Brutal, LLC y otros v. Colegio de Productores de Espectáculos Públicos y otros

2025 TSPR 97

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: October 7, 2025
• Docket: AC-2024-0067
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Brutal, LLC y otros

Apelados

v. 2025 TSPR 97

Colegio de Productores de 216 DPR ___ Espectáculos Públicos y otros

Apelantes

Número del Caso: AC-2024-0067

Fecha: 7 de octubre de 2025

Tribunal de Apelaciones:

Panel I

Representante legal de la parte apelante:

Lcdo. Rodrigo Altieri Cartagena

Representantes legales de la parte apelada:

Lcdo. Anthony O. Maceira Zayas Lcdo. Edgardo Rivera García Lcda. Yazmet Pérez Guisti Lcda. Ginnell Torres Adrover Lcda. Bianca S. Sánchez Rivera

Oficina del Procurador General:

Hon. Omar Andino Figueroa Procurador General

Lcda. Isimar Ocasio Franco Procuradora General Auxiliar

Materia: Derecho Constitucional – Inconstitucionalidad del requisito de colegiación compulsoria para los Promotores de Espectáculos Públicos.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. AC-2024-0067

Colegio de Productores de Espectáculos Públicos y otros

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2025.

Este caso presenta otra instancia en la que este

Tribunal viene llamado a evaluar una controversia

relacionada a la constitucionalidad del requisito de

colegiación compulsoria de una clase profesional en Puerto

Rico. En esta ocasión, corresponde que determinemos si la

colegiación obligatoria de los promotores de espectáculos

públicos sobrepasa el escrutinio constitucional aplicable.

Luego de analizar este asunto con el rigor necesario,

contestamos la interrogante expuesta en la negativa. En

consecuencia, decretamos la inconstitucionalidad del

requisito de colegiación impuesto en la Ley Núm. 182-1996,

infra, y en la Ley Núm. 113-2005, infra.

Veamos los hechos del caso. AC-2024-0067 2

I

El 2 de junio de 2023, Brutal, LLC y el Sr. Manuel

Morales Lema (apelados) presentaron una Demanda y

[Solicitud de] Sentencia Declaratoria en contra del Colegio

de Productores de Espectáculos Públicos (Colegio) y el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado). Mediante

esta, cuestionaron el requisito de colegiación compulsoria

que les imponen la Ley Núm. 182-1996, según enmendada,

conocida como Ley del Promotor de Espectáculos Públicos, 15

LPRA sec. 2001 et seq. (Ley Núm. 182-1996) y la Ley Núm.

113-2005, según enmendada, conocida como Ley del Colegio de

Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico, 15

LPRA sec. 2011 et seq. (Ley Núm. 113-2005), para ejercer la

profesión de promotor de espectáculos públicos. Expusieron

que lo anterior violenta el derecho fundamental a la libre

asociación que tienen bajo el Artículo II, Sección 6 de la

Constitución de Puerto Rico. A su vez, añadieron que el

requisito de colegiación no se justifica, pues son

regulados efectivamente por la Oficina de Servicios al

Promotor de Espectáculos Públicos (OSPEP) del Departamento

de Hacienda. Por otra parte, argumentaron que el Colegio es

incapaz de realizar las funciones para las que fue creado y

que utiliza los recursos económicos aportados por sus

miembros para adelantar agendas particulares.

Así las cosas, el Estado compareció mediante una

Moción para esbozar postura del Estado. Expuso que no

estaría asumiendo una posición específica en este caso. En AC-2024-0067 3

ese sentido, se limitó a exponer el marco jurídico

aplicable a la controversia de autos y a expresar que, a su

entender, le correspondía al tribunal dilucidar los

argumentos de las partes y adjudicar lo que en derecho

fuese procedente.

Por su parte, el Colegio presentó su Contestación a la

Demanda. A grandes rasgos, alegó que el esquema regulatorio

vigente respondía al interés apremiante del Gobierno de:

salvaguardar que la ciudadanía reciba servicios de la más

alta competencia y calidad; proveer seguridad a las

transacciones comerciales de compra de boletos; conceder

seguridad a los asistentes de eventos producidos por

productores colegiados, y brindar protección al bolsillo

del consumidor al momento de adquirir entradas a tales

espectáculos públicos. Asimismo, adujo que el sistema

actual constituye el medio menos oneroso para alcanzar esos

fines. Esto pues, afirmó que ni la OSPEP ni el Departamento

de Hacienda cuentan con los recursos económicos o el

personal para realizar las funciones reglamentarias que

actualmente lleva a cabo el Colegio. A su juicio, estas

entidades tienen el interés único de maximizar la captación

contributiva y no el de velar por los intereses de los

promotores o los consumidores. Además, dispuso que no

existe una Junta en la OSPEP que pueda desempeñar las

funciones que tiene el Colegio. Por otro lado, añadió que

la Asamblea Legislativa le impartió un rol activo en la

regulación de la profesión al delegarle las tareas de: AC-2024-0067 4

colaborar en los procesos disciplinarios, certificar la

educación continua de sus miembros y supervisar y auditar

el cumplimiento con los requisitos para practicar la

profesión.

Posteriormente, los apelados presentaron una Moción de

Sentencia Sumaria. Solicitaron que se declararan inválidos

el Art. 4(i) de la Ley Núm. 182-1996, 5 LPRA sec. 2003 y el

Art. 3 de la Ley Núm. 113-2005, 14 LPRA sec. 2012. Alegaron

que las disposiciones aludidas son inconstitucionales

debido a que la colegiación compulsoria infringe el derecho

fundamental de libertad de asociación de estos y no existe

un interés apremiante del Estado que justifique tal

infracción. En la alternativa, reclamaron que, de existir

un interés apremiante, no había justificación que hiciera

necesario el menoscabo del derecho de libertad de

asociación, incumpliéndose así con el escrutinio aplicable

a estos casos.

En respuesta, el Estado instó una Moción en

cumplimiento de orden para esbozar postura del Estado en

cuanto a escrito de sentencia sumaria presentado por la

parte demandante. Reiteró que la controversia de autos es

una de estricto derecho por lo que el Tribunal de Primera

Instancia podía disponer de la misma a la luz de la

normativa aplicable.

Por su parte, el Colegio presentó una Oposición a

Moción de Sentencia Sumaria y Contrapetición de Sentencia

Sumaria del Colegio de Productores de Espectáculos AC-2024-0067 5

Públicos. En lo pertinente, reclamó que la ley que crea el

Colegio es constitucional de conformidad con los parámetros

enunciados en Reyes Sorto et al. v. CIAPR, 212 DPR 109

(2023) (Sentencia) y Román Negrón y otros v. Col. CPA y

otros, 212 DPR 509 (2023) (Sentencia). Por otro lado,

sostuvo que el Colegio es el medio menos oneroso y la única

alternativa real, viable y efectiva que tiene el Estado

para adelantar su interés apremiante. De igual forma,

reclamó que este caso envuelve controversias de hechos

materiales e importantes que necesitan descubrimiento de

prueba para resolverse. En ese aspecto, expuso que era

necesario que se le permitiera la utilización de mecanismos

de descubrimiento de prueba para demostrar que la OSPEP y

el Departamento de Hacienda son incapaces de realizar las

funciones que el Colegio desempeña.

Tras celebrarse una Vista Argumentativa, el Tribunal

de Primera Instancia notificó una Sentencia el 15 de

diciembre de 2023 mediante la cual declaró Ha Lugar la

Moción de Sentencia Sumaria presentada por los apelados. En

consecuencia, decretó la inconstitucionalidad del Art. 4(i)

de la Ley Núm. 182-1996, supra, y del Art. 3 de la Ley Núm.

113-2005, supra. Al así hacerlo, razonó que el requisito de

pertenecer al Colegio para practicar la profesión de

promotor de espectáculos públicos infringía el derecho

constitucional a la libertad de asociación consignado en el

Artículo II, Sección 6 de la Constitución de Puerto Rico. AC-2024-0067 6

Según el foro primario, en este caso no existen hechos

esenciales en controversia. Además, debido a que el propio

Estado reconoció en la Vista Argumentativa que no tenía un

interés apremiante en este asunto —y así lo evidenciaba, a

juicio del tribunal, un análisis de los estatutos

pertinentes— entendió que era innecesario evaluar la

existencia de un medio menos oneroso que la colegiación

compulsoria. No obstante, el tribunal destacó que la OSPEP

era el ente gubernamental facultado para regular la

profesión de promotores de espectáculos públicos, según lo

reflejaba una revisión de la Ley Núm. 182-1996, supra, la

Ley Núm. 113-2005, supra, y el Reglamento de Promotores de

Espectáculos Públicos, Reglamento Núm. 5670 de 18 de agosto

de 1997 (Reglamento Núm. 5670).

Oportunamente, el Colegio presentó una Moción de

Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos

Adicionales. Por su parte, los apelados se opusieron.

Examinados los argumentos, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Resolución en la que proveyó No Ha Lugar a la

petición del Colegio. Inconforme, este último acudió al

Tribunal de Apelaciones por medio de un recurso de

apelación.

El 21 de junio de 2024, tras evaluar la comparecencia

de todas las partes, el Tribunal de Apelaciones notificó

una Sentencia en la que confirmó al Tribunal de Primera

Instancia. Expresó que no estaba en disputa que la

impugnación de la colegiación compulsoria debía ser AC-2024-0067 7

evaluada utilizando un escrutinio estricto. En ese aspecto,

indicó que le correspondía al Estado demostrar la

existencia de un interés apremiante que hiciera necesaria

la colegiación compulsoria y que no existía un medio menos

oneroso para adelantar dicho interés. No obstante,

puntualizó que, en este caso, el Estado aceptó la

inexistencia de tal interés apremiante en las legislaciones

impugnadas. Por lo cual, el foro apelativo intermedio

coincidió con el Tribunal de Primera Instancia en que esto

hacía innecesario examinar el segundo elemento de análisis

relacionado a la existencia de un medio menos oneroso y

reflejaba la falta de justificación para interferir con el

derecho a la libre asociación.

Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones señaló que

el Art. 6 de la Ley Núm. 113-2005, 15 LPRA sec. 2015,

aclara que la OSPEP es el organismo a través del cual los

promotores y productores de espectáculos en Puerto Rico

rinden cuenta de sus operaciones al Estado y ante el cual

las personas o entidades aspirantes en adquirir una

licencia, así como los productores no establecidos en la

Isla, hacen constar su participación en el negocio de los

espectáculos públicos. Igualmente, añadió que conforme al

Art. 12 de la Ley Núm. 113-2005, 15 LPRA sec. 2020, el

Departamento de Hacienda, a través de la OSPEP, es la

agencia a cargo de adoptar cualquier reglamentación

necesaria para hacer valer el mandato legislativo,

incluyendo, entre otras cosas, el establecimiento de los AC-2024-0067 8

requisitos de admisión y suspensión del Colegio. Basado en

lo anterior, el foro intermedio concluyó que existía un

mecanismo menos oneroso para regular la profesión del

promotor de espectáculos públicos sin que fuese necesario

tener que infringir el derecho constitucional de los aquí

apelados.

Todavía en desacuerdo, el Colegio acudió ante nos

mediante un recurso de apelación en el que le imputó al

Tribunal de Apelaciones haber incurrido en los errores

siguientes:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la Sentencia apelada y determinar que no existe un interés apremiante del Estado en la colegiación cuestionada, descartando así los precedentes judiciales aplicables. 2. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia apelada y determinar que [la] OSPEP es el ente gubernamental facultado para regular la profesión de productor de espectáculos.

Acogida la apelación presentada, y contando con la

comparecencia de las partes, estamos en posición de

resolver.

II

A. Derecho a la libertad de asociación y la colegiación compulsoria

La Asamblea Legislativa —haciendo uso del poder de

razón del Estado (“ ólice power”)— puede prohibir o

reglamentar ciertas actividades con el propósito de

fomentar o proteger la paz pública, moral, salud y

bienestar general de la comunidad. Pérez Ríos y otros v.

ELA y otros, 213 DPR 144, 152 (2023); Rodríguez Casillas et AC-2024-0067 9

al. v. Colegio, 202 DPR 428, 439-440 (2019); Domínguez

Castro et al. v. ELA I, 178 DPR 1, 36 (2010). En ese

ejercicio, tiene potestad para regular la práctica de

profesiones (con excepción de la jurídica) con el fin de

proteger la salud y el bienestar público, evitar el fraude

y la incompetencia. Pérez Ríos y otros v. ELA y otros,

supra, pág. 152; Rodríguez Casillas et al. v. Colegio,

supra, pág. 440; Accurate Sols. V. Heritage Environment,

193 DPR 423, 434 (2015).

En cuanto a la facultad anterior, hemos expresado que

el Estado puede establecer requisitos de conocimientos

mínimos, capacidad, destreza, entereza moral o cualquier

otro que esté racionalmente relacionado con el objetivo de

garantizar que se posea la competencia necesaria para

practicar una profesión de forma adecuada. Delucca v. Col.

Méd. Cirujanos y otros, 213 DPR 1, 11 (2023); Rodríguez

Casillas et al. v. Colegio, supra, pág. 428; Marcano v.

Departamento Estado, 163 DPR 778, 786 (2005). Asimismo,

puede prohibir la práctica de una profesión si no se ha

obtenido antes una licencia, permiso o certificado de

alguna entidad u oficial examinador. Marcano v.

Departamento Estado, supra, pág. 786. No obstante, esta

facultad discrecional amplia no puede ser utilizada como

medio para violar derechos fundamentales. Delucca v. Col.

Méd. Cirujanos y otros, supra, pág. 11; Rodríguez Casillas

et al. v. Colegio, supra, pág. 440. AC-2024-0067 10

Así pues, en el pasado hemos intervenido en

situaciones en donde el Estado le ha impuesto un requisito

de colegiación compulsoria a ciertas clases profesionales.

Esto pues, el requisito de colegiación obligatoria crea una

fricción inevitable con el derecho a la libertad de

asociación de las personas que son afectadas. Delucca v.

Col. Méd. Cirujanos y otros, supra, pág. 11; Rodríguez

Casillas et al. v. Colegio, supra, pág. 448.

El derecho a asociarse libremente se encuentra

cobijado de manera expresa en la Carta de Derechos de la

Constitución de Puerto Rico. Sobre el particular, la misma

dispone que “[l]as personas podrán asociarse y organizarse

libremente para cualquier fin lícito, salvo en

organizaciones militares o cuasi militares”. Art. II, Sec.

6, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2023, pág. 303. En ese

sentido, el derecho a la libertad de asociación es

fundamental y está directamente relacionado a la dignidad

humana y a la democracia. Pérez Ríos y otros v. ELA y

otros, supra, pág. 145; Rodríguez Casillas et al. v.

Colegio, supra, pág. 433. Además, hemos reconocido que este

incluye necesariamente el derecho de las personas a no

asociarse. Pérez Ríos y otros v. ELA y otros, supra, pág.

145; Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791,

811-812 (2014). De igual forma, se ha destacado que este

derecho es distinto y más amplio al reconocido

jurisprudencialmente bajo la Constitución de los Estados

Unidos. Pérez Ríos y otros v. ELA y otros, supra, pág. 145; AC-2024-0067 11

Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, pág. 811. Sin

embargo, no es absoluto, lo que implica que puede ceder en

determinadas circunstancias, ante intereses de mayor

jerarquía o ante situaciones que revistan un alto interés

público. Reyes Martínez et al. v. Colegio et al., 2025 TSPR

15, 215 DPR ___ (2025); P.N.P. v. De Castro Font II, 172

DPR 883 (2007); P.A.C. v. ELA I, 150 DPR 359 (2000);

Democratic Party v. Tribunal Electoral, 107 DPR 1 (1978).

Por consiguiente, cualquier actuación del Estado que

tenga el efecto de incidir sobre el derecho a la libre

asociación debe ser justipreciada a la luz de un escrutinio

estricto, mediante el cual se demuestre que: (1) existe un

interés apremiante que hace necesaria la actuación estatal

y (2) que el Estado no tenía a su alcance un medio menos

oneroso para lograr el interés articulado. Pérez Ríos y

otros v. ELA y otros, supra, pág. 152; Rodríguez Casillas

et al. v. Colegio, supra, pág. 449. Esto toma en cuenta

que, en este ejercicio, la medida impugnada se presume

inconstitucional. Pérez Ríos y otros v. ELA y otros, supra,

pág. 152; San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 DPR 405, 425

(1993). Además, debemos recordar que:

[n]uestro análisis no requiere que auscultemos si el esquema regulatorio actual es efectivo y viable aun sin la colegiación compulsoria. En cambio, lo que requiere el escrutinio estricto es que evaluemos si existe una medida menos onerosa que la colegiación compulsoria para adelantar el interés apremiante del Estado. Es decir, si según el esquema regulatorio actual la colegiación compulsoria es necesaria para adelantar el interés apremiante del Estado, nada más. (Énfasis AC-2024-0067 12

suprimido). Pérez Ríos y otros v. ELA y otros, supra, pág. 159.

B. Ley del Promotor de Espectáculos Públicos

Al aprobarse la Ley Núm. 182-1996, supra, la Asamblea

Legislativa buscó atender ciertas situaciones desfavorables

que enfrentaban las personas que acudían a eventos o

espectáculos públicos. En particular, aludió a la

problemática que representaba la venta de boletos en exceso

de capacidad de los establecimientos, la cancelación de

eventos sin proveer una adecuada publicación, la dificultad

de conseguir la devolución de dinero en casos de suspensión

de espectáculos y la dificultosa e imposible tarea de

reclamarle judicialmente a los promotores extranjeros

debido a que no contaban con oficinas o agentes residentes

en Puerto Rico. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm.

182-1996 (1996 [Parte 1] Leyes de Puerto Rico 1037-1038).

Por tanto, mediante esta pieza legislativa, se pretendía

“reglamentar la figura del promotor de espectáculos

públicos y establecer unos requisitos que deben cumplir las

personas que deseen fungir como promotores dentro de la

jurisdicción de Puerto Rico”. Íd.

Con esto en mente, la Ley Núm. 182-1996, supra, pautó

unos requisitos básicos para operar como promotor de

espectáculos públicos en Puerto Rico. Así pues, mediante

este estatuto se buscó regular a las personas naturales o

jurídicas —domésticas o extranjeras— que promuevan u

organicen la celebración de espectáculos públicos, lo que AC-2024-0067 13

incluye: la búsqueda de locales, contratos, y la fase

administrativa y publicitaria.1 Véase, Art. 2(f) de la Ley

Núm. 182-1996, 15 LPRA sec. 2001.

Conforme a lo anterior, el Art. 3 de la Ley Núm. 182-

1996, 15 LPRA sec. 2002, ordenó la creación de un Registro

de Promotores de Espectáculos Públicos (Registro de

Promotores) adscrito al Departamento de Hacienda. A su vez,

el Art. 4 de la Ley Núm. 182-1996, 15 LPRA sec. 2003,

enumera los requisitos para actuar como promotor artístico

en Puerto Rico, entre ellos: (a) tener una licencia

expedida por el Registro de Promotores; (b) poseer copia de

recibo del Departamento de Hacienda por concepto de

arbitrios por la refrenda de boletos, recibo de fianza de

dicha agencia que garantice el pago de contribución sobre

ingreso por el espectáculo, y los boletos refrendados por

el ente administrativo, y (c) ser miembro del Colegio o

asociarse a un miembro del Colegio. Cabe destacar que el

estatuto también delegó en la OSPEP la responsabilidad de

supervisar el pago de una fianza de ejecución anual y le

concedió la facultad de imponer, mediante la reglamentación

adecuada, aquellas multas que entendiese pertinentes.

Por otra parte, el Art. 6 de la Ley Núm. 182-1996, 15

LPRA sec. 2004, contempla la imposición de una pena de diez

1 Cabe destacar que la Ley Núm. 182-1996, según enmendada, conocida como Ley del Promotor de Espectáculos Públicos, dispone que esta no es aplicable a espectáculos públicos organizados por agrupaciones o asociaciones cívicas sin fines de lucro. De igual forma, establece que están excluidos de cumplimiento las instituciones religiosas, partidos políticos, los candidatos a posiciones políticas o reelección a posiciones políticas y organizaciones escolares. 15 LPRA sec. 2007. AC-2024-0067 14

mil dólares ($10,000) a todo el que actúe como promotor

dentro de la jurisdicción de Puerto Rico sin estar

debidamente inscrito en el Registro de Promotores y sin

obtener una licencia expedida por la OSPEP o, en la

alternativa, sin haberse asociado a un miembro del Colegio.

De la misma forma, esta disposición establece que cualquier

empresario que preste o alquile un local o área para la

realización de un evento a una persona que no sea un

promotor registrado también será multado por la cantidad de

diez mil dólares ($10,000).

A su vez, el Art. 7 de la Ley Núm. 182-1996, supra, le

concedió al Departamento de Hacienda las facultades

(a) Se faculta al Departamento de Hacienda y al [Registro de Promotores] a crear y establecer los mecanismos y reglas necesarios para implantar este capítulo. (b) La [OSPEP], adscrita al Negociado de Impuesto al Consumo del Departamento de Hacienda deberá establecer la reglamentación pertinente para atender en un periodo no mayor de sesenta (60) días las recomendaciones de la Junta de Directores del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico producto de un proceso adjudicativo. © La [OSPEP], adscrita al Negociado de Impuesto al Consumo del Departamento de Hacienda deberá establecer la reglamentación pertinente para garantizar, en el proceso de reclamación de ajuste de boletos refrendados, la devolución de la cantidad correspondiente al Impuesto de Venta y Uso de aquellos boletos que hayan sido propiamente distribuidos y que, además, estén categorizados como boletos de cortesía en espectáculos públicos en los cuales se cobre derecho de admisión. (d) La [OSPEP], adscrita al Negociado de Impuesto al Consumo del Departamento de Hacienda deberá AC-2024-0067 15

establecer la reglamentación pertinente para permitir el uso de boletos electrónicos (e- tickets) y de los dispositivos electrónicos y digitales análogos al uso de estos, para la expedición de boletos en cualquier evento producido acorde con lo dispuesto en esta legislación. 15 LPRA sec. 2006.

Por último, cabe mencionar que al amparo de la Ley

Núm. 182-1996, supra, se aprobó el Reglamento Núm. 5670,

supra. Mediante este cuerpo de normas se configuró el

Registro de Promotores y, además, se detallaron los

requisitos para operar como promotor de espectáculos

públicos en Puerto Rico. Véase, Regla 1.3 del Reglamento

Núm. 5670, supra.

C. Ley del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico

Por otro lado, mediante la Ley Núm. 113-2005, supra,

la Asamblea Legislativa dispuso la creación y organización

del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos,

especificó sus funciones, facultades y deberes, y

estableció la reglamentación y las penalidades que

conllevaría incumplir con dicho estatuto. Como razón para

promulgar esta medida, se expresó, en lo concerniente, que:

En el mundo moderno de los medios de comunicación y espectáculos, la protección de los derechos de artistas, intérpretes y productores ha tomado relevancia especial, debido a la facilidad de movimiento del capital y de la internacionalización del mercado. Sin menoscabo del atractivo o la competitividad de una comunidad como plaza de escenarios, ni de los preceptos constitucionales que garantizan el comercio interestatal, es justo que existan incentivos para fortalecer la posición de los productores y artistas del patio. AC-2024-0067 16

Es bajo este concepto que se ha aprobado legislación como la Ley Núm. 182, supra, para proteger y promover a artistas y productores en Puerto Rico. A[u]n así, los promotores puertorriqueños suelen enfrentar muchos escollos para poder presentar debidamente sus espectáculos en las diferentes tarimas de la Isla. Parte de sus dificultades surgen de la incursión en el negocio de “promotores” o “productores” que no están realmente diestros en la puesta en escena de producciones para el mercado local, o que surgen momentáneamente con el sólo fin de generar una ganancia rápida y abandonar el mercado. El desempeño deficiente de estos elementos en la industria resulta en un desprestigio para la totalidad de la misma, que lleva muchas veces a que los administradores de centros de espectáculo prefieran trabajar con empresas de otras jurisdicciones.

Un buen paso para mejorar esta situación sería una reglamentación y creación de cánones de ética para los productores de espectáculos, que asegurara la calidad profesional y la competitividad de los productores del patio. Una colegiación, como sucede en otras áreas de la economía, uniformaría la práctica y crearía un mecanismo de monitoría sobre las prácticas de negocios de los promotores y productores. […] (Negrillas suplidas). Exposición de Motivos de la Ley Núm. 113-2005, (2005 [Parte 1] Leyes de Puerto Rico 433).2

2 En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 205-2016, la cual enmendó la Ley Núm. 113-2005, según enmendada, conocida como Ley del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico, 15 LPRA sec. 2011 et seq. (Ley Núm. 113-2005), la Asamblea Legislativa hizo constar que: “perseguía fortalecer la credibilidad y el standing de la industria de producción de espectáculos mediante la creación de una colegiación compulsoria. A su vez, el estatuto reconocía la importancia de proteger a los artistas que prestaban sus servicios mediante la presentación en un escenario en Puerto Rico y a los consumidores que pagaban por estos espectáculos. En sentido amplio, la referida legislación perseguía ser un mecanismo para proteger y distanciar a los productores de espectáculos profesionales de aquellas personas que, aún sin la experiencia necesaria, utilizaban la profesión como un canal para hacer dinero rápido y de aquellas personas inescrupulosas que ejecutaban engaños, fraudes y timos al producir un evento y luego no rendían cuenta por los mismos. […]”. (Negrillas suplidas). Exposición de Motivos de la Ley Núm. 205-2016 (2016 [Parte 3] Leyes de Puerto Rico 2462). AC-2024-0067 17

De conformidad con la Ley Núm. 113-2005, supra, podrán

fungir como productores de espectáculos aquellos

productores establecidos en Puerto Rico, que estén

colegiados y que cumplan anualmente con un mínimo de seis

(6) horas crédito de cursos, seminarios o talleres de

crecimiento profesional y desarrollo educativo, según lo

establece esta ley y los reglamentos adoptados a su

amparo.3 15 LPRA sec. 2012. De igual forma, podrán fungir

como productores de espectáculos aquellos que no estén

establecidos en Puerto Rico pero que se asocien con

productores debidamente colegiados o, en el caso de

productores o promotores no establecidos en Puerto Rico,

pero que estén establecidos en algún otro territorio o

estado de los Estados Unidos, luego de que estos se asocien

a un productor colegiado u obtengan una licencia de la

OSPEP y se hagan miembros del Colegio. Íd.

Como requisito previo a que se le confiera la

colegiación formal a un productor de espectáculo público,

3 La Ley Núm. 113-2005, supra, define un “productor establecido en Puerto Rico” como aquella persona que: “haya producido espectáculos públicos en Puerto Rico y que cobra admisión, de manera individual o asociado con otro productor, que haya obtenido una licencia regular de la [OSPEP] para presentar espectáculos en la Isla, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. Se entenderá que en este grupo estará comprendida toda aquella persona natural o jurídica que haya obtenido la licencia de la [OSPEP] previo a la aprobación de esta ley y, en lo sucesivo, estará comprendido todo aquel productor que cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de lo dispuesto en este capítulo y que, en virtud de ello, obtenga la membresía correspondiente del Colegio. Se entenderá que en este grupo también están comprendidos los productores y/o promotores de espectáculos realizados bajo las secs. 871 et seq. del Título 3, conocidas como la ‘Ley de Nuestra Música Autóctona Puertorriqueña’”. 15 LPRA sec. 2011. AC-2024-0067 18

este debe cumplir con: (a) acreditar al Colegio haber

obtenido un grado mínimo de cuarto año de escuela superior;

(b) solicitar membresía al Colegio, la cual tendrá vigencia

de dos (2) años; (c) producir un (1) espectáculo público

durante el periodo de vigencia de la membresía, y (d)

cumplir con seis (6) horas crédito de cursos ofrecidos por

el Colegio, durante el periodo de vigencia de la membresía.

Íd. No obstante, la Ley Núm. 113-2005, supra, dispone que

un productor no tendrá que cumplir con los requisitos antes

mencionados, si acredita al Colegio que ha cumplido con

veintiún (21) horas crédito en cursos relacionados con

producción de eventos de una universidad acreditada por el

Consejo de Educación de Puerto Rico. Íd.

Entre las funciones y deberes que tiene el Colegio, el

Art. 4 de la Ley Núm. 113-2005, supra, contempla los

[…] (g) Adoptar unos Cánones de Ética Profesional, que regirán tanto la conducta de sus miembros como los procedimientos para recibir, investigar y adjudicar las querellas que se formulen con respecto a la práctica y conducta de los colegiados; y de forma tal que [la] OSPEP imponga las sanciones aplicables. […] (u) Promover el desarrollo profesional de sus miembros. Establecer una oferta de crecimiento profesional y desarrollo educativo para todos sus miembros. El Colegio de Productores de Espectáculos Públicos desarrollará cursos, talleres, seminarios y documentos informativos dirigidos a fortalecer la preparación profesional de sus miembros. Esta obligación no será taxativa a cuestiones relativas a la producción de espectáculos públicos, por lo que podrán añadirse AC-2024-0067 19

como parte de la oferta educativa, cuestiones administrativas y de manejo corporativo, orientaciones relacionadas a aspectos legales, publicidad, entre otros. Las delimitaciones procesales para asegurar la implementación de lo aquí dispuesto, incluyendo la duración y regularidad de los ofrecimientos serán determinadas mediante la votación de la mayoría de miembros presentes en Asamblea Anual debidamente constituida, posteriormente, plasmadas en reglamento. (v) Propender, fomentar y procurar que todo miembro colegiado cumpla con un mínimo de seis horas (6) horas crédito de cursos, seminarios, o talleres de crecimiento profesional y desarrollo educativo. Velar por el fiel cumplimento de las horas de crecimiento profesional y desarrollo educativo de sus miembros e imponer sanciones por su incumplimiento. Certificar el cumplimiento o incumplimiento de sus miembros con las horas de crecimiento profesional y desarrollo educativo. Así como, desarrollar el reglamento que atienda esta función y poder. (w) Habilitar, reglamentar y realizar todos los actos necesarios para establecer procedimientos dirigidos a los estudiantes que se encuentren cursando estudios conducentes a certificación, grado asociado, bachillerato, maestría o grado doctoral en currículos académicos de cualquier rama de las ciencias de la comunicación, de producción de eventos, de mercadeo de eventos o de cualquier programa curricular análogo, en cualquier universidad o colegio universitario que esté debidamente acreditado por el Estado y aún no posean licencia para producción de espectáculos puedan formar parte del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico como miembros colegiados. (x) Desarrollar una guía básica para orientar a los nuevos miembros que ingresan respecto a las obligaciones éticas y profesionales de cada miembro; los deberes, obligaciones, servicios, procedimientos y herramientas del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos; las obligaciones y derechos del miembro colegiado ante la Oficina de Servicios al Promotor de Espectáculos Públicos; y la legislación y reglamentación aplicable y vigente. […] 15 LPRA sec. 2013. AC-2024-0067 20

Por otro lado, el Art. 6 de la Ley Núm. 113-2005, 15

LPRA sec. 2015, dispone que aquellas personas aspirantes a

tener una licencia de productor de espectáculos públicos

deberán solicitar admisión al Colegio y ser admitidos

previo a obtener dicha licencia. Además, esta disposición

consigna que la OSPEP continuará siendo el organismo,

mediante el cual los promotores y productores de

espectáculos en Puerto Rico deben refrendar sus inventarios

de boletos y rendir cuenta de sus operaciones al Gobierno.

De igual forma, expresa que ese será el organismo ante el

cual las personas o entidades aspirantes en adquirir una

licencia y colegiación, así como los productores no

establecidos en Puerto Rico, harán constar su participación

en el negocio de los espectáculos públicos.

Con respecto a los productores no establecidos en

Puerto Rico, el Art. 6 de la Ley Núm. 113-2005, supra,

establece que estos continuarán inscribiéndose ante la

OSPEP y producirán espectáculos públicos en la Isla a

través de la asociación con un miembro del Colegio u

obteniendo la membresía del Colegio y la licencia emitida

por la OSPEP.

Conforme a la ley, la cuota de membresía del Colegio

es una obligación anual de cada miembro productor

colegiado. 15 LPRA sec. 2016. La falta de pago de la cuota

anual conlleva la suspensión como miembro del Colegio y la

suspensión de la licencia de la OSPEP para practicar la

producción de espectáculos públicos. Íd. En adición a lo AC-2024-0067 21

anterior, el procedimiento para la suspensión de la

membresía del Colegio será establecido por Reglamento en la

medida que la OSPEP delegue esta función. Íd. Sin embargo,

el procedimiento para la suspensión de la licencia será

establecido por la OSPEP. Íd. Las suspensiones temporeras o

revocaciones permanentes que sean finales y firmes,

decretadas contra un productor por el Colegio o por la

OSPEP por violación a los Cánones de Ética establecidos por

Reglamento, podrán conllevar también la suspensión del

productor como miembro del Colegio por todo el tiempo que

durare la suspensión o revocación decretada por el Colegio,

así como una sanción de amonestación. Íd.

Por su parte, el Art. 10 de la Ley Núm. 113-2005, 15

LPRA sec. 2019, dispone que toda persona que ejerza la

profesión de productor de espectáculos públicos en Puerto

Rico, sin ser miembro del Colegio o que, durante la

suspensión del pago de cuota o luego de que su licencia se

haya revocado, ejerza como tal, incurrirá en delito menos

grave y convicta que fuera, se le impondrá una multa no

menor de quinientos dólares ($500) ni mayor de mil dólares

($1,000) por ocurrencia. Asimismo, todo productor no

establecido en Puerto Rico, que sirva de promotor o

productor de algún espectáculo público en la Isla, sin

estar debidamente asociado a un productor colegiado, o que

estando establecido en un territorio o estado de los

Estados Unidos no se haya asociado a un productor

colegiado, o en ausencia de dicha asociación no haya AC-2024-0067 22

obtenido la membresía del Colegio ni la licencia necesaria,

estará sujeto, además, a una multa administrativa no mayor

de diez mil dólares ($10,000), a ser impuesta por la OSPEP,

y a la suspensión o revocación de cualquier licencia

concedida. Esta sanción también podrá ser impuesta a toda

administración de facilidades pertenecientes al Gobierno o

al administrador de la facilidad en su carácter individual

que permita la celebración de un espectáculo público a un

productor no colegiado o que no se haya asociado a un

productor colegiado o que no haya obtenido la licencia

expedida por el Colegio.

Por último, el Art. 12 de la Ley Núm. 113-2005, supra,

le concede al Departamento de Hacienda la facultad

reglamentaria siguiente:

el Departamento de Hacienda, por conducto de la [OSPEP] o la entidad que corresponda, deberá adoptar los mecanismos, las reglas, la nueva reglamentación o modificar la existente, incluyendo, pero sin limitarse a la contemplada bajo el Reglamento Núm. 5670[, supra], para hacer valer el mandato de este capítulo, e incluyendo pero sin limitarse a establecer mediante reglamento los requisitos para la admisión y suspensión del Colegio de Promotores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico y el correspondiente procedimiento así como la delegación a manos del Colegio de aquellos aspectos de dicho procedimiento de admisión y suspensión de la membresía que sean procedentes en Derecho. […] Una vez el Colegio formule un código de ética, el Departamento de Hacienda deberá incluir [e]ste en el correspondiente reglamento adoptado por [la] OSPEP. 15 LPRA sec. 2020. AC-2024-0067 23

III

Mediante el recurso de autos, el Colegio argumentó que

los foros inferiores erraron al adjudicar que (1) el Estado

no tenía un interés apremiante para sustentar las

disposiciones legislativas impugnadas y (2) que, de

haberlo, la OSPEP era el ente facultado para regular a los

promotores de espectáculos públicos, por lo que existía un

medio menos oneroso que la colegiación compulsoria.

Por otro lado, los apelados sostienen que la

colegiación obligatoria violenta el derecho fundamental a

la libertad de asociación, en su vertiente del derecho a no

asociarse. A su vez, consideran que esta restricción no

responde a un interés apremiante, pues así lo reconoció el

propio Estado durante el presente procedimiento. Según

exponen, dicha admisión es suficiente para resolver la

controversia. Sin embargo, alegan que, de entenderse lo

contrario, se debe concluir que la colegiación compulsoria

no es el medio menos oneroso para adelantar los intereses

del Gobierno, pues la OSPEP es quien posee facultad para

regular la profesión.

Por su parte, el Estado aduce que, a diferencia de

otras legislaciones que reglamentan ciertas profesiones, en

este caso la Asamblea Legislativa no consignó un interés

estatal apremiante que justificara la interferencia del

Gobierno con el derecho a la libertad de asociación de los

promotores de espectáculos públicos. Por ende, arguye que

los foros inferiores actuaron correctamente al no analizar AC-2024-0067 24

el segundo elemento del escrutinio estricto pues, según

considera, ello es innecesario.

En primer lugar, procede que determinemos si la acción

estatal en controversia, entiéndase, la colegiación

compulsoria, pretende salvaguardar algún interés apremiante

del Gobierno. Al enfrentarse a esta interrogante, tanto los

tribunales inferiores como el propio Estado concluyeron que

no. Entendemos que tienen razón.

Contrario a lo alegado por el Colegio, la Exposición

de Motivos de la Ley Núm. 113-2005, supra, y sus

disposiciones no nos permiten concluir que la colegiación

compulsoria persigue preservar un interés estatal de alta

jerarquía. Tampoco surge que este requisito se implementó

con el fin de regular la profesión de los promotores y

productores de espectáculos para proteger la salud y el

bienestar público o evitar el fraude y la incompetencia.

Por el contrario, una revisión del estatuto refleja que su

objetivo es proteger y fortalecer “la posición de los

productores y artistas del patio” frente a una industria

cada vez más competitiva. Véase, Exposición de Motivos de

la Ley Núm. 113-2005, supra. Esto, ante la problemática que

representaban los productores fugaces o poco conocedores

del mercado local que estaban desprestigiando con sus actos

al sector y afectando la percepción de los centros de

espectáculos, provocando que estos últimos prefirieran

trabajar con empresas de otras jurisdicciones. Íd. En ese

aspecto, la Ley Núm. 113-2005, supra, intentó fortalecer la AC-2024-0067 25

credibilidad y el “standing” de la industria de la

producción de espectáculos mediante la creación de un

mecanismo que beneficiara a los productores y promotores

locales. Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 205-

2016 supra.

Así pues, podemos ver que la colegiación compulsoria

no se vislumbró como una medida de regulación profesional,

sino como una herramienta para lograr que el colectivo de

profesionales pertenecientes al Colegio tuviese el control

de la industria de la producción y promoción de eventos

públicos en Puerto Rico. El esquema diseñado pretendió

asegurar que solo los productores y promotores colegiados

—o aquellos que se asociaran a productores y promotores

que lo estuviesen— pudieran operar este negocio de forma

lucrativa en la Isla. Por tanto, lejos de preservar los

altos estándares profesionales en pro del interés público,

el esquema de colegiación obligatoria estatuido tuvo la

intención de mantener un mercado cerrado.

Este tipo de régimen no guarda vínculos con los

intereses que busca proteger tradicionalmente el Estado al

regular las distintas profesiones u oficios. El saldo

legislativo revela una colegiación compulsoria que, en su

fondo, reglamenta una actividad comercial y no se concibe

como un mecanismo para prevenir daños al Pueblo o proteger

asuntos esenciales como la vida, la salud o la seguridad

pública. Es decir, la regulación de los productores y AC-2024-0067 26

promotores mediante la colegiación obligatoria persigue

intereses económicos no vinculados a la reglamentación de

la profesión. El efecto práctico es la restricción del

derecho constitucional a la no asociación con el fin de que

un grupo mantenga el dominio de una actividad comercial y

no para proteger a los ciudadanos de riesgos reales y

sustanciales. Por lo cual, la colegiación impugnada no

responde a un interés apremiante, sino a una estrategia de

control gremial que no supera el escrutinio constitucional

al que está sujeta.

De igual forma, los beneficios que la Ley Núm. 113-

2005, supra, pretende promover a través de la colegiación

compulsoria (entiéndase, la sujeción de los profesionales

colegiados a unos lineamientos éticos y a cumplir con

ciertos requisitos de educación continua) pueden ser

alcanzados efectivamente sin que los productores y

promotores tengan que pertenecer obligatoriamente a una

agrupación. Esto pues, aunque el Colegio desarrolla unos

Cánones de Ética Profesional, el Departamento de Hacienda

es el ente encargado de recoger los mismos en su

reglamentación y de imponer —a través de la OSPEP— las

sanciones procedentes. Véase, Arts. 4 y 12 de la Ley Núm.

113-2005, supra. Además, un esquema de colegiación

voluntaria, en nada impediría que el Colegio siga

desempañando su rol de procurar la educación continua de

sus miembros. AC-2024-0067 27

Ante la falta de articulación de un interés estatal

apremiante, la presunción de inconstitucionalidad de la

colegiación compulsoria estatuida en la Ley Núm. 182-1996,

supra, y en la Ley Núm. 113-2005, supra, se mantiene. Por

lo cual, resulta innecesario que examinemos el segundo

criterio del escrutinio estricto constitucional relacionado

a la existencia de un medio menos oneroso.

Estando ante una controversia de estricto derecho, la

cual no requiere del desfile de prueba ni la celebración de

un juicio en su fondo, los foros inferiores podían disponer

sumariamente de esta. En casos como el presente, los

tribunales solo venimos llamados a emplear adecuadamente la

normativa de rigor para determinar si la colegiación

compulsoria supera el estándar constitucional aplicable. Al

cumplirse los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, y habiéndose resuelto la controversia

correctamente en derecho, las decisiones recurridas deben

confirmarse.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se decreta la

inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria

establecida en la Ley Núm. 182-1996, supra, y en la Ley

Núm. 113-2005, supra, y se confirman los dictámenes de los

foros inferiores.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Apelados AC-2024-0067 v.

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se decreta la inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria establecida en la Ley Núm. 182- 1996, supra, y en la Ley Núm. 113-2005, supra, y se confirman los dictámenes de los foros inferiores.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emite la siguiente expresión concurrente:

“He reconocido que la regulación de las diversas profesiones es un asunto que no puede tratarse homogéneamente. En el examen de la colegiación de los técnicos y mecánicos automotrices avalé invalidar el esquema de colegiación compulsoria, pero destaqué que aquel caso no necesariamente correspondía a la realidad de otras profesiones restantes en Puerto Rico. Hoy nuevamente nos encontramos ante una de esas profesiones que el interés público, la seguridad o la protección de la ciudadanía no hacen necesaria la colegiación compulsoria. Adviértase que el entonces Juez del Tribunal de Primera Instancia a cargo de este caso y hoy compañero de estrado, el Honorable Juez Asociado señor Candelario López, dictaminó en su Sentencia de 15 de diciembre de 2023 que: “el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices y el Colegio de Productores de Espectáculos ostentan funciones similares, las cuales no requieren de una colegiación compulsoria para el cumplimiento”. AC-2024-0067 2

Ciertamente, a diferencia de otras profesiones, estas actividades comerciales están altamente reguladas por una multiplicidad de agencias administrativas fiscalizadoras con recursos, tales como el Departamento de Asuntos del Consumidor y el Departamento de Hacienda, entre otras. Reitero la importancia de realizar un análisis contextual en los casos de impugnaciones de las colegiaciones compulsorias, ya que el Derecho no suele ser siempre blanco o negro. Este caso no es la excepción, ya que esta controversia se tiñe de matices tan diversos como las particularidades de las distintas profesiones y su impacto en la sociedad. Es por ello que enfatizo que nuestra función es identificar la variante correcta. Con ello en mente, respetuosamente concurro.”

El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente del resultado al que hoy se llega y hace constar las siguientes expresiones:

“Según hemos reiterado consistentemente en el pasado, somos de la postura que el requisito de colegiación compulsoria, -- que se exige en nuestro País como condición para ejercer determinadas profesiones --, es una medida de protección social que puede coexistir con el derecho constitucional a la libertad de asociación. Sobre el particular, véase nuestras Expresiones Disidentes en Liselie Reyes Martínez, et al. v. CCDPR, et al., 2025 TSPR 15, 13-14 y en Carlos Javier Ramos et al., v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., 214 DPR 30, 51- 53 (2024); nuestra Opinión de Conformidad en Reyes Sorto et al. v. CIAPR, 212 DPR 109, 142-155 (2023); y nuestra Opinión Disidente en Delucca v. Col. Méd.Cirujanos y otros, 213 DPR 1, 70-79 (2023). Hoy, y en el contexto de la promoción de espectáculos públicos, insistimos en dicha postura.

Y es que, un estudio desapasionado de los estatutos que debíamos evaluar para disponer de la controversia ante nos, -- entiéndase, la Ley Núm. 113-2005, mejor conocida como Ley del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico, 15 LPRA sec. 2011 et seq. (en adelante, “Ley Núm. 113-2005”), y la Ley Núm. 182 de 3 de septiembre de 1996, mejor conocida como Ley del Promotor de Espectáculos Públicos, 15 LPRA sec. 2001 et seq. (en adelante, “Ley Núm. 182-1996”) --, debió habernos llevado a concluir que las prerrogativas que el Colegio de AC-2024-0067 3

Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico ejerce constituyen el medio menos oneroso para adelantar el interés apremiante del Estado de regular dicha profesión.

Debemos comenzar por señalar aquí que el ejercicio de la producción de espectáculos públicos repercute tanto en el Estado, como en los consumidores y artistas que participan de éstos. Exposición de Motivos, Ley Núm. 182-1996, supra. Corresponde a las promotoras y los promotores la realización de los trámites administrativos y publicitarios inherentes a este tipo de eventos. Íd. En el desempeño de sus funciones, éstas y éstos se encargan, entre otras gestiones, de: (1) identificar y asegurar el espacio o sede donde habrá de celebrarse el evento; (2) contratar al personal técnico responsable de los sistemas de luces y sonidos; y (3) procurar el auspicio de entidades comerciales para efectos de promoción. Íd. Asimismo, recae sobre las promotoras y los promotores la responsabilidad de manejar los procesos relacionados con la impresión, distribución y venta de boletos. Íd.

En aras de fortalecer a dicho gremio, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 113-2005, supra, en virtud de la cual se creó el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos. Exposición de Motivos, Ley Núm. 113- 2005, supra. En esa dirección, el referido estatuto facultó a esta entidad con funciones esenciales, entre las cuales se destacan las siguientes:

(g) Adoptar unos Cánones de [É]tica Profesional, que regirán tanto la conducta de sus miembros como los procedimientos para recibir, investigar y adjudicar las querellas que se formulen con respecto a la práctica y conducta de los colegiados; y de forma tal que [la Oficina de Servicios al Promotor de Espectáculos Públicos,] OSPEP [,] imponga las sanciones aplicables.

(h) Proteger a sus miembros y disponer la creación de sistemas de seguros; de fondos especiales y otros servicios de protección voluntaria a sus integrantes. […] AC-2024-0067 4

(j) Para instrumentar los propósitos de esta Ley, el Colegio queda autorizado a crear la “Fundación de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico”, la cual funcionará como una corporación de fines no pecuniarios debidamente registrada en el Departamento de Estado. No obstante, la Fundación proveerá, entre otros, programas de servicios a la comunidad, ya bien educativos, deportivos, artísticos, culturales y cualesquiera otros de interés social y profesional. […]

(u) Promover el desarrollo profesional de sus miembros. Establecer una oferta de crecimiento profesional y desarrollo educativo para todos sus miembros. El Colegio de Productores de Espectáculos Públicos desarrollará cursos, talleres, seminarios y documentos informativos dirigidos a fortalecer la preparación profesional de sus miembros. Esta obligación no será taxativa a cuestiones relativas a la producción de espectáculos públicos, por lo que podrán añadirse como parte de la oferta educativa, cuestiones administrativas y de manejo corporativo, orientaciones relacionadas a aspectos legales, publicidad, entre otros. […]

(v) Propender, fomentar y procurar que todo miembro colegiado cumpla con un mínimo de seis horas (6) horas crédito de cursos, seminarios, o talleres de crecimiento profesional y desarrollo educativo. Velar por el fiel cumplimento de las horas de crecimiento profesional y desarrollo educativo de sus miembros e imponer sanciones por su incumplimiento. Certificar el cumplimiento o incumplimiento de sus miembros con las horas de crecimiento profesional y desarrollo educativo. Así como, desarrollar el reglamento que atienda esta función y poder. […]

(x) Desarrollar una guía básica para orientar a los nuevos miembros que ingresan respecto a las obligaciones éticas y profesionales de cada miembro; los deberes, obligaciones, servicios, procedimientos y herramientas del AC-2024-0067 5

Colegio de Productores de Espectáculos Públicos; las obligaciones y derechos del miembro colegiado ante la Oficina de Servicios al Promotor de Espectáculos Públicos; y la legislación y reglamentación aplicable y vigente. (Énfasis suplido). Art. 4 de la Ley Núm. 113-2005, 15 LPRA sec. 2013.

Como se puede apreciar, el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos es el ente encargado de uniformar el ejercicio de esta compleja y lucrativa profesión, y de crear mecanismos de monitoreo para la misma. En vista de estas importantísimas funciones, somos del criterio que el derecho de sus miembros a no asociarse debe ceder ante los intereses que adelanta la colegiación compulsoria.

Debemos recordar, pues, que los colegios profesionales “se aseguran de que quienes forman parte de su gremio mantengan sus conocimientos actualizados y cumplan con los requerimientos éticos que les rigen, protegiendo así a la ciudadanía de ser víctimas de prácticas ilegales o un desempeño incompetente por parte de los profesionales a los que estas instituciones regulan”. Opinión Disidente del Juez Asociado Colon Pérez en Rodríguez Casillas et al. v. Colegio, 202 DPR 428, 473-474 (2019). Ello no es la excepción en este caso.

Así las cosas, no podemos estar de acuerdo con el resultado al que arriba una mayoría de este Tribunal en el presente caso, en cuanto a decretar la inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria de los productores de espectáculos públicos de Puerto Rico.

De conformidad con todo lo expuesto, muy respetuosamente disentimos del curso de acción seguido por una mayoría de mis compañeras y compañeros de estrado el día de hoy.”.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disiente con Opinión escrita. El Juez Asociado señor Candelario López no interviene.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Brutal, LLC y otros Apelados v. AC-2024-0067 Colegio de Productores de Espectáculos Públicos y otros

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió una Opinión disidente

En San Juan, Puerto Rico a 7 de octubre de 2025.

Hoy, nuevamente, una mayoría de este Tribunal

emplea un análisis erróneo y autómata al decretar la

inconstitucionalidad de dos estatutos que condicionan

el licenciamiento de la profesión de los promotores de

espectáculos públicos a la obtención de una membresía

en un colegio profesional. Esta determinación —al igual

que todos los pronunciamientos previos que dejan sin

efecto la colegiación compulsoria— atenta contra las

piezas legislativas que tienen el propósito de

garantizar el bienestar público y adelantar la

protección social mediante la reglamentación de las

profesiones. Además, debido a que este caso se resolvió

por la vía sumaria y, como consecuencia, no se efectuó AC-2024-0067 2

un descubrimiento de prueba, estimo que este Tribunal carece

de los elementos necesarios para ejercer su tarea

adjudicativa.

Por no tener presentes los elementos fácticos necesarios

para determinar las funciones que llevaba a cabo el Colegio

de Productores de Espectáculos Públicos (Colegio) y la

Oficina de Servicios al Promotor de Espectáculos Públicos

(OSPEP), no logramos constatar de manera definitiva si esta

última era una alternativa real, viable y efectiva para

cumplir con el interés apremiante que el Estado desea

proteger. Por ende, procedía revocar los foros inferiores y

devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para llevar

a cabo el descubrimiento de prueba correspondiente.

El 2 de junio de 2023 Brutal, LLC y el Sr. Manuel Morales

Lema (en conjunto, Brutal) presentaron una Demanda y

sentencia declaratoria contra el Colegio y el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico (Estado) en la que impugnaron la

constitucionalidad de la obligatoriedad de ser miembro del

Colegio, según estatuyen la Ley Núm. 113-2005, según

enmendada, también conocida como la Ley del Colegio de

Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico, 15 LPRA

sec. 2011 et seq., y la Ley Núm. 182-1996, también conocida

como la Ley del Promotor de Espectáculos Públicos, 15 LPRA

sec. 2001 et seq. Estos alegaron que el requisito que obliga

a los promotores de espectáculos a colegiarse para obtener su

licencia y practicar su profesión violentaba su derecho

constitucional a la libre asociación al amparo de la Sección AC-2024-0067 3

6 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. Const.

PR. II Sec. 6 LPRA Tomo 1. Adujeron que el Colegio no atiende

un interés apremiante del Estado, puesto que la profesión se

regula efectivamente por el Departamento de Hacienda y la

OSPEP, según estableció la Ley Núm. 182-1996. Por lo anterior,

solicitaron que se decretara la inconstitucionalidad de la

colegiación compulsoria que exponen la Ley Núm. 182-1996 y la

Ley Núm. 113-2005.

Posteriormente, el Estado presentó una Moción para

esbozar postura del Estado, en la que expuso que no

intervendrá en el caso con una posición particular en cuanto

a la constitucionalidad de la colegiación compulsoria. Se

limitó a exponer el derecho aplicable sobre la libertad de

asociación, la colegiación compulsoria y la reglamentación de

las profesiones. Arguyó que les correspondía a los tribunales

determinar lo que proceda en derecho a la luz de los intereses

específicos que buscaban salvaguardar respecto a la profesión

de productor de espectáculos públicos.

demanda y expuso que el esquema regulatorio profesional

vigente constituye el mecanismo menos oneroso para

reglamentar la profesión e industria de los promotores de

espectáculos públicos. Delineó que la legislación aplicable

le confirió al Colegio un rol definitivo en la regulación de

la profesión, el cual incluye la colaboración en el proceso

disciplinario, la certificación de educación continua, y la

supervisión y auditoría del cumplimiento con los requisitos

necesarios para practicar la referida profesión. Por otro AC-2024-0067 4

lado, afirmó que la OSPEP: (1) carece de recursos y personal

para reglamentar la profesión adecuadamente, y (2) no vela

por la reglamentación ni por los intereses de la profesión,

dado que su único interés es alcanzar la mayor captación

contributiva posible de los promotores.

En respuesta, Brutal presentó una Moción de sentencia

sumaria en la que solicitó que se declararan

inconstitucionales el Artículo 4(i) de la Ley Núm. 182-1996,

15 LPRA sec. 2001 nota, y el Artículo 3 de la Ley Núm. 113-

2005, 15 LPRA sec. 2011 nota. Reiteró que la colegiación

compulsoria infringía el derecho a la libre asociación y que

no existía un interés apremiante del Estado que justificara

esta intromisión. En el caso de que se determinara que

persiste un interés apremiante, solicitó que se invalidaran

los referidos estatutos, puesto que el Estado no ha demostrado

la inexistencia de un medio menos oneroso para adelantar tal

exigencia.

Luego de varios trámites procesales, el Estado presentó

una moción en cumplimiento de orden en la que reafirmó que la

controversia es una de estricto derecho que corresponde

resolver según el ordenamiento vigente. Sin embargo, el

Colegio se opuso al petitorio de Brutal, negó que la

controversia de autos fuera un asunto de estricto derecho y

solicitó que se denegara la solicitud de sentencia sumaria.

Expresó que el presente caso envuelve controversias de hechos

materiales e importantes que requieren dirimirse. Por esto,

arguyó que procede celebrar un descubrimiento de prueba para

determinar de manera contundente que la OSPEP y el AC-2024-0067 5

Departamento de Hacienda no son una alternativa menos onerosa

para realizar las funciones del Colegio. Recalcó que el

Colegio es la única alternativa real, viable y efectiva para

adelantar el interés apremiante del Estado de reglamentar la

profesión de productor de espectáculos públicos.

Celebrada una vista argumentativa, el 14 de diciembre de

2023 el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia en

la que declaró ha lugar la Moción de sentencia sumaria que

presentó Brutal. En consecuencia, decretó la

inconstitucionalidad del Artículo 4(i) de la Ley Núm. 182-

1996, supra, y el Artículo 3 de la Ley Núm. 113-2005, supra,

por infringir el derecho a la libre asociación. Coincidió con

lo que expusieron Brutal y el Estado en la vista

argumentativa, en términos de que no persistían hechos en

controversia y que no existía un interés apremiante que

mereciera protección.

Insatisfecho, el Colegio presentó un recurso de

Apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Contando con la

comparecencia de Brutal y el Estado, el 21 de junio de 2024

el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia en la que

confirmó el dictamen recurrido. Determinó que correspondía

evaluar la constitucionalidad de este asunto bajo el estándar

del escrutinio estricto, por lo que le incumbía al Estado

demostrar la existencia de un interés apremiante que

justificara la colegiación compulsoria. En vista de que el

Estado no manifestó que existiera un interés apremiante en su

comparecencia, resolvió que no se justificaba la

interferencia con el derecho a la libre asociación. Por otro AC-2024-0067 6

lado, confirmó que el Departamento de Hacienda, por medio de

la OSPEP, era el mecanismo menos oneroso para regular la

Aún en desacuerdo, el Colegio compareció ante este

Tribunal mediante la presentación de un recurso de Apelación

en el que señaló los siguientes errores:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la Sentencia apelada y determinar que no existe un interés apremiante del Estado en la colegiación cuestionada, descartando así los precedentes judiciales aplicables.

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la Sentencia apelada y determinar que OSPEP es el ente gubernamental facultado para regular la profesión de productor de espectáculos.

Con el beneficio de las comparecencias de ambas partes,

resolvemos.

A. La moción de sentencia sumaria

“La moción de sentencia sumaria es un mecanismo procesal

que provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución

justa, rápida y económica de controversias en las cuales es

innecesario celebrar un juicio plenario”. González Santiago

v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, 202 DPR 281, 290-291

(2019) (citando a Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769,

785 (2016); Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25

(2014)). Lo anterior puede ocurrir cuando solo procede

aplicar el derecho a una controversia, puesto que no persistan

“controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos

materiales”. I ́d.

Bien sabemos que “[u]n hecho material es aquel que puede

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el

derecho sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 AC-2024-0067 7

DPR 200, 213 (2010). Un hecho material debe estar

controvertido de manera real y sustancial para celebrarse el

juicio en su fondo; es decir, es necesario que persistan dudas

que permitan a un juzgador racional denegar la solicitud.

Íd., pág. 214.

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, establece

que le corresponde a la parte que solicita resolver la

controversia por la vía sumaria demostrar que no existe

controversia sustancial sobre hechos materiales. Por otro

lado, la parte contraria debe presentar evidencia sustancial

para refutar los planteamientos de la parte promovente. Ramos

Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-216. Entiéndase, esta

“no puede descansar en meras alegaciones”. Íd., pág. 215.

Además, la Regla 36.2 también permite que la parte contraria

solicite que se dicte una sentencia sumaria a su favor. Íd.,

pág. 213.

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, estatuye

que procede dictar una sentencia sumaria “si las alegaciones,

deposiciones y admisiones ofrecidas, en unión a las

declaraciones juradas y alguna otra evidencia, acreditan la

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto

a algún hecho esencial y material”. González Santiago v.

Baxter Healthcare of Puerto Rico, supra, pág. 291 (citando a

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015);

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013)).

Luego de esto, se podría prescindir de un juicio en su fondo

pues solo “resta aplicar el derecho a los hechos no

controvertidos”. Í ́d. AC-2024-0067 8

Es menester señalar que este Tribunal, al igual que el

Tribunal de Apelaciones, está en la misma posición que el

Tribunal de Primera Instancia para evaluar los méritos de una

sentencia sumaria. Íd. Es decir, “nuestra revisión es de novo,

y el análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla

36 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia

interpretativa”. Íd. En el caso de que los hechos materiales

estén incontrovertidos, debemos revisar de novo las

determinaciones y concluir si el Tribunal de Primera

Instancia aplicó correctamente el derecho. Íd. (citando a

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118

(2015)).

B. El derecho a la libre asociación

Nuestra Constitución consagra de manera expresa el

derecho a la libre asociación, en la cual se establece que

“[l]as personas podrán asociarse y organizarse libremente

para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares

o cuasi militares”. Art. II, Sec. 6, Const. ELA, LPRA, Tomo

1, ed. 2016. A pesar de que el texto de la Constitución

articula el derecho a la libre asociación en su vertiente

positiva, también hemos reconocido el derecho en su vertiente

negativa, es decir, el derecho a no asociarse. Rodríguez

Casillas et al. v. Colegio, 202 DPR 428, 449 (2019); Rivera

Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791 (2014).

Este no constituye un derecho absoluto, por lo que puede

ceder ante intereses de mayor jerarquía o situaciones que

revistan un alto interés público. P.N.P. v. De Castro Font

II, 172 DPR 883 (2007); P.A.C. v. E.L.A. I, 150 DPR 359 AC-2024-0067 9

(2000); Democratic Party v. Tribunal Electoral, 107 DPR 1

(1978). Por esto, hemos expresado que cualquier acción del

Estado sobre el derecho a la libre asociación se analiza bajo

el estándar de escrutinio estricto. Rivera Schatz v. ELA y C.

Abo. PR II, supra, pág. 813; Rodríguez Casillas et al. v.

Colegio, supra, págs. 449-450.

El análisis que se lleva a cabo en el escrutinio estricto

es de extrema rigurosidad; por ende, la ley impugnada se

presumirá inconstitucional. Rodríguez Pagán v. Dpto. de

Servicios Sociales, 132 DPR 617, 635 (1993). No obstante, el

Estado puede legislar de manera que interfiera con este

derecho, siempre y cuando demuestre que existe un interés

colectivo de superior jerarquía y que la medida adoptada

promueve su consecución. Rodríguez Pagán v. Dpto. de

Servicios Sociales, supra, pág. 635.

El estándar de escrutinio estricto requiere evaluar dos

criterios. El Estado debe demostrar que: (1) la acción

cuestionada sirve un interés gubernamental apremiante y (2)

no tenía a su alcance un medio menos oneroso para cumplir con

este interés. Rodríguez Casillas v. Colegio, supra, pág. 467;

Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, pág. 813;

Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 87-88 (2010); Calo Morales

v. Cartagena Calo, 129 DPR 102, 133 (1991). En cuanto al

primer criterio, el Estado tiene el deber de identificar la

existencia de un interés de alta jerarquía; no basta con

identificar cualquier tipo de interés gubernamental. Algunos

ejemplos de intereses gubernamentales que se han reconocido

como apremiantes son: la regulación de distintas profesiones; AC-2024-0067 10

la salud pública; proteger el bienestar de los menores;

investigar y combatir el crimen, y mantener la integridad de

la rama judicial y la confianza del pueblo en un sistema

judicial imparcial. Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130 (2004); El

Pueblo de Puerto Rico v. Santiago Feliciano, 139 DPR 361

(1995); Williams-Yulee v. Florida Bar Supreme Court of the

United States, 575 US 433 (2015).

Luego de identificar la existencia de un interés

apremiante, corresponde evaluar si existe una medida menos

onerosa para protegerlo. Rodríguez Casillas et al. v.

Colegio, supra, pág. 450; Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR

II, supra, pág. 813. La Corte Suprema de los Estados Unidos

ha explicado que esto significa evaluar si el acto impugnado

es necesario para adelantar el interés apremiante que el

Estado identificó. City of Richmond v. J.A. Croson Co., 488

US 469, 471 (1989).

Asimismo, la Corte Suprema de los Estados Unidos explicó

qué significa evaluar el criterio de la existencia de un medio

menos oneroso en U.S. v Playboy Entertainment Group, Inc.,

529 US 803 (2000). La Corte enfatizó que no es suficiente

apuntar a la existencia de una alternativa que podría cumplir

con el interés apremiante del Estado, sino que corresponde

evaluar la viabilidad y la efectividad de las medidas

alternativas para asegurar que cumpliría con su propósito.

Este es el mismo ejercicio analítico que incorporé en Reyes

Martínez v. Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico,

2025 TSPR 15, al igual que en otras ponencias en las que

expresé mi postura en contra de la descolegiación. Véase, AC-2024-0067 11

además, Delucca Jiménez v. Colegio de Médicos Cirujanos de

Puerto Rico, 213 DPR 1, 35 (2023) (Opinión disidente de la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez); Román Negrón y otros v.

Col. CPA y otros, 212 DPR 509, 511 (2023) (Opinión de

conformidad de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez); Reyes

Sorto v. ELA, 212 DPR 109, 111 (2023) (Opinión de conformidad

del Juez Asociado señor Rivera García, a la cual se unieron

la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor

Estrella Martínez).

C. La Ley del Promotor de Espectáculos Públicos

La Ley Núm. 182-1996, supra, se aprobó con el propósito

de reglamentar la profesión del promotor de espectáculos

públicos y así establecer los requisitos que los integrantes

de esta profesión deben cumplir para formar parte de ella. El

Artículo 3 de esta ley, 15 LPRA sec. 2002, estatuye la

creación de un Registro de Promotores de Espectáculos

Públicos (Registro) adscrito al Departamento de Hacienda. Por

su parte, el Artículo 4 de la Ley, 15 LPRA sec. 2003,

establece, entre otros, los siguientes requisitos para actuar

como promotor artístico: (1) ser mayor de edad; (2) tener una

licencia expedida por el Registro, en particular, la OSPEP;

(3) pagar un impuesto anual por concepto de derechos de

licencia de doscientos dólares ($200), y (4) prestar una

fianza anual.

Conforme a la ley, la OSPEP, adscrita al Departamento de

Hacienda, supervisará que los promotores cumplan con la

prestación de la fianza. Véase 15 LPRA sec. 2003. Ante un

incumplimiento, esta oficina impondrá las multas que entienda AC-2024-0067 12

pertinentes. Íd. Además, la OSPEP se encargará de reglamentar

los refrendos de taquillas, el uso de boletos electrónicos y

de aquellos dispositivos electrónicos y digitales análogos

estos, así como lo ateniente al cobro del impuesto de venta

y uso (IVU). 15 LPRA sec. 2006.

En lo pertinente, el inciso (i) del Artículo 4, supra,

establece que los promotores de espectáculos debidamente

licenciados deben ser miembros del Colegio o asociarse a un

miembro de este colegio. Por su parte, el Artículo 6, 15 LPRA

sec. 2005, establece que aquella persona que actúe como

promotora dentro de la jurisdicción Puerto Rico sin estar

debidamente registrada y sin obtener una licencia expedida

por la OSPEP o, en la alternativa, sin haberse asociado a un

miembro del Colegio, será multada por la cantidad de diez mil

dólares ($10,000). También, sanciona al empresario que preste

o alquile un local o área para la realización de un evento a

cualquier persona que no sea un promotor registrado.

D. La Ley del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico

La Ley Núm. 113-2005, supra, dispone la creación y la

organización del Colegio, y especifica sus funciones,

facultades y deberes. Además, establece la reglamentación del

Colegio y fija las penalidades por incumplir con lo expuesto

en la referida ley. El Artículo 3, 15 LPRA sec. 2012, estatuye

que únicamente podrán fungir como promotores de espectáculos

públicos aquellos que estén colegiados y cumplan anualmente

con un mínimo de seis (6) horas crédito de educación continua, AC-2024-0067 13

o aquellos promotores no establecidos en Puerto Rico que se

asocien con promotores debidamente colegiados.

El Artículo 4, 15 LPRA sec. 2013, establece las funciones

y los poderes del Colegio. En lo pertinente, el inciso (g) de

este Artículo expone que el Colegio adoptará unos Cánones de

Ética Profesional que regirán tanto la conducta de sus

miembros como los procedimientos para recibir, investigar y

adjudicar las querellas que se formulen con respecto a la

práctica y la conducta de los colegiados. Íd. Asimismo,

faculta al Colegio para imponer sanciones por violentar los

preceptos éticos. Por otro lado, el inciso (x) de este mismo

artículo faculta al Colegio para desarrollar una guía básica

para orientar a los nuevos miembros que ingresan respecto a

las obligaciones éticas y profesionales, al igual que los

deberes, las obligaciones y derechos del miembro colegiado

ante el Colegio y la OSPEP. Íd.

El Artículo 6, 15 LPRA sec. 2015, establece una serie de

disposiciones generales respecto a la OSPEP:

La [OSPEP] continuará siendo el organismo, mediante el cual los promotores y productores de espectáculos en Puerto Rico refrenden sus inventarios de boletos y rindan cuenta de sus operaciones al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Asimismo[,] será el organismo ante el cual las personas o entidades aspirantes a adquirir una licencia y Colegiación, así como los productores no establecidos en Puerto Rico, hagan constar su participación en el negocio de los espectáculos públicos. OSPEP continuará siendo la entidad bajo la autoridad del Departamento de Hacienda que expedirá la licencia a los aspirantes los cuales según lo establece el Artículo 13 de esta Ley, deberán obtener la membresía del Colegio como requisito para dicha licencia.

En cuanto a las penalidades, el Artículo 10, 15 LPRA

sec. 2019, estatuye que todo productor de espectáculos

públicos que no esté colegiado y ejerza como tal, incurrirá

en delito menos grave y se le impondrá una multa entre AC-2024-0067 14

quinientos dólares ($500) y mil dólares ($1,000) por

ocurrencia.

En su recurso apelativo, el Colegio solicita la

revocación de los dictámenes emitidos por los foros

inferiores por estos confirmar la inconstitucionalidad del

Artículo 4(i) de la Ley Núm. 182-1996, supra, y el Artículo

3 de la Ley Núm. 113-2005, supra, por infringir el derecho a

la libre asociación. Esboza que, en aras de proteger la

seguridad y el bienestar del público espectador mediante la

reglamentación de esta profesión, la legislatura consignó de

manera expresa los intereses apremiantes en la legislación

impugnada. En particular, interpreta que estas leyes buscan

disuadir el desempeño deficiente de la industria y asegurar

la calidad profesional de los promotores. Por esto, determinó

que la colegiación compulsoria es necesaria para sostener el

esquema regulatorio de la producción de espectáculos públicos

en Puerto Rico.

Por otro lado, el Colegio expuso la insuficiencia de la

OSPEP como alternativa viable, pues la legislación aplicable

no le delegó las facultades requeridas para reglamentar la

profesión y la conducta de sus integrantes. En ese sentido,

recalca que esta oficina mayormente maneja asuntos fiscales

y que no cuenta con la estructura organizacional necesaria

para asumir las responsabilidades del Colegio. Informa que,

precisamente, buscaba establecer este hecho mediante el

descubrimiento de prueba, pero el foro de instancia le privó

de esta oportunidad. AC-2024-0067 15

Según surge de la exposición que antecede, cualquier

mandato legislativo que imponga la colegiación compulsoria

deberá evaluarse bajo el estándar del escrutinio estricto.

Para efectuar esta evaluación, le corresponde al Estado

primero demostrar la existencia de un interés apremiante que

justifique la obligatoriedad de la colegiación. Establecido

lo anterior, debe probar que no existen medidas menos onerosas

para adelantar este interés.

Según surge de la Minuta de la vista celebrada el 6 de

diciembre de 2023, el Estado manifestó que no comparecería en

defensa de la colegiación compulsoria. Expuso que, luego de

realizar un análisis jurídico en cuanto a la profesión de

promotores de espectáculos públicos, no existe un interés

apremiante bajo la legislación impugnada. Por lo tanto, el

Estado esbozó que el requisito de colegiación que se le impone

a los promotores de espectáculos carece de un interés

apremiante.

Ambos foros recurridos apoyaron esta conclusión sin

mayor reflexión. Ambos prescindieron de llevar a cabo el

descubrimiento de prueba requerido para sustentarla, a pesar

de que el ente que efectivamente ha regulado la profesión

manifestó que persistían intereses apremiantes que ameritaba

un estudio más profundo que el descubrimiento hubiera

permitido. No podemos avalar este proceder, puesto que el

acto de declarar la inconstitucionalidad de una ley requiere

de los tribunales el ejercicio pleno de su función

adjudicativa, la cual no puede realizarse si existen lagunas

para sustentar una conclusión. AC-2024-0067 16

De un análisis de las piezas legislativas en pugna se

desprende que la OSPEP tiene la facultad de licenciamiento

sobre la profesión de promotores de espectáculos en Puerto

Rico. De igual forma, la Ley Núm. 182-1996 establece que la

OSPEP reglamenta y trabaja los refrendos de taquillas, el uso

de boletos y dispositivos electrónicos y digitales análogos,

y lo atinente al cobro del IVU. Asimismo, el Artículo 6 de la

Ley Núm. 113-2005, supra, especifica que la OSPEP es el

organismo mediante el cual los promotores de espectáculos

hacen constar su participación en el negocio de los

espectáculos públicos.

Sin embargo, el Colegio es la entidad que lleva a cabo

los procesos disciplinarios y adjudicativos, y regula la

educación continua de sus integrantes. Esto es precisamente

lo que persigue el estatuto que exige la colegiación

compulsoria. Según establece la Exposición de Motivos de la

Ley Núm. 113-2005, la colegiación de los promotores busca

reglamentar la profesión mediante la creación de un código de

ética que asegura “la calidad profesional y la competitividad

de los productores”. En ese sentido, la colegiación uniforma

la práctica de esta profesión y establece “un mecanismo de

monitoría sobre las prácticas de negocios de los promotores

y productores”. Íd. Entiéndase, este colegio profesional

ostenta las funciones requeridas que hacen las veces de

reglamentar la profesión.

Sin embargo, producto de un curso apresurado que siguió

el asunto que hoy tenemos ante nuestra consideración, no se AC-2024-0067 17

logró definir el rol y las funciones de ambas entidades de

manera definitiva. En su lugar, se dispuso del caso mediante

el mecanismo de la sentencia sumaria, sin llevarse a cabo un

proceso de descubrimiento de prueba amplio que permitiera

pasar juicio de forma adecuada sobre los asuntos que atañan

la regulación de la profesión.

A grandes rasgos, es importante determinar si la OSPEP

tiene el andamiaje necesario para asumir las

responsabilidades que actualmente ostenta el Colegio. En

particular, corresponde dirimir si la OSPEP tiene los

recursos económicos y el personal necesario para reglamentar

la profesión ante los planteamientos del Colegio sobre que

esta entidad cuenta con solo dos (2) empleadas. Asimismo,

procede determinar las funciones de la OSPEP, de tal manera

que nos permita concluir si verdaderamente es una alternativa

real, viable y efectiva, puesto que el Colegio esbozó que

esta se limita a ejercer funciones fiscales, específicamente,

sobre la captación de impuestos y el refrendo de taquillas.

El Colegio debe tener la oportunidad de descubrir

evidencia para sustentar sus alegaciones sobre el manejo

efectivo de la profesión que está llamado a regular. Por esto,

era necesario devolver este caso al Tribunal de Primera

Instancia y ordenar que se permitiera el descubrimiento de

prueba solicitado. Así, este Tribunal estaría mejor

posicionado para atender la presente controversia. Hacer lo

contrario podría inducirnos a error, ya que carecemos de los

elementos necesarios para aquilatar de manera contundente si

la colegiación compulsoria de los productores de espectáculos AC-2024-0067 18

públicos adelanta el interés del Estado en reglamentar la

profesión. Ante este cuadro fáctico, disiento.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta