EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2019 TSPR 105
202 DPR _____ Blanca Bonhomme Meléndez (TS-10,611)
Número del Caso: CP-2017-8
Fecha: 31 de mayo de 2019
Abogado de la querellada:
Lcdo. Carlos Quirós Méndez
Oficina del Procurador General
Lcdo. Isaías Sánchez Báez Procurador General
Lcdo. Joseph G. Feldstein del Valle Subprocurador General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López Procuradora General Auxiliar
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar
Comisionada Especial:
Hon. Crisanta González Seda
Materia: Conducta Profesional: Censura por infracción a los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 de Ética Profesional.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Blanca Bonhomme Meléndez CP-2017-8 Conducta (TS-10,611) Profesional
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2019.
En esta ocasión tenemos la oportunidad de
plantearnos lo siguiente: ¿Se justifica que un miembro
de la clase togada sujete su desempeño profesional a
las exigencias de una organización sindical con la
cual suscribió un contrato de servicios legales?
Advertimos a los letrados que esta honrosa profesión
exige de sus miembros que, al asumir la representación
legal de un afiliado a una unión obrera que ofrece
tales servicios, el desempeño profesional debe ser a
la altura que requieren los Cánones de Ética
Profesional. CP-2017-8 2
I
La Lcda. Blanca Bonhomme Meléndez (licenciada Bonhomme
Meléndez) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 3 de
enero de 1994 y a la práctica de la notaría el 25 de abril
del mismo año.
El 23 de septiembre de 2014 la Sra. Nilda Silva Vázquez
(señora Silva Vázquez) presentó una queja en contra de la
licenciada Bonhomme Meléndez por el desempeño profesional de
la letrada en 2 casos en los cuales representaba a la quejosa
ante la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP).
La señora Silva Vázquez era miembro de la Hermandad de
Empleados de la Salud (HES o Unión), una organización
bonafide de empleados públicos que representaba una cantidad
de empleados en el Municipio de San Juan (Municipio). Entre
los servicios que ofrecía la Unión a su matrícula era el
asesoramiento y representación legal para casos de naturaleza
laboral. Para noviembre de 2006, la licenciada Bonhomme
Meléndez asumió la representación legal en el caso Nilda
Silva Vázquez v. Municipio de San Juan, Caso Núm.
2006-02-0939, consolidado con el Caso Núm. 2006-11-0512 entre
las mismas partes.1 Aunque ambas causas de acción estaban
relacionadas entre sí, el Caso Núm. 2006-02-0939 procuraba
impugnar una determinación de la Comisión para Ventilar
Querellas y Asuntos de Personal del Municipio de San Juan
1 Cabe mencionar que la Lcda. Blanca Bonhomme Meléndez (licenciada Bonhomme Meléndez) solicitó la consolidación de los casos el 3 de julio de 2008. Dos años más tarde, la CASP concedió la solicitud mediante la orden emitida el 21 de septiembre de 2010. CP-2017-8 3
(Comisión) de suspender a la señora Silva Vázquez de empleo
y sueldo por 20 días laborables por haber agredido a una
compañera de trabajo, en un periodo en el que la quejosa se
encontraba recibiendo los servicios de la Corporación del
Fondo del Seguro del Estado (CFSE).2 En cuanto al Caso Núm.
2006-11-0512, la señora Silva Vázquez se proponía objetar la
decisión del Municipio de desestimar una Querella que
presentó por alegado trato desigual, hostigamiento laboral y
psicológico que la había afectado negativamente, además de
que no le habían entregado sus cheques, y que la suspensión
de empleo y sueldo decretada era una medida disciplinaria
injustificada.3
Ahora bien, durante el trámite del caso, la CASP emitió
3 órdenes para que la señora Silva Vázquez mostrara causa
por la cual -ante el abandono y falta de interés en continuar
con el reclamo- no debían imponer sanciones económicas. Por
la misma razón, estas órdenes advertían la posibilidad de
que la causa de acción fuera desestimada. Las órdenes
aludidas de la CASP correspondían a las siguientes fechas:
2 El Caso Núm. 2006-02-0939 se originó cuando el 8 de julio de 2005 la Directora de Recursos Humanos del Municipio de San Juan (Municipio) le entregó una carta de intención para destituir a la Sra. Nilda Silva Vázquez (señora Silva Vázquez) del puesto de Ayudante Administrativa del Departamento de Recreación y Deportes del Municipio por agredir física y verbalmente a una compañera de trabajo el 7 de junio de 2005. La agresión generó la querella policíaca número 2005-12829364, según la notificación de acción disciplinaria del 11 de enero de 2006.
3 El Caso Núm. 2006-11-0512 surgió a raíz de que el Municipio no efectuó el depósito directo de los salarios de la señora Silva Vázquez al momento de la suspensión. Esto, según alegado por el Municipio, porque ésta no tenía licencias suficientes para cubrir el depósito directo, por lo que la porción correspondiente de sus salarios tenía que pagarse mediante el mecanismo de emisión de cheques vía nómina supletoria. Los salarios le fueron pagados posteriormente a la señora Silva Vázquez. CP-2017-8 4
21 de septiembre de 2010, 24 de junio de 2014 y 7 de agosto
de 2014. Esta inacción por parte de la letrada, según alegó
la quejosa, provocó que la CASP desestimara su causa de
acción con perjuicio mediante una Resolución emitida el
21 de agosto de 2014. La señora Silva Vázquez esbozó que a
pesar de que recibía las notificaciones de la CASP, supo de
esta información mediante el sistema de registro de mociones
de la entidad apelativa. Añadió que la abogada nunca le
informó el estado del caso ni se reunió con ella para discutir
asunto alguno sobre sus reclamaciones consolidadas. Ante este
cuadro y oportunamente, la señora Silva Vázquez solicitó la
reconsideración de la determinación. No obstante, la CASP
declaró “no ha lugar” el petitorio de la quejosa mediante
una Resolución de 11 de septiembre de 2014. Afirmó, además,
que el 22 de septiembre de 2014 visitó la CASP y supo que el
10 de septiembre de 2014 la letrada había presentado una
Moción de renuncia de representación legal, esto sin haberle
notificado que tomaría ese curso de acción.
Atendida la queja por la entonces Subsecretaria de
este Tribunal, la Lcda. Camelia Montilla Alvarado, se
solicitó a la abogada la correspondiente contestación. En su
contestación, la licenciada Bonhomme Meléndez alegó que su
contrato de servicios no era con la quejosa, sino con la
organización sindical. Aseguró que, por la misma razón, la
señora Silva Vázquez no emitió pago alguno de honorarios de
abogado y expresó que representó a la quejosa porque era
miembro de la HES. Asimismo, aseveró que la cuota de los CP-2017-8 5
afiliados era de $12.00 mensuales y que la Unión utilizaba
parte del dinero para el pago de los servicios legales que
rendían los profesionales del Derecho que tenían contratos
con la organización sindical. Expuso también que el acuerdo
entre la HES y los afiliados que recibían los servicios
legales (incluyendo a la quejosa) era que las consultas, las
quejas y los servicios legales se canalizaban por conducto
de la organización sindical y los abogados sólo comparecían
a la Unión para la entrevista inicial, preparar al afiliado
para la audiencia y representarle durante la vista.
En cuanto a las alegaciones alusivas a la falta de
comunicación, la licenciada Bonhomme Meléndez expresó que la
HES nunca le informó que la señora Silva Vázquez quisiera
reunirse con ella y que, además, la quejosa visitaba las
oficinas de la Unión cuando lo entendía pertinente, pero sin
avisar.
Respecto a las causas de acción en cuestión, la letrada
que había solicitado la consolidación de los casos en el
2008, sin embargo la CASP atendió y resolvió el petitorio
mediante la orden de 21 de septiembre de 2010. Asimismo,
manifestó que 8 meses antes de que se emitiera la orden que
se alega no contestó, en enero de 2010 ella había indicado a
la CASP su nueva dirección de récord, pero ésta se notificó
a otra dirección. Con relación a esta orden en particular,
la abogada entendió que no constituía un abandono toda vez
que entendió que, para continuar con el reclamo, era CP-2017-8 6
necesario que la CASP atendiera primero la solicitud de
consolidación.
En cuanto a la alegación de la señora Silva Vázquez de
que no se le notificó la renuncia a la representación legal,
la licenciada Bonhomme Meléndez aseveró que la HES le informó
que cesaría la representación legal de la quejosa, por lo
que ésta debía coordinar con la Unión para recoger su
expediente. De este modo, la señora Silva Vázquez tenía que,
a través de la oficina de la HES, coordinar una reunión con
la abogada para la entrega del expediente. Sin embargo,
explicó que la señora Silva Vázquez visitaba las oficinas de
la HES sin avisar y la abogada no podía presentarse para la
entrega del expediente y brindarle la debida orientación.
Alegó también la letrada que, previo a la presentación de la
primera Apelación ante la CASP (Caso Núm. 2006-02-0939), en
la Comisión se ventiló que la falta cometida por la señora
Silva Vázquez requería la destitución del puesto, pero se
redujo la sanción a una suspensión de empleo y sueldo por
20 días. Con esta determinación, el retiro de la señora Silva
Vázquez no se afectó y en la actualidad recibe una pensión
como empleada pública. Por su parte, la quejosa insistió en
que la abogada no la representó durante la vista
administrativa ante la Comisión, sino otro abogado y que su
patrono desistió de la destitución porque el cargo impuesto
era abandono de servicio mientras se encontraba en un
descanso ordenado por la CFSE. CP-2017-8 7
Este Tribunal ordenó a la Procuradora General que
realizara la investigación y que presentara el
correspondiente Informe.4 En cumplimiento con nuestro
requerimiento, la Procuradora General concluyó en su Informe
que la letrada pudo haber incurrido en conducta contraria a
los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 de Ética Profesional.5 En
desacuerdo con el Informe, la licenciada Bonhomme Meléndez
presentó una Réplica al Informe de la Procuradora General,
en la que negó los fundamentos allí esbozados para sostener
las alegaciones de infracción a los referidos cánones. La
abogada hizo un recuento de la relación contractual que tuvo
por 14 años con la HES y que, como consecuencia de que la
quejosa era miembro de la Unión, se convirtió en la
representante legal de la señora Silva Vázquez en 2 de varios
casos que ésta tenía presentados ante la CASP. Advirtió que
la HES procuraba abaratar los gastos legales y por ello
exigía que todo lo relacionado a los casos laborales se
atendiera en las oficinas de la Unión.
Asimismo, la abogada sostuvo que no abandonó el caso,
que siempre estuvo dispuesta a reunirse con la señora Silva
Vázquez y nunca supo que existiera alguna razón para
4 En el momento en que se inició este procedimiento disciplinario en contra de la licenciada Bonhomme Meléndez, la Lcda. Margarita Mercado Echegaray (licenciada Mercado Echegaray) fungía como Procuradora General. En aquellas partes del relato de los hechos durante los cuales la licenciada Mercado Echegaray ostentaba dicho puesto, nos referiremos a ella como Procuradora General o la Oficina de la Procuradora General. No obstante, a partir de enero de 2017 el Lcdo. Luis R. Román Negrón asumió dicha encomienda, por lo que en el relato de los procesos realizados con posterioridad a dicha fecha nos referiremos a este último como Procurador General.
5 4 LPRA Ap. IX. CP-2017-8 8
comunicarse o reunirse con la quejosa. Aseveró que cometió
el error de no mantener evidencia de las gestiones
profesionales que realizó en el caso de la quejosa. Ante
esto, manifestó que se encontraba en estado de indefensión
porque el expediente con sus anotaciones se le había
entregado a la señora Silva Vázquez. Aceptó no haber cumplido
con las últimas 2 de las órdenes de la CASP e insistió que
su omisión en actuar se debió a un error de notificación de
la agencia apelativa. Así pues, lamentó lo ocurrido y expuso
que no fue el resultado de una actuación consciente ni
voluntaria, por lo que ofreció disculpas.
Sin embargo, apuntó que, aun cuando el caso se hubiese
considerado en los méritos, era casi imposible que la quejosa
prevaleciera debido a que la agresión cometida no era vista
con buenos ojos por los foros administrativos que atienden
los casos como el de la señora Silva Vázquez. Razonó que, en
retrospección, el mejor curso debió ser que la HES se negara
a presentar la Apelación para que así la quejosa contratara
a un abogado de su preferencia y de esa forma no hubiese
estado sometida a las medidas de control de gastos
establecidas por la Unión. Manifestó que de este Tribunal
entender que había alguna oportunidad remota de que la
quejosa hubiese prevalecido en su reclamo ante la CASP, la
letrada estaría en la mejor disposición de pagarle
directamente las 2 quincenas que la señora Silva Vázquez no
cobró como resultado de la suspensión de empleo y sueldo. CP-2017-8 9
Luego de evaluar el Informe, esta Curia ordenó a la
Oficina de la Procuradora General que presentara la Querella.
En ésta se imputó a la licenciada Bonhomme Meléndez la
violación a los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 de Ética
Profesional, supra.
Por su parte, el 13 de junio de 2017, la licenciada
Bonhomme Meléndez contestó la Querella y allí abundó sobre
la relación contractual con la HES. En específico, apuntó
que la Unión asumió la responsabilidad de gestionar servicios
de asesoramiento y representación legal de sus afiliados y,
debido a la cuota que éstos pagaban mensualmente, la Unión
procuraba mantener los gastos al nivel más bajo posible
mediante el pago de honorarios a una tarifa reducida y
medidas rigurosas de control de gastos. Afirmó que lo
anterior se agravaba con el hecho de que en las reclamaciones
de los empleados municipales no se otorgaba para el pago de
honorarios. La abogada aseguró que la compensación por los
servicios era un pago reducido que ofrecía la HES a los
abogados y que en ocasiones la Unión se tardaba en pagar o
no les pagaban los honorarios. Sin embargo, añadió que aun
en esa situación prestó el servicio a esos empleados, quienes
de otra manera hubiesen quedado indefensos y ello hubiese
provocado un serio problema de acceso a la justicia.
Asimismo, la licenciada Bonhomme Meléndez desglosó que
las medidas de control de gastos en relación al asesoramiento
y representación legal consistían en las siguientes:
(1) la selección de los afiliados que recibirían ese CP-2017-8 10
beneficio; (2) la celebración de las reuniones entre el
afiliado y el representante legal era en la sede de la Unión;
(3) los oficiales de la HES eran los encargados de contactar
-por el medio de comunicación que estimaren- al afiliado y
citarlo a las reuniones; (4) las comunicaciones del
representante legal con los afiliados se realizaban a través
de oficiales de la HES, y finalmente (5) la Unión no informaba
a los afiliados el número de teléfono ni dirección física de
la oficina del representante legal. Aseguró que las medidas
desglosadas y acordadas con la HES tenían un propósito dual:
(1) que los afiliados comprendieran que la licenciada
Bonhomme Meléndez prestaba servicios a la organización
sindical y no era una abogada personal, y (2) limitar los
gastos al mínimo necesario entre las reuniones y las llamadas
telefónicas. Aseveró que la matrícula de la organización
sindical era consciente y aceptaba (desde la entrevista
inicial) que los asuntos de las reclamaciones tenían que
coordinarse a través de la HES. También añadió que el control
de gastos era una parte esencial de la relación contractual
existente entre la letrada y la Unión.
En cuanto a los cargos imputados, la licenciada
Bonhomme Meléndez aceptó no haber atendido oportunamente las
órdenes del 25 de junio de 2014 y el 7 de agosto de 2014
emitidas por la CASP y reiteró que debido a que no tenía el
expediente original del caso con sus anotaciones se
encontraba impedida de explicar su incumplimiento.
Nuevamente expresó que mediante su intervención previo a la CP-2017-8 11
presentación de la Apelación ante la CASP logró reducir la
sanción impuesta de una destitución del servicio público a
una suspensión de empleo y sueldo por 20 días laborables.
Para atender el asunto, este Tribunal designó a la
Lcda. Crisanta González Seda como Comisionada Especial
(Comisionada) mediante una Resolución emitida el 11 de abril
de 2018. Ésta celebró una vista final a la que compareció la
licenciada Bonhomme Meléndez con su representación legal,
así como la abogada de la Oficina del Procurador General.
Esta última informó a la Comisionada que al no poder
contactar a la señora Silva Vázquez, ésta fue descartada como
prueba testifical. Así las cosas, el Procurador General
sometió el caso por el expediente de la CASP, el expediente
relacionado a la Querella y la prueba estipulada por las
partes. Entretanto, la licenciada Bonhomme Meléndez ofreció,
sin objeción del Procurador General, y fue admitida en
evidencia la buena reputación de la letrada según sustentada
por las declaraciones juradas que prestaron 3 personas, así
como una carta suscrita por el Sr. Sixto Alvelo, quien era
el Director Ejecutivo de la HES.
Así pues, el 19 de octubre de 2018 la Comisionada
presentó el Informe, en el que determinó que en efecto la
letrada violó los Cánones de Ética Profesional según
imputados en la Querella. No obstante, la Comisionada sugirió
a esta Curia que, al evaluar la conducta de la licenciada
Bonhomme Meléndez, consideráramos varias circunstancias
atenuantes que obran en favor de la letrada, a saber: CP-2017-8 12
La querellada goza de una excelente reputación en la comunidad según surge de las declaraciones juradas admitidas en evidencia, sin objeción de la OPG; nunca había sido objeto de una queja como abogada ni como notario, es decir que ésta constituye su primera falta; la quejosa no resultó perjudicada ya que pudo retirarse y recibir su pensión sin menoscabo alguno; la querellada solicitó disculpas por cualquier actuación que pudiera interpretarse que constituyó una violación a los cánones y ofreció devolver cualquier cantidad de dinero que se determinara en este procedimiento, cuya determinación no hicimos por no existir prueba sobre pérdida económica alguna por parte de la quejosa; la querellada ha demostrado su sincero arrepentimiento por cualquier perjuicio que pudiera haber ocasionado, y se trata de una conducta aislada, sin ánimo de lucro en su actuación.6
II
El juramento que prestan los abogados para ejercer la
profesión legal es un compromiso de lealtad con los deberes
y responsabilidades que le imponen las leyes y el Código de
Ética Profesional.7 La abogacía es una disciplina profesional
revestida de un alto interés público.8 Aquellos que ostentan
el privilegio de ser parte de esta honrosa profesión siempre
deben considerar que cumplen con una función ciudadana que
representa servicio, ética y ejemplo.9 A tono con lo
anterior, los abogados deben procurar que su desempeño genere
o facilite la administración de la justicia de sus
representados. De lo contrario, nos vemos en la obligación
6 Informe de la Comisionada Especial, págs. 34-35.
7 4 LPRA Ap. IX; In re Ortiz Sánchez, 2019 TSPR 16, 201 DPR ___ (2019).
8 In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 144 (2005).
9 Íd., pág. 145. CP-2017-8 13
de ejercer nuestro poder inherente para disciplinar a los
miembros de la profesión legal.
A. El Canon 6 y 9 del Código de Ética Profesional
En varias instancias hemos señalado que cuando un
abogado brinda servicios profesionales ante organismos
administrativos observarán los mismos principios de ética
profesional que exige su comportamiento en los tribunales.10
Por ello, resolvimos que el Canon 6 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, “regula la conducta de los
miembros de la clase togada ante las agencias
gubernamentales”.11 Sobre este particular, este Tribunal
explicó que “[e]n casos ante organismos administrativos, el
Canon 6 del Código de Ética Profesional, supra, es el que
incorpora las normas que bajo el Canon 9, supra, se
establecen para los abogados ante foros judiciales”.12
Asimismo, hemos dejado claro que el profesional del Derecho
que no atienda “las órdenes de […] una agencia administrativa
en virtud del Canon 6 del Código de Ética Profesional, supra,
constituye un grave insulto a su autoridad, en clara
violación al mandato expreso del Canon 9, supra”.13
Ahora bien, en el presente caso la licenciada Bonhomme
Meléndez no refutó, sino que admitió y estipuló que incumplió
10Véanse Canon 6 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX; In re Valentín Custodio, supra, págs. 541–542; In re Pietri Castellón, 185 DPR 982, 991 (2012).
11 In re Morales Velázquez, 156 DPR 212, 217 (2002).
12 Íd., pág. 219.
13 In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485, 493 (2015), In re Valentín Custodio, supra, pág. 542. CP-2017-8 14
con 2 de las órdenes de la CASP, y no hay duda que esta
conducta constituyó una violación inequívoca del Canon 9,
supra. Aclarado este asunto, analizaremos las actuaciones de
la licenciada Bonhomme Meléndez a la luz de los cánones 12,
18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.
B. El Canon 12 del Código de Ética Profesional
Según el Canon 12 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX,
todo abogado tiene el deber hacia las partes y los compañeros
abogados de desplegar todas las diligencias necesarias para
evitar dilaciones indebidas en la tramitación y solución de
los casos.14 De modo que los abogados que entorpezcan u
obstaculicen la resolución de un caso y que así arriesguen
la causa de acción de su cliente debido a la falta de
diligencia y puntualidad en el trámite ello claramente
constituye una violación patente a dicho postulado.15
C. El Canon 18 del Código de Ética Profesional
Por otra parte, el Canon 18 de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, insta a los miembros de la profesión legal a que sean
diligentes en la defensa de los intereses del cliente. Por
14El Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, establece lo siguiente:
Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protección de los derechos sustanciales de su cliente.
15 In re Valentín Custodio, supra, pág. 543; In re Pietri Castellón, supra pág. 991; In re Vélez Báez, 176 DPR 201, 208 (2009); In re Cuevas Velázquez, 174 DPR 433, 441 (2008); In re Rosado Nieves, 159 DPR 746, 757 (2003); In re Grau Díaz, 154 DPR 70, 75-76 (2001). CP-2017-8 15
lo tanto, si no pueden prepararse y actuar en la forma en
que la profesión lo exige, no deben asumir la representación
legal.16 Así, para defender los derechos de un cliente de
forma diligente, el desempeño profesional se acompaña con el
más profundo saber y responsabilidad.
Como corolario del deber plasmado en este canon, en
In re Zayas Nieves, 181 DPR 49, 59 (2011), advertimos que la
firma de un abogado en un escrito lo convierte en la
representación legal de la persona por quien comparece. Es
decir, éste pasa a ser su cliente y desde entonces debe
descargar responsable, competente y diligentemente su
gestión profesional. Así que, aceptada la representación
legal sin que luego de ello se realicen los encargos
profesionales correspondientes, se incumple
irremediablemente con el Canon 18, supra. La razón es muy
simple, pues “la representación legal adecuada requiere que
se ejerza la profesión con celo, cuidado y prudencia”.17
16 El Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone:
Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
17In re Pietri Castellón, supra, pág. 992; In re Acosta Grubb, 119 DPR 595, 602 (1987). CP-2017-8 16
D. El Canon 19 del Código de Ética Profesional
El Canon 19 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, exige
que todo abogado mantenga al cliente informado de los asuntos
importantes del caso en el cual lo representa.18 Resulta en
una conducta incompatible con el Canon 19, supra, el que un
miembro de la clase togada asuma la representación legal ante
un ente administrativo y posteriormente no mantenga
notificado e informado al cliente de los asuntos importantes
del caso que atiende.
E. El Canon 20 del Código de Ética Profesional
Se exige de todo abogado que, al momento de renunciar,
cumpla con las especificaciones que dispone el Canon 20 de
Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. El postulado contiene los
pasos que la clase togada seguirá para fines de culminar la
representación legal con un cliente. Hemos expresado que el
Canon 20, supra, le “impone obligaciones taxativas a los
letrados independientemente de si han comparecido o no ante
el tribunal a nombre de su cliente”.19 En In re González
Rodríguez, 2018 TSPR 165, 201 DPR ___ (2018), expusimos que:
previo a renunciar a la representación, todo abogado vendrá obligado a realizar aquellas gestiones necesarias para evitar el menoscabo de los derechos de su cliente tales como: notificarle de su renuncia; orientarle debidamente sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando sea necesario; concederle tiempo para procurar una nueva representación legal; y advertirle sobre
18In re González Rodríguez, 2018 TSPR 165, 201 DPR ___ (2018). El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, expone que:
El abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado.
19 In re González Rodríguez, supra. CP-2017-8 17
fechas límites y términos que impacten su causa de acción.
Como parte del proceso de renuncia, igualmente se le exige al abogado que le entregue a su cliente el expediente, así como todo documento relacionado con el caso. […] No podemos perder de vista que, tanto el expediente, como la causa de acción, pertenecen exclusivamente al cliente. […] Esta obligación debe cumplirse sin dilación. Es decir, tan pronto el abogado renuncie a la representación legal o cuando el cliente así lo solicite. (Citas omitidas).
Como parte del proceso de la renuncia, se encuentra la
obligación de todo letrado de “reembolsar inmediatamente
cualquier cantidad que le haya sido pagada en honorarios por
servicios que no se han prestado”.20
F. El Canon 38 del Código de Ética Profesional
Al delinear los postulados éticos enunciados en el
Canon 38 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, expresamente
le exige a todo abogado “esforzarse, al máximo de su
capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su
profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios
personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta
profesional impropia”. En este contexto, y conforme a la
confianza depositada en el título que ostenta y el rol de la
clase togada en la sociedad, corresponde a los abogados
proceder de manera digna y honorable en el desempeño de su
vida profesional.21 Por lo tanto, todo abogado que no se
20In re Santiago Méndez, 2018 TSPR 191, 201 DPR ___ (2018) citando a In re Martí Rodríguez, 194 DPR 467, 474 (2016); In re Pestaña Segovia, supra, 495.
21In re Nazario Díaz, 198 DPR 793, 806 (2017); In re Ramírez Salcedo, 196 DPR 136, 151 (2016). CP-2017-8 18
conduce digna y honorablemente infringe el Canon 38, supra.22
Cabe destacar que la conducta de un letrado no puede
examinarse de manera individual y aislada del ámbito público.
Según reiterado, los abogados reflejan la imagen de la
profesión, por lo que vienen obligados a comportarse con el
más escrupuloso sentido de responsabilidad acorde la función
social que ejercen.23 De manera que “la confianza, [el]
respeto [y la] imagen que la sociedad deposita en cada uno
de los abogados, en la profesión y en la institución de la
justicia desmerece cuando la actuación del jurista representa
incorrección”.24
Por otro lado, este Tribunal ha señalado que al
determinar la sanción disciplinaria que habrá de imponerse a
un abogado que haya incurrido en conducta reñida con los
postulados éticos que guían el desempeño en la profesión
legal, pueden tomarse en cuenta los siguientes factores:
(1) la reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si constituye su primera falta y si no ha causado perjuicio a alguna parte; (4) la aceptación y el arrepentimiento sincero por las imputaciones; (5) la defensa frívola de su conducta; (6) si se trata de una conducta aislada; (7) el ánimo de lucro, y (8) cualquier otra consideración atenuante o agravante aplicable a los hechos.25
22 In re García Veqa, 189 DPR 741 (2013).
23 In re Nazario Díaz, supra, pág. 806.
24 Inre Nazario Díaz, supra, pág. 806, citando a In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 666 (2015).
25 In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 587 (2015). CP-2017-8 19
III
Ciertamente, la licenciada Bonhomme Meléndez quebrantó
los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 de Ética Profesional,
supra, al: (1) incumplir con las órdenes emitidas por la
CASP; (2) no atender las órdenes con prontitud y diligencia;
(3) actuar de manera incompetente en relación con los
intereses de la quejosa, a quien representaba ante la CASP;
(4) no informar ni orientar a la señora Silva Vázquez de los
asuntos importantes del caso, tales como las determinaciones
que le fueron adversas; (5) renunciar a la representación
legal de la señora Silva Vázquez luego de que la CASP
desestimara los casos con perjuicio, ello sin antes
informarle a la quejosa -al menos- por conducto de la HES ni
orientarla al respecto, así como tampoco tomar acción alguna
para protegerla y, finalmente, (6) revisar la totalidad del
expediente y las razones expuestas por la letrada es claro
que el desempeño profesional de ésta no exaltó el honor y la
dignidad de la profesión a la que pertenece.
Ahora bien, no podemos culminar el análisis sin que
brevemente contestemos las siguientes interrogantes: ¿De
quién era abogada la licenciada Bonhomme Meléndez? ¿Hacia
dónde debía inclinarse la lealtad de su desempeño
profesional? La abogada reiteradamente y desde el inicio
expuso que, por el contrato de servicios suscrito con la
organización sindical, ella era abogada de la HES y no de la
señora Silva Vázquez. Durante todo el trámite disciplinario
defendió su postura de que, como parte esencial del contrato, CP-2017-8 20
su gestión profesional estaba atada a las medidas de control
de gastos que le imponía la Unión. Sin embargo, en un
contrasentido, la licenciada Bonhomme Meléndez reconoció que
se convirtió en la abogada de la señora Silva Vázquez cuando
asumió la representación legal ante la CASP. Esta situación
es distinta a la expuesta por el Hon. Sigfrido Steidel
Figueroa cuando plantea que un abogado representa legalmente
a una unión en una causa de acción en contra de alguno de
los miembros del gremio.26 Es evidente que en ese escenario
el abogado debe total lealtad a la organización sindical.
No obstante, si un abogado representa legalmente a un
afiliado de un gremio en una causa de acción, éste se
convierte en su cliente. Por ende, el desempeño profesional
del abogado que atiende un caso de un miembro de una unión
deberá ser a la altura que requiere el Código de Ética
Profesional y no al contrato de servicios que el letrado haya
suscrito con el gremio. La clase togada debe recordar que,
al asumir la representación legal, por quien comparece es
por el afiliado de la organización sindical y no por la unión
obrera. Un abogado no está obligado a suscribir un contrato
con el cual no esté de acuerdo. Los abogados no pueden
escudarse de las obligaciones y responsabilidades que emanen
de un contrato de servicios que sean contrarias, incluso, a
los postulados del Código de Ética Profesional.
26 S. Steidel Figueroa, Ética para Juristas: Ética del Abogado y Responsabilidad Disciplinaria, San Juan, Ed. Situm, 2016, sec. 3.18, pág. 194, citando In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 DPR 778 (1984) e In re Rojas Lugo, 114 DPR 687 (1983). CP-2017-8 21
Como señalamos, la conducta desplegada por la
licenciada Bonhomme Meléndez infringió nuestro Código de
Ética Profesional. No obstante, saltan a la vista las
circunstancias atenuantes contempladas por la Comisionada
-con las que estamos de acuerdo- y otras evaluadas por esta
Curia a la hora de ejercer nuestra función disciplinaria.
Surge del expediente que, al momento de los hechos, la
licenciada Bonhomme Meléndez contaba con 20 años de
experiencia en la profesión legal. Su práctica legal se ha
concentrado en casos de naturaleza laboral y administrativa
con clientes privados, pero mayormente ha ofrecido sus
servicios a organizaciones sindicales, tales como: la
Federación Laborista, la Hermandad de Empleados del
Departamento de la Familia y la HES. En cuanto a esta última
Unión, la letrada ofreció sus servicios desde el 2001 hasta
el 2015 porque la organización sindical quedó disuelta por
decisiones tomadas por la administración del Municipio para
el 2013. Las declaraciones juradas evaluadas por la
Comisionada reflejan que la abogada ostenta una excelente
reputación. Fuera de la presente Querella, la letrada nunca
había sido objeto de una investigación como abogada ni como
notaria.
Además de lo anterior, desconocemos el momento
preciso, pero la quejosa pudo retirarse como empleada del
Municipio por los años de servicio, disfrutando así de la
pensión que en un momento dado tuvo temor de perder debido a
los sucesos ocurridos por la agresión. El expediente refleja CP-2017-8 22
que el dinero relacionado al Caso Núm. 2006-11-0512 fue
entregado por el Municipio a la quejosa. Asimismo, notamos
que a pesar de la insistencia de la señora Silva Vázquez en
reiterar ante este Foro que la letrada no la representó
adecuadamente, nunca presentó evidencia de los daños que
sufrió, si alguno, como consecuencia de la desestimación con
perjuicio de las reclamaciones. Igualmente, la abogada
reconoció que cometió un error al no contestar las órdenes y
lamentó que la consecuencia de sus acciones fuera la
desestimación con perjuicio de los casos, mostrando así un
arrepentimiento genuino. Aseguró que, de este Tribunal
entender que la quejosa hubiese prevalecido en los méritos
de sus reclamaciones o que se interpretara que sus
actuaciones constituyeron una violación a los Cánones de
Ética Profesional, estaba en la mejor disposición de pagarle
a la señora Silva Vázquez la cantidad de dinero que esta
Curia determinara. El expediente refleja, además, que la
conducta desplegada no fue en ánimo de lucro.
Nos parece oportuno recalcar que, durante el trámite
ante la Comisionada, el Procurador General nunca logró
contactar a la señora Silva Vázquez para que compareciera
como prueba testifical y, por ello, tuvo que ser descartada
como testigo. Como mencionamos, a pesar de la realidad de la
desestimación de las causas de acción con perjuicio, no
existe prueba clara, robusta y convincente sobre pérdida
económica alguna que requiera que la licenciada Bonhomme CP-2017-8 23
Meléndez tenga que desembolsar dinero para resarcir a la
señora Silva Vázquez.
IV
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede y en consideración a las circunstancias
atenuantes esbozadas que obran en favor de la licenciada
Bonhomme Meléndez, este Tribunal le censura por sus
actuaciones. Sin embargo, le advertimos a la abogada sobre
la importancia de que si bien un miembro de la profesión
legal debe guardarle fidelidad a un cliente conforme al
acuerdo suscrito, en el desempeño de sus deberes claramente
ningún contrato de servicio profesional debe ir por encima
de las exigencias de los Cánones de Ética Profesional que
rigen a los profesionales del Derecho.
Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Blanca Bonhomme Meléndez CP-2017-8 Conducta (TS-10,611) Profesional
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se censuran las actuaciones de la Lcda. Blanca Bonhomme Meléndez. Asimismo, le advertimos sobre la importancia de que si bien un miembro de la profesión legal debe guardarle fidelidad a un cliente conforme al acuerdo suscrito, en el desempeño de sus deberes claramente ningún contrato de servicio profesional debe ir por encima de las exigencias de los Cánones de Ética Profesional que rigen a los profesionales del Derecho.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo