Hon. Aníbal Acevedo Vilá, Corporación De P.R. Para La Difusión Pública v. Comisión Estatal De Elecciones

2007 TSPR 231

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 27, 2007
• Docket: CC-2006-0813 CC-2006-0819 CC-2006-0815
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Aníbal Acevedo Vilá Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública Recurrido

v.

Comisión Estatal de Elecciones Peticionaria ************************************** Certiorari Hon. Aníbal Acevedo Vilá Corporación de Puerto Rico 2007 TSPR 231 para la Difusión Pública Recurridos 172 DPR ____

Comisión Estatal de Elecciones, Junta Examinadora de Anuncios, et al.

Tomas Rivera Schatz, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista Peticionario

Número del Caso: CC-2006-813 Cons. CC-2006-819 CC-2006-815

Fecha: 27 de diciembre de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel III

Juez Ponente:

Hon. Migdalia Fraticelli Torres

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Ramón L. Walker Merino Lcdo. José A. Carlo Rodríguez Lcdo. Gilberto Concepción Suárez Lcdo. Pedro E. Ortiz Álvarez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Sarah Y. Rosado Morales Procuradora General Auxiliar

Materia: Anuncios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Aníbal Acevedo Vilá * Corporación de Puerto Rico * para la Difusión Pública * Recurrido * * v. * CC-2006-813 * CC-2006-819 Comisión Estatal de Elecciones * Peticionaria * ********************************* Certiorari Hon. Aníbal Acevedo Vilá; * Corporación de Puerto Rico * para la Difusión Pública * Recurridos * * v. * CC-2006-815 * Comisión Estatal de Elecciones, * Consolidados Junta Examinadora de Anuncios, * Juan Dalmau Ramírez, Comisionado * Electoral del Partido * Independentista Puertorriqueño, * y Geraldo A. Cruz Maldonado, * Comisionado Electoral del * Partido Popular Puertorriqueño * Partes * * Thomas Rivera Schatz, * Comisionado Electoral del * Partido Nuevo Progresista * Peticionario * *********************************

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 27 de diciembre de 2007.

El presente caso nos brinda la oportunidad de pautar

por primera vez diversos aspectos de la normativa que

regula la difusión de anuncios gubernamentales en

periodos de veda electoral. En particular, nos

corresponde determinar el alcance de la frase “gastos

para la compra de tiempo y espacio en los medios de

difusión pública”, contenida en el Artículo 8.001 de la CC-2006-813, 815 y 819 2

Ley Electoral de Puerto Rico1, así como lo que configura

la “situación extraordinaria” que justifica difundir un

anuncio o mensaje sin acogerse previamente al

procedimiento de autorización establecido a esos efectos.

I.

El pasado 23 de septiembre de 2004 la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico aprobó la “Ley del Referéndum

sobre el Sistema Cameral de la Asamblea Legislativa” que

proveía para consultar al electorado puertorriqueño su

preferencia en cuanto a cambiar la composición de nuestro

sistema legislativo de uno bicameral a uno unicameral.2

En vista de ello, en febrero de 2005 la Comisión

Estatal de Elecciones (en adelante C.E.E.) determinó que

a la referida consulta le aplicaría lo dispuesto en el

Artículo 8.001 de la Ley Electoral.3 A esos fines, la

C.E.E. constituyó la Junta Examinadora de Anuncios, la

cual estaría compuesta por un Oficial Examinador en

representación de cada partido político y por un

representante del Presidente de la C.E.E. La vigencia de

la veda electoral se notificó a las tres Ramas del

Gobierno y a los Municipios. La misma se mantendría

1 Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 16 L.P.R.A. sec. 3351. 2 Véase, Ley del Referéndum sobre el Sistema Cameral de la Asamblea Legislativa, Ley Núm. 477 de 23 de septiembre de 2004, 16 L.P.R.A. sec. 971 et seq. 3 La C.E.E. fundamentó su decisión en lo resuelto en P.P.D. v. Rosselló González II, 136 D.P.R. 916 (1994). CC-2006-813, 815 y 819 3

vigente desde el 1 de marzo de 2005 hasta el 11 de julio

del mismo año.

En aras de implantar las disposiciones de la Ley

Electoral; regular el procedimiento para solicitar

autorización del uso de medios de difusión y facultar a

la C.E.E. a investigar si algún anuncio difundido había

obtenido previa autorización, la C.E.E. aprobó -antes de

que la veda electoral entrara en vigor- el Reglamento

para el Control de Gastos de Difusión Pública del

Gobierno para el Referéndum de 10 de julio de 2005 (en

adelante, el Reglamento).

El 31 de mayo de 2005 la Oficina del Gobernador

emitió un Comunicado de Prensa mediante el cual anunció

que, al día siguiente, el referido funcionario ofrecería

un mensaje especial al pueblo de Puerto Rico que sería

transmitido en vivo desde la Fortaleza. Se indicó que

éste haría “unas expresiones históricas ante la situación

del país” y se dispuso que el mensaje podría ser

transmitido por todos los medios de comunicación. En el

comunicado se señaló que la transmisión no tendría

“ningún costo para el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico”. Previo a la difusión del referido mensaje, el

señor Gobernador no solicitó la autorización de la Junta

Examinadora de Anuncios de la C.E.E.

El 1 de junio de 2005 el señor Gobernador transmitió

el referido mensaje a través de una señal originada en el CC-2006-813, 815 y 819 4

Departamento de Noticias del Canal 6. A dicha señal los

Canales 2, 4 y 11 se conectaron para retransmitirlo.

El texto del mensaje se reproduce, en lo pertinente,

a continuación:

[…] Hoy vengo a hablarte de la situación que atraviesa nuestro país y de cómo vamos a superarla. Est[á] bueno ya de que algunos políticos sigan retrasando tu progreso.

Basta ya de espectáculos. En el Mensaje de Estado hice un llamado a que trabajemos juntos para enfrentar los problemas actuales y echar adelante a Puerto Rico. Presenté un plan que denominé el Triángulo del Éxito para combatir el crimen, poner la educación en el sitial que se merece y promover una nueva economía más fuerte, con más empleos.

Ya se empieza a ver resultados; cortamos el gasto público, logramos una reducción en la criminalidad, incluyendo los asesinatos; cambiamos las prioridades de nuestro sistema educativo, creamos el programa Apoyo al de Aquí para generar empleos y sometimos decenas de medidas legislativas y el presupuesto que están pendientes de aprobación.

Le he solicitado a la Legislatura que atienda responsablemente el presupuesto y los he convocado a que nos sentemos a trabajar juntos por el bien de Puerto Rico.

Sin embargo, tú has visto que hay unos políticos que se han quedado en el pasado y se han dedicado a sus luchas de poder y no a trabajar por ti.

Tú sabes qui[é]nes son.

[…] Aunque estamos viendo señales por parte de algunos legisladores que se han parado firmes, ya no se puede seguir aplazando la acción y el trabajo que necesita Puerto Rico.

Está bueno ya.

Yo tengo un plan y en las próximas semanas lo estarás viendo en acción. CC-2006-813, 815 y 819 5

Como tú Gobernador, en el ejercicio de mis prerrogativas y poderes, estaré haciendo públicas una serie de órdenes y acciones ejecutivas, para lo que no es necesaria la intervención de la Legislatura.

Estas acciones, entre otras, están dirigidas a darle los recursos que la Policía necesita; asignarle al Centro Médico los fondos que requiere urgentemente, al Departamento de Educación para que mejore las condiciones de las escuelas, para atacar de frente la evasión contributiva y darle apoyo a las empresas de aquí. Todo esto antes del 30 de junio.

Para esa fecha Puerto Rico necesita que la Asamblea Legislativa haya aprobado un presupuesto con los recursos para atender en el próximo año fiscal tus necesidades.

En un intento más por romper el tranque legislativo, mañana estaré anunciando la creación de un Comité Mediador Ejecutivo de Ciudadanos que tendrá la misión de mediar con la Asamblea Legislativa sobre el presupuesto. Invito a la Asamblea Legislativa a crear un Comité similar.

[…] La Asamblea Legislativa tiene que responder, pero si no lo hace, voy a utilizar todas las prerrogativas y poderes constitucionales que tengo como Gobernador para que el gobierno cumpla su misión y los fondos lleguen al pueblo, como tienen que llegar.

[…] A los que quieran trabajar por Puerto Rico va mi respeto y mi voluntad de cooperación, aun cuando existen diferencias ideológicas de criterio.

Pero a los que han escogido el camino del estancamiento y del sabotaje contra el pueblo, sean del partido que sean, les digo: podrán hacer el camino más difícil, pero me enfrentaré a ustedes y los vamos a dejar atrás.

Compatriota, ten la seguridad de que vamos a seguir adelante y vamos a superar la situación actual. Ya antes he librado batallas difíciles y he prevalecido con la CC-2006-813, 815 y 819 6

fuerza de la verdad, de mis valores, de mi compromiso contigo. […]

En respuesta a la transmisión de este mensaje, el 3

de junio de 2005, al amparo de la Sección 7.1 del

Reglamento, el Oficial Examinador del P.I.P., así como el

del P.N.P. sometieron sendas solicitudes de investigación

ante la Junta Examinadora de Anuncios de la C.E.E.4 En

éstas alegaron que el señor Gobernador y la Corporación

de Puerto Rico para la Difusión Pública difundieron el

mensaje en cuestión en violación a lo dispuesto en el

Artículo 8.001 de la Ley Electoral, por razón de que lo

hicieron sin obtener autorización previa para ello. A su

vez, los Oficiales Examinadores cuestionaron la legalidad

del contenido del mensaje por entender que, en lugar de

ser de emergencia, fue de corte político-partidista.

Ese mismo día, amparándose en la Sección 4.2(B) del

Reglamento, la Oficina Central de Comunicaciones de la

Fortaleza presentó ante la Junta una Solicitud de

Autorización para el Uso de Medios de Difusión indicando

que el anuncio era de “interés público de urgencia”.5

4 La Sección 7.1(A) de Reglamento dispone que la Comisión podrá requerir la comparecencia de cualquier agencia a los fines de investigar el hecho de que cualquier información a difundirse o difundida por los medios de difusión fue autorizada previamente por la Comisión, se ajustó a los términos de una autorización concedida o si -en caso de que se hubiera publicado sin autorización- constituyó un anuncio requerido por ley. 5 La Sección 4.2(B) del Reglamento contempla el no acogerse previamente al procedimiento de autorización establecido si existe “una situación extraordinaria de tal naturaleza que justifique la difusión” del anuncio de urgencia o emergencia y se somete dicha justificación CC-2006-813, 815 y 819 7

Señaló que “ante el escenario de incertidumbre económica

y social que vive el país y ante la incertidumbre que

atraviesa la Asamblea Legislativa”, el señor Gobernador

“estimó necesario informar a todos los puertorriqueños,

con carácter de urgencia, sobre las prerrogativas

constitucionales” que tiene para enfrentar inmediatamente

la situación.

Aunque el señor Gobernador solicitó la desestimación

de las querellas presentadas en su contra, la Junta

celebró una vista en la que las partes pudieron defender

sus posturas. Posteriormente, el entonces Presidente de

la Junta, Hon. Ramón E. Gómez Colón, rindió un Informe en

el que recomendó concluir que tanto el señor Gobernador

como la Corporación violaron las disposiciones de la Ley

Electoral, toda vez que tenían la obligación de solicitar

autorización de la C.E.E antes de transmitir el mensaje

por ese medio.

Insatisfecho, el Comisionado Electoral del Partido

Popular Democrático llevó el asunto a discusión ante el

seno de la C.E.E.

Luego de varios trámites, en noviembre de 2005, el

entonces Presidente de la C.E.E., Hon. Aurelio Gracia

Morales, acogió el Informe de la Junta y dictó una

resolución. Al así hacerlo, resolvió que al emitir el

mensaje, sin autorización previa, el señor Gobernador

______________________________

ante la C.E.E. dentro de las 48 horas laborables de la publicación del anuncio. CC-2006-813, 815 y 819 8

violentó lo dispuesto en el Artículo 8.001 de la Ley

Electoral.6

Inconforme con la determinación de la C.E.E., el

señor Gobernador presentó oportunamente un Escrito de

Revisión Electoral ante el Tribunal de Primera Instancia.

En dicho recurso alegó que el propósito del Artículo

8.001 de la Ley Electoral es uno que se circunscribe a

límites específicos, por lo que la C.E.E. erró al

concluir que lo infringió. Fundamentó su posición

alegando que, en ausencia de una erogación directa de

fondos públicos por parte del E.L.A. para la compra de

tiempo y espacio en los medios de difusión, no estaba

obligado a solicitar la autorización de la C.E.E. Por

otro lado, sostuvo que la decisión editorial del Canal 6

de transmitir su mensaje y el uso de recursos para ello

no podía configurar una violación de su parte al Artículo

8.001 de la Ley Electoral, ya que se trataba de una

corporación pública con personalidad jurídica

independiente. Finalmente arguyó que, aún asumiendo que

el Estado hubiera incurrido en gastos, fue innecesario el

6 Tomamos conocimiento judicial de que la C.E.E. resolvió de igual forma otra querella que se instó contra la Cámara de Representantes de Puerto Rico y su Presidente, Hon. José F. Aponte Hernández, en virtud de un mensaje que, sin previa autorización de la C.E.E, dicho funcionario transmitió a través de los medios de difusión pública en atención al mensaje difundido por el señor Gobernador. El querellado recurrió ante el Tribunal de Primera Instancia mediante un recurso de revisión electoral, el cual actualmente está pendiente de adjudicación. Véase, KPE-05-4923; Cámara de Representantes y otros v. Comisión Estatal de Elecciones y otros. CC-2006-813, 815 y 819 9

trámite previo ante la C.E.E. Ello no sólo porque el

tranque suscitado en la Asamblea Legislativa para la

aprobación del presupuesto para el año fiscal 2005-2006

configuró una situación de excepción, sino también porque

sus expresiones no tuvieron connotaciones político-

partidistas.

En respuesta a la revisión solicitada, la C.E.E.

sometió su oportuna oposición. De igual forma, los

Comisionados Electorales del P.N.P y del P.I.P.

presentaron por separado unas solicitudes de intervención

que fueron aceptadas por el tribunal.7 Posterior a

ello, el señor Gobernador solicitó que el juicio de novo

se convirtiese en una vista argumentativa, toda vez que

las controversias planteadas eran estrictamente de

derecho.

Celebrada la vista, el Tribunal de Primera Instancia

resolvió que, aunque no se pagó directamente por la

transmisión del referido mensaje, no había controversia

en cuanto a que hubo desembolso de fondos públicos para

el pago de salarios de los empleados del Canal 6 y de La

Fortaleza, por el uso de un edificio público y por otros

gastos operacionales. En vista de ello, estableció que

el Artículo 8.001 de la Ley Electoral debía interpretarse

ampliamente y que el señor Gobernador lo había violado al

7 El Canal 6 presentó su solicitud de revisión electoral fuera del término jurisdiccional de diez días establecido en el Artículo 1.016 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 3016(a), y luego desistió del caso. Por ende, la decisión de la C.E.E. en lo que le respecta advino final, firme e inapelable. CC-2006-813, 815 y 819 10

no solicitar autorización de la C.E.E. previo a la

difusión de su mensaje.

Inconforme con el dictamen de instancia, el

Gobernador recurrió ante el Tribunal de Apelaciones.

Dicho foro emitió una extensa sentencia mediante la cual

revocó el dictamen recurrido. Al interpretar que el

Artículo 8.001 es de naturaleza prohibitiva y punitiva,

el Tribunal de Apelaciones determinó que su alcance debía

interpretarse restrictivamente a base de la definición

precisa de los términos utilizados. Señaló que la

infracción del Artículo 8.001 de la Ley Electoral no se

refiere a cualquier gasto de fondos públicos, sino a uno

que implique una contraprestación para la “adquisición

onerosa de tiempo y espacio en los medios de difusión

pública” y que tenga como “propósito diáfano” exponer

logros y planes. Fundamentándose en estas

interpretaciones, resolvió que el señor Gobernador no

desembolsó fondos públicos para la compra de tiempo y

espacio en los medios de difusión ni tampoco difundió

propaganda político-partidista, por lo que no estaba

sujeto a la obligación de obtener la aprobación previa de

la C.E.E. para la transmisión de su mensaje. Asimismo,

resolvió que se trató de un mensaje de urgencia y, en

vista de ello, endosó la solicitud de autorización que el

señor Gobernador presentó dentro de las 48 horas de haber

emitido su anuncio, al amparo de la Sección 4.2(B) del

Reglamento. CC-2006-813, 815 y 819 11

Inconformes con este dictamen, la C.E.E. y los

Comisionados Electorales del P.N.P. y del P.I.P.

recurrieron ante nos. En esencia, sostienen que erró el

Tribunal de Apelaciones al no otorgarle deferencia a las

determinaciones del foro de instancia; al entender que el

Artículo 8.001 de la Ley Electoral debía interpretarse

restrictivamente y al, de esta forma, concluir que el

señor Gobernador no incumplió el referido estatuto cuando

transmitió su mensaje el 1 de junio de 2005.

Examinadas las solicitudes presentadas, ordenamos la

consolidación de los recursos y concedimos a todas las

partes un término para expresar sus posiciones. Con el

beneficio de sus comparecencias, resolvemos.

II

Antes de abordar la controversia sustantiva, debemos

atender el señalamiento de la C.E.E. y del Comisionado

Especial del P.I.P. en cuanto a que el foro intermedio se

excedió en el alcance de su facultad revisora al concluir

que el tribunal de instancia no llevó a cabo un juicio de

novo y, en virtud de ello, colocarse en su misma posición

al evaluar la prueba.

El proceso de revisión judicial de los asuntos ante

la C.E.E. en cuanto a las impugnaciones de anuncios bajo

la veda electoral se establece en el Artículo 1.016 de la

Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3016(a).

De dicha disposición surge que se trata de una revisión

en la cual los tribunales de instancia tendrán que CC-2006-813, 815 y 819 12

efectuar un juicio de novo de la determinación de la

C.E.E. A esos efectos, deberán celebrar una vista en su

fondo, recibir evidencia y formular las determinaciones

de hecho y conclusiones de derecho que correspondan al

revisar la decisión correspondiente. Id; Miranda v.

C.E.E., 141 D.P.R. 775 (1996). En estos casos, el

tribunal revisor tiene facultad de considerar todos los

extremos de los asuntos planteados, tanto las

determinaciones de hecho como las conclusiones de

En el caso ante nuestra consideración, las partes

reconocieron ante el Tribunal de Primera Instancia que no

existía controversia sobre los hechos y, por

consiguiente, no presentaron evidencia en la vista

celebrada. Las partes estipularon los hechos y

argumentaron sus interpretaciones sobre el derecho

aplicable. Basado en ello, el tribunal de instancia,

luego de efectuar una interpretación independiente sobre

la normativa aplicable, confirmó la determinación de la

C.E.E.

Estando en la misma posición que el tribunal de

instancia para interpretar el derecho aplicable a los

hechos incontrovertidos, entendemos que el Tribunal de

Apelaciones no se excedió en su facultad revisora al

examinar las cuestiones señaladas y al formular sus

propias conclusiones de derecho. Ya hemos establecido

que no cabe hablar de deferencia judicial cuando la CC-2006-813, 815 y 819 13

controversia estriba en efectuar una interpretación

estatutaria, toda vez que los tribunales están en igual

posición para entenderla.

En vista de que el foro intermedio revocó los

dictámenes del tribunal de instancia y de la C.E.E.,

ahora “radica en este Tribunal la función de ser

intérprete final de las leyes y la Constitución, así como

la definición de sus contornos y la determinación de la

validez de su ejercicio.” (Citas omitidas) P.P.D. v.

Rosselló González II, 136 D.P.R. 916, 923 (1994).

Analizado este asunto preliminar, pasemos ahora a

resolver la controversia sustantiva planteada ante

nosotros.

III.

A.

Como cuestión de umbral, y por tratarse de una

controversia novel, procede determinar si el Artículo

8.001 de la Ley Electoral, el cual prohíbe la difusión de

anuncios gubernamentales en periodos de veda electoral,

debe interpretarse ampliamente para hacer cumplir su

propósito legislativo o si, en cambio, debe interpretarse

de forma restrictiva por contener disposiciones de

naturaleza punitiva.

La Sección 2 del Artículo II de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que las

“leyes garantizarán la expresión de la voluntad del

pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y CC-2006-813, 815 y 819 14

secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción

en el ejercicio de la prerrogativa electoral.” De ahí

surge el deber ineludible del Estado y sus

instrumentalidades de salvaguardar el principio de libre

selección del pueblo, el cual pretende evitar que el

Estado -mediante anuncios gubernamentales- pueda tener

una influencia en la libre expresión de los ciudadanos en

la votación, con el poder económico que éste tiene

mediante la utilización de fondos públicos. P.P.D. v.

Rosselló González II, supra. Esta protección del

ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de su

prerrogativa electoral permea todo sufragio, tanto las

elecciones generales como los referéndum y los

plebiscitos. Id; Sánchez y Colón v. E.L.A. I, 134 D.P.R.

445 (1993).

Asimismo, nuestra Constitución también dispone en su

Sección 9 del Artículo VI que “[s]ólo se dispondrá de las

propiedades y fondos públicos para fines públicos y para

el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones

del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”. A la

luz de esta disposición, y a tono con el precepto

anterior, en reiteradas ocasiones hemos expresado que el

partido político al cual pertenece un Gobernador está

impedido de utilizar los fondos o propiedad pública para

promover su postura en menoscabo del axioma de igualdad

electoral. Marrero v. Municipio de Morivis, 155 D.P.R. CC-2006-813, 815 y 819 15

653 (1984); P.P.D. v. Rosselló González I, 139 D.P.R. 643

(1995).

A esos efectos, toda actuación que tienda a crear

una desigualdad indebida o desventaja no justificada

entre unos partidos políticos y otros es impermisible

constitucionalmente. P.N.P. v. Hernández, 122 D.P.R. 362

(1988).

Inspirada por este marco normativo, y en aras de

crear un mecanismo de fiscalización para salvaguardarlo,

la Asamblea Legislativa aprobó el Artículo 8.001 de la

Ley Electoral de Puerto Rico, en el cual:

Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial, que a partir del 1ro de enero del año en que debe celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de celebración de la misma, incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. Se exceptúan de esta disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley.

Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán permitidos previa autorización al efecto de la Comisión Estatal de Elecciones. (Énfasis nuestro) 16 L.P.R.A. sec. 3351.

En virtud de los intereses envueltos, resulta

pertinente recordar que estamos compelidos a interpretar

el alcance del referido Artículo 8.001 de modo tal que

prevalezca la importante política pública que lo inspira. CC-2006-813, 815 y 819 16

Chase Manhattan Bank v. Municipio de San Juan, 126 D.P.R.

759 (1990); C.E.E. v. Departamento de Estado, supra.

Ello en vista de que la veda dispuesta en el Artículo

8.001 es una medida, entre otras posibles, para

garantizar la paridad. La misma no determina, por sí

sola, el alcance del axioma de igualdad y paridad

económica entre partidos. Por ende, ante la clara

intención legislativa de proteger el principio de

igualdad electoral, resulta inevitable concluir que,

independientemente de las consecuencias que pueda tener

la infracción del estatuto, el alcance que se le ha

atribuido al mismo es amplio.8

B.

Luego de examinar la naturaleza del alcance del

Artículo 8.001 de la Ley Electoral, procede que

determinemos si en el presente caso se incurrió en gastos

difusión que hicieran aplicable la referida disposición

8 A tono con lo anterior, hemos sostenido como principio fundamental de hermenéutica que:

[a]l interpretar una disposición específica de una ley, principios perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y nuestra determinación debe atribuirle un sentido que asegure el resultado que originalmente se quiso obtener […] Nuestra obligación fundamental en estos casos, es imprimirle efectividad a la intención legislativa, propiciando de esta forma la realización del propósito que persigue la ley […]. (Citas omitida) Irizarry v. Johnson and Johnson Consumer Products Co. (P.R.), Inc., 150 D.P.R. 155, 163 (2000). CC-2006-813, 815 y 819 17

legal y, por consiguiente, activaran la obligación de

solicitar autorización para la difusión del mensaje

especial.

Contrario a lo resuelto por la C.E.E. y el Tribunal

de Primera Instancia, en el caso de marras el Tribunal de

Apelaciones exoneró de responsabilidad al señor

Gobernador por entender que no hubo un gasto directo para

la “adquisición onerosa” del Estado de la compra de

tiempo y espacio de difusión. El foro intermedio

interpretó que la infracción al Artículo 8.001 no se

refiere a cualquier gasto, sino al que implique un

desembolso del funcionario o de la agencia como

contraprestación del “tiempo y espacio de difusión”

recibidos.

Aun cuando reconocemos que el razonamiento del

Tribunal de Apelaciones es cónsono con una lectura

literal del texto de la ley, estamos impedidos de

acogerlo por entender que el mismo no está en armonía con

nuestra jurisprudencia interpretativa sobre el alcance,

propósito y contenido de la veda electoral.

No podemos acoger una interpretación que restrinja

la facultad de la C.E.E. para examinar sólo aquellos

mensajes que requieran el pago de un precio cierto para

su transmisión. La ausencia de una “adquisición onerosa”

a cargo de los fondos públicos no puede eximir del

cumplimiento con la Ley Electoral ni con nuestra

jurisprudencia interpretativa, toda vez que la intención CC-2006-813, 815 y 819 18

de dicho estatuto –conforme hemos visto- no sólo es

evitar la influencia indebida del partido en el poder,

sino también implantar la limitación impuesta a los

funcionarios gubernamentales por el Artículo VI, Sección

9 de la Constitución de Puerto Rico, relativa al uso

apropiado tanto de propiedades como de fondos públicos.

Véase, P.S.P. v. Secretario de Hacienda, 110 D.P.R. 313

(1980). Marrero v. Municipio de Morovis, supra; P.P.D. v.

Rosselló González I, supra.

A la luz de lo anterior, y dado el carácter novel de

esta controversia, procede aclarar que, vigente una veda

electoral, el mecanismo de solicitar la aprobación de la

C.E.E. para difundir anuncios o mensajes –aún en

situaciones de interés público- aplica ya sea por el

desembolso directo de fondos públicos, el aprovechamiento

de la propiedad pública o bien por el uso indirecto de

otro tipo de beneficios, gastos o subvenciones derivados

de recursos públicos. Esta interpretación amplia del

estatuto está en armonía con nuestros pasados

pronunciamientos sobre el tema. Véase, P.P.D. v Rosselló

González II, supra; Miranda v. C.E.E., supra; P.N.P. v.

Hernández, supra. De igual forma, es cónsona con una

lectura integrada de la Ley Electoral.9

9 La Ley Electoral específicamente prohíbe el uso de las estaciones de radio y televisión propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por el partido de gobierno para fines político-partidistas. 16 L.P.R.A. sec. 3110. De igual forma, al referirse a los costos de producción de la publicidad de los partidos señala que se deberá informar cualquier contribución en forma de bienes o CC-2006-813, 815 y 819 19

En el presente caso, no está en controversia que se

utilizaron propiedades y empleados gubernamentales para

coordinar la producción y transmisión del mensaje objeto

de este litigio ni que el referido mensaje se difundió

con los recursos del Canal 6, el cual es un medio

perteneciente a una corporación pública –es decir, a una

entidad gubernamental- que está sujeta a los límites

constitucionales y estatutarios que regulan el deber de

información del Gobierno.10

En vista de ello, si bien es cierto que el señor

Gobernador no incurrió en el gasto de un precio cierto

para la compra del tiempo y espacio de difusión,

entendemos que sí se benefició del uso de las facilidades

públicas, de los medios de producción, de los empleados

públicos y gastos ordinarios –tanto de la Oficina del

Gobernador como de la Corporación de Puerto Rico para la

Difusión Pública- para la transmisión de un mensaje a

través del canal de televisión del E.L.A. En virtud de

servicios, tales como, vehículos, estudios, encuestas u otros de cualquier naturaleza, cuyo propósito sea promover el triunfo o la derrota de un partido o candidato. 16 L.P.R.A. sec. 3113. Finalmente, entre los gastos que la Ley contempla que se pueden sufragar con dinero del Fondo Electoral, se encuentran los “gastos generales de oficina, incluyendo cánones de arrendamiento, servicios en Puerto Rico de teléfono, telégrafo y correo; servicios de agua y energía eléctrica, gastos de viaje, equipo y maquinarias”. 16 L.P.R.A. sec. 3118. 10 Véase, Ley Orgánica de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, Ley Núm. 216 de 12 de septiembre de 1996, 27 L.P.R.A. sec. 501 et seq. CC-2006-813, 815 y 819 20

lo anterior, la difusión de su mensaje estaba ceñida por

lo dispuesto en el Artículo 8.001 de la Ley Electoral.

IV.

Aclarada la aplicabilidad del Artículo 8.001 de la

Ley Electoral y, por ende, de la obligación de solicitar

autorización de la C.E.E. para difundir el referido

mensaje, debemos examinar si las circunstancias del caso

configuraron alguna situación de excepción que

justificara obviar el trámite ordinario.

Amparándose en la obligación del Gobernador de

mantener informado al Pueblo sobre los asuntos que lo

afectan, y tomando en consideración las dificultades que

vislumbraba como Primer Ejecutivo por el tranque

gubernamental generado por dos de las Ramas del Gobierno,

el Tribunal de Apelaciones entendió que la justificación

que la Oficina del Gobernador envió a la C.E.E. dentro de

las 48 horas siguientes al mensaje cumplió el propósito

legislativo. Fundamentó lo anterior en que el mensaje

era de urgencia.

Conforme a la discusión que precede, el Artículo

8.001 de la Ley Electoral prohíbe el uso de las

facilidades públicas, medios de producción, empleados

públicos y gastos ordinarios para difundir un mensaje con

el propósito de exponer programas, proyectos, logros,

realizaciones, proyecciones o planes. Ahora bien, la

referida disposición contempla dos excepciones, a saber:

permite la difusión de (a) aquellos avisos y anuncios CC-2006-813, 815 y 819 21

expresamente requeridos por ley y (b) aquellos anuncios

que sean utilizados para difundir información de interés

público, urgencia o emergencia que requieren la

aprobación de la C.E.E. 16 L.P.R.A. sec. 3351. Ello en

concordancia con lo dispuesto en la Sección 9 del

Artículo VI de nuestra Constitución.

Conforme al Reglamento para el Control de Gastos de

Difusión Pública del Gobierno para el Referéndum del 10

de julio de 2005, una urgencia o emergencia constituye

una:

Situación de carácter súbito o imprevisto, ocasionada por actos del hombre o de la naturaleza, que requiere la inmediata divulgación de información por parte de una agencia, según el ámbito de sus deberes y funciones, a los fines de proteger la vida, la propiedad o los derechos de la ciudadanía. Sección 1.4(16).

El referido Reglamento contempla y regula el

mecanismo procedente para transmitir anuncios ante tales

situaciones de emergencia o urgencia. A esos efectos, la

Sección 4.2 dispone:

(A) En aquellos casos en que cualquier agencia considere con razonable certeza que, durante el periodo de vigencia de este reglamento, pudiera surgir una situación o situaciones de tal naturaleza que, de ocurrir, justificarían la difusión de información de urgencia o emergencia mediante anuncios por los medios de difusión, podrá someter, ante el Secretario, en cualquier momento, previa a la difusión del anuncio, una solicitud de autorización para la emisión de tales anuncios en caso de la ocurrencia de la situación o situaciones contempladas en la solicitud. CC-2006-813, 815 y 819 22

(B) En los casos en que la agencia considere que existe una situación extraordinaria de tal naturaleza que justifique la difusión de anuncios de urgencia o emergencia, sin que se hubiese acogido al procedimiento de autorización establecido en el inciso anterior, tendrá que, no más tarde de las cuarenta y ocho (48) horas laborables, luego de la publicación del anuncio, radicar una justificación sobre la publicación ante la Comisión. (Énfasis nuestro).

Del primer párrafo de la sección antes citada, surge

que la agencia tiene la facultad de hacer una

determinación inicial sobre el carácter urgente o de

emergencia del mensaje que pretende difundir. Dicha

determinación debe estar basada en la creencia de que es

razonablemente certera la posibilidad de que durante el

periodo de veda electoral surja “una situación o

situaciones de tal naturaleza que, de ocurrir,

justificarían la difusión de información de urgencia o

emergencia”. Es decir, el Reglamento no limita la

difusión de un mensaje a la absoluta certeza de la

ocurrencia del hecho, sino que atiende situaciones en las

que cabe la posibilidad de que no ocurra un evento que

justifique un pronunciamiento de emergencia.

Ahora bien, las disposiciones legales antes

discutidas, así como nuestra jurisprudencia, son claras

al establecer que incluso en las referidas situaciones en

las que se necesite divulgar información de emergencia o

urgencia es necesario solicitar la aprobación previa de

la C.E.E. para la difusión. Es decir, el hecho de que la

información a ofrecerse sea de interés público, de CC-2006-813, 815 y 819 23

urgencia o de emergencia no justifica obviar el mecanismo

de fiscalización establecido en la Sección 4.2(A) del

Reglamento, independientemente de que la divulgación

afecte de forma significativa el bienestar de la

ciudadanía en general o de que su difusión sea vital e

indispensable.

Por tanto, aunque en el contexto administrativo el

concepto “emergencia” no necesariamente se limita a una

circunstancia imprevista, sino que comprende un suceso o

combinación y acumulación de circunstancias que exigen

inmediata actuación, Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120

D.P.R. 1 (1987), dicha situación no es suficiente para

fundamentar la legalidad de acogerse al mecanismo de

autorización posterior a la difusión del mensaje.

Para acogerse al referido mecanismo de excepción

contemplado en la Sección 4.2(B) del Reglamento, se

requiere que exista “una situación extraordinaria” que

justifique prescindir del procedimiento legal ordinario

para la difusión de mensajes urgentes. Sin embargo, es

preciso aclarar que, aun cuando es imperante la

regulación de las expresiones gubernamentales emitidas

mediante el uso de recursos públicos, ni el Reglamento ni

la Ley Electoral de Puerto Rico definen o establecen

parámetros para determinar bajo qué circunstancias se

justifica prescindir de la autorización previa requerida

por la Ley. Por ende, las situaciones en las que se

exima a la agencia o funcionario del cumplimiento con la CC-2006-813, 815 y 819 24

obligación de solicitar la previa autorización deben

evaluarse cuidadosamente.

Si bien la determinación de urgencia o emergencia se

basa en un criterio relativo a la razonable certeza de la

posibilidad de un suceso, la determinación de

circunstancias extraordinarias y excepcionales -a saber,

la “situación extraordinaria” contemplada en la Sección

4.2(B) del Reglamento- debe basarse en un criterio de

inminencia. En este sentido, las circunstancias

extraordinarias son aquellas en las que existe una

inminente lesión al interés público, de modo que una

demora en la expresión gubernamental ofenda el sentido de

la justicia; ocasione daños irreparables; perjudique los

derechos constitucionales de la ciudadanía; derrote el

orden de ley e incida indefectiblemente sobre la sana

convivencia social.

Conforme a lo anterior, sólo si la situación, además

de ser de emergencia o urgencia, es de carácter

extraordinario o excepcional se podría justificar la

difusión del anuncio sin haber solicitado aprobación

previa de la C.E.E. Ello siempre que se someta ante

dicha entidad una justificación de la publicación de

excepción dentro de las 48 horas siguientes a su

transmisión.

En el presente caso, el señor Gobernador transmitió

su mensaje especial el 1 de junio de 2005, al día

siguiente de que su Oficina emitiera un comunicado de CC-2006-813, 815 y 819 25

prensa informándole a la ciudadanía la futura

comparecencia. Fundamentó la urgencia del mensaje en la

situación de incertidumbre generada en el país por el

tranque en la aprobación del presupuesto. Aunque no cabe

duda de que el señor Gobernador, en virtud del cargo que

ocupa, puede comunicarse con sus representados sobre los

asuntos que afectan al País, la vigencia de una veda

electoral impone límites al modo en que esa comunicación

se debe efectuar.

En vista de estos límites, entendemos que no existía

una situación extraordinaria de tal naturaleza que

justificara la difusión del mensaje luego de que se

transmitiera. Aunque somos conscientes de los conflictos

que había entre los poderes políticos sobre la confección

del presupuesto para el año fiscal 2005-2006, el señor

Gobernador tenía suficiente tiempo para solicitar la

autorización de la C.E.E. en cualquier momento antes de

la transmisión de su mensaje. El mero hecho de que el

referido mensaje se hubiera anunciado previo a su

difusión constituye un fundamento adicional para

demostrar que no había una situación imprevisible,

inminente y excepcional que le impidiera acogerse al

procedimiento ordinario de solicitud de autorización.

Finalmente, procede que examinemos el contenido del

mensaje en controversia, toda vez que los peticionarios

arguyen que el mismo no configuró un gasto revestido de CC-2006-813, 815 y 819 26

interés público ni se ajustó a los parámetros del

Artículo 8.001 de la Ley Electoral al difundir

información prohibida por la veda electoral.

Sabido es que la búsqueda de un fin público es la

condición positiva de toda actuación estatal. P.P.D. v.

Rosselló González I, supra; Marrero v. Municipio de

Morovis, supra. En vista de ello, nuestro ordenamiento

jurídico no permite utilizar fondos, propiedades o

recursos públicos para fines partidarios, esté o no en

vigor una veda electoral.

El Reglamento para el Control de Gastos de Difusión

Pública del Gobierno, vigente para la veda electoral ante

nuestra consideración, reconoce en su Declaración de

Propósitos la responsabilidad que tiene el gobierno de

poner a los ciudadanos en conocimiento de los diversos

aspectos de interés público. Precisamente, define

“información de interés público” como sigue:

Toda divulgación que afecte en forma significativa los derechos, las obligaciones, o el bienestar de la ciudadanía en general, en el ámbito de responsabilidad de cada agencia del gobierno, según sus deberes y funciones y que por ser vital e indispensable se requiere que la ciudadanía advenga en conocimiento de la información propuesta. Sección 1.4(5).

Aunque no podemos incidir sobre el ejercicio

legítimo de los poderes constitucionales de las otras

Ramas de gobierno, hemos resuelto que la determinación

inicial que tomen los poderes públicos sobre lo que es

fin público es revisable por el Poder Judicial. P.I.P. v.

C.E.E., 120 D.P.R. 580 (1988). CC-2006-813, 815 y 819 27

Conviene recordar que en P.P.D. v. Rosselló González

I, supra, tuvimos la oportunidad de examinar el concepto

del fin público en el contexto de la divulgación de

información gubernamental. En esa ocasión, señalamos que

dicho concepto:

no es estático, sino que está ligado al bienestar general y que tiene que ceñirse a las cambiantes condiciones sociales de una comunidad específica, a los problemas peculiares que éstas crean y a las nuevas obligaciones que el ciudadano impone a sus gobernantes en una sociedad compleja. Su significado ha cobrado un marco dimensional de naturaleza liberal, generalmente prevaleciendo el criterio de que los objetivos que estén contenidos en el referido fin público deben redundar en beneficio de la salud, seguridad, moral y bienestar general de todos los ciudadanos. Id, pág. 686.

En armonía con esa óptica, y en aras de determinar

si hay un fin público envuelto en la expresión

gubernamental, nuestra jurisprudencia ha ido delimitando

algunos criterios no taxativos para guiar nuestro

ejercicio adjudicativo. Aplicados al contexto del

presente caso, la información de interés público durante

el periodo de veda electoral:

(1) Redunda en beneficio de la salud, la seguridad, la moral y el bienestar general de todos los ciudadanos;

(2) Está destinado a una actividad de carácter público o semipúblico;

(3) Promueve los intereses y objetivos de la entidad gubernamental, en consonancia con sus deberes y funciones o la política pública establecida;

(4) Promueve programas, servicios, oportunidades y derechos, o adelanta CC-2006-813, 815 y 819 28

causas sociales, cívicas, culturales, económicas o deportivas.

(5) Promueve el establecimiento, modificación o cambio de una política gubernamental. P.P.D. v. Rosselló González I, supra, pág. 691.

Sin embargo, el análisis sobre el fin público no se

detiene con la determinación de si está presente alguno

de estos criterios. En P.P.D. v. Rosselló González I,

supra, págs. 690-691, aclaramos que:

cuando el Gobierno, en el ejercicio de su facultad o deber de informar a la ciudadanía, utiliza o incorpora símbolos, emblemas, colores, fotografías o lemas de naturaleza político-partidista, estamos impedidos constitucionalmente de reconocerle fin público alguno a dicha expresión gubernamental. Tampoco podemos reconocer validez constitucional a cualquier expresión gubernamental difundida mediante el uso de fondos públicos cuando ésta claramente constituye un subterfugio para conferir una ventaja a un candidato o a un partido político, o para adelantar sus intereses político- partidistas.

De lo anterior se desprende que si se determina que

el anuncio gubernamental se pretende utilizar como una

vía para que un partido o candidato obtenga ventaja sobre

otro –o para adelantar algún fin particular- el objetivo

legítimo se anula y el anuncio no podrá justificarse o

prevalecer. En efecto, en el referido caso resolvimos

específicamente que:

la publicación de expresiones gubernamentales mediante el uso de fondos públicos para la consecución de cualquiera de los objetivos enunciados anteriormente, en algunas ocasiones, puede tener el efecto incidental de producir cierto grado de ventaja al partido político en el poder o a CC-2006-813, 815 y 819 29

un candidato de dicho partido. Pero cuando la evidencia demuestra, por el contrario, que dicha expresión es utilizada como un vehículo para adelantar cualquier fin individual de dicho partido o candidato, anulando de tal forma la consecución de un objetivo legítimo, tal expresión no puede prevalecer por constituir una ventaja económica a dicho partido o candidato por sobre los partidos políticos o candidatos de oposición. (Énfasis nuestro) Id, págs. 691- 692.

Conforme a ello, la prohibición del Artículo 8.001

“aunque amplia, no es absoluta, veda aquellos anuncios y

publicaciones, directa e indirectamente, que de una u

otra forma enaltecen o divulgan las ejecutorias del

Gobierno.” Coss v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 885 (1995).

En el caso de autos, independientemente de si el

señor Gobernador tenía potestad para informarle al país

sobre la naturaleza de las diferencias entre las Ramas

Ejecutiva y Legislativa con relación a la confección del

presupuesto para el año fiscal 2005-2006, del texto del

mensaje se desprende que él aprovechó la ocasión para

divulgar logros y planes de su gobierno e incorporó

información con propósitos político-partidistas vedada

por el ordenamiento electoral durante la celebración del

Referéndum sobre el Sistema Cameral.11

Por un lado, en el referido mensaje se expusieron

los planes del gobierno para atender los problemas más

11 En efecto, el propio Tribunal de Apelaciones afirmó que “el Gobernador utilizó un tono inapropiado en algunas partes del mensaje e hizo referencia innecesaria a algunos logros y proyectos de su administración, los que ya había descrito con detalle en el mensaje de estado.” CC-2006-813, 815 y 819 30

apremiantes del país.12 Asimismo, el señor Gobernador

señaló los resultados de su gestión gubernamental:

“cortamos el gasto público, logramos una reducción en la

criminalidad, incluyendo los asesinatos; cambiamos las

prioridades de nuestro sistema educativo, creamos el

programa Apoyo al de Aquí para generar empleos y

sometimos decenas de medidas legislativas y el

presupuesto que están pendientes de aprobación.”

Finalmente, el referido funcionario aprovechó la difusión

de su mensaje especial para realizar una crítica directa

a sus opositores políticos.13

En atención a la naturaleza de los principios que la

normativa electoral pretende proteger, y en aras de

armonizar los mismos tanto con el texto de la ley como

con nuestra jurisprudencia interpretativa, debemos

concluir que el mensaje en controversia sirvió como un

vehículo para obtener una ventaja política indebida sobre

los candidatos o partidos de oposición. Siendo así, el

fin público que pudo haber motivado la expresión

gubernamental en las circunstancias de este caso no

subsana la invalidez de su contenido a la luz de los

parámetros establecidos por la normativa electoral.

12 A esos efectos, sostuvo: “Presenté un plan que denominé el Triángulo del Éxito para combatir el crimen, poner la educación en el sitial que se merece y promover una nueva economía más fuerte, con más empleos.” 13 Indicó que está “bueno ya de que algunos políticos sigan retrasando tu progreso” y luego reiteró que éstos se habían quedado en el pasado, que se habían dedicado a sus luchas de poder y no a trabajar para el Pueblo. CC-2006-813, 815 y 819 31

VI.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la

sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones por

entender que no procedía la difusión del mensaje

gubernamental objeto de la controversia ante nuestra

consideración sin la previa autorización de la C.E.E.

No obstante, reconocemos que nunca antes se había

resuelto que, además de desembolsos directos de fondos

públicos, el aprovechamiento de propiedad y recursos

públicos también constituyen “gastos” al amparo del

Artículo 8.001 de la Ley Electoral. De igual forma, ésta

es la primera vez que esbozamos unos criterios para

determinar lo que constituye una situación extraordinaria

que justifique difundir un anuncio o mensaje sin

solicitar previamente la autorización de la C.E.E. a esos

efectos.

En vista de lo anterior, la actuación del señor

Gobernador se dio en ausencia de unas pautas precisas en

cuanto a la aplicabilidad de la referida disposición

legal en las circunstancias de este caso. Esto es

evidente si tomamos en consideración que el Tribunal de

Apelaciones determinó que el mensaje difundido no violó

la Ley Electoral. Por tanto, resolvemos que la normativa

aquí establecida debe tener efecto prospectivo y en

consecuencia no será aplicada al caso de autos ni a todo

aquél que esté pendiente de adjudicación ante el Tribunal

de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones que CC-2006-813, 815 y 819 32

envuelva una controversia sobre la aplicabilidad del

Artículo 8.001 de la Ley Electoral y su Reglamento que se

origine del mensaje difundido por el Gobernador Acevedo

Vilá el 1 de junio de 2005. Véase, Gorbea Vallés v.

Registrador, 131 D.P.R. 10 (1992); Quiles Rodríguez v.

Supte. De la Policía, 139 D.P.R. 272 (1995); Isla Verde

Rental Equipment Corp. v. García Santiago, res. el 31 de

agosto de 2005, 2005 TSPR 122.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Aníbal Acevedo Vilá * Corporación de Puerto Rico * para la Difusión Pública * Recurrido * * v. * CC-2006-813 * CC-2006-819 Comisión Estatal de Elecciones * Peticionaria * ********************************* Certiorari Hon. Aníbal Acevedo Vilá; * Corporación de Puerto Rico * para la Difusión Pública * Recurridos * * v. * CC-2006-815 * Comisión Estatal de Elecciones, * Consolidados Junta Examinadora de Anuncios, * Juan Dalmau Ramírez, Comisionado * Electoral del Partido * Independentista Puertorriqueño, * y Geraldo A. Cruz Maldonado, * Comisionado Electoral del * Partido Popular Puertorriqueño * Partes * * Thomas Rivera Schatz, * Comisionado Electoral del * Partido Nuevo Progresista * Peticionario * *********************************

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones por entender que no procedía la difusión del mensaje gubernamental objeto de la controversia ante nuestra consideración sin la previa autorización de la C.E.E.

No obstante, reconocemos que nunca antes se había resuelto que, además de desembolsos directos de fondos públicos, el aprovechamiento de propiedad y recursos públicos también constituyen “gastos” al amparo del Artículo 8.001 de la Ley Electoral. De igual forma, ésta es la primera vez que esbozamos unos criterios para CC-2006-813, 815 y 819 2

determinar lo que constituye una situación extraordinaria que justifique difundir un anuncio o mensaje sin solicitar previamente la autorización de la C.E.E. a esos efectos.

En vista de lo anterior, la actuación del señor Gobernador se dio en ausencia de unas pautas precisas en cuanto a la aplicabilidad de la referida disposición legal en las circunstancias de este caso. Esto es evidente si tomamos en consideración que el Tribunal de Apelaciones determinó que el mensaje difundido no violó la Ley Electoral. Por tanto, resolvemos que la normativa aquí establecida debe tener efecto prospectivo y en consecuencia no será aplicada al caso de autos ni a todo aquél que esté pendiente de adjudicación ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones que envuelva una controversia sobre la aplicabilidad del Artículo 8.001 de la Ley Electoral y su Reglamento que se origine del mensaje difundido por el Gobernador Acevedo Vilá el 1 de junio de 2005. Véase, Gorbea Vallés v. Registrador, 131 D.P.R. 10 (1992); Quiles Rodríguez v. Supte. De la Policía, 139 D.P.R. 272 (1995); Isla Verde Rental Equipment Corp. v. García Santiago, res. el 31 de agosto de 2005, 2005 TSPR 122.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo