EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Wurster Enterprises, Inc.; Ramón Orta Berríos y otros Apelantes
v. Certiorari
Administración de Reglamentos y 2001 TSPR 96 Permisos - Oficina Regional de Guayama Apelada-Recurrida 154 DPR ____
Santos Rodríguez Concesionario del Permiso
Ramón Orta Berríos; Elba I. Rodríguez Santiago, et al. Peticionarios
Número del Caso: CC-2000-353
Fecha: 29/junio/2001
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Juez Ponente: Hon. Ygrí Rivera de Martínez
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Ramiro Rodríguez Ramos Lcdo. Vicente Díaz Díaz
Abogado de la Parte Apelante: Lcdo. Raúl A. Rovira Burset
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Héctor Febo Serrano
Abogado de Santos Rodríguez: Lcdo. Héctor Crespo Millán
Materia: Revisión Administrativa
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Wurster Enterprises, Inc.; Ramón Orta Berríos; Elba I. Rodríguez Santiago; Fred Bishops Johnson; Juan Lebrón Sánchez; Trinidad de Jesús Morales y Nereida Chico Reyes
Apelantes
vs. CC-2000-353 CERTIORARI
Administración de Reglamentos y Permisos – Oficina Regional de Guayama
Apelada-Recurrida
Santos Rodríguez
Concesionario del Permiso
Ramón Orta Berríos; Elba I. Rodríguez Santiago, et al
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2001
Santos Rodríguez presentó ante la Administración de Reglamentos y Permisos, Oficina
Sub-Regional de Guayama --en adelante ARPE-- una solicitud de anteproyecto para remodelar
una estructura residencial con el fin de habilitarla para operar una cafetería donde
vendería, entre otras cosas, bebidas alcohólicas. En diciembre de 1994, ARPE aprobó el
referido anteproyecto y autorizó, vía excepción, el permiso de uso. Un grupo de “vecinos” del área solicitó reconsideración, la cual, luego de celebrada
una vista administrativa, fue declarada no ha lugar. No obstante, como
resultado del proceso de reconsideración, ARPE enmendó la resolución a los
efectos de imponer ciertas condiciones al permiso concedido.
El 11 de enero de 1996, uno de dichos “vecinos”, Wurster Enterprises,
Inc., apeló ante la Junta de Apelaciones sobre Construcción y Lotificaciones
-–en adelante JACL--. De igual forma, el 26 de enero de ese mismo año, los
señores Ramón Orta Berríos, Elba I. Rodríguez Santiago y Fred Bishops Johnson
acudieron ante dicho foro apelativo. En esa misma fecha, Juan B. Lebrón
Sánchez, Trinidad de Jesús Morales y Nereida Chico Reyes también apelaron;
en adelante nos referiremos a todos ellos como los apelantes. Los tres
recursos fueron consolidados por la JACL mediante orden emitida el 19 de
agosto de 1996. Posteriormente, el señor Santos Rodríguez presentó un
escrito oponiéndose a los señalamientos planteados por los apelantes.
Luego de varios trámites administrativos, la JACL emitió una resolución
confirmando la determinación de ARPE. Inconformes con el resultado, los
apelantes presentaron un recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito
de Apelaciones. El 16 de febrero de 2000, dicho foro judicial dictó sentencia
desestimando el recurso por carecer de jurisdicción, debido a que los
apelantes no incluyeron en el Apéndice de su escrito una copia completa de
la resolución recurrida. El 6 de marzo de 2000, éstos presentaron una
solicitud de reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar.
Así las cosas, el 14 de abril de 2000 los apelantes recurrieron ante
este Tribunal --vía certiorari-- señalando que erró el Tribunal de Circuito
de Apelaciones “al desestimar el recurso de revisión presentado por la parte
apelante-peticionaria por no haber incluido un documento en el apéndice,
a pesar de que el escrito sí fue incluido, sólo que por inadvertencia, se
omitieron fotocopiar e incluir algunas de sus páginas”.
Expedimos el recurso. Estando en condiciones de resolver, procedemos
a así hacerlo.
I El Tribunal de Circuito de Apelaciones conocerá “[m]ediante auto de
revisión, a ser expedido discrecionalmente, de las decisiones, reglamentos,
órdenes y resoluciones de cualquier agencia administrativa”. 4 L.P.R.A. sec.
22k(g). El escrito inicial de revisión deberá ser presentado dentro de los
términos jurisdiccionales dispuestos por la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme. Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Circuito
de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A R. 57.
Al respecto, la Sección 4.2 de dicha legislación establece un término
de 30 días, a partir del archivo en autos de la copia de la notificación
de la orden o resolución final, para solicitar la revisión judicial. 3
L.P.R.A. sec. 2172.
En Martínez Martínez v. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,
res. el 28 de mayo de 1998, 98 TSPR 61, pág. 970, interpretando esta
disposición legal, señalamos que: “[D]e un análisis de sus términos [de la
Sección 4.2], los mismos denotan la intención legislativa de plasmar
indubitadamente el requisito de que los recursos de revisión se perfeccionen
y notifiquen dentro del término de treinta (30) días, siendo éste un
requisito de carácter jurisdiccional”. (Énfasis nuestro.)
La Regla 59 del Tribunal de Circuito de Apelaciones, dispone que toda
solicitud de revisión deberá contener un Apéndice, el cual incluirá, entre
otros documentos, una copia literal de “[l]a orden, resolución o providencia
administrativa cuya revisión se solicita”. 4 L.P.R.A. Ap. XXII, R.
59(E)(1)(c). Debido a que el término para presentar un recurso de revisión
es de carácter jurisdiccional, el Apéndice deberá completarse y radicarse
dentro de dicho término. De lo contrario, el recurso no se habrá
perfeccionado y el tribunal carecerá de jurisdicción para dilucidar los
méritos del mismo. Mfrs. H. Leasing v. Carib. Tubular Corp., 115 D.P.R. 428,
430 (1984). Véase también Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 783 (1976).
En el caso ante nuestra consideración, los apelantes presentaron un
recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. No obstante,
omitieron en el Apéndice del recurso varias páginas de la resolución, cuya
revisión solicitaban ante dicho foro. Específicamente, omitieron las páginas 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de dicha resolución. En otras palabras, omitieron
la mitad de las páginas de que consta la resolución original; páginas sin
las cuales la resolución recurrida resultaba ininteligible.
Los apelantes sostienen que dicha omisión no priva al foro apelativo
intermedio de su jurisdicción pues tenía ante sí la información necesaria
para determinar si el recurso fue presentado dentro del término
jurisdiccional. Además, aduce que dicho foro judicial debió atender el
recurso pues, bajo nuestro sistema de derecho, rige el principio de que los
casos sean resueltos en los méritos. No le asiste razón.
Al omitir las páginas antes señaladas, los apelantes incumplieron con
su obligación de incluir en el Apéndice una copia literal de la resolución
administrativa cuya revisión se solicita. Mas aún --y debido a que la
resolución resultaba, sin las páginas omitidas, ininteligible-- el tribunal
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Wurster Enterprises, Inc.; Ramón Orta Berríos y otros Apelantes
v. Certiorari
Administración de Reglamentos y 2001 TSPR 96 Permisos - Oficina Regional de Guayama Apelada-Recurrida 154 DPR ____
Santos Rodríguez Concesionario del Permiso
Ramón Orta Berríos; Elba I. Rodríguez Santiago, et al. Peticionarios
Número del Caso: CC-2000-353
Fecha: 29/junio/2001
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Juez Ponente: Hon. Ygrí Rivera de Martínez
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Ramiro Rodríguez Ramos Lcdo. Vicente Díaz Díaz
Abogado de la Parte Apelante: Lcdo. Raúl A. Rovira Burset
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Héctor Febo Serrano
Abogado de Santos Rodríguez: Lcdo. Héctor Crespo Millán
Materia: Revisión Administrativa
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Wurster Enterprises, Inc.; Ramón Orta Berríos; Elba I. Rodríguez Santiago; Fred Bishops Johnson; Juan Lebrón Sánchez; Trinidad de Jesús Morales y Nereida Chico Reyes
Apelantes
vs. CC-2000-353 CERTIORARI
Administración de Reglamentos y Permisos – Oficina Regional de Guayama
Apelada-Recurrida
Santos Rodríguez
Concesionario del Permiso
Ramón Orta Berríos; Elba I. Rodríguez Santiago, et al
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2001
Santos Rodríguez presentó ante la Administración de Reglamentos y Permisos, Oficina
Sub-Regional de Guayama --en adelante ARPE-- una solicitud de anteproyecto para remodelar
una estructura residencial con el fin de habilitarla para operar una cafetería donde
vendería, entre otras cosas, bebidas alcohólicas. En diciembre de 1994, ARPE aprobó el
referido anteproyecto y autorizó, vía excepción, el permiso de uso. Un grupo de “vecinos” del área solicitó reconsideración, la cual, luego de celebrada
una vista administrativa, fue declarada no ha lugar. No obstante, como
resultado del proceso de reconsideración, ARPE enmendó la resolución a los
efectos de imponer ciertas condiciones al permiso concedido.
El 11 de enero de 1996, uno de dichos “vecinos”, Wurster Enterprises,
Inc., apeló ante la Junta de Apelaciones sobre Construcción y Lotificaciones
-–en adelante JACL--. De igual forma, el 26 de enero de ese mismo año, los
señores Ramón Orta Berríos, Elba I. Rodríguez Santiago y Fred Bishops Johnson
acudieron ante dicho foro apelativo. En esa misma fecha, Juan B. Lebrón
Sánchez, Trinidad de Jesús Morales y Nereida Chico Reyes también apelaron;
en adelante nos referiremos a todos ellos como los apelantes. Los tres
recursos fueron consolidados por la JACL mediante orden emitida el 19 de
agosto de 1996. Posteriormente, el señor Santos Rodríguez presentó un
escrito oponiéndose a los señalamientos planteados por los apelantes.
Luego de varios trámites administrativos, la JACL emitió una resolución
confirmando la determinación de ARPE. Inconformes con el resultado, los
apelantes presentaron un recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito
de Apelaciones. El 16 de febrero de 2000, dicho foro judicial dictó sentencia
desestimando el recurso por carecer de jurisdicción, debido a que los
apelantes no incluyeron en el Apéndice de su escrito una copia completa de
la resolución recurrida. El 6 de marzo de 2000, éstos presentaron una
solicitud de reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar.
Así las cosas, el 14 de abril de 2000 los apelantes recurrieron ante
este Tribunal --vía certiorari-- señalando que erró el Tribunal de Circuito
de Apelaciones “al desestimar el recurso de revisión presentado por la parte
apelante-peticionaria por no haber incluido un documento en el apéndice,
a pesar de que el escrito sí fue incluido, sólo que por inadvertencia, se
omitieron fotocopiar e incluir algunas de sus páginas”.
Expedimos el recurso. Estando en condiciones de resolver, procedemos
a así hacerlo.
I El Tribunal de Circuito de Apelaciones conocerá “[m]ediante auto de
revisión, a ser expedido discrecionalmente, de las decisiones, reglamentos,
órdenes y resoluciones de cualquier agencia administrativa”. 4 L.P.R.A. sec.
22k(g). El escrito inicial de revisión deberá ser presentado dentro de los
términos jurisdiccionales dispuestos por la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme. Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Circuito
de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A R. 57.
Al respecto, la Sección 4.2 de dicha legislación establece un término
de 30 días, a partir del archivo en autos de la copia de la notificación
de la orden o resolución final, para solicitar la revisión judicial. 3
L.P.R.A. sec. 2172.
En Martínez Martínez v. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,
res. el 28 de mayo de 1998, 98 TSPR 61, pág. 970, interpretando esta
disposición legal, señalamos que: “[D]e un análisis de sus términos [de la
Sección 4.2], los mismos denotan la intención legislativa de plasmar
indubitadamente el requisito de que los recursos de revisión se perfeccionen
y notifiquen dentro del término de treinta (30) días, siendo éste un
requisito de carácter jurisdiccional”. (Énfasis nuestro.)
La Regla 59 del Tribunal de Circuito de Apelaciones, dispone que toda
solicitud de revisión deberá contener un Apéndice, el cual incluirá, entre
otros documentos, una copia literal de “[l]a orden, resolución o providencia
administrativa cuya revisión se solicita”. 4 L.P.R.A. Ap. XXII, R.
59(E)(1)(c). Debido a que el término para presentar un recurso de revisión
es de carácter jurisdiccional, el Apéndice deberá completarse y radicarse
dentro de dicho término. De lo contrario, el recurso no se habrá
perfeccionado y el tribunal carecerá de jurisdicción para dilucidar los
méritos del mismo. Mfrs. H. Leasing v. Carib. Tubular Corp., 115 D.P.R. 428,
430 (1984). Véase también Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 783 (1976).
En el caso ante nuestra consideración, los apelantes presentaron un
recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. No obstante,
omitieron en el Apéndice del recurso varias páginas de la resolución, cuya
revisión solicitaban ante dicho foro. Específicamente, omitieron las páginas 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de dicha resolución. En otras palabras, omitieron
la mitad de las páginas de que consta la resolución original; páginas sin
las cuales la resolución recurrida resultaba ininteligible.
Los apelantes sostienen que dicha omisión no priva al foro apelativo
intermedio de su jurisdicción pues tenía ante sí la información necesaria
para determinar si el recurso fue presentado dentro del término
jurisdiccional. Además, aduce que dicho foro judicial debió atender el
recurso pues, bajo nuestro sistema de derecho, rige el principio de que los
casos sean resueltos en los méritos. No le asiste razón.
Al omitir las páginas antes señaladas, los apelantes incumplieron con
su obligación de incluir en el Apéndice una copia literal de la resolución
administrativa cuya revisión se solicita. Mas aún --y debido a que la
resolución resultaba, sin las páginas omitidas, ininteligible-- el tribunal
intermedio apelativo estaba impedido de considerar la corrección, o no, de
los planteamientos de la parte peticionaria. Debido a ello, forzoso resulta
concluir que no se perfeccionó el recurso dentro del término jurisdiccional
provisto por la ley. 1 En consecuencia, y por tratarse de un término
jurisdiccional y no uno de cumplimiento estricto, el foro apelativo
intermedio carecía de discreción para excusar a los apelantes de dicho
incumplimiento.2
1 Los requisitos reglamentarios establecidos sobre el Apéndice, son de igual naturaleza que los términos establecidos por la ley. Esto es, en el caso de un recurso de revisión, ambos son de naturaleza jurisdiccional. Por lo tanto, no podemos ofrecer un trato distinto a aquella parte que omite la mitad de las páginas de la resolución de la cual se recurre, de aquella otra que presenta su recurso un día siguiente a la fecha en que transcurrió el término jurisdiccional. Tal inconsistencia no se justifica ante unos requisitos de naturaleza jurisdiccional, pues aquella parte que incumple con el término podría tener razones de mayor peso para haber presentado su escrito fuera del término jurisdiccional. 2 Un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable, por lo que no puede ser extendido. Jorge E. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., res. el 12 de mayo de 2000, 2000 TSPR 73. Por el contrario, los términos de cumplimiento estricto pueden ser prorrogados si se demuestra justa causa. Rojas Lugo v. Axtmayer Enterprises, Inc., res. el 21 de marzo de 2000, 2000 TSPR 46. Sobre este particular, en Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, res. el 18 de marzo de 1998, 98 JTS 28, pág. 688, expresamos: Por los fundamentos que anteceden, procede dictar Sentencia
confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones,
declarándose sin jurisdicción para atender el recurso de revisión presentado
por los apelantes.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón emitió Opinión
Disidente a la cual se unen el Juez Presidente señor Andréu García y el Juez
Asociado señor Fuster Berlingeri.
Isabel Llompart Zeno Secretaria del Tribunal Supremo
“Hemos señalado que existe una ‘diferencia conceptual con efectos jurídicos distintos entre lo que es ‘requisito de cumplimiento estricto’ y ‘requisito jurisdiccional’’. Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 (1977). Hemos indicado que cuando se trata de un término de cumplimiento estricto, el foro judicial queda liberado del automatismo que conlleva el requisito jurisdiccional y puede ‘proveer justicia según lo ameriten las circunstancias’. Id, a la pág. 360. Más concretamente, hemos resuelto que cuando un término es de cumplimiento estricto, su observancia tardía ‘es permisible de existir y demostrarse a cabalidad una justa causa’ para no cumplir rigurosamente con el término en cuestión. (Enfasis suplido). González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48 (1989).” EN El TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Wurster Enterprises, Inc.; Ramón Orta Berríos; Elba I. Rodríguez Santiago; Fred Bishops Johnson; Juan Lebrón Sánchez; Trinidad de Jesús Morales y Nereida Chico Reyes
v. CC-2000-353
Administración de Reglamentos y Permisos-Oficina Regional de Guayama
Apelada recurrida
Ramón Orta Berríos Elba I. Rodríguez Santiago, et al
Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora Naveira de Rodón a la cual se une el Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri.
San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2001
Disentimos de la sentencia que hoy emite este Tribunal por entender que las rígidas
interpretaciones que la mayoría hace de las normas procesales revierten nuestro sistema
judicial a la desafortunada época del rigor procesal. Es como si regresáramos a la rigidez
técnica que imperaba bajo el sistema de alegaciones del derecho común, “common law
pleading”. Ésta fue una época muy desgraciada para los sistemas judiciales en la cual el
derecho procesal parecía haber adquirido vida propia en vez de servir como un instrumento
para viabilizar la consecución del derecho sustantivo.
Sin embargo, gracias a las severas críticas y esfuerzos de los eruditos en esta
materia, los tiempos donde imperaba el tecnicismo procesal que se sobreponía a la solución
de los casos en los méritos fueron superados, tanto por nuestro sistema judicial como por
el sistema federal y la mayor parte de los sistemas estatales. Así pues, desde 1948, este
Tribunal descartó esta normativa procesal expresando lo siguiente: “ya es tiempo de que
los litigantes se den cuenta de que este Tribunal hará todo lo que esté a su alcance para
que los casos sean resueltos en sus méritos y no por sutilezas legales de alegaciones y
procedimientos.” (Citas omitidas y énfasis suplido.) Serra v. Autoridad de Trasporte,
68 D.P.R. 626, 629 (1948). Véase, además, Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 564
(1959), un caso sobre reclamaciones de salarios donde este Tribunal, con relación a las
Reglas Procesales, expresó que la solución más justa en la resolución de un caso era “reconocer y aplicar, con mano firme y diestra, la amplia discreción que las reglas
procesales conceden a los tribunales de instancia....”
De otra parte y citado con aprobación en Pérez Cruz v. Fernández, 101 D.P.R. 365,
373 (1973), los conocidos comentaristas de las Reglas Federales de Procedimiento Civil,
Wright and Miller, al refererirse a la Regla 36, correspondiente a la 33 nuestra
(Requerimiento de Admisiones) rompiendo con el tradicional esquema rígido de la
interpretación de las reglas procesales y apoyados en la jurisprudencia federal y estatal
expresaron que “en relación a esta regla, al igual que con las demás, no se permitirá que
prevalezcan consideraciones técnicas en detrimento de la justicia sustancial, y por tanto
la regla debe ser interpretada en forma liberal.” Wright & Miller, Federal Practice and
Procedure: Civil Sec. 2252, pág. 523-524.3
En cuanto al proceso de revisión de los recursos en alzada, el procedimiento está
compuestos de dos etapas: la primera comprende la expedición o aceptación del recurso, según
fuere el caso, y la segunda su solución en los méritos. Entendemos que para evaluar la
procedencia de la primera etapa no tenemos que tener ante nosotros todos los documentos
que son necesarios para resolver el recursos en los méritos. En cuanto a los recursos
discrecionales, basta con tener ante nuestra consideración aquellos documentos que nos
permiten determinar si deberíamos o no expedir el recurso a tenor con las disposiciones
jurisdiccionales y las Reglas 40 y 66 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones,
4 L.P.R.A. Ap. XXII-A y la Regla 30 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap.
XXI-A según fuere el caso. De estar ante una apelación, debemos contar con aquellos
documentos que nos permitan determinar si el recurso cumple con los requisitos para así
considerarla. Una vez se expide el recurso o se le da curso a la apelación, el Tribunal
de Primera Instancia o el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante, Tribunal de
Circuito), según fuere el caso, elevará los autos y con éstos el foro apelativo procederá
a resolver el recurso en los méritos.
La mayoría de este Tribunal, al determinar que la fecha jurisdiccional de presentación
de un recurso impide que su apéndice pueda ser corregido con diligencia y prontitud, está
efectivamente ignorando que el proceso apelativo comprende dos fases claramente
distinguibles y está obstaculizando el que el foro judicial, en esta ocasión el Tribunal
de Circuito, pueda cumplir con su función de resolver los casos en los méritos. Esto, a
pesar de que, reiteradamente hemos expresado que somos partícipes de la política judicial
de que los casos se ventilen en los méritos. Echevarría Jiménez v. Sucn.Pérez Meri, 123
D.P.R. 664, 673 (1989); Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 D.P.R. 817, 822-823 (1980);
Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305, 307-308 (1976); Acevedo v. Compañía
3 El texto en inglés dispone: “[W]ith this rule as with the others technical considerations will not be allowed to prevail to the detriment of substantial justice, and the rule is to be liberally construed.” Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974); Ramírez de Arellano v. Srio de Hacienda,
85 D.P.R. 823, 829 (1962).
Tal parece que este Tribunal se ha olvidado que la desestimación de un recurso
presentado oportunamente no se justifica cuando los documentos omitidos en el apéndice
pueden ser sustituidos o presentados con facilidad y prontitud, y en ocasiones no son
necesarios para determinar si la procedencia de la primera etapa del proceso apelativo,
o sea, si el recurso debe ser expedido o si se debe dar curso a una apelación, según fuere
el caso.
Resulta, pues, difícil de entender que, amparándose en una aplicación inflexible e
indiscriminada de las reglas procesales, este Tribunal anule la intención legislativa
claramente plasmada en el Plan de Reorganización de la Rama Judicial Núm. 1 de 28 de julio
de 1994, conocido como la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, 4 L.P.R.A. sec. 22
et seq., de que toda decisión de los foros de instancia pueda ser revisada por un tribunal
colegiado. Véase, Soc. de Gananciales v. García Robles, 142 D.P.R. 241, 252 (1997).
Consideramos que si un caso, en esta ocasión un recurso de revisión, fue presentado
dentro del término jurisdiccional, no debería existir impedimento jurisdiccional alguno
para que el apelante o peticionario no pueda corregir, con diligencia, cualquier error u
omisión, en esta ocasión con respecto al apéndice, especialmente cuando la solución del
recurso no se dilatará ni las partes se perjudicarán. Después de todo, ha sido nuestra
interpretación restrictiva de las normas procesales lo que le ha dado carácter
jurisdiccional a estas correcciones. Entendemos que si interpretamos de forma flexible
el proceso apelativo, determinando que se cumple con el requisito jurisdiccional cuando
se presenta el recurso dentro del término establecido por ley, y que cualesquiera corrección
u omisión involuntaria que sea corregida o suplida con diligencia no afecta la jurisdicción
del Tribunal, propiciaríamos el que la Rama Judicial cumpla cabalmente con su deber de
resolver los casos en los méritos eliminando obstáculos técnicos innecesarios que nada
aportan a la consecución de la justicia.
No nos cabe duda que un sistema judicial que resuelve los casos en los méritos valida
su razón de ser de mantener un orden jurídico íntegro y eficaz y gana el respeto y la confianza
del país en las instituciones judiciales. De otra parte, el que un tribunal rehuse entender
en un caso por un tecnicismo procesal de fácil corrección, resulta difícil, sino imposible
de explicar y justificar, especialmente al ciudadano que ha recurrido al foro judicial en
busca de justicia. De esta forma se socava la confianza del Pueblo en las instituciones
que son llamadas a resolver de forma pacífica las controversias y conflictos.
Miriam Naveira de Rodón Juez Asociada