El Pueblo De P.R. v. Liliana Irizarry Irizarry
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Recurrido Certiorari
v. 2002 TSPR 62
Liliana Irizarry Irizarry 156 DPR ____ Acusada-Peticionaria
Número del Caso: CC-2001-466
Fecha: 10/mayo/2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V
Juez Ponente: Hon. Rafael Ortiz Carrión
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Alejandro A. Suárez Cabrera
Oficina del Procurador General: Lcda. Blanca Díaz Segarra Procuradora General Auxiliar
Materia: Alteración a la Paz
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. 2
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
vs. CC-2001-466 CERTIORARI
Liliana Irizarry Irizarry
Acusada-peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor REBOLLO LÓPEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2002
El 23 de mayo de 2000, ocurrió un incidente en la
escuela John F. Kennedy de Santa Isabel, Puerto Rico,
en el cual se vieron involucradas dos maestras del
Sistema de Educación Pública de nuestra Isla: la aquí
peticionaria, Sra. Liliana Irizarry Irizarry, maestra
del referido plantel escolar, y la Sra. Migdalia Torres
Mateo, maestra de una escuela superior ubicada en el
mismo municipio, y quien al momento de los hechos fungía
como Coordinadora de Distrito de la Federación de
Maestros.1
1 Para esta fecha, se había ratificado a la Federación de Maestros como representante sindical exclusivo de los maestros, situación la cual, según surge del expediente, añadió cierto malestar al ambiente imperante entre los maestros de la Escuela, que, dicho sea de paso, ya se había visto afectado por la desestimación de una demanda que la Asociación de Maestros de Puerto Rico había incoado contra la Federación. CC-2001-466 3
A raíz del referido incidente, contra la Sra. Irizarry
se radicó una denuncia por conducta violatoria del Artículo
260 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4521.
Específicamente, a la aquí peticionaria se le imputó haber
alterado la paz de la Sra. Torres Mateo al decirle “embustera”
y “vieja ridícula” cuando, habiéndole cuestionado Irizarry a
Torres Mateo sobre la supuesta remoción de ciertos documentos
de la Asociación de Maestros2 del tablón de edictos que ubica
en la oficina de la directora del plantel, ésta respondió
desconocer la razón de su reclamo.
Llegada la fecha del juicio en su fondo, la prueba de cargo
consistió en el testimonio de la alegada perjudicada, la Sra.
Torres Mateo y del Policía Municipal Félix Espada3, quien tuvo
a su cargo la investigación de la querella radicada por la Sra.
Torres. La defensa, por su parte, presentó los testimonios de
la Sra. Marta de Jesús, Directora de la Escuela; la Sra. Marisol
Burgos, Secretaria de la Directora; y del Sr. Wilfredo Márquez
Colón, maestro de matemáticas del referido plantel escolar.
Así las cosas, la Sala Municipal de Santa Isabel del
Tribunal de Primera Instancia emitió un fallo condenatorio
contra la acusada, imponiéndole el pago de una multa ascendente
a trescientos dólares ($300.00) por el delito de Alteración
a la Paz.
2 Tanto la Sra. Liliana Irizarry como otros miembros de su familia están afiliados activamente a esta organización. 3 Surge del expediente que el Sr. Espada fue estudiante de la supuesta perjudicada. CC-2001-466 4
Inconforme con dicha determinación, la Sra. Irizarry
acudió ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Planteó,
en síntesis, que no se establecieron los elementos esenciales
del delito imputado y que el tribunal apelado erró al
determinar que la prueba del ministerio público estableció su
culpabilidad más allá de toda duda razonable. El foro apelativo
intermedio sostuvo la convicción al entender que no hubo
indicio alguno de prejuicio, pasión, parcialidad o error
manifiesto en la decisión tomada por el tribunal de instancia.
Insatisfecha, la Sra. Irizarry acudió ante este Tribunal.
Plantea que erró el tribunal de instancia:
... al confirmar la determinación de no ha lugar a la moción de absolución perentoria oportunamente solicitada por la peticionaria.
... al confirmar que la denuncia tal cual redactada imputa la comisión de delito.
... al no intervenir en la apreciación de la prueba testifical vertida durante el transcurso de la vista aun existiendo los elementos de excepción que le facultaban para ello y en su consecuencia [...]:
1. [resolver que] se establecieron los elementos del delito; 2. [darle] credibilidad el testimonio contradictorio de la testigo Migdalia Torres Mateo; 3. no darle peso alguno al testimonio de los testigos de defensa presentados; 4. validar la determinación de que no se estableció duda razonable en el transcurso de la vista; 5. validar la determinación de que la prueba presentada por el ministerio público fue suficiente para rebatir la presunción de inocencia. CC-2001-466 5
El 20 de julio de 2001, emitimos Resolución mediante la
cual le ordenamos a la parte recurrida que, en el término de
veinte (20) días, mostrara causa por la cual no debíamos
expedir el auto solicitado y dictar Sentencia revocatoria de
la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El
Procurador General compareció, en cumplimiento de la referida
orden, el 17 de agosto de 2001. Estando en posición de resolver,
procedemos a así hacerlo. Por estar íntimamente relacionados
los errores señalados, habremos de discutirlos de manera
conjunta.
I
La presunción de inocencia, uno de los derechos
fundamentales que le asiste a todo acusado de delito, está
consagrada en el Artículo II, Sección 11, de nuestra
Constitución, el cual dispone que:
[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho ... a gozar de la presunción de inocencia....
Por otro lado, la Regla 110 de Procedimiento Criminal,
34 L.P.R.A. Ap.II R. 110, establece, en términos más
específicos, que:
[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, y en todo caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá. CC-2001-466 6
La máxima que rige nuestro ordenamiento a los fines de
que la culpabilidad de una persona que ha sido acusada de delito
sea demostrada con prueba suficiente y más allá de toda duda
razonable es consustancial con la presunción de inocencia y
constituye uno de los imperativos del debido proceso de ley.
Pueblo v. León Martínez, 132 D.P.R 746 (1993).
Adviértase que, como consecuencia jurídica inescapable
del mencionado mandato constitucional, es al Estado a quien
le corresponde la obligación de presentar evidencia y cumplir
con la carga de la prueba para establecer la culpabilidad del
acusado. Tal obligación no es susceptible de ser descargada
livianamente pues, como es sabido, no basta que el Estado
presente prueba que meramente verse sobre cada uno de los
elementos del delito imputado, o prueba suficiente, sino que,
más allá de eso, es necesario que ésta, además de ser
suficiente, sea satisfactoria, es decir, que produzca certeza
o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación
o en un ánimo no prevenido. Véase Pueblo v. Rosaly Soto, 128
D.P.R.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Recurrido Certiorari
v. 2002 TSPR 62
Liliana Irizarry Irizarry 156 DPR ____ Acusada-Peticionaria
Número del Caso: CC-2001-466
Fecha: 10/mayo/2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V
Juez Ponente: Hon. Rafael Ortiz Carrión
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Alejandro A. Suárez Cabrera
Oficina del Procurador General: Lcda. Blanca Díaz Segarra Procuradora General Auxiliar
Materia: Alteración a la Paz
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. 2
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
vs. CC-2001-466 CERTIORARI
Liliana Irizarry Irizarry
Acusada-peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor REBOLLO LÓPEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2002
El 23 de mayo de 2000, ocurrió un incidente en la
escuela John F. Kennedy de Santa Isabel, Puerto Rico,
en el cual se vieron involucradas dos maestras del
Sistema de Educación Pública de nuestra Isla: la aquí
peticionaria, Sra. Liliana Irizarry Irizarry, maestra
del referido plantel escolar, y la Sra. Migdalia Torres
Mateo, maestra de una escuela superior ubicada en el
mismo municipio, y quien al momento de los hechos fungía
como Coordinadora de Distrito de la Federación de
Maestros.1
1 Para esta fecha, se había ratificado a la Federación de Maestros como representante sindical exclusivo de los maestros, situación la cual, según surge del expediente, añadió cierto malestar al ambiente imperante entre los maestros de la Escuela, que, dicho sea de paso, ya se había visto afectado por la desestimación de una demanda que la Asociación de Maestros de Puerto Rico había incoado contra la Federación. CC-2001-466 3
A raíz del referido incidente, contra la Sra. Irizarry
se radicó una denuncia por conducta violatoria del Artículo
260 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4521.
Específicamente, a la aquí peticionaria se le imputó haber
alterado la paz de la Sra. Torres Mateo al decirle “embustera”
y “vieja ridícula” cuando, habiéndole cuestionado Irizarry a
Torres Mateo sobre la supuesta remoción de ciertos documentos
de la Asociación de Maestros2 del tablón de edictos que ubica
en la oficina de la directora del plantel, ésta respondió
desconocer la razón de su reclamo.
Llegada la fecha del juicio en su fondo, la prueba de cargo
consistió en el testimonio de la alegada perjudicada, la Sra.
Torres Mateo y del Policía Municipal Félix Espada3, quien tuvo
a su cargo la investigación de la querella radicada por la Sra.
Torres. La defensa, por su parte, presentó los testimonios de
la Sra. Marta de Jesús, Directora de la Escuela; la Sra. Marisol
Burgos, Secretaria de la Directora; y del Sr. Wilfredo Márquez
Colón, maestro de matemáticas del referido plantel escolar.
Así las cosas, la Sala Municipal de Santa Isabel del
Tribunal de Primera Instancia emitió un fallo condenatorio
contra la acusada, imponiéndole el pago de una multa ascendente
a trescientos dólares ($300.00) por el delito de Alteración
a la Paz.
2 Tanto la Sra. Liliana Irizarry como otros miembros de su familia están afiliados activamente a esta organización. 3 Surge del expediente que el Sr. Espada fue estudiante de la supuesta perjudicada. CC-2001-466 4
Inconforme con dicha determinación, la Sra. Irizarry
acudió ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Planteó,
en síntesis, que no se establecieron los elementos esenciales
del delito imputado y que el tribunal apelado erró al
determinar que la prueba del ministerio público estableció su
culpabilidad más allá de toda duda razonable. El foro apelativo
intermedio sostuvo la convicción al entender que no hubo
indicio alguno de prejuicio, pasión, parcialidad o error
manifiesto en la decisión tomada por el tribunal de instancia.
Insatisfecha, la Sra. Irizarry acudió ante este Tribunal.
Plantea que erró el tribunal de instancia:
... al confirmar la determinación de no ha lugar a la moción de absolución perentoria oportunamente solicitada por la peticionaria.
... al confirmar que la denuncia tal cual redactada imputa la comisión de delito.
... al no intervenir en la apreciación de la prueba testifical vertida durante el transcurso de la vista aun existiendo los elementos de excepción que le facultaban para ello y en su consecuencia [...]:
1. [resolver que] se establecieron los elementos del delito; 2. [darle] credibilidad el testimonio contradictorio de la testigo Migdalia Torres Mateo; 3. no darle peso alguno al testimonio de los testigos de defensa presentados; 4. validar la determinación de que no se estableció duda razonable en el transcurso de la vista; 5. validar la determinación de que la prueba presentada por el ministerio público fue suficiente para rebatir la presunción de inocencia. CC-2001-466 5
El 20 de julio de 2001, emitimos Resolución mediante la
cual le ordenamos a la parte recurrida que, en el término de
veinte (20) días, mostrara causa por la cual no debíamos
expedir el auto solicitado y dictar Sentencia revocatoria de
la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El
Procurador General compareció, en cumplimiento de la referida
orden, el 17 de agosto de 2001. Estando en posición de resolver,
procedemos a así hacerlo. Por estar íntimamente relacionados
los errores señalados, habremos de discutirlos de manera
conjunta.
I
La presunción de inocencia, uno de los derechos
fundamentales que le asiste a todo acusado de delito, está
consagrada en el Artículo II, Sección 11, de nuestra
Constitución, el cual dispone que:
[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho ... a gozar de la presunción de inocencia....
Por otro lado, la Regla 110 de Procedimiento Criminal,
34 L.P.R.A. Ap.II R. 110, establece, en términos más
específicos, que:
[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, y en todo caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá. CC-2001-466 6
La máxima que rige nuestro ordenamiento a los fines de
que la culpabilidad de una persona que ha sido acusada de delito
sea demostrada con prueba suficiente y más allá de toda duda
razonable es consustancial con la presunción de inocencia y
constituye uno de los imperativos del debido proceso de ley.
Pueblo v. León Martínez, 132 D.P.R 746 (1993).
Adviértase que, como consecuencia jurídica inescapable
del mencionado mandato constitucional, es al Estado a quien
le corresponde la obligación de presentar evidencia y cumplir
con la carga de la prueba para establecer la culpabilidad del
acusado. Tal obligación no es susceptible de ser descargada
livianamente pues, como es sabido, no basta que el Estado
presente prueba que meramente verse sobre cada uno de los
elementos del delito imputado, o prueba suficiente, sino que,
más allá de eso, es necesario que ésta, además de ser
suficiente, sea satisfactoria, es decir, que produzca certeza
o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación
o en un ánimo no prevenido. Véase Pueblo v. Rosaly Soto, 128
D.P.R. 729 (1991); Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R 121
(1991); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986).
Precisamente, con respecto al asunto de la evaluación y
la suficiencia de la prueba, la Regla 10 de las Reglas de
Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 10, establece que:
El tribunal o juzgador de hechos deberá evaluar la evidencia presentada, a los fines de determinar cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados, con sujeción a los siguientes principios: CC-2001-466 7
(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de no presentarse evidencia por ninguna de las partes.
[...]
De conformidad con lo anterior y en atención a la
naturaleza de un proceso criminal, como la presunción de
inocencia cobija al acusado en cuanto a todo elemento esencial
del delito, el peso de la prueba permanece, durante todas las
etapas del proceso a nivel de instancia, sobre el Estado.
Pueblo v. Túa, 84 D.P.R 39 (1961). Dicho de otro modo, el
acusado no tiene obligación alguna de aportar prueba para
defenderse; más bien, puede descansar plenamente en la
presunción de inocencia que le asiste, Rosaly Soto, ante, la
cual presunción sólo puede derrotarse, repetimos, con prueba
que establezca la culpabilidad del acusado más allá de toda
duda razonable. Es decir, tanto los elementos del
delito como la conexión del acusado con el mismo tienen que
ser demostrados con ese quantum de prueba. Véase Pueblo v.
Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985), y casos allí citados.
En Bigio Pastrana, ante, sostuvimos que “duda razonable”
no es una duda especulativa o imaginaria como tampoco lo es
cualquier duda posible. “Duda razonable” es aquella duda
fundada que surge como producto del raciocinio de todos los
elementos de juicio envueltos en el caso. Pueblo v. Cruz
Granados, ante. Para que se justifique la absolución de un
acusado, la duda razonable debe ser el resultado de la
consideración serena, justa e imparcial de la totalidad de la CC-2001-466 8
evidencia del caso o de la falta de suficiente prueba en apoyo
de la acusación. En resumidas cuentas, “duda razonable” no es
otra cosa que la insatisfacción de la conciencia del juzgador
con la prueba presentada. Pueblo v. Cabán Torres, ante.
Reiteradamente hemos afirmado que, como cuestión de
derecho, la determinación de si se probó la culpabilidad del
acusado más allá de duda razonable es revisable en apelación;
ello así pues la apreciación de la prueba desfilada en un juicio
es un asunto combinado de hecho y derecho. Pueblo v. Rivero
Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R 454 (1988). El análisis de la
prueba presentada requiere tanto de la experiencia del
juzgador como de su conocimiento del Derecho, elementos éstos
necesarios para darle a la controversia una solución justa.
Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R 545 (1974).
No cabe duda que, en el ejercicio de tan delicada función
revisora, no podemos abstraernos de las limitaciones que rigen
el proceso de evaluación de la prueba por parte de un tribunal
apelativo. Al enfrentarnos a la tarea de revisar cuestiones
relativas a convicciones criminales, siempre nos hemos regido
por la norma a los efectos de que la apreciación de la prueba
corresponde, en primera instancia, al foro sentenciador por
lo cual los tribunales apelativos sólo intervendremos con
dicha apreciación cuando se demuestre la existencia de pasión,
prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Pueblo v.
Maisonave, 129 D.P.R 49 (1991). Sólo ante la presencia de estos
elementos y/o cuando la apreciación de la prueba no concuerde
con la realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible CC-2001-466 9
o increíble, Pueblo v. Acevedo Estrada, res. el 19 de enero
de 2000, 2000 T.S.P.R. 8, y casos allí citados, habremos de
intervenir con la apreciación efectuada.
Ello no obstante, en casos penales debemos siempre
recordar que el referido proceso analítico tiene que estar
enmarcado, por imperativo constitucional, en el principio
fundamental de que la culpabilidad del acusado debe ser probada
más allá de toda duda razonable. Pueblo v. Carrasquillo, ante.
En consecuencia, “y aun cuando ello no ocurre frecuentemente,
hemos revocado sentencias en las cuales las determinaciones
de hecho, aunque sostenidas por la prueba desfilada, no
establecen la culpabilidad del acusado más allá de duda
razonable.” Pueblo v. Acevedo Estrada, ante; Pueblo v.
Meléndez Rolón, 100 D.P.R. 734 (1972); Pueblo v. Rivera Arroyo,
100 D.P.R 46 (1971). No hemos vacilado en dejar sin efecto un
fallo inculpatorio cuando el resultado de ese análisis “nos
deja serias dudas, razonables y fundadas, sobre la
culpabilidad del acusado.” Pueblo v. Carrasquillo, ante, a la
pág. 551.
Sabido es que, ante la ausencia de un mecanismo infalible
para encontrar la verdad, la determinación de lo que es o no
cierto es un deber de conciencia, deber éste que no está
reservado sólo al juzgador de los hechos sino que compete
asimismo a los tribunales apelativos. Pueblo v. Carrasquillo,
ante, pág. 551-552. Es decir, aun cuando nuestra función
revisora, como previamente señaláramos, tiene ciertas
limitaciones, ello no implica que el foro contra cuyo dictamen CC-2001-466 10
se recurre está exento de errar como tampoco supone que, en
el afán de ceñirnos a la doctrina de la deferencia,
permitiremos que prevalezca un fallo condenatorio incluso
estando convencidos de que un análisis integral de la prueba
no establece la culpabilidad del acusado más allá de duda
razonable. Nosotros, al igual que el foro recurrido, tenemos
no sólo el derecho sino el deber de tener la conciencia
tranquila y libre de preocupación. Pueblo v. Acevedo Estrada,
ante; Pueblo v. Carrasquillo, ante.
II
La prueba presentada por el Ministerio Público ante el
tribunal de instancia para sostener el cargo imputado a la Sra.
Irizarry consistió en los testimonios de la perjudicada, Sra.
Torres Mateo, y del Sr. Félix Espada, agente que tuvo a su cargo
la investigación de la querella. Según surge de la prueba que
tuvo ante sí el foro sentenciador --en relación con la cual
contamos con una transcripción de la misma-- la perjudicada
testificó, básicamente, que el día de los hechos, se personó
a la Escuela John F. Kennedy para realizar ciertas gestiones
inherentes a su puesto como Coordinadora de Distrito de la
Federación de Maestros. Una vez allí, habiendo orientado al
personal clasificado en cuanto al plan de salud, se dirigió
hacia la oficina de Marta de Jesús, Directora del plantel, y
colocó en el tablón de edictos allí ubicado un documento
relativo a la desestimación de una demanda incoada por la CC-2001-466 11
Asociación de Maestros contra la Federación; luego fue a
atender otros asuntos.
Previo a marcharse de la escuela, acudió nuevamente a la
oficina de la Directora; allí se encontró con la Sra. Irizarry.
Según el testimonio de la perjudicada, la Sra. Irizarry, quien
se encontraba nerviosa y molesta, le imputó el acto de haber
removido del tablón una propaganda de la Asociación, hecho que
ella negó. La perjudicada declaró que al notar que la Sra.
Irizarry estaba nerviosa y molesta, a la vez que le hacía gestos
con un papel que tenía en sus manos, comenzó a sentirse un poco
alterada.
Posteriormente, como la Sra. Torres Mateo se negó a hablar
del asunto de la remoción de los papeles, la aquí peticionaria,
alegadamente, le dijo “embustera” y “vieja ridícula”, palabras
que alegadamente la ofendieron y lastimaron. Declaró, además,
que había un clima de malestar entre los integrantes de ambas
entidades sindicales y que --en ocasiones anteriores-- había
habido discusiones en las que la Sra. Irizarry reclamaba los
derechos de la Asociación. También declaró que a pesar de que
ella se enfrascaba frecuentemente en este tipo de situación,
siempre gozaba de completa calma por cuanto la desestimación
de la demanda incoada por la Asociación en contra de su opositor
sindical debía poner fin a las disputas. Aunque negó haber
removido documento alguno del tablón de edictos, reconoció que
se sentía en todo el derecho de hacerlo pues la Federación era
el representante sindical exclusivo de los maestros. CC-2001-466 12
Por otro lado, el ministerio público también presentó el
testimonio del Sr. Espada, policía que llevó a cabo el proceso
investigativo que culminó con la radicación de la querella
contra la aquí peticionaria, luego de que tanto ésta como la
Sra. Torres Mateo le denunciaran lo acontecido. El policía,
quien fuera estudiante de la querellante, testificó, en
síntesis, que las versiones ofrecidas por éstas eran distintas
y que fue la versión de la Sra. Torres Mateo la que entendió
correcta a los fines de radicar la denuncia. Según su
testimonio, la Sra. Torres Mateo le dijo que la querellada le
había proferido las antedichas expresiones a la vez que le
manoteaba la cara y que esos hechos habían sido presenciados
por otros maestros.
De otra parte, la prueba de la defensa consistió del
testimonio de la Sra. Marta De Jesús, Directora de la Escuela;
su secretaria, la Sra. Marisol Burgos; y del Sr. Wilfredo
Márquez, maestro del referido plantel.4
En lo que respecta a la Sra. Marisol Burgos, ésta
testificó que al llegar a su lugar de trabajo el día de los
hechos, se encontró a la Sra. Torres Mateo, quien, luego de
remover del tablón de edictos unos recortes de periódico
referentes a la Asociación de Maestros, y en su lugar, colocar
otro documento, le preguntó a la Sra. Burgos si tenía la
solicitud del Plan de Salud de la Federación. Eventualmente,
aquella se retiró de la oficina. CC-2001-466 13
La Sra. Burgos testificó, además, que la Directora, quien
se encontraba en su oficina en esos momentos, mandó a buscar
a la Sra. Torres Mateo bajo el entendido de que ésta tenía
interés de hablar con ella. Minutos después, la Sra. Irizarry
llegó a dicha oficina para entregar unos documentos de fin de
curso, y se percató de que habían removido del tablón de edictos
el documento de la Asociación. A preguntas de Liliana Irizarry,
Burgos respondió que la Sra. Torres Mateo lo había removido.
Así las cosas, cuando ésta última llegó a la oficina, según
el testimonio de Burgos, la Sra. Irizarry le preguntó --en un
tono tranquilo-- por qué había removido el papel en cuestión,
a lo que Torres Mateo le respondió, visiblemente alterada, que
ella no tenía derecho a pegar ningún documento en dicho lugar.
Atestó, asimismo, la Sra. Burgos, que la querellada no había
pronunciado las frases en disputa 5 como tampoco había
manoteado a la quejosa. Declaró que no había sido entrevistada
por el Policía Espada.
Por su parte, la Sra. Marta De Jesús, Directora del
plantel, declaró que, al llegar a su oficina, estaban allí su
secretaria, y, entre otras personas, la guardia escolar, quien
le informó que la Sra. Torres Mateo se encontraba en la escuela,
por lo que la Sra. De Jesús la mandó a buscar. La Directora
declaró, en síntesis, que estando en su oficina, escuchó una
4 Las partes estipularon el testimonio de otra testigo, la Sra. Awilda Irizarry Alvarado, quien habría de declarar sobre la buena reputación de la cual goza la querellada en su comunidad. 5 En el contrainterrogatorio, la Sra. Burgos declaró, contrario a lo alegado por la perjudicada, que esas palabras se las había dicho la Sra. Torres a la Sra. Irizarry. CC-2001-466 14
conversación y cuando advirtió que se trataba de la Sra.
Irizarry y la Sra. Torres, les exhortó a que evitaran ese tipo
de situación. Atestó que en ningún momento escuchó a la
querellada proferir las palabras que se le imputaban.
Finalmente, la defensa de la Sra. Irizarry presentó como
testigo al Sr. Wilfredo Márquez, maestro del referido plantel
y presidente del Comité de Disciplina del mismo. En vista de
que éste no presenció el incidente en la oficina de la
Directora, su testimonio se limitó a lo que percibió cuando
llegó al estacionamiento de la Escuela. Expresó el Sr. Márquez
que al llegar a dicho lugar, se percató de un altercado entre
Liliana Irizarry y la Sra. Torres por lo cual decidió
intervenir para evitar cualquier conflicto posterior. En dicha
ocasión, notó el que la Sra. Torres estaba “medio enfogonada”.
III
Un examen integral y responsable de la transcripción de
la prueba desfilada ante el tribunal de instancia en el
presente caso causa en nuestro ánimo una intranquilidad de
conciencia, esto es, una duda razonable y fundada, respecto
a si el Estado demostró, más allá de duda razonable, la
culpabilidad de la peticionaria Liliana Irizarry.
La referida intranquilidad o duda razonable y fundada
tiene su origen, en primer término, en el proceso investigativo
y decisorio seguido en el presente caso, el cual incluye y
comprende: la situación de amistad entre la supuesta maestra
perjudicada y el policía investigador; una investigación CC-2001-466 15
policíaca obviamente incompleta y deficiente; una actuación
poco acuciosa de parte del magistrado que determinó causa
probable para arresto contra la peticionaria, actuación que
causó que se pusiera en movimiento la maquinaria judicial con
el propósito de encausar criminalmente a una persona sin que
se tuvieran todos los elementos de juicio para llegar a una
determinación justa y correcta.
Las Reglas 5 y 6 de las de Procedimiento Criminal regulan
la etapa inicial del encausamiento criminal de una persona
mediante la preparación de una denuncia y la determinación de
causa probable para arrestar de parte de un magistrado, luego
de este último “examinar” los testigos que sostienen lo
imputado en la denuncia. Las mencionadas disposiciones
reglamentarias tienen el loable propósito de que dicho
magistrado determine, de manera objetiva e imparcial, si uno
de nuestros conciudadanos debe, o no, ser encausado
criminalmente en nuestra jurisdicción.6
Como es sabido, y conforme lo establece la citada Regla
5 de Procedimiento Criminal, la denuncia es un escrito jurado
que imputa la comisión de un delito, el cual puede ser firmado
6 En Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R. 803, 812 (1998), expresamos, en lo pertinente, que tanto “... la vista que tiene lugar al amparo de la ... Regla 6, como aquella que se celebra al amparo de la Regla 23 de Procedimiento Criminal ..., exhiben características comunes.” (Enfasis suplido.)
En Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656, 662 (1997), expresamos, en lo pertinente, que la “... vista preliminar no es un minijuicio, y una vez quedan establecidos todos los elementos del delito y la conexión del imputado con éste a base de evidencia legalmente admisible, a tenor con las Reglas de CC-2001-466 16
o suscrito por cualquier persona con conocimiento personal de
los hechos o por un fiscal, policía o funcionario público, en
casos relacionados con el desempeño de sus funciones y deberes,
los cuales pueden suscribir dicho documento cuando los hechos
imputados les consten por información y creencia.
En relación con incidentes como el que ocupa nuestra
atención en el día de hoy, sobre los cuales existen versiones
encontradas o diametralmente opuestas en cuanto a lo que
realmente sucedió, se ha convertido en práctica común que el
policía investigador --en casos de delitos menos graves en que
no interviene un fiscal-- luego de escuchar las diferentes
versiones por boca de las personas involucradas en el
incidente, hace --por decirlo así-- una “determinación inicial
de credibilidad” sobre cuál de las dos versiones le resulta
a él más aceptable, y procede a preparar un proyecto de denuncia
contra una de las dos partes envueltas; proyecto de denuncia
que somete ante un magistrado, el cual proyecto contiene la
prueba señalada por el policía como “de cargo”.
La carga de trabajo que tienen estos magistrados, no hay
duda, es una pesada y ardua. Quizás debido al volumen de trabajo
que tienen, de ordinario y conforme la práctica hoy día
imperante, dichos magistrados proceden, de inmediato, a
escuchar el testimonio de los testigos que el policía
investigador ha enumerado como testigos de cargo en la
denuncia, luego de lo cual proceden a hacer la correspondiente
Evidencia en vigor en ese momento, se justifica una determinación de causa probable.” CC-2001-466 17
determinación de causa probable para arresto al amparo de las
disposiciones de la citada Regla 6 de Procedimiento Criminal.
Este “procedimiento”, el cual desafortunadamente se ha
generalizado en nuestra jurisdicción en casos de delitos menos
graves, es lo que ha llevado a muchos de nuestros conciudadanos
a expresar que los que determinan causa probable para arresto,
en esta clase de situaciones, son los policías y no los
magistrados, ya que en la mayoría de los casos resulta acusada
la persona a la que el policía originalmente “no le creyó”.
Dicha situación es contraria a, y desnaturaliza, el
propósito que persiguen las Reglas de Procedimiento Criminal
a los efectos de que sea un juez el que, de manera imparcial
y libre de prejuicios e influencias, determine causa probable
para arresto. No hay duda de que la experiencia que tienen los
agentes del orden público, en la investigación y recreación
de la escena de la comisión de un delito, resulta ser de una
ayuda incalculable a dichos magistrados, razón por la cual su
testimonio y apreciación de los hechos puede resultar valioso.
Ahora bien, la práctica de determinar causa probable, de
una manera automática y siguiendo “ciegamente” la
“determinación inicial”, sobre responsabilidad en casos de
delitos menos graves, que lleva a cabo el agente del orden
público que realiza la investigación del caso, es una que no
tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. El magistrado
instructor viene en la obligación de escuchar los testimonios
de todas las personas que, voluntaria y libremente, deseen ante CC-2001-466 18
él declarar, incluyendo las partes en controversia 7 , y que
tengan conocimiento de algún hecho que pueda arrojar luz sobre
el incidente ante su consideración; incluso, si factible,
procediendo a ordenar la citación de personas, no presentes,
que puedan tener conocimiento personal de los hechos.
Luego de escuchar todos los testimonios, el magistrado
instructor procederá a determinar, si ello resulta procedente
en derecho, causa probable para arresto contra la persona o
personas que él entiende responsable de lo ocurrido, por el
delito público por el cual procede encausar a dicha persona
o personas. En ese momento, dicho magistrado instruirá al
agente investigador a preparar, y jurar, la correspondiente
denuncia contra el imputado, o imputados, de delito.
El caso que hoy ocupa nuestra atención es un ejemplo
clásico de la práctica a la cual hemos hecho referencia. El
policía investigador entrevistó a las dos maestras
involucradas en el incidente ocurrido. Conforme su testimonio,
le dio entero crédito a la versión de la Sra. Torres Mateo,
quien había sido su maestra8. Procedió, entonces, dicho policía
a preparar un proyecto de denuncia contra la aquí peticionaria
Liliana Irizarry Irizarry. El caso fue sometido ante el
7 En relación con las partes, el magistrado deberá informarles, a ambas, antes de que éstas procedan a testificar, sobre los derechos que le garantiza la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico respecto al derecho contra la autoincriminación. 8 Ese hecho, por sí solo, cuando menos causa dudas sobre la corrección de la apreciación que de los hechos hizo el referido agente del orden público. CC-2001-466 19
magistrado instructor a base, realmente, del testimonio de un
solo testigo, la supuesta maestra perjudicada.
El juez instructor en el presente caso --enfrentado a una
situación sumamente particular, esto es, en la cual son
llevadas a su presencia dos personas que, de ordinario, no
comparecen en esa capacidad ante los tribunales: dos maestras
de nuestro sistema de instrucción pública-- se limitó a
escuchar el testimonio de la persona que el policía había
señalado como perjudicada y procedió a determinar causa
probable por el delito de Alteración a la Paz contra la aquí
peticionaria. En nuestro criterio la situación planteada
ameritaba que el juez instructor indagara sobre la posibilidad
de la existencia de otros testigos, que no tuvieran interés
personal en el caso y que, naturalmente, tuvieran conocimiento
personal de los hechos; no lo hizo. El magistrado, repetimos,
procedió a determinar causa probable a base del testimonio,
obviamente interesado, de una de las partes. A nuestro juicio,
al así actuar no cumplió cabalmente con su deber.
IV
Estamos conscientes del hecho que durante el juicio en
su fondo del caso otro magistrado, luego de escuchar tanto la
prueba de cargo como la presentada por la defensa, determinó
que la aquí peticionaria efectivamente era culpable del delito
imputado. Como expresáramos anteriormente, de ordinario no
intervendremos con la apreciación de la prueba que realiza el
tribunal sentenciador a menos que se nos demuestre la CC-2001-466 20
existencia de parte del referido foro primario de pasión,
Maisonave, ante; Pueblo v. Acevedo Estrada, ante.
Una lectura de la transcripción de evidencia, obrante en
el expediente, nos convence de que estamos ante una situación
de “error manifiesto” en la apreciación de la prueba, de parte
del tribunal sentenciador. La prueba desfilada resulta ser
abrumadora respecto a que lo sucedido el 23 de mayo de 2000
no sucedió como lo relata la supuesta perjudicada Torres Mateo.
Pueblo v. Maisonave, ante. Así quedó plenamente demostrado por
el testimonio de varios testigos, objetivos y desinteresados,
con conocimiento personal de los hechos.
Sometida la prueba al tenor del proceso analítico que
dicta el imperativo de debido proceso de ley que consagra el
Artículo II, Sec. 11, de nuestra Constitución, forzoso resulta
concluir que procede la revocación del dictamen recurrido.
Luego de haber evaluado detenidamente la prueba, no albergamos
una convicción firme, esto es, esa satisfacción y tranquilidad
de conciencia que debe prevalecer en el ánimo adjudicativo
cuando se confirma una sentencia condenatoria. Ante tal
incertidumbre, no podemos imprimirle un sello de corrección
al fallo inculpatorio emitido por el foro de instancia.
Por tanto, si bien es cierto que este Tribunal, como norma
general, se guía por el principio que confiere deferencia a
la apreciación que de la prueba efectúa el foro sentenciador,
resolvemos que, dadas las circunstancias antes descritas,
procede que en el presente caso nos apartemos de la referida CC-2001-466 21
norma. Ello así pues, un examen de la totalidad de la prueba
que tuvo ante sí dicho foro, revela que no existe base
suficiente para sostener la determinación de culpabilidad de
la aquí peticionaria. Pueblo v. Cabán Torres, ante.
V
La conclusión a la que llegamos, esto es, de que procede
revocar --por duda razonable-- la convicción decretada a nivel
de instancia contra la aquí peticionaria, se sostiene aun
cuando entendiéramos que no debemos intervenir con la
apreciación que de la prueba desfilada hiciera el tribunal
sentenciador en el presente caso. Veamos por qué.
En referencia al delito específico por el cual la aquí
peticionaria resultó convicta, entendemos procedente y
pertinente hacer ciertos señalamientos.
El Artículo 260 del Código Penal de Puerto Rico, 33
L.P.R.A. sec. 4521, dispone, en lo pertinente, que:
Será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del Tribunal toda persona que voluntariamente realizare cualesquiera de los siguientes actos:
a) Perturbare la paz o tranquilidad de algún individuo o vecindario, con fuertes e inusitados gritos, conducta tumultuosa u ofensiva o amenazas, vituperios, riñas, desafíos o provocaciones.
[...] CC-2001-466 22
Recientemente expresamos que para que se entienda
infringido el Inciso (a) del precitado artículo de ley no
basta con que se utilice “lenguaje indecoroso o grosero”.
Pueblo v. Rodríguez Lugo, res. el 9 de enero de 2002, 2002
T.S.P.R. 3. Resolvimos en el antes citado caso que para que
una conducta se entienda constitutiva del delito de alteración
a la paz, es necesario que concurran dos elementos, a saber:
el elemento objetivo y el subjetivo. El primero de éstos se
refiere a la naturaleza misma de la acción, la cual, para que
sea considerada ofensiva, tiene que ser de tal grado hiriente
e irritante como para poder provocar una reacción violenta en
una persona de sensibilidad ordinaria. Por otro lado, el
elemento subjetivo es aquél que atiende las consecuencias de
la conducta ofensiva en la alegada víctima del delito; esto
es, si en efecto se le perturbó la paz a la persona a quien
se dirigió la referida conducta. Id.
Es necesario, en consecuencia, para que el delito de
alteración a la paz se configure, que la persona perjudicada
se encuentre en paz, Pueblo v. De León Martínez, ante, siendo
la “paz” esa tranquilidad de la cual disfrutan los ciudadanos
cuando impera el buen orden. Pueblo v. Ruiz, 29 D.P.R 74 (1921).
Para que se entienda alterada la paz de una persona, no basta
que ésta sienta un mero malestar por la conducta desplegada
en su contra. Pueblo v. Caro González, 110 D.P.R 518 (1980).
Tiene que haber una reacción violenta de parte de ésta o, cuando
menos, debe la persona sentir una grave alarma e
intranquilidad. Pueblo v. Rodríguez Lugo, ante. CC-2001-466 23
Con este preludio en mente, nos compete examinar la
prueba que tuvo ante sí el foro sentenciador; ello con el
propósito de determinar si, como resolvió el referido tribunal
y subsecuentemente confirmó el foro apelativo intermedio, la
culpabilidad de la aquí peticionaria se probó más allá de duda
razonable.
En nuestro criterio, la prueba que presentara el Estado,
con el propósito de demostrar que la aquí peticionaria
infringió las disposiciones del Inciso (a) del Artículo 260
del vigente Código Penal de Puerto Rico, resulta ser
insuficiente como cuestión de derecho.
La decisión emitida por este Tribunal en Pueblo v.
Rodríguez Lugo, ante, nos obliga a cuestionarnos si las
expresiones “embustera y vieja ridícula” son de tal grado
hirientes e irritantes como para causar, en una persona de
sensibilidad ordinaria, una reacción violenta o un sentido de
grave alarma.
Contestamos dicha interrogante en la negativa. Las
palabras en cuestión, no cabe duda, son expresiones impropias
y de mal gusto, capaces de causar malestar, pero ello así, sin
más, no ostenta el grado de injuria necesario para que la
expresión, desde un punto de vista objetivo y desde la
perspectiva de una persona de sensibilidad ordinaria, pueda
considerarse delictiva.
Este Tribunal, en Pueblo v. Ruiz, 29 D.P.R.
74 (1921) --citado con aprobación en Pueblo v. Rodríguez Lugo,
ante-- resolvió que no cometía el delito de Alteración a la CC-2001-466 24
Paz una persona --enfrascada en una discusión con un ex-amigo--
que profirió unas palabras soeces mucho más ofensivas,
groseras, irritantes e hirientes que las de “embustera y vieja
ridícula”9.
De otra parte --y aunque resulte innecesaria la
discusión, en vista de que no está presente en el caso de autos
el elemento objetivo del delito-- estimamos prudente mencionar
que, en el presente caso, el ministerio público tampoco logró
demostrar que la Sra. Torres Mateo, querellante, gozaba de “paz
o de un estado de tranquilidad” en el momento en que
supuestamente fue lastimada y ofendida con las expresiones que
le dirigió la aquí peticionaria. Nótese, en primer lugar, que
del propio testimonio de la perjudicada surge que ella comenzó
a alterarse cuando notó que la Sra. Irizarry se mostró molesta
y nerviosa al atribuirle la remoción de los documentos de la
Asociación. Es decir, su estado anímico no era representativo
de lo que jurídicamente hemos definido como “paz”. Pueblo v.
De León Martínez, ante.
A lo anterior añadimos el hecho de que, para la fecha de
los hechos, prevalecía una atmósfera de malestar y rencor entre
los miembros de ambas entidades sindicales, y que, por otro
lado, tal y como admitió la querellante, las partes aquí
envueltas se habían visto involucradas, previamente, en
disputas similares, relativas las mismas a sus afiliaciones
sindicales.
9 En dicho caso, las palabras proferidas fueron: “tú no eres más que un huele bicho”. CC-2001-466 25
En consecuencia, resulta inmaterial si la Sra. Torres
Mateo reaccionó con violencia a las expresiones emitidas por
la peticionaria Irizarry o si al menos sufrió, como requerimos
en Rodríguez Lugo, ante, una grave alarma o intranquilidad.
Esto así por cuanto, como hemos afirmado previamente, la prueba
desfilada nos crea serias dudas con respecto a si la Sra. Torres
Mateo disfrutaba de esa tranquilidad de la cual goza un
ciudadano cuando impera el buen orden. Pueblo v. Ruiz, ante.
Sin dudas, una sensación de grave alarma o intranquilidad
presupone una evolución anímica, presupone un estado previo
de paz. Por ende, está igualmente ausente el elemento subjetivo
del delito de alteración a la Paz. La convicción decretada,
repetimos, no puede prevalecer.
VI
Debe quedar claro que el curso decisorio que hoy seguimos
no constituye licencia ni permiso para perpetuar este tipo de
situaciones en los planteles de nuestro sistema de educación
pública. Nuestra decisión está estrictamente ceñida a un
contexto fáctico en el cual cierto comportamiento, aunque
impropio, no alcanzó el nivel de la conducta delictiva
imputada, por lo cual, en todo caso, debió ser atendido por
los canales administrativos pertinentes.
Sin dudas, se trata de una situación bastante indeseable,
y lamentable por demás, sobre todo cuando tomamos en cuenta
el escenario en el cual ocurrió: una de las aulas de nuestro
Sistema de Educación Pública, lugar donde debe imperar el CC-2001-466 26
orden, la concordia y la sana convivencia, valores éstos que
no pueden ser menoscabados, ni siquiera por el fragor de la
actividad sindical.
VII
Por todo lo antes expuesto, se revoca la sentencia
emitida por el Tribunal de Primera Instancia, subsecuentemente
confirmada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, y, en
consecuencia, se absuelve a la peticionaria, Liliana Irizarry
Irizarry, del delito de Alteración a la Paz del cual fue
convicta.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Acusada-peticionaria CC-2001-466 27
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Primera Instancia, subsecuentemente confirmada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, y, en consecuencia, se absuelve a la peticionaria, Liliana Irizarry Irizarry, del delito de Alteración a la Paz del cual fue convicta.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón concurrió en el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Corrada del Río disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera Pérez emitió Opinión disidente.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo CC-2001-466 28
v. CC-2001-466 Certiorari Lilina Irizarry Irizarry
Peticionaria
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2002.
Este Tribunal resuelve revocar una sentencia
emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones
confirmando la convicción y sentencia dictada por
el Tribunal de Primera Instancia, después de emitir
un fallo de culpabilidad contra la aquí
peticionaria por la comisión del delito de
alteración a la paz, tipificado en el inciso (a) del
Artículo 260 de nuestro Código Penal. 10 Su
evaluación y análisis del presente asunto parte de
la premisa de que los tres (3) errores señalados
10 33 L.P.R.A. sec. 4521 (a). CC-2001-466 2
están íntimamente relacionados y, por ende, los
discute en forma conjunta.
La Mayoría concluye que un examen integral y
responsable de la transcripción de la prueba
desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia en el caso de autos
"causa en nuestro ánimo una intranquilidad de conciencia, esto es,
una duda razonable y fundada, respecto a si el Estado demostró, más
allá de duda razonable, la culpabilidad de la peticionaria Liliana
Irizarry". Afirma que, después de realizar una lectura de la
transcripción de la evidencia, concluyó que estamos ante una
situación de error manifiesto en la apreciación de la prueba de parte
del Tribunal de Primera Instancia. Expresa, que la prueba desfilada
resulta ser abrumadora respecto a que lo sucedido el día de los
hechos, que genera la controversia de autos, no sucedió como lo relata
la testigo de cargo, señora Migdalia Torres Pacheco. Concluye que
así quedó plenamente demostrado por el testimonio de varios testigos,
objetivos y desinteresados, con conocimiento personal de los hechos.
La Mayoría expresa que sometida la prueba "al tenor del proceso
analítico que dicta el imperativo de debido proceso de ley que
consagra el Artículo II, Sec. 11 de nuestra Constitución, le es
forzoso concluir que procede la revocación del dictamen recurrido".
Concluye, que "luego de haber evaluado detenidamente la prueba, no
albergamos una convicción firme, esto es, esa satisfacción y
tranquilidad de conciencia que debe prevalecer en el ánimo
adjudicativo cuando se confirma una sentencia condenatoria".
Califica tal situación como una de incertidumbre que no le permite
imprimirle un sello de corrección al fallo de culpabilidad emitido
por el foro de primera instancia. Más adelante la Mayoría expresa que la prueba de cargo presentada por el Estado para sostener la
culpabilidad de la acusada, aquí peticionaria, más allá de duda
razonable, por la comisión del delito tipificado en el inciso (a)
del Artículo 260 del Código Penal, supra, "resulta ser insuficiente
como cuestión de derecho". Concluye que las expresiones "embustera
y vieja ridícula" no son de tal grado hirientes e irritantes como
para causarle a una persona de sensibilidad ordinaria, una reacción
violenta o un sentido de grave alarma. Califica tales expresiones
como impropias y de mal gusto, capaces de causar malestar, pero que
por sí solas no ostentan el grado de injuria necesario para que la
expresión, desde un punto de vista objetivo y desde la perspectiva
de una persona de sensibilidad ordinaria, pueda considerarse
delictiva. Respetuosamente disentimos.
A tenor con los documentos que surgen de nuestro expediente,
somos del criterio que todos los errores señalados como cometidos
por el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Circuito de
Apelaciones no pueden ser discutidos y analizados conjuntamente.11
11 Señalamiento de Errores
Erró el Honorable Tribunal al confirmar la determinación de no ha lugar a la moción de absolución perentoria oportunamente solicitada por la peticionaria.
Erró el Honorable Tribunal al confirmar que la denuncia tal cual redactada imputa la comisión de delito.
Erró el Honorable Tribunal al ni [sic] intervenir en la apreciación de la prueba testifical vertida durante el transcurso de la vista aún existiendo los elementos de excepción que le facultaban para ello y en su consecuencia resolver que:
1. se establecieron los elementos del delito;
2. mereció credibilidad el testimonio contradictorio de la testigo Migdalia Torres Mateo;
3. no darle peso alguno al testimonio de los testigos de defensa presentados; La alegación de la parte peticionaria de que el pliego acusatorio
(denuncia) no imputa delito, no fue atendida por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones. No consta del recurso presentado ante el
Tribunal de Circuito de Apelaciones, ni del presente, copia de la
denuncia presentada contra la acusada, aquí peticionaria, ante el
Tribunal de Primera Instancia y que culminó con el fallo de
culpabilidad, convicción y sentencia impuesta. Tampoco surge, de
haberse presentado, en ambos recursos copia de la moción de
desestimación presentada ante el Tribunal de Primera Instancia por
la defensa, a tenor con la Regla 64 (a) de Procedimiento Criminal.12
La prueba de cargo se presenta para probar que el acusado incurrió
en conducta tipificada como delito, según imputada en el pliego
acusatorio. De plantearse ante el Tribunal de Primera Instancia que
el pliego acusatorio no imputa delito, declarada no ha lugar la
desestimación solicitada por ese motivo, desfilada prueba de cargo
para sostener la conducta imputada, recaído fallo de culpabilidad,
pronunciada convicta la acusada y dictada la sentencia condenatoria,
es procedente a nivel apelativo examinar tal pliego acusatorio para
poder evaluar el error señalado como cometido por el primero.
El Artículo 260 del Código Penal de Puerto Rico, supra, dispone,
en lo pertinente al asunto ante nos, lo siguiente:
Será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a
4. validar la determinación de que no se estableció duda razonable en el transcurso de la vista;
5. al validar la determinación de que la prueba presentada por el Ministerio Público fue suficiente para rebatir la presunción de inocencia. 6. 12 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64 (a). discreción del tribunal, toda persona que voluntariamente realizare cualesquiera de los siguientes actos:
(a) Perturbare la paz o tranquilidad de algún individuo o vecindario, con fuertes e inusitados gritos, conducta tumultuosa u ofensiva o amenazas, vituperios, riñas, desafíos o provocaciones.
...
El Artículo II, Sección 8, de la Constitución de Puerto Rico
dispone sobre el derecho de toda persona a estar protegida por la
ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida
privada y familiar.13 Esta disposición constituye el principio bajo
el cual se asienta la política pública formulada que tipifica como
delito la conducta o expresiones antes descritas.
La modalidad de alteración a la paz antes indicada consiste en
perturbar la paz o tranquilidad de un individuo a base de gritos
fuertes e inusitados, conducta tumultuosa u ofensiva, amenazas,
vituperios, riñas, desafíos o provocaciones.
El acto de perturbar la paz o tranquilidad de un individuo con
riñas o palabras de riña, se refiere a aquellas palabras que por el
simple hecho de ser proferidas infligen daño o tienden a causar una
inmediata alteración a la paz.14 Dichas palabras tienen que estar
dirigidas a por lo menos una persona. Las palabras de riña se
refieren a aquel tipo de palabras que una persona de inteligencia
común entendería que pueden ocasionar el que una persona promedio
o de sensibilidad ordinaria reaccione violentamente en respuesta a
habérselas proferido.15
13 Documentos Históricos, 1 L.P.R.A. Art. II, Sec. 8, pág. 301. 14 D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Revisado y Comentado, Ed. 2001, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., pág. 500; Chaplinsky v. New Hampshine, 315 US 568 (1942), según citado en Pueblo v. Caro González, 110 D.P.R. 518, 525 (1980). 15 Nevares Muñiz, op. cit.; Pueblo v. Ortiz Díaz, 123 D.P.R. 865 (1989); Pueblo v. Caro González, supra, pág. 525. Las expresiones ofensivas que caen dentro del ámbito de la
conducta delictiva antes indicada es aquella que causa disgusto, que
produce dolor u origina sensaciones desagradables.16 Hemos definido
vituperios como aquellos que exponen injustamente a una persona a
desprecio o vergüenza, que le causa afrenta o deshonra, o que le
adscribe el carácter de vicioso o indigno. 17 Las expresiones
ofensivas o vituperios a una persona tienen que ser hirientes e
irritantes, a tal grado que sean capaces de provocar una respuesta
violenta (de riña).18
Recientemente nos expresamos sobre este asunto en Pueblo v.
Rodríguez Lugo. 19 Allí dijimos que se configura el delito de
alteración a la paz cuando se haya desplegado alguna conducta
ofensiva o de provocación, y que en efecto se haya perturbado la paz
o la tranquilidad de alguna persona. La paz de algún individuo queda
perturbada cuando la sensación de seguridad y tranquilidad que toda
persona siente al amparo de la ley es invadida. No es necesario,
pues, que la víctima del delito haya en efecto reaccionado con
violencia para que se estime que se le perturbó la paz.20
Para que un acto o expresión sea ofensivo tiene que ser tan
hiriente e irritante que pueda causar que una persona de sensibilidad
ordinaria pueda reaccionar violentamente en respuesta a éste. Es
decir, que sea tan injurioso y ofensivo que pueda provocar a una
persona común reaccionar con violencia.21
16 Nevares Muñiz, op. cit.; Pueblo v. Ways, 29 D.P.R. 334, 337 (1921). 17 Íd. 18 Íd. 19 Res. el 9 de enero de 2002, 2002 TSPR 3, 156 D.P.R. ___ (2002), 2002 J.T.S. 9. 20 Íd., pág. 631. En Pueblo v. Rodríguez Lugo, supra, expresamos, además, que a
la luz del principio de legalidad que rige el derecho penal es
menester conceptualizar los actos ofensivos del mismo modo que hemos
tratado el lenguaje ofensivo, en vista de que ambas modalidades del
delito surgen concretamente de una misma disposición estatutaria.
Ambas están proscritas por el inciso (a) del Artículo 260 del Código
Penal, supra.
Para que la acción en cuestión pueda considerarse criminal,
deben estar presentes dos (2) elementos. El elemento objetivo, que
es determinar si el lenguaje y la acción realizada es ofensiva, es
decir que sea tan hiriente e irritante que pueda causarle a una
persona de sensibilidad ordinaria reaccionar con violencia al ser
sometido a ella. Para que el acto y lenguaje en cuestión pueda
considerarse penalmente ofensivo, es necesario examinar el contexto
circunstancial en que ocurrió para así poder apreciar si cualquier
persona de sensibilidad ordinaria hubiese sido capaz de reaccionar
con violencia. El elemento subjetivo, que consiste en determinar
que en efecto se haya perturbado la paz de la alegada víctima del
delito.22
Para que el delito de alteración a la paz se configure, es
necesario que la persona perjudicada se encuentre en paz. Por "paz"
se entiende la tranquilidad de que gozan los ciudadanos cuando reina
el buen orden.23 Para que se entienda alterada la paz de una persona,
no basta que ésta sienta un mero malestar con la expresión o conducta
desplegada en su contra, sino que tienen que ser capaces de provocar
21 Íd. 22 Íd., pág. 635. 23 Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746, 767 (1993). una respuesta violenta (de riña), por resultar ofensivas, hirientes
e irritantes.24
La primera testigo de cargo, señora Migdalia Torres Mateo,
declaró ante el Tribunal de Primera Instancia que el 23 de mayo de
2000 se dirigió, a eso de las 7:20 a 7:30 de la mañana, a la Escuela
John F. Kennedy, en calidad de Coordinadora de Distrito de la
Federación de Maestros. Tenía el propósito de visitar esa escuela
para descargar parte de sus funciones en tal capacidad, en torno a
ofrecer información a los maestros sobre la Ley Núm. 45 de 25 de
febrero de 1998, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo para
el Servicio Público de Puerto Rico.25 En ese mismo mes y año había
transcurrido todo el proceso y etapa de la campaña entre la Asociación
de Maestros y la Federación de Maestros, que aspiraban a obtener la
confianza de los maestros para representarlos en forma exclusiva
frente al Departamento de Educación. Salió victoriosa de ese
proceso la Federación de Maestros. La señora Torres Mateo estuvo
involucrada en la campaña de la Federación sobre el Plan de Salud.
Expresó que al llegar a la escuela se encontró a unos compañeros e
inmediatamente preguntó por la Directora de la Escuela, señora Marta
De Jesús, y le dijeron que no había llegado. Por existir dudas entre
el personal clasificado de la escuela sobre el plan de salud, ella
comenzó a orientarlos y a contestar sus preguntas. Durante el
contrainterrogatorio declaró que recogió varias renovaciones del
plan de salud.
Recibió petición de la señora Carmen Cabrera, maestra de esa
escuela, para que se dirigiera a su salón de clases, porque ésta
interesaba hacerle una consulta relacionada con un problema que ella
24 Pueblo v. Caro González, supra, pág. 530. tenía con la Directora de la escuela. Terminó de orientar al
personal clasificado y se dirigió a la oficina de la Directora de
la escuela para colocar en el tablón de edictos, que se encuentra
en la parte de esa oficina donde está ubicada la secretaria, copia
de un dictamen judicial relacionado con un procedimiento iniciado
con la presentación de una demanda por la Asociación de Maestros
contra el Departamento de Educación y la Federación de Maestros,
donde se alegaba, entre otras cosas, que la Asociación de Maestros
tenía derecho a utilizar el tablón de edictos de las escuelas. Por
virtud de dicho dictamen, se desestimó la demanda presentada por la
Asociación de Maestros contra el Departamento de Educación y la
Federación de Maestros. Declaró que colocó copia de dicho documento
en el tablón de edictos con el propósito de brindarle información
y orientación a los maestros, por existir desinformación entre ellos
relacionado con ese tema, y se retiró. No había nadie presente en
la oficina de la Directora cuando colocó copia de dicho documento
en el tablón de edictos. Posteriormente se dirigió al salón de
clases de la maestra, señora Carmen Cabrera. Cerca de las 8:00 de
la mañana se despidió de la señora Cabrera, expresándole que
regresaría luego a hablar con la Directora de la escuela relacionado
con el asunto que le planteara.
Cuando se disponía a retirarse, un conserje le indicó que la
Directora de la escuela le quería hablar; que pasara a su oficina.
Cuando entró a la referida oficina se encontraba allí la señora Lilina
Irizarry, y pudo percatarse que estaba "molesta y nerviosa". La
señora Irizarry, quien es simpatizante de la Asociación de Maestros,
le imputó haber retirado del tablón de edictos una propaganda de esa
organización. Ella le replicó que no sabía nada de eso. Hasta ese
25 3 L.P.R.A. sec. 1451 et seq. momento manifestó no sentirse molesta. Solicitó de la Directora de
la Escuela que orientara a la señora Irizarry sobre las directrices
impartidas por el Secretario de Educación sobre el asunto. Acto
seguido, la señora Irizarry arrancó del tablón de edictos el
documento que había fijado allí la señora Torres Mateo, en un estado
que describe la testigo como "bien molesta", gesticulando hacia ella
con el documento en la mano. En ese momento ella se comenzó a sentir
alterada. Inmediatamente, y durante el manoteo con el documento en
su cara, le dijo "embustera" y poco después "vieja ridícula". Todo
esto frente a la Directora de la escuela y otras personas, miembros
del personal de esa escuela. Declaró sentirse ofendida y lastimada
y que le expresó "si tu sigues en esa actitud de agresividad y de
ofensa yo voy a llamar a la Policía". Expresó, además, que le había
advertido en una ocasión anterior a la Directora de la escuela que
la señora Irizarry mantenía e insistía en conducta y lenguaje
agresivo hacia su persona, y que era a ella a quien le correspondía
llamar a la Policía. Que envió una carta al Director Regional del
Departamento de Educación sobre el asunto. Que la señora Irizarry
mantenía una actitud agresiva para con ella durante el incidente
antes relatado, como parte de las controversias que surgieron como
producto de la campaña, y porque en ese momento creía que ella había
retirado una propaganda escrita de la Asociación de Maestros del
tablón de edictos. Acudió al Cuartel de la Policía y fue atendida
por el policía Félix Espada.
Durante el contrainterrogatorio, la señora Torres Mateo aclaró
que la señora Irizarry le dijo "embustera", refiriéndose a la
decisión de la honorable Zadette Bajandas, Juez Superior,
desestimando la demanda que había incoado la Asociación de Maestros
contra la Federación de Maestros y el Departamento de Educación. Aclaró que le dijo "embustera" dentro de la oficina, y cuando se
dispuso a retirarse para no discutir con ella le dijo "vieja
ridícula", y la continuó insultando frente a todo el personal.
Especificó que acompañó ese lenguaje ofensivo al manoteo ya descrito,
con el documento que arrancó del tablón de edictos. Todo esto en
alta voz y en actitud agresiva hacia ella.
Como segundo testigo de cargo, el Ministerio Público sentó al
policía municipal Félix Espada. Éste declaró que recibió la
querella presentada por la señora Torres Mateo y procedió a
investigar el asunto. Que fue a la Escuela John F. Kennedy a
investigar los hechos y entrevistó a la señora Lilina Irizarry.
Expresó que la señora Torres Mateo había sido su maestra de escuela.
Entrevistó en la escuela a varias de las personas presentes,
incluyendo a la señora Lilina Irizarry. Expresó que esta última le
expuso su versión de los hechos. Que él entendió como correcta la
versión de la señora Torres Mateo.
El policía Espada declaró que cuando fue a la escuela entrevistó
a la señora Lilina Irizarry, y ésta le indicó que quien había alterado
la paz era la señora Torres Mateo, porque le había removido un
documento que ella tenía fijado en un tablón de edictos. No
obstante, a preguntas del policía, la señora Irizarry indicó que no
la había visto hacerlo, pero que la secretaria de la Directora de
la escuela sí la había visto hacerlo. El policía Espada testificó
que entrevistó a la secretaria de la Directora de la escuela, y ésta
negó que hubiera observado tal incidente.
Declaró el policía Espada que entrevistó a la señora Torres
Mateo con motivo de la querella presentada y ésta le indicó que la
señora Irizarry le había dicho "embustera" y "vieja ridícula",
mientras le manoteaba la cara frente a otros maestros. Expresó que durante la investigación entrevistó a esos otros maestros señalados
por la señora Torres Mateo que presenciaron el incidente, y éstos
le indicaron que no vieron nada. Sobre estos hechos afirmó haber
entrevistado a la señora Marisol Burgos, secretaria de la Directora
de la escuela y ésta le indicó que no había visto nada de lo que la
señora Torres Mateo le había indicado que había ocurrido en la oficina
de la Directora de la escuela.26
Concluida la prueba de cargo, la defensa presentó varios
testigos. En primer lugar testificó la señora Marisol Burgos, quien
declaró ser la secretaria de la Directora de la Escuela John F.
Kennedy. Expresó que su oficina es una antesala de la oficina de
la Directora de la escuela. Indicó que el tablón de edictos en
cuestión estaba ubicado al lado de su escritorio. Declaró que ella
vio a la señora Torres Mateo remover un documento del tablón de
edictos, que identificó como un recorte de periódico relacionado con
la Asociación de Maestros, y colocó otro en su lugar. Expresó que
la Directora de la escuela iba entrando a su oficina en ese momento.
Ofreció una versión de los hechos distinta a la vertida por la señora
Torres Mateo. Declaró que le informó a la señora Irizarry que la
señora Torres Mateo había removido su propaganda y que quien se alteró
y manoteó con los papeles en la mano fue la señora Torres Mateo,
dirigiéndose a la señora Irizarry. Negó que la señora Irizarry le
hubiera dicho "embustera" y "vieja ridícula" a la señora Torres
Mateo. Negó, además, que el policía Espada la hubiera entrevistado.
26 Del testimonio que vertió el policía Espada ante el Tribunal de Primera Instancia sobre su investigación no nos presenta duda alguna que actuó correcta y razonablemente al presentar la denuncia por alteración a la paz contra la señora Lilina Irizarry y no contra la señora Migdalia Torres Mateo. De la prueba recopilada por éste surge la "scintilla" de evidencia necesaria para determinar causa probable para arresto contra la señora Irizarry por la comisión del delito de alteración a la paz. Expresó que el policía preguntó en su presencia, en ocasión de acudir
a la Escuela John F. Kennedy para investigar sobre los hechos, si
habían testigos de lo ocurrido, y que ella no contestó y continuó
haciendo sus tareas.
Como segundo testigo declaró el señor Wilfredo Márquez Colón,
quien expresó ser maestro de matemáticas en la Escuela John F. Kennedy
y representante alterno de la Federación de Maestros. Declaró que
el día de los hechos trató de subsanar un altercado que había entre
la señora Lilina Irizarry y la señora Migdalia Torres Mateo. Que
presenció tal incidente cuando se bajó de su automóvil. Expresó no
tener conocimiento de incidente alguno previo dentro de la escuela
o en la oficina de la Directora.
Como tercer testigo de defensa declaró la señora Marta Leticia
De Jesús Rosa, quien a la fecha de los hechos era Directora de la
Escuela John F. Kennedy. Declaró que escuchó una conversación fuera
de su privado y en la parte de su oficina donde está ubicada su
secretaria. Que la conversación era entre la señora Torres Mateo
y la señora Irizarry, y se estaba sosteniendo en un tono de voz alto.
Que apercibió a las personas envueltas sobre la disciplina a
observarse en un plantel escolar. Expresó no haber escuchado las
palabras "embustera" y "vieja ridícula" en boca de ninguna de esas
personas.27
Se estipuló la prueba de reputación a ofrecerse por la acusada.
Los testigos de defensa restantes se pusieron a la disposición del
Ministerio Público para ser entrevistados, porque no iban a ser
utilizados.
27 De su testimonio no surge que haya visto que la señora Torres Mateo hubiera removido la propaganda de la Asociación de Maestros que había II
En nuestro ordenamiento la culpabilidad de una persona acusada
de un delito tiene que ser demostrada con prueba suficiente en derecho
y más allá de toda duda razonable. Esto responde a las garantías
constitucionales, a la presunción de inocencia y a un debido proceso
de ley.28
Es al Estado a quien le corresponde presentar evidencia
suficiente y demostrar la culpabilidad del acusado más allá de toda
duda razonable.29 A los fines de condenar a un acusado, la prueba
necesaria a ser ofrecida por el Ministerio Fiscal y admitida, además
de suficiente, tiene que ser prueba satisfactoria, que produzca
certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación.30
El Ministerio Fiscal no cumple con el requisito de probar la
culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable, presentando
prueba que meramente sea suficiente, esto es, que verse sobre todos
los elementos del delito imputado. Se le requiere, además, que la
evidencia presentada, además de sostener prima facie los elementos
del delito, tiene que ser satisfactoria, es decir, que produzca
certeza y convicción moral en una conciencia exenta de preocupación
o en un ánimo no prevenido.31
La apreciación que hace un juzgador de la evidencia desfilada
durante un proceso judicial criminal es una cuestión mixta de hecho
y de derecho. Por eso, el análisis que de la prueba presentada se
fijado en el tablón de edictos, tal y como lo declaró su secretaria, señora Marisol Burgos. 28 Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746 (1993). 29 Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991). 30 Pueblo v. Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974). 31 Íd.; Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454 (1988). realiza "pone en movimiento, además de la experiencia del juzgador,
su conocimiento del Derecho para así llegar a una solución justa de
la controversia".32 Es por ello que la determinación que realiza el
juzgador de los hechos a nivel del foro de primera instancia, a los
efectos de que la culpabilidad del imputado del delito ha quedado
establecida más allá de duda razonable, es una que es revisable en
apelación "como cuestión de derecho".33
Es norma jurisprudencial reiterada que esa determinación de
culpabilidad que hace el juzgador de los hechos a nivel de primera
instancia, es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal
apelativo. El fundamento o base en que se apoya la referida norma
es obvio: dicho juzgador es el que, de ordinario, está en mejor
posición para aquilatar la prueba testifical, ya que fue el que
escuchó y vió declarar a los testigos.34
Este Tribunal ha expresado en reiteradas ocasiones que, de
ordinario, no intervendremos con el veredicto condenatorio emitido
por un jurado o el fallo de culpabilidad de un juez, en ausencia de
pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación
que de la prueba fue realizada.35
Todo lo anteriormente expresado no significa que la
determinación de culpabilidad realizada por el juzgador de los hechos
constituye una barrera insalvable. Cuando surge prima facie de la
prueba presentada los elementos del delito imputado, pero la
apreciación de esa prueba se distancia de la realidad fáctica o es
32 Íd. 33 Íd. 34 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49 (1991). inherentemente imposible o increíble, entonces la intervención del
tribunal apelativo es necesaria y procedente. Las determinaciones
que hace el juzgador de los hechos no deben ser sustituidas por el
criterio del foro apelativo, a menos que de la prueba admitida surja
que no existe base suficiente que apoye tal determinación.36
¿Sostiene prima facie la prueba presentada por el Ministerio
Público y admitida por el Tribunal de Primera Instancia los elementos
del delito de alteración a la paz tipificado en el inciso (a) del
Artículo 260 del Código Penal de Puerto Rico, supra? La contestación
es en la afirmativa.
La prueba insuficiente es aquella que aún de ser creída por el
juzgador de los hechos, no es suficiente para establecer los
elementos necesarios de responsabilidad criminal. Si de la prueba
de cargo presentada existe una "scintilla" de evidencia sobre todos
los elementos del delito imputado, el Estado ha presentado un caso
prima facie contra el acusado.37 Del cuadro fáctico que exhibe el
caso de autos se desprende claramente que el Estado presentó prueba
que sostiene un caso prima facie contra la acusada por infringir el
inciso (a) del Artículo 260 del Código Penal, supra. Veamos.
Surge de la transcripción de la evidencia que los hechos de este
caso constituyen un episodio entre varias controversias que se
suscitaron entre la señora Lilina Irizarry y la señora Migdalia
Torres Mateo, como consecuencia del proceso y etapa de la campaña
entre la Asociación de Maestros y la Federación de Maestros para
35 Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, supra; Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982); Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980); Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584 (1977). 36 Pueblo v. Acevedo Estrada, res. el 19 de enero de 2000, 2000 TSPR 8, 150 D.P.R. ___ (2000), 2000 J.T.S. 22. obtener la confianza de los maestros para representarlos en forma
exclusiva frente al Departamento de Educación. De la prueba de cargo
ofrecida y admitida surge que la señora Irizarry mantenía e insistía
en una actitud agresiva hacia la señora Torres Mateo, como
consecuencia de esa controversia.
La Asociación de Maestros de Puerto Rico presentó ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, una demanda
contra la Federación de Maestros y el Departamento de Educación
donde, entre otras cosas, alegaba que tenía el derecho a utilizar
el tablón de edictos de las escuelas. Ese Tribunal dictaminó por
escrito en forma desfavorable a la Asociación de Maestros. Ese era
el documento al que se refirió la testigo de cargo, señora Torres
Mateo, como el que ella había fijado copia en el tablón de edictos
para el conocimiento e información de los maestros de esa escuela.
Somos del criterio que de la prueba de cargo presentada surge
que la señora Irizarry incurrió en conducta hablada y no hablada,
constitutiva esta última de acciones y de gestos, de la cual se
desprenden vituperios, ofensas y una actitud de provocación de su
parte, dirigida esa conducta a perturbar la paz y tranquilidad de
la señora Torres Mateo. El Estado sostuvo prima facie con su prueba
que los actos y el lenguaje utilizado por la señora Irizarry expuso
injustamente a la señora Torres Mateo al desprecio de las personas
allí presentes. Esa prueba tiende a sostener que tal conducta tuvo
el propósito de señalarla como una persona indigna y producir
vergüenza y deshonra a una maestra de escuela, la señora Torres Mateo.
Esa prueba fue presentada para establecer que la paz y tranquilidad
de la señora Torres Mateo, que se encontraba en gestiones gremiales
37 E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, 1995, Vol. II, pág. 304; Pueblo v. Rivero, Lugo y oficiales válidas y propias en una escuela, quedó perturbada cuando
la sensación de seguridad y tranquilidad que una persona razonable
siente al realizar tal gestión al amparo de la ley es invadida. No
es necesario que la prueba de cargo evidencie que la señora Torres
Mateo reaccionó con violencia para sostener prima facie que se le
perturbó la paz, bajo las presentes circunstancias.
No nos presenta duda alguna que la prueba de cargo sostiene prima
facie que el lenguaje y las acciones observadas por la señora Irizarry
fueron ofensivas, hirientes e irritantes, a tal punto que pueden
ocasionar que cualquier maestro de escuela de sensibilidad ordinaria
hubiese sido capaz de reaccionar con violencia, de encontrarse que
fue insultado, deshonrado y señalado como indigno al realizar una
gestión oficial como representante gremial, con derecho a estar en
el sitio donde le fue perturbada su paz y tranquilidad.
La prueba de cargo tiende a sostener que la señora Torres Mateo
se encontraba en un estado de paz y tranquilidad hasta el momento
que es requerida y entra en la oficina de la Directora de la escuela,
donde es objeto y víctima de las acciones y el lenguaje de la señora
Irizarry. El primer error señalado no fue cometido.
¿Sostiene la prueba de cargo presentada la culpabilidad de la
acusada más allá de duda razonable por la comisión del delito de
alteración a la paz tipificado en el inciso (a) del Artículo 260 del
Código Penal, supra? La contestación es en la afirmativa.
La insuficiencia de la prueba es algo muy distinto a la prueba
conflictiva o contradictoria. Cuando se presenta prueba de todos
los elementos esenciales del delito y tal prueba es contradicha,
realmente no se trata de un caso de prueba que no es suficiente para
imponer responsabilidad criminal, por no establecer prima facie la
Almodóvar, supra. presencia de todos los elementos del delito. Estando establecido
prima facie por el Estado el delito imputado y presentada prueba que
la contradice, el llamado a resolver tal conflicto es el juzgador
de los hechos.38
En el caso de autos fue presentado el testimonio de la señora
Torres Mateo como prueba de cargo que sostiene prima facie, como hemos
expuesto previamente, la comisión del delito de alteración a la paz
tipificado en el inciso (a) del Artículo 260 del Código Penal, supra.
La defensa presentó prueba testifical que contradice la misma,
inclusive el testimonio de la señora Marisol Burgos contiene una
versión totalmente distinta a la ofrecida por la señora Torres Mateo.
El Tribunal de Primera Instancia le impartió credibilidad a la prueba
de cargo al dirimir el conflicto de la prueba ofrecida por las partes
y admitida como evidencia. Entendemos que no incurrió el Tribunal
de Primera Instancia en error manifiesto en la apreciación de la
prueba, ni mucho menos actuó con pasión, prejuicio o parcialidad.
Entiendo que actuó correctamente al encontrar que la prueba de cargo
demostró más allá de duda razonable la comisión del delito tipificado
en el inciso (a) del Artículo 260 del Código Penal, supra. Veamos.
Hemos expresado, en reiteradas ocasiones, que no intervendremos
con un fallo inculpatorio emitido por un Juez de primera instancia
en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en
la apreciación de la prueba presentada y admitida. La
responsabilidad de demostrar que es procedente, como cuestión de
derecho, la intervención con el fallo emitido a nivel de primera
instancia recae sobre el apelante ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones y posteriormente ante este Tribunal, de ser necesario.39
38 Chiesa Aponte, op. cit., págs. 304-307. La señora Burgos ofreció un testimonio que contradecía el
vertido por la señora Migdalia Torres Mateo sobre lo ocurrido el día
de los hechos y el vertido por el policía Félix Espada sobre sus
hallazgos durante la investigación que realizara como consecuencia
de la querella presentada por la señora Torres Mateo. La Directora
de la escuela, señora Marta Leticia De Jesús Rosa, testificó que no
vio nada de lo relatado por la testigo de cargo, señora Migdalia
Torres Mateo, y por la testigo de defensa, señora Marisol Burgos,
su secretaria.
De la prueba desfilada y admitida surge que las personas que
la señora Torres Mateo informó que habían presenciado el incidente
eran compañeros de trabajo de la señora Lilina Irizarry, maestros
todos de la Escuela John F. Kennedy. Esas son las personas que el
policía Espada testificó que entrevistó y resultaron "ciegos y
sordos".
Establecido por el Estado en el caso de autos un caso prima facie
de alteración a la paz, no encontramos que la apreciación de la prueba
realizada por el Tribunal de Primera Instancia se distancie de la
realidad fáctica o que la versión de los testigos de cargo sea
inherentemente imposible o increíble. Concluimos, que el apelante
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, y aquí peticionario,
no ha colocado a este Tribunal en posición de intervenir con la
apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de Primera
Instancia a base de excepción y como cuestión de derecho, al principio
general que el juzgador de hechos es el que, de ordinario, está en
mejor posición para aquilatar la prueba testifical, ya que fue el
que escuchó y vio declarar a los testigos.
39 Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, supra. Concluimos que la prueba de cargo desfilada y admitida no sólo
es suficiente como cuestión de derecho, sino que sostiene más allá
de duda razonable que la acusada, aquí peticionaria, incurrió en
actos y conducta agresiva e hizo uso de lenguaje ofensivo y palabras
que eran hirientes e irritantes, y en conjunto constituían una
provocación y una afrenta a la honra y dignidad de la señora Torres
Mateo como maestra, en frente de otras personas, maestros la mayoría
de ellos, que le causó un sentido de grave alarma y una reacción
defensiva, constitutiva de retirarse del lugar y acudir al Cuartel
de la Policía. Esa prueba de cargo ofrecida y admitida fue una
satisfactoria, que produce en un ánimo no prevenido y en una
conciencia exenta de preocupación la certeza y convicción moral
necesaria para concluir en la forma y manera que lo hizo el Tribunal
de Primera Instancia.
No compartimos el criterio de la Mayoría, que de la
transcripción de la prueba surge que la determinación del foro de
primera instancia estuvo apoyada solo sobre las expresiones
"embustera" y "vieja ridícula" para concluir sobre la comisión del
delito de alteración a la paz, más allá de duda razonable. El tercer
error señalado no fue cometido.
¿Tenía que atender el Tribunal de Circuito de Apelaciones el
segundo error que le fue señalado, a los efectos de que el pliego
acusatorio no imputaba el delito tipificado en el inciso (a) del
Artículo 260 del Código Penal, supra, en forma separada de los demás
errores también señalados? La contestación es en la afirmativa.
El desfile y admisión de prueba de cargo suficiente para
establecer prima facie los elementos de un delito, según tipificado
en nuestro Código Penal, y satisfactoria, como cuestión de hecho y de derecho, para sostener la comisión de tal delito, no subsana los
defectos sustanciales de un pliego acusatorio insuficiente, que no
imputa todos los elementos del delito según tipificado, una vez es
pronunciada culpable y declarada convicta la persona acusada de tal
delito y de emitida la sentencia condenatoria.
La Regla 196 de Procedimiento Criminal40 y las Reglas 26 y 28
del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones41 no disponen
de requisito alguno dirigido al apelante ante el Tribunal de Circuito
de Apelaciones para incluir junto con su escrito de apelación ni su
alegato copia de documento alguno de los autos originales del
Tribunal de Primera Instancia.
Cuando es señalado ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones
un error en un recurso de apelación criminal como el presente, o sea,
constitutivo de que el Tribunal de Primera Instancia incidió al
considerar y resolver que la denuncia formulada ante sí era una que
imputa delito, el primero tiene la obligación de considerar, atender
y resolver lo planteado por el apelante, por ser el recurso de
apelación uno compulsorio y obligatorio para ese Tribunal.42
Para el Tribunal de Circuito de Apelaciones poder cumplir con
tal cometido, la Regla 199 de Procedimiento Criminal 43 dispone lo
siguiente:
Salvo lo que más adelante se dispone, las apelaciones se ventilarán con vista de los documentos originales que obren en autos y de la exposición o transcripción de la prueba oral, los que constituirán el expediente de apelación. (Énfasis nuestro.)
40 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 196. 41 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 26 y R. 28. 42 Véase Exposición de Motivos de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994; Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 193. 43 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 199. La Regla 203 de Procedimiento Criminal 44 prescribe, a esos
efectos, lo siguiente:
Después de haberse presentado el escrito de apelación, y dentro de los términos prescritos en la Regla 210, el secretario del tribunal apelado remitirá al Tribunal de Circuito de Apelaciones todos los documentos originales del proceso objeto de la apelación, excepto aquellos cuya omisión se hubiere convenido por las partes mediante estipulación escrita unida a los autos. El secretario del tribunal apelado unirá a dichos documentos una certificación que los identifique adecuadamente. (Énfasis nuestro.)
Añade la Regla 205 de Procedimiento Criminal, 45 en lo
pertinente, lo siguiente:
Los escritos y documentos originales se unirán en uno o más volúmenes y las páginas se numerarán consecutivamente. Se preparará un índice completo independientemente o como parte de la certificación de identificación a que se refiere la Regla 203.
La Regla 206 de Procedimiento Criminal46 expresa sobre el tema
lo siguiente:
No será necesaria la aprobación del expediente de apelación por el tribunal apelado. Pero si surgiere alguna discrepancia respecto a si el expediente refleja fielmente lo ocurrido en el tribunal apelado, la cuestión se someterá a dicho tribunal, el cual resolverá la controversia y conformará el expediente a la verdad. Si por error o accidente se omitiere o se relacionare equivocadamente alguna porción del expediente, de importancia para cualquiera de las partes, éstas mediante estipulación, o el tribunal apelado, antes o después de enviarse el expediente al Tribunal de Circuito de Apelaciones, o el propio Tribunal de Circuito de Apelaciones, a solicitud de parte o a instancia propia, podrá ordenar que se cubra la omisión o que se corrija la aserción errónea y si fuera necesario que se certifique o se envíe por el secretario del tribunal apelado un expediente suplementario. Cualquier otra cuestión relacionada con el contenido y la forma del expediente deberá plantearse al Tribunal de Circuito de Apelaciones. (Énfasis nuestro.)
44 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 203. 45 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 205. Por último, la Regla 210 de Procedimiento Criminal47 dispone lo
El expediente de apelación provisto en las Reglas 199, 203, 205, 206 y 207 deberá archivarse en el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de la presentación del escrito de apelación, excepto que cuando hubiere más de una apelación interpuesta contra la sentencia por dos o más acusados apelantes, el tribunal apelado podrá fijar el término para dicho archivo, que en ningún caso será menor del término antes expresado. En todos los casos, el tribunal apelado, en el ejercicio de su discreción, con o sin moción o notificación al efecto, podrá prorrogar el término para el archivo del expediente de apelación por un período no mayor de sesenta (60) días adicionales. Cualquier prórroga ulterior sólo podrá concederse por causa justificada, la cual se hará constar en la orden concediendo la prórroga. Copia de esa orden deberá ser notificada al Tribunal de Circuito de Apelaciones. (Énfasis nuestro.)
El Tribunal de Circuito de Apelaciones estaba en la obligación
de atender y resolver el segundo error señalado por el apelante, a
los efectos de que el Tribunal de Primera Instancia incidió al
resolver que la denuncia imputaba delito, con vista de los documentos
originales que obran en autos, y que junto a la transcripción de la
prueba oral realizada constituyen el expediente de apelación ante
el Tribunal de Circuito de Apelaciones. De no haberse remitido por
el Tribunal de Primera Instancia los autos originales, a tenor con
lo dispuesto en las Reglas 203 y 210, supra, el Tribunal de Circuito
de Apelaciones estaba obligado a ordenarle al Tribunal de Primera
Instancia tal remisión y estaba impedido de disponer finalmente del
recurso ante sí, por no estar perfeccionado el recurso cuando dispuso
de él, pues no estaba en posición de atender y resolver el segundo
error señalado.48
46 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 206. 47 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 210. 48 En Hernández v. San Lorenzo Const., res. el 20 de febrero de 2001, 2001 TSPR 18, 153 D.P.R. __ (2001), 2001 J.T.S. 22, expresamos en un La Regla 64 (a) de Procedimiento Criminal, supra, dispone lo
La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
(a) Que la acusación o denuncia no imputa un delito. ...
Este fundamento de desestimación implica que, admitido como
cierto lo alegado en el pliego acusatorio (denuncia o acusación) no
se configura o satisface tipo penal alguno bajo los estatutos penales
vigentes en Puerto Rico. Aunque no tiene que tratarse del mismo
delito invocado en la acusación, si el tribunal estima que la
acusación imputa un delito distinto al pretendido por el Ministerio
Público hay que tener en cuenta la relación entre el delito pretendido
por el fiscal y el delito que a juicio del tribunal se imputa en la
acusación. Si se trata de delito distinto, no incluido en el que
se pretendía imputar, puede surgir un problema de prescripción o de
que no se determinó causa probable para el arresto o para acusar por
el delito correcto, lo que constituyen causas independientes de
desestimación.49
Al evaluar la moción de desestimación por este fundamento, el
tribunal ha de tomar en cuenta el principio de legalidad establecido
en el Artículo 8 del Código Penal de Puerto Rico50 que dispone lo
caso civil que el Tribunal de Circuito de Apelaciones incumple con su función revisora cuando no permite el perfeccionamiento de un recurso de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. La culminación del trámite de perfeccionamiento del recurso es necesario e indispensable para su disposición final por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. 49 Chiesa Aponte, op. cit., Vol. III, pág. 159. 50 33 L.P.R.A. sec. 3031. No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido por la ley como delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido.
No se podrán crear por analogía delitos, penas, ni medidas de seguridad.
El tribunal debe considerar el principio de interpretación
restrictiva de la ley penal, en el sentido de que al considerar los
hechos imputados en la acusación, junto con la ley penal que define
el delito imputado, las dudas que permanecen sobre si se satisface
o no el tipo penal después de considerar las normas de interpretación
de estatutos, deben ser resueltas a favor del acusado. Aunque este
principio de interpretación restrictiva de la ley penal favorece al
acusado en cuanto al alcance de ese tipo de estatuto, que define un
delito, debe tenerse presente que no exige que a las palabras de un
estatuto de esa naturaleza debe impartírsele su significado más
limitado o que deba hacerse caso omiso de la evidente intención del
legislador.51
La moción de desestimación basada en que el pliego acusatorio
no imputa delito es privilegiada, en el sentido de que puede
presentarse en cualquier momento, de conformidad con lo dispuesto
en la Regla 63 de Procedimiento Criminal.52 Sin embargo, si se trata
de un defecto subsanable puede ser corregido mediante enmienda al
pliego acusatorio. Puede enmendarse una acusación o denuncia para
corregir un defecto de insuficiencia.53
51 Chiesa Aponte, op. cit., Vol. III, pág. 160; Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891, 903 (1987). 52 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 63. 53 Chiesa Aponte, op. cit., Vol. III, pág. 160. Si la acusación o la denuncia adolecieren de algún defecto u
omisión sustancial, el tribunal en el cual se ventilare originalmente
el proceso podrá permitir, en cualquier momento antes de la
convicción o absolución del acusado, las enmiendas necesarias para
subsanarlo. Si se tratare de una acusación, el acusado tendrá
derecho a que se le celebre nuevamente el acto de lectura de la
acusación. Si se tratare de una denuncia, el acusado tendrá derecho
a que el juicio se celebre después de los cinco (5) días siguientes
a aquel en que se hiciere la enmienda.54
A diferencia del defecto de forma, el defecto sustancial es el
que perjudica los derechos sustanciales del acusado, bien porque le
impide preparar adecuadamente su defensa o porque, sencillamente,
tiene el defecto de insuficiencia de la acusación o denuncia.55 La
norma de enmienda al pliego acusatorio para subsanar el defecto
sustancial establecida en la Regla 38 (b) de Procedimiento Criminal56
es de gran liberalidad. Se permiten las enmiendas para corregir el
defecto sustancial en cualquier momento antes de la convicción o
absolución del acusado. La norma de enmienda para corregir un
defecto de forma establecida en la Regla 38 (a) de Procedimiento
Criminal57 es más liberal solo en cuanto establece que las enmiendas
son permisibles en cualquier etapa y que el fallo o veredicto subsana
tácitamente todo defecto de forma en el pliego acusatorio. No
obstante, las enmiendas al pliego acusatorio se permiten antes del
fallo o veredicto, lo mismo para el defecto de forma que para el
defecto sustancial. La diferencia consiste en que en el caso del
54 Íd., pág. 120. 55 Íd. 56 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 38 (b). 57 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 38 (a). defecto sustancial, el acusado tiene derecho a una nueva oportunidad
de enfrentarse al pliego acusatorio para la alegación
correspondiente, y tiempo adicional para preparar su defensa.58
El defecto de insuficiencia significa que el pliego acusatorio
no imputa delito alguno tipificado bajo las leyes penales de Puerto
Rico. El defecto de insuficiencia es causa para la desestimación
de la acusación o denuncia. 59 No obstante, la Regla 66 de
Procedimiento Criminal 60 permite y exige al Tribunal de Primera
Instancia practicar la enmienda de un pliego acusatorio que padece
de un defecto sustancial que pueda subsanarse mediante la misma antes
de la convicción o absolución del acusado.61
El acusado no puede ser válidamente sentenciado si la acusación
no imputa delito. Si la enmienda al pliego acusatorio que padece
de defecto sustancial, por no imputar delito alguno, no se hace antes
del fallo o veredicto, la desestimación será sin perjuicio de que
el fiscal inicie un nuevo proceso bajo un nuevo pliego acusatorio
sin defecto de suficiencia.62 Una desestimación de la acusación por
un fundamento de derecho ajeno a una determinación de inocencia y
absolución, como la solicitada ante el Tribunal de Primera Instancia
en este caso, no impide ulteriores procedimientos, en ese Tribunal
o en revisión, bajo la cláusula constitucional de doble exposición.
No obstante, si el defecto que provoca la desestimación es
58 Chiesa Aponte, op. cit., Vol. III, pág. 120. 59 Íd., pág. 121. 60 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 66. 61 Chiesa Aponte, op. cit., Vol. III, pág. 121. 62 Íd.; Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. III, R. 67. insubsanable, como lo sería el de prescripción del delito, entonces
habría un impedimento para un nuevo proceso.63
Por los fundamentos antes expuestos, hubiéramos confirmado la
sentencia recurrida, emitida por el Tribunal de Circuito de
Apelaciones, que, a su vez, confirmó el fallo de culpabilidad emitido
por el Tribunal de Primera Instancia contra la acusada, en cuanto
a su determinación de que la prueba de cargo era suficiente y
satisfactoria para concluir de esa forma. No obstante,
devolveríamos el presente caso al foro intermedio apelativo para que,
una vez remitido los autos originales por el Tribunal de Primera
Instancia, resolviera el segundo señalamiento de error levantado por
la parte apelante, a los efectos de que la denuncia presentada por
alteración a la paz no imputa tipo de delito alguno.
Efraín E. Rivera Pérez Juez Asociado
63 Chiesa Aponte, op. cit., Vol. II, pág. 265.
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2002 TSPR 62, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/el-pueblo-de-pr-v-liliana-irizarry-irizarry-prsupreme-2002.