EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Banco Bilbao Vizcaya
Recurrido Certiorari v. 2006 TSPR 135 Ángel R. López Montes; Carmen Sasso Oliver, por sí 168 DPR ____ Y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Benedict School, Inc.
Peticionarios
Número del Caso: CC-2005-573
Fecha: 25 de agosto de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Aguadilla
Juez Ponente:
Hon. Jorge L. Escribano Medina
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Edgar Méndez Rivera
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Alberto De Diego Collar Lcda. Tania Y. Salas De Jesús
Materia: Cobro de Dinero, Ejecución de Hipoteca
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
v.
Ángel R. López Montes; CC-2005-573 Carmen Sasso Oliver, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Benedict School, Inc.
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico a 25 de agosto de 2006
Nos corresponde resolver si un acreedor puede
embargar, como medida cautelar para asegurar la
efectividad de una sentencia, una cuenta bancaria
conjunta cuyos titulares son su deudor y un tercero
ajeno a la relación contractual entre deudor y
acreedor.
I
La controversia ante nuestra consideración tiene
su origen en un pleito sobre cobro de dinero y
ejecución de hipoteca por la vía ordinaria,
presentado por el Banco Bilbao Vizcaya (en
adelante“BBV”) ante el Tribunal de Primera CC-2005-573 2
Instancia, Sala Superior de Aguadilla, en contra del Sr.
Ángel López Montes, la Sra. Carmen Sasso Oliver, la sociedad
legal de gananciales compuesta por ambos y Benedict School,
Inc. (en adelante “los peticionarios” o “la parte demandada-
peticionaria”). Pocos días después de haber incoado la
demanda, el BBV presentó sendas mociones sobre embargo de
bienes inmuebles y muebles para asegurar la efectividad de la
sentencia. En lo pertinente, se interesaba el embargo de
“[d]ineros depositados por la parte demandada en Bancos en
Puerto Rico en cuentas identificadas como cuentas de ahorro
y/o certificados de depósitos y/o IRAS y/o cuentas de cheques
y/o cualquier otra cuenta bancaria a nombre de los
demandados.”1 El tribunal autorizó el embargo de bienes
muebles de la parte demandada-peticionaria, incluyendo
aquéllos en posesión de un tercero, hasta la cantidad de
$280,000.00.
Expedido el correspondiente mandamiento, el BBV
procedió a embargar la cantidad de $15,631.12 depositados en
la cuenta de ahorros núm. 515-045442 del Banco Popular de
Puerto Rico (en adelante “Banco Popular”), la cual estaba a
nombre de la Sra. Concepción Oliver Aneiro y la peticionaria,
Sra. Carmen Sasso Oliver.
Así las cosas, el 25 de mayo de 1995 la señora Oliver
Aneiro, madre de la codemanda Sasso Oliver y tercera ajena a
1 Véase Moción solicitando orden de embargo y retención de bienes muebles en poder del demandado y/o terceros en aseguramiento de efectividad de sentencia presentada el 7 de marzo de 1995 por el demandante-recurrido Banco Bilbao Vizcaya, apéndice del recurso de certiorari, pág. 37. CC-2005-573 3
la relación contractual entre el BBV y los peticionarios,
presentó una moción de intervención para impugnar la validez
del embargo sobre la cuenta conjunta. Alegó, que a pesar de
que el nombre de la señora Sasso Oliver aparecía en la cuenta
embargada, la totalidad del dinero depositado le pertenecía.
Expresó además que poseía evidencia fehaciente demostrativa
de su titularidad. Por tal razón, solicitó que se le
permitiera intervenir en el caso y se le devolviera el dinero
embargado.
Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de
Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía el 23 de
febrero de 1996, mediante la cual reconoció una deuda a favor
del BBV, ascendente a $1,022,797.63 de principal, más
intereses y una suma pactada en concepto de gastos, costas y
honorarios de abogado. El tribunal nada expresó sobre el
asunto de la procedencia del embargo realizado a la cuenta
bancaria de las señoras Oliver Aneiro y Sasso Oliver.
Según surge del expediente, el BBV solicitó la
reapertura del caso el 9 de marzo de 2001 por lo que el
tribunal de instancia le concedió un término a los
peticionarios para expresarse sobre lo solicitado. Concluido
el término sin la comparecencia de la parte demandada-
peticionaria, el BBV requirió se celebrara una vista
evidenciaria para que el tribunal determinase si éste tenía
derecho “a ejecutar la Sentencia dictada en este caso
mediante el cobro de un dinero embargado por la cantidad de
$15,631.12 ó, si de lo contrario, este dinero no puede ser CC-2005-573 4
ejecutado ya que pertenece a la interventora, Doña Concepción
Oliver Aneiro, según su alegación vertida el pasado 25 de
mayo de 1995 mediante Moción de Intervención por embargo
ilegal.”2
Celebrada una vista a la cual sí compareció la parte
demandada y, toda vez que las partes no pudieron llegar a un
acuerdo sobre la controversia pendiente, el tribunal resolvió
que le correspondía a la parte interventora, señora Oliver
Aneiro, derrotar la presunción de que el dinero de la cuenta
embargada era solidario. Véase Minuta de 9 de septiembre de
2002, apéndice del recurso de certiorari, pág. 68.
Posteriormente, las partes sometieron sus correspondientes
memorandos fijando sus respectivas posiciones sobre este
asunto. Los peticionarios arguyeron ante el foro primario
que el contrato de cuenta de ahorros suscrito entre el Banco
Popular y las señoras Oliver Aneiro y Sasso Oliver, era uno
de depósito por lo que se presumía que la relación existente
era una de mancomunidad de bienes y no de solidaridad.
Debido a ello, entendió improcedente el embargo de la
totalidad del dinero depositado en la cuenta número 515-
045442 del Banco Popular. Se explicó además, que el dinero
embargado fue depositado en su totalidad antes de la
inclusión de la señora Sasso Oliver como co-firmante en dicha
cuenta. Por tal razón, si existiese alguna relación de
solidaridad entre las co-propietarias de la referida cuenta
2 Véase Moción solicitando vista sobre dinero embargado presentada por el Banco Bilbao Vizcaya, apéndice del recurso de certiorari, pág. 63. CC-2005-573 5
bancaria, la misma comenzó desde la fecha en que se añadió la
segunda persona.
Por su parte, el BBV adujo que el contrato existente
entre el Banco Popular y las depositantes era uno de préstamo
y no de depósito. Se indicó que en éste se consignó la
solidaridad de ambas en cuanto a los fondos depositados en la
cuenta. El contrato en cuestión dispone que “los fondos
depositados son propiedad de ambos depositantes, quienes se
convierten en acreedores solidarios del Banco”.3 Siendo ello
así, correspondía a las señoras Sasso Oliver y Oliver Aneiro
el peso de demostrar si parte o todo el dinero depositado
pertenecía a alguna de ellas exclusivamente. Finalmente, el
BBV presentó prueba a los efectos de que la firma de la
codemandada Sasso Oliver fue incorporada a la cuenta del
Banco Popular el 3 de mayo de 1994, es decir, antes de la
fecha en que se concretó el embargo en controversia.
Trabada así la controversia y a instancias de los
peticionarios, el tribunal emitió orden dirigida al Banco
Popular para que produjera los estados de cuenta desde la
apertura de la cuenta de ahorros hasta abril de 1995, a los
fines de aclarar la cantidad que en efecto aparecía
depositada en la cuenta 515-045442 mientras la señora Oliver
Aneiro era la única titular de la referida cuenta bancaria.
En cumplimiento con dicha orden, el Banco Popular certificó
que la aludida cuenta fue abierta el 28 de septiembre de 1993
por la Sra. Concepción Oliver Aneiro y explicó que no posee
3 Véase Oposición a Memorando de Derecho, apéndice del recurso de certiorari, pág. 155. CC-2005-573 6
los estados de cuenta solicitados ya que el periodo de
retención de información requerido por ley es de siete años.
Eventualmente se celebró la vista evidenciaria para
dilucidar esta controversia. Atendida la prueba testifical y
documental presentada, el Tribunal de Primera Instancia
concluyó, como cuestión de hecho, que los fondos embargados
ascendentes a $15,631.12 estaban depositados en la cuenta de
ahorros del Banco Popular antes que fuera añadida la firma de
la Sra. Carmen Sasso Oliver. No le mereció credibilidad un
documento presentado por el BBV para impugnar la fecha en que
fue incluida la segunda firmante en la cuenta. Es decir,
para el foro de primera instancia el hecho de que al momento
del embargo de la cuenta de ahorros, ésta estuviera a nombre
de Oliver Aneiro exclusivamente, bastaba para adjudicarle a
ésta la totalidad de los fondos depositados. Además,
resolvió que madre e hija no eran deudoras solidarias, toda
vez que la señora Oliver Aneiro no contrató con el BBV ni
tampoco suscribió con su hija,4 un documento en el que se
obligara solidariamente con ésta al pago de la deuda
contraída por los peticionarios con el BBV. Concluyó
entonces que era improcedente el embargo y ordenó la
devolución de la totalidad del dinero secuestrado por el BBV,
más el pago de intereses legales, las costas del litigio y
honorarios de abogado.
4 La parte interventora falleció el 1 de diciembre de 2003, por lo que el albacea testamentario nombró a la codemandada Sasso Oliver para que representara a la sucesión en este pleito. Véase apéndice del recurso de certiorari, pág. 73- 74. CC-2005-573 7
Inconforme, el BBV acudió al Tribunal de Apelaciones y,
en lo pertinente, indicó que había errado el tribunal de
instancia al resolver que la cuenta embargada pertenecía
exclusivamente a la señora Oliver Aneiro. Al revocar el
dictamen del foro sentenciador, el foro apelativo intermedio
determinó que de los documentos ante su consideración se
desprendía que con anterioridad al embargo la cuenta bancaria
en controversia estaba a nombre de las señoras Oliver Aneiro
y Sasso Oliver. A base de ese hecho exclusivamente validó el
embargo y revocó al foro primario.
En desacuerdo, la parte demandada-peticionaria acudió
ante este Tribunal y señaló los siguientes errores:
Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia por considerarla errónea en sus fundamentos aún cuando la misma es correcta en derecho.
Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que el embargo fue legal por el fundamento de que los fondos depositados en la cuenta de depósito pertenecían a ambas depositantes.
Expedimos el recurso de certiorari presentado y contamos
con la comparecencia de ambas partes, por lo que estamos en
posición de resolver y procedemos a así hacerlo.
II
A
Como indicamos inicialmente, la controversia en este
caso se refiere a si un acreedor puede embargar en su
totalidad una cuenta conjunta perteneciente a su deudor y a
un tercero ajeno a la deuda dineraria reclamada, como medida
preventiva para asegurar la efectividad de una sentencia, o CC-2005-573 8
en su defecto, qué proporción del dinero depositado puede ser
La Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,
R. 56, provee los mecanismos y procedimientos que tiene a su
alcance un demandante para asegurarse que pueda recobrar el
dictamen que recaiga a su favor en el futuro o la sentencia
ya emitida.5 Así pues, “[e]n todo pleito antes o después de
[dictar] sentencia, por moción del reclamante, el tribunal
podrá dictar cualquier orden provisional que sea necesaria
para asegurar la efectividad de la sentencia.” Regla 56.1 de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 56.1. Entre las
medidas cautelares que puede ordenar el juzgador de hechos,
según las circunstancias particulares del caso, se
encuentran: el embargo, el embargo de fondos en posesión de
un tercero, la prohibición de enajenar, la reclamación y
entrega de bienes muebles, la sindicatura, una orden para
hacer o desistir de hacer cualesquiera actos específicos, o
cualquier otra medida que estime apropiada. Íbid.
La Regla 56.1 le concede amplia discreción al tribunal
para conceder o denegar el remedio solicitado, con la única
limitación de que la medida sea razonable y adecuada al
propósito esencial de garantizar la efectividad de la
sentencia que recaiga en su día. F.D. Rich Co. v. Tribunal
Superior, 99 D.P.R. 158, 176 (1970). Precisamente, en virtud
5 Las Reglas 56.2 a 56.4 de Procedimiento Civil regulan el procedimiento de embargo en cuanto a notificación, fianza, anotación en el Registro de la Propiedad o depósito de bienes muebles. Véase Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell, 133 D.P.R. 881 (1993). CC-2005-573 9
de lo dispuesto en el Regla 56 el BBV procedió a embargar la
cuenta de ahorros aquí en controversia. Y, habida cuenta de
que el foro primario al dictar sentencia nunca dispuso de la
controversia relativa a la titularidad de la cuenta, previo a
la ejecución de la sentencia dictada, el BBV correctamente
replanteó el asunto ante el foro primario. Ésta es la
controversia que está ante nuestra consideración hoy.
B
En lo que respecta al embargo de fondos en posesión de
un tercero, precisa señalar que reconocimos la vitalidad de
este mecanismo hace ya varias décadas.6 En Prado Martorell
v. Quiñones, 78 D.P.R. 313, 319 (1955), se embargaron tres
cuentas bancarias pertenecientes a tres de los codemandados,
quienes eran todos deudores solidarios del demandante. Los
codemandados impugnaron, entre otras cosas, la validez del
embargo realizado. Resolvimos que el dinero retenido en
instituciones bancarias estaba sujeto a embargo. Al así
resolver indicamos que, “[a]un cuando . . . se embargaron
bienes muebles en manos de una tercera persona, nada hay en
la ley que impida tal embargo, ni que distinga entre la forma
de llevarse a cabo el embargo de bienes que están en manos
del demandado y el de bienes que están en manos de terceras
personas.” 78 D.P.R., pág. 319.
6 La Ley para Asegurar la Efectividad de la Sentencia de 1902, en su artículo 10, proveía como remedio provisional únicamente el embargo, sin referirse específicamente a cuando el bien a ser embargado está en posesión de un tercero. Véase Prado Martorell v. Quiñones, 78 D.P.R. 313, 319 (1955). CC-2005-573 10
Aun cuando hemos reconocido la procedencia del embargo
de bienes en posesión de tercero,7 solo en Prado atendimos
esta controversia y lo hicimos desde la perspectiva del
embargo de una cuenta bancaria. En ese caso, sin embargo, no
analizamos detenidamente la naturaleza de esta acción y cómo
opera la misma en atención a los intereses afectados, pues
Prado no versaba sobre un embargo de cuentas conjuntas donde
una de las partes no era deudor del acreedor. Por otro lado,
cabe señalar la Asamblea Legislativa no ha dispuesto
legislación especial alguna para regular este procedimiento.
Veamos entonces como este asunto ha sido atendido en
otras jurisdicciones.
C
El embargo de fondos en posesión de un tercero se
utiliza cuando un acreedor quiere obligar a un tercero, quien
tiene en su poder fondos pertenecientes a su deudor, a su
entrega o depósito en el tribunal para así satisfacer la
deuda existente. Prado v. Quiñónez, supra. Véase, S.
Morgansterm, Legal protection in garnishment and attachment,
Oceana Publications, New York, 1971, pág. 2. En estos casos,
no existe relación alguna entre el acreedor reclamante y el
tercero, pero se da una especie de “subrogación” para que el
acreedor pueda requerir del tercero el dinero del deudor.
7 Véase F.D. Rich Co. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 158 (1970); E.L.A. v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 524 (1970); Banco Popular v. Vázquez, 97 D.P.R. 160 (1969); Barnés v. Comercial Insurance of Newark, 83 D.P.R. 324 (1961); Prado Martorell v. Quiñones, 78 D.P.R. 313 (1955); Sierra v. Vieta, 56 D.P.R. 224 (1940). CC-2005-573 11
El ejemplo por excelencia de propiedad sujeta a este
tipo de medida preventiva es el embargo de cuentas bancarias,
donde el “titular” de los fondos es el depositante-deudor,
mientras el banco es el tercero que retiene en depósito el
dinero del deudor y cuya entrega solicita el acreedor-
reclamante. Morgansterm, op. cit., pág. 49.
A poco que analicemos este tema nos percatamos que la
ley que regula las instituciones bancarias en Puerto Rico no
define la naturaleza de la relación entre banco y
depositante, y se limita a establecer la reglamentación del
aspecto jurídico administrativo de los bancos, sus requisitos
orgánicos y las normas de interés por las que ha de regirse.
La ley deja fuera de su ámbito el régimen de contratos y sus
relaciones privadas. Véase, 7 L.P.R.A. secs. 1 et seq.
En Portilla v. Banco Popular, 75 D.P.R. 100 (1953),
señalamos, no empece, que el establecimiento de una cuenta
corriente queda enmarcado dentro de la figura del contrato de
préstamo y no de depósito, “ya que el banco depositario,
además de su obligación de guardar y restituir el dinero
depositado, o su valor, tiene la facultad de servirse o de
usar la cosa depositada.” 100 D.P.R., pág. 113.8 Véase,
Tesorero de P.R. v. Banco, 46 D.P.R. 308 (1934).
Puntualizamos en Portilla, que el depositante pierde la
propiedad de las sumas depositadas, pues no existe -–como
8 Garrigues señala en su tratado de Derecho Mercantil que “[l]a distinción entre préstamo y depósito irregular bancarios no es clara y constituye uno de los más antiguos y discutidos problemas de la doctrina tradicional.” J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, Ed. Temis, Bogotá, 7ma. ed., Tomo IV, 1987, pág. 183. CC-2005-573 12
sería en el caso de un contrato de depósito—- el derecho a
reivindicar el objeto depositado, “sino solamente un derecho
de crédito contra el depositario.” Portilla, supra, pág.
113. Recordemos que el depositante le entrega al banco un
bien fungible y el banco entonces “adquiere la obligación de
restituir otro tanto de la misma especie y calidad.” J.
Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, Ed. Temis, Bogotá,
7ma. ed., Tomo IV, 1987, pág. 183.
Esta norma guarda estrecha similitud con la regla
prevaleciente en Estados Unidos donde se entiende que la
relación existente entre un banco y su cliente, el
depositante, es la de un “deudor-acreedor”. El cliente no se
considera el “dueño” del dinero depositado, sino que
meramente tiene una reclamación frente a su banco respecto la
suma depositada. B. Clark, B. Clark, The Law of Bank
Deposits, Collections and Credit Cards, Warren, Gorham &
Lamont, Massachusetts, 1995, par. 21.01, pág. 21-1. (“The
customer does not ‘own’ the money on deposit; it merely has a
claim against the depository institution.”) Esa
“reclamación” es la que está sujeta a embargo, de la misma
forma que lo están las cuentas por cobrar, o los salarios no
devengados de un empleado. Íbid.
D
Aun cuando en el Derecho bancario no se considera que
los depositantes sean los “propietarios” del dinero
depositado, en la mayoría de las jurisdicciones en los
Estados Unidos, los tribunales permiten el embargo de dichos CC-2005-573 13
fondos hasta el monto del interés del deudor en los mismos.
Clark, Clark, op. cit., par. 21.05, pág. 21-5. Ello, a base
del principio del derecho anglosajón conocido como “equitable
ownership.”9 Para determinar cuál es el monto embargable, se
requiere la presentación de aquella evidencia que permita
establecer qué parte del dinero depositado le pertenece a
cada depositante.10 Delta Fertilizer, Inc. v. Morgan, 547
So. 2d 800, 802 (Miss. 1989)(“In the majority of
jurisdictions, the entire account is vulnerable [to
garnishment], but evidence is permitted to show the
respective ownership of each depositor.”); Amarlite
Architectural Products, Inc. v. Copeland Glass Company, 601
So.2d 414, 416 (1992); Baker v. Baker, 710 P.2d 129, 132-33
(Okla. Civ. App. 1985). En tal sentido, se estima que existe
una presunción rebatible de que el dinero depositado en la
cuenta le pertenece indistintamente a los co-dueños de la
9 Por “equitable ownership” se entiende lo siguiente: “The ownership interest of one who has equitable as contrasted with legal ownership of property . . . Ownership rights which are protected in equity.” Black’s Law Dictionary, West Publishing, Minnesota, 1979, 5th. ed., págs.483-484. 10 Existe una minoría de jurisdicciones de los estados de Estados Unidos, que sostienen que la cantidad total depositada en una cuenta bancaria conjunta puede ser embargada si está en manos de un tercero por un acreedor que obtuvo una sentencia en contra de uno de los depositantes, sin derecho a presentar prueba de que el dinero embargado no pertenece al deudor por sentencia. Fleet Bank Connecticut v. Carrillo, 691 A.2d 1068 (Conn. 1997); Park Enterprises, Inc. v. Trach, 47 N.W.2d (Minn. 1951). Otros estados han adoptado una norma que establece una presunción rebatible a los efectos de que cada depositante en una cuenta bancaria conjunta es dueño de la mitad del dinero depositado y sólo puede ser embargado esa porción en ausencia de prueba del acreedor de que el deudor posee un interés mayor. Danielson v. Lazoski, 531 N.W.2d 799 (Mich. App. 1995); Miller v. Clayco State Bank, 708 P.2d 997 (Kan. App. 1985). CC-2005-573 14
cuenta por lo que procede su embargo, sujeto claro está, a
que se establezca lo contrario.
El peso de probar que los fondos depositados en la
cuenta embargada, en parte o en todo, no pertenecen al deudor
recae sobre cada uno de los depositantes. Ello tiene que ser
así pues son éstos quienes están en mejor posición para
establecer la titularidad de los fondos que pertenecen a cada
cual y en qué proporción.11 Yakima Adjustment Service, Inc.
v. Durand, 622 P.2d 408, 411 (Wash. App. 1981); Hayden v.
Garner, 381 S.W.2d 752, 754 (1964)(“It is our view that under
the facts in this case the court should have held all of the
joint bank account was prima facie subject to garnishment,
and that the burden was on each joint depositor to show what
portion of the funds he or she actually owned. We believe
this is the fair and reasonable rule because the depositors
are in a much better position than the judgment creditor to
know the pertinent facts.”); Amarlite Architectural Products,
Inc. v. Copeland Glass Company, 601 So.2d, pág. 416 (“[w]e
consider this to be the most equitable solution, because it
is much easier for the depositors than the creditor to have
or obtain proof of the ownership of the commingled funds.”);
Leaf v. McGowan, 141 N.E.2d 67, 71 (Ill. App. 1957).
Una vez se establece por preponderancia de la prueba,
qué porción del dinero depositado, si alguna, le pertenece
11 En algunas jurisdicciones en Estados Unidos se dispone que el peso de demostrar que el deudor es el dueño de la totalidad, o de una parte, de los fondos depositados recae sobre el embargante. B. Clark, B. Clark, The Law of Bank Deposits, Collections and Credit Cards, Warren, Gorham & Lamont, Massachusetts, 1995, par. 21.05, pág. 21-6. CC-2005-573 15
al deudor, el embargo procede contra esa cantidad, sin más.
Traders Travel Int’l, Inc. v. Howser, 753 P.2d 244, 248
(Haw. 1988). Véase, Joint Bank Account as Subject to
Attachment, Garnishment, or Execution by Creditors of One
Joint Depositor, 86 ALR 5th. 527 (2001).
Veamos someramente algunos ejemplos. En Delta
Fertilizer, Inc. v. Morgan, supra, el acreedor aseguró una
sentencia en contra del deudor mediante el secuestro de
varias cuentas bancarias conjuntas a nombre del deudor y su
madre. Ambos depositantes testificaron en la vista que la
totalidad de los fondos en las cuentas embargadas
pertenecían únicamente a la madre, una viuda que había
perdido su visión. Se señaló que los nombres de sus hijos
aparecían en sus cuentas bancarias por conveniencia, ya que
ella dependía de ellos para realizar sus pagos. La Corte
Suprema de Mississippi, sostuvo que ante la prueba vertida
en corte se estableció que la titularidad de los fondos
depositados en la cuenta conjunta le pertenecían a la madre
y que el deudor no tenía ninguna clase de interés sobre el
dinero depositado, por lo que no procedía el embargo.
Nos parece particularmente persuasivo lo dispuesto en
Baker v. Baker, supra. En Baker se sostuvo, nuevamente, que
cada depositante en una cuenta conjunta se presume “dueño” de
la totalidad del dinero depositado en la misma. Esta
presunción se indicó, era de carácter rebatible no empece la
existencia de un acuerdo entre el banco y los depositantes,
donde se disponía que los fondos le pertenecían en su CC-2005-573 16
totalidad a los co-dueños. Esta presunción podía ser
rebatida mediante prueba oral o extrínseca (“parol evidence”)
y el peso de la prueba recaía sobre los titulares de la
cuenta conjunta. Al respecto, el tribunal expresó:
[W]e find that a rebbutable presumption exists that the debtor who holds an interest in a joint account is entitled to use the entire account. Once it is presumed that the debtor, as a joint tenant, is entitled to the entire account, the burden is placed on the debtor or intervener to prove otherwise. Such a result is the most equitable in light of the fact that the joint tenants are in effect contradicting the terms of their joint account agreement. Although joint owners may assume the risk that their cotenants will pay creditors voluntarily when they establish a joint account, these same joint owners may later seek to establish factual ownership different to the declared purpose of the account.
710 P.2d, pág. 134. Véase además, Traders Travel
International, Inc. v. Howser, supra, a la pág. 248 (“We now
adopt the majority view that the debtor presumptively holds
the entire joint bank account but may disapprove this
supposition to establish his or her actual equitable
interest.”)
A la luz de lo anterior, extraemos los siguientes
principios, los cuales gozan del aval mayoritario de las
jurisdicciones que han atendido controversias como las de
autos, y que hoy adoptamos:
Un acreedor puede embargar una cuenta bancaria que
aparezca a nombre de su deudor y un tercero pues existe una
presunción de que los fondos depositados le pertenecen en su
totalidad a los titulares de la cuenta conjunta. Abona a
esta presunción los términos del acuerdo que, de ordinario, CC-2005-573 17
suscriben entre sí la institución bancaria y los
depositantes.
Cabe señalar, que los contratos de cuenta corriente o
cuenta de ahorros suscritos entre una institución bancaria y
un cliente, habitualmente, constituyen formularios pre
impresos que no le permiten, verdaderamente, al depositante
negociar sus términos, ni el producto adquirido. Por lo que
no parece justo ni razonable que lo dispuesto en este acuerdo
se convierta en una verdad inexpugnable frente a terceros en
perjuicio de uno de los co-dueños de la cuenta conjunta.12
De ahí que resolvamos que sólo se presume que el dinero así
depositado le pertenecen a ambos indistintamente; presunción
que podrá ser rebatida.
Esta presunción rebatible puede ser impugnada por
cualquier parte que se vea afectada por la misma. Quien
pretenda cuestionarla tendrá el peso de la prueba de
demostrar lo contrario. La presunción puede ser rebatida con
aquella evidencia testifical o documental que, a juicio del
juzgador de los hechos, sea suficiente para establecer a
quién pertenecen los fondos y en qué proporción o cantidad.
A tales efectos se podrá considerar, entre otros, los
términos del contrato con la institución financiera, la
intención de las partes al establecer la cuenta, el control
12 Nos parecen acertadas las siguientes expresiones en Baker v. Baker, 710 P.2d 129, 133 (Ok. 1985): “Banking institutions offer limited choices of ownership to customers. The customer is most generally presented with a choice of accounts fashioned by the financial institution and designed to protect its own interests rather than define the rights and actual ownership of depositors.” CC-2005-573 18
que ejerce el deudor sobre la cuenta conjunta, los estados de
cuenta que permitan trazar el origen del dinero y su
movimiento, el propósito para el cual fue creada la cuenta
conjunta, el conocimiento que tenga el deudor sobre los
movimientos realizados en la cuenta, a nombre de quién
aparecen los cheques, quién está autorizado a firmarlos, y
cualquier otra evidencia que el tribunal estime necesaria y
apropiada.
El acreedor entonces sólo podrá repetir contra aquella
porción del dinero depositado que se determine pertenezca a
su deudor. El sobrante no podrá estar sujeto a embargo.
Para salvaguardar los derechos del co-firmante no deudor, el
tribunal de instancia, una vez se solicite y se cuestione el
embargo de la cuenta conjunta, deberá celebrar una vista para
dilucidar la tenencia del dinero, a la mayor brevedad
posible.
Somos del criterio que la norma que adoptamos es la que
mejor se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico y salvaguarda
los intereses de todas las partes involucradas. Por un lado,
cónsono con la flexibilidad que provee nuestro ordenamiento
en materia de remedios provisionales, se le permite al
acreedor prima facie embargar la cuenta conjunta para
asegurar la sentencia que en su día recaiga. Cerciorándonos
así de que podrá satisfacer su acreencia. Por otro lado, no
penalizamos a un tercero inocente quien puede, ni siquiera,
conocer de la deuda del co-firmante en su cuenta bancaria,
por los incumplimientos de éste. CC-2005-573 19
A la luz de lo dispuesto, veamos los hechos del caso.
III
En el presente caso, el acreedor BBV embargó una cuenta
de ahorros que poseía conjuntamente su deudora Carmen Sasso
Oliver, junto a su madre Concepción Oliver Aneiro,13 para
satisfacer una sentencia. En el contrato suscrito entre el
Banco Popular y las depositantes al abrir la cuenta número
515-045442 se dispuso, en lo pertinente, lo siguiente:
Cada depositante será acreedor solidario con derecho individual para depositar y retirar fondos de la Cuenta. Por tal razón, cada uno autoriza al otro a endosar libramientos y otros documentos que evidencian obligaciones de pago contra la Cuenta y cada Depositante autoriza al otro a firmar retiros de fondos contra la Cuenta.
Los fondos depositados son propiedad de ambos Depositantes, quienes se convierten en acreedores solidarios del Banco. El banco podrá responder por dichos fondos a cualquiera de los dos. (Énfasis nuestro.)
La parte recurrida en su alegato, reconoce la existencia
de una presunción a favor del embargo de una cuenta conjunta
donde sólo uno de los “co-dueños” era su deudor, según se
desprende del acuerdo antes transcrito. Sostiene que le
correspondía a la peticionaria probar lo contrario, lo que
indica no hizo. En vista de ello, entiende correcta la
determinación del Tribunal de Apelaciones, por lo que
procedía el embargo de la totalidad de los fondos depositados
en la cuenta y su eventual ejecución.
13 Es menester aclarar que no estamos resolviendo lo que procedería si la cuenta embargada pertenece conjuntamente a un matrimonio bajo el régimen de sociedad legal de gananciales, al cual le son aplicables las disposiciones de nuestro Código Civil. CC-2005-573 20
Los peticionarios, en su alegato ante este Tribunal
reconocen, contrario a lo resuelto por el foro de instancia,
que el embargo se trabó luego de que la señora Sasso Oliver
fue añadida como co-depositante en la cuenta de ahorros. No
obstante, aducen que la inclusión de la señora Sasso Oliver
como firmante de la cuenta bancaria tuvo el propósito de
asistir a su madre en el retiro de fondos en la eventualidad
de una emergencia de salud, por lo que el dinero depositado
era de la exclusiva titularidad de la señora Oliver Aneiro.
Véase recurso de certiorari, pág. 10.14
Es de notar que tanto el Tribunal de Primera Instancia
como el Tribunal de Apelaciones estimaron concluyente para la
determinación que tomaron, a nombre de quién aparecía
registrada la cuenta de ahorros cuando se trabó el embargo.
A tales efectos, el foro sentenciador concluyó, que el dinero
embargado fue depositado en la cuenta antes que se incluyera
a la co-depositante Sasso Oliver, por lo que declaró que el
embargo era improcedente. El tribunal apelativo intermedio
modificó tal determinación puesto que corroboró que al
momento de concretarse el embargo de la cuenta de ahorros,
tanto madre como hija aparecían como co-dueñas. Para el foro
apelativo intermedio ese hecho era suficiente para adjudicar
la totalidad de los fondos a ambas indistintamente y así
poder determinar que procedía el embargo del dinero
depositado. Para ambos foros lo determinante era quiénes
14 Así también se alegó en la querella instada por la interventora ante el Comisionado de Instituciones Financieras. Íbid, a la pág. 98-99. CC-2005-573 21
eran las co-firmantes en la cuenta conjunta al momento de
trabarse el embargo. Sin decirlo, para ambos foros ese hecho
establecía una presunción no refutable sobre la procedencia
del embargo.
Como hemos visto, el hecho de quién aparece como co-
firmante sólo establece una presunción sobre la titularidad
de los fondos, la cual puede ser rebatida. Aun cuando en
este caso se celebró una vista evidenciaria ante el foro de
instancia para atender esta precisa controversia, las
determinaciones de hecho recogidas en la sentencia de ese
tribunal son por demás parcas y escuetas y no nos permiten
hacer una determinación en tal sentido, bien para confirmar o
revocar al foro apelativo. En este caso, aun cuando los
hijos de la señora Oliver Aneiro testificaron en la vista
celebrada, el foro primario no hizo determinación de hecho
alguna respecto a ese testimonio y en qué consistió por lo
cual no estamos en posición de resolver si la presunción fue
rebatida o no. Ciertamente, el foro primario no indicó ni
una cosa ni la otra.
En atención a lo antes expresado, procede revocar la
sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y devolver
el caso al Tribunal de Primera Instancia para que determine,
conforme los parámetros establecidos en esta Opinión, a quién
pertenecían los fondos depositados en la cuenta de ahorros
embargada, y en qué proporción. Es decir, determine si se
logró derrotar la presunción. Si el foro primario entendiese
que es necesario aportar alguna prueba adicional para hacer CC-2005-573 22
sus determinaciones de hecho, así podrá solicitarlo de las
partes.
IV
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se
revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y
se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
proceda conforme lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ángel R. López Montes; CC-2005-573 Carmen Sasso Oliver, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Benedict School, Inc.
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2006
Por los fundamentos expresados en la Opinión que antecede los cuales se incorporan íntegramente a la presente, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos conforme lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión de Conformidad y Disidente.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
vs. CC-2005-573 Certiorari
Ángel R. López Montes, Etc.
Opinión de Conformidad en parte y Disidente en parte emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2006.
Estoy conforme con lo dispuesto concretamente
por la mayoría del Tribunal en el caso de
autos de que éste se devuelva al foro de
instancia para que allí se dilucide, en una
vista evidenciaria, a quién pertenecen
específicamente los fondos depositados en la
cuenta de ahorros embargada que aquí nos
concierne.
También estoy conforme con la norma medular
que se establece en este caso de que un acreedor, en
aseguramiento de una posible sentencia a su favor,
puede embargar una cuenta bancaria conjunta,
perteneciente a su deudor y a un tercero, hasta el
monto del interés que tenga el deudor en dicha
cuenta. CC-2005-573 2
Con lo que no estoy de acuerdo es con la norma
subsidiaria que decreta la mayoría del Tribunal en este caso
de que el peso de probar cuánto de los fondos depositados en
la referida cuenta bancaria pertenece al deudor, recae sobre
los depositantes titulares de la cuenta en cuestión.
La mayoría reconoce en su opinión que en algunas
jurisdicciones en Estados Unidos, de donde se toma la
normativa adoptada en este caso, se ha dispuesto que el peso
de probar cuánto de los fondos en la cuenta bancaria
pertenece al deudor, recae sobre el embargante. Sin embargo,
la mayoría del Tribunal no acoge esta postura y opta más bien
porque sean los depositarios titulares de la cuenta los que
tengan el peso de probar lo que les pertenece a cada uno de
ellos. La mayoría justifica su opción señalando que dichos
depositarios son quienes están en mejor posición para
establecer cuánto de dicha cuenta bancaria le pertenece a
cada cual.
La postura referida de la mayoría del Tribunal parece
razonable, y lo sería si lo que estuviésemos pautando fuese
un esquema jurídico favorable a acreedores embargantes. Pero
obviamente tal no es nuestra función.
La referida postura de la mayoría sobre quién debe
probar la titularidad de los fondos tiene la dificultad, para
comenzar, que necesariamente involucra en el asunto a una
parte que nada tiene que ver con la relación contractual
entre el acreedor y el deudor disputante. Se pretende obligar CC-2005-573 3
a inmiscuirse en la disputa a un tercero que no le debe nada
a ninguna de las partes, lo que para mí es improcedente.
Más aún, la imposición al deudor del deber de
establecer cuánto le pertenece de los fondos de la cuenta
bancaria embargada por el acreedor es contraria al régimen
procesal que impera en nuestro ordenamiento jurídico conforme
al cual la obligación de presentar evidencia sobre los
elementos esenciales de una reclamación le corresponde al
reclamante. Véase, Regla 10(B) de Evidencia de Puerto Rico,
32 L.P.R.A. Ap. IV R.10. Véase, además, Colón Muñoz v.
Lotería de Puerto Rico, res. el 20 de abril de 2006, 167
D.P.R. ___, 2006 TSPR 65, 2006 JTS 74; Asoc. Auténtica Empl.
v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527, 531 (1981); y
Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo II, Ed. Corripio,
págs. 1094-1095 (1998). En casos como el de autos, un
reclamante interesa cobrar una deuda de un supuesto deudor y
asegurar su reclamación mediante el embargo de unos fondos de
éste. En correcto orden procesal, le corresponde al
reclamante precisar los fondos a embargarse. No puede
pretenderse que se obligue al deudor a identificar para el
reclamante los fondos que éste interesa embargar.
La Regla 56.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto
Rico, que establece los principios generales relativos a
asegurar la efectividad de una sentencia, es la fuente
directa que autoriza el embargo de fondos como los del caso
de autos. Dicha Regla exige que remedios como el del embargo
en cuestión, respondan siempre a los requerimientos de “la CC-2005-573 4
justicia sustancial”, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 56.1. Para mí
es claro que esa alta exigencia se atiende en casos como el
de autos fijándole al embargante la responsabilidad de
identificar concretamente los fondos en cuentas bancarias que
interesa embargar, como se hizo en Esposito v. Palovick, 101
A2d 568 (1953) y en Winchell v. Clayton, 43 A2d 267 (1945).
Como la mayoría del Tribunal opta por otro curso de
acción en cuanto a la cuestión discutida antes, que para mí
no es imparcial u objetivo, yo DISIENTO.
JAIME B. FUSTER BERLINERI JUEZ ASOCIADO