El Pueblo v. Lugo López

2024 TSPR 83

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: July 31, 2024
• Docket: CC-2023-0109
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario Certiorari

v. 2024 TSPR 83

José Lugo López 214 DPR ___

Recurrido

Número del Caso: CC-2023-0109

Fecha: 31 de julio de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel VIII

Oficina del Procurador General:

Hon. Fernando Figueroa Santiago Procurador General

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández Subprocuradora General

Lcdo. Omar Andino Figueroa Subprocurador General

Lcdo. Emmanuel Torres Rosario Procurador General Auxiliar

Representante legal de la parte recurrida:

Lcda. Ana María Strubbe Ramírez

Materia: Procedimiento Criminal y Derecho Probatorio – Los foros primarios, confrontados con una solicitud para que el testimonio de una persona sea prescindido y sustituido por motivo de enfermedad o impedimento físico o mental, deberá ponderar la prueba contemporánea a la condición del otrora testigo para determinar si existe una probabilidad de que esa persona pueda comparecer a testificar en un futuro previsible.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Peticionario v. CC-2023-0109 Certiorari José Lugo López Recurrido

El Juez Asociado señor Rivera García emitió la Opinión del Tribunal

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2024.

El recurso ante nos exige la mayor sensibilidad

para su resolución pues requiere necesariamente sopesar

dos intereses cardinales en la tramitación de los

encausamientos criminales. A saber, el derecho de un

ciudadano a confrontar a quienes le acusen de la

comisión de un delito y, por otro lado, el importante

interés de reivindicar la dignidad de las víctimas de

los repugnantes delitos contra la indemnidad sexual.

En este contexto, nos encontramos ante un proceso

judicial donde la víctima es una menor de edad, quien ha

encontrado severas dificultades a la hora de poder

declarar contra el acusado, su propio padre. Así las

cosas, debemos balancear el petitorio del Ministerio

Público, para que se le exima de tener que presentar a

la menor L.M.L.A. como testigo de cargo en el juicio en

su fondo, con el derecho del acusado a poder

confrontarla, aunque fuere bajo el sistema de circuito

cerrado. CC-2023-0109 2

Tras ponderar el derecho aplicable, y en el deseo

de proveer un remedio práctico y justiciero, revocamos

el curso de acción adoptado por los foros inferiores y

devolvemos el pleito al Tribunal de Primera Instancia

para la celebración de una nueva vista de necesidad.

Allí, el Ministerio Público vendría llamado a presentar

prueba pertinente sobre la condición al presente de

L.M.L.A., con el fin de sustentar su solicitud.

Conscientes de que en nuestra jurisdicción la

interpretación de estas normas no había tenido el

beneficio de un examen jurisprudencial, procedemos a

exponer las pautas probatorias y adjudicativas que deben

seguir los tribunales primarios al momento de ponderar

una solicitud de declaración de no disponibilidad por

motivos de enfermedad o impedimento físico o mental, de

conformidad con la Regla 806(A)(4) de Evidencia, infra.

Consecuentemente, resolvemos que los foros

primarios, confrontados con una solicitud para que el

testimonio de cierta persona sea prescindido y

sustituido por motivo de enfermedad o impedimento físico

o mental, deberá ponderar la prueba contemporánea a la

condición del otrora testigo y en virtud de ella

determinar si existe una probabilidad de que esa persona

pueda comparecer a testificar en un futuro previsible.

Descargado este ejercicio, el juzgador de

instancia, armado con el beneficio que indudablemente le

concede la apreciación de la prueba desfilada, y en el

sano de uso discreción, deberá tomar las medidas CC-2023-0109 3

necesarias para atender la situación, de haber sido

probada, lo cual pudiese conducir a una determinación de

no disponibilidad o el ejercicio de otras medidas

cautelares, como la posposición del proceso judicial.

Veamos a continuación los fundamentos que motivan

nuestra determinación.

I

Este recurso tiene su origen en dos Denuncias

presentadas el 25 de enero de 2017 contra el Sr. José

Lugo López (señor Lugo López o recurrido). La primera,

por infracción al Art. 131 del Código Penal sobre

Incesto, y la segunda, por infracción al Art. 133 (A)

del Código Penal sobre Actos Lascivos, en su modalidad

donde la víctima es menor de dieciséis años.

En apretada síntesis, los hechos que motivaron este

encausamiento involucran un alegado patrón de actos

sexuales por parte del señor Lugo López hacia su hija

menor de edad, L.M.L.A. Según surge de las Denuncias que

obran en los autos, dichos actos fueron repetidos en

varias ocasiones.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia

celebró la Vista Preliminar contra el recurrido los días

1 de febrero de 2018 y 14 de marzo de 2018. Consta de

los autos que en dichas vistas la menor L.M.L.A. prestó

su testimonio mediante el mecanismo del circuito CC-2023-0109 4

cerrado.1 Además, debemos destacar que de la regrabación

de dichas vistas surgen múltiples ocasiones en las

cuales L.M.L.A. sufrió ataques de llanto y a

consecuencia de ellos se detuvo momentáneamente su

testimonio.2

Celebradas las vistas correspondientes, el foro

primario determinó causa para juicio por ambos delitos

imputados y se presentaron las correspondientes

Acusaciones. Transcurridos varios años, el 29 de marzo

de 2022, dio comienzo el juicio en su fondo.

No obstante, iniciado el interrogatorio de

L.M.L.A., esta irrumpió en llanto y se vio

imposibilitada de declarar. Posteriormente, fue

acompañada al baño por la Técnica de Asistencia a

Víctimas y Testigos y allí se desmayó, quedando

inconsciente. Por esto, fue trasladada al Hospital San

Antonio en Mayagüez y posteriormente al Hospital Metro

Pavía de Cabo Rojo, en donde se le realizó una

evaluación psiquiátrica.

Ocurrido esto, el 31 de marzo de 2022, la Fiscalía

presentó una Moción Informativa y en Solicitud de

Sustitución de Testimonio que fue el detonante para la

1 La utilización del circuito cerrado fue impugnada sin éxito

por la defensa del recurrido ante el Tribunal de Apelaciones. La determinación del foro intermedio constituye una final, firme y fuera del alcance de este recurso. Véase, Pueblo v. Lugo López, KLCE-2017-00798, KLCE-2017-00831. 2 Dadas las múltiples ocasiones en las que esto ocurrió, remitimos al lector al expediente, donde obran las regrabaciones correspondientes. Véase, Regrabación Vista de: 1 de febrero de 2018, Apéndice del Certiorari, pág. 48; Regrabación Vista de: 14 de marzo de 2018, Apéndice del Certiorari, pág. 49. CC-2023-0109 5

controversia particular que hoy consideramos. Tras

consultar con el facultativo que atendió a la menor en

el Hospital San Antonio, este le recomendó al Ministerio

Público “que no debe continuar declarando, para

salvaguardar su integridad emocional y física”.3 En ese

momento, la solicitud estuvo acompañada de una carta

suscrita por la Sra. Marieli Dávila Pérez, Trabajadora

Social del Hospital San Antonio y otra por el Dr. Jaime

Viqueira Mariani, pediatra que atendió a L.M.L.A.

Por estos motivos, la Fiscalía solicitó que se

sustituyera su testimonio en el juicio con aquel vertido

el 1 de febrero de 2018 en la vista preliminar. Amparó

su solicitud expresamente en la Regla 806 de Evidencia,

infra, en virtud de la cual adujo que el testimonio

previo fue sujeto a contrainterrogatorio de la defensa y

expresó que este se encontraba grabado y disponible.4

Transcurridos casi tres meses desde el evento

traumático, el 21 de junio de 2022, el Tribunal de

Primera Instancia atendió la solicitud del Ministerio

Público y celebró una vista de necesidad conforme a la

Regla 109(A) de Evidencia, infra. Allí, el Ministerio

Público presentó el testimonio de la Dra. Stephanie

Aguilar Zapata, psiquiatra del Hospital Metropolitano en

Cabo Rojo quien evaluó a L.M.L.A. para admisión el 1 de

3 Moción Informativa y en Solicitud de Sustitución de Testimonio, Apéndice del Certiorari, pág. 57. 4 Íd., pág. 58. CC-2023-0109 6

abril de 2022.5 Además, se presentó el testimonio del

Dr. Luis Pérez Tijerina, médico generalista quien

declaró que atendió a la menor el 31 de marzo de 2022 y

desconocía cuándo fue dada de alta.6 Por último, declaró

el Dr. Alexander Joseph Arce González, psicólogo clínico

que evaluó a la menor el 1 de abril de 2022 y expresó su

opinión sobre el estado de la menor a esa fecha.7

Al concluir la vista, el foro primario les concedió

a las partes un término para que fijaran por escrito su

posición sobre la petición del Ministerio Público. En

apretada síntesis, el Ministerio Público solicitó la

determinación de no disponibilidad, pero argumentó que

este es un caso distinguible de aquellos en los cuales

un testigo resulta no disponible por el hecho de no

haber comparecido al tribunal en etapa de juicio. Según

adujo, el Ministerio Público

realiz‫ؚ‬ ó todas las gestiones afirmativas y de buena fe para coordinar su viaje y comparecencia al Tribunal. La menor [L.M.L.A.] víctima de delito sexual, vive en los Estados Unidos y [E]stado mediante el Programa de Asistencia a Víctimas y [T]estigos del Departamento de Justicia y en cumplimiento con la [C]arta de [D]erechos de las [V]íctimas y [T]estigos ha cumplido con su deber de ofrecer la asistencia que ella ha necesitado mientras está en nuestra jurisdicción.8 (Negrillas suplidas).

Por su parte la defensa adujo en su Moción en

Cumplimiento de Orden que

5 Resolución del 5 de agosto de 2022, Apéndice del Certiorari, pág. 98. 6 Íd., pág. 100. 7 Íd. 8 Moción en Cumplimiento de Orden del Ministerio Público,

Apéndice del Certiorari, pág. 78. CC-2023-0109 7

el Ministerio Público no estableció que al presente la testigo L.[M.]L.A. presenta un impedimento mental permanente que la convierta en una testigo incapaz de declarar en el proceso judicial. Además de no haber establecido la imposibilidad mental en estos momentos, el Ministerio Público tampoco ha demostrado que ha desplegado todos los esfuerzos razonable[s] para poder lograr que la testigo L.[M.]L.A. sea una testigo disponible conforme definen las Reglas de Evidencia.9 (Negrillas suplidas).

emitió una Resolución en la cual proveyó no ha lugar a

la solicitud del Ministerio Público. Destacó, que

conforme al derecho imperante debía resolver “si el

Estado logró probar con evidencia sustancial que agotó

los esfuerzos razonables de buena fe para demostrar que

la testigo al momento actual se encuentra no disponible

para prestar testimonio bajo circuito cerrado, o si lo

estará en un futuro razonable”.10 (Negrillas en el

original).

En ese sentido, concluyó que cuando L.M.L.A.

declaró exitosamente en la Vista Preliminar había tenido

preparación previa, la cual no surge que haya sido

provista previo al juicio.11 Tampoco se probó su

diagnóstico actual ni que esta hubiese recibido

tratamiento psiquiátrico y psicológico adicional.12

Tras no lograr que el Tribunal de Primera Instancia

reconsiderara su determinación, el Estado, por conducto

de la Oficina del Procurador General, recurrió en

9 Moción en Cumplimiento de Orden de la Defensa, Apéndice del Certiorari, págs. 81-82. 10 Resolución del 5 de agosto de 2022, Apéndice del Certiorari, pág. 111. 11 Íd., pág. 112. 12 Íd., pág. 113. CC-2023-0109 8

Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Atendidas

las posturas de las partes, el foro intermedio expidió

el auto y confirmó la decisión recurrida.

A su entender, “el Estado no aportó evidencia

actualizada alguna que permitiera resolver que, al

momento, o en un futuro razonable o prudente, la

indisponibilidad aducida habría de impedir la

participación efectiva de la menor [L.M.L.A.] como

testigo de cargo”.13 Pesó sobre el tribunal a quo la

ausencia de preparación terapéutica a L.M.L.A. previo a

su testimonio en el juicio en su fondo, razón por la

cual ordenó al Ministerio Público a ofrecerle

tratamiento psicológico previo a reanudar el juicio en

su fondo.14

Insatisfecho, el Estado solicitó reconsideración

sin éxito. Así las cosas, compareció ante nos mediante

petición de Certiorari y señaló los siguientes errores:

PRIMER ERROR: Los foros recurridos erraron al exigir el cumplimiento de requisitos que la Regla 806(A)(4) y (B)(1) de Evidencia no establecen para que una persona sea declarada como no disponible por razón de enfermedad o impedimento mental. SEGUNDO ERROR: Los tribunales inferiores incidieron al no declarar a la menor LMLA como testigo no disponible y admitir su testimonio anterior, de conformidad con las Reglas 806(A)(4) y (B)(1) de las Reglas de Evidencia, aun cuando El Pueblo estableció satisfactoriamente que, a raíz del episodio traumático que sufrió el 29 de marzo de 2022,

13 Resolución del 12 de diciembre de 2022, Apéndice del Certiorari, pág. 189. Dado que la determinación del Tribunal de Apelaciones confirmó en sus méritos un dictamen del Tribunal de Primera Instancia, esta, en realidad, es una Sentencia y no una Resolución. 14 Íd., pág. 192. CC-2023-0109 9

esta estaba imposibilitada de declarar en el juicio por razón de enfermedad o impedimento mental, según constatado por los facultativos médicos que le brindaron tratamiento.

Atendido el recurso, el 30 de junio de 2023

expedimos el auto en reconsideración. Contando con la

comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II

A. Derecho constitucional a la confrontación

Una de las garantías fundamentales que asegura

nuestro ordenamiento constitucional es el derecho de un

acusado de confrontar o carearse con quienes le señalen

como partícipe en la comisión de un acto delictivo. De

este modo, nuestra Carta Magna dispone que en todos los

procesos criminales el acusado disfrutará del derecho “a

carearse con los testigos de cargo”.15 Igual disposición

surge de la Constitución federal.16

Las controversias que han surgido en los ámbitos

federales y estatales se circunscriben esencialmente a

los tres matices que surgen de esta garantía

constitucional. A saber, (1) el derecho del acusado de

confrontar cara a cara los testigos adversos, (2) el

derecho a contrainterrogarlos y, por último, (3) el

derecho a que se excluya la prueba de referencia que el

Ministerio Público intente presentar en su contra.17

15 Const. P.R., Art. II, Sec. 11. 16 Const. E.U., Enmd. VI. 17 Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262, 270 (2016). Véase

también, E. Chiesa Aponte, Procedimiento criminal y la Constitución: Etapa adjudicativa, 1a ed., San Juan, Ed. SITUM, 2018, págs. 62-63. CC-2023-0109 10

Ahora bien, es norma reiterada que el derecho a la

confrontación no es una garantía absoluta e insuperable.

Así, hemos resuelto que “en algunas instancias, el

derecho del acusado a carearse y contrainterrogar a los

testigos de cargo habrá de ceder ante la admisibilidad

de cierta prueba de referencia, sin que ello implique

una violación constitucional”.18 Esto requerirá, como

hemos de explicar en el próximo acápite, una

reconciliación del derecho a la confrontación con las

disposiciones particulares que rigen los procedimientos

judiciales de conformidad con las Reglas de Evidencia.

Ubicados de esta manera, debemos reconocer que la

mayor parte de las controversias que han surgido bajo el

derecho a la confrontación provienen, por un lado, de la

posibilidad que el testimonio contra el acusado sea

provisto por alguien que no se encuentra físicamente en

la misma sala del tribunal. Por otro lado, existe una

retahíla de casos que abordan el aspecto de la

admisibilidad constitucional del testimonio de una

persona que ni siquiera se encuentra presente en un

tribunal y sujeto a contrainterrogatorio. Veamos.

En primer lugar, la validación de un testimonio que

se provea en un lugar distinto a la sala donde se

encuentra el acusado tiene amplio apoyo en la casuística

federal y estatal. Nos referimos concretamente al uso de

los mecanismos del circuito cerrado y la

videoconferencia para recibir el testimonio de una

18 Pueblo v. Pérez Santos, supra, pág. 270. CC-2023-0109 11

persona que por motivo de diversas circunstancias no

puede declarar cabalmente estando en el mismo recinto

que el acusado.19

Sabido es, que el uso del circuito cerrado ha sido

reconocido en situaciones donde el testigo es un menor o

una víctima de agresión sexual, aunque sujeto al crisol

de que se haya probado la necesidad de valerse de este

método alterno.20 Aquí, la utilización del circuito

cerrado constituye una determinación final y firme que

no está en controversia.

Por otra parte, la doctrina recoge el escrutinio

que ha de ser empleado cuando la controversia comprende

una interrogante sobre la admisión de prueba de

referencia contra un acusado. Necesariamente, esto nos

dirige al caso normativo, Crawford v. Washington, 541 US

36 (2004).

Sin abundar más allá de lo necesario, sabemos que

la metodología allí adoptada por el Máximo Foro federal

y reiterada en nuestra jurisdicción en Pueblo v.

Guerrido López, 179 DPR 950 (2010), reconoce que la

admisión de declaraciones constitutivas de prueba de

referencia queda reñida con el ordenamiento

constitucional cuando lo enunciado constituye una

expresión testimonial.

19Véanse, Maryland v. Craig, 497 US 836 (1990); Pueblo v. Cruz Rosario, 204 DPR 1040 (2020). 20 En nuestra jurisdicción el mecanismo del circuito cerrado

fue reconocido estatutariamente en la Regla 131.1 de Procedimiento Criminal, 34A LPRA Ap. I. CC-2023-0109 12

En lo pertinente, la normativa de Crawford y su

progenie exige determinar, primeramente, si estamos ante

una declaración testimonial. La naturaleza testimonial

de una declaración proviene de si su propósito primario

“era crear un sustituto extrajudicial para el testimonio

que se ofrecería en corte”.21

Cónsono con ello, si la declaración fuera

testimonial, procede examinar (1) si el testigo no está

disponible y (2) si hubo ocasión previa para someterlo a

un contrainterrogatorio.22 Satisfechos estos pasos,

procedería la admisión de prueba de referencia contra un

acusado sin que esto implique una violación

constitucional y sujeto, únicamente, al cumplimiento con

los requisitos que emanan del ordenamiento probatorio

estatal.23 Veamos a continuación.

B. Prueba de referencia y la Regla 806 de Evidencia

Es harto conocido que la prueba de referencia

constituye una “declaración que no sea la que la persona

declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en

evidencia para probar la verdad de lo aseverado”.24

Precisamente por los peligros que entraña la admisión de

una evidencia proveniente de un declarante a quien la

parte contra quien se ofrece la declaración no ha

Pueblo v. Pérez Santos, supra, pág. 271. Véase también, 21

Michigan v. Bryant, 562 US 344 (2011). 22 Crawford v. Washington, supra, pág. 68; Pueblo v. Guerrido

López, supra, pág. 967. 23 Pueblo v. Pérez Santos, supra, pág. 271. 24 Regla 801 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. CC-2023-0109 13

confrontado ni contrainterrogado,25 la Regla 804 de

Evidencia reconoce una prohibición general a la prueba

de referencia,26 salvo unas exclusiones o excepciones

particularmente definidas.27

Ahora bien, la problemática relación de la prueba

de referencia con el derecho constitucional a la

confrontación en los casos criminales proviene

directamente de la naturaleza de un testimonio que

contiene dentro de sí una declaración emitida por

alguien que no está presente para ser confrontado y

contrainterrogado por el acusado o su defensa. Según

examinamos previamente, el crisol constitucional exige

que cualquier intento de admitir prueba de referencia

contra un acusado, de naturaleza testimonial, precisa

dos determinaciones, (1) la no disponibilidad del

testigo y (2) una oportunidad previa de haberle

contrainterrogado.

Cónsono con estos exigentes requisitos, nuestras

Reglas de Evidencia instrumentan y delimitan las

instancias en las cuales puede admitirse una declaración

constitutiva de prueba de referencia por motivo de la

ausencia o no disponibilidad del testigo.28 De este

modo, la Regla 806 (A), supra, de Evidencia reconoce

25 E. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia comentadas, 1a ed.,

San Juan, Ed. SITUM, 2016, pág. 282. 26 Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. (“Salvo que de otra

manera se disponga por ley, no será admisible prueba de referencia, sino de conformidad con lo dispuesto en este capítulo.”) 27 Véanse, las Reglas 802-03, 805-06 de Evidencia, 4 LPRA Ap.

VI. 28 Regla 806 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. CC-2023-0109 14

cuatro excepciones a la regla general que excluye a la

prueba de referencia. Distinto a las excepciones que

surgen de la Regla 805 de Evidencia, permitidas

indistintamente de si el declarante está disponible para

testificar o no, las excepciones de la Regla 806 (A) de

Evidencia requieren, como condición para su

aplicabilidad, que el otrora testigo no se encuentre

disponible para testificar.29

i. La Regla 806(A)(4) de Evidencia y su interpretación

En lo aquí pertinente, la Regla 806 (A) (4)

reconoce un fundamento de no disponibilidad cuando la

persona testigo “al momento del juicio o vista, ha

fallecido o está imposibilitada de comparecer a

testificar por razón de enfermedad o impedimento mental

o físico”.30 (Negrillas y subrayado suplidos).

Ahora bien, tenemos que reconocer que esta

iteración de la no disponibilidad no ha sido objeto de

un examen detenido por parte de este Tribunal. Con el

fin de elaborar el caudal jurídico que motiva nuestra

determinación, exponemos a continuación ciertos

comentarios doctrinales que se han afirmado sobre la no

disponibilidad por motivos de enfermedad o impedimento,

bien sea físico o mental y, a su vez, recordar la

normativa que ha regido en los casos clásicos de

indisponibilidad por motivo de ausencia. Veamos.

29 Íd. 30 Íd. CC-2023-0109 15

Según nos indica el profesor Ernesto Chiesa Aponte,

esta instancia se manifiesta cuando la salud del testigo

“está tan deteriorada que no podrá comparecer en un

futuro previsible”.31 Además, el tratadista nos advierte

que si se trata de un testimonio importante “el tribunal

no debe tomar livianamente la determinación de que el

declarante no está disponible para testificar. Podría

posponer la vista o dejar para el final su testimonio.

Hay que tener especial cautela cuando se trata de un

testigo de cargo”.32 (Negrillas suplidas). No obstante,

“si es manifiesta la improbabilidad de que el testigo

pueda comparecer en un futuro razonable, debe hacerse la

determinación de no disponibilidad”.33 (Negrillas

suplidas).

Añadido a lo anterior, el profesor Chiesa Aponte

sugiere ciertos factores que podrían auxiliar al

tribunal a la hora de considerar la determinación de no

disponibilidad. Así, indica que se debe considerar “la

gravedad de la condición del declarante, la importancia

de su testimonio y la probabilidad de que la condición

del declarante mejore en un futuro, que le permita

entonces comparecer a testificar”.34 (Negrillas

suplidas). Nuevamente, reitera la envergadura de estas

decisiones cuando estamos ante un testigo de cargo cuyas

31 E. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia comentadas, op. cit.,

pág. 325. 32 Íd. 33 Íd. 34 E. Chiesa Aponte, Compendio de evidencia (En el sistema

adversarial), 1 ed., Ciudad de México, Ed. Tirant Lo Blanch, 2021, pág. 380. CC-2023-0109 16

declaraciones sean de carácter testimonial.35 Huelga

aclarar, que, si existe un testimonio anterior sujeto a

contrainterrogatorio, cualquier problema de

confrontación se desvanece, aunque la defensa pudiese

insistir en una posposición si estamos ante un escenario

donde la recuperación sea posible.36

Por otro lado, el profesor Enrique Vélez Rodríguez

nos recuerda que las situaciones que pueden manifestarse

bajo esta causal de la Regla 806 de Evidencia son

variadas y heterogéneas lo que aconseja “una

adjudicación con arreglo a los méritos de la situación

particular, incluida la de ejercer aquellas opciones que

permitan la prestación del testimonio en vivo”.37

(Negrillas suplidas). En sintonía con lo aseverado por

el profesor Chiesa Aponte, el profesor Vélez Rodríguez

afirma que deben considerarse criterios como “la

condición, duración y la gravedad de la enfermedad”.38

(Énfasis en el original). Ademas, y en lo extremo

pertinente, este resalta la particular dificultad que

presentan los casos donde el impedimento es mental, pues

la incertidumbre es aún mayor y existe la posibilidad de

que el acto de testificar sea nocivo para el

declarante.39 (Negrillas suplidas).

No obstante, advierte que la temporalidad o

permanencia del impedimento debe guiar al tribunal en su

35Íd. 36Íd. 37 E. Vélez Rodríguez, La prueba de referencia y sus excepciones, Ed. Rev., San Juan, Ed. InterJuris, 2018, pág. 265. 38 Íd. 39 Íd. CC-2023-0109 17

determinación. Para ello, sugiere que, si la enfermedad

o impedimento es temporal, la suspensión o transferencia

de la vista pudiese ser aconsejable.40 En caso de que la

indisponibilidad fuera mayor, pero no permanente, han de

considerarse factores como el tiempo de recuperación, la

importancia del testimonio y el interés en la pronta

disposición del caso.41 Importantemente, el profesor

Vélez Rodríguez cita al tratadista Weinstein, quien

afirma que este tipo de cuestiones deben ser objeto de

examen en una vista con antelación al juicio,

preferiblemente antes de seleccionar el jurado.42 Esto,

como hemos de resaltar, resulta cónsono con la práctica

asentada en nuestra jurisdicción de celebrar vistas de

necesidad para disponer de tales solicitudes.

ii. Jurisprudencia sobre otros supuestos de no disponibilidad

Por otra parte, y como anticipamos, no pasamos por

alto que la jurisprudencia de este Tribunal sí ha

desarrollado cabalmente los contornos de una

determinación de no disponibilidad cuando el fundamento

proviene de la ausencia del testigo. De este modo, bien

sea porque este se encuentra fuera de la jurisdicción,

se ausente voluntariamente pese haber sido citado o

sencillamente no puede ser encontrado, nuestra doctrina

ha reconocido un deber del Ministerio Público, o el

proponente de un testigo, de procurar la asistencia de

esa persona mediante gestiones de buena fe. 40 Íd. 41 Íd., pág. 266. 42 Íd. CC-2023-0109 18

Esto, con el fin de disuadir la práctica indeseable

de que se procure adrede la ausencia de un testigo con

el fin de evitar el presunto revés que traería con sí un

testimonio débil. Precisamente por ello, la propia Regla

806(A) de Evidencia hace una aclaración general a los

fines de que una persona no se entenderá no disponible

“si ello ha sido motivado por la gestión o conducta de

quien propone la declaración con el propósito de evitar

que la persona declarante comparezca o testifique”.43

Conforme a ello, existen múltiples casos en los

cuales hemos reiterado que “la determinación de

indisponibilidad está sujeta a demostrar que el

proponente ha efectuado un esfuerzo razonable para

lograr la presencia del testigo en el juicio”.44

(Negrillas suplidas). Ello implica probar que se

desplegó la debida diligencia para encontrar y citar al

testigo mediante medios razonables.45 En el contexto de

un caso criminal, el requisito siempre ha sido que el

Fiscal pruebe “las gestiones infructuosas realizadas”

para localizar el testigo.46

Merece apuntalar que lo anterior surge de la

doctrina constitucional esbozada por el Tribunal Supremo

federal en Barber v. Page, 390 US 719 (1968). Allí, ese

Tribunal afirmó la norma siguiente: “In short, a witness

is not ‘unavailable’ for purposes of the foregoing

exception to the confrontation requirement unless the

43 Regla 806 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 44 Nieves López v. Rexach Bonet, 124 DPR 427, 434 (1989). 45 Íd. 46 Pueblo v. Pellot Pérez, 121 DPR 791, 797 (1988). CC-2023-0109 19

prosecutorial authorities have made a good-faith effort

to obtain his presence at trial”.47 (Negrillas

suplidas). Además, en años recientes el Máximo Foro

federal fue más allá y recabó que la exigencia de

gestiones de buena fe no exige agotar todas las avenidas

posibles.48

C. Vista de necesidad conforme a la Regla 109 (A) de Evidencia

Finalmente, reiteramos que la vista de necesidad es

un mecanismo que reconoce nuestro ordenamiento con el

fin de que el tribunal pueda disponer de una

controversia sobre la admisibilidad de una prueba, la

capacidad de un testigo o la existencia de un privilegio

evidenciario.49 Dicha vista facilita el que estos

asuntos puedan ser atendidos sin obstruir el flujo de un

juicio en su fondo. Constituye, además, una instancia

del procedimiento criminal en las cuales el jurado, de

existirlo, no interviene en la determinación a tomar.50

Recae exclusivamente en el juez o jueza la ponderación

de los elementos conducentes a demostrar si cierta

prueba puede o no ser admitida como evidencia.51

Recordemos, que la vista de necesidad es

precisamente el mecanismo que se ha validado en nuestro

ordenamiento para atender situaciones donde se pretende

47Barber v. Page, 390 US 719, 724-25 (1968). 48Hardy v. Cross, 565 US 65, 71-72 (2011). 49 Regla 109(A) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 50 E. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, op. cit.,

pág. 44. 51 Íd. CC-2023-0109 20

admitir contra un acusado evidencia de otro modo

constitutiva de prueba de referencia.52

III

De entrada, el argumento central que nos trae el

Estado sugiere que, en este caso, donde los síntomas que

impiden el testimonio efectivo de la víctima son

atribuibles a un percance emocional, no es necesario

presentar prueba conducente a demostrar la

indisponibilidad de la testigo al momento de instar la

solicitud a esos efectos. No estamos de acuerdo.

Ciertamente, la Regla 806 (A)(4) de Evidencia,

supra, expresa con claridad que la no disponibilidad de

un testigo debe establecerse con relación al momento del

juicio o vista en el cual una parte de otro modo se

hubiese valido de su testimonio.

Colegimos, que para que el foro sentenciador pueda

llegar a una conclusión de esa naturaleza es

imprescindible que el Ministerio Público ⎯o el

proponente del testigo en otro contexto⎯ acredite

mediante prueba fehaciente los fundamentos por los

cuales la persona no se encuentra disponible en ese

momento y no lo estaría en el futuro cercano.

52 Véase, E. Chiesa Aponte, Procedimiento criminal y la Constitución: Etapa Adjudicativa, op cit., pág. 86. (“Para emplear estos procedimientos especiales que limitan el derecho a la confrontación es necesario que previamente el tribunal haga unas determinaciones específicas, caso a caso, sobre la necesidad de apartarse del modo usual de testificar frente al acusado.”). (Negrillas suplidas). CC-2023-0109 21

En un caso como el de autos, donde se trata de un

impedimento que surge del estado físico o anímico de la

persona testigo, nos parece altamente probable que esto

vaya a requerir la presentación de prueba pericial,

aunque ciertamente esto no es óbice para que el foro

primario pueda conocer de otra prueba que igualmente

asista en resolver el asunto. En cualquier caso, es pues

a través de esa prueba que el tribunal advendría en

conocimiento sobre la posibilidad de que esa persona

pueda recuperarse para comparecer a testificar.

Desde luego, nos referimos a un proceso hecho a la

medida toda vez que, por necesidad, los elementos a

considerar en cada caso serían distintos y sujetos a la

ponderación que haría el juzgador primario. Entre los

factores que el foro primario pudiese considerar a la

hora de decidir si en efecto se acreditó la no

disponibilidad estarían, entre otros: (1) la gravedad de

la condición, (2) la importancia del testimonio, (3) la

probabilidad de recuperación, (4) el potencial de que el

acto de testificar agrave la condición de la persona

testigo y (5) el perjuicio que pueda ocasionar la

dilación del proceso al acusado, por su derecho a un

juicio rápido, o en cualquier otro caso a la parte

afectada. Así las cosas, una vez el tribunal se

encuentre en posición de resolver la interrogante sobre

la indisposición, le restaría esgrimir los pasos a

seguir. CC-2023-0109 22

En esta coyuntura, reiteramos que la naturaleza sui

generis de cada caso no admitiría una sola solución.

Utilizando los contornos que aquí pautamos, el foro

primario tendrá que decidir entre las alternativas que

nuestro ordenamiento le reconoce para el manejo adecuado

del caso.

Si estimara que el impedimento sería pasajero, es

decir, que culminaría prontamente, entendemos que el

juzgador no tendría que acudir al remedio extremo de la

no disponibilidad, máxime en un caso donde el testigo en

cuestión es uno de cargo. Ahora bien, ciertamente la

situación resulta del todo distinta cuando la conclusión

que se deriva de la prueba desfilada es que el otrora

testigo no estaría disponible en un futuro razonable.

Es aquí donde la doctrina nos conduce a reconocer

que el foro primario tendría que determinar si el mejor

desenlace sería la determinación de no disponibilidad o,

si cabe la posibilidad de una eventual recuperación, el

uso de otras herramientas, como sería una posposición de

los procedimientos, sujeto a medidas cautelares para

cerciorarse de la condición del testigo. Ciertamente, en

la coyuntura de un caso criminal, nuestro ordenamiento

constitucional nos convida a pesar fuertemente la

garantía que tiene el acusado a un juicio rápido frente

a cualesquiera otras pretensiones, sin restarle

importancia a estas. CC-2023-0109 23

Atendidos estos planteamientos, y a manera de

resumen, reiteramos que la norma que aquí pautamos sería

aplicable en aquellos supuestos de no disponibilidad que

surgen bajo la Regla 806(A)(4) de Evidencia, supra, en

lo concerniente a los testigos no disponibles por razón

de enfermedad o de impedimento físico o mental.53

En consecuencia, resolvemos que el deber del

proponente, aquí el Ministerio Público, consiste en

hacer una solicitud de no disponibilidad que venga

acompañada con una prueba pericial o de otra naturaleza,

que permita al juzgador concluir sobre la no

disponibilidad en base a la condición en ese momento del

testigo.

Atendido esto y retornando al recurso que nos

ocupa, cabe preguntarnos, ¿tuvo ante sí el Tribunal de

Primera Instancia los elementos necesarios para hacer

una determinación bien fundada sobre el estado de

L.M.L.A. como testigo de cargo? Entendemos que no.

Sí sabemos que al momento de testificar ya había

una determinación previa de que el testimonio de

L.M.L.A. sería recibido mediante el mecanismo del

circuito cerrado. Igualmente, se desprende del récord

que L.M.L.A. pudo testificar exitosamente en la vista

53 Nótese, que la doctrina que ha sido citada en contraposición por el recurrido guarda una estrecha relación con aquellas instancias donde la no disponibilidad surge de la incomparecencia del testigo. No obstante, nos resulta forzoso diferenciar los supuestos de enfermedad o impedimento de una mera ausencia. Se trata de unas circunstancias en las cuales el testigo no se encuentra disponible por no comparecer o incluso estar desaparecido, lo que no es el caso aquí. CC-2023-0109 24

preliminar, si bien con la asistencia y tratamiento de

profesionales en la salud mental.

Sin embargo, pudimos apreciar que el estado

emocional que sobrevino a la menor se manifestó en

ocasión de esta intentar testificar al inicio del juicio

en su fondo contra el señor Lugo López, el 29 de marzo

de 2022. Aunque el Ministerio Público presentó su

solicitud de sustitución de testimonio el 31 de marzo de

2022 (dos días después del incidente) no es menos cierto

que la vista de necesidad fue celebrada por el foro

primario el 21 de junio de 2022, casi tres meses

después.

Así las cosas, el Ministerio Público compareció a

la vista utilizando el testimonio pericial del personal

que atendió a L.M.L.A. el mismo día que esta sufrió el

percance emocional. De este modo, el foro primario quedó

en la delicada posición de tener que disponer de la

solicitud de no disponibilidad sin poseer a su alcance

los elementos necesarios para ponderar el petitorio de

la Fiscalía. Como resultado, la determinación judicial

que inició este recurso fue el producto de un expediente

en el que estaba ausente la valiosa información sobre el

estado físico y mental ⎯ actual⎯ de la menor.

Recordemos, que no estamos ante un caso donde la no

disponibilidad de la testigo tendría unas consecuencias

leves sobre la persona objeto del testimonio. En

realidad, nos encontramos inmersos en un procedimiento CC-2023-0109 25

criminal, donde la consecuencia de una determinación

errónea pudiese resultar en la convicción injustificada

de una persona o, por el contrario, en la nefasta

impunidad de un delito.

Situaciones como estas exigen un riguroso balance

entre los intereses de la víctima y los del acusado. Lo

anterior, sin faltar a los valores constitucionales que

rigen nuestro ordenamiento garante de los derechos de un

acusado de delito.

Consecuentemente, en el ejercicio de nuestra

función revisora, colegimos que el curso de acción

adoptado en este pleito debe ser corregido para evitar

un fracaso a la justicia. Estamos convencidos, de que el

desenlace actual fuerza al tribunal y a las partes hacia

una disyuntiva innecesariamente extrema.

Por un lado, acceder al petitorio del Estado, bajo

los lineamientos que surgen de sus argumentos,

propiciaría una resbalosa tendencia a solicitar una

determinación de no disponibilidad sin contar con la

evidencia que demuestre que el impedimento se encuentra

latente al momento de la vista o juicio en el cual de

otro modo hubiese testificado la persona.

Lo anterior, en detrimento del derecho

constitucional al careo que posee el acusado y que no

puede ser soslayado livianamente en ausencia de

cumplimiento con las garantías constitucionales.

Ciertamente, bajo el crisol de la doctrina de Crawford, CC-2023-0109 26

de acreditarse adecuadamente la no disponibilidad, no

habría violación constitucional toda vez que existió una

oportunidad previa de contrainterrogar a la testigo.

Por otra parte, restringir a la Fiscalía sin darle

la oportunidad de presentar su solicitud con la

evidencia correcta pudiese tener un efecto nocivo sobre

la lucha contra el delito. En una situación como esta,

poseemos a nuestro haber mejores alternativas jurídicas.

Cónsono con lo resuelto anteriormente, disponemos

como remedio que el Tribunal de Primera Instancia

celebre nuevamente una vista de necesidad conforme a la

Regla 109(A) de Evidencia, supra.54 Al hacer esto, el

Ministerio Público, si en su discreción desea continuar

con el pedido de no disponibilidad, deberá acreditarle

al foro primario las razones por las cuales la testigo

L.M.L.A. no puede testificar cabalmente en el juicio en

su fondo. Lo anterior, valiéndose de la prueba

pertinente al estado físico y mental ⎯ actual⎯ de la

testigo. Descargada esa gestión, restaría que el foro

primario haga una determinación sobre la disponibilidad

de la testigo y, de ser necesario, disponga los pasos a

seguir de conformidad con lo aquí pautado.

IV

54 La orden emitida por el Tribunal de Apelaciones, a los

efectos de requerir que el Ministerio Público brinde a L.M.L.A. servicios psicológicos previo a reanudar el juicio, nos parece contraria a la discreción que debe caracterizar el manejo de su caso por parte del Ministerio Público. Por ello, prescindimos de ordenar un tratamiento particular, dejando en manos de la Fiscalía la determinación sobre cómo proceder bajo el marco aquí establecido. CC-2023-0109 27

Por los fundamentos consignados en la Opinión que

antecede, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal

de Apelaciones y en consecuencia se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para la celebración de una

nueva vista de necesidad. Allí, el Ministerio Público,

si en su discreción desea continuar con el pedido de no

disponibilidad de la testigo L.M.L.A., deberá acreditar

dicha condición al foro primario mediante aquella prueba

pertinente al estado físico y mental ⎯actual⎯ de la

testigo. Recibida la prueba, el foro primario deberá

resolver en consonancia con la aquí pautado.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Peticionario v. CC-2023-0109 Certiorari José Lugo López Recurrido

SENTENCIA

Por los fundamentos consignados en la Opinión que antecede, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y en consecuencia se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de una nueva vista de necesidad. Allí, el Ministerio Público, si en su discreción desea continuar con el pedido de no disponibilidad de la testigo L.M.L.A., deberá acreditar dicha condición al foro primario mediante aquella prueba pertinente al estado físico y mental ⎯ actual⎯ de la testigo. Recibida la prueba, el foro primario deberá resolver en consonancia con la aquí pautado.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión Disidente a la que se une el Juez Asociado señor Colón Pérez. El Juez Asociado señor Martínez Torres disiente y enuncia la expresión siguiente:

“Ante la ausencia de prejuicio, parcialidad, abuso de discreción o error manifiesto en la determinación emitida por el Tribunal de Apelaciones, considero innecesario intervenir con su dictamen. Recordemos que debemos guardar gran deferencia a las facultades discrecionales de los foros primarios y solamente intervenir cuando ello sea necesario para evitar un fracaso de la justicia. Véase, Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 417 (2014); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 212 (1990).

En el caso ante nos, la sentencia del Tribunal de Apelaciones es cónsona con la prueba desfilada en la vista de necesidad celebrada ante el foro primario, pues no se probó la concurrencia de una enfermedad o impedimento mental en el presente o futuro razonable que impidiera la participación de la CC-2023-0109 2

menor como testigo, según exige la Regla 806(A)(4) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Tal y como se desprende del expediente, los testigos utilizados por el Ministerio Público para sustentar la solicitud de que la menor fuera declarada testigo no disponible, a fin de poder utilizar el testimonio previamente vertido por esta en la vista preliminar, se centraron en el percance de salud ocurrido en marzo de 2022. Estos no aportaron prueba sobre la capacidad actual de L.M.L.A. para ser llamada como testigo de cargo de cara a la continuación del juicio en junio de 2022.

Por esta razón, considero que correspondía confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Igual que el foro primario, estimo que el Ministerio Público no cumplió con el peso de la prueba para establecer que, por razón de impedimento mental o físico presentes al día de hoy, la menor no está disponible para participar como testigo en el juicio que se ventila en contra del recurrido. De conformidad con la Ley para Establecer Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delitos, Ley Núm. 22 del 22 de abril de 1988, 25 LPRA sec. 973 et seq., el Ministerio Público podría asistir a L.M.L.A. a obtener el tratamiento psicológico que, de forma análoga a lo que ocurrió en la vista preliminar, le permita testificar nuevamente sin que ello represente un percance a su salud.

En fin, soy del criterio de que la orden trazada por el foro apelativo intermedio garantiza el debido proceso de ley a cada parte involucrada. Es decir, salvaguarda el bienestar emocional de la menor, así como el derecho de todo acusado a confrontar a testigos adversos. Por eso, no me parece que este sea el caso idóneo para pautar los criterios que una mayoría pretende adoptar por la fuerza. Opino que es inmeritorio inmiscuirnos en el curso de acción adoptado, mucho menos para brindarle un segundo turno al bate al Ministerio Público para que rectifique sus acciones y produzca la evidencia que no fue capaz de presentar en el pasado. Por los fundamentos expuestos, disiento respetuosamente.”

Javier O. Sepúlveda Rodriguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario

v. CC-2023-0109

José Lugo López

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió una Opinión disidente a la cual se unió el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ

Hoy, en un acto que describe como un balance de

intereses adecuado, una mayoría de este Tribunal

permite que la menor L.M.L.A. atraviese, nuevamente,

los obstáculos incontables que ya ha enfrentado al

estar sujeta a un procedimiento judicial que ha

resultado ser en extremo revictimizante. Esto, a

pesar de que de la prueba vertida en la vista de

necesidad ya celebrada surge con meridiana claridad

que ella no está disponible para testificar al amparo

de la Regla 806(A)(4) de las Reglas de Evidencia,

infra.

Mis compañeros y compañera de estrado, bajo

el pretexto de tratar esta controversia con la mayor CC-2023-0109 2

sensibilidad para así armonizar los intereses envueltos,

conceden un remedio que tiene el efecto contrario. En el

contexto particular de este caso, es insensible e indigno

continuar exponiendo a la menor L.M.L.A. a un procedimiento

judicial que supone revivir uno de los traumas más terribles

que un ser humano puede vivir. Para disponer de este asunto

con sensibilidad genuina, era necesario comprender la

naturaleza de los sucesos que atravesó la menor L.M.L.A., de

modo que pudiéramos palpar el dolor que sin lugar a duda le

incapacita de continuar su participación.

Una aplicación concienzuda del derecho aplicable y de

los criterios que se pautan en la opinión mayoritaria a la

situación fáctica ante nos debió llevar a un resultado

distinto. El verdadero balance de los intereses que están en

controversia requería que se admitiera el testimonio

anterior de la menor L.M.L.A., ante su no disponibilidad por

razón de enfermedad o impedimento mental. Por esta razón,

disiento.

El 5 de abril de 2018 el Ministerio Público presentó

dos denuncias contra el Sr. José Lugo López (señor Lugo López

o recurrido) por infringir el Artículo 131 y el Artículo 133

(A) del Código Penal de 2012, sobre incesto, 33 LPRA sec.

5192, y sobre actos lascivos, cuando la víctima era menor de

dieciséis años, 33 LPRA sec. 5194, respectivamente. Esto,

por hechos presuntamente acaecidos entre el 2013 y el 2015 CC-2023-0109 3

contra su hija biológica, la menor L.M.L.A.1

Tras la vista de necesidad correspondiente, se permitió

que la menor testificara en la vista preliminar ⎯que se

celebró el 1 de febrero de 2018 y el 14 de marzo de 2018⎯

mediante el sistema de circuito cerrado.2 Para ese momento,

la menor L.M.L.A. contaba con solo nueve años de edad. A lo

largo de su testimonio, el tribunal tuvo que decretar varios

recesos para permitirle a la menor L.M.L.A. recomponerse

tras estallar en llanto al relatar sus vivencias. A pesar de

la dificultad palpable que tuvo para expresarse, la menor

L.M.L.A. pudo completar su testimonio y la defensa del señor

Lugo López tuvo la oportunidad de contrainterrogarla, lo

cual hizo. Evaluada la prueba desfilada, el Tribunal de

Primera Instancia, encontró causa para acusar al señor Lugo

López por los delitos imputados.

El 29 de marzo de 2022 el foro de instancia dio inicio

al juicio por jurado. Es decir, luego del transcurso de

cuatro años desde que se celebró la vista preliminar. Sin

embargo, durante el interrogatorio directo, y a solo a pocos

minutos de comenzar su relato sobre los hechos atinentes al

delito de incesto, la menor L.M.L.A. rompió en llanto. Por

esta razón, se decretó un receso. La Técnica de Asistencia

1 Los hechos atinentes a los delitos que se le imputan al Sr. José Lugo López son en extremo gráficos y no abonan a la controversia puntual que nos ocupa, a saber: la no disponibilidad de la menor como testigo de cargo. Por ello, se dejan fuera del relato de la situación fáctica del caso. 2 Esta decisión advino final y firme tras la determinación de confirmación del Tribunal de Apelaciones en el caso Pueblo v. Lugo López, KLCE201700798, KLCE201700831. CC-2023-0109 4

a Víctimas y Testigos la acompañó al baño, donde se desmayó

y quedó inconsciente. La menor L.M.L.A. fue transportada de

emergencia al Hospital San Antonio en Mayagüez, y

posteriormente fue trasladada al Hospital Metropolitano

Psiquiátrico de Cabo Rojo (“Hospital Metropolitano”).

A raíz de estos sucesos, el Ministerio Público presentó

una Moción informativa y en solicitud de sustitución de

testimonio el 31 de marzo de 2022. Allí solicitó que se

declarara a la menor L.M.L.A. como testigo no disponible al

amparo de la Regla 806(A)(4) de las Reglas de Evidencia, 32

LPRA Ap. VI, R. 806. Esto, pues, según arguyó, esta sufrió

un evento traumático que le ocasionó el desmayo, justamente

luego de iniciado el testimonio en contra del recurrido.

Sustentó su solicitud con declaraciones juradas de la Sra.

Marieli Dávila Pérez, trabajadora social, y del Dr. Jaime

Viqueira Mariani, pediatra. Ambos profesionales atendieron

a la menor L.M.L.A. en el Hospital San Antonio en Mayagüez.

Tras varios sucesos posteriores, el 21 de junio de 2022

el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista de

necesidad al amparo de la Regla 109 (A) de las Reglas de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 109, para dirimir la

controversia que nos ocupa. Es decir, si la menor L.M.L.A.

podía ser declarada testigo no disponible. A estos efectos,

el Ministerio Público presentó los testimonios de la y los

facultativos siguientes: la Dra. Stephanie Aguilar Zapata

(psiquiatra Aguilar Zapata); el Dr. Luis A. Pérez Tijerina

(doctor Pérez Tijerina), y el Dr. Alexander J. Arce González CC-2023-0109 5

(psicólogo Arce González). El testimonio de la y los

profesionales de la salud puede resumirse de la forma

siguiente.

a. Psiquiatra Aguilar Zapata3

Declaró que al atender a la menor L.M.L.A., esta

presentó síntomas de depresión y ansiedad severa y que

manifestó episodios de disociación o psicosis.4 Además, la

menor mostraba episodios de ansiedad, tristeza, llanto

constante, cambios de apetito y desconexión de la realidad.5

Luego de indagar sobre los estresores que le provocaron su

estado mental y físico, “la menor le manifestó que el

detonante de su ansiedad era el proceso legal del cual

participó”.6 Específicamente, declaró que cuando se hablaba

del tema del proceso judicial, los eventos disociativos se

activaban, así como varios movimientos involuntarios.7

Además, declaró que la menor le indicó que participaba “de

un proceso legal que le generaba ansiedad, cambios de sueño

3 La psiquiatra Aguilar Zapata testificó que se especializa en el área de psiquiatría de niños y adolescentes en el Hospital Metropolitano Psiquiátrico de Cabo Rojo y que, como parte de sus responsabilidades, se encargaba de realizar las evaluaciones y diagnósticos, de velar porque la o el menor cumpla con los criterios de admisión, y de establecer un tratamiento para atender la sintomatología del o la paciente. 4 Véase Petición de certiorari, pág. 15. Véase, además, Apéndice del

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 1:50:38- 1:52:10). 5 Véase Petición de certiorari, pág. 15. Véase, además, Apéndice del

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 1:52:12- 1:52:39). 6 Petición de certiorari, pág. 15. Véase, Apéndice del certiorari, pág.

65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 1:54:24-1:55:35). 7 Véase Petición de certiorari, pág. 15. Véase, además, Apéndice del

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 1:55:53- 1:56:57). CC-2023-0109 6

y de apetito, que le comenzaron desde antes de llegar a

Puerto Rico”.8

Según su criterio clínico, la psiquiatra Aguilar Zapata

testificó que la menor L.M.L.A. no estaba lista para ser

sometida nuevamente al proceso judicial del que formaba

parte.9 Sobre las consecuencias posibles de exponer a la

menor a estos estresores, indicó que esto podría ocasionarle

la exacerbación de los síntomas de depresión y ansiedad

severa que ya experimentaba, de forma tal que su

reincorporación a la realidad podría ser más lenta y con más

dificultad.10

A preguntas de la defensa del señor Lugo López durante

el contrainterrogatorio, la psiquiatra Aguilar Zapata

admitió que su intervención fue dirigida a establecer si la

menor L.M.L.A. cumplía con los criterios para ser

hospitalizada, y no para conocer si podía testificar durante

el juicio.11 A su vez, reconoció que existían peritos

dirigidos a emitir una opinión sobre la capacidad de una o

un testigo para testificar en corte.12 También indicó que

8 Petición de certiorari, pág. 15. Véase, además, Apéndice del certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 1:58:21- 1:58:45). 9 Véase Petición de certiorari, pág. 16. Véase, además, Apéndice del

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:00:25- 2:00:52).

10 Véase Petición de certiorari, pág. 16. Véase, además, Apéndice del certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:03:18-2:04:48). 11 Véase Petición de certiorari, pág. 16. Véase, además, Apéndice del

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:14:16- 2:17:30). 12 Véase Petición de certiorari, pág. 16. Véase, además, Apéndice del

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:19:41- 2:21:09). CC-2023-0109 7

solamente atendió a la menor mientras estuvo en el

hospital.13 En el contexto del tratamiento médico que se le

brindó en el hospital, la psiquiatra Aguilar Zapata

manifestó que no se le diagnosticó a la menor L.M.L.A. una

condición permanente.14

b. Doctor Pérez Tijerina15

Durante el interrogatorio directo, el doctor Pérez

Tijerina testificó que trabaja en el área de emergencias y

de salud mental del Hospital Metropolitano.16 Expresó que la

menor L.M.L.A. no hablaba mucho y que luego de dialogar con

la psiquiatra, se hizo el procedimiento para que se admitiera

en el hospital.17

En el contrainterrogatorio, contestó que la menor fue

admitida el 31 de marzo de 2022 y que su labor se

circunscribió a recibirla en el hospital para realizar una

evaluación preliminar y que luego la refirió a la psiquiatra

Aguilar Zapata.18

c. Psicólogo Arce González:19

13 Véase Petición de certiorari, pág. 16. Véase, además, Apéndice del certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:19:41- 2:19:51). 14 Véase Petición de certiorari, pág. 16. Véase, además, Apéndice del

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:23:00- 2:24:13). 15 Se estipuló que el doctor Pérez Tijerina está cualificado como médico

generalista y fue quien atendió a la menor en la Sala de Emergencias del Hospital Metropolitano en Cabo Rojo. 16 Véase, Apéndice del certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del

21 de junio de 2022, 2:42:00- 2:42:31) 17 Véase Petición de certiorari, pág. 17. Véase, además, Apéndice del

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:44:12:2- 2:48:18). 18 Véase, Apéndice del certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del

21 de junio de 2022, 2:48:50-2:49:10). 19 El psicólogo Arce González testificó que posee un doctorado en psicología clínica y que labora en el área de psiquiatría adolescente en el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo desde que abrió la división, CC-2023-0109 8

El psicólogo Arce González manifestó que el 1 de abril

de 2022 evaluó a la menor L.M.L.A. en su oficina, quien no

podía verbalizar a qué se debía su estado de ansiedad

crítico.20 Explicó que tan pronto comenzó a indagar sobre el

incidente que desencadenó en su hospitalización, la menor

L.M.L.A. se descompensó y tuvo un ataque psicogénico.21 Esto

último, según su testimonio, se refiere a un evento a nivel

psicológico que surge de una experiencia traumática cuando

estas memorias se encapsulan en el cerebro de la persona y,

una vez esta se expone a ciertos estresores que evocan estas

memorias, desemboca en este ataque que se asemeja a una

convulsión, pero que no es a nivel biológico o fisiológico.22

Con relación a la capacidad de la menor L.M.L.A. para

testificar, el psicólogo Arce González indicó que era

necesario que se le brindara tratamiento para examinar si

podría testificar posteriormente, esto basado en un examen

de vulnerabilidad y los factores de riesgo que la menor

presente.23 “Afirmó que, al momento de su evaluación, la

aproximadamente hace cuatro años, al momento de su testimonio. Como parte de sus funciones, conduce evaluaciones a las y los pacientes que llegan al hospital y provee un tratamiento particularizado a base de las necesidades de estas personas. 20 Véase Petición de certiorari, pág. 17. Véase, además, Apéndice del

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022,2:56:02-2:57:49). 21 Véase, Apéndice del certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del

21 de junio de 2022,2:57:09-2:57:31). 22 Describió que el evento psicogénico que presenció, la menor se tiró

al suelo y los ojos comenzaron a movérsele en varias direcciones. Expresó que este evento duró aproximadamente veinte minutos. Véase, Apéndice del certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:57:31-3:00:05). 23 Véase Petición de certiorari, pág. 17. Véase, además, Apéndice del

certiorari, pág. 65, (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 3:00:51- 3:01:57). CC-2023-0109 9

menor no estaba lista para enfrentar un proceso donde fueran

a indagar sobre el evento que provocó esos síntomas”.24

En el contrainterrogatorio, a preguntas de la defensa

del señor Lugo López, el psicólogo Arce González aclaró que

su intervención no fue con el objetivo de identificar si la

menor podría testificar en un proceso criminal, como tampoco

está cualificado como psicólogo forense.25 Sin embargo,

expresó que “todo lo relacionado [con el] evento puede

ocasionar esa reacción traumática”.26 Aceptó que no ha

examinado nuevamente a la menor L.M.L.A., luego de que esta

fue dada de alta.27

Concluida la Vista, el Tribunal les concedió a las

partes cinco días para que sometieran por escrito sus

argumentos.

En cumplimiento con lo anterior, el Ministerio Público

presentó un escrito en el que enfatizó que solicitó la

declaración de no disponibilidad de la testigo, la menor

L.M.L.A., al amparo de la Regla 806(A)(4), supra, a saber,

por razón de enfermedad o impedimento físico. Esto,

contrario al criterio atinente a la Regla 806(A)(5), supra,

sobre la no disponibilidad de testigos por no comparecer al

24 Petición de certiorari, págs. 17-18. Véase, además, Apéndice del certiorari, pág. 65, (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 3:02:32-3:03-11). 25 Véase Petición de certiorari, pág. 18. Véase, además, Apéndice del

certiorari, pág. 65, (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022,3:03:51-3:04:47). 26 Petición de certiorari, pág. 18. (Negrillas suplidas). Véase, Apéndice

del certiorari, pág. 65, (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022,3:05:41- 3:07:51). 27 Véase Petición de certiorari, pág. 18. Véase, además, Apéndice del

certiorari, pág. 65, (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 3:07:57- 3:09:28). CC-2023-0109 10

Tribunal a presentar su testimonio. A diferencia del

primero, según planteó, la no disponibilidad por

incomparecencia le exige al Estado demostrar que ha

realizado todas las gestiones razonables y de buena fe para

lograr que la persona testigo comparezca y preste su

testimonio en el juicio. Argumentó que, a la luz del derecho

aplicable, no es requerido que la persona testigo sufra un

daño emocional permanente previo a determinar su no

disponibilidad.

Por su parte, el señor Lugo López presentó una Moción

en cumplimiento de orden en la que esbozó que el Ministerio

Público no cumplió con la carga probatoria pertinente para

establecer que la menor L.M.L.A. podía ser declarada testigo

no disponible. Arguyó que le correspondía al Estado

desplegar todos los esfuerzos razonables y de buena fe para

obtener el testimonio de la testigo en el juicio. Por otro

lado, insistió que era indispensable que el Ministerio

Público presentara prueba sobre la probabilidad actual o en

un futuro razonable para poder determinar la disponibilidad

de la menor L.M.L.A.

El 5 de agosto de 2022 el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Resolución en la que declaró no ha lugar el

petitorio del Ministerio Público y ordenó la continuación de

los procedimientos. Concluyó que, “[s]egún establecido

jurisprudencialmente[,] es deber del Ministerio Público

realizar esfuerzos razonables para producir al testigo,

aunque ésta sea una remota. En autos, con la prueba CC-2023-0109 11

desfilada, el Tribunal entiende que no cumplió con su

obligación de demostrar que la menor estaba psicológicamente

no disponible para testificar”.28 Sostuvo que, de los

testimonios ofrecidos en la Vista de la Regla 109, supra, se

desprendía que no se logró determinar el diagnóstico de la

menor L.M.L.A., así como tampoco que esta recibiese

tratamiento adicional, psiquiátrico o psicológico, de manera

tal que pudiera lograrse su comparecencia y se ofreciera su

testimonio en corte.

Inconforme, el Estado, por conducto de la Oficina del

Procurador General, presentó un recurso de certiorari ante

el Tribunal de Apelaciones. Expedido el recurso, y al contar

con la comparecencia de ambas partes, el foro apelativo

intermedio confirmó la determinación del foro primario.

El Tribunal de Apelaciones coincidió con la postura del

señor Lugo López, y lo determinado por el foro primario, a

los efectos de que el Estado incumplió con el estándar

probatorio aplicable a la Regla 804(A)(4) de Evidencia,

supra. Coligió que el Estado falló en establecer la

concurrencia del impedimento mental que, al presente o en un

futuro razonable, imposibilite la participación de la menor

L.M.L.A. como testigo en el juicio. Señaló que los

testimonios vertidos en la vista de necesidad se

circunscribieron a la condición de la menor al momento de su

intervención con esta. Por tanto, estableció que ninguno de

28 Apéndice del certiorari, pág. 112. CC-2023-0109 12

estos profesionales pudo aportar información sobre la

capacidad de la menor para testificar al momento de estos

ofrecer sus testimonios.

A su vez, entendió que el Estado tenía la obligación y

el deber de preparar a la menor L.M.L.A. a través de un

tratamiento psicológico ‒como lo hizo en la etapa de la vista

preliminar‒ previo a que esta testificara en el juicio.

Expresó que “[e]sta omisión ciertamente le produjo un efecto

que se manifestó al inicio del juicio, ello por ser

abruptamente sometida a una situación que, sin duda alguna,

la afectó de manera considerable”.29 Por tanto, ordenó que

el Ministerio Público procurara ofrecer un tratamiento

psicológico adecuado a la menor L.M.L.A., antes a la

continuación del juicio.

En desacuerdo, el Estado compareció ante esta Curia y

señaló, en síntesis, que los foros a quo erraron: (1) al

exigir una serie de requisitos que no estaban contemplados

para que una persona sea declarada testigo no disponible al

amparo de la Regla 806(A)(4), supra, y (2) al no declarar a

la menor L.M.L.A. como testigo no disponible a pesar de que

se demostró que, luego del suceso traumático que esta sufrió

al intentar testificar en el juicio el 29 de marzo de 2022,

estaba imposibilitada de continuar por razón de enfermedad

o impedimento mental.

29 Íd., pág. 191. CC-2023-0109 13

El marco jurídico que gobierna esta controversia es el

A. Derecho a la confrontación

Nuestra Constitución y su contraparte federal protegen

el derecho fundamental de las personas acusadas de delito,

a confrontar y carearse con aquellas personas que

testifiquen en su contra. Art. II, Sec. 11 Const. ELA, LPRA,

Tomo 1; Emda. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. Como es bien

sabido, la denominada cláusula de confrontación consiste en

tres ramificaciones procesales: (a) el derecho a confrontar

cara a cara a las y los testigos de cargo; (b) el derecho a

contrainterrogarlos, y finalmente, (c) el derecho a excluir

la prueba de referencia que el Estado intente presentar en

su contra. Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262, 269-270

(2016); Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709, 720 (2012).

Véase, también, E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento criminal

y la Constitución: Etapa adjudicativa, 1ª ed., San Juan, Ed.

SITUM, 2018, págs. 62-63.30

En lo atinente a la controversia que nos ocupa, en

Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004), la Corte Suprema

de los Estados Unidos resolvió que, en cuanto a la tercera

vertiente de la cláusula de confrontación, esta se activa

únicamente cuando se trata de declaraciones de carácter

30Véase, también, M.R. Reyes Negrón, El derecho al careo de los acusados en tiempos de pandemia, 55 Rev. Jur. UIPR 371, 383-384 (2021). CC-2023-0109 14

testimonial.31 Véase Chiesa Aponte, op. cit., pág. 90. De

forma tal que, de tratarse de declaraciones no

testimoniales, la admisión de la prueba se regirá únicamente

por lo dispuesto en las Reglas de Evidencia. Íd. Según razonó

la Corte Suprema federal:

“Testimony,” in turn, is typically “[a] solemn declaration or affirmation made for the purpose of establishing or proving some fact.” An accuser who makes a formal statement to government officers bears testimony in a sense that a person who makes a casual remark to an acquaintance does not. Pueblo v. Pérez Santos, supra, (citando a Crawford v. Washington, supra, pág. 51).

El Máximo Foro federal sostuvo que, si la declaración

que se pretende presentar en el juicio es de carácter

testimonial, y la persona declarante no comparece en corte,

el derecho a la confrontación exige que se determine la no

disponibilidad de la persona testigo y que la persona acusada

haya tenido oportunidad de contrainterrogar sobre la

declaración testimonial, para que esta pueda ser admisible.

Pueblo v. Pérez Santos, supra, págs. 270-271; Pueblo v.

Santos Santos, supra, pág. 721; Pueblo v. Guerrido López,

179 DPR 950, 967 (2010); Crawford v. Washington, supra, pág.

51. Véase, además, Chiesa Aponte, op. cit., pág. 90.

Superado el escollo constitucional, procede analizar si

la prueba de referencia ofrecida cumple con los criterios

establecidos en nuestras Reglas de Evidencia.

31Conforme a lo reconocido en Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950, 962 (2010), “Crawford v. Washington, supra, y su progenie, constituyen jurisprudencia normativa para nuestra jurisdicción. Esto porque la Cláusula de Confrontación inmersa en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos aplica a Puerto Rico”. CC-2023-0109 15

B. Prueba de referencia

La Regla 801(c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801,

establece que es prueba de referencia toda declaración “que

no sea la que la persona declarante hace en el juicio o

vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de

lo aseverado”. Como norma general, los tribunales no

admitirán declaraciones contenidas dentro de esta

definición, a no ser que se satisfagan los criterios

enmarcados en las exclusiones permitidas por ley. Regla

804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 804.

Por su parte, la Regla 806 de Evidencia, supra, reconoce

ciertas excepciones a la norma general antes mencionada que,

a su vez, están condicionadas a la determinación de no

disponibilidad de la persona declarante. La Regla 806(A),

supra, define aquellas instancias en las que se entenderá

que la persona testigo no está disponible, a saber: (1) está

exenta de testificar luego de la determinación del Tribunal

sobre el reconocimiento de un privilegio en estas Reglas en

relación con el asunto u objeto de su declaración; (2)

insiste en no testificar en relación con el asunto u objeto

de su declaración a pesar de que el Tribunal le ordenó que

así lo hiciera; (3) testifica que no puede recordar sobre el

asunto u objeto de su declaración; (4) al momento del juicio

o vista, ha fallecido o está imposibilitada de comparecer a

testificar por razón de enfermedad o impedimento mental o

físico; o (5) está ausente de la vista y quien propone la

declaración ha desplegado diligencia para conseguir su CC-2023-0109 16

comparecencia mediante citación del Tribunal. Mientras que

el inciso (B) de la referida regla expone aquellas instancias

en que, por excepción a la regla general, la prueba de

referencia será admisible. En lo pertinente, cuando la

persona declarante no está disponible y así lo determina el

Tribunal, será admisible el testimonio anterior dado como

testigo en otra vista en ese u otro procedimiento si la parte

contra quien se ofrece tuvo la oportunidad y motivo similar

para contrainterrogarlo. 32 LPRA Ap. VI, R. 804.

C. La Regla 806(A)(4): Testigo no disponible por causa de impedimento físico o mental

Este Tribunal no ha tenido la oportunidad de

interpretar esta excepción a la regla general de

inadmisibilidad de prueba de referencia. Sin embargo, son

varios los tratadistas que han formulado distintas tesis

para interpretar el mandato de la referida Regla.

Nos comenta el tratadista, Prof. Ernesto L. Chiesa

Aponte (profesor Chiesa Aponte), que

[e]l declarante que ha fallecido al momento de presentarse la declaración está, por supuesto, no disponible para testificar. Pero también lo está cuando su condición de salud, mental o física, está tan deteriorada que no podrá comparecer en un futuro predecible. Si se trata de un testimonio importante, el tribunal no debe tomar livianamente la determinación de que el declarante no está disponible para testificar. Podría a posponerse la vista o dejar para el final su testimonio. Hay que tener especial cautela cuando se trata de un testigo de cargo. Pero si es manifiesta la improbabilidad de que el testigo pueda comparecer en un futuro razonable, debe hacerse la determinación de no disponibilidad. (Negrillas y subrayado suplidos). E. L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia comentadas, 1ª ed., San Juan, Ed. SITUM, 2016, pág. 325.

En cuanto a la determinación de indisponibilidad al

amparo de esta excepción, expresa que se refiere a “un grado CC-2023-0109 17

considerable de incapacidad física o mental”. (Negrillas

suplidas). E.L. Chiesa Aponte, Compendio de Evidencia (En el

sistema adversarial), 1ª ed., Ciudad de México, Ed. Tirant

Lo Blanch, 2021, pág. 378. Específicamente, detalla que

[l]a carga de establecer la no disponibilidad del declarante la tiene el proponente que pretende la admisión de prueba de referencia. Si la condición incapacitante del declarante es seria y probablemente no mejorará, el tribunal debe declararlo “no disponible”. Pero si la condición no es tan seria y la recuperación es probable, el tribunal puede decretar una posposición o alterar el orden de la prueba para posponer para otro día el testimonio del declarante, si el juicio se va a prolongar por mucho tiempo. (Negrillas suplidas). Íd., págs. 378-379.

Ulteriormente, el profesor Chiesa Aponte propone que

los tribunales se aproximen a la controversia con un análisis

multifactorial; es decir, que tomen en cuenta: “[la]

gravedad de la condición, [la] importancia del testimonio y

[la] probabilidad de recuperación del declarante”. Íd., pág.

379. Además, como en el caso que nos ocupa, estamos llamados

a considerar si las declaraciones testimoniales del

declarante cumplen con los criterios establecidos en

Crawford v. Washington, supra, y su progenie. En

concordancia, si el testimonio que se pretende presentar es

uno anterior al amparo de la Regla 806(B)(1), supra, el

conflicto constitucional se desvanece. Íd., pág. 378.

Por su parte, el Prof. Enrique Vélez Rodríguez

(profesor Vélez Rodríguez) nos indica que, al amparo de esta

excepción a la regla general de exclusión, los criterios de

“la condición, [la] duración y la gravedad de la enfermedad

son factores cruciales en la determinación de

indisponibilidad”. (Bastardillas en el original). E. Vélez CC-2023-0109 18

Rodríguez, La prueba de referencia y sus excepciones, 1ª

ed., San Juan, Ed. InterJuris, 2018, pág. 247. Además,

reconoce la diversidad que puede comprender esta causal, por

lo que, según interpreta, “parece aconsejar una adjudicación

con arreglo a los méritos de la situación particular,

incluida la de ejercer aquellas opciones que permitan la

prestación del testimonio en vivo”. (Negrillas suplidas).

Íd.

D. Menores de edad como testigos: Particularidades en casos de delitos sexuales

Como expresé anteriormente, para disponer de esta

controversia adecuadamente, es imprescindible

contextualizar la situación particular que se encuentra ante

nuestra consideración.

Tratadistas como McCormick, Mueller y Kirkpatrick

abundan sobre el alcance de la contraparte federal de la

regla en cuestión, a saber, la Regla 804(a)(4), de las Reglas

de Evidencia federal. En particular, exploran la no

disponibilidad de la persona declarante cuando esta es una

menor de edad en el contexto de un caso abuso sexual.

Por su parte, la obra del tratadista Charles T.

McCormick (McCormick) señala que, con frecuencia, la

justificación de no disponibilidad de la o el menor de edad

se cimienta en que el acto mismo de testificar le causará un

trauma emocional, lo que imposibilita su comparecencia en el

juicio. McCormick, 2 Evidence § 253 (8ª ed.) (2020) (citas CC-2023-0109 19

omitidas). (“Often, a finding of unavailability is justified

based upon a determination that testifying will cause

emotional trauma to the child and that the child is therefore

unavailable”).

Los tratadistas Mueller y Kirkpatrick examinan el

supuesto de una indisponibilidad psicológica en el contexto

de casos de abuso sexual contra menores de edad, de modo tal

que se expondrían a la posibilidad de un trauma psicológico

severo. Sobre ello, destacan que:

In the modern setting of trials for abuse of children, both federal and state statutes provide that the victim is to be viewed as unavailable as a witness if testifying would likely result in severe trauma or if she simply cannot testify in the setting of the courtroom. Typically[,] such statutes apply as well to other children who are eyewitnesses to child abuse, who may be victims in other ways, and for ease of discussion we refer to these children too as victims. In this setting of “psychological” unavailability or necessity, the statutes provide for remote testimony by the victim using one-way or two-way video monitor systems to transmit her image and words to the courtroom, and for special videotaped depositions taken in advance for use at trial. In 1990, Congress followed the lead of the states and enacted a statute authorizing remote testimony and videotaped depositions in federal child abuse prosecutions if the victim is psychologically unavailable, but the statute is seldom invoked because child abuse is prosecuted in federal courts relatively rarely. The statute does not create a hearsay exception for statements by child abuse victims, but these sometimes fit the catchall or some categorical exceptions, and all states have special statutes creating an exception for statements by child victims. . . . . . . . . When it is expected that a youthful victim would be seriously traumatized by testifying in court, usually showing psychological unavailability involves, and probably requires, expert testimony. Abuse victims often suffer what amounts to ongoing trauma typified by nightmares, mistrust of adults (or adult men), behavioral difficulties at home and school indicating some regression from prior development, and sometimes other problems (bedwetting and sleep disorders). These symptoms help experts conclude that compelling testimony from the child would be impossible or damaging—that she simply could not testify or would suffer serious harm if she did. (Negrillas suplidas). C.B. Mueller, Laird C. Kirkpatric, 5 Federal Evidence § 8:116 (4ª ed.) (Marzo 2024) (citas omitidas). CC-2023-0109 20

Asimismo, se han explorado las consecuencias adversas

de que un niño o una niña víctima de abuso sexual puede

experimentar al testificar en corte. En ese contexto, se ha

reconocido que la angustia emocional que acarrea este acto

puede acompañarlos hasta la adultez, lo que limita su

desarrollo en comparación con sus pares. L. Christine

Brannon, The Trauma of Testifying in Court for Child Victims

of Sexual Assault v. The Accused's Right to Confrontation,

18 Law & Psychol. Rev. 439, 445-446 (1994) (citas omitidas).

“Dicha angustia mental se refleja en la víctima en forma de

depresión, ansiedad y algunos síntomas psicosomáticos.

Debido a la interrupción del desarrollo infantil, las

consecuencias negativas de la participación en el proceso

legal pueden ser más trascendentales para un niño o una niña

que para una persona adulta”. (Traducción suplida). Íd.

Nótese que, lo que resalta de lo anterior es que las

personas menores de edad víctimas de abuso sexual se exponen

a sufrir un nuevo trauma al ser compelidas a declarar sobre

estas experiencias traumáticas. Esta consecuencia sustancial

y perjudicial se cataloga como “secondary victimization” o

revictimización. Sobre este particular, se expresa que:

Court testimony is an extremely stressful, frightening and formidable event, especially for a vulnerable young child. The child is placed in the unfamiliar and intimidating environment of a courtroom, and asked to participate in a process that is foreign and perplexing. [She or he] has to face the defendant, who the child often perceives as a threatening and dangerous figure. The child is required to answer difficult questions in public, and to go through harsh questioning by unsympathetic strangers. The child’s truthfulness is repeatedly doubted and questioned throughout the process, and this is often perceived as a humiliating experience. Moreover, the child has to repeatedly re-live the traumatic event [she or he] witnessed through recurring CC-2023-0109 21

interrogations by law enforcement and in court. When the defendant is known or related to the child witness, further difficulties, including intense guilt and loyalty conflicts, may arise. The multitude of stressors involved in this experience can trigger extreme levels of anxiety and psychological strain, often referred to as “secondary victimization.” (Negrillas y subrayado suplidos). Michal Gilad, Falling Between the Cracks: Understanding Why States Fail in Protecting Our Children from Crime, U. ILL. L. REV. 907, 928 (2019) (citas omitidas).

E. Casuística estatal persuasiva

Por su carácter persuasivo, especialmente ante la falta

de pronunciamientos de este Tribunal sobre la controversia

de umbral, recurro a la casuística a nivel de los Estados

Unidos al abordar este tema.

En People v. Gomez, 26 Cal.App.3d 225 (1972), la Corte

de Apelaciones para el Segundo Circuito de California

confirmó una sentencia en la que se declaró culpable al

acusado de tener relaciones sexuales ilegales con una mujer

menor de dieciocho años. El peticionario solicitó la

revocación de esta, tras argüir que el foro inferior erró al

admitir prueba de referencia, luego de que se declarara a la

testigo no disponible por incapacidad mental.

Al igual que el caso de autos, el texto de la

disposición que permitía la declaración de indisponibilidad

de la testigo por razón de impedimento mental o físico,32 no

32 Textualmente, las Reglas de Evidencia establecían como una de las definiciones del declarante no disponible, cuando este está “muerto o incapaz de asistir o testificar en la audiencia debido a una enfermedad o dolencia física o mental existente en ese momento”. (Traducción suplida) Véase, People v. Gomez, 26 Cal.App.3d 225, 227-228 (1972) (Here, in establishing unavailability, the People relied on Evidence Code section 240, subdivision (a)(3), reading in pertinent part: “(a) ... 'unavailable as a witness' means that the declarant is: ... (3) Dead or unable to attend or to testify at the hearing because of then existing physical or mental illness or infirmity.”). CC-2023-0109 22

requería que el Estado demostrara diligencias razonables

para que la testigo se presentara en el juicio. Íd., pág.

228. Sobre este particular, la Corte señaló que la

jurisprudencia citada por las partes sobre los requisitos

demostrativos de una diligencia razonable era inadecuada.

A su vez, al examinar la determinación de

indisponibilidad de la testigo, la Corte expuso que:

[The] evidence showed that the crime occurred on May 10, 1971. The complaining witness had become 15 years old just 8 days before, on May 2, 1971. On June 4, 1971, she was admitted to Camarillo State Hospital. Two medical doctors, staff psychiatrists, testified at the court hearing which was held July 28, 1971, to determine the girl's availability. Counsel stipulated to the doctors' qualifications. Dr. Martin was personally in charge of the girl's care and treatment. He testified that she was very vulnerable to stress; she had a tendency to psychomotor seizures which were difficult to diagnose and treat; she had shown significant improvement although such was rather “delicate and tedious”; in his opinion there was a “strong possibility” that it would be detrimental to her welfare to appear in court. While under his care at the hospital, she had “become rather hysterical with minimal provocation.” He concluded she could become “very vulnerable and regressing backwards and wipe out the improvement that she's shown ... and ... as her physician, I don't want to risk that happening.”

Dr. Rieger testified that it is his job to decide whether a child should be admitted to the hospital. He reviews all girls' records as part of his procedure. Having reviewed this child's records, it was his opinion that coming to court and testifying “is a very traumatic experience to a child” such as this one. He concluded she would be “definitely affected” by it and he “would strongly recommend against it”; he was “greatly concerned that it would grossly affect the child's present and possibly future health, mental health ... I would be very concerned over the consequences which might ensue from her appearing here under such stress or conditions.” (Negrillas suplidas). Íd., págs. 228-229.

De acuerdo con la decisión a la que arribó el foro de

instancia, la Corte de Apelaciones concluyó que, aun cuando

la persona testigo que no esté disponible por razón de

incapacidad pueda finalmente recuperarse, si tal CC-2023-0109 23

recuperación se espera en un futuro incierto o lejano, no

existe una razón de peso para negar la admisión del

testimonio brindado en la vista preliminar. Íd., pág. 230.

Por otra parte, y más recientemente, la Corte Suprema

de Michigan en People v. Duncan, 835 N.W.2d 399 (2013),

encontró no disponible a la testigo de cargo, una menor de

cuatro años, en un caso de delitos sexuales, al amparo de

Regla 804(a)(4) de las Reglas de Evidencia de Michigan.

Específicamente, se entiende que el testigo no está

disponible bajo esta causal “because of ... then existing

physical or mental illness or infirmity[.]” Íd., pág. 404.

Al circunscribirse al asunto de enfermedad o dolencia

mental, la Corte Suprema coligió que una de las causas que

pueden redundar en la debilidad de la mente es la edad de la

persona testigo. Íd., pág. 406. Asimismo, reconoció que la

citada regla no requería una determinación de incapacidad

permanente o de larga duración. Sobre este asunto expresó:

The phrase “then existing” specifically limits the temporal scope within which a witness's availability under MRE 804(a)(4) may be assessed; the only relevant reference point is the point at which the witness takes the stand. As a result, the declarant need not suffer from a permanent illness or infirmity. Thus, the fact that RS was competent and available to testify at two preliminary examinations does not affect the determination whether she was mentally capable or infirm for purposes of MRE 804(a)(4) at the time her testimony was sought at trial. Rather, the only relevant inquiry is her condition at the time she was called to testify.

In holding that a child may be mentally infirm in the type of extraordinarily stressful trial situation like the one that existed here, we recognize the obvious truth that children lack the same level of mental maturity as that exhibited by and expected of most adults. Legal and psychological research confirms this uncontroversial proposition. As a result of these limitations, young children are less mentally equipped to cope with severe CC-2023-0109 24

emotional distress. Testifying in open court can be a harrowing experience for anyone, and young children are much more susceptible to emotional breakdowns than adults. Indeed, testifying in open court “can make some children tearful, ill, or inarticulate in the courtroom.... Under the stress of testifying, some children may regress to a more immature level of behavior.” When these emotional terrors are severe and a child has not developed the mental capacity to overcome this distress, an emotional breakdown may eliminate any possibility of securing testimony from the young child. (Negrillas suplidas). Íd., págs. 406-407. (Citas omitidas).

Tras el análisis esbozado, la Corte Suprema coligió que

no existía duda de que, al momento de testificar en el

juicio, la menor estaba emocionalmente abrumada y se

encontraba mentalmente incapaz de superar esta angustia y,

por lo tanto, no podía afirmar que podía testificar con

sinceridad. Íd., pág. 408. Por ello, determinó que el foro

de instancia había abusado de su discreción al encontrarla

disponible para testificar en el juicio. Íd.

La mayoría de este Tribunal sostiene que el Estado falló

en demostrar que la menor L.M.L.A. no estaba disponible para

testificar en el juicio, debido a que no presentó prueba

sobre su estado mental al momento de la vista de necesidad.

Difiero, pues entiendo que lo anterior es innecesario e

improcedente a la luz del caso ante nos.

Los tratadistas reseñados comentan que la parte que

busca la admisión de prueba de referencia a través de una de

las causales de la Regla 806, supra, ——especialmente cuando

se pretende utilizar como prueba de cargo en contra de una

persona acusada—— está llamada a establecer de manera CC-2023-0109 25

satisfactoria que la persona testigo no estará disponible en

un futuro predecible o razonable.

En esa coyuntura, coincido con la mayoría de este

Tribunal en que debemos adoptar una serie de criterios que

guíen a las y los juzgadores de instancia para determinar si

procede la determinación de no disponibilidad de la persona

testigo. Estos criterios, claro está, deben cumplir con el

estándar de Crawford, supra, cuando estamos ante

declaraciones testimoniales. Asimismo, es evidente que, bajo

esta causal, el Estado no está llamado a realizar ejercicios

razonables o de buena fe en pro de superar la incapacidad

física o mental que experimente la persona declarante.

Finalmente, por la diversidad de situaciones que puede

abarcar esta causal, es menester embarcarnos en un análisis

caso a caso que considere la totalidad de las circunstancias.

Pese a lo anterior, mi compañera y mis compañeros fallan en

aplicar adecuadamente los criterios que pautan a la

controversia de autos.33 Me explico.

No albergo duda alguna de la importancia que tiene el

testimonio de la menor L.M.L.A. en el juicio en contra del

señor Lugo López. Ahora bien, es necesario recalcar que la

menor L.M.L.A. ha tenido que relatar los hechos atinentes a

su testimonio en múltiples ocasiones. A lo largo de su

33 Es decir, “(1) la gravedad de la condición, (2) la importancia del testimonio, (3) la probabilidad de recuperación, (4) el potencial de que el acto de testificar agrave la condición de la persona testigo y (5) el perjuicio que pueda ocasionar la dilación del proceso al acusado, por su derecho a un juicio rápido, o en cualquier otro caso a la parte afectada”. CC-2023-0109 26

infancia, y ya entrada en la adolescencia, ha estado sujeta

a un procedimiento judicial que parece no tener fin. En el

punto culminante de su participación en este, llegado el día

del juicio y al ser llamada a testificar, la menor L.M.L.A.,

a los pocos minutos de comenzar su recuento de los hechos

pertinentes al delito de incesto, irrumpió en llanto y no

pudo continuar.

La gravedad de su estado físico y mental significó una

pausa en la celebración del juicio y su reclusión en una

institución hospitalaria. Durante su tratamiento, los

profesionales de la salud que la atendieron advirtieron que

no recomendaban que continuara testificando, pues las

consecuencias podían ser sustancialmente nefastas. Sus

síntomas, incluso, se fueron manifestando desde antes de que

la menor L.M.L.A. testificara en el juicio cuando, previo a

trasladarse a Puerto Rico, expresó que ya presentaba cambios

en su apetito y sueño, así como la sensación de ansiedad. La

idea de participar nuevamente en el procedimiento judicial

en contra de su padre biológico tuvo un impacto sustancial

en su estado de ánimo. Como si lo anterior no fuera

suficiente, sus ataques psicogénicos y de disociación se

activaban con la sola mención del procedimiento judicial o

de su testimonio en corte.

Su posible recuperación, según intimó el psicólogo Arce

González, estaba atada al supuesto de que recibiera

tratamiento médico, sin garantía alguna de que, en efecto,

pudiese testificar. Peor aún, no existía certeza de que, si CC-2023-0109 27

se le forzaba a continuar, su salud no se hubiera expuesto

a un daño sustancial. Es decir, existe el potencial real de

que su condición se agrave al ser obligada a testificar

nuevamente. Obsérvese que los hechos sobre los que la menor

L.M.L.A. está llamada a testificar ocurrieron presuntamente

entre los años 2013 y 2015. Al día del evento psicogénico

que sufrió la menor L.M.L.A. durante el juicio, al exigírsele

revivir su trauma, habían transcurrido casi diez años desde

el primer evento que dio paso a las acusaciones del

Ministerio Público. Por otro lado, considerando que el

proceso penal inició en el 2018, es evidente que este ya ha

sido dilatado lo suficiente. Es palpable la improbabilidad

de que la menor L.M.L.A. se recupere en un futuro predecible

o razonable, y no hay razón de peso para seguirla sometiendo

a una nueva evaluación para llegar a tal conclusión.

Al aplicar los criterios antes mencionados, y teniendo

en cuenta las particularidades de un caso de delitos sexuales

y una víctima menor de edad como testigo, es forzoso concluir

que la menor L.M.L.A. no estaba disponible para testificar

en el juicio y no lo estará en un futuro razonable o

predecible. Tristemente, para una mayoría de esta Curia lo

anterior es insuficiente.

Según la interpretación del derecho aplicable que surge

de la opinión mayoritaria, es necesario presentar prueba

actual de la menor para satisfacer el criterio de la Regla

806(A)(4). Como ya expresé, esto no solamente es un ejercicio

innecesario en el contexto particular que tenemos ante CC-2023-0109 28

nuestra consideración, sino que deja desprovista de

protección y expone peligrosamente a la menor L.M.L.A. a

otro trauma: la revictimización.

Está claro que la jurisprudencia y los estudios

pertinentes a las personas menores de edad, víctimas de abuso

sexual, demuestran las consecuencias terribles a las que se

exponen al testificar en un procedimiento judicial en contra

de su presunto agresor o agresora. Estas consecuencias

pueden perseguirles hasta la adultez, impidiéndole al o la

menor que se desarrolle al mismo ritmo que sus pares. Esto,

debido a que el trauma que experimentaron durante su niñez

puede retrasar el desarrollo cognitivo y emocional

ordinario. Trauma que puede exacerbarse cuando es sometido

o sometida, además, a un procedimiento judicial en donde

están llamados a testificar sobre los relatos más crudos,

desgarradores, vergonzosos y dolorosos. Relatos que van a la

médula de su propia dignidad.

Es nuestro deber realizar un balance justo de intereses

y derechos. Reconozco la primacía que tiene el derecho a la

confrontación en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo,

también es ineludible recordar que este derecho no es

absoluto. Por tanto, como en la controversia de autos, es

nuestra responsabilidad examinar todos los intereses que

están en juego a la hora de deliberar sobre la admisión de

prueba de referencia en contra del señor Lugo López en

contravención al derecho de confrontación que le cobija. CC-2023-0109 29

En este caso, la menor L.M.L.A. testificó ampliamente

durante la vista preliminar y el señor Lugo López ⎯a través

de su representación legal⎯ tuvo la oportunidad de

contrainterrogarla in extenso, y así lo hizo. Llegado el día

del juicio, y tras iniciar su testimonio, la menor L.M.L.A.

estuvo imposibilitada de continuar su exposición de los

hechos tras estallar en llanto, desplomarse y ser trasladada

al hospital, en donde continuó presentando síntomas ligados

al procedimiento judicial del que participaba. Su temprana

edad, los relatos sobre los cuales testifica, los síntomas

y padecimientos que experimentó justo antes y luego de

sentarse a testificar, y el tiempo sustancial que ha demorado

el procedimiento penal, demuestran su patente

indisponibilidad para ser llamada a testificar nuevamente.

Al tomar en cuenta esto, y al sopesar que el testimonio

anterior de la menor L.M.L.A. cumple satisfactoriamente con

el estándar establecido en Crawford, supra, y su progenie,

es forzoso concluir que en este caso la balanza se inclina

a que se declare a la menor L.M.L.A. testigo no disponible

y se admita en evidencia su testimonio anterior. Esto, pues

el problema de confrontación queda completamente superado.

Según el curso de acción mayoritario, la menor L.M.L.A.

será sometida de manera innecesaria e injusta a otro

procedimiento que le obligará a relatar una vez más su

trauma, ya sea ante profesionales de la salud o ante un juez

en el Tribunal. Este proceder, no nos quepa duda, CC-2023-0109 30

desencadenará en la activación de aquellos estresores que

llevaron a su hospitalización en primer lugar y que

impidieron que prestara su testimonio el día del juicio.

Reitero, está en nuestras manos evitar que esto ocurra.

De otra forma, estaríamos ignorando el texto claro de

la regla en cuestión, lo reseñado por los tratadistas y la

jurisprudencia persuasiva a estos efectos. No solamente eso,

estaríamos fallándole a una niña que ha sido más que valiente

en un proceso que por su naturaleza resulta angustiante y

humillante. Después de todo, somos nosotros los llamados a

evitar que una persona que ha tomado el paso de testificar

sobre un crimen de esta índole resulte nuevamente una

víctima, pero en esta ocasión, como resultado de un proceso

criminal interminable.

No puedo comulgar con la decisión mayoritaria cuando su

resultado se traducirá indudablemente en alargar

innecesariamente el proceso criminal en curso, y en exponer

fatalmente a la menor L.M.L.A. a un procedimiento que no

alberga las salvaguardas necesarias para proteger su salud

mental e integridad emocional. Aun cuando la menor se

encontraba testificando a través de un circuito cerrado, fue

el procedimiento judicial como estresor de su trauma, el que

desencadenó una serie de eventos psicogénicos y de

disociación de la realidad que debieron ser suficientes para

demostrar que no está disponible para propósitos de lo que

recoge la Regla 806(A)(4), supra. CC-2023-0109 31

Contrario a lo que pretendió la mayoría de este

Tribunal, lo resuelto no provee un remedio práctico ni

justiciero —al menos no para L.M.L.A.—, mucho menos

salvaguarda su dignidad como víctima de un delito de índole

sexual a manos de su propio padre. Tras el curso de acción

mayoritario, disiento.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta