El Pueblo De P.R. v. Eduardo Carrion Rivera

2003 TSPR 98

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: June 4, 2003
• Docket: CC-2002-0588
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Recurrido 2003 TSPR 98 v. 159 DPR ____ Eduardo Carrión Rivera

Peticionario

Número del Caso: CC-2002-588

Fecha: 4 de junio de 2003

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II

Panel integrado por su Presidente, Juez Arbona Lago y los Jueces Urgell Cuebas y Aponte Hernández

Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Rafael A. Rivera Rivera

Oficina del Procurador General: Lcdo. Jaime Mercado Almodóvar Procurador General Auxiliar

Materia: Art. 99(a) Código Penal

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v. CC-2002-588 Certiorari

Eduardo Carrión Rivera

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO

San Juan, Puerto Rico, a 4 de junio de 2003.

Nos corresponde resolver si el derecho

constitucional a juicio rápido se extiende al

período que transcurre entre la primera

desestimación de una denuncia y la nueva

presentación de cargos por los mismos hechos al

amparo de la Regla 67 de Procedimiento

Criminal.

Por entender que durante la referida etapa

el acusado no se encuentra sujeto a responder

(“held to answer”), resolvemos en la negativa.

I

El 8 de agosto de 2000 se presentó una

denuncia contra el Sr. Eduardo Carrión Rivera

(en adelante, “el peticionario” o “Sr. Carrión CC-2002-588 3

Rivera”) por infracción al Artículo 99(a) del Código

Penal, 33 L.P.R.A. § 4061(a), imputándosele haber tenido

relaciones sexuales con una niña de doce (12) años de

edad. Ese mismo día se encontró causa probable para su

arresto y se le impuso una fianza de cinco mil dólares

($5,000), la cual prestó en el acto.

La vista preliminar se señaló para el 14 de

septiembre de 2000, fecha en la que el Ministerio Público

compareció con la prueba de cargo. No obstante, a

solicitud de la defensa, la misma fue pospuesta para el

25 de octubre de 2000. Llegado ese día, el Ministerio

Público solicitó al Tribunal de Primera Instancia (en

adelante, “TPI”) que la transfiriera para otra fecha, ya

que necesitaba corroborar cierta evidencia médica.1 El

TPI concedió dicho pedido y señaló la vista para el 14 de

diciembre de 2000.

Sin embargo, ésta tampoco pudo celebrarse en dicha

ocasión, ya que el representante del Ministerio Público

alegó encontrarse enfermo. El TPI procedió a re-pautar

la vista para el 26 de diciembre de 2000, pero ésta fue

cancelada nuevamente. A consecuencia de ello, el mismo

Ministerio Público solicitó la desestimación de la

denuncia al amparo de la Regla 64(n)(5) de Procedimiento

1 Se trataba de un informe sobre el examen médico que se le realizó a la niña que alegadamente fue violada, copia del cual fue entregado al peticionario en la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de Bayamón. Véase Apéndice, a la pág. 32. CC-2002-588 4

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.64(n)(5),2 emitiendo el

TPI una Resolución a esos efectos. No se dispuso nada

más en dicha ocasión.3

En atención a ello, el 3 de abril de 2001, el TPI

declaró con lugar una solicitud del peticionario para que

se ordenase a la Policía de Puerto Rico a devolverle todo

documento, foto y récord de huellas digitales tomadas en

conexión con el caso desestimado.4 El 10 de agosto de

2001, se le devolvió la fianza, según solicitado.5

Luego de varios meses, el 18 de diciembre de 2001,

el Ministerio Público sometió por segunda vez el caso,

presentando denuncia contra el peticionario por los

mismos hechos que se le habían imputado el 8 de

septiembre de 2000. Se determinó nuevamente causa

probable para el arresto y se fijó una fianza de mil

dólares ($1,000), la cual prestó en el acto. La vista

preliminar se pautó originalmente para el 2 de enero de

2002, pero luego fue re-señalada para el 24 de enero de

ese año.

Así las cosas, el 28 de diciembre de 2001, el

peticionario presentó una Moción en Solicitud de

Sobreseimiento de la Denuncia al Amparo de la Regla 2 El TPI desestimó al amparo de dicha regla. Sin embargo, lo procedente era aplicar la Regla 64(n)(6), ya que el imputado se encontraba bajo fianza. 3 Véase Apéndice, a la pág.54. 4 Véase Apéndice, a la pág. 35. 5 Véase Apéndice, a la pág. 37. CC-2002-588 5

247(b), en la cual alegó que la demora del Ministerio

Público en presentar nuevamente la denuncia violó su

derecho al debido proceso de ley y su derecho a juicio

rápido. El TPI requirió al Ministerio Público que

replicase a tales alegaciones.

Dicha parte compareció mediante moción de 13 de

febrero de 2002, alegando que una vez desestimado un caso

por delito grave bajo el palio de la Regla 64(n), supra,

la Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.II,

R.67, permite la presentación de la denuncia nuevamente.

De igual forma, expresó que no pudo presentar la nueva

denuncia en una fecha anterior debido a que la testigo

principal del caso, la víctima, no estuvo disponible por

razones médicas.

Luego de atender los argumentos de las partes, el

TPI declaró no ha lugar la solicitud de sobreseimiento,

amparándose en lo dispuesto por la Regla 67 de

Procedimiento Criminal, supra.6 Ante tal decisión, el

peticionario recurrió mediante certiorari al Tribunal de

Circuito de Apelaciones (en adelante, “TCA”), foro que

denegó el recurso.7 Dicho tribunal concluyó que el

derecho a juicio rápido no le asistía al peticionario

6 Resolución del TPI, Sala Superior de Bayamón, de 26 de febrero de 2002. Esta decisión nada dispuso sobre la alegación de violación al derecho a juicio rápido. Véase Apéndice, a la pág. 26. 7 Resolución de 31 de mayo de 2002, notificada el 11 de junio de ese año. Véase Apéndice, a las págs. 97-98. CC-2002-588 6

durante el período de tiempo transcurrido entre la

primera desestimación de la denuncia y la nueva

radicación de ésta, toda vez que durante esa etapa el

peticionario no estuvo sujeto a responder por cargo

alguno.

Inconforme, el 31 de julio de 2002, el peticionario

acudió ante este Tribunal y nos señaló dos errores, a

saber:

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver que el peticionario de epígrafe no estaba sujeto a responder (“held to answer”) y que por tanto, no le asistió el derecho constitucional a juicio rápido durante los trescientos cincuenta y siete (357) días que transcurrieron desde la desestimación de la denuncia en vista preliminar en virtud de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal y la presentación de una segunda denuncia por los mismos hechos al amparo de la Regla 67 del mismo cuerpo legal.

SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver que existió justa causa para la dilación de trescientos cincuenta y siete (357) días en que incurrió el Ministerio Público para resometer el caso en virtud de la Regla 67 de Procedimiento Criminal, al tomar en consideración nueva “evidencia” que aportó el Procurador General en el trámite apelativo la cual no obra en autos y que tampoco formó parte de las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho del juez de instancia.

Tras atender el recurso, mediante Resolución de 1 de

agosto de 2002, concedimos al Procurador General un

término de veinte (20) días para que mostrara causa por CC-2002-588 7

la cual no debiéramos revisar la Resolución dictada por

el TCA en el caso de marras. El Procurador compareció el

21 de agosto de 2002.

Contando con la comparecencia de las partes,

resolvemos.

II

El derecho a juicio rápido emana del Artículo II,

sección 11 de nuestra Constitución, la cual dispone que

“[e]n todos los procesos criminales, el acusado

disfrutará del derecho a un juicio rápido y público....”8

A tenor de dicho mandato, la Regla 64(n) de Procedimiento

Criminal, supra, establece unos términos razonables que

rigen el alcance del referido precepto constitucional a

lo largo de las distintas fases del procedimiento penal.

A pesar de tales términos, hemos interpretado el

derecho a juicio rápido como uno cuyo contenido no está

del todo determinado, y que es, en parte, variable y

flexible. Pueblo v. Valdés Medina, res. el 4 de

diciembre de 2001, 155 D.P.R. ____ 2001 T.S.P.R. 167,

2001 J.T.S. 170; Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409

(1974). Ello es así ya que, el concepto es uno relativo,

que pretende salvaguardar tanto el orden público como la

8 Esta disposición es similar a la de la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, que expresa: “[i]n all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial....” De hecho, hemos seguido la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal en cuanto a los propósitos e intereses protegidos por ella. Véase e.g. Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 813 (1993). CC-2002-588 8

libertad individual. Como expresáramos en una ocasión

anterior, “[el derecho a juicio rápido] garantiza los

derechos del acusado, pero no excluye los derechos de la

justicia pública.” Pueblo v. González Rivera, 132 D.P.R.

517 (1993)(énfasis suplido)9 En cuanto al interés

público, se trata de evitar que una demora indebida haga

más difícil para el Estado el procesamiento efectivo de

los criminales, al dificultarse la prueba de los cargos

más allá de duda razonable.10 Mientras que, por otra

parte, se procura: 1) proteger al acusado contra una

detención opresiva; 2) minimizar sus ansiedades y

preocupaciones; y 3) reducir las posibilidades de que su

defensa se afecte. Pueblo v. Valdés Medina, supra, a la

pág.3.

9 El Tribunal Supremo de Estados Unidos lo expresó de la siguiente manera:

[i]n large measure because of the many procedural safeguards provided an accused, the ordinary procedures for criminal prosecution are designed to move at a deliberate pace. A requirement of unreasonable speed would have a deleterious effect both upon the rights of the accused and upon the ability of society to protect itself. Therefore, this Court has consistently been of the view that “the right of a speedy trial is necessarily relative...It secures the rights to a defendant. It does not preclude the rights of public justice.” U.S. v. Ewell, 383 U.S. 116, 120 (1966). 10 Véase Gladys González Colón, El Derecho a Juicio Rápido en el Procedimiento Criminal, 48 Rev.Jur. U.P.R. 645 (1979). CC-2002-588 9

De igual forma, reiteradamente hemos establecido que

el derecho en cuestión se activa desde el momento en que

el imputado está sujeto a responder (“held to answer”),

ya sea porque fue arrestado o por que de alguna forma se

pone en movimiento el mecanismo procesal que lo expone a

una convicción.11 Pueblo v. Valdés Medina, supra, a la

pág. 2; Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 813, 818

(1993). Una vez el derecho cobra vigencia, la Regla

64(n) de Procedimiento Criminal, supra, provee para la

desestimación de los cargos si el Ministerio Público no

cumple con los distintos términos de rápido

enjuiciamiento.

No obstante, dichos términos no son fatales,

pudiendo extenderse los mismos bien sea por justa causa,

por demora atribuible al acusado o si éste consiente a

ella. Así pues, los tribunales evaluarán la razonabilidad

de la dilación a base de cuatro (4) criterios, a saber:

1) duración de la tardanza; 2) razones para la dilación;

3) invocación oportuna del derecho; y 4) el perjuicio

resultante de la tardanza. Pueblo v. Candelaria Vargas,

148 D.P.R. 591 (1999); Pueblo v. Rivera Tirado, 117

D.P.R. 419 (1986). Si a base de ese análisis el tribunal

entiende que la tardanza no es justificada, procede la

11 Esto puede ser desde el momento mismo en que un juez determina causa probable para arrestar, citar o detener a un ciudadano por la comisión de un delito imputado. CC-2002-588 10

desestimación de los cargos al amparo de la Regla 64(n)

de Procedimiento Criminal.12

Ahora bien, si los cargos que se desestiman son por

delito grave, la Regla 67 de Procedimiento Criminal,

supra, permite la iniciación de un nuevo proceso por los

mismos hechos.

Sin embargo, ni la Regla 64(n) ni la Regla 67,

supra, proveen un término preciso para que el Ministerio

Público presente nuevamente los cargos desestimados.

Ante el silencio de las Reglas, procedemos a

analizar el derecho vigente sobre juicio rápido para

resolver si, aunque la normativa estatutaria no lo

vislumbra, cabe aplicar tal derecho al peticionario en

esa etapa de los procedimientos.

III

En el caso de autos, el peticionario alega que le

asistía el derecho a juicio rápido durante el período

12 En Pueblo v. Montezuma Martínez, 105 D.P.R. 710, 712 (1977), resolvimos que la desestimación por violación a los términos de rápido enjuiciamiento procede al amparo continúa... ... 12 continuación

de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, y no por la Regla 247. La diferencia estriba en que bajo la primera, se permite la nueva radicación de cargos, mientras que bajo la segunda, la desestimación es con perjuicio a un nuevo proceso. Además, expresamos en dicha opinión que presentados nuevamente los cargos, otra dilación excesiva e injustificada podría vulnerar [el derecho a juicio rápido], procediendo el archivo definitivo de la causa. Id., a la pág. 713 (énfasis suplido). CC-2002-588 11

entre la primera desestimación de los cargos por

violación a los términos de la Regla 64(n) de

Procedimiento Criminal, supra, y la nueva presentación de

los mismos al amparo de la Regla 67 del referido cuerpo

legal. Es decir, el Sr. Carrión Rivera entiende que

durante dicho lapso de tiempo se encontraba “sujeto a

responder” criminalmente, por lo que la presentación de

los mismos cargos un año después de la referida

desestimación constituyó una dilación irrazonable que

amerita que desestimemos con perjuicio al amparo de la

Regla 247(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap.II, R. 247(b). No le asiste la razón.

Como expresáramos en la sección anterior, la

protección constitucional a juicio rápido sólo se activa

cuando se pone en movimiento el mecanismo procesal que

puede culminar en una convicción, cuyo efecto legal es

obligar a la persona imputada a responder por la comisión

del delito que se le atribuye. Pueblo v. Miró González,

supra, a la pág. 818 (énfasis suplido). De ello, podemos

colegir que estar “sujeto a responder” supone la

presentación de cargos por parte del Ministerio Público.

En otras palabras, que ya pueda hablarse de un proceso

judicial que requiera la comparecencia del imputado. A

esos efectos, este Tribunal puntualizó hace

aproximadamente cuatro décadas, mediante opinión emitida

por el Juez Asociado señor Serrano Geyls, que: CC-2002-588 12

[s]e requiere terminantemente que la persona esté detenida para responder (“held to answer”) o encarcelada (“committed”) por orden de un magistrado para que comiencen a contar los términos que las leyes fijan para presentar la acusación...Luego de un examen exhaustivo no hemos podido hallar una sola disposición constitucional o de ley, ni una sola interpretación judicial que exijan comiencen a contarse los términos antes de tener lugar una de esas actuaciones oficiales. Por el contrario, la regla aceptada es que bajo ninguna circunstancia surge el derecho a juicio rápido antes de que exista un cargo o un arresto, aun cuando las autoridades responsables del procesamiento (“prosecuting authori- ties”) hubiesen tenido conocimiento del delito mucho antes de esos actos. Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 455, 468-469 (1959)(énfasis suplido).

En el presente caso, se determinó causa probable

para arresto conforme a derecho. Igualmente, se programó

celebrar la vista preliminar en varias ocasiones, pero

ésta no pudo celebrarse dentro del término estatuido por

la Regla 64(n)(6), supra. A consecuencia de ello, el

denuncia, adviniendo ésta final y firme, y

devolviéndosele al peticionario la fianza y los

documentos personales que obraban en poder del Estado.

Ante estos hechos, debemos concluir que durante todo

el primer proceso, desde el arresto hasta la solicitud de

desestimación, el peticionario estuvo “sujeto a

responder”, toda vez que pesaba en su contra una denuncia

por el delito de violación técnica. Dicha condición, sin CC-2002-588 13

embargo, cambió con la desestimación de la denuncia.

Esto es así debido a que la desestimación, aunque sin

perjuicio, significó la caída de los cargos que pendían

en su contra. Tan es así que el Ministerio Público tuvo

que presentar cargos nuevamente por los mismos hechos. A

esa nueva denuncia se le asignó un nuevo número de caso

y, por haber solicitado el peticionario que se le

cancelara la fianza anterior, se le fijó una nueva. Es

con esa nueva presentación de cargos que el peticionario

advino nuevamente a estar expuesto a convicción, y por

ende “sujeto a responder.”

Por tanto, no nos persuade el argumento del

peticionario, en el sentido de que una primera

desestimación sería solo una incidencia procesal que no

interrumpe el carácter continuo del procedimiento. La

desestimación de una causa tiene que entenderse como un

evento que da por terminada la acción presentada ante los

tribunales por el Ministerio Público. El hecho de que

sea “sin perjuicio” no opera en contra de esta

conclusión, ya que ello lo que significa es que el

imputado no está “absuelto” para propósitos de la

protección constitucional contra la doble exposición.

Así pues, la desestimación “sin perjuicio” apunta a que

el imputado no queda liberado de su responsabilidad

penal, no a que éste se mantenga “sujeto a responder.” CC-2002-588 14

De este modo, ante la ausencia de cargos formales en

contra del peticionario, éste no tenía que responder a

nada. A lo único que estuvo sujeto el peticionario

durante ese período fue a que, como en efecto ocurrió, el

Ministerio Público decidiera re-procesarlo. Por lo que,

para efectos prácticos, el peticionario se encontraba en

la misma situación procesal que un individuo que sabe que

está siendo investigado, pero que aún no se le han

sometido cargos formalmente.

Sobre ese particular, hemos establecido consistente

y claramente que, para fines del derecho a juicio rápido,

una persona expuesta a ser arrestada o denunciada no está

“sujeta a responder.” En esa etapa procesal, al

ciudadano lo ampara tanto el derecho al debido proceso de

ley como los límites que fije el término prescriptivo del

delito por el cual se le pretenda acusar, pero no el

derecho a rápido enjuiciamiento. Véase Pueblo v.

Esquilín, res. el 19 de octubre de 2000, 152 D.P.R. ___,

2000 T.S.P.R. 151, 2000 J.T.S. 164. En consecuencia,

estar “sujeto a responder” significa encontrarse expuesto

a ser convicto por unos cargos formalmente imputados, no

siendo suficiente el estar expuesto a ser arrestado,

denunciado o citado.

El así resolver es consistente tanto con la

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos

como con nuestros precedentes. Por ejemplo, en U.S. v. CC-2002-588 15

MacDonald, 456 U.S. 1 (1982), el más alto foro federal

concluyó que la garantía de juicio rápido no cubría el

período transcurrido desde la desestimación de la primera

acusación hasta la nueva presentación de cargos. Así

pues, resolvió que MacDonald no estaba “sujeto a

responder” a base del siguiente razonamiento:

[t]he Sixth Amendment provides that “[i]n all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial…” A literal reading of the Amendment suggests that this right attaches only when a formal criminal charge is instituted and a criminal prosecution begins. In U.S. v. Marion, 404 U.S. 307, 313 (1971), we held that the Speedy Trial Clause of the Sixth Amendment does not apply to the period before a defendant is indicted, arrested, or otherwise officially accused.... ...

Although delay prior to arrest or indictment may give rise to a due process claim under the Fifth Amendment...or to a claim under the statutes of limitations, no Sixth Amendment right to a speedy trial arises until charges are pending.

Similarily, the Speedy Trial Clause has no application after the Government, acting in good faith, formally drops charges. Any undue delay after charges are dismissed, like any delay before are filed, must be scrutinized under the Due Process Clause, not the Speedy Trial Clause (énfasis suplido). U.S. v. MacDonald, supra, a las págs. 6-8.13

13 A igual resultado, utilizando idéntico razonamiento, se llegó en U.S. v. Loud Hawk, 474 U.S. 302 (1986). CC-2002-588 16

En cuanto a los precedentes de este Tribunal, en

Pueblo v. Reyes Herráns, 105 D.P.R. 658 (1977), se nos

planteó la controversia de si procedía aplicar el derecho

a juicio rápido al período que transcurre entre la

disolución de un jurado y la celebración de un nuevo

juicio. En esa ocasión, luego de atender las

disposiciones de la Regla 64(n), supra, resolvimos que

dado que no existe un término en ley para la celebración

de un nuevo juicio, no procedía aplicar las disposiciones

de juicio rápido. Id., a la pág. 661. Sin embargo,

expresamos que el nuevo juicio debía celebrarse dentro de

un término razonable. Id.

Igualmente, en Pueblo v. Miró González, supra,

tuvimos la oportunidad de determinar si el derecho a

juicio rápido se extendía al período entre la

determinación de “no causa probable” para arrestar y la

celebración de vista en alzada al amparo de la Regla 6(c)

de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A., Ap. II, R.6(c).

Resolvimos en esa oportunidad que no aplicaba el referido

derecho constitucional a esa situación, toda vez que

durante ese lapso el imputado no estaba “sujeto a

responder,” por no pesar formalmente algún cargo criminal

en su contra. Nótese que tanto en Reyes Herráns, supra,

como en Miró González, supra, aunque el imputado aún no

se liberaba de responsabilidad penal, ello no incidió en CC-2002-588 17

nuestra determinación de no extender el derecho a juicio

rápido a las situaciones planteadas.

Finalmente, distinto a lo que sugiere el

peticionario, a la controversia de autos no le aplica lo

resuelto en Pueblo v. Soto Ortiz, res. el 29 de junio de

2000, 151 D.P.R. ___, 2000 T.S.P.R. 108, 2000 J.T.S. 119.

En esa ocasión, la controversia medular ante nuestra

consideración era si ante la desestimación de los cargos

(delito grave) por violación a los términos de juicio

rápido, la fianza previamente prestada subsistía en la

eventualidad de que se presentaran cargos nuevamente por

los mismos hechos, aunque el magistrado no haya hecho

determinación alguna al respecto. Resolvimos dicha

controversia en la afirmativa, fundamentando nuestra

decisión en que, a pesar de que la desestimación en esa

etapa conlleva la excarcelación del imputado, no tiene el

efecto de liberar de responsabilidad criminal

instantáneamente14, por lo que se mantiene vigente la

responsabilidad del fiador, sujeta al cumplimiento por el

Ministerio Público con la normativa de las Reglas de

Procedimiento Criminal.15 Pueblo v. Soto Ortiz, supra, a

la pág. 10. Sin embargo, condicionamos la subsistencia

14 Como explicáramos anteriormente, “responsabilidad criminal” no es lo mismo que estar “sujeto a responder.” 15 Véase además Pueblo v. Félix Avilés, 128 D.P.R. 468 (1991); Olga Elena Resumil, Derecho Procesal Penal, 61 Rev. Jur. U.P.R. 835, 852-855 (1992). CC-2002-588 18

de la primera fianza a que el imputado no solicitase su

cancelación antes de la presentación de la nueva

acusación o denuncia. Pueblo v. Soto Ortiz, supra, a la

pág. 16.

Asimismo, apuntamos a la deseabilidad de que, ante

situaciones como esa, los tribunales procedieran de

acuerdo con la Regla 66 de Procedimiento Criminal, 34

L.P.R.A., Ap. II, R.66,16 que le concede autoridad al juez

sentenciador para delimitar el término específico en que

el imputado permanecerá bajo custodia o que subsistirá la

fianza prestada para dar lugar a que se presenten los

cargos nuevamente. Pueblo v. Soto Ortiz, supra, a la

pág.17. Expresamos, además, que transcurrido dicho

término, el imputado puede solicitar la cancelación de la

fianza, y el Tribunal podrá sobreseer la causa a tenor de

16 La Regla 66 de Procedimiento Criminal, supra, dispone que: Si la moción [de desestimación] se basare en defectos de la acusación, denuncia o pliego de especificaciones que pudiesen subsanarse mediante enmienda, el tribunal ordenará se haga la enmienda, y denegará la moción. Si el tribunal declarare con lugar una moción basada en defectos en la presentación o tramitación del proceso, o en la acusación o denuncia, podrá también ordenar que se mantenga al continúa... ...16 continuación

acusado bajo custodia, o que continúe bajo fianza por un término específico, sujeto a la presentación de una nueva acusación o denuncia.... (énfasis suplido). CC-2002-588 19

lo dispuesto por la Regla 247(b) de Procedimiento

Criminal, supra. Pueblo v. Soto Ortiz, supra, a la

pág.17.

No obstante, la presente controversia no solo

presenta circunstancias diferentes17 a las de Soto Ortiz,

supra, sino que aun si interpretáramos como mandatorio lo

que en aquella ocasión calificamos como “deseable” o

“mejor práctica”,18 ello no cambiaría el resultado de

nuestra decisión. Como estableciéramos en Pueblo v.

Ortiz Díaz, 95 D.P.R. 244, 248 (1967), “[e]sta Regla 66,

a la luz de la 67 que permite la iniciación de otro

proceso por el mismo delito cuando éste es grave, rechaza

17 Primeramente, la controversia medular de ese caso era fundamentalmente distinta a la de autos. Segundo, en ese caso la primera desestimación aún no había advenido final y firme. Tercero, distinto al caso que hoy nos ocupa, el imputado no había solicitado la cancelación de la fianza. 18 A pesar de que como regla general, el invocar la Regla 66, supra, sea la mejor práctica, esto no revoca el lenguaje claro de la regla, que se refiere en términos potestativos, no mandatorios, a la facultad del juez para así obrar.

continúa... ... 18 continuación

Establecer una norma rígida que requiera que en todo caso el juez imponga un término máximo para presentar nuevamente los cargos desestimados, so pena de desestimación con perjuicio, sería obviar la realidad de que cada caso tiene sus propias circunstancias. Además, soslayaría el principio de que el derecho a juicio rápido es uno relativo, que busca salvaguardar tanto la libertad individual del acusado como el orden público. Véase Pueblo v. González Rivera, supra; Pueblo v. Reyes Herráns, supra. CC-2002-588 20

cualquier ataque bajo la Regla 64(n) a la acusación

nuevamente radicada en este caso....”

IV

Conforme a lo reseñado, resolvemos que la Regla 67

de Procedimiento Criminal, supra, le permite al

Ministerio Público presentar nuevos cargos por los mismos

hechos, constitutivos de delito grave, imputados al

peticionario en un proceso anterior, pero desestimados

por violación a los términos de rápido enjuiciamiento.

Igualmente, que durante el período transcurrido entre la

desestimación y la nueva presentación de cargos, éste no

estuvo expuesto a convicción por delito alguno, por lo

que no se encontraba “sujeto a responder.” En

consecuencia, al peticionario no le asistía el derecho

constitucional a juicio rápido durante el referido

período.19 No obstante, al presentar los nuevos cargos,

el Ministerio Público debió regirse por las limitaciones

que le impone el término prescriptivo y el debido proceso

de ley.

Si resolviéramos de otro modo, estaríamos

subvirtiendo todo el régimen jurisprudencial sobre el que

se desarrolla el derecho a juicio rápido. Esto es,

estaríamos abriendo la puerta para establecer que en

ciertas ocasiones el derecho aplica aunque el acusado no

19 Por no asistirle al peticionario el derecho a juicio rápido en esta etapa de los procedimientos, resulta innecesario discutir el segundo error planteado por éste. CC-2002-588 21

esté, propiamente, “sujeto a responder.” Cualquier

cambio o enmienda sobre este particular le corresponde a

la Rama Legislativa.

Se confirma la Resolución del TCA, y se devuelve el

caso a instancia para que continúe los procesos de manera

consistente con esta opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

BALTASAR CORRADA DEL RÍO Juez Asociado CC-2002-588 22

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, se confirma la Resolución del Tribunal de Circuito de Apelaciones, y se devuelve el caso al tribunal de primera instancia para que continúe los procesos de manera consistente con esta opinión.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Hernández Denton disiente con opinión escrita.

Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo CC-2002-588 23

v. CC-2002-588

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton

En el presente recurso una mayoría de este

Tribunal resuelve que el derecho a juicio

rápido no cobija a un imputado durante el

período de tiempo que transcurre entre una

radicación de los cargos por idénticos hechos

un año más tarde. Por entender que el derecho a

juicio rápido cobija a un imputado en tales

circunstancias, disentimos.

El 8 de septiembre de 2000 se presentó una

denuncia contra Eduardo Carrión Rivera por CC-2002-588 24

infracción al Art. 99(a) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec.

4061(a), delito de violación, consistente en haber tenido

acceso carnal con una menor de edad, sin que mediase

violencia ni intimidación. Ese mismo día se encontró causa

probable para su arresto y se le fijó una fianza de cinco

mil dólares ($5,000), la cual prestó en el acto. La vista

preliminar fue señalada para el 14 de septiembre de 2000,

en cuya fecha el Ministerio Público compareció con la

prueba de cargo. A solicitud de la defensa, la vista

preliminar fue señalada para una fecha posterior. En el

segundo señalamiento de la vista preliminar, el Ministerio

Público informó al tribunal que necesitaba corroborar

cierta información la cual podía ser exculpatoria, por lo

que solicitó que la vista preliminar fuera suspendida

nuevamente.

El tercer señalamiento de vista preliminar fue a su

vez pospuesto por razón de que el representante del

Ministerio Público a cargo del caso estaba enfermo,

quedando ésta señalada para una fecha ulterior. Llegado el

día de la vista, el 26 de diciembre de 2000, el Ministerio

Público informó al tribunal que no estaba preparado y

solicitó la desestimación de la denuncia al amparo de la

Regla 64(n)(5)20 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.

II R.64, por lo que el tribunal desestimó la denuncia sin

perjuicio.

20 Aunque el Tribunal de Primera Instancia desestimó la denuncia al amparo de dicha regla, lo que procedía era la Regla 64(n)(6) por estar el imputado bajo fianza. CC-2002-588 25

El 3 de abril de 2001, tres (3) meses luego de la

desestimación, el Tribunal de Primera Instancia declaró con

lugar una solicitud de Carrión Rivera para que se ordenase

a la Policía de Puerto Rico la devolución de los

documentos, fotos y huellas digitales, por razón de que la

denuncia había sido desestimada. Además, el 10 de agosto de

2001, siete meses luego de la desestimación, se devolvió al

imputado la fianza según fuere solicitado.

Así las cosas, el 18 de diciembre de 2001, trescientos

cincuenta y siete (357) días luego de haberse desestimado

la acción, el Ministerio Público presentó una nueva

denuncia contra Carrión Rivera por los mismos hechos

imputados un año antes. En esta ocasión, se determinó

nuevamente causa probable para el arresto y se fijó una

fianza de mil dólares ($1,000), la cual el imputado prestó

en el acto.

Varios días antes de la vista preliminar, Carrión

Rivera presentó una moción en solicitud de sobreseimiento

de la denuncia al amparo de la Regla 247(B), 34 L.P.R.A.

Ap. II, R. 247, de las de Procedimiento Criminal, alegando

que la demora de casi un año violaba su derecho al debido

proceso de ley y su derecho a juicio rápido.21 Por su parte

el Ministerio Público, en representación del Estado, alegó

21 Aunque la segunda solicitud de desestimación fue presentada al amparo del inciso (B) de la Regla 247 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, el vehículo adecuado y disponible para el acusado es la Regla 64(n) de dicho cuerpo legal. CC-2002-588 26

que una vez desestimado un caso por delito grave bajo la

Regla 64(n) de las de Procedimiento Criminal, ante, la

Regla 67 del mismo cuerpo legal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.67,

permite la presentación de la denuncia nuevamente. Señaló

además, que la testigo principal del caso, la víctima, no

estuvo disponible para testificar antes de dicha fecha por

razones médicas, motivo por el cual no habían podido

radicar la denuncia previo a ese momento.

Luego del análisis de rigor, el Tribunal de Primera

Instancia denegó la solicitud de desestimación de la

denuncia amparándose en la Regla 67 de Procedimiento

Criminal, ante, la cual autoriza al Ministerio Público a

radicar nuevamente la denuncia por idénticos hechos. Cabe

mencionar que dicha Sentencia nada dispuso acerca del

derecho a juicio rápido. Inconforme, Carrión Rivera acudió

al Tribunal de Circuito de Apelaciones y señaló que había

errado el Tribunal de Primera Instancia al declarar sin

lugar su moción de desestimación.

Por su parte, el foro apelativo confirmó el dictamen

del Tribunal de Primera Instancia tras concluir, en

síntesis, que el derecho a juicio rápido no cobija el

período de tiempo transcurrido entre una primera

desestimación de los cargos y la nueva radicación de los

mismos. Entendió dicho foro intermedio que la radicación de

los cargos, un año más tarde, constituyó un proceso

separado e independiente y por consiguiente Carrión Rivera

no se encontraba sujeto a responder por delito alguno luego CC-2002-588 27

de la desestimación. Dicho foro sostuvo que el imputado no

estaba sujeto a responder razón por la cual no le asistió

el derecho a juicio rápido durante el período en

controversia. Concluyó pues, el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, que no procedía la moción de desestimación

presentada por el imputado.

De este dictamen recurrió Carrión Rivera ante nos y

reprodujo sus planteamientos argumentando en esencia, que

erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al decretar que

se trataba de dos procesos judiciales independientes, y que

él no estaba sujeto a responder durante el período de

tiempo en controversia. Alegó en síntesis, que habiendo

estado sujeto a responder durante el período de tiempo

entre la primera desestimación y la nueva radicación de la

denuncia, le ampara a éste el derecho constitucional a

juicio rápido.

Examinado el recurso, le concedimos término al

Procurador General para que compareciera y mostrara causa,

si la hubiere, por la cual no debiéramos revocar el

dictamen del foro apelativo. Luego del análisis de rigor,

una mayoría de este Tribunal resolvió que el derecho a

juicio rápido no cobija a un imputado durante el período de

tiempo que transcurre entre una primera desestimación y la

nueva radicación de los cargos un año más tarde. Por

estimar que la mayoría de esta Curia erró al resolver de

esta manera, disentimos. CC-2002-588 28

La garantía constitucional del derecho a juicio

rápido, proviene de la Sección 11 del Artículo II de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la

cual provee, entre otras cosas, que;

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido... (Énfasis suplido.)

Esta garantía constitucional persigue proteger los

intereses del acusado para evitar su indebida y opresiva

encarcelación antes del juicio; minimizar la ansiedad y

preocupación que genera una acusación pública, y; reducir

las posibilidades de que una dilación extensa menoscabe la

capacidad del acusado para defenderse. Véase, Pueblo v.

Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, (1986).

Debido a que existe un vigoroso interés social en

evitar la demora en los casos criminales, y en miras a

velar que este derecho se cumpla con el mayor escrutinio

posible, dicho postulado constitucional fue codificado en

la Regla 64(n) de las de Procedimiento Criminal, ante, la

cual establece ciertos términos dentro de los cuales se

deben llevar a cabo las diversas etapas del proceso

adjudicativo.22 Dichos lapsos sólo pueden extenderse por

A modo de ejemplo, señalamos que el Estado tiene 30 días, 22

desde que se arresta a la persona, para celebrarle la vista preliminar cuando ésta sea necesaria, 60 días si el individuo está libre bajo fianza. El Ministerio Público tendrá además 120 días desde la presentación de la acusación o denuncia para someter al imputado a juicio CC-2002-588 29

justa causa, o por demora imputada al acusado o consentida

por éste. De no poder el Ministerio Público demostrar

alguna de las anteriores justificaciones para la dilación

del proceso adjudicativo, procede la desestimación de la

acción penal. Pueblo v. Rivera Tirado, ante.

No obstante, si el Ministerio Público presenta hechos

que constituyen justa causa para la demora, el Tribunal

procederá a adjudicar la validez de la dilación utilizando

un análisis de balance de intereses en el que considerará

los siguientes cuatro factores: (1) duración de la

tardanza; (2) razones para la dilación; (3) si el acusado

ha invocado oportunamente el derecho a juicio rápido; y (4)

el perjuicio resultante de la tardanza. Cabe señalar que

ninguno de estos criterios es determinante en la

adjudicación del reclamo. El peso que a cada uno de estos

se le confiera está supeditado a las demás circunstancias

relevantes del caso que el tribunal viene obligado a

examinar. Véase, Pueblo v. Rivera Tirado, ante.

Es menester señalar que la mera inobservancia del

término estatuido, sin más, no necesariamente constituye

una violación al derecho a juicio rápido ni conlleva la

desestimación automática de la denuncia o la acusación.

Véase, Pueblo v. Candelaria Vargas, res. el 18 de junio de

1999, 99 T.S.P.R 96. Una dilación mínima es requisito de

umbral para que un planteamiento de violación a juicio

_____________________ cuando este se encuentre libre, y 60 cuando el acusado se encuentre sumariado. CC-2002-588 30

rápido progrese. No obstante, el remedio extremo de la

desestimación sólo debe concederse luego de efectuado un

análisis ponderado de los criterios antes esbozados.

Cabe mencionar que la Regla 64(n) no estipula un

término preciso para que se radiquen nuevamente los cargos

luego de una desestimación por infracción a los términos de

juicio rápido. Así pues, para la solución más cabal de la

controversia de autos, es necesario tomar en consideración

otras disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico.

La Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.

II, R.67, contempla el efecto de una moción de

desestimación y dispone que la misma no será impedimento

para la iniciación de otro proceso por el mismo delito, a

menos que el defecto u objeción fuere insubsanable, o a

menos que tratándose de un delito menos grave la

desestimación haya sido declarada con lugar por alguno de

los fundamentos relacionados a la Regla 64(n), ante.

De la Regla 67, ante, se desprende que en los casos en

que esté envuelto un delito grave, la desestimación al

amparo de la Regla 64(n), ante, no es óbice para que se

reformulen cargos por los mismos hechos en una etapa

posterior.

Por su parte, la Regla 66 de las de Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.II R.66, establece que, decretada

una desestimación por defectos en la presentación o

tramitación del proceso, o en la acusación o denuncia, el

magistrado podrá ordenar que se mantenga al imputado bajo CC-2002-588 31

custodia o que continúe bajo fianza por un término

específico, sujeto a la presentación de una nueva acusación

o denuncia por los mismos hechos. Aplicando la referida

regla a la desestimación por infracción al derecho a juicio

rápido este Tribunal dispuso en Pueblo v. Soto Ortiz, res.

el 29 de junio de 2000, 2000 T.S.P.R 108, que la mejor

práctica al decretar una desestimación bajo imputaciones de

delito grave al amparo de la Regla 64(n), ante, es que el

magistrado haga una determinación sobre cuál será la

condición procesal del imputado. De no disponerse nada

sobre este particular, se entenderá que subsiste la

condición existente, ya sea mantenerle bajo custodia,23 o

bajo libertad provisional, hasta que se presente nuevamente

la denuncia. El magistrado deberá además delimitar el

término específico de duración de la condición procesal del

imputado, el cual servirá de límite para la presentación de

la nueva denuncia.

En varias ocasiones este Tribunal ha tenido

oportunidad de aclarar aspectos esenciales en torno a la

aplicación de las reglas previamente esbozadas, y la

aplicación de las mismas al derecho a juicio rápido. Así

pues, hemos precisado que el derecho constitucional a

juicio rápido no cobra vigencia hasta que el imputado es

detenido o esté sujeto a responder por la comisión del

delito (“held to answer”). Pueblo v. Rivera Colón, 119

D.P.R. 315, 321 (1987); Pueblo v. Rivera Tirado, ante. En

23 Siempre y cuando no se incumpla con el término máximo de detención preventiva. CC-2002-588 32

virtud de lo antes expuesto, en Pueblo v. Miró González,

133 D.P.R. 813, (1993), afirmamos, que un ciudadano se

encuentra sujeto a responder por la comisión de un delito,

en el momento en que un juez determina causa probable para

arrestar, citar o detener a dicho ciudadano por el delito

inculpado. Ello, debido a que desde ese momento se pone en

movimiento el mecanismo procesal que podría culminar en una

convicción, y que tiene el efecto legal de obligar a esa

persona a responder por la comisión de un delito público.24

Este Tribunal ha reiterado además, que el proceso

judicial es uno íntegro y continuo, que comienza, como

mencionáramos anteriormente, con la citación o la

determinación de causa probable para el arresto, y culmina

con la absolución, convicción o la desestimación con

perjuicio de la denuncia o acusación. Pueblo v. Valloné,

133 D.P.R. 427 (1993); Pueblo v. Félix Avilés, 128 D.P.R.

468 (1991). Es por ello que en Pueblo v Ortiz Díaz, 95

D.P.R. 244 (1967), manifestamos que cuando se presentan

nuevos cargos, al amparo de la Regla 67 de las de

Procedimiento Criminal, ante, no se trata de una nueva

acusación que contuviera cargos distintos o adicionales;

más que de una nueva acusación, en su efecto legal se trata

Cabe mencionar que este Tribunal resolvió que el derecho a 24

juicio rápido no se extendía a la situación presentada en Pueblo v. Miró, ante. Sin embargo, contrario a la situación del caso de marras, al imputado en Miró, ante, no se le había encontrado causa probable para el arresto a tenor con la Regla 6 de Procedimiento Criminal, por lo que nunca estuvo “sujeto a responder”. Es decir, contra dicho individuo no pesaba ningún cargo criminal, situación que no es análoga al imputado de autos. CC-2002-588 33

aquí de la radicación nuevamente de la misma acusación. Por

ende, en dicho caso resolvimos que a menos que la acusación

no contenga cargos distintos o adicionales a los que se

hacen en la acusación original, es innecesario e inoficioso

que el tribunal vuelva a los procedimientos preliminares de

determinación de causa probable al radicar nuevamente la

acusación.

La Opinión mayoritaria sostiene que la desestimación

de la denuncia del caso de autos puso fin a la acción

penal. “Tan es así [sostiene dicha Opinión] que el

Ministerio Público tuvo que presentar cargos nuevamente por

los mismos hechos”. Sin embargo, según nuestros

pronunciamientos en Pueblo v. Ortiz Díaz, ante, luego de

una primera desestimación, el Ministerio Público tiene la

facultad de continuar con el caso desde la vista preliminar

sin que sea necesario volver nuevamente sobre

procedimientos preliminares de determinación de causa para

el arresto. Es decir, en el caso de marras, contrario a lo

expresado por una mayoría de este Tribunal, no era

imperioso celebrar la vista de determinación de causa para

el arresto a tenor con la Regla 6 de Procedimiento Criminal

para que se continuara con el proceso penal. La facultad

otorgada al Ministerio Público de retomar el caso en la

misma etapa en la que previamente había cesado, sólo se

sostiene si vislumbramos el proceso adjudicativo como un

proceso continuo e íntegro que no concluye con esa primera

desestimación. De otro modo no se justifica tal proceder. CC-2002-588 34

Afín con dicha conclusión, recientemente en Pueblo v

Soto Ortiz, ante, advertimos que el proceso adjudicativo no

concluye con una primera desestimación por motivo de

haberse violado los términos de juicio rápido, sino que por

el contrario, dicho proceso continua mientras el imputado

esté sujeto a la presentación de una nueva acusación o

denuncia por idénticos hechos.

La jurisprudencia aquí reseñada y los artículos

previamente mencionados, no sólo evidencian el carácter

continuo del proceso judicial, sino que además son

indicativos de que un imputado está sujeto a responder

hasta que finalice en su totalidad dicho proceso

adjudicativo.

En el caso de marras, la mayoría de este Tribunal

sostiene que lo que le cobija a un imputado durante el

período de tiempo entre la desestimación de los cargos y la

nueva radicación de los mismos, es la protección bajo el

debido proceso de ley, y no los postulados del derecho a

juicio rápido. Dicha determinación se sustentó, en esencia,

en la creencia de que la nueva radicación de la denuncia

constituyó un proceso nuevo e independiente del primero.

Sostiene la mayoría que, debido a que previo a la segunda

radicación el imputado no se encontraba sujeto a responder

por delito alguno, no le ampara a éste el derecho a juicio

rápido. Esa determinación, a su vez se fundamentó en lo

establecido en la jurisdicción federal en un caso con CC-2002-588 35

circunstancias similares a la situación de autos. Véase,

United States v. Mac Donald, 456 U.S. 1 (1982).

Sin embargo, anteriormente hemos recalcado que nuestra

interpretación no está inexorablemente atada a las fuentes

federales. Pueblo v. Arcelay, 102 D.P.R. 409 (1974).

Además, reiteradamente hemos establecido, a diferencia de

la doctrina federal, que nuestro proceso judicial es uno

íntegro y continuo, donde el imputado se encuentra sujeto a

responder durante todo el transcurso del proceso

adjudicativo. Es por ello que una primera desestimación

sería sólo una incidente procesal que no interrumpe el

carácter continuo del procedimiento, y que no supone la

pérdida del derecho a juicio rápido.

En resumidas cuentas, el derecho constitucional a

juicio rápido en nuestra jurisdicción ampara a un imputado

desde el instante en que comienza la acción penal contra

éste. Esto a su vez, ocurre una vez se haya expedido contra

él una orden de arresto o citación, y perdura durante todo

el tiempo que el imputado esté sujeto a responder por dicho

delito.

Por otro lado, en pos de sustentar su determinación de

que lo que cobija a un individuo en esta situación es la

protección del debido proceso de ley, la mayoría de esta

Curia sostiene además, que un imputado cuya acción fuere

desestimada por violación a los términos establecidos en la

Regla 64(n), ante, se encuentra en igual situación que un

ciudadano a quien el Ministerio Público aún no le ha CC-2002-588 36

radicado cargos. Habida cuenta de que los objetivos

primordiales del derecho a juicio rápido son minimizar la

ansiedad y angustia que pueda sufrir un imputado que se

enfrenta a un proceso judicial, y evitar, en cuanto sea

posible, el perjuicio producido por un proceso dilatado,

entendemos no le asiste la razón a la mayoría de este

Tribunal.

En el caso de marras, el Ministerio Público tuvo

oportunidad de preparar adecuadamente su investigación

antes de someter al peticionario al proceso judicial. Es

forzoso concluir que si el Ministerio Público sometió los

cargos en contra del imputado fue porque tenía certeza de

que existía suficiente evidencia como para salir airoso de

dicho proceso. Como consecuencia de esa creencia, el

peticionario fue denunciado públicamente, citado a una

vista donde se determinó causa probable para el arresto y

se le fijó una fianza, y fue citado a cuatro vistas

adicionales para determinar la existencia de causa probable

para acusarlo.

No puede haber duda de que la maquinaria procesal, en

efecto, comenzó a correr contra el peticionario, estando

éste sujeto a responder no sólo al escrutinio de las cortes

sino al de su familia, sus pares y su comunidad en general.

A tales efectos, el estado de ansiedad de ese imputado y el

perjuicio sufrido por ese proceso, aún cuando el mismo haya

sido desestimado, en nada se equiparan al de un ciudadano

para quien el proceso judicial aún no ha comenzado, y quien CC-2002-588 37

en ocasiones ni siquiera está enterado de que se le está

llevando a cabo una investigación criminal.

La ansiedad que sufre un ciudadano al verse expuesto a

un procedimiento penal no se desvanece cuando la denuncia

es desestimada sin perjuicio. Por el contrario, ese

imputado ya ha sido expuesto a un proceso judicial, tiene

conocimiento de que el Ministerio Público posee suficiente

evidencia para procesarlo, y ha sido sometido al riguroso

escrutinio social al cual todo imputado de delito está

sujeto. Decir que este individuo, quien ya estuvo expuesto

al proceso judicial una primera vez, y que está a la

expectativa de que el Ministerio Público decida cuándo

radicará nuevamente la acción, está en igual situación que

un ciudadano al cual no se le han imputado cargos, es

obviar la diversidad fáctica de esas dos situaciones.

A la luz de la normativa examinada, pasemos a discutir

la situación que tenemos ante nos.

La Opinión del Tribunal sostiene que luego de que la

desestimación de la primera denuncia advino final y firme,

y no habiéndose determinado nuevamente causa probable para

arrestar, el peticionario no estaba “sujeto a responder”

pues no estaba denunciado o acusado por delito alguno. Se

señala además en dicha Opinión que la devolución de la

fianza pone punto final al proceso penal, por lo que no le

protege a Carrión Rivera derecho alguno a juicio rápido. CC-2002-588 38

Nos vemos imposibilitados de avalar la posición de la

mayoría a esos efectos. Veamos.

Carrión Rivera fue denunciado el 8 de septiembre de

2000, por alegadamente haber tenido acceso carnal con una

menor de edad. Ese mismo día se encontró causa probable

para su arresto y se le fijó una fianza de cinco mil

dólares ($5,000), la cual prestó en el acto. Es desde ese

momento que se inicia la acción penal, y por consiguiente,

estando el peticionario sujeto a responder por el delito

imputado desde que se encontró causa probable para su

arresto, desde ese instante le cobija a Carrión Rivera el

derecho a juicio rápido.

Luego de varios incidentes procesales, el 26 de

diciembre del mismo año, se desestimó la acción contra

Carrión Rivera por infracción a los términos de juicio

rápido establecidos en la referida Regla 64(n) de las de

Procedimiento Criminal. En ese momento, según lo dispuesto

en la Regla 66 de las de Procedimiento Criminal, ante, el

magistrado tenía la facultad de mantener al imputado bajo

fianza por un término específico, y sujeto a la

presentación de una nueva denuncia. Es precisamente el

hecho de que el individuo aún está sujeto a responder por

el delito imputado, lo que le permite a un magistrado

retenerlo bajo fianza o incluso bajo custodia, aún cuando

la acción contra éste haya sido previamente desestimada. De

no estar el imputado sujeto a responder por el delito

imputado, sería difícil justificar tal autoridad. CC-2002-588 39

Lo que procedía en al caso de autos, a tenor con la

mejor práctica forense y según lo decretado por este

Tribunal en Pueblo v. Soto Ortiz, ante, en cuanto a la

referida Regla 66, era una determinación por parte del

magistrado sobre la condición procesal de Carrión Rivera, y

la designación de una fecha límite para la presentación de

la nueva denuncia. Transcurrido ese término, el imputado

podía solicitar la cancelación de la fianza, y si el

Ministerio Público no había actuado el tribunal podía

decretar el sobreseimiento de la acción con perjuicio, a

tenor con la Regla 247(b) de las de Procedimiento Criminal,

ante.

En Pueblo v. Soto Ortiz, ante, decretamos, que de no

utilizar el fiscal la Regla 66, ante, tal y como sucedió en

el caso de marras, subsiste la fianza previamente

determinada, bajo los mismos términos y condiciones antes

expuestos. Claro está, dicha fianza subsiste en su estado

original, a menos que el imputado solicite su cancelación

antes de que se presente la nueva acusación o denuncia.

El caso de autos se distingue de Pueblo v. Soto Ortiz,

ante, precisamente porque el peticionario del presente

recurso solicitó la cancelación de la fianza antes de que

se radicara nuevamente la denuncia por los mismos hechos

delictivos. Ello, según la mayoría, puso fin a la acción

penal.

Sin embargo, el que un imputado pueda solicitar la

cancelación de la fianza antes de que se presente CC-2002-588 40

nuevamente la denuncia, no tiene el efecto de minimizar la

conclusión que hiciéramos previamente al señalar que el

proceso judicial es uno íntegro y continuo donde el

imputado se encuentra sujeto a responder hasta que culmine

la acción penal. Ello, debido a que la devolución de la

fianza no tiene el efecto de finalizar el proceso penal.

Sabido es que un proceso judicial subsiste hasta que se

decrete la absolución o convicción del acusado, o hasta que

el Estado por motivos procesales, como lo sería una

desestimación con perjuicio, esté impedido de continuar el

mismo. La fianza sólo garantiza la comparecencia del

imputado a las diversas etapas del procedimiento judicial y

no la existencia o no de dicho proceso. Así pues, la

cancelación de la fianza no es impedimento para que siga el

procedimiento contra el acusado. Más aún, el hecho de que

la fianza haya sido cancelada no evita los perjuicios que

el derecho a juicio rápido procura salvaguardar. Estos son,

en esencia, proteger al acusado de una demora injustificada

que pueda lesionar su defensa, y minimizar la ansiedad que

puede acarrear el estar envuelto en un proceso criminal.

Así pues, entendemos que mientras el Ministerio

Público tenga la autoridad de continuar el proceso

adjudicativo, según lo autoriza la Regla 67 de las de

Procedimiento Criminal, ante, la desestimación por la Regla

64(n) del mismo cuerpo legal, no constituye el fin de dicho

proceso, sino meramente la conclusión de una de las etapas

de este procedimiento. CC-2002-588 41

Por consiguiente, estimamos que estando el imputado

sujeto a responder desde la primera determinación de causa

para el arresto, le asiste a éste el derecho a juicio

rápido durante todo el transcurso procesal, incluyendo el

período de tiempo entre una desestimación por inobservancia

a los términos de juicio rápido, y la segunda radicación de

los cargos por idénticos hechos.

Previamente señalamos que la mera inobservancia de los

términos de juicio rápido, sin más, no necesariamente

constituye una violación al derecho a juicio rápido, ni

conlleva la desestimación automática de la denuncia o

acusación. Pueblo v. Candelaria Vargas, ante. Así pues,

devolveríamos el caso para que el Tribunal de Primera

Instancia determine, haciendo un balance de intereses sobre

los cuatro factores antes esbozados, si en el caso de autos

se vulneró el derecho del imputado a un juicio rápido por

haber el Ministerio Público demorado casi un año en radicar

nuevamente la denuncia contra Carrión Rivera.

Debido a que una mayoría de este Tribunal resuelve de

otro modo, disentimos.

FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON Juez Asociado