El Pueblo De Puerto Rico v. Lillian E. Medina Hernandez

2003 TSPR 8

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: February 5, 2003
• Docket: CC-2001-0662
• Status: Published

Opinion

CC-2001-662 1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido Certiorari

v. 2003 TSPR 8

Lillian E. Medina Hernández 158 DPR ____

Acusada-peticionaria

Número del Caso: CC-2001-662

Fecha: 5 de febrero de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV

Juez Ponente: Hon. Roberto L. Córdova Arone

Oficina del Honorable Procurador General:

Hon. Roberto J. Sánchez Ramos Procurador General

Lcda.Yasmín Cháves Dávila Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Luis A. Pérez Bonilla Lcdo. Edwin H. flores Sellés Lcdo. Federico Rentas Rodríguez Lcdo. Luis F. Abreu Elías

Materia: Asesinato en Primer Grado y Ley de Armas (Artículos 6 y 8)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. CC-2001-662 2

Recurrido

vs. CC-2001-662 CERTIORARI

Lillian E. Medina Hernández

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2003

Lillian Enid Medina Hernández, aquí

peticionaria, recurre ante este Tribunal --

vía certiorari-- en revisión de la

sentencia emitida por el Tribunal del

Circuito de Apelaciones, confirmatoria la

misma de una resolución del Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de

Aguadilla; mediante la misma el foro

primario denegó una moción de supresión de

evidencia donde se había solicitado la

exclusión de toda confesión, admisión,

testimonio y/o prueba derivada de los

interrogatorios realizados a Medina

Hernández durante el curso investigativo

del caso. A tales efectos aduce la

peticionaria que no medió una renuncia

libre, CC-2001-662 3

voluntaria e inteligente a su derecho a no

autoincriminarse.

I

Repasamos los hechos pertinentes a la controversia

planteada, según fueran determinados por el Tribunal de

Primera Instancia luego de haber considerado toda la

evidencia testifical y documental presentada.1

El 19 de noviembre de 2000 -–entre las 8:00 y 9:00 de

la noche-- el señor Antonio Medina Sepúlveda, padre de la

peticionaria Lillian Enid Medina Hernández, arribó a su

residencia, en unión de una hija menor de edad de nombre

Lillibeth, encontrando el portón y la puerta del balcón

abiertos. Mientras estacionaba su automóvil, su hija

Lillibeth entró a la residencia, saliendo inmediatamente

de la misma para informarle que su mamá aparentemente se

había caído. Al encontrarse con el cuerpo de su esposa

tirado en el suelo, y tras haber verificado el pulso y

respiración de ésta, el señor Medina llamó a emergencias

médicas.

A raíz de esta llamada llegaron al lugar de los

hechos la agente Magali Souchet, adscrita al Negociado de

1 Con el fin de presentar una exposición de hechos más completa hemos tenido a bien utilizar la transcripción de la vista de supresión de evidencia que fuera sometida por la peticionaria, Lillian Enid Medina Hernández, en su alegato ante nos. La referida transcripción fue presentada con la aquiescencia del Procurador General, luego de haber sido evaluada y aceptada por el fiscal que intervino en la vista de supresión de evidencia. CC-2001-662 4

Crímenes Violentos, y el Fiscal Joseph Esparra. A tenor

con el testimonio de éstos, a los cuales el Tribunal de

Primera Instancia le dio entero crédito, en la habitación

donde se encontró a la occisa no se observaron signos de

violencia, aunque sí se observó que ésta tenía un impacto

de bala en la cabeza y una toalla alrededor de su cuello.2

En una de las paredes del pasillo aparecía escrito con

lápiz de labio: “Lillian te voy a matar con lo que robaste

a tu papá.” Del mismo modo, en la habitación de la

peticionaria aparecía escrito sobre el espejo de la

coqueta un mensaje que leía: “Lillian tienes suerte

cuídate”. En virtud de las referidas amenazas, la agente

Souchet entendió conveniente ocupar una libreta que estaba

tirada sobre la cama de Lillian3; ello, según testificó,

con el único fin de indagar si de ésta surgía alguna

información en cuanto a si alguien deseaba hacerle daño a

la peticionaria.

Tras permanecer en la escena hasta aproximadamente

las dos de la madrugada (2:00 a.m.) del día 20 de

noviembre de 2000, la agente Souchet se trasladó al

Cuartel de la Policía de Aguada donde, más tarde,

2 Véase: Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 13; Petición de Certiorari, Apéndice XIV, a la pág. 443. 3 En ese momento Lillian aún no se encontraba en la residencia. Ésta se encontraba en una actividad de la escuela en la plaza de recreo de Aguada. A eso de las 10:30 de la noche la joven llamó para que la fueran a buscar. CC-2001-662 5

entrevistó al señor Medina y a sus hijas Lillian y

Lillibeth.4 Es en esta entrevista en que la agente adviene

en conocimiento de que Lillian --quien en esos momentos

contaba con quince años de edad5-- alegadamente había

tenido problemas en la escuela con un joven llamado Will,

por ésta haber informado a las autoridades escolares que

éste se dedicaba a vender sustancias controladas en el

plantel escolar. También surgen por primera vez los

nombres de Tatiana, Christian y Ezer, identificados como

amigos de Lillian Enid. Finalmente, el señor Medina le

informó a la agente que éste poseía dos armas de fuego y

que para una de ellas no tenía licencia. Ésta, según

informó, había desaparecido de su automóvil, situación de

la cual se percató la noche de los hechos. De acuerdo con

los testimonios de Medina Sepúlveda y de la agente Souchet

estas entrevistas duraron sólo varios minutos, tras los

cuales el señor Medina se trasladó con sus hijas a la casa

de su madre en Añasco.

Movida por las amenazas escritas observadas en la

residencia de la peticionaria, esa misma tarde del 20 de

4 Véase: Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 16; Petición de Certiorari, Apéndice XIV, a la pág. 446. 5 Conforme establece el Artículo 2 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2204, el Tribunal de Menores no tendrá autoridad para conocer de un caso en que se impute a un menor que hubiere cumplido quince (15) años de edad la comisión de hechos constitutivos de asesinato en primer grado mediante deliberación y premeditación. Al momento de la comisión de los hechos, esto es, el día 19 de noviembre de 2000, la peticionaria, Lillian Enid Medina Hernández, ya había cumplido la edad de quince (15) años. CC-2001-662 6

noviembre de 2000 la agente Souchet obtuvo en el cuartel

de Aguada copia de un informe de querella donde la occisa

había reportado la desaparición de Lillian y había

informado que ésta había sido vista con el joven Ezer

Muñiz. En la mañana del 21 de noviembre --segundo día de

la investigación-- fueron entrevistados varios vecinos de

la occisa, algunos compañeros de estudios de Lillian, la

orientadora de la escuela y la directora del plantel

escolar.6 Ni Lillian ni su padre fueron entrevistados

durante este segundo día de investigación.

El 22 de noviembre, día pautado para el entierro de

la señora Lidia Hernández Soto, la agente Souchet, en

compañía de varios agentes de la División de Crímenes

Violentos, se personó a la funeraria donde velaban a la

occisa con el propósito de brindar seguridad y protección

a la familia.7 Justo en el momento en que el cortejo

fúnebre se disponía a partir hacia la iglesia8, Lillian

pidió que le informaran a su tía Felipa, hermana de su

papá, que “quería hablar”. La tía Felipa condujo a Lillian

hasta el vehículo donde se encontraba la agente Souchet,

6 Los compañeros de clase entrevistados fueron: Will, Tatiana y Christian. 7 Lo cual parece procedente al considerar las amenazas que existían en contra de Lillian.

8 De acuerdo con testimonio de la agente Souchet, el cortejo fúnebre se disponía a partir a eso de las 2:30 p.m. Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 20; Petición de Certiorari, Apéndice XIV, a la pág. 450. CC-2001-662 7

indicándole a ésta que su sobrina deseaba hablar con ella.9

Acto seguido ambas subieron al vehículo y se dirigieron,

junto a la agente a la Comandancia de Aguadilla.

Una vez allí, Lillian comenzó a dialogar con la

agente Souchet10, informándole que Will, quien le

suministraba sustancias controladas, y con quien tenía una

deuda de dinero, podía ser el asesino de su madre.

Inmediatamente la agente se comunicó con el Fiscal Esparra

y le informó que tenía a un menor sospechoso. El fiscal, a

su vez, se comunicó con la Procuradora de Menores, la

licenciada María del C. Aymat, acordando que se reunirían

después de las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) en la

oficina de la mencionada Procuradora. Alrededor de las

4:30 p.m., se reunieron el Fiscal Esparra, la agente

Souchet, Lillian y su tía en la Oficina de la Procuradora.

Esperaron a que llegara el padre de Lillian, que estaba en

el sepelio de su esposa. Éste se personó en la oficina

aproximadamente de 5:45 p.m. a 6:00 p.m.

9 Al ser informada de que Lillian quería hablar, la agente Souchet le preguntó: “Lillian que me quieres decir”, a lo que la peticionaria respondió: “Magali, yo quiero hablar contigo, yo quiero hablar contigo.” Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 21; Petición de Certiorari, Apéndice XIV, a la pág. 451. 10 A pesar de que en ese momento habían otros agentes en el cuartel, ninguno de ellos presenció la conversación sostenida entre la agente Souchet y Lillian. Sólo las acompañaba la tía de la menor, la señora Felipa Medina Sepúlveda. Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 72; Petición de Certiorari, Apéndice XIV, a la pág. 501. CC-2001-662 8

A esa hora --entre 5:45 p.m. y 6:00 p.m.-- la

Procuradora procedió a entrevistar a Lillian, quien relató

que tenía un vicio de sustancias controladas y que Will le

“fiaba” la droga. Adujo que éste constantemente le cobraba

la deuda incurrida, razón por la cual ella había decidido

enfrentarse a él, utilizando para ello un arma de fuego

que había tomado del vehículo de su padre. Según atestó,

Will robó de su bulto la referida arma. Finalmente, indicó

que sospechaba que Will, en represalia contra ella, había

matado a su mamá.

Tras escuchar el testimonio de Lillian, la agente

Souchet abandonó la oficina de la Procuradora dirigiéndose

a la casa de Will.11 A su regreso, la agente se dirigió a

la Oficina de la Procuradora Aymat ya que el Fiscal

Esparra aún se encontraba con Lillian y sus familiares en

dicha oficina, informándole al fiscal que Will ya se

encontraba en el cuartel. Acto seguido, Lillian manifestó

que lo que había dicho acerca de Will no era cierto. Ésta

permaneció en silencio ante la pregunta de la Procuradora

en torno a si alguien más conocía el hecho de que ella

había tomado el arma de su padre.12 Ante su silencio, la

11 Adviértase que la agente Souchet sabía dónde encontrar a Will toda vez que ya lo había entrevistado el día anterior. 12 Fue en este momento en que, por primera vez, la Procuradora sospechó que Lillian estaba mintiendo; ello en vista de que los mensajes escritos en la casa de la occisa leían “Lillian te voy a matar con lo que le robaste a tu papá”, lo cual era indicativo de que alguien más debía saber sobre el arma de fuego. CC-2001-662 9

Procuradora Aymat, procedió a hacerle las advertencias de

ley a Lillian, en presencia de su padre y de su tía. Acto

seguido ésta preguntó a Lillian y a su padre si habían

entendido los derechos que cobijaban a la menor a lo que

ambos contestaron en la afirmativa.13 La agente Souchet

buscó un formulario donde se enumeraban las referidas

advertencias y procedió a hacerle a Lillian las

advertencias. De acuerdo a las determinaciones de hechos

que realizara el Tribunal de Primera Instancia, las

referidas advertencias le fueron explicadas, por segunda

ocasión, a Lillian y a sus familiares, esta vez por la

agente Souchet, el Fiscal Esparra y la Procuradora Aymat.14

13 Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 28; Petición de Certiorari, Apéndice XIV, a la pág. 458. 14 Sobre este aspecto el fiscal Esparra testificó lo siguiente:

La procuradora Aymat [hizo] las advertencias de rigor: Tiene derecho a permanecer callado, cualquier cosa que usted diga puede ser utilizado en su contra, tiene derecho a tener representación legal, tener un abogado presente en todas las etapas de los procedimientos, inclusive allí, inclusive en los momentos de la investigación, si ... quería[n] ... buscar un abogado lo podían hacer o si no el Estado tenía ... si ellos lo pedían tenían [sic] que buscar un abogado, en ese momento, a ellos. Se le explicó con detalles del derecho a permanecer callado, no decir absolutamente nada de lo que se le pregunte. Se le explicó también el derecho a que ... si quería en algún momento parar y no declarar absolutamente nada, que no tenía que hacerlo, no tenía que hacerlo. Esto, realmente, me acuerdo lo que se le explicó en detalle allí a ellos. Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 11; Petición de Certiorari, Apéndice XIV, a la pág. 298. CC-2001-662 10

Luego de esto, tanto Lillian como su padre, firmaron el

referido documento.15

Habiendo sido debidamente advertida de sus derechos,

Lillian procedió a dar una segunda versión, no sin antes

solicitar que su padre abandonara la oficina, quedándose

entonces en compañía de su tía Felipa. Esta vez Lillian

señaló que en junio del año 2000 ella había sustraído una

tarjeta de la cartera de su padre y había retirado la

cantidad de seiscientos dólares ($600.00), con los cuales

pagó a Ezer Muñiz para que éste matara a sus progenitores,

entiéndase su padre y su madre. Explicó que en cierta

ocasión había recriminado a Ezer por no haber realizado su

cometido y que la noche de los hechos había dejado la

puerta de su casa abierta y había entregado a Ezer una

toalla. Entre la primera y la segunda versión transcurrió

aproximadamente una (1) hora.

Ante esta segunda versión, el Fiscal Esparra se

comunicó con el Fiscal de Distrito de Aguadilla, Luis A.

Pérez Cabán, y acordaron ofrecer inmunidad parcial a la

Por su parte la agente Souchet testificó: “[L]as advertencias se las había hecho la Procuradora Aymat. En ese momento yo salgo breve y buscó el documento, por escrito, y se las leo. La Procuradora Aymat se las explicó también, porque se las estoy haciendo por escrito.” Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 43; Petición de Certiorari, Apéndice XIV, a la pág. 472. 15 A pesar de que el formulario no fue admitido en evidencia por no haber sido previamente entregado a la defensa, la prueba testifical demostró no sólo la existencia del documento sino, además, el hecho de que tanto Lillian como su padre firmaron el mismo. CC-2001-662 11

acusada a cambio de su testimonio en contra de Ezer; esto

es, se reclasificaría el delito a uno de asesinato en

segundo grado.16 En vista de lo anterior, el Fiscal Esparra

comenzó a tomarle a Lillian una declaración jurada,

aproximadamente a las diez de la noche (10:00 p.m.).

Previo a ello procedió a explicarle por tercera ocasión, y

en presencia de su padre y de su tía, el derecho que tenía

a no incriminarse con su propio testimonio y a estar

asistida de un abogado.17 En varias ocasiones le preguntó a

la joven si entendía lo que se le estaba explicando, a lo

que ésta contestaba en la afirmativa.18 Le preguntó si

sabía lo que era perjurio, a lo que ésta contestó que no.

En vista de ello, el fiscal buscó el Código penal y

16 Al respecto el fiscal Esparra testificó: “Tan pronto ... terminó esa versión de Lillian, yo recuerdo que lo paramos todo, se paró todo, había que analizar, realmente había que corroborar algo con relación a lo que estaba diciendo ella para poder proceder ... Yo recuerdo que llamé al fiscal Pérez Cabán para ... consultar con él cómo se debía proceder en este asunto y consulté con él la posibilidad de darle una inmunidad a Lillian a cambio de su testimonio contra Ezer Muñiz Benítez.” Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 13; Petición de Certiorari, Apéndice XIII, a la pág. 300. 17 El Fiscal Esparra testificó que luego de hacerle todas las advertencias fue explicándoselas una por una de manera que tanto Lillian como su padre y su tía pudieran entenderlas. Para ilustrar dichas explicaciones expresó que el “derecho a permanecer callada” se lo explicó como que no tenía que decir nada si no quería pero que si decidía declarar, cualquier cosa que dijera él podría utilizarlo en su contra. Las referidas advertencias fueron consignadas en el documento. Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 21; Petición de Certiorari, Apéndice XIII, a la pág. 308. 18 Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 22; Petición de Certiorari, Apéndice XIII, a la pág. 309. CC-2001-662 12

procedió a leerle la definición allí contenida. Acto

seguido, le explicó, en sus propias palabras, lo que

implicaba el referido delito.19 Además, le preguntó sobre

cómo se sentía y si alguien la había amenazado,

coaccionado o intimidado a lo cual la joven contestó en la

negativa.

Mientras esto sucedía, la agente Souchet se dirigió a

la casa de Ezer y lo condujo al cuartel. Una vez allí,

luego de haberle hecho las advertencias de ley, ésta le

explicó al joven que Lillian lo había acusado de dar

muerte a su madre.20 Ezer, aunque confirmó que

efectivamente la acusada le había entregado una cantidad

de dinero para matar a sus padres, negó haber tenido

participación alguna en el asesinato. Adujo que el día de

los hechos él se encontraba junto a sus padres en el

Centro Comercial “Aguadilla Mall”.

Inmediatamente la agente Souchet abandonó el cuartel

para corroborar la veracidad de la información brindada

por Ezer. Con tal fin, entrevistó al padre de éste, a su

vecina y a una amiga de su mamá. Además, tuvo la

oportunidad de observar un recibo de compra del referido

19 Al respecto le explicó que perjurio significaba que ella no podía decir algo que no fuera cierto en la declaración jurada y que no podía cambiar versiones estando bajo juramento. Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 23; Petición de Certiorari, Apéndice XIII, a la pág. 310. 20 Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 31; Petición de Certiorari, Apéndice XIV, a la pág. 460. CC-2001-662 13

centro comercial, con fecha de 19 de noviembre de 2000,

que tenía en su poder la madre del menor.

Habiendo confirmado la coartada de Ezer, la agente

Souchet se dirigió nuevamente a la Oficina de la

Procuradora e interrumpió al Fiscal Esparra, quien en ese

momento se encontraba tomándole la declaración jurada a

Lillian, y le informó que entendía que la peticionaria no

estaba diciendo la verdad. Es en este momento en que el

fiscal decide retirar la oferta de inmunidad que había

hecho a Lillian. Ante esta situación, y en presencia de

todos los presentes, Lillian espontáneamente exclamó que

ella había “matado a su mamá”. Al preguntársele dónde

estaba el arma de fuego, ésta indicó que Kiki,

refiriéndose a Christian Barreto, la había ayudado a

desaparecer el arma y el lápiz labial con el que escribió

los mensajes. La agente salió de la oficina en busca del

referido joven.

Así las cosas, la agente Souchet se personó en la

residencia de Christian Barreto en la madrugada del 23 de

noviembre, aproximadamente a la 1:00 a.m. Allí, luego de

hacerle las advertencias de rigor, la agente entrevistó a

Christian quien señaló que el día de los hechos --entre

las 7:30 y 8:00 de la noche-- Lillian lo había llamado

para expresarle que había matado a su mamá. Éste la buscó

y arrojaron el arma y el lápiz labial en un caño cercano.

Durante esa madrugada, Christian y su padre acompañaron a CC-2001-662 14

la agente a la oficina de la Procuradora de Menores y allí

la agente le relató al fiscal lo declarado por el menor.

Luego de haber trabajado toda la noche, el Fiscal, la

Procuradora y la taquígrafa de récord se retiraron, a eso

de las cuatro de la madrugada, acordando reunirse

nuevamente a las cuatro de la tarde.21 Por otro lado, ya en

horas de la mañana de ese 23 de noviembre, la agente

Souchet localizó el arma de fuego y el lápiz labial en el

lugar indicado por Christian.22

Esa tarde se reunieron en la Oficina de la

Procuradora de Menores el Fiscal Esparra, la agente

Souchet --quien acudió acompañada de la acusada--, la

Procuradora Aymat, el señor Medina y la tía Felipa. Esta

última había llevado ropa limpia para su sobrina por lo

que pidió permiso para que pudiera cambiarse de ropa, lo

cual le fue permitido. Ambas fueron a un servicio

sanitario y allí conversaron a solas. Lillian le preguntó:

¿Papá me va a fiar?, a lo que su tía contestó que creía

que éste no tenía dinero. A continuación, Lillian le

expresó que había acusado a Will y a Ezer pero que había

sido “pendeja” porque no había acusado a Christian. Señaló

que ella cumpliría cien (100) años de cárcel, pero que si

culpaba a Christian sólo cumpliría cincuenta (50). La tía

Felipa le contestó que no debía acusar a un inocente, a lo

21 Siendo la principal sospechosa de la muerte de su madre, Lillian permaneció bajo la custodia de la agente Souchet. 22 El señor Medina corroboró que, efectivamente, se trataba del arma hurtada de su vehículo. CC-2001-662 15

que ésta expresó que conocía de un inocente que había

cumplido doce (12) años en la cárcel.23 Finalmente, y

estando todavía a solas, la tía Felipa cuestionó a la

acusada sobre si su madre había sentido dolor, a lo que

ésta contestó que había muerto en el acto sin sufrir ni

sentir dolor alguno. Agradeció a su tía por toda la ayuda

que le había brindado durante esos días y le pidió perdón.

Luego de esto regresaron y se reunieron con la Procuradora

Aymat y el Fiscal Esparra.

Más adelante, Lillian informó que deseaba ver a

Christian, lo cual también le fue concedido. Ésta fue

conducida hasta el lugar donde se encontraba el joven y

frente a todos los presentes le pidió que aceptara su

participación en los hechos. Acto seguido el abogado de

Christian, quien también se encontraba en el lugar, le

aconsejó que no hablara, retirándolo inmediatamente.

Posteriormente, se le tomó una declaración jurada a

Christian y se acordó que éste sería encausado por el

delito de encubrimiento a cambio de su testimonio.

Durante el transcurso del día 23 de noviembre, se

completaron los trámites relacionados con la investigación

y se tomaron las correspondientes declaraciones juradas a

Ezer y a Christian. En la mañana siguiente el caso fue

sometido, determinándose causa probable contra Lillian por

23 Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 6; Petición de Certiorari, Apéndice X, a la pág. 124. CC-2001-662 16

los delitos de Asesinato en Primer Grado e infracciones a

los Artículos 6 y 8 de la Ley de Armas.

El 2 de abril de 2001, la representación legal de la

peticionaria presentó una moción de supresión de evidencia

en la cual se solicitó del tribunal que ordenara la

supresión de toda expresión contra interés penal hecha por

la acusada. Además, se solicitó que se ordenara la

supresión de los testimonios de Ezer Muñiz Benítez,

Christian Barreto Matos, los agentes Magali Souchet y

Edgar López, así como el de cualquier otro policía y/o

testigo cuyo testimonio se derivara de las admisiones

hechas por la peticionaria. Finalmente, se solicitó la

supresión de cualquier objeto (se mencionó específicamente

el arma de fuego) o documento derivado de la alegada

intervención ilegal. El Ministerio Público se opuso a lo

solicitado y el tribunal de instancia celebró una vista

los días 5, 7 y 8 de junio de 2001. En ésta testificaron

por parte de la defensa el padre de la acusada --el señor

Medina Sepúlveda--, el licenciado José González --abogado

de Christian-- y la doctora Carol Merced Romey, sicóloga

clínica.24 Por parte del Ministerio Público testificaron la

24 La doctora Carol Merced Romey visitó a Lillian en la Institución de Menores de Ponce el 26 de diciembre de 2000 a petición de la Sociedad para Asistencia Legal, solicitud que fuera hecha, específicamente, por el representante legal de la acusada, el licenciado Edwin Barreto Barreto. El propósito de la visita, según el propio testimonio de la Doctora, fue realizar una evaluación sicológica de la joven. CC-2001-662 17

señora Felipa Medina Sepúlveda --tía de la peticionaria--,

la agente Magali Souchet y el Fiscal Joseph Esparra.

Tras solicitar de las partes la presentación de

memorando de Derecho, el tribunal de instancia emitió una

resolución denegando la supresión de la evidencia

solicitada. A tales efectos, entendió que la renuncia de

Lillian había sido una voluntaria, inteligente y

consciente de los derechos que la asistían. Coligió que el

Ministerio Público cumplió con el requisito de hacerle las

advertencias de ley, tanto a ella como a su padre y a su

tía, y que la peticionaria había entendido todos los

derechos que renunció durante el proceso que culminó en su

confesión. Refiriéndose al testimonio de la doctora Romey

señaló que el mismo no le merecía credibilidad. Adujo al

respecto que su evaluación no incluyó un examen de

expedientes o tratamientos médicos, entrevistas a

familiares y que sólo se había tomado en consideración la

entrevista realizada a la acusada a poco más de un mes del

día de los hechos. Insatisfecha, la peticionaria Medina

Hernández acudió en revisión de dicha determinación ante

el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el cual confirmó

la resolución emitida.

Inconforme con la actuación del Tribunal de Circuito

de Apelaciones, la peticionaria acudió en revisión –-vía

certiorari-- ante este Tribunal. Alega que procede revocar

la sentencia emitida por el foro apelativo intermedio,

debido a que dicho foro incidió: CC-2001-662 18

...al confirmar la resolución del tribunal de primera instancia que decretó no ha lugar la moción de supresión de evidencia, resolviendo erróneamente que las admisiones y/o confesiones obtenidas de la menor recurrente eran admisibles en evidencia por mediar una renuncia libre, voluntaria, consciente e inteligente de su derecho constitucional a la no autoincriminación.

Expedimos el recurso. Contando con las comparecencias

de las partes y estando en condición de resolver el mismo,

procedemos a así hacerlo.

II

Tanto la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico como la de los Estados Unidos garantizan el

derecho de todo ciudadano contra la autoincriminación. 1

L.P.R.A. sec. 11; Emda. V, Const. E.U., L.P.R.A., Tomo 1.

Nuestra Constitución va más allá al disponer que el

silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni

comentarse en su contra. Id. Cónsono con lo anterior en

Pueblo en interés menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551, 561-62

(1989), expresamos:

No debe haber la menor duda de que el derecho que tiene todo ciudadano que habita en nuestro país, ante una imputación de delito por parte del Estado a permanecer callado, a no incriminarse y que su silencio no pueda ser tomado en su contra --garantizado el mismo por el Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1-- es uno de los derechos más trascendentales y fundamentales del derecho penal y procedimiento criminal que se practica en una democracia como la nuestra. CC-2001-662 19

Es doctrina firmemente establecida que esta garantía

aplica en toda su extensión a aquellos casos en que la

persona a ser interrogada resulte ser un menor. Pueblo v.

Figueroa González, 95 D.P.R. 98, 102 (1967); R.A.M. v.

Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270, 273 (1974); Pueblo en

interés menor J.A.B.C., ante, a la pág. 564; Pueblo en

interés del menor R.H.M., 126 D.P.R. 404, 424-25 (1990);

Pueblo en interés del menor F.B.M., 112 D.P.R. 250, 252

(1982); Pueblo en interes del menor G.R.S., res. el 6 de

julio de 1999, 99 T.S.P.R. 115; In re Gault, 387 U.S. 1,

55 (1967). A esos efectos hemos expresado que “a un menor

le protege en todo momento la garantía constitucional

contra la autoincriminación como parte del trato justo y

debido proceso de ley a que tiene derecho.” R.A.M. v.

Tribunal Superior, ante, a la pág. 273.

Ahora bien, tal y como sucede en el caso de los

adultos, este derecho no es absoluto. El mismo puede ser

renunciado, siempre que la renuncia sea voluntaria,

consciente e inteligente. Pueblo en interés del menor

J.A.B.C., ante. Al respecto hemos dispuesto, citando con

aprobación a Moran v. Burbine, 475 U.S. 412 (1986), que al

evaluar la voluntariedad de esta renuncia deberán

analizarse dos vertientes, a saber: primero, el abandono

del derecho debe haber sido voluntario en el sentido de

que sea producto de una elección libre y deliberada y

segundo, la renuncia debe hacerse con pleno conocimiento

no sólo del derecho abandonado sino de las consecuencias CC-2001-662 20

de esa decisión. Pueblo v. López Rodríguez, 118 D.P.R.

515, 539 (1987). Una renuncia será voluntaria si es

“realizada sin que haya mediado intimidación, coacción o

violencia por parte de los funcionarios del Estado en el

procedimiento que culmina en la toma de la confesión.”

Pueblo en interés menor J.A.B.C., ante, a la pág. 561

(1989); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762, 775-76

(1991).

En cuanto al requisito de que sea hecha de modo

“consciente e inteligente” hemos precisado que se trata de

que “el sospechoso o imputado de delito sea informado, en

forma apropiada, del privilegio constitucional contra la

autoincriminación; incluyendo la advertencia crucial de

que cualquier manifestación que haga al respecto podrá ser

usada en su contra en un proceso criminal.” Pueblo en

interés menor J.A.B.C., ante, a las págs. 561-62 (1989);

Pueblo v. Ruiz Bosch, ante, a las págs. 775-76 (1991).

Esto último requiere que “el Estado le informe, de manera

eficaz, al sospechoso o imputado de delito las siguientes

advertencias: que tiene el derecho a permanecer callado;

que cualquier manifestación que haga podrá ser utilizada

como evidencia en su contra; que tiene el derecho a

consultar con un abogado de su selección antes de decidir

si declara o no y contar con la asistencia de éste durante

el interrogatorio, y que de no tener dinero para pagar un

abogado, el Estado viene en la obligación de proveérselo.”

Pueblo en interés menor J.A.B.C., ante, a la pág. 562 CC-2001-662 21

(1989). Véase, además: Rivera Escuté v. Jefe

Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965); Pueblo v. De Jesús

Cabrera, 94 D.P.R. 450 (1967); Pueblo v. Guadalupe, 94

D.P.R. 190, 197 (1967); Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R.

316 (1980); Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).

Ahora bien, en la medida en que nuestros

pronunciamientos se han encaminado a ofrecer mayores

garantías constitucionales a los menores en los procesos

criminales, dichas protecciones, en específico el derecho

contra la autoincriminación y el derecho a una asistencia

legal, cobran y abarcan un terreno de mayores inquietudes

e incógnitas en la defensa y la protección efectiva de

éstos. Bajo esta vertiente, debemos examinar con suma

cautela si, en efecto, el menor entendió o comprendió las

referidas advertencias antes de renunciar a estas

garantías. Pueblo en interés del menor F.B.M., ante, a la

pág. 252, citando a In re Gault, ante; Pueblo en interés

del menor J.A.B.C., ante, a la pág. 564. Cónsono con lo

anterior, y en aras de proteger los derechos de los

menores, en Pueblo en interés del menor F.B.M., ante, a la

pág. 253, citando con aprobación la norma sentada en In Re

Gault, ante, sostuvimos que:

la cláusula de debido proceso de ley de la enmienda decimocuarta exige que en los procedimientos determinantes de delincuencia que puedan resultar en envío a una institución donde se limite la libertad de un menor, éste y sus padres deben ser notificados del derecho del menor a ser representado por un abogado contratado por ellos o, de no tener medios CC-2001-662 22

económicos para hacerlo, a que se nombre un abogado para tal fin. (Subrayado nuestro.)

En el referido caso rechazamos la posibilidad de “que

el menor, a solas, sin justificación adecuada para la

ausencia de un abogado o de un adulto interesado en su

suerte y conocedor de sus derechos, renuncie a su derecho

a no incriminarse.” A esos efectos sostuvimos, citando las

palabras textuales del Tribunal Supremo de los Estados

Unidos en In re Gault, ante, que si por alguna razón

permisible el abogado del menor no está presente al

momento de obtenerse la admisión, entonces, deberá tenerse

extremo cuidado al comprobar si la misma fue voluntaria,

no sólo en el sentido de que no fue el producto de la

coacción o la sugestión, sino, también, en el sentido de

que no fue el resultado de la ignorancia de sus derechos,

el pavor o el desaliento. Pueblo en interés del menor

F.B.M., ante, a la pág. 252.

En cuanto al momento en que surge la obligación de

hacer las antedichas advertencias es preciso resaltar que,

tal y como sucede en relación con los adultos, las mismas

serán necesarias tan pronto como la investigación tome el

caris de acusatoria y se pose sobre el menor sospechoso

con miras a extraer de éste una confesión. De modo que, ya

no se trata de meras averiguaciones de un crimen sin

resolver sino de un proceso acusatorio. Rivera Escuté v.

Jefe Penitenciaría, ante, a la pág. 779; Pueblo v. Chaar

Cacho, ante, a la pág. 324. Dicho de otro modo, para que CC-2001-662 23

un menor pueda invocar exitosamente esta protección

constitucional, de manera que el Estado esté impedido de

presentar la confesión o admisión prestada, deberán estar

presentes cuatro requisitos básicos; estos son: (1) que al

momento de obtenerse la declaración impugnada ya la

investigación se haya centralizado sobre la persona del

menor; esto es, que ya funja como sospechoso de la

comisión de una falta o delito; (2) que al momento de

prestar la declaración en cuestión ya se encuentre “bajo

custodia del Estado”; (3) que la declaración haya sido

“producto de un interrogatorio” realizado con el fin de

obtener manifestaciones incriminatorias; (4) que no se le

haya advertido --en presencia de un adulto interesado en

el bienestar del menor o de un abogado-- sobre los

derechos constitucionales que nuestro ordenamiento le

garantiza. Pueblo v. López Guzmán, ante, a la pág. 883;

Pueblo en interés del menor F.B.M., ante, a la pág. 253.

Respecto al criterio que deberán utilizar los

tribunales, al analizar la validez de la renuncia al

privilegio contra la autoincriminación, hemos establecido

que, al igual que en el caso de los adultos, ésta deberá

estar basada en el análisis de la “totalidad de las

circunstancias”. Pueblo en interés menor J.A.B.C., ante, a

la pág. 562. A esos efectos, el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos ha señalado que:

This totality-of-the-circunstances approach is adecuate to determine whether there has been a waiver even where interrogation of juveniles is CC-2001-662 24

involved. We discern no persuasive reasons why any other approach is required where the question is whether a juvenile has waived his rights, as opposed to whether an adult has done so. The totality approach permits –indeed, it mandates– inquiry into all the circumstances surrounding the interrogation. This includes evaluation of juvenile’s age, experience, education, background, and intelligence, and into whether he has the capacity to understand the warnings given him, the nature of his Fifth Amendment rights, and the consequences of waiving those rights. Fare v. Michael C., 442 U.S. 707, 725 (1979).

Acorde con lo anterior, hemos precisado que entre los

muchos factores que deberán ser sopesados por los

tribunales bajo el mencionado criterio, se encuentran: (1)

la persona del menor y sus circunstancias personales y

particulares; esto es, edad, experiencia, instrucción

académica, etc.; (2) el período de tiempo que estuvo bajo

custodia policíaca antes de prestar la confesión; (3) si

estuvo o no acompañado por un familiar; (4) si

efectivamente estuvo o no asistido por un abogado al

confesar, etc.; Pueblo en el interés del menor J.A.B.C.,

ante, a la pág. 563, n.7.25 De igual forma hemos advertido

25 En State v. Benoit, 126 NH 4, 490 A2d 295, 302 (1985), el tribunal de New Hampshire esboza una lista extensa de factores que han de evaluarse bajo el criterio de la totalidad de las circunstancias, que incluye:

(1) the chronological age of the juvenile; (2) the apparent mental age of the juvenile; (3) the educational level of the juvenile; (4) the juvenile’s physical condition; (5) the juvenile’s previous dealing with the police or court appearances; (6) the extent of the explanation of rights; (7) the language of the warnings given; (8) the methods of interrogation; (9) the length CC-2001-662 25

sobre la insuficiencia de una lectura mecánica de los

derechos reconocidos en Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436

(1966). Pueblo en interés del menor F.B.M., ante, a la

pág. 252. A tales efectos hemos enfatizado que, cuando se

trata de menores, hay que intentar asegurarse de la

voluntariedad de su confesión mediante la indagación de

los factores antes mencionados y el examen de la

“totalidad de las circunstancias” que tuvieron lugar en el

momento en que se produjo la confesión. Id.

Ahora bien, es al Estado a quien le corresponde

probar que la confesión efectuada obedeció a una renuncia

válida de las protecciones constitucionales para que la

misma sea admisible en evidencia. Pueblo en interés del

menor F.B.M., ante; Pueblo v. Pellot Pérez, 121 D.P.R.

791, 802 (1988); Pueblo v. García Ciuro, 134 D.P.R. 13, 17

(1993). Es el Estado quien tendrá que demostrar que la

renuncia fue voluntaria, consciente e inteligente. Para

ello es preciso que se desfile prueba detallada sobre las

advertencias específicas que se le hicieron al sospechoso

y sobre las condiciones imperantes en el momento en que

éste hizo la admisión o confesión. Pueblo v. Ruiz Bosch,

ante, a la pág. 776; Pueblo v. García Ciuro, Id. Esta es

of the interrogation; (10) the length of time the juvenile was in custody; (11) whether the juvenile was held incommunicado; (12) whether the juvenile was afforded the opportunity to consult with an adult; (13) the juvenile’s understanding of the offense charged; (14) whether the juvenile was warned of possible transfer to adult court; and (15) whether the juvenile later repudiated the statement. CC-2001-662 26

la única manera en que un tribunal puede determinar, a

base del criterio de la “totalidad de las circunstancias”,

si dicha renuncia fue voluntaria, consciente e

inteligente. Pueblo v. Ruiz Bosch, ante, a la pág. 776;

Pueblo v. García Ciuro, ante, a la pág. 18.

III

Con estos pronunciamientos en mente, pasamos a

analizar la validez de la confesión prestada por la menor

peticionaria, Lillian Enid Medina Hernández. Para ello es

preciso que comencemos por dilucidar si el Ministerio

Público cumplió con su deber de demostrar que se hicieron

las advertencias legales y que la menor renunció a su

derecho a no autoincriminarse de forma voluntaria mediante

un abandono libre, consciente e inteligente del mismo.

A

La prueba presentada a nivel de instancia demuestra

que las advertencias de ley, en cuanto a su derecho a no

autoincriminarse y a tener asistencia de abogado, fueron

hechas tan pronto como surgió la sospecha de que, en

efecto, la peticionaria podía estar implicada en el

asesinato de su madre. Esto fue cuando la menor, luego de

haber aceptado que las imputaciones contra Will no eran

ciertas, se reafirmó en que había robado el arma de fuego

del vehículo de su padre y guardó silencio al

preguntársele si había dicho a alguien que tenía el arma CC-2001-662 27

en su poder. Fue en este momento en que la Procuradora

Aymat, quien sabía sobre los mensajes dejados en la

residencia, sospechó por primera vez de Lillian. Como

señaláramos, en este momento la Procuradora procedió a

explicarle a la menor, en presencia de su padre y de su

tía, las advertencias de ley exigidas por nuestra

jurisprudencia en esta clase de situaciones. Al

preguntarle si entendía las mismas ésta contestó en la

afirmativa. Las referidas advertencias fueron explicadas

nuevamente por la agente Souchet, quien le dio a firmar un

documento que contenía las mismas a Lillian y a su padre. CC-2001-662 28

En su escrito ante nos la representación legal de la

peticionaria alega que para la madrugada del 20 de

noviembre ya Lillian figuraba como sospechosa de la muerte

de su madre, razón por la cual se le debió apercibir de

sus derechos desde ese instante. Los fundamentos que se

aducen en apoyo a esta contención no nos mueven a

intervenir con la apreciación de la prueba que, en

relación con este hecho, realizara el foro de instancia.26

Adviértase que el interrogatorio realizado a la menor

peticionaria, el cual dio lugar a la confesión aquí en

controversia, se llevó a cabo, precisamente, a instancias

de ésta. Estamos convencidos, tal y como lo estuvo el

tribunal de instancia, que previo a ello Lillian nunca fue

considerada como sospechosa y sí como una posible víctima,

dadas las amenazas encontradas en su residencia la noche

de los hechos.

Lo anterior queda evidenciado si consideramos que la

única entrevista realizada, previo al referido

interrogatorio, se llevó a cabo el 20 de noviembre de

2000; entrevista que también fue realizada a su hermana y

a su padre y que, de acuerdo a las determinaciones de

hechos realizadas por el foro primario, duraron apenas

varios minutos. No fue hasta el 22 de noviembre --segundo

día de la investigación-- que los agentes volvieron a

26 A tales efectos aduce la defensa que sólo Lillian y su padre fueron llevados al cuartel la noche de los hechos, que la agente Souchet ocupó una libreta perteneciente a Lillian y que el señor Medina indicó haber creído que tanto él como Lillian fungían como sospechosos. CC-2001-662 29

hablar con Lillian, conversación que, repetimos, se inició

a instancias de la propia menor.

Siendo así, es evidente que en este momento no

estaban presentes ninguna de las circunstancias que

activan las garantías constitucionales y obligan al Estado

a impartir las advertencias de ley; esto es, Lillian no se

encontraba bajo la custodia del Estado, no era una

sospechosa sobre la cual se hubiese centrado investigación

alguna y tampoco se le estaba interrogando con miras a

obtener de ésta alguna manifestación incriminatoria.

B

En cuanto a la voluntariedad de la confesión, el

señor Medina, padre de la peticionaria, testificó que el

trato recibido por su hija fue uno justo y cordial sin que

hubieran mediado humillaciones o maltrato alguno.27 No

podemos avalar el argumento de la menor peticionaria a los

efectos de que el llevar a Will al cuartel mientras ésta

aún se encontraba en el lugar tuvo el efecto de crear un

ambiente intimidante. Como señaláramos, en este momento la

menor figuraba como testigo y no como sospechosa. No hay

un solo ápice de prueba que ni tan siquiera sugiera que a

ésta se le impidió abandonar el lugar mientras se llevaba

a cabo el arresto de Will. Por el contrario, del

testimonio de la agente Souchet surge que en este momento

27 Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 84; Petición de Certiorari, Apéndice IX, a la pág. 102. CC-2001-662 30

la menor podía retirarse y que no estaba detenida ni se le

impidió abandonar el lugar.28 Siendo así es razonable

concluir que si Lillian aún se encontraba en el cuartel a

la llegada de Will ello correspondió a una mera

coincidencia y no al intento por parte del Estado de

coaccionar o intimidar a la menor. Tampoco puede

entenderse que los esfuerzos realizados por los agentes de

la policía para corroborar la información que obtenían

constituyeran coacción o intimidación en contra de

Lillian.

Lo mismo aplica en cuanto a la alegación de que no se

le permitió retirarse del cuartel durante el tiempo que

duró la investigación. De modo alguno puede entenderse que

Lillian tenía su libertad de acción restringida durante

las primeras etapas del proceso investigativo. Siendo una

simple testigo pudo haberse retirado en cualquier momento.

Claro que, como es natural, luego de su confesión ya esto

no era posible y desde este momento permaneció bajo la

custodia de los agentes del Estado.

Tampoco es correcta la contención de la peticionaria

a los efectos de que fue interrogada durante un periodo de

tiempo de tres días. Al remitirnos a las determinaciones

de hechos realizadas por el tribunal de primera instancia

encontramos que dicho foro entendió que la duración del

interrogatorio en cuestión fue de aproximadamente ocho (8)

28 Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 84; Petición de Certiorari, Apéndice XIV, a la pág. 513. CC-2001-662 31

horas. Sin embargo, y ante la alegación de la peticionaria

de que esta determinación es incorrecta, hemos examinado

minuciosamente la transcripción de evidencia en busca de

indicios que nos permitan establecer la verdadera duración

del referido interrogatorio. Al así hacerlo encontramos

que, tal y como reseñáramos previamente, éste comenzó

entre las 5:45 y 6:00 de la tarde y terminó antes de la

1:00 de la madrugada, hora en que la agente Souchet acudió

a la casa de Christian para corroborar la confesión de la

menor. Es decir, el interrogatorio duró menos de siete (7)

horas, de las cuales en la primera de ellas Lillian

figuraba como testigo y no como sospechosa.

Por otro lado, es menester resaltar que durante las

restantes seis (6) horas a Lillian se le estuvo tomando

una declaración jurada en torno a su segunda versión, para

lo cual fue necesario, no sólo contactar nuevamente a la

taquígrafa de récord, y por consiguiente esperar a que

ésta llegara, sino, además, contactar al Fiscal Pérez

Cabán para que abriera las oficinas de la Fiscalía; debe

recordarse que la entrevista a Lillian se estaba

realizando en la Oficina de la Procuradora y no en el área

de la Fiscalía.29

29 Sobre este particular el Fiscal Esparra testificó que:

Cuando Lillian ... había relacionado a Will, me lo habían dicho ya por teléfono, yo le había dicho a la Taquígrafa que se quedara, que se quedara en la Fiscalía, porque aparentemente íbamos a tener que tomar [una] declaración jurada. Sin embargo, cuando ... me di cuenta de CC-2001-662 32

Durante este periodo de tiempo, además, se estuvo

tramitando un acuerdo de inmunidad para la menor. A tenor

con lo anterior, de modo alguno, podría entenderse que

estas siete horas fueron de un “interrogatorio constante e

ininterrumpido”. Por el contrario, entendemos que se trató

de un tiempo razonable, considerando las circunstancias

particulares en que se llevó a cabo el mismo.

C

Nos resta resolver si Lillian prestó la confesión

aquí en controversia de forma “consciente e inteligente”.

Ello requiere que evaluemos si, en efecto, ésta renunció a

que lo de Will no era cierto le dije a la Taquígrafa que se fuera, ..., que no era necesario. Entonces, cuando vuelve y relata lo de Ezer yo recuerdo que llamé a la Taquígrafa de nuevo, pero tenía un problema porque yo había mandado a cerrar el segundo piso de la Fiscalía y en aquel momento yo no tenía llaves de la Fiscalía, y llamo al Fiscal Pérez Cabán para que baje, por favor que me traiga las llaves de la Fiscalía y llamó a la ... Taquígrafa para que regrese a la Fiscalía. El Fiscal Pérez se persona allí a la Fiscalía y anotamos de qué era lo que estaba pasando nuevamente y entonces abrimos la Fiscalía. La ... Taquígrafa ya había llegado ... y habíamos intentado coger parte de la declaración jurada en la computadora de la Procuraduría de Menores, pero no fue posible porque ella no entendía bien cómo era que bregaba la computadora en la Procuraduría de Menores. Subimos al segundo piso, se buscaron los documentos, se buscó un modelo para hacer ... el convenio de inmunidad que se le iba a dar a Lillian ... .” Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 15; Petición de Certiorari, Apéndice XIII, a las págs. 301- 02. CC-2001-662 33

su derecho a no autoincriminarse y a estar asistida por un

abogado, luego de haber sido informada -–de manera

eficaz-- del referido derecho y de las consecuencias que

conllevaba renunciar al mismo. Además, es necesario que

analicemos si la menor comprendió las referidas

advertencias. Veamos.

De entrada es preciso que enfaticemos el hecho de que

en el presente caso la peticionaria fue informada de su

derecho a no autoincriminarse y a estar acompañada por un

abogado no en una sino en tres ocasiones distintas.

Además, las referidas advertencias fueron hechas en un

lenguaje sencillo y coloquial sin que pueda entenderse que

el Estado se limitó a hacerlas en forma mecánica o

utilizando un lenguaje técnico o rebuscado.

La primera ocasión en que se le explicaron a Lillian

las referidas advertencias ocurrió a menos de una hora de

comenzada la entrevista del 22 de noviembre, esto es,

previo a que Lillian comenzara a dar su segunda versión de

los hechos. Sobre este particular el Fiscal Esparra

testificó lo siguiente:

La procuradora Aymat [hizo] las advertencias de rigor: Tiene derecho a permanecer callado, cualquier cosa que usted diga puede ser utilizado en su contra, tiene derecho a tener representación legal, tener un abogado presente en todas las etapas de los procedimientos, inclusive allí, inclusive en los momentos de la investigación, si ... quería buscar un abogado lo podían hacer o si no el Estado tenía ... si ellos lo pedían tenían que buscar un abogado, en ese momento, a ellos. Se le explicó con detalles del derecho a permanecer callado, no decir absolutamente nada de lo que se le pregunte. Se CC-2001-662 34

le explicó también el derecho a que ... a que si quería en algún momento parar y no declarar absolutamente nada, que no tenía que hacerlo, no tenía que hacerlo. Esto, realmente, me acuerdo lo que se le explicó en detalle allí a ellos. Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 11; Petición de Certiorari, Apéndice XIV, a la pág. 298.

Luego de esto, la agente Souchet procedió a

explicarle por segunda ocasión las referidas advertencias

a la joven --y a su padre-- esta vez leyendo de un

documento que contenía las mismas. En ambas ocasiones

tanto Lillian como su padre afirmaron haber entendido

cuáles eran los derechos que en esos momentos cobijaban a

la menor.

Ahora bien, y como señaláramos anteriormente, Lillian

--habiendo sido previamente informada de que tenía un

derecho a permanecer en silencio y a estar asistida por un

abogado-- procedió a dar una segunda versión de los

hechos. En esta ocasión se implicó a sí misma como autora

intelectual del delito e identificó a otro joven como la

persona a quien contrató para dar muerte a sus

progenitores. La evidencia más patente de que los

funcionarios que realizaban la investigación estaban

completamente convencidos de la veracidad de las palabras

de Lillian es que en este momento se negoció un acuerdo

mediante el cual se le ofreció inmunidad a la menor a

cambio de su testimonio contra el joven implicado. A esos

efectos, aun cuando no se había confirmado la veracidad de

esta segunda versión, se procedió a tomarle una CC-2001-662 35

declaración jurada a la peticionaria. Fue aquí en que por

tercera ocasión se le explicó a la menor, en presencia de

su padre y de su tía, que si no quería no tenía que decir

nada pero que si decidía decir algo entonces el Fiscal

Esparra podría utilizarlo en su contra.30 Además, se le

explicó que si no quería contestar algo de lo que se le

preguntaba no lo tenía que hacer. También se les informó

--tanto a Lillian como a su padre y a su tía-- que tenían

el derecho a estar acompañados por un abogado y que si no

tenían los medios para ello el propio Fiscal Esparra

tendría que conseguirlo.31 Nuevamente todos contestaron en

la afirmativa al preguntárseles si entendían lo que se les

estaba explicando.32

Acto seguido el Fiscal Esparra procedió a hacer

varias preguntas a la menor para asegurarse de la

voluntariedad de su declaración. Al respecto testificó el

fiscal:

Le pregunté “cómo se sentía en esos momentos”, me dijo que “se sentía bien físicamente”. Si padecía de alguna enfermedad, ella me manifestó que padecía de un soplo en el corazón. Había mencionado anteriormente “si había hecho uso de sustancias controlada[s]”, me dijo que no. “Si

30 El documento conteniendo la declaración inconclusa de Lillian fue presentado y admitido en evidencia en la vista de supresión. En éste aparecen consignadas nuevamente las advertencias de ley impartidas por el Fiscal Esparra. 31 Adviértase que no se explicaron los derechos en forma mecánica sino en palabras sencillas que fácilmente podía entender una menor de quince (15) años como Lillian. 32 Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 24; Petición de Certiorari, Apéndice XIII, a la pág. 311. CC-2001-662 36

había ingerido algún tipo de medicamento, especialmente ese día” y me contestó que no. Le pregunté “si había sido maltratada, ofendida, amenazada por un [sic] miembro de la policía que está [sic] envuelto en el caso”, me contestó que no. Le pregunté “si había sido maltratada, amenazada por el Fiscal o algún otro funcionario que estuviera a cargo de la investigación”, me dijo que no. Le pregunté entonces si --nuevamente-- “si la determinación de usted, de prestar la declaración jurada, es libre, voluntaria, sin haber sido [sic] ningún tipo de intimidación de algún funcionario”, me dijo que no. “Si alguna agencia -–como es la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia-- ha intervenido en su determinación de declarar libre y voluntariamente”, me contestó que no ... Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a las págs. 23-24; Petición de Certiorari, Apéndice XIII, a las págs. 310-11.

Adviértase que en este punto ya se le han explicado

sus derechos a Lillian --en presencia de su padre y de su

tía-- en tres ocasiones. Esto es, en tres momentos

distintos, la menor afirmó haber entendido cuáles eran sus

derechos y aun así continuó con sus declaraciones.

Habiendo sido precedida no por una sino por tres

explicaciones de las protecciones constitucionales que en

ese momento protegían a la menor, y habiendo afirmado ésta

en tres ocasiones que en efecto entendía las mismas,

forzoso es concluir que la renuncia que ésta hizo a su

derecho a no autoincriminarse fue una completamente

“consciente e inteligente”. Adviértase, además, que

Lillian le expresó a su tía que tendría que cumplir cien

(100) años de cárcel; esto es, sin lugar a dudas conocía

sobre las consecuencias de su renuncia. CC-2001-662 37

Pero ¿qué de la subsiguiente confesión? Recordemos

que ésta ocurrió luego de que se descubre la falsedad de

la segunda versión prestada por la menor. Es cuando se le

informa que la inmunidad sería retirada que ésta decide

dar una tercera versión. Sencillamente, la menor no

contaba con que sus versiones serían corroboradas por los

agentes, razón por la cual ella misma fue tejiendo una

encrucijada de la cual le fue imposible escapar.

Nótese que se trató de una manifestación espontánea

que no estuvo precedida por ninguna clase de coacción,

intimidación ni violencia. Ni siquiera se le estaba ya

interrogando.33 Simplemente se le informó que habían

descubierto que mentía y que por tal razón su inmunidad

sería retirada. Ello, por sí sólo, no puede ser

considerado de modo alguno como indicio de coacción,

violencia o intimidación alguna.

Ante unos hechos tan patentes no podemos avalar la

contención de la representación legal de la peticionaria a

los efectos de que la confesión de la menor no estuvo

33 En vista de que el interrogatorio había cesado falta uno de los requisitos básicos que da lugar a la obligación de hacer las advertencias de rigor en estas circunstancias. En Pueblo v. Laguna Rodríguez, 92 D.P.R. 831, 833-34 (1962), este Tribunal estableció que la norma establecida en Rivera Escuté, 92 D.P.R. 765 (1965), sobre la obligación de hacer las advertencias de ley, no es de aplicación cuando las manifestaciones son hechas por el sospechoso de forma espontánea sin que en ese momento se le estuviera interrogando con el fin de obtener manifestaciones incriminatorias. Aún así es preciso recordar el hecho de que en este caso la joven, Lillian Enid Medina Hernández, ya había sido advertida de sus derechos en tres ocasiones. CC-2001-662 38

precedida por una renuncia voluntaria, consciente e

inteligente de los derechos que en ese momento la

cobijaban. Indudablemente los hechos de este caso

demuestran que, a pesar de su minoría de edad, Lillian es

una joven inteligente y muy suspicaz que tuvo el ingenio

para planificar cada una de sus versiones las cuales,

según el testimonio del Fiscal Esparra, eran muy

coherentes y convincentes.34

34 La contundente evidencia presentada ante el foro primario, en cuanto al modo en que Lillian fraguó diversas versiones de los hechos, no nos permite avalar la opinión emitida por la doctora Carol Romey en el presente caso, a los efectos de que la renuncia hecha por Lillian no fue una libre y voluntaria por no tener la capacidad para ello. Adviértase que la doctora Romey apoya su conclusión en el hecho de que el día 26 de diciembre de 2000 --fecha en que ésta visitó a Lillian a la Institución de Menores en la que se encontraba-- observó que la joven presentaba un cuadro clínico de emergencia máxima, una personalidad totalmente desorganizada, un proceso sicótico activo y una ideación suicida alarmante. Al respecto señaló que si dicha condición no permitía que Lillian pudiera prestar un consentimiento válido a la evaluación que ésta le haría, menos aún pudo haber renunciado a unos derechos que no entendía. Ahora bien, estas observaciones se llevaron a cabo a más de un mes de ocurridos los hechos del presente caso. Un mes en que la menor estuvo privada de las ocho o diez bolsas de cocaína que afirmó haber estado utilizando diariamente, un mes de estar encerrada --a solas-- en una celda de una institución juvenil, apartada de los familiares que la acompañaron durante el curso investigativo del caso. Sin lugar a dudas, coincidimos con la opinión del foro primario a los efectos de que ante un cuadro fáctico como el descrito, de modo alguno, podría merecer credibilidad el testimonio emitido por la doctora Romey. Más aún cuando su evaluación dependió exclusivamente de la entrevista antes descrita, sin tener el beneficio de examinar expedientes o tratamientos médicos efectuados a la menor o entrevistas a familiares, maestros o amigos. Consistentemente hemos resuelto que los tribunales no están obligados a seguir indefectiblemente la opinión, juicio, conclusión o determinación de un perito, estando en plena libertad de adoptar su propio criterio al evaluar la prueba pericial y hasta descartar CC-2001-662 39

D

La representación legal de la menor peticionaria nos

invita a adoptar en el presente caso una norma mediante la

cual se rechace, a priori, la admisibilidad de toda

confesión o admisión hecha por un menor si al momento de

prestar la misma éste no estaba acompañado de un abogado o

de un adulto interesado en su bienestar. Lisa M.

Krzewinski, But I Didn’t do it: Protecting the rights of

juveniles during Interrogation, 22 B.C. THIRD WORLD L.J. 355,

368 (2002).35 Aduce que el criterio de la “totalidad de las

la misma aun cuando resulte ser técnicamente correcta. Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594, 623 (1970); Culebra Enterprises Corp. v. Estado Libre Asociado, 143 D.P.R. 935, 952-53 (1997); Dye Tex v. Royal Insurance, res. el 27 de marzo de 2000, 2000 T.S.P.R. 54. No encontramos indicio alguno de parcialidad, error manifiesto, pasión o prejuicio. Ciertamente, el fundamento utilizado por el foro de instancia para descartar el testimonio pericial en el presente caso nos parece no sólo adecuado sino correcto. Maldonado v. Burris, res. el 8 de mayo de 2001, 2001 T.S.P.R. 68. 35 Bajo este criterio serían suprimibles todas aquellas confesiones obtenidas sin que el Estado haya cumplido con ciertas garantías procesales; tales como: (1) que el menor haya consultado con un adulto interesado en su bienestar o con un abogado antes de haber renunciado a su derecho contra la autoincriminación; (2) que el adulto que acompañe al menor esté genuinamente interesado en su bienestar; (3) que el adulto interesado sea a su vez informado de los derechos constitucionales que en ese momento protegen al menor. Lawrence Schlam, Police Interrogation of Children and State Constitutions: Why Not Videotape the MTV Generation?, 26 U. TOL. L. REV. 901, 915 (1995). Adviértase que a tenor con este criterio para invalidar la confesión de un menor es suficiente la presentación de prueba que tienda a demostrar la incompetencia del adulto interesado. Por el contrario, en el caso de la regla de la “totalidad de las circunstancias” ello constituiría sólo un factor adicional a ser sopesado junto a las demás circunstancias presentes. Andy Clark, “Interested Adults” with conflicts of interest CC-2001-662 40

circunstancias”, utilizado en el caso de los adultos,

resulta inapropiado cuando el que renuncia a su derecho a

no autoincriminarse es un menor.

Un análisis de nuestra jurisprudencia revela que tal

proceder resulta innecesario dado que los criterios que al

día de hoy ha establecido este Tribunal en torno a este

asunto, refiriéndonos específicamente al caso de los

menores, no se limitan a evaluar la “totalidad de las

circunstancias” que rodearon la confesión, sino que

además, se han sentado pautas en cuanto a la necesidad de

que en todo momento el menor esté acompañado por un

abogado o un adulto interesado en su bienestar. Pueblo en

interés del menor F.B.M., ante, a las págs. 253-54; Pueblo

en interés del menor J.A.B.C., ante, a la pág. 567, n.13.

De este modo hemos requerido que los padres del joven

imputado sean informados del alcance de la renuncia que a

sus derechos pueda hacer el menor implicado. Pueblo en

interés del menor F.B.M., ante, a las págs. 253.

Ahora bien, adviértase que no se trata de que

necesariamente el menor tenga que estar acompañado por un

abogado antes de prestar una confesión. Bien podría estar

en compañía de un adulto, pero, de ser este el caso, ambos

tendrían que ser informados de los derechos que en ese

momento cobijan al menor, esto es, el derecho a asistencia

legal y a no autoincriminarse. Claro que, ante la ausencia

al Juvenile Interrogations: Applying the Close Relationship Standard of Emotional Distress, 68 U. CHI L. REV. 903, 914 (2001). CC-2001-662 41

de un abogado los tribunales deberán examinar con más

cuidado y detenimiento la ‘totalidad de las

circunstancias’ que rodearon la renuncia del citado

derecho constitucional, con el propósito de resolver la

interrogante de si ésta se llevó a cabo en forma

‘consciente e inteligente’. Pueblo en interés del menor

J.A.B.C., ante, a la pág. 567, n.13.

En cuanto a si el adulto que acompañaba al menor

estaba realmente interesado en su bienestar, los

tribunales deberán utilizar nuevamente el criterio de la

“totalidad de las circunstancias” que rodearon la

confesión prestada. A tales efectos deberá analizarse,

entre otras cosas, si existía alguna rivalidad o conflicto

de interés entre éste y el menor imputado de delito.

Además, deberá evaluarse si el adulto interesado tenía la

capacidad para comprender la situación por la cual

atravesaba el menor para poder brindarle su consejo. Com.

v. Philip S., 611 N.E.2d 226, 231 (Mass., 1993). La

posibilidad de que una víctima del hecho delictivo pueda,

a su vez, fungir como un adulto interesado también deberá

ser analizada tomando en consideración las circunstancias

particulares de cada caso.

A tono con lo anterior es preciso que evaluemos si en

el caso de autos la menor peticionaria estuvo o no

acompañada por un adulto interesado en su bienestar. Ello

lo haremos analizando la “totalidad de las circunstancias” CC-2001-662 42

presentes, no sólo al momento de la confesión, sino

además, durante la etapa investigativa del caso.

En primer lugar, es preciso resaltar que en el

presente caso Lillian estuvo acompañada no sólo por su

padre sino que, además, por su tía Felipa. La prueba

demuestra que ambos estuvieron presentes en las tres

ocasiones en que Lillian fue informada de sus derechos y

que ambos contestaron en la afirmativa al ser cuestionados

en torno a si entendían las advertencias que se le estaban

haciendo a la menor.36 En cuanto a si el señor Medina

--padre de la peticionaria-- puede ser considerado como un

adulto interesado en el presente caso es preciso recordar

que éste se personó al cuartel de Aguadilla tan pronto

como terminó el sepelio de su esposa, se preocupó por

buscar alimento a la menor37 y delegó en su hermana Felipa

para que cuidara de su hija durante todo el tiempo en que

no pudo estar presente. Ello demuestra el interés que,

36 La prueba demuestra que la mayor parte del tiempo Lillian estuvo acompañada de su papá o su tía. Si en algún momento estuvo a solas con los agentes, ello fue por un lapso de tiempo muy corto, considerando que ello ocurría mientras uno de los dos salía al automóvil en busca del otro para que lo relevara. No obstante lo anterior, la prueba revela que Lillian siempre estuvo acompañada en los momentos en que recibió las advertencias de ley.

37 El señor Medina testificó que salió a buscar un sándwich a su hija mientras ésta era interrogada, aunque no pudo precisar la hora exacta. Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 37; Petición de Certiorari, Apéndice IX, a la pág. 55. CC-2001-662 43

como padre, éste tenía en el bienestar de su hija y en

velar por sus derechos.

En cuanto al interés que la tía Felipa demostró tener

por el bienestar de su sobrina, basta con resaltar el

hecho de que en cierta ocasión la orientó para que no

continuara declarando, señalándole que podía permanecer en

silencio y pedir que le trajeran a un abogado. Además, le

recalcó que “lo que estaba declarando l[a] estaba

perjudicando.”38 También se ocupó de llevarle ropa limpia a

la menor y de solicitar permiso para que ésta pudiera

cambiarse. Resulta pertinente señalar el hecho de que

Lillian le agradeció a su tía por toda la ayuda recibida y

le pidió perdón por haberla hecho pasar por tal situación.

Lo anterior demuestra no sólo el interés que la tía Felipa

tenía en el bienestar de su sobrina, sino además, la

confianza que la menor había depositado en ésta.

Definitivamente, no podemos avalar la contención de

la menor peticionaria a los efectos de que ni la tía

Felipa, ni el señor Medina, pueden ser considerados como

“adultos interesados” por ser víctimas directas del delito

investigado. Un análisis de las circunstancias envueltas

demuestran que, a pesar de la dolorosa situación, éstos sí

se preocuparon por la menor, asistiéndola efectivamente

durante todo el proceso. Adviértase, además, que éstos no

38 Transcripción de la Vista de Supresión de Evidencia, a la pág. 15; Petición de Certiorari, Apéndice X, a la pág. 133. CC-2001-662 44

sabían cuán implicada estaba la menor en el asesinato

hasta que finalmente ésta confesó su crimen. El que no

hayan tratado de inducir a Lillian a guardar silencio o a

encubrir el hecho delictivo, definitivamente, no significa

que no estuvieran interesados en su bienestar. Ya hemos

señalado que:

[l]os que redactaron las constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos, ciertamente tuvieron en mente prohibir que nadie fuese obligado a incriminarse mediante su propio testimonio, pero no se propusieron prohibir que un delincuente confesase libre y voluntariamente su crimen haciendo así las paces con su conciencia y con la sociedad. Esas dos constituciones tienen cono uno de sus objetivos proteger la libertad de la conciencia de los seres humanos, no encadenarlas al mal. Dichas constituciones no exigen que una persona que ha llegado a ser delincuente est[é] además obligada a ser mentiroso o perjuro toda su vida. Lo ético es decir la verdad aunque eso resulte amargo. La constitución no está reñida con la ética. Pueblo v. Rodríguez Martínez, 100 D.P.R. 805, 812 (1972). (Énfasis suplido.)

El requisito de que al momento de una confesión el

menor esté acompañado por un adulto o un abogado, y que

sea informado de sus derechos frente a éstos, obedece al

interés del Estado de asegurar que la renuncia que a sus

derechos haga el menor sea una voluntaria, consciente e

inteligente. De modo alguno puede entenderse que el

propósito de tal requisito sea cohibir al menor ante su

deseo de confesar voluntariamente su falta o delito. Ello

coincide con el enfoque ecléctico de acción e intervención

adoptado por la nueva Ley de Menores al abandonar la

orientación paternalista y tutelar que guiaba la antigua CC-2001-662 45

Ley y acoger una visión donde se armoniza la

responsabilidad de parens patriae del Estado con el deber

de los ofensores de responder por sus actos. Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 88, Leyes de Puerto Rico, 1986,

pág. 286; véase, además: Pueblo de Puerto Rico en interés

del menor G.R.S., res. el 6 de julio de 1999, 99 T.S.P.R.

115.

En virtud de todo lo antes expuesto, forzoso es

concluir que la confesión prestada por Lillian obedeció a

una renuncia voluntaria, consciente e inteligente de los

derechos que en ese momento la cobijaban. No albergamos

duda alguna en torno al hecho de que la menor peticionaria

fue advertida de manera eficaz -–utilizando un lenguaje

sencillo y ofreciéndole ejemplos claros-- del derecho a no

autoincriminarse y a estar asistida por un abogado. Del

mismo modo, entendió las advertencias que se le hicieron,

estuvo acompañada por familiares interesados en su

bienestar y, sobre todo, voluntariamente decidió confesar

aun cuando conocía las consecuencias de tal actuación.

IV

En mérito de lo anterior, procede dictar Sentencia

confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, y devolver el caso al Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Aguadilla, para procedimientos

ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad. CC-2001-662 46

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ Juez Asociado CC-2001-662 47

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones; devolviéndose el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton disintió sin opinión escrita.

Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo