García Colón v. Sucesión Gabriel González Couvertier

2010 TSPR 36

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 11, 2010
• Docket: CC-2008-130
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mercedes García Colón, et al

Recurridos Certiorari

v. 2010 TSPR 36

Sucesión de Gabriel González 178 DPR ____ Couvertier, et al

Peticionaria

Número del Caso: CC-2008-130

Fecha: 11 de marzo de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina Panel XII

Jueza Ponente: Hon. Migdalia Fraticelli Torres

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José Porbén Ulloa

Abogada de la Recurrida:

Lcdo. Eugenio Rivera Lozada

Materia: Administración, Sentencia Declaratoria, Nulidad de Contrato y Daños y Perjuicios.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2008-0130 Sucesión de Gabriel González Couvertier, et al

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

San Juan, Puerto Rico a 11 de marzo de 2010.

El peticionario licenciado Emilio Augusto

Montañez Delerme, en adelante, licenciado Montañez

Delerme, nos solicita la revisión de una Sentencia

del Tribunal de Apelaciones. Mediante dicho

dictamen, el foro intermedio apelativo revocó el

dictamen del Tribunal de Primera Instancia que

denegó un escrito intitulado “Regla 49.2 (Inciso

1,4- Moción para que se Deje sin Efecto Sentencia

Parcial Dictada el 19 de Octubre de 2006 y

Notificada el 30 de Octubre de 2006” presentado por

la parte demandante del caso de autos. En

consecuencia, el Tribunal de Apelaciones dejó sin

efecto una Sentencia Parcial emitida por el CC-2008-0130 2

Tribunal de Primera Instancia que había desestimado la

Demanda en contra del licenciado Montañez Delerme.

El recurso de autos nos brinda la oportunidad de

determinar si la ausencia de un notario, que se alega es

parte indispensable, puede justificar el relevo de una

sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

infra.1 Previo a iniciar nuestro análisis, expondremos los

hechos que dieron génesis a la controversia de autos.

Dichos hechos se iniciaron con una serie de eventos

sucesorios separados que eventualmente se entrelazaron.

I.

El 2 de septiembre de 1980, el señor Gabriel González

Couvertier, en adelante, el testador, otorgó Testamento

Abierto ante el licenciado Montañez Delerme. El testador

1 Como veremos más adelante, hubiésemos llegado a la misma conclusión a la que hemos llegado, si nuestro análisis se hubiese limitado a afirmar, que la moción de relevo de sentencia presentada por la parte demandante, no era ni podía entenderse como un sustituto adecuado de los procedimientos apelativos. No obstante, como surge de la Opinión, puede haber circunstancias en que los planteamientos que motiven la moción de relevo de sentencia, por su repercusión sobre las partes, no sólo requieran una ponderación más sosegada de los argumentos presentados en dicha moción, sino que podrían acarrear la necesidad de relevar una sentencia, aunque se trate de una controversia de derecho y aunque hayan transcurrido los términos para apelar.

En el caso de autos, nos toca resolver, inter alia, si una sentencia que se alega es nula por falta de parte indispensable, puede justificar el que se releve una sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, infra. Específicamente, bajo el inciso cuarto (4) de dicha regla. Máximo, cuando según expondremos más adelante, bajo ese inciso, no existe ni siquiera un término para dejar sin efecto la sentencia y además, el tribunal no tiene discreción, puesto que si la sentencia es nula, tiene que dejarla sin efecto.

Por otro lado, no hemos encontrado ningún precedente en el cual este Tribunal haya discutido con detenimiento la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, infra, bajo el fundamento de nulidad de sentencia por falta de parte indispensable. En atención a todo lo anterior, decidimos que la controversia ante nos no debía ser despachada con liviandad, por lo que decidimos resolverla mediante Opinión. CC-2008-0130 3

instituyó a su esposa, señora Mercedes García Colón como

heredera del tercio de libre disposición, así como al hijo

de ésta, Efraín Rodríguez García, y a todos sus otros

hijos. En el tercio de mejora, el testador instituyó como

único heredero a su hijo Daniel González Quijano; y en el

tercio de legítima estricta, a sus siete (7) hijos de

nombre, Isabel, Elsa y Daniel todos de apellidos González

Quijano; Ada, Eva e Ida, todos de apellidos González

Ortega y Elena González Félix. El testador falleció

dejando el testamento como reflejo de su última voluntad.

De otra parte, el hijo de la señora Mercedes García

Colón, a saber, Efraín Rodríguez García, falleció tres (3)

días después de otorgar un Testamento Abierto2 ante el

licenciado Montañez Delerme. En este testamento el señor

Efraín Rodríguez García instituyó como heredera del tercio

de libre disposición a su esposa, señora Helga Del Valle

Torres; en el tercio de mejoras instituyó a sus tres (3)

hijos, Efraín, Reynaldo y Verónica, todos de apellidos

Rodríguez Del Valle y a su nieta Liliana María González

Rodríguez; y en el tercio de legítima estricta a sus

cuatro (4) hijos; Evelyn Milagros Rodríguez De Jesús y

Efraín, Reynaldo y Verónica, éstos últimos de apellidos

Rodríguez Del Valle.

2 Anejo 10: Apéndice de la Petición de Certiorari ante nos por parte del peticionario, Escritura Número 15 de 9 de febrero de 1989, pág. 59. CC-2008-0130 4

Así las cosas, el Registrador de la Propiedad se negó

a inscribir unas escrituras de compraventa de un inmueble

que alegadamente formaban parte de la Sucesión de Efraín

Rodríguez García en las que comparecían como otorgantes la

Sucesión de un lado y la viuda del señor Efraín Rodríguez

García, Helga Valle Torres, del otro. El Registrador de

la Propiedad descansó su determinación en que el

testamento otorgado por el señor Efraín Rodríguez García,

de donde nacía el título de propiedad sobre el inmueble en

particular y se establecía el correspondiente tracto de

dominio, era nulo toda vez que el Notario, a saber, el

licenciado Montañez Delerme, no hizo constar en el

testamento que conocía personalmente a los testigos

instrumentales. Ante la negativa del Registrador de la

Propiedad a inscribir, el licenciado Montañez Delerme

instó una petición de Declaratoria de Herederos de la

Sucesión de Efraín Rodríguez García ante el Tribunal de

Primera Instancia (Caso Núm. KJV2004-2718). En

consecuencia, el 14 de enero de 2005, el foro de instancia

declaró como únicos y universales herederos del señor

Efraín Rodríguez García a sus cuatro (4) hijos, a saber,

Efraín, Reynaldo y Verónica, todos de apellidos Rodríguez

Del Valle y Evelyn Milagros Rodríguez De Jesús, así como a

la viuda del señor Efraín Rodríguez García, señora Helga

Del Valle Torres, en la cuota viudal usufructuaria. CC-2008-0130 5

Posteriormente, en julio de 2006, la Sucesión de

Efraín Rodríguez García y Mercedes García Colón, madre de

éste, presentaron la Demanda que da génesis a la

controversia de autos. Como partes demandadas figuraron,

entre otros, la Sucesión de Gabriel García Couvertier, el

licenciado Montañez Delerme, su esposa y la Sociedad

Bienes Gananciales compuesta por ambos, así como la

compañía aseguradora del licenciado.

En la Demanda instada, los demandantes incluyeron

varias causas de acción. Es la tercera causa de acción de

la Demanda la que nos compete en esta ocasión; a saber, la

solicitud de Sentencia Declaratoria y Nulidad del

Testamento Abierto otorgado por el señor Efraín Rodríguez

García. En particular, se alegó en la Demanda que el

licenciado Montañez Delerme había autorizado el Testamento

Abierto de Efraín Rodríguez García; que el testamento

había sido calificado como nulo y no inscribible por el

Registrador de la Propiedad toda vez que no se hizo

constar en el documento que conocía a los testigos

instrumentales y que por razón de lo anterior el

licenciado Montañez Delerme gestionó la Declaratoria de

Herederos del señor Efraín Rodríguez García el 14 de enero

de 2002. A fin de obtener la Declaratoria de Herederos,

fue admitido en el tribunal que el señor Efraín Rodríguez

García había otorgado Testamento Abierto pero que el CC-2008-0130 6

documento "tenía un defecto que [impedía] inscribir los

bienes del causante en el Registro de la Propiedad".

Los demandantes peticionaron al Tribunal de Primera

Instancia que emitiera una Sentencia Declaratoria para

determinar si el licenciado Montañez Delerme había

cumplido con las formalidades de ley al autorizar los

testamentos del causante y del señor Efraín Rodríguez

García, a los efectos de determinar sobre su

responsabilidad, a tenor con el Artículo 655 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2202.3

Los demandantes sostuvieron, a su vez, que el

Testamento Abierto otorgado por Gabriel González

Couvertier también era nulo, por defectos similares al que

presentó el del señor Efraín Rodríguez García, por lo que

el Lcdo. Montañez Delerme tenía la responsabilidad de

sostener la legalidad de los testamentos o responder en

daños a los herederos de las sucesiones de ambos

testadores. Por tal razón, los demandantes reclamaron que

el Tribunal de Primera Instancia celebrara una vista para

determinar si los dos (2) testamentos en controversia eran

nulos, al tenor de las disposiciones del Código Civil e

impusiera responsabilidad al notario autorizante,

licenciado Montañez Delerme.

3 Dicho precepto le impone responsabilidad al notario por los daños que pudiera causar su gestión negligente si un testamento autorizado por él fuera declarado nulo. CC-2008-0130 7

Así las cosas, el licenciado Montañez Delerme

interpuso escrito intitulado “Moción Solicitando

Desestimación”. Alegó en el escrito que los demandantes

no contaban con una causa de acción real y justiciable

contra él. A tales fines, arguyó que un notario no era

parte indispensable en el procedimiento de nulidad de un

testamento por él autorizado, debido a que el posible

perjuicio o lesión que éste pudo causar era contingente y

estaba supeditado a que en el futuro ocurrieran una serie

de eventos y circunstancias que no necesariamente tenían

que darse. El licenciado Montañez Delerme apuntó que la

reclamación era prematura antes de que se decretara

válidamente la nulidad del testamento por un tribunal y

que lo obligaba a defenderse de unos daños que en ese

momento eran inexistentes. Fue contención del licenciado

Montañez Delerme que la acción instada contra él pretendía

que se reservara en su contra una posible causa de acción

al palio del Artículo 655 del Código Civil, supra.

Evaluados los argumentos esgrimidos por el licenciado

Montañez Delerme, el Tribunal de Primera Instancia acogió

los mismos dictando Sentencia Parcial desestimando la

Demanda instada en contra del licenciado Montañez Delerme.4

Ante lo anterior, los demandantes presentaron el 27

de noviembre de 2006, un escrito intitulado “Regla 49.2

4 Surge de autos que los demandantes presentaron oposición al escrito seis (6) días antes de notificarse la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. CC-2008-0130 8

(Inciso 1,4- Moción para que se Deje sin Efecto Sentencia

Parcial Dictada el 19 de Octubre de 2006 y Notificada el

30 de Octubre de 2006”. En síntesis, adujeron que las

actuaciones del licenciado Montañez Delerme habían

ocasionado daños a una de las herederas demandantes.

Sostuvieron que el señor Efraín Rodríguez García instituyó

en el tercio de libre disposición a su esposa Helga Del

Valle Torres y, al no tomarse en cuenta el Testamento

Abierto suscrito y solicitarse, posteriormente, una

Declaratoria de Herederos, la viuda había perdido su

derecho al tercio de libre disposición, pasando los hijos

del señor Efraín Rodríguez García a ser únicos y

universales herederos del caudal de éste. Fue contención

de los demandantes que el licenciado Montañez Delerme

había causado daños a una heredera voluntaria al autorizar

un testamento nulo o al no defender la legalidad del

Testamento Abierto ante el Inspector de Protocolos, el

Registro de la Propiedad y ante este Tribunal, mediante un

recurso gubernativo.

Asimismo, los demandantes plantearon que este

Tribunal había resuelto que el notario no era parte

indispensable en el pleito cuando el daño no era real ni

inmediato, sino contingente sujeto a ocurrencias futuras.

No obstante, arguyeron que cuando el licenciado Montañez

Delerme aceptó la calificación del Registrador de la

Propiedad y gestionó la Declaratoria de Herederos privó CC-2008-0130 9

del tercio de libre disposición a una de las demandantes,

cuyos bienes pasaron al patrimonio de los otros herederos,

por lo que se trataba de un daño real e inmediato.

Por último, los demandantes plantearon falta de parte

indispensable toda vez que la notificación de la

desestimación de la Demanda se había notificado únicamente

a ellos, sin tomar en consideración que existían otros

demandados que aún no estaban bajo la jurisdicción del

tribunal y que podrían sufrir daños si se declaraba nulo

el Testamento Abierto en controversia.

Evaluados los argumentos, el Tribunal de Primera

Instancia denegó el petitorio de los demandantes.

Insatisfechos, los demandantes acudieron al Tribunal

de Apelaciones. Mediante Sentencia de 21 de diciembre de

2007 dicho foro intermedio revocó el dictamen del Tribunal

de Primera Instancia. En consecuencia, dejó sin efecto la

Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera

Instancia. A su vez, el Tribunal de Apelaciones se expresó

sobre otros asuntos que surgían de la petición de

certiorari incoada. Cabe apuntar que dicho foro apelativo

guardó silencio sobre el alcance de revisión judicial bajo

el palio de la mencionada Regla 49.2 de Procedimiento

Civil, infra.

Inconforme, el licenciado Montañez Delerme acude ante

nos planteando los siguientes errores: CC-2008-0130 10

Erró el Tribunal de Apelaciones al entender en un procedimiento en el cual carecía de jurisdicción.

Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar una Sentencia Parcial final y firme emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado.

Contando con el beneficio de la comparecencia de los

demandantes, procedemos a resolver sin trámite ulterior.

II.

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. II, R.49.2, establece el mecanismo procesal

que se tiene disponible para solicitarle al foro de

instancia el relevo de los efectos de una sentencia cuando

esté presente alguno de los fundamentos allí expuestos. De

Jesús Viñas v. González Lugo, 170 D.P.R. 499, 513 (2007);

Náter v. Ramos, 162 D.P.R. 616, 624 (2004). Esta regla

provee un mecanismo post sentencia para impedir que se

vean frustrados los fines de la justicia mediante

tecnicismos y sofisticaciones. Íd., Ortiz Serrano v. Ortiz

Díaz, 106 D.P.R. 445, 449 (1977).

En lo pertinente, dicho precepto reza:

Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las siguientes razones:

1. Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia

2. Descubrimiento de evidencia esencial CC-2008-0130 11

3. Fraude, falsa representación u otra conducta impropia de una parte adversa

4. Nulidad de sentencia

5. La sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella

6. Cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.

32 L.P.R.A. Ap. II R. 49.2

Este precepto procesal civil tiene como fin

establecer el justo balance entre dos (2) principios de

cardinal importancia en nuestro ordenamiento jurídico. De

un lado, el interés de que los casos se resuelvan en los

méritos haciendo justicia sustancial. Del otro, que los

litigios lleguen a su fin. Náter v. Ramos, supra;

Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932,

936-937 (1971). Véanse, además, J.A. Cuevas Segarra,

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones

J.T.S., 2000, T. II, pág. 784; Wright, Miller and Kane,

Federal Practice and Procedure: Federal Rules of Civil

Procedure, St. Paul Minn., West Publishing Co., 1995, Vol.

11, sec. 2857, págs. 256-257.

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla

49.2 de Procedimiento Civil, supra, es necesario que el

peticionario aduzca, al menos, una de las razones

enumeradas en esa regla para tal relevo. El peticionario

del relevo está obligado a justificar su solicitud

amparándose en una de las causales establecidas en la CC-2008-0130 12

regla. Reyes v. E.L.A. et als., 155 D.P.R. 799, 809

(2001). Véanse en general, Dávila v. Hosp. San Miguel,

Inc., 117 D.P.R. 807, (1986); Díaz v. Tribunal Superior,

93 D.P.R. 79 (1966). Ahora bien, relevar a una parte de

los efectos de una sentencia es una decisión discrecional,

salvo en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha

sido satisfecha. Rivera v. Algarín, 159 D.P.R. 482, 490

(2003); Garriga Gordils v. Maldonado, 109 D.P.R. 817, 823-

824 (1980); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de

Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, 4ta ed. San Juan, Ed.

LexisNexis, 2007, sec. 4803, pág. 352.

Para conceder un remedio contra los efectos de una

sentencia, el tribunal debe determinar si bajo las

circunstancias específicas del caso existen razones que

justifiquen tal concesión. Olmeda Nazario v. Sueiro

Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989); Dávila v. Hosp. San

Miguel, Inc., supra. Así, si la parte que solicita el

relevo aduce una buena defensa –-en adición a alguna de

las circunstancias previstas en la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, supra, ya mencionadas-- y el relevo

no ocasiona perjuicio alguno a la parte contraria, el

mismo debe ser concedido. De ahí, que como regla general

la existencia de una buena defensa debe siempre inclinar

la balanza a favor de la reapertura. Román Cruz v. Díaz

Rifas, 113 D.P.R. 500, 507 (1982); Fine Art Wallpaper v.

Wolff, 102 D.P.R. 451, 459 (1974). CC-2008-0130 13

Hemos expresado, además, que el precepto debe

“interpretarse liberalmente y cualquier duda debe

resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto

una sentencia o anotación de rebeldía, a fin de que el

proceso continúe y el caso pueda resolverse en sus

méritos”. Íd., citando a Díaz v. Tribunal Superior, supra,

pág. 87. Empero, la consabida regla no constituye una

llave maestra para reabrir controversias, ni sustituye los

recursos de apelación o reconsideración. Olmeda Nazario v.

Sueiro Jiménez, supra, pág. 299; Negrón Rivera y Bonilla,

Ex parte, 120 D.P.R. 61, 73 (1987); Ríos v. Tribunal

Superior, 102 D.P.R. 793, 794 (1974). Es decir, el

precepto no está disponible para alegar cuestiones

sustantivas que debieron ser planteadas mediante los

recursos de reconsideración y apelación.

Este Tribunal ha indicado que una interpretación

liberal de la regla permite que se considere una moción de

reconsideración como una de relevo de sentencia, aunque haya

transcurrido el término para considerar la reconsideración o

aun después de que haya advenido final y firme la sentencia,

siempre y cuando la referida moción cumpla estrictamente con

los requisitos establecidos en dicha regla. Reyes v. E.L.A.

et al., supra, pág. 810; Vega Maldonado v. Alicea Huacuz,

145 D.P.R. 236, 243-244 (1998); Pagán Navedo v. Rivera

Sierra, 143 D.P.R. 314, 328 (1997). Es decir, una moción de

reconsideración que aduzca los fundamentos subsumidos en la CC-2008-0130 14

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, puede ser

considerada como una moción de relevo de sentencia, aún si

es presentada después de los quince (15) días. R. Hernández

Colón, op. cit., sec. 4801, pág. 351.

En el caso de autos la moción solicitando el relevo

de la sentencia presentada por la parte demandante se

instó a base de los remedios provistos por los incisos

primero (1) y cuarto (4) de la Regla 49.2 de Procedimiento

Civil, supra. Por tal razón, debemos discutir la normativa

que regenta la petición de relevo de sentencia bajo esos

incisos.

Cuando se solicita el remedio provisto por el inciso

(1) de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, no es

suficiente alegar que la omisión que dio lugar a que se

dictase la sentencia se debió a error, inadvertencia,

sorpresa o negligencia excusable. Hay que indicar los

hechos y causas específicas que constituyen la

justificación de la omisión. Díaz v. Tribunal Superior,

supra, pág. 89. Así, el promovente debe demostrar mediante

preponderancia de prueba los hechos que justifican la

moción. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, supra, pág. 300.

Además de la demostración de error, inadvertencia,

sorpresa o negligencia excusable, también tiene que

existir una defensa meritoria. Véanse, J.A. Cuevas

Segarra, op. cit., T. II, pág. 791; R. Hernández Colón,

op. cit., sec. 4803, pág. 353. Cuando se solicite el CC-2008-0130 15

remedio reconocido bajo el inciso en discusión, le

corresponde al tribunal hacer un análisis y balance

racional y justiciero de todo el expediente del caso para

determinar si bajo las circunstancias específicas del caso

hubo error, inadvertencia o sorpresa. Vázquez v. López,

160 D.P.R. 714, 726 (2003); J.A. Cuevas Segarra, op. cit.,

T. II, pág. 790.

En cuanto al error como fundamento para la moción de

relevo, éste puede ser uno de la parte promovente, de la

parte adversa, o del juez, pero debe ser un error

extrínseco a la sentencia u orden. R. Hernández Colón, op.

cit., sec. 4804, pág. 353. Es necesario que la parte que

alega la comisión del error, presente la prueba extrínseca

a los autos que lo acredita. Íd.

Cabe señalar que la moción de relevo de sentencia no

está disponible para corregir errores de derecho ni

errores de apreciación o valoración de la prueba; estos

son fundamentos para reconsideración o apelación pero no

para el relevo. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan,

P.R., Ed. LexisNexis, 2007, sec. 4804, pág. 353.

Bajo este fundamento, la moción de relevo debe

presentarse dentro de un término razonable que en ningún

caso exceda los seis (6) meses que para ello dispone la

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Piazza v. Isla

del Río, Inc., 158 D.P.R. 440, 449 (2003). Transcurrido CC-2008-0130 16

dicho plazo no puede adjudicarse la solicitud de relevo.

Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R.

237, 243 (1996).

Por otro lado, el inciso (4) de la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, supra, le otorga al Tribunal la

facultad de relevar a una parte de los efectos de una

sentencia cuando se determine su nulidad. Una sentencia es

nula cuando la misma se ha dictado sin jurisdicción o

cuando al dictar la misma se ha quebrantado el debido

proceso de ley. Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R.

680, 688 (1979); Estado Libre Asociado v. Tribunal

Superior, 86 D.P.R. 692, 697-698 (1962); Rodríguez

Figueroa v. Registrador de la Propiedad, 75 D.P.R. 712,

718 (1953). Véanse, R. Hernández Colón, op. cit. sec.

4807, pág. 354; J.A. Cuevas Segarra, op. cit., T. II,

págs. 795-796. Véanse, además, Hoult v. Hoult, 57 F3d. 1,

6 (1995); In re: Hunter, 66 F3d. 1002, 1005 (1995).5

Es importante destacar, que bajo este fundamento no

hay margen de discreción como si lo hay bajo los otros

fundamentos de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

supra; si una sentencia es nula, tiene que dejarse sin

efecto independientemente de los méritos que pueda tener

5 Véanse también, J.W. Moore, Moore´s Federal Practice, 3ra ed., San Francisco, LexisNexis, 2009, Vol. 12, sec. 60.44(1)(b), pág. 60-150; T.A. Coyne, Federal Rules of Civil Procedure, 2da ed., Minnesota, West Group, 2000, sec. VII-74; H.A. Kooman, Federal Civil Practice, Atlanta, The Harrison Company Pub., 1975, Vol. 4, sec. 60.06, pág. 246, al discutir la Regla Federal de Procedimiento Civil 60(b)(4) que es análoga a nuestra Regla de Procedimiento Civil 49.2(4), supra. CC-2008-0130 17

la defensa o la reclamación del perjudicado.6 R. Hernández

Colón, op. cit., sec. 4807, pág. 355; Wright, Miller and

Kane, op. cit., Vol. 11, sec. 2862, pág. 322. Sobre el

particular ha manifestado este Tribunal que:

...la discreción que tiene un tribunal, al amparo de las disposiciones de la referida Regla 49.2 de Procedimiento Civil, para relevar a una parte de los efectos de una sentencia resulta inaplicable cuando se trata de una sentencia que es “nula”; si es nula, no hay discreción para el relevo, hay obligación de decretarla nula.7 (Citas omitidas).

Es inescapable la conclusión, en consecuencia, que ante la certeza de nulidad de una sentencia, resulta mandatorio declarar su inexistencia jurídica; ello independientemente del hecho de que la solicitud a tales efectos se haga con posterioridad a haber expirado el plazo de seis (6) meses establecido en la antes citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil.8 Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 D.P.R. 917, 921-922 (2000). Véanse, Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. 237, [243-244] (1996); Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, [689] (1979). Véase, además, H.A. Kooman, op. cit., sec. 60.6, págs. 246-247.

En cuanto al fundamento de nulidad de sentencia por

violación del debido proceso de ley, el Profesor de

Derecho Rafael Hernández Colón, apunta que “pueden haber

tantas manifestaciones del mismo como principios del

debido proceso existen y que se hayan quebrantado en un

6 Destaca el autor Harold A. Kooman en su obra Federal Civil Practice, que: “An important distinction must be kept in mind in considering the voidness of a judgment as a ground for relief. A void judgment is theoretically no judgment at all, is legally ineffective, and creates no rights or obligations”. H.A. Kooman, op. cit., sec. 60.06, pág. 246. 7 Véase, J.W. Moore, op. cit., Vol. 12, sec. 60.44(5)(a), págs. 60-163 CC-2008-0130 18

caso en especial”. R. Hernández Colón, op. cit., sec.

4807, pág. 355. En similares términos se expresa el

procesalista James William Moore al señalar: “[t]here is

no theoretical limit to the possibilities that a judgment

could be void because a court […] has acted in a manner

inconsistent with due process of law”. J.W. Moore, op.

cit., Vol. 12, sec. 60.44(4), pág. 60-161.

III.

El licenciado Montañez Delerme arguye que la parte

demandante no apeló la Sentencia Parcial emitida por el

Tribunal de Primera Instancia dentro del término

jurisdiccional de treinta (30) días establecido por el

ordenamiento jurídico. Argumenta que el Tribunal de

Apelaciones no contaba con jurisdicción para entender en

el recurso por la Sentencia haber advenido final y firme

sin ser apelable. Del análisis de su argumentación podemos

colegir que el licenciado Montañez Delerme hace referencia

a lo apuntado reiteradamente por este Foro a efectos de

que una moción al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento

Civil, supra, no sustituye los recursos de apelación o

reconsideración. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, supra.

De un análisis del tracto procesal del caso de autos,

se desprende que la Sentencia apelada fue emitida el 19 de

octubre de 2006, notificada el 30 de octubre de 2006. El

27 de noviembre de 2006, transcurrido el término

jurisdiccional de quince (15) días para instar una CC-2008-0130 19

solicitud de reconsideración al amparo de la Regla 47 de

Procedimiento Civil, supra,9 los demandantes presentaron un

escrito intitulado "Regla 49.2 (Inciso 1,4)- Moción para

que se Deje Sin Efecto Sentencia Parcial Dictada el 19 de

octubre de 2006 y Notificada el 30 de Octubre de 2006".

Como surge de la discusión esbozada en el acápite

anterior, el ordenamiento procesal civil dispone de un

término de seis (6) meses para la presentación de una

moción de relevo de sentencia bajo el inciso (1) ya que

como hemos destacado, bajo el inciso (4) dicho plazo no es

omnímodo. Al amparo de dicha normativa, los demandantes

presentaron su escrito dentro del término estatuido.

Además, no fue hasta que el foro de instancia resolvió

denegar la petición de relevo de sentencia presentada por

los demandantes, que éstos acudieron ante el Tribunal de

Apelaciones, mediante recurso de certiorari, para que

dicho foro revocara la Sentencia Parcial emitida por el

tribunal de instancia.10 Bajo estas circunstancias, el

9 Dicha regla lee, en lo pertinente:

"La parte adversamente afectada por una resolución, orden o sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de quince (15) días desde la fecha de notificación de la resolución u orden ...presentar una moción de reconsideración de la resolución, orden o sentencia…"

El término de quince (15) días para presentar la solicitud de reconsideración que dispone la citada Regla 47, es un término jurisdiccional. Vega v. Alicea, supra, pág. 240. 10 La parte demandante planteó como único error ante el Tribunal de Apelaciones que el foro de instancia erró al no dejar sin efecto la sentencia parcial, a pesar de que los testamentos otorgados por el Lcdo. Montañez Delerme adolecían de defectos que ya le habían ocasionado daños a ciertos herederos. Anejo 1, Apéndice del Recurso de CC-2008-0130 20

Tribunal de Apelaciones podía expedir el certiorari en el

caso de autos.

Sin embargo, la pregunta que el foro apelativo

intermedio debía responder11, y que ahora nos corresponde

dilucidar, es si la moción de relevo de Sentencia

justificaba la concesión del relevo bajo el inciso primero

(1) o cuarto (4) de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

supra, conforme peticionado por los demandantes.

Como hemos visto, el Tribunal de Primera Instancia

debía evaluar el petitorio de los demandantes asegurándose

que éstos adujeran al tribunal al menos una de las razones

enumeradas en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.

Esto es, los demandantes tenían el deber de justificar su

solicitud amparándose necesariamente en una de las razones

Certiorari ante nos por parte del peticionario, Sentencia del Tribunal de Apelaciones, 4 enero de 2008, pág. 7. 11 Cabe señalar, que el Tribunal de Apelaciones omitió discutir en su Sentencia si la moción de relevo de sentencia era o no procedente a base de alguna de las circunstancias aducidas por la parte demandante, según comprendidas en la Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra. A contrario sensu, dicho foro evaluó la controversia desde el crisol de una moción de desestimación, planteando, inter alia, que la controversia se limitaba a evaluar si el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al desestimar la demanda contra el notario según los hechos específicos del caso alegados en la demanda.

En alzada la revisión no va dirigida a la sentencia que puede ser ejecutada; versa sobre la facultad discrecional del juez de instancia al conceder o denegar una solicitud post-sentencia. Esto es, el Tribunal de Apelaciones en su función revisora debía determinar si la magistrada de instancia había abusado o no de su discreción al denegar el petitorio de la parte demandante. En ese sentido, el foro apelativo intermedio hizo abstracción de que la única cuestión a resolver era si la parte promovente satisfacía los requisitos estatutarios y jurisprudenciales de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Al así actuar, se sumergió en la discusión de los méritos del caso, desviándose del sesgo que debía seguir dentro de su función revisora. CC-2008-0130 21

dispuestas en el citado precepto. Díaz v. Tribunal

Superior, supra; Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra.

A priori, de una lectura de la moción de relevo de

sentencia presentada por la parte demandante, y en

relación al inciso (1) de la Regla 49.2 de Procedimiento

Civil, supra, no surge ninguna de las instancias que

hubieran permitido al Tribunal de Primera Instancia acoger

los planteamientos de los demandantes para ser evaluados

bajo el crisol de dicho inciso. O sea, el escrito guarda

silencio respecto a que hechos dieron origen a error,

sorpresa o negligencia excusable.

Aún si concluyéramos que el foro de instancia cometió

un error al dictaminar su Sentencia, se trataría de un

error de derecho que no da margen al relevo. Esto es así,

porque lo que está en discusión con relación a la

susodicha Sentencia, es si el licenciado Montañez Delerme

es parte indispensable en la acción de sentencia

declaratoria incoada por los demandantes.12 Es decir, se

trata de un error intrínseco y no extrínseco a la

Sentencia. Por eso, entendemos que el Tribunal de Primera

Instancia no incidió al denegar el petitorio de los

demandantes bajo el crisol del inciso (1) de la Regla 49.2

de Procedimiento Civil, supra. 12 Recordamos que dicha acción busca que el foro de instancia determine si el testamento autorizado por el licenciado Montañez Delerme es nulo para que de ser así, le reserve la acción que establece el Art. 655 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2192, concerniente a la responsabilidad del notario cuando se declara nulo un testamento que éste ha autorizado. CC-2008-0130 22

Ahora bien, como ya señalamos previamente, surge del

escrito en controversia que el petitorio también se

realizó al amparo del inciso (4) de la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, supra, a saber, nulidad de la

Sentencia. Nuevamente, del escrito surge como

planteamiento medular, que el licenciado Montañez Delerme

es parte indispensable en el pleito de autos por lo que si

no es incluido como tal, ello acarrearía la nulidad de la

Sentencia. A tales efectos, se arguye que “[c]ualquier

sentencia que se dicte contra [la] nulidad [del]

testamento y cualquier sentencia que se dicte contra el

fiador del Lcdo Emilio A. Montañez Delerme, que está

emplazado y es responsable de los daños que producen estos

testamentos, no tiene jurisdicción el Honorable Tribunal

si [dicha] parte no está presente”. Exhibit V, Apéndice

del Alegato de la parte recurrida, “Regla 49.2 (inciso 1,

4) Moción para que se deje sin efecto Sentencia Parcial

dictada el 19 de octubre de 2006 y notificada el 30 de

octubre de 2006”, pág. 19.

Es innegable pues, la injerencia que tiene la figura

jurídica de “parte indispensable” en el presente recurso.

En ese sentido, debemos auscultar si la ausencia de una

parte indispensable hace asequible relevar una sentencia

por razón de nulidad. De concluir en la afirmativa,

debemos resolver si en el caso de autos, el licenciado

Montañez Delerme es una parte indispensable conforme la CC-2008-0130 23

acción de Sentencia Declaratoria y Nulidad de Testamento

esbozada en la demanda.

IV.

A.

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

III, ofrece la connotación de lo que es una parte

indispensable, disponiendo que se trata de aquella persona

que tiene “un interés en común sin cuya presencia no pueda

adjudicarse la controversia”. Íd.; Deliz et als. v.

Igartúa et als., 158 D.P.R. 403, 432 (2003). Estas

personas se harán partes y se acumularán como demandantes

o demandadas según corresponda; si una persona que deba

unirse como demandante rehusare hacerlo, se podrá unir

como demandada. Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra.

En términos más concretos, una parte indispensable es

aquella de la cual no se puede prescindir y cuyo interés

en la cuestión es de tal magnitud, que no puede dictarse

un decreto final entre las otras partes sin lesionar y

afectar radicalmente sus derechos. Deliz et als. v.

Igartúa et als., supra, pág. 433; Sánchez v. Sánchez, 154

D.P.R. 645, 678 (2001); Rodríguez Rodríguez v. Moreno

Rodríguez, 135 D.P.R. 623, 627 (1994). Véase, R. Hernández

Colón, op. cit., sec. 1202, pág. 135. Por tal, los

intereses de esa parte “podrían quedar destruidos o

inevitablemente afectados por una sentencia dictada

estando esa persona ausente del litigio”. Fuentes v. CC-2008-0130 24

Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952). Por eso,

el interés común al que hace referencia la susodicha Regla

16.1 de Procedimiento Civil, supra, “no es cualquier

interés en el pleito, sino que tiene que ser de tal orden

que impida producir un decreto sin afectarlo”. Romero v.

S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 733 (2005). Véase, además,

Cuevas Segarra, op. cit., T. I, pág. 369. Ese interés

común tiene que ser también, uno real e inmediato. Romero

v. S.L.G. Reyes, supra; R. Hernández Colón, op. cit., sec.

1203, pág. 136. No puede tratarse de meras especulaciones

o de un interés futuro. Deliz et als. v. Igartúa et als.,

supra, pág. 435.

Cabe destacar, que la interpretación adoptada por este

Tribunal para determinar quién es una parte indispensable,

tiene un alcance restringido. Así, hemos precisado –-al

interpretar la frase ‘sin cuya presencia no pueda

adjudicarse la controversia’-- que “excepto en aquellas

circunstancias en las que la adjudicación sin la persona

ausente tendría un efecto perjudicial sobre el interés

real e inmediato que ésta tiene en el pleito, en raras

ocasiones será imposible resolver la controversia sin su

presencia”. Mun. de Ponce v. A.C. et als, 153 D.P.R. 1, 16

(2000).

Cónsono con lo anterior, la exégesis de la Regla 16.1

de Procedimiento Civil, supra, y por consiguiente, la

determinación de si una parte es o no indispensable, CC-2008-0130 25

requiere de un enfoque pragmático. Romero v. S.L.G.,

supra, pág. 732; Deliz et als. v. Igartúa et als., supra,

pág. 434. Véanse, J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 372;

Wright, Miller and Kane13, op. cit., Vol. 7, sec. 1601,

pág. 12. Se requiere una evaluación individual a la luz de

las circunstancias particulares presentes en cada caso, y

no la utilización de una fórmula con pretensiones

omnímodas. Romero v. S.L.G., supra.

La teleología de esta regla es proteger a la persona

que no está presente de los efectos legales de la

sentencia y evitar la multiplicidad de los pleitos

mediante un remedio efectivo y completo. Rodríguez

Rodríguez v. Moreno Rodríguez, supra, pág. 627; Granados

Navedo v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593, 605

(1989); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R.

407, 412-413 (1982). Asimismo, la falta de parte

indispensable es un planteamiento que se puede levantar

por vez primera a nivel apelativo y que el foro en alzada

puede sua sponte considerarlo debido a que en ausencia de

parte indispensable el tribunal carece de jurisdicción

sobre la persona. Romero v. S.L.G., supra, pág. 733.

Véanse, In re: Vélez Báez, 2009 T.S.P.R. 123, res. el 23

de junio de 2009, 2009 J.T.S.___. Por tal, la sentencia

que se emita en ausencia de parte indispensable es nula.

13 Los comentarios expuestos por estos tratadistas tienen fuerza persuasiva debido a que se basan en la interpretación de la Regla 19.1 de Procedimiento Civil Federal, que es de la cual emana nuestra Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra. CC-2008-0130 26

Unysis P.R., Inc. v. Ramallo Brother Printing, Inc., 128

D.P.R. 842, 859 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada II,

supra, pág. 603; R. Hernández Colón, op. cit., sec. 1202,

pág. 135.

Además, el omitir traer una parte indispensable al

pleito acarrea una violación al debido proceso de ley que

la cobija. Romero v. S.L.G., supra, pág. 733; Deliz et

als. v. Igartúa et als., supra, pág. 435. Por eso, si la

parte es indispensable, dicha parte tiene que ser traída

al pleito por la parte demandante porque la omisión de así

hacerlo constituye una violación del debido proceso de

ley. Granados Navedo v. Rodríguez Estrada, supra, pág.

603. En efecto, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil,

supra, se fundamenta en la protección constitucional que

impide que una persona sea privada de su libertad o

propiedad sin el debido proceso de ley. Carrero Suárez v.

Sánchez López, 103 D.P.R. 77, 81-82 (1974); Cepeda v.

García, 132 D.P.R. 698, 705 (1993). Como apunta el

tratadista José A. Cuevas Segarra, “[e]sta regla entronca

con la cláusula constitucional sobre debido procedimiento

de ley”. J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 369. Así

también se ha reconocido en la jurisdicción federal.

Véase, Britton v. Green, 325 F.2d 377, 382 (1963). Véase,

además, Wright, Miller and Kane, op. cit., Vol.7, sec.

1602, págs. 22-23. CC-2008-0130 27

Es indubitado pues, que el mecanismo procesal de relevo

de sentencia está disponible cuando dicha sentencia se ha

dictado en ausencia de una parte indispensable. Dicho

razonamiento es cónsono con la normativa proyectada, ya

que por un lado, la omisión de una parte indispensable

repercute en el resquebrajamiento del debido proceso de

ley que al fin y al cabo es un derecho fundamental

tutelado por nuestra Constitución. Al tratarse de la

violación de un derecho constitucional, el relevo de

sentencia se justifica por razón de nulidad de la

sentencia. Además, como ya expresamos, una sentencia que

se dicte sin una parte indispensable, hace que el tribunal

que la dictó carezca de jurisdicción sobre la persona,

tornando la sentencia en una nula, permitiendo utilizar el

vehículo procesal del relevo de sentencia para cuestionar

la determinación del foro sentenciador. Véase, Vázquez v.

López, supra, pág. 724.

Habiendo concluido de tal manera, nos resta determinar

si el licenciado Montañez Delerme, conforme a los hechos

particulares del caso de autos, es una parte indispensable

en la acción interpuesta por los demandantes sobre

sentencia declaratoria y nulidad del testamento. Solo

después de ese análisis podremos determinar si la moción

de relevo de sentencia, bajo el fundamento de nulidad de

sentencia, debe o no concederse. CC-2008-0130 28

B.

Ciertamente, el notario es un custodio de la fe

pública notarial que le imparte veracidad, autenticidad y

legalidad a los instrumentos públicos y notariales que

autoriza. Romero v. S.L.G. Reyes, supra, pág. 734. Por tal

razón, un notario al autorizar un documento,

presuntivamente da fe pública y asegura que ese documento

cumple con todas las formalidades que exige la ley (sean

de forma o sustantivas), que el documento es legal y

verdadero, y que se trata de una transacción válida y

legítima. In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871, 895

(2000); In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 275 (1986).

Véase, C.R. Urrutia de Basora y L.M. Negrón Portillo,

Curso de Derecho Notarial Puertorriqueño, 3ra ed., Puerto

Rico, Ed. Situm, 2005, pág. 84.

A su vez, el abogado notario, en el desempeño de su

gestión notarial, está obligado a cumplir con los deberes

que le impone la propia ley, los Cánones de Ética

Profesional y el contrato entre las partes; la

inobservancia de esos deberes expone al notario a una

posible acción en daños por los perjuicios causados y a la

jurisdicción correctiva y disciplinaria de este Foro. In

re Cruz Tollinche, 114 D.P.R. 205, 207 (1983). La

responsabilidad civil del notario por los daños que cause

la violación de los deberes notariales se extiende a

terceros que hayan sufrido daños a consecuencia de las CC-2008-0130 29

acciones del notario ya sea en su función de asesoramiento

y de instrumentar el documento. Romero v. S.L.G. Reyes,

supra, págs. 734-735.

Por otro lado, sabido es que la acción para que se

declare nulo un testamento abierto, es de la incumbencia

exclusiva de los tribunales. Nótese, que el Art. 636 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2152,

dispone que un testamento será nulo si no se observan las

formalidades que para su cumplimiento exige la ley y sobre

ello, este Tribunal ha sostenido que “la apreciación de si

en un testamento se han cumplido o no las formalidades

legales, es materia que incumbe a los tribunales”. In re

López Toro, 146 D.P.R. 756, 771 (1998); Paz v. Fernández,

76 D.P.R. 742, 752 (1954). Nótese, que el propio Art. 655

del Código Civil de Puerto Rico, supra, reconoce que el

testamento abierto tiene que ser declarado nulo, cuando no

se observan las solemnidades establecidas, antes de que se

pueda llevar una acción civil en contra del notario

autorizante. Es decir, dicho articulado reconoce en primer

lugar, que es el tribunal el facultado a declarar nulo un

testamento, y en segundo lugar, que existe una prelación

entre la acción de nulidad testamentaria y la acción civil

que se desee llevar en contra de un notario por los

perjuicios que haya ocasionado si su falta procediere de

malicia, negligencia o ignorancia inexcusable. CC-2008-0130 30

En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico reconoce

que todo documento público goza de una presunción de

legalidad y veracidad que debe ser rebatida por quién

impugne la validez de dicho documento. Deliz et als. v.

Igartúa et als., supra, n. 17 pág. 437. Por eso, no es

necesario que el notario autorizante comparezca a probar

esa misma legalidad y certeza. Es sobre quien impugna la

validez de ese documento que recae el peso de la prueba ya

que en ausencia de evidencia en contrario, dicha

presunción prevalecería. Íd.

En el pasado, este Tribunal tuvo la oportunidad de

enfrentarse a un caso que planteaba una controversia

similar a la aquí presente. Dicho caso fue el de Deliz et

als. v. Igartúa et als., supra. En tal precedente, una de

las cuestiones a resolver (al igual que en presente caso)

era, si “el notario autorizante de un documento impugnado

[testamento] debe ser parte indispensable en el

procedimiento en que se cuestione la validez de dicho

documento”. Íd., pág. 432. En dicho caso, el notario en

cuestión no cumplió con ciertas formalidades de fondo

exigidas por el ordenamiento jurídico para la validez de

un testamento.14 Allí, este Tribunal resolvió en lo

14 El incumplimiento del notario consistió en no dar fe de conocer personalmente a la testadora. Allí este Tribunal resolvió que la omisión de dicho requerimiento es una formalidad de fondo cuya omisión no podía ser subsanada mediante la presentación de prueba extrínseca. Además, como en dicho caso tampoco se cumplió con las solemnidades exigidas para el método supletorio de identificación, se sostuvo la nulidad del testamento. CC-2008-0130 31

pertinente, que en un pleito en que se impugne la validez

de un testamento otorgado ante notario, este último no es

parte indispensable por razón de que el posible perjuicio

o lesión que pueda sufrir no es real e inmediato. Íd.,

pág. 438.

El ratio decidendi empleado por este Tribunal para

llegar a esa conclusión, fue que en cualquier caso de esa

naturaleza, en que se decrete la nulidad de un testamento

otorgado ante notario, dicha determinación no conllevaría

obligatoriamente perjuicio para el notario. Esto debido a

que el perjudicado por la determinación judicial, podría

no presentar acción judicial en daños y perjuicios contra

el notario y aún si lo hiciere, dicho perjudicado tendría

que demostrar que la falta en que incurrió el notario

provino de su malicia o negligencia o ignorancia excusable

conforme el Art. 655 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 2192.15 Así, el posible perjuicio o la lesión

del notario, son contingentes a que en el futuro ocurran

una serie de eventos y circunstancias que, necesariamente

no tienen que darse. Íd., págs. 436-438.

15 Dicho artículo dispone que: “[d]eclarado nulo un testamento abierto, por no haberse observado las solemnidades establecidas para cada caso, el notario que lo haya autorizado será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan, si la falta procediere de su malicia o de negligencia o ignorancia inexcusables”. Art. 655 del Código Civil de Puerto Rico, supra. CC-2008-0130 32

A posteriori, lo sostenido en Deliz et als. v. Igartúa

et als., supra, fue ratificado en Romero v. S.L.G. Reyes.16

Allí este Foro expuso:

...El notario autorizante no se verá privado de su derecho al debido proceso de ley por no ser parte en la acción para anular [un] contrato, ya que su interés aún no se ha concretado y depende, por el contrario, de un sinnúmero de factores que podrán manifestarse, si acaso, luego de ser final y firme la anulación del contrato por simulación. Incluso, de presentarse una acción disciplinaria o una acción civil contra el notario a raíz de esa determinación, habrá que dilucidar si éste es responsable conforme a la normativa aplicable. Por lo tanto, en el caso de autos el notario no constituye una parte sin cuya presencia ‘no pueda dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos’. (Citas omitidas) Íd., pág. 736.

Por su parte, en el caso de autos el documento

impugnado ante el tribunal es un testamento autorizado por

un notario. Asimismo, se alega como razón de nulidad el

incumplimiento de una formalidad para la validez del

testamento.17 La única diferencia que podemos destacar

entre el caso ante nuestra consideración y el de Deliz et

als. v. Igartúa et als., supra, es que en éste, se

16 En Romero v. S.L.G. Reyes, supra, se trataba de una acción dirigida a anular un contrato de compraventa simulado, autorizado por un notario. La parte peticionaria adujo que el notario autorizante de la escritura de compraventa era parte indispensable. 17 En el caso de autos la razón de nulidad consiste en que el Notario Montañez Delerme no hizo constar en el testamento que conocía personalmente a los testigos instrumentales. CC-2008-0130 33

incluyeron aseveraciones en la demanda que imputaban

negligencia al licenciado Montañez Delerme.18

Alegaron los demandantes, que el licenciado Montañez

Delerme no cuestionó la calificación registral que hizo el

Registrador de la Propiedad luego de que éste se negara a

inscribir el testamento del señor Efraín Rodríguez García.

Señalan que, en su lugar, sin considerar las consecuencias

para algunos de los herederos voluntarios, el licenciado

Montañez Delerme decidió obtener la Declaratoria de

Herederos del causante Rodríguez García. De esa manera,

afectó, al menos, a la demandante (recurrida) Helga del

Valle Torres, toda vez que la privó del tercio de libre

disposición que Rodríguez García le había dejado en su

testamento. Es decir, que existía un daño real y concreto

en contra de Helga del Valle Torres. Además, los

demandantes le peticionaron al foro de instancia que le

reservara una acción en daños y perjuicios en contra del

licenciado Montañez Delerme, a base del Art. 655 del

Código Civil de Puerto Rico, supra, de dicho foro

determinar que el testamento era nulo.

No obstante lo anterior, es relevante destacar que en

el caso sub judice la acción incoada por los demandantes

(que atañe a la controversia ante nuestra consideración),

18 En Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, no existía en la demanda alegación alguna en contra del notario. De hecho, los peticionarios en ese caso no tenían una causa de acción contra el notario autorizante por no ser ellos parte perjudicada de su gestión profesional. CC-2008-0130 34

buscaba específicamente que el Tribunal de Primera

Instancia decretara la nulidad del testamento autorizado

por el licenciado Montañez Delerme debido a que éste no

hizo constar que conocía personalmente a los testigos

instrumentales. Siendo la acción una que persigue el

que se anule un testamento, no vemos cómo pueda haber

alguna diferencia entre lo que este Tribunal ha resuelto

sobre la acumulación de un notario como parte

indispensable cuando se impugna la validez de un

testamento o documento público, y la controversia ante

nuestra consideración.19

Como ya mencionamos, la doctrina de parte indispensable

se enfoca en el interés real e inmediato que pueda tener

esa parte en la controversia y que pueda verse afectado si

no se le permite participar en el pleito. Por ende, el

interés a considerar y así considerado en el caso de

autos, fue el del licenciado Montañez Delerme. Luego de

tal consideración, somos del criterio de que el licenciado

19 Nótese, que aunque el licenciado Montañez Delerme instó una solicitud de Declaratoria de Herederos, sobre la cual se emitió una Resolución por el tribunal que tuvo el efecto de privar del tercio de libre disposición a la recurrida Helga del Valle Torres, la acción pertinente incoada por la parte demandante lo que pretende es que el testamento que autorizó el licenciado Montañez Delerme sea declarado nulo por el Tribunal de Primera Instancia. Es decir, la cuestión a resolver se reduce a auscultar si el licenciado Montañez Delerme es o no parte indispensable en el pleito de nulidad del testamento. Es sobre ese pleito que nos corresponde pasar juicio en torno a su indispensabilidad. De ahí, que la interrogante de si el notario actuó o no correctamente al solicitar la Declaratoria de Herederos es un asunto independiente al recurso ante nuestra consideración. Por ende, no vemos la necesidad de apartarnos de lo resuelto por este Tribunal en Romero v. S.L.G. Reyes, supra, y Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, donde como bien vimos, se trataba de acciones que buscaban anular un documento público. CC-2008-0130 35

Montañez Delerme no es parte indispensable en la acción

para anular el testamento que autorizó. Su interés en

dicha controversia no es real ni inmediato, sino uno

contingente a la consecuencia de la acción instada. Su

interés no se ha concretado y depende de distintos

factores que podrían materializarse luego de ser final y

firme la anulación del testamento. Aún bajo los hechos de

este caso, en que es palmario que la parte demandante

desea reservar una acción civil en contra del licenciado

Montañez Delerme, todavía tendría que dilucidarse por el

tribunal si la falta cometida por éste provino de su

malicia, negligencia o ignorancia inexcusable. Es decir,

todavía es incierto si el licenciado Montañez Delerme

viene obligado a responder civilmente por su actuación.

Abona a esa incertidumbre el hecho de que este Tribunal en

el caso de Sucn. Caragol v. Registrador, res. el 26 de

junio de 2008, 174 D.P.R.___ (2008), 2008 T.S.P.R. 112,

2008 J.T.S. 132, ya resolvió que un notario no tiene la

obligación de hacer constar en un testamento que conoce a

los testigos instrumentales y mucho menos tiene que dar fe

expresa sobre dicho conocimiento. Su identificación se

reduce a la constancia de su nombre y circunstancias

personales, según sus dichos. Íd. Eso significa que los

fundamentos esbozados por los demandantes procurando la

anulación del testamento en cuestión, se enervan, puesto

que sus alegaciones, precisamente apuntan, que el CC-2008-0130 36

licenciado Montañez Delerme incurrió en una falta al no

dar fe de conocer a los testigos instrumentales.

Es por eso, que en consideración a lo expuesto,

resolvemos que el licenciado Montañez Delerme no es parte

indispensable en la acción de sentencia declaratoria y

nulidad de testamento instada por los demandantes. Como

corolario, la Sentencia dictaminada por el foro de

instancia no infringió el debido proceso de ley del

peticionario, por lo que no procede la moción de relevo de

sentencia solicitada por los demandantes.

V.

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia

recurrida emitida por el Tribunal de Apelaciones y se

reinstala la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera

Instancia que desestimó la demanda en contra del

licenciado Montañez Delerme. Por tanto, devolvemos el caso

al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de

los procedimientos de conformidad a lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mercedes García Colón, et al Certiorari

Recurridos

v. CC-2008-0130 Sucesión de Gabriel González Couvertier, et al

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia recurrida emitida por el Tribunal de Apelaciones y se reinstala la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda en contra del licenciado Montañez Delerme. Por tanto, devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de conformidad a lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emite opinión concurrente a la que se une el Juez Presidente señor Hernández Denton. La Jueza Asociada señora Fiol Matta concurre sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2008-130

Sucesión de Gabriel González Couvertier, et al

Opinión concurrente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se le une el Juez Presidente señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2010

Concurro con el resultado a que llega este Tribunal

en la Opinión que hoy se certifica, pero considero que el

análisis que esboza es producto de una delimitación

errónea de la controversia ante nuestra consideración.

Además, soy del criterio que los hechos en este caso

pudieron resolverse apropiadamente a través de una

sentencia. Lo único que teníamos ante nuestra

consideración era si procedía conceder o denegar la

moción de relevo de sentencia que presentó ante el foro

primario la parte demandante. La Opinión del Tribunal,

no obstante, se adentra a examinar “si una sentencia CC-2008-130 2 que se alega es nula por falta de parte indispensable,

puede justificar el que se releve una sentencia bajo la

Regla 49.2 de Procedimiento Civil”. Como veremos a

continuación, dicha controversia es creada por el propio

Tribunal, pues no existe problema alguno de ausencia de

parte en la sentencia cuyo relevo se solicita.

Los hechos pertinentes a la controversia ante nuestra

consideración son relativamente sencillos. La Sra.

Mercedes García Colón y la Sucesión del Sr. Efraín

Rodríguez García, representada por sus miembros,

presentaron una demanda contra la Sucesión del Sr. Gabriel

González Couvertier, representada por sus miembros y contra

el Lcdo. Emilio A. Montañez Delerme. Alegaron, entre otras

reclamaciones, que los testamentos autorizados por el Lcdo.

Montañez Delerme eran nulos puesto que dicho Notario no dio

fe de conocer personalmente a los testigos instrumentales.

El Lcdo. Montañez Delerme presentó una moción de

desestimación. Arguyó que, según la jurisprudencia de este

Tribunal,20 el Notario autorizante de un testamento no era

parte indispensable en una acción en la cual se cuestione

la validez de éste. El Tribunal de Primera Instancia

acogió los argumentos del Lcdo. Montañez Delerme y, el 19

de octubre de 2006, emitió una sentencia parcial

desestimando la acción que pendía en su contra.21

20 Deliz Muñoz v. Igartúa Muñoz, 158 D.P.R. 403 (2003); Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721 (2005). 21 No emito juicio sobre la corrección de dicha desestimación. No obstante, véanse Reglas 14.1, 14.2 y 17.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 14.1, CC-2008-130 3

Los demandantes, en lugar de recurrir de dicha

sentencia parcial al Tribunal de Apelaciones, presentaron

una solicitud de relevo de sentencia ante el foro de

instancia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III, R. 49.2. El Tribunal de Primera

Instancia, correctamente, denegó dicha petición, pues no se

configuraban ninguno de los fundamentos expuestos en la

regla para relevar una sentencia. Además, la petición de

relevo de sentencia en este caso se trataba, a todas luces,

de una sustitución de los procedimientos apelativos

correspondientes, mediante la presentación de una moción

bajo la regla 49.2, lo cual no procede según hemos

expresado anteriormente. Véase Reyes Díaz v. E.L.A., 155

D.P.R. 799, 810 (2001); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño,

143 D.P.R. 314, 327 (1997). Sin embargo, el Tribunal de

Apelaciones, al revisar dicha determinación, revocó al foro

de instancia. El foro intermedio se adentró en la

controversia sobre la corrección de la desestimación de la

demanda en contra del Lcdo. Montañez Delerme y no atendió

el asunto que realmente tenía ante su consideración, esto

es, si existía alguno de los fundamentos de la regla 49.2

que sustentara el relevo de dicha sentencia parcial.

Por lo tanto, la controversia que teníamos ante

nuestra consideración era determinar si había errado el

Tribunal de Apelaciones al ordenar el relevo de la

sentencia parcial desestimatoria a la luz de los

R. 14.2 & R. 17.1, sobre acumulación de reclamaciones, acumulación de reclamaciones contingentes y acumulación permisible de partes. CC-2008-130 4

fundamentos expuestos en la regla 49.2. La Opinión que

emite el Tribunal en el día de hoy, como expresamos

anteriormente, más allá de resolver dicha controversia,

discute si es posible utilizar la regla 49.2 de relevo de

sentencia para relevar una sentencia nula por ausencia de

parte indispensable y, si en este caso, el Lcdo. Montañez

Delerme era parte indispensable en la acción. El

razonamiento de la Opinión, no obstante, soslaya el hecho

de que en la sentencia cuyo relevo se solicitó en el

Tribunal de Primera Instancia, no hay ausencia de parte

indispensable; de hecho, no hay ausencia de parte alguna.

Como sabemos, una parte indispensable es “aquella

persona cuyos derechos e intereses podrían quedar

destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia

dictada, estando esta persona ausente del litigio”. Pérez

Rosa v. Morales Rosado, res. 28 septiembre de 2007, 2007

TSPR 171, 172 D.P.R. _____ (2007) citando a J. A. Cuevas

Segarra, Tratado de derecho procesal civil, Tomo I, Puerto

Rico, Publicaciones JTS, 2000, pág. 371. (Énfasis

suplido). La falta de parte indispensable incide sobre la

jurisdicción del Tribunal, y hemos expresado que,

reconocida la ausencia de una parte indispensable, debe

desestimarse la acción. Pérez Rosa v. Morales Rosado,

supra. Este Tribunal ha expresado en innumerables

ocasiones que una sentencia dictada en ausencia de una

parte indispensable es nula. Unisys v. Ramallo Brothers, CC-2008-130 5

128 D.P.R. 842, 859 (1991); Granados Navedo v. Rodríguez

Estrada, 124 D.P.R. 593, 603 (1989).

Siguiendo un orden adjudicativo lógico, la pregunta de

umbral al examinar la alegada nulidad de una sentencia por

falta de parte indispensable es, desde luego, determinar si

está ausente alguna parte cuyos intereses puedan verse

inevitablemente afectados por dicha sentencia. En el caso

de autos, debemos contestar dicha pregunta en la negativa.

La sentencia que los demandantes solicitaron relevar fue la

sentencia parcial desestimatoria del pleito en contra del

Lcdo. Montañez Delerme. Al momento en que se dictó dicha

sentencia parcial, no había ausencia de parte alguna en el

pleito. Al contrario, el argumento del Lcdo. Montañez

Delerme era que éste no era parte indispensable, por lo que

debía desestimarse la acción en su contra, como

eventualmente lo hizo el foro de instancia. Por lo tanto,

es un error de la Opinión entrar a dilucidar si procedía

que se relevara la sentencia parcial dictada por ausencia

de parte indispensable, pues al dictarse la misma, estaban

todas las partes en el pleito, indispensables y

permisibles. No se alegó que en la sentencia parcial

estuviese ausente alguna de las partes. Igualmente, no

existía peligro alguno de que la sentencia parcial dictada

por el foro de instancia, solicitada por el mismo Lcdo.

Montañez Delerme, le violara el debido proceso a éste como

parece entender la mayoría, no porque éste no fuera parte

indispensable, sino porque éste no estaba ausente del

pleito al momento de dictarse la misma. CC-2008-130 6

No existiendo falta de parte en relación con la

sentencia cuyo relevo se solicitó, es superflua toda la

discusión que esboza la Opinión sobre parte indispensable y

el relevo de una sentencia por nulidad de ésta bajo el

inciso cuatro (4) de la regla 49.2 de Procedimiento Civil.

El inciso cuatro (4) de la regla 49.2 está diseñado para

relevar una sentencia nula por cualquier motivo, siempre

que la misma se presente dentro del término fatal de seis

(6) meses. Banco Santander de P.R. v. Fajardo Farms Corp.,

141 D.P.R. 237 (1996). Siendo nula una sentencia dictada

en ausencia de parte indispensable, como expresamos

anteriormente, es evidente que, por operación mecánica de

las Reglas de Procedimiento Civil, el inciso (4) de la

regla 49.2 está disponible para relevar una sentencia con

dicho defecto.22

Si lo que le preocupaba a la mayoría era el efecto de

la desestimación del pleito en contra del Lcdo. Montañez

Delerme en la sentencia que eventualmente recaiga en la

acción de nulidad de los testamentos, entonces no se

trataba de examinar la nulidad de la sentencia parcial

desestimatoria por falta de parte indispensable, sino

22 Además, cuando nos enfrentamos a un planteamiento de ausencia de parte indispensable en relación con una controversia que ha sido adjudicada debe determinarse, primeramente, si hubo una parte ausente y si ésta era indispensable para la adjudicación del asunto para luego examinar si determinado mecanismo es adecuado para corregir dicha anomalía. La Opinión del Tribunal realiza un análisis inverso, pues primero resuelve que el mecanismo bajo la regla 49.2 de relevo de sentencia es el adecuado para relevar una sentencia nula, para luego resolver, conforme a la jurisprudencia del Tribunal, que el Lcdo. Montañez Delerme no era parte indispensable. CC-2008-130 7

preguntarse si existía “cualquier otra razón que justifique

la concesión de un remedio contra los efectos de una

sentencia” según lo establece el inciso seis (6) de la

regla 49.2. Entonces el asunto planteado sería si el

mecanismo de la regla 49.2 está disponible para dejar sin

efecto una sentencia parcial mediante la cual se excluye

del proceso a una parte indispensable.

Así entendida la controversia, el análisis adecuado

era examinar, primeramente, si se excluyó a una parte

indispensable para luego resolver si la regla 49.2 es el

mecanismo adecuado para dejar sin efecto tal determinación.

No obstante, puesto que ya este Tribunal, como reconoce la

Opinión, ha resuelto que un Notario no es parte

indispensable en la acción de nulidad de un testamento que

autorice, entonces es forzoso concluir que tampoco existía

razón alguna que justificara el relevo de la sentencia

parcial.

En suma, soy del criterio que este caso pudo haberse

resuelto a través de una sentencia. Sólo teníamos que

revisar la corrección de la determinación del Tribunal de

Apelaciones de revocar al Tribunal de Primera Instancia al

denegar la moción de relevo. No existe duda de que el foro

de instancia actuó correctamente, pues la presentación del

relevo de la sentencia parcial por parte de los demandantes

fue utilizada como sustituto de los procedimientos

apelativos correspondientes, en abierta contravención con

nuestros precedentes y con el espíritu y funcionalidad de

la regla 49.2. El análisis de la mayoría, además de ser CC-2008-130 8

innecesario, es errado a la luz de los fundamentos

expuestos anteriormente. No obstante, concurro con el

resultado de la Opinión del Tribunal por ser correcto al

revocar al Tribunal de Apelaciones.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada