que no surge del expediente evidencia para establecer que la emancipación fuese notificada en el pleito relacionado con la partición de la herencia (Caso Núm. ISCI2004-1931). 4 En el Caso Núm. ISCI2004-1391, las partes son la sucesión del señor Monsegur Sanabria compuesta por Manuel, Iván y Maritza de apellidos Monsegur Roche y el Sr. Manuel Alberto Monsegur González (querellantes o sucesión), la señora Franqui Sánchez en su carácter personal y como representante del menor. CP-2017-17 5
representantes legales, a saber, el licenciado Montalvo
Delgado, y los querellados. No obstante, por entender que
Álvaro Monsegur de diecinueve (19) años carecía de capacidad
legal para consentir al Acuerdo, la señora Franqui Sánchez
y Álvaro Monsegur se obligaron a tramitar una autorización
judicial como parte del Acuerdo.
En cumplimiento con lo anterior, el 7 de mayo de 2007,
la señora Franqui Sánchez, representada por los querellados,
presentó una petición de autorización judicial en el
Tribunal de Primera Instancia (Caso Núm. ISRF2007-00697),5
con el fin de validar el Acuerdo efectuado entre las partes
para que Álvaro Monsegur pudiera recibir las participaciones
allí establecidas.
El 21 de septiembre de 2007, la licenciada García López
envió una carta al Lcdo. Sergio Rádinson Caraballo en la que
explicó que advino en conocimiento de la escritura de
emancipación y solicitó que se le confirmara la existencia
de la misma y si entonces, la autorización judicial
dispuesta en el Acuerdo era necesaria.6 Sin embargo, el
Lcdo. Sergio Rádinson Caraballo nunca respondió.
Entretanto, Álvaro Monsegur cumplió veintiún (21) años
en agosto del 2008, por lo que no se prosiguió con el trámite
de la autorización judicial. Luego, el 14 de octubre de
2008, éste compareció ante el tribunal, representado por el
5 La referida petición de autorización judicial (Caso Núm. ISRF2007-00697) fue consolidada con el caso de partición de herencia (Caso Núm. ISCI2004-1931). 6 Apéndice de AB-2011-26 (Pieza 3), pág. 279. CP-2017-17 6
Lcdo. Sergio Rádinson Caraballo para informar que ya había
advenido a la mayoría de edad. Además, indicó que no deseaba
ratificar el Acuerdo. Por ello, solicitó que se anulara el
mismo, ya que al momento en que se suscribió no tenía
capacidad para consentir.7
Mediante Resolución emitida el 30 de enero de 2009, el
Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud
de Álvaro Monsegur. Así, decretó la nulidad del Acuerdo,
por falta del consentimiento de todas las partes y ordenó
la continuación de los procedimientos ordinarios relativos
a la partición de la herencia.8
El 13 de octubre de 2010, la representación legal de los
querellantes expresó que el 5 de octubre de 2010, advinieron
en conocimiento de la Escritura de emancipación Núm. 41. A
base de ello, presentaron una Moción de extrema urgencia
solicitando relevo de resolución interlocutoria por fraude
y para que se dicte sentencia de conformidad al contrato
transaccional. Mediante ésta solicitaron que se dejara sin
efecto la Resolución del 30 de enero de 2009, que declaró
nulo el Acuerdo, ya que el menor estaba emancipado al momento
de su firma. Alegaron que los querellados ocultaron la
emancipación intencionalmente por lo que cometieron fraude
7 Apéndice de AB-2011-26 (Pieza 3), pág. 59. 8 En desacuerdo, los miembros de la sucesión acudieron ante el Tribunal de Apelaciones que emitió Sentencia el 29 de abril de 2009 (KLCE090033) mediante la cual confirmó al foro primario. A su vez, presentaron un recurso de certiorari ante este Tribunal (CC-2009-0506) que fue declarado no ha lugar. CP-2017-17 7
al tribunal. Asimismo, presentaron una Moción solicitando
descalificación de los tres Abogados que representan a la
parte demandada y se eleven los autos al Tribunal Supremo
de P.R. por conducta impropia. En síntesis, solicitaron la
descalificación inmediata de todos los abogados que ostentan
la representación legal de la señora Franqui Sánchez y
Álvaro Monsegur y que se elevaran los autos del caso ante
este Tribunal para que se evaluara la acción disciplinaria
correspondiente.
Por su parte, los letrados en oposición sostuvieron que
el único fin de la escritura de emancipación era retirar el
dinero consignado. Alegaron que la representación legal de
la sucesión había sido negligente e irresponsable en la
defensa de los mejores intereses de sus clientes por conocer
sobre la emancipación desde antes, por lo que también
solicitaron su descalificación. Por su parte, el Lcdo.
Francisco Rádinson Pérez a través de una declaración jurada
admitió que tenía responsabilidad completa del error, se
responsabilizó y resaltó la falta de intención.
Tras evaluar lo anterior, el 10 de noviembre de 2010, el
Hon. Edwin Nieves Troche emitió una Resolución y Orden en
la que descalificó al Lcdo. Francisco Rádinson Pérez, como
abogado en el pleito por entender que éste otorgó la
Escritura de emancipación Núm. 41 sin informarlo en el
pleito de partición de herencia y con ello, permitió que se
perfeccionara el Acuerdo con el requisito innecesario de
realizar una autorización judicial omitiendo el hecho de que CP-2017-17 8
Álvaro Monsegur ya era mayor de edad, pues había sido
emancipado en virtud de las enmiendas realizadas en el 1996
al Artículo 237 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA
sec. 915, que le concedían capacidad plena para regir sus
bienes.9 De esta forma, el Tribunal de Primera Instancia
determinó que el abogado incurrió en conducta censurable y,
por ello, lo descalificó. Asimismo, señaló una vista de
presentación de prueba para determinar si Álvaro Monsegur,
efectivamente, consintió al Acuerdo de forma libre y
voluntaria. Finalmente, ordenó que se elevaran los autos a
este Tribunal.
El 31 de enero de 2011, los querellantes presentaron una
queja disciplinaria ante este Tribunal contra los
querellados (AB-2011-26).
Tras varios trámites procesales, el foro primario evaluó
la prueba desfilada en torno al consentimiento de Álvaro
9 Antes de la enmienda realizada por la Ley Núm. 7-1996, el Art. 237 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant. sec. 915, establecía lo siguiente: La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegare a la mayor edad no podrá el emancipado contraer promesa u obligación alguna que exceda del importe de sus rentas por un año. Tampoco podrá gravar ni vender bienes inmuebles suyos sin consentimiento de su padre, y el de su madre, cuando ambos ejerzan la patria potestad conjuntamente o el de ellos que ejerza por sí solo y, en su caso, sin el de su tutor. Tampoco podrá comparecer en juicio sin asistencias de dichas personas. (Énfasis nuestro). Íd. Posteriormente, la Ley Núm. 7-1996 enmendó el referido artículo para establecer en lo pertinente, lo siguiente: La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor. Toda persona de dieciocho (18) años o más emancipada por sus padres o por aquél con patria potestad podrá regir sus bienes y contraer promesa y obligación sin necesidad de la autorización de éstos. (Énfasis nuestro). 31 LPRA sec. 915. CP-2017-17 9
Monsegur y continuó con el proceso de la partición de la
herencia. Así, el 22 de agosto de 2013, el foro primario
notificó una Sentencia y Resolución en la que reinstaló el
Acuerdo suscrito por las partes el 7 de mayo de 2007. En
resumen, resolvió que la emancipación de Álvaro Monsegur lo
facultó para firmar el Acuerdo. Explicó que, éste participó
en el otorgamiento, escuchó los términos y consintió a la
transacción. Determinó que Álvaro Monsegur leyó y firmó el
Acuerdo con pleno conocimiento de sus efectos, dando así su
consentimiento libre y voluntario. Por tanto, razonó que
la autorización judicial no era necesaria para hacerlo
efectivo.10
En cuanto a las actuaciones profesionales de los
peticionarios y sus abogados concluyó que “realizaron una
falsa representación al tribunal y a las partes en cuanto a
la necesidad de tal autorización judicial”.
B. Trámite disciplinario
1. AB-2010-293 – Lcdo. Francisco Rádinson Pérez
El 10 de noviembre de 2010, el Juez Edwin Nieves Troche
emitió una Resolución y Orden en la que descalificó al
Lcdo. Francisco Rádinson Pérez en el caso.11 El 16 de febrero
10 En desacuerdo, la señora Franqui Sánchez y su hijo, Álvaro Monsegur recurrieron al foro apelativo intermedio (KLAN201301634) para impugnar la reinstalación del Acuerdo de transacción y relevo (Acuerdo), al igual que los querellantes (KLAN201301809), que recurrieron para revisar la negativa del foro primario a conceder los intereses por mora y honorarios de abogado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia que denegó ambos recursos y confirmó al Tribunal de Primera Instancia. 11 Es meritorio destacar que los Lcdos. Francisco y Sergio Rádinson Caraballo no fueron descalificados en el caso. Posteriormente, el 6 y 8 CP-2017-17 10
de 2011, tras atender la resolución, ordenamos al letrado a
contestar la queja (AB-2010-293). Así, el 8 de marzo
de 2011, el Lcdo. Francisco Rádinson Pérez presentó su
contestación por virtud de la cual indicó que actuó de buena
fe y sin intención de cometer fraude alguno, ya que contaba
con el consentimiento de todas las partes. Sostuvo que
actuó conforme a su entendimiento del derecho vigente y, con
ello, admitió su desconocimiento de la enmienda al Artículo
237 del Código Civil de Puerto Rico, supra, realizada en
1996 por la Ley Núm. 7-1996 que eliminó las restricciones
del emancipado sobre sus bienes. Aceptó haber autorizado
la escritura de emancipación de Álvaro Monsegur con el único
fin de retirar una suma de dinero en el caso de expropiación
forzosa (Caso Núm. KEF2003-0026), por lo que negó
rotundamente haber actuado con la intención de defraudar al
tribunal. Por el contrario, afirmó que ello era para el
beneficio y mejor interés de todas las partes. Finalmente,
planteó que su conducta constituyó un simple “error humano”.
Asimismo, el Lcdo. Francisco Rádinson Pérez señaló que
la autorización de dicho documento notarial fue notificada
al licenciado Montalvo Delgado, por lo que éste tenía
conocimiento de la referida emancipación como representante
legal de la sucesión.
El 1 de abril de 2011, remitimos el asunto a la Oficina
de la Procuradora General (OPG). El proceso disciplinario
de julio de 2015, respectivamente, presentaron su solicitud de renuncia, acogida por el Tribunal de Primera Instancia el 15 de julio de 2015. CP-2017-17 11
estuvo paralizado hasta que culminó el caso de división de
herencia ante el Tribunal de Primera Instancia. Así, el
13 de mayo de 2016, ordenamos mediante resolución la
continuación de los procedimientos disciplinarios.
2. AB-2011-26 – Lcdos. Francisco Rádinson Pérez, Francisco Rádinson Caraballo y Sergio Rádinson Caraballo
El 31 de enero de 2011, la sucesión presentó una queja
disciplinaria (AB-2011-26) ante este Tribunal contra los
querellados.
Posteriormente, el 4 de marzo de 2011, el Lcdo. Francisco
Rádinson Pérez sometió su contestación y reiteró que no
actuó con intención de defraudar al tribunal al autorizar
la escritura. Además, expresó que la representación legal
de la sucesión conocía de la presentación del documento en
el trámite del caso de expropiación forzosa (Caso Núm.
KEF2003-0026) desde octubre de 2006. Posteriormente, el 10
de junio de 2011, los querellados comparecieron y
solicitaron la desestimación de la queja.
El 7 de enero de 2017, a solicitud de la OPG,
consolidamos las quejas (AB-2010-293 y AB-2011-26). Varios
meses después, el 1 de marzo de 2017, la OPG remitió su
Informe del Procurador General (Informe de la OPG). Expuso
que los letrados incumplieron con los Cánones 18, 35 y 38
del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al no
informar al foro primario o a los representantes legales de
las demás partes sobre la escritura de emancipación en el
pleito de la partición de herencia. Además, indicó que CP-2017-17 12
incumplieron con los Cánones 12 y 17 del Código de Ética
Profesional, supra, al causar dilaciones con el trámite de
autorización judicial, pudiendo culminar la controversia con
el Acuerdo en 2007 y no en 2015.
En cuanto al Lcdo. Francisco Rádinson Caraballo,
mencionó que pudo infringir los Cánones 9 y 35 del Código
de Ética Profesional, supra, por no informar su suspensión
del ejercicio de la abogacía durante el caso de la partición
de herencia.12 Por otro lado, refirió el caso a la Oficina
de Inspección de Notaría (ODIN) para evaluar su desempeño
como notario y posible infracción de la Regla 5 del
Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, R.5,
al otorgar la Escritura de emancipación Núm. 41.13
12 La suspensión del Lcdo. Francisco Rádinson Caraballo en In re Rádinson Caraballo, 172 DPR 1006 (2008), surgió por su incumplimiento con el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, tras no responder prontamente a los requerimientos de documentos esenciales por parte de la Oficina de Inspección de Notaría (ODIN) para la investigación de la queja (AB-2005-252). El letrado fue suspendido de la profesión de la abogacía el 16 de enero de 2008 y reinstalado el 14 de agosto de 2008. 13 Como norma general, la Regla 5 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, R.5, establece que los notarios están impedidos de representar legalmente a cualquiera de las partes otorgantes en un pleito posterior mediante el cual se reclamen las prestaciones contenidas en el documento otorgado ante ese notario. En lo pertinente, dispone que: La práctica de la profesión de abogado puede ser en algunas ocasiones incompatible con la práctica de la notaría. El notario autorizante de un documento público está impedido de actuar posteriormente como abogado de una de las partes otorgantes para exigir en un litigio contencioso las contraprestaciones a que se haya obligado cualquier otra parte en el documento otorgado ante él. El notario está impedido de representar como abogado a un cliente en la litigación contenciosa y, a la vez, servir de notario en el mismo caso por el posible conflicto de intereses o incompatibilidades que puedan dimanar del mismo […]. Íd. CP-2017-17 13
Por su parte, el 19 de abril de 2017, los querellados
presentaron su Escrito en torno a informe del procurador
general y ofrecimiento de excusas. Mediante dicho escrito,
reiteraron que habían actuado sin intención de defraudar y
que la representación legal de la sucesión conocía de la
emancipación desde que se otorgó en 2006. Arguyeron que el
efecto de la escritura se limitaba a permitir el desembolso
del dinero consignado en el caso de expropiación.
3. CP-2017-0017
Tras considerar el Informe de la OPG junto al Escrito en
torno a informe del Procurador General y ofrecimiento de
excusas interpuesto por los querellados, el 12 de mayo
de 2017, ordenamos se sometiese querella en contra de los
tres abogados por los Cánones 12, 17, 18, 35 y 38 del Código
de Ética Profesional, supra.
En cumplimiento con nuestra orden, el 17 de julio
de 2017, la OPG presentó la Querella correspondiente.
El 18 de agosto de 2017, los querellados solicitaron la
desestimación y negaron que hubieran incurrido en alguna
violación ética, porque no actuaron con mala fe ni con
intención de fraude. El 1 de diciembre de 2017, denegamos
la solitud de los querellados.
Posteriormente, el 11 de septiembre de 2018, designamos
a la Hon. Jeannette Ramos Buonomo, Ex Jueza del Tribunal de
Apelaciones, como Comisionada Especial (Comisionada) para
que recibiera la prueba y nos emitiera un informe con las CP-2017-17 14
determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara
pertinentes.
Oportunamente se celebró una vista en la cual la OPG
sometió su caso por la prueba que consta en los
expedientes.14 Por su parte, los Lcdos. Francisco Rádinson
Pérez y Francisco Rádinson Caraballo presentaron sus
testimonios.
El 18 de marzo de 2019, la Comisionada remitió el
documento intitulado Informe de la Comisionada Especial
(Informe) con las determinaciones de hechos y
recomendaciones de rigor. Concluyó que la conducta de los
querellados provocó el incumplimiento de los Cánones 18 y
35 del Código de Ética Profesional, supra, y recomendó la
censura enérgica como sanción. La Comisionada consideró
como atenuantes que no hubo ánimo de lucro, y que los
querellados aceptaron su error y mostraron sincero
arrepentimiento en todo momento.
Recibido el Informe, el 14 de mayo de 2019, la OPG
presentó su Reacción al Informe de la Comisionada Especial.
De esta forma, reafirmó su postura en torno a que los
querellados incumplieron con los preceptos contenidos en los
Cánones 12, 17, 18, 35 y 38 de Ética Profesional, supra.
Sostuvo que, como conocedores del derecho, los querellados
debían estar apercibidos que no era necesario el pleito de
14 De hecho, durante la vista, la Hon. Jeannette Ramos Buonomo, Ex Jueza del Tribunal de Apelaciones, designada como Comisionada Especial (Comisionada) aclaró que los cargos de la Queja AB-2010-293 relacionados con el desempeño como Notario del Lcdo. Francisco Rádinson Pérez no fueron parte de la querella. CP-2017-17 15
autorización judicial y su ignorancia causó la dilación de
los procesos.15
Con el beneficio del Informe, así como con las
comparecencias de las partes, el caso quedó sometido para
la adjudicación. Por ello, procedemos a enmarcar la
controversia en el derecho aplicable.
II
El Código de Ética Profesional contiene las normas
mínimas que rigen la conducta de los miembros de la profesión
con el fin “de promover una conducta ejemplar para beneficio
de la ciudadanía, las instituciones de justicia y de la
profesión legal”. In re Blain León, 199 DPR 443, 451 (2017).
Véanse, In re Nazario Díaz, 198 DPR 793, 802 (2017); In re
Ortiz, Rivera, 195 DPR 122, 131 (2016); In re Ortiz Delgado,
189 DPR 826, 830 (2013). De manera que, los abogados deben
conducirse con diligencia, competencia y honradez, de forma
que se mantenga un orden jurídico íntegro y eficaz. In re
Blain León, supra; In re Feliciano Rodríguez, 198 DPR 369,
378 (2017).
A. Canon 12 (Puntualidad y tramitación de causas) y Canon 18 (Competencia del abogado y consejo al cliente)
El Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX (Canon 12), impone a todo abogado el deber de tramitar
15 Los querellados reaccionaron con una moción presentada fuera del término establecido por el Reglamento de este Tribunal. Por su parte, reiteraron que su desconocimiento resultó ser un error de derecho y con ello, un error de juicio. Véase, Escrito en oposición al escrito presentado por el procurador general, titulado “Reacción a informe de la comisionada especial”. CP-2017-17 16
las causas de su cliente de manera responsable, con
puntualidad y diligencia. In re Otero Calero, 200 DPR 562,
572-573 (2018); In re López Santiago, 199 DPR 797, 809-810
(2018); In re García Ortiz, 187 DPR 507, 516 (2012); In re
Nieves Nieves, 181 DPR 25, 35 (2011).
La falta de diligencia que da lugar a sanciones debe ser
grave. Por ello, la dilación sin una consecuencia
significativa no implica una sanción disciplinaria.
Steidel Figueroa, op. cit., sec. 4.08, pág. 232. En
particular, el Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4
LPRA Ap. IX, dispone que:
Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protección de los derechos sustanciales de su cliente. Íd.
Por su parte, el Canon 18 del Código de Ética
Profesional, supra (Canon 18) establece que:
Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando [es] consciente de que no puede rendir una labor idónea, competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia. Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. (Énfasis suplido). Íd. CP-2017-17 17
De esta forma, se le impone un deber ineludible al
abogado que se obliga profesionalmente con un cliente de ser
responsable, de conducir los asuntos delegados de manera
capaz, competente y diligente, desplegando en todo momento
el máximo de sus habilidades y conocimientos. In re Blain
León, supra, pág. 453; In re Nazario Díaz, supra, pág. 803.
Conforme a lo anterior, todo abogado tiene el deber ético
de conocer el ordenamiento legal y actuar de conformidad al
mismo. In re Roldán González, 195 DPR 414, 422 (2016); In
re Ayala Vega I, 189 DPR 672, 679 (2013); In re Nieves
Nieves, supra, pág. 38. Asimismo, el abogado está obligado
a defender diligentemente, con celo y dentro del marco
ético, los derechos e intereses de su cliente. In re
Bonhomme Meléndez, 2019 TSPR 105, 202 DPR __ (2019); In re
García Incera, 201 DPR 1043, 1049 (2019); In re Rivera
Nazario, 193 DPR 573, 582-583 (2015). Por ello, el deber
de diligencia implica que, al abogado aceptar la
representación legal de una persona, deberá realizar “las
gestiones que le fueron encomendadas en momento oportuno,
en forma adecuada y sin dilaciones que puedan afectar la
pronta solución de la controversia”. Steidel Figueroa, op.
cit., sec. 4.04, pág. 221. Véanse, también, In re Rivera
Rodríguez, 2019 TSPR 140, 202 DPR __ (2019); In re García
Incera, supra, pág. 1050; In re Miranda Daleccio, 193 DPR
753, 762 (2015); In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488
(2014). CP-2017-17 18
Anteriormente, al discutir y explicar el deber de
competencia del Canon 18, hemos sido cuidadosos al
distinguirlo del deber de diligencia impuesto por
el Canon 12, ya que:
[E]l deber de diligencia que impone el Canon 12, supra, se refiere al deber de actuar oportunamente a favor de un cliente o respecto a órdenes del tribunal [mientras que] [e]l deber de competencia, por su parte, puede delimitarse al deber de poseer los conocimientos jurídicos necesarios para la tramitación adecuada de un caso o gestión profesional”. (Énfasis nuestro). In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 751 (2011).
Así pues, razonamos al amparo de la siguiente
explicación del Hon. Sigfrido Steidel Figueroa:
Aun cuando el deber de actuar competentemente parece estar subsumido en el deber de diligencia, ambos deberes pueden distinguirse. El deber de diligencia comprende tanto al deber de actuar oportunamente a favor de un cliente como al deber de cumplir diligentemente las órdenes del tribunal. El de competencia puede circunscribirse exclusivamente al deber de poseer los conocimientos jurídicos necesarios para la tramitación adecuada de un caso o gestión profesional. El primero parecería referirse a cómo el abogado actúa en la tramitación de un caso desde la perspectiva procesal. El segundo parece referirse al conocimiento que se tiene, o más bien, en cuán “al día” está el abogado en el conocimiento del Derecho. Sin embargo, no actuar oportunamente pudiera ser consecuencia de que se carece del conocimiento de que se debía actuar […]. (Énfasis suplido). Steidel Figueroa, op. cit., pág. 233.
No podemos olvidar que la representación legal adecuada
presupone que el abogado posee los conocimientos y las
destrezas jurídicas vinculadas a su gestión profesional.
Ello, podrá lograrse cuando el abogado realiza un estudio CP-2017-17 19
riguroso y continuo de las normas legales aplicables a las
controversias planteadas en cada uno de sus casos. Véase,
Canon 2 del Código de Ética Profesional, supra.
B. Canon 17 (Litigios injustificados)
El Canon 17 del Código de Ética Profesional, supra
(Canon 17)16 prohíbe al abogado iniciar procesos judiciales
a favor de su cliente cuando esté convencido que a través
de éstos se pretende molestar, hostigar y perjudicar a la
parte adversa. In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 663-
664 (2015); In re Salas Arana, 188 DPR 339, 341-342 (2013).
Además, expone que la comparecencia de un abogado ante el
tribunal equivale a una afirmación sobre su honor de que, a
su juicio, el caso de su cliente es digno de un remedio
judicial. Por consiguiente, al suscribir un escrito
judicial, el abogado certifica que lo leyó y que, conforme
16 El Canon 17 del Código de Ética Profesional, supra, dispone lo siguiente: Todo abogado debe negarse a representar a un cliente en un caso civil cuando estuviere convencido de que se pretende por medio del pleito molestar o perjudicar a la parte contraria, haciéndole víctima de opresión o daño. Su comparecencia ante un tribunal debe equivaler a una afirmación sobre su honor de que en su opinión el caso de su cliente es uno digno de la sanción judicial. La firma de un abogado en una alegación en un caso equivale a certificar que ha leído la alegación y que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia está bien fundada. Un abogado deberá solicitar permiso del tribunal para renunciar la representación profesional de su cliente en un caso en litigio cuando se convenza durante el curso del pleito que el mismo es injustificado y que se pretende por medio del proceso molestar o perjudicar a la parte contraria, haciéndole víctima de opresión o daño. Íd. CP-2017-17 20
a su juicio, información y conocimiento, está bien
fundado. In re Guzmán Guzmán, 181 DPR 495, 509 (2001).
Consecuentemente, actúa en contravención a este canon
todo abogado que presente un escrito con alegaciones falsas
o que carecen de la prueba necesaria para sustentarlas, más
aun si las mismas inducen a error al tribunal. In re
Irizarry Rodríguez, supra, pág. 664; In re Guzmán Guzmán,
supra. Igualmente, infringe el canon el abogado que durante
el transcurso de un pleito se percata de que es injustificado
y no se lo informe al cliente, ni presenta su renuncia formal
para la consideración del foro judicial. In re Rivera
Contreras, 2019 TSPR 56, 202 DPR __ (2019); In re Irizarry
Rodríguez, supra, pág. 664.
C. Canon 35 (Sinceridad y honradez)
En lo pertinente, el Canon 35 del Código de Ética
Profesional, supra (Canon 35) dispone que:
La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada. No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Íd.
Como se puede colegir, este canon exige a los abogados
ser sinceros y honrados con sus representados, sus
compañeros abogados y el tribunal. In re Peña Ríos, 2019
TSPR 52, 202 DPR __ (2019). En ese sentido, hemos expresado
que el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra,
requiere que la conducta de todo miembro de la profesión se CP-2017-17 21
caracterice por la sinceridad y la honradez. In re Rivera
Contreras, supra; In re Peña Ríos, supra. Añade el precepto
que no es sincero ni honrado utilizar medios incompatibles
con la verdad, ni se debe inducir a error al juzgador
mediante artificios o una falsa relación de los hechos o del
derecho. In re Ortiz Sánchez, 201 DPR 765, 781 (2019); In
re Irizarry Vega, 198 DPR 1066, 1075 (2017); In re Pagani
Padró, 198 DPR 812, 823 (2017); In re Nazario Díaz, supra,
pág. 805; In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 665 (2015).
Conforme a lo anterior, el abogado que provee
información falsa al tribunal o que no se ajuste a la verdad,
o que oculte información que deba ser revelada, incumple con
este canon. In re Rivera Contreras, supra; In re Ortiz
Sánchez, supra; In re Torres Viñals, 180 DPR 236, 248
(2010). Asimismo, en cuanto al elemento de la intención
para incurrir en el incumplimiento de este canon,
anteriormente hemos expresado que:
El deber establecido en el Canon 35 se infringe por el simple hecho de faltar a la verdad, independientemente de los motivos de la falsedad. En esencia, no es necesario que se haya faltado a la verdad deliberadamente o con la intención de defraudar o engañar […]. Lo fundamental es que se falte a los valores de honradez y veracidad, pilares de la profesión legal. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 756 (2014). Véanse, In re Iglesias García, 183 DPR 572, 578 (2011); In re Nieves Nieves, supra, págs. 41-42; In re Astacio Caraballo, 149 DPR 790, 799 (1999).
Conforme a ello, hemos determinado que el
desconocimiento y la falta de intención no impiden que se CP-2017-17 22
incumpla con el Canon 35. In re Iglesias García, supra, pág.
579.
Ahora bien, recientemente en In re Rivera Contreras,
supra, al evaluar si una letrada incurrió en una violación
ética durante la tramitación de un procedimiento de
inmigración, determinamos que los valores de honradez y
sinceridad al inducir a error al tribunal se infringen si
media la intención de faltar a la verdad. En particular,
expresamos que la abogada no incurrió en violación del Canon
35, ya que “no tuvo la intención de inducir a error a este
Foro ni a la [OPG] cuando nos informó sobre el desenlace de
la demanda civil presentada en su contra”. (Énfasis
suplido). Íd. De esta forma, nuestra postura reciente es
cónsona con el análisis del elemento de la intención en el
Canon 35 que presenta el Hon. Sigfrido Steidel Figueroa al
razonar lo siguiente:
[…] ¿Cómo se falta a los valores de honradez y veracidad si no media conducta deliberada o de mala fe? La caracterización de hechos no veraces de manera inconsciente o por inadvertencia cuando así se prueba no debe acarrear sanciones disciplinarias en ausencia de circunstancias especiales, como lo sería que el abogado actúe con poco o ningún rigor profesional. . . . . . . . . […] [L]a exposición de hechos falsos, sin intención, está más próxima a pobre rigor profesional, razón por la cual no está implicado el deber […] de ser sincero. Los deberes implicados son los de diligencia y competencia, pues, […] la violación del deber de sinceridad supone consciencia de los hechos y deliberación de falsearlos. (Énfasis nuestro). Steidel Figueroa, op. cit., págs. 252 y 255. CP-2017-17 23
D. Canon 38 (Preservación del honor y dignidad de la profesión)
El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra (Canon
38) puntualiza que los dos (2) valores principales con los
que debe cumplir un abogado son: la dignidad y el honor al
ejercer la abogacía y en su vida privada. Asimismo,
instituye el deber de evitar hasta la apariencia de conducta
profesional impropia. Por consiguiente, todo letrado debe
actuar de forma escrupulosa y guiado por un alto sentido de
responsabilidad considerando la función social que ejerce y
la institución que representa. In re Nieves Nieves, supra,
pág. 45; In re Fingerhut Mandry, 196 DPR 327, 333 (2016).
Sin embargo, al momento de evaluar su incumplimiento, hemos
expresado que no es suficiente determinar que los abogados
violaron otros cánones para infringir el Canon 38. In re
Reyes Coreano, supra, pág. 758.
E. Sanción
En cuanto a la sanción disciplinaria por el
comportamiento exhibido, debemos considerar los factores
siguientes: (1) la reputación del abogado en la comunidad;
(2) su historial disciplinario; (3) si la conducta es
aislada; (4) si medió ánimo de lucro; (5) si presentó una
defensa frívola de su conducta; (6) si ocasionó perjuicio a
alguna parte; (7) si resarció al cliente; (8) si demostró
aceptación o arrepentimiento sincero por la conducta que le
fue imputada, y (9) otros atenuantes o agravantes que surjan
de los hechos. In re Meléndez Figueroa, 2019 TSPR 148, 202 CP-2017-17 24
DPR __ (2019); In re Rivera Rodríguez, supra; In re Padilla
Avilés, 2019 TSPR 141, 202 DPR __ (2019); In re Roldán
González, supra, pág. 425; In re Miranda Daleccio, supra,
pág. 766 esc. 4.
Con el fin de evitar la arbitrariedad y promover una
reglamentación ética uniforme y coherente, es necesario
tratar las faltas semejantes del mismo modo. In re Rivera
Nazario, supra, págs. 587-588; In re Díaz Alonso, Jr., 115
DPR 755, 760-761 (1984). Esto significa que, al decidir la
sanción disciplinaria, es forzoso ponderar las sanciones que
hemos impuesto a otros miembros de la profesión en
infracciones disciplinarias análogas, tras llevar a cabo la
revisión de los precedentes. In re Rivera Nazario, supra.
Ahora bien, al momento de imponer la medida
disciplinaria, debemos reconocer que cada uno de los casos
presenta circunstancias únicas y determinantes que, en
ocasiones, justifican que nos distanciemos de la sanción
disciplinaria otorgada en ocasiones anteriores ante
situaciones similares. In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966,
982-983 (2015); In re De León Rodríguez, supra, págs. 396-
397. “Lo importante es que cuando nos apartemos de los
precedentes similares, brindemos una explicación
satisfactoria que justifique nuestro proceder”. In re
Villalba Ojeda, supra.
III
En esta ocasión coincidimos en parte con la
recomendación del Informe al concluir que los querellados CP-2017-17 25
incumplieron con el Canon 18 del Código de Ética
Profesional, supra. Así, reiteramos que no estamos
obligados por la recomendación del informe realizado, y en
lugar de adoptarlo, podemos modificarlo o rechazarlo.
Aunque, en cuanto a su apreciación de los hechos, hemos
reiterado que daremos deferencia, salvo que el récord
demuestre que fueron parcializados, apasionados,
prejuiciados o manifiestamente erróneos. In re Rivera
Rodríguez, supra; In re Ramírez Salcedo, 199 DPR 208, 215-
216 (2017); In re Pietri Castellón, 185 DPR 982, 995 (2012).
De hecho, la Comisionada otorgó credibilidad a la
versión de los letrados de que el origen de su error fue el
ignorar el derecho vigente desde el inicio de su gestión
profesional. Entendió que, como resultado de dicho
desconocimiento, éstos llegaron a una conclusión jurídica
incorrecta durante el curso de la representación legal, por
entender que la emancipación realizada en el trámite de
expropiación se limitaba a ese proceso sin tener efecto
alguno sobre el otro litigio concerniente a la partición de
herencia. Por consiguiente, razonaron que no era necesario
informarlo en el proceso paralelo, ya que el propósito de
emancipar a Álvaro Monsegur se limitaba a permitir el retiro
del dinero consignado en el caso de expropiación, sin
advertir que ese dictamen le otorgó capacidad jurídica
completa para regir sus bienes. Lo anterior, puesto que,
en ese momento, desconocían de la enmienda al Artículo 237
del Código Civil de Puerto Rico, supra, por la Ley Núm. 7- CP-2017-17 26
1996.
Es decir, la admisión de los letrados de que ignoraban
el estado del ordenamiento legal relevante para su gestión
profesional configuró una violación a su deber de
representar competentemente los intereses de sus
representados, consignado en el Canon 18. Coincidimos en
este aspecto con la Comisionada.
Ahora bien, a base de lo anterior, la Comisionada también
concluyó que los querellados incumplieron con el Canon 35,
por entender que éstos indujeron a error al Tribunal de
Primera Instancia pues, ante su desconocimiento del derecho
vigente omitieron información que le debió ser revelada al
juzgador. Específicamente, ésta hizo referencia a que los
letrados no divulgaron la emancipación previa del menor en
el pleito de expropiación, lo que tornó innecesaria la
autorización judicial que se puso como condición en el
Acuerdo de la partición de herencia. Además, se hubiese
evitado también el intento del menor de retractar su
consentimiento del Acuerdo.
Contrario a la determinación de la Comisionada,
resolvemos que la actuación de los letrados no resultó ser
contraria al Canon 35. A pesar de que anteriormente hemos
indicado que la falta de intención no es un elemento
necesario para la violación a esta disposición ética, esto
presupone que el abogado imputado de la infracción sí tenía
conocimiento de los hechos en los que está cimentado el
supuesto engaño al tribunal. CP-2017-17 27
En este caso, la conducta de los letrados no evidenció
un designio de defraudar al foro primario sino más bien un
desconocimiento del ordenamiento legal vigente que se
traduce en poco rigor profesional. Ello, denotó una
caracterización inexacta de los hechos presentados al
juzgador por inadvertencia o de manera inconsciente que
claramente contrasta con la representación ficticia de los
hechos que surge de una conducta deliberada de falsearlos a
consciencia de la falsedad de los mismos. Consecuentemente,
según los hechos probados y examinados por la Comisionada,
quedó demostrado que los querellados por omisión proveyeron
al tribunal la información incorrecta de la capacidad
jurídica de Álvaro Monsegur, a causa de la falta de rigor
profesional que atentó contra los deberes de competencia y
diligencia.
Por lo tanto, concluimos que, bajo las circunstancias
particulares de este caso, el incumplimiento de los letrados
no configuró la violación a los postulados de sinceridad y
honradez protegidos por el referido Canon 35.
Por otro lado, coincidimos con el Informe al descartar
que los abogados infringieron los Cánones 12, 17 y 38.
Veamos.
Tras examinar el trámite procesal del pleito de
partición de herencia, determinamos que la continuación del
litigio posterior a mayo de 2007 -cuando las partes
otorgaron el Acuerdo- y los trámites apelativos, son
resultado de la defensa de los intereses de los CP-2017-17 28
representados por los letrados. Específicamente, al
impugnar el consentimiento del señor Monsegur Franqui al
Acuerdo y con ello, la validez del mismo, los letrados
actuaron siempre de manera oportuna y diligente en beneficio
de sus clientes y acatando las órdenes del tribunal. De
manera que, la dilación sin una consecuencia significativa
no acarrea una sanción disciplinaria por incumplimiento del
Canon 12 como ocurrió en el caso ante nos.
Por otra parte, la admisión de la falta de conocimiento
del derecho junto a la determinación de la Comisionada sobre
la falta de evidencia clara, robusta y convincente por parte
de la OPG para establecer que los querellados conocían la
falta de necesidad de la petición de autorización judicial
y la impugnación de la validez del Acuerdo, nos lleva a
concluir que los letrados actuaron amparados en su mejor
conocimiento, información y creencia. Ante ese panorama,
no podemos inferir que los pleitos entablados, aunque
innecesarios, estuvieron motivados por el propósito de
molestar, hostigar o perjudicar a la otra parte, según
prescrito por el Canon 17.
De la misma manera, según los hechos reseñados, la
conducta de los letrados al tener como base la falta de
rigor profesional, tampoco configura el supuesto de
apariencia de conducta impropia que atenta contra el honor
y la dignidad de la profesión, contemplado en el Canon 38.
En cuanto a la sanción, consideramos como atenuantes que
no hubo ánimo de lucro, ya que los querellados no han cobrado CP-2017-17 29
por sus servicios y, además, aceptaron su error en todo
momento con sincero arrepentimiento.17 Ahora bien, en lo
que respecta al Lcdo. Francisco Rádinson Caraballo,
consideramos como agravante que, según mencionáramos, éste
fue suspendido anteriormente de la abogacía y la notaría en
In re Rádinson Caraballo, 172 DPR 1006 (2008), suspensión
que nunca comunicó en el trámite procesal de la partición
de herencia.
De conformidad con lo expuesto y habida cuenta de que
únicamente se infringió el Canon 18, con el fin de promover
la uniformidad en la imposición de sanciones, censuramos
enérgicamente a los Lcdos. Francisco Rádinson Pérez y Sergio
Rádinson Caraballo.18 En cuanto al Lcdo. Francisco Rádinson
Caraballo, considerando el agravante mencionado, decretamos
su suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía por el
término de un (1) mes.
IV
Por los fundamentos que anteceden, censuramos
Rádinson Caraballo. Además, decretamos la suspensión
inmediata del Lcdo. Francisco Rádinson Caraballo del
ejercicio de la abogacía por el término de un (1) mes. El
Sr. Francisco Rádinson Caraballo deberá notificar de forma
17 Véase, Escrito en oposición al escrito presentado por el Procurador General, titulado “Reacción a informe de la Comisionada Especial”.
18 Véanse, In re Pérez Villanueva, 198 DPR 1006 (2017); In re Pietri Torres, 191 DPR 482 (2014); In re Portela Martínez, 191 DPR 84 (2014). CP-2017-17 30
inmediata a sus clientes que, por motivo de su suspensión,
no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni
representación legal, y deberá devolverles los expedientes
de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos
por trabajo no realizado. De igual manera, tendrá la
responsabilidad de informar inmediatamente de su suspensión
a todos los foros judiciales y administrativos en los que
tenga algún caso pendiente. Asimismo, deberá acreditar y
certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo
anterior, dentro del término de treinta (30) días, contado
a partir de la notificación de la presente Opinión Per Curiam
y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que no se le
reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo en el
futuro.
Se apercibe a los letrados que, de incurrir en conducta
impropia en el futuro, podrán ser sancionados de forma más
severa. Les advertimos, además, que deberán ser más
cuidadosos con el ejercicio de la función profesional que
desempeñan y ceñirse estrictamente a los deberes
deontológicos que impone el Código de Ética Profesional.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Francisco Rádinson Pérez CP-2017-17 Conducta Francisco Rádinson Caraballo Profesional Sergio Rádinson Caraballo
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 23 de julio de 2020.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, censuramos enérgicamente a los Lcdos. Francisco Rádinson Pérez y Sergio Rádinson Caraballo. Además, decretamos la suspensión inmediata del Lcdo. Francisco Rádinson Caraballo del ejercicio de la abogacía por el término de un (1) mes.
El Sr. Francisco Rádinson Caraballo deberá notificar de forma inmediata a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni representación legal, y deberá devolverles los expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar inmediatamente de su suspensión a todos los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Asimismo, deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, dentro del término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la Opinión Per Curiam que antecede y esta Sentencia. El no hacerlo podría conllevar que no se le reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo en el futuro. CP-2017-17 2
Se apercibe a los letrados que, de incurrir en conducta impropia en el futuro, podrán ser sancionados de forma más severa. Se les advierte, además, que deberán ser más cuidadosos con el ejercicio de la función profesional que desempeñan y ceñirse estrictamente a los deberes deontológicos que impone el Código de Ética Profesional.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia por medio del correo electrónico registrado en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). El recibo de la notificación será confirmado por la vía telefónica.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente y hace constar la siguiente expresión:
La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente en cuanto al tratamiento del Canon 35 en la Opinión Per Curiam y el alcance que le da a nuestras expresiones en In re Rivera Contreras, 202 DPR 73 (2019). El Canon 35 del Código de Ética Profesional no requiere que el abogado o la abogada tenga la intención de violar las normas éticas, aunque sí debe tomarse en consideración la falta de intención al determinar la sanción disciplinaria a imponerse. In re Peña Ríos, 202 DPR 5 (2019); In re Iglesias García, 183 DPR 572 (2011). Por el contrario, basta que voluntariamente y con conocimiento incurra en los actos que se le imputan. G. Figueroa Prieto, Conducta Profesional, 71 Rev. Jur. UPR 237, 242 (2002), citando a C.W. Wolfram, Modern Legal Ethics, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1986.
La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin Opinión escrita. El Juez Asociado señor Colón Pérez no intervino.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo