EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Marisol Santiago Texidor Carlos Maisonet Correa Certiorari Peticionarios 2012 TSPR 187 v. 187 DPR ____ Carlos Maisonet Correa Recurridos
Número del Caso: AC-2010-105
Fecha: 12 de diciembre de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Guayama, Panel XI
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Rosa Ward Cid
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Zoraida Lanausse
Materia: Divorcio
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Marisol Santiago Texidor Carlos Maisonet Correa Certiorari Peticionarios
v. AC-2010-0105
Carlos Maisonet Correa Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera García.
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de
2012.
El peticionario Carlos Maisonet Correa (señor
Maisonet o padre no custodio), quien aceptó
capacidad económica para pagar la pensión de sus
hijos, nos solicita que determinemos la forma
correcta de adjudicar la aportación económica que
le correspondería asumir a la persona custodia en
estos casos. El recurso que hoy atendemos nos
brinda la oportunidad de aclarar ciertos vacíos
normativos que surgieron a raíz de la norma
jurisprudencial que postula que los alimentantes
que aceptan capacidad económica no están obligados AC-2010-0105 2
a descubrir su información económica. Así también, nos
expresamos en torno a la jurisdicción del Tribunal de
Primera Instancia para imponer una pensión en casos en que
al momento en que se celebra la vista evidenciaria para
ello, el menor ya ha alcanzado la mayoría de edad, pero
continúa cursando estudios universitarios y no ha
presentado una petición de alimentos a nombre propio.
I
Los hechos de este caso son sencillos y sobre los
mismos no existe controversia.
La Sra. Marisol Santiago Texidor (madre custodia o
señora Santiago) y el señor Maisonet –divorciados en el
1994- procrearon dos hijos quienes al momento de los
hechos que originaron este pleito vivían bajo la custodia
de la señora Santiago. Como parte de su obligación
alimentaria, el señor Maisonet estuvo pagando una pensión
de $1,200.00 mensuales a favor de los menores.1
Tiempo después, en el 2006, la señora Santiago en
representación de sus hijos presentó ante el Tribunal de
Primera Instancia (TPI) una moción sobre revisión de
pensión alimentaria. Allí detalló que estos habían
comenzado estudios universitarios por lo que entendía que
se debía modificar la pensión a la luz de sus nuevas
necesidades. Durante ese trámite, también peticionó una
orden para que el patrono del señor Maisonet proveyera
1 Esta pensión surge de la Resolución que decreta el divorcio por consentimiento mutuo. Véase, Apéndice de la petición de certiorari, pág. 96. AC-2010-0105 3
cierta información relacionada a los ingresos que este
último devengaba. Así las cosas, más adelante, el señor
Maisonet aceptó tener capacidad económica para satisfacer
la pensión alimentaria que en su día otorgara el tribunal.
Luego de varios trámites procesales, se señaló la
vista evidenciaria ante la Examinadora de Pensiones
Alimentarias (EPA). Cabe mencionar, que si bien al
momento en que la señora Santiago sometió la petición de
modificación de alimentos ambos hijos eran menores de
edad, al celebrarse la vista, la hija mayor de las partes
había cumplido 21 años. Este hecho quedó consignado en el
informe que posteriormente rindió la EPA.
En esa audiencia, la señora Santiago reportó que
devengaba un sueldo bruto de $9,939 y uno neto de
$5,271.00 mensuales. Además, informó que incurría en los
siguientes gastos para atender las necesidades de los
menores: $985 mensuales por concepto de vivienda;
$6,226.00 anuales por concepto de matrícula para
educación; $929 para el pago de un apartamento que compró
para que se hospedaran sus hijos por motivo de estudios;
$130.00 correspondientes al pago de agua y luz para ese
hospedaje; $50.00 para una compra semanal para el
hospedaje y $1,208.00 por concepto de gastos de
transportación.
Evaluada la prueba, la EPA emitió su informe
sugiriendo una pensión de $3,741 mensuales, recomendación
que posteriormente fue acogida por el TPI. De dicha AC-2010-0105 4
decisión el alimentante solicitó que se determinaran
hechos adicionales, entre estos, que no se consideró el
ingreso de la señora Santiago al momento de calcular la
pensión alimentaria y arguyó que se le impuso el pago del
100% de los gastos de sus hijos.
Atendidos los planteamientos enunciados, la EPA
emitió un segundo informe en el que formuló, en lo
pertinente, los siguientes hechos:
1. En cuanto a no considerar el ingreso de la madre no custodio, Véase Chévere v. Levis.
2. De los gastos básicos solo se le imputó la participación de los menores, en la suplementaria se imputó la totalidad. El padre asumió capacidad.
3. Los menores viven con su madre y se hospedan por razón de estudios en el área metropolitana.
Por consiguiente, la cantidad de pensión que se le
ordenó pagar al alimentante permaneció inalterada.
Nuevamente, el TPI hizo suyas esas recomendaciones.
Inconforme, el señor Maisonet acudió al Tribunal de
Apelaciones alegando que el TPI había errado al negarse a
considerar los ingresos de la madre custodia sin imponerle
a esta una participación monetaria en la obligación de
alimentar a los hijos. También, apuntó que incidió al
adjudicar la pensión a favor de la hija mayor a pesar de
que esta había advenido a la mayoría de edad al momento en
que se celebró la vista ante la EPA.
Atendido el recurso, el foro intermedio resolvió que
el primer señalamiento era inmeritorio por cuanto el AC-2010-0105 5
alimentante no había establecido en su recurso de
apelación cuáles eran los gastos totales de los menores,
esto, de manera que se pudiera entonces evaluar qué
proporción de esos gastos representaba la pensión que se
le fijó. Añadió que
[i]ndependientemente de ello, hay gastos que no forman parte de las determinaciones de hechos efectuadas por el TPI y que por lo tanto no serán sufragadas por el Apelante. De forma principal podemos mencionar, entre otros, gastos en la residencia principal por concepto de agua, luz, mantenimiento, teléfono, contribuciones sobre la propiedad y alimentos. En relación directa a los menores, los gastos de alimentos fuera del hogar, ropa, teléfono, internet, entretenimiento, visitas medicas, medicinas, libros, materiales de estudio, gasolina, mantenimiento de auto, barbería, salón de belleza, estacionamiento, actividades extracurriculares. En ausencia del contexto total de los gastos de los menores, no podemos asumir, que la pensión fijada al Apelante cubre todos sus gastos y por lo tanto la Apelada no aporte nada. (Énfasis en el original)
En cuanto al asunto de la falta de jurisdicción del
TPI, el Tribunal de Apelaciones indicó que al momento de
celebrarse la vista ambos hijos eran menores. Por ello,
adujo que el foro primario tenía la obligación de
establecer una pensión para ellos, correspondiéndole
entonces al alimentante solicitar una modificación de
pensión a esos efectos.
Inconforme con ese proceder, acude ante nos el señor
Maisonet señalándonos que:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la decisión del Tribunal de Primera Instancia de negarse a considerar los ingresos de la madre custodia y no imponerle a esta una participación monetaria en la obligación de alimentar a los menores, contrario a lo resuelto en la mayoría de los paneles de ese tribunal. AC-2010-0105 6
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la decisión del Tribunal de Primera Instancia de establecer una pensión alimentaria para la hija mayor de las partes, a pesar de carecer ya para ese momento, de jurisdicción sobre la materia en cuanto a esta hija.
Acogido el recurso como uno de certiorari, lo expedimos,
en reconsideración.
II
La controversia traída ante nosotros requiere que
pasemos juicio sobre elementos esenciales del derecho de
alimentos en Puerto Rico. Como sabemos, los casos
relacionados con alimentos están revestidos del más alto
interés público, siendo su interés principal el bienestar
del menor. Véanse, Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176
D.P.R. 528 (2009); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62,
70 (2001). Esto es así, puesto que forma parte de la
política pública del gobierno de Puerto Rico que los
padres o las personas legalmente responsables contribuyan
a la manutención y al bienestar de sus hijos menores
dependientes. Véase Art. 3 de la Ley Orgánica de la
Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de
30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 L.P.R.A. sec.
502, et seq., (Ley Núm. 5). Cabe mencionar que esa
política es de raigambre constitucional y se desprende del
derecho a la vida consagrado en la Carta de Derechos de la
Constitución de Puerto Rico.2 Véanse, Toro Sotomayor v.
Colón Cruz, supra; Argüello v. Argüello, supra; Chévere v.
2 Art. 2, Sec. 10., Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1. AC-2010-0105 7
Levis, 150 D.P.R. 525 (2000); Rodríguez Avilés v.
Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616, 621 (1986). Pasemos,
pues, a revisar las disposiciones de nuestra legislación
civil que atienden esta materia.
En primer lugar, el Art. 142 del Código Civil de
Puerto Rico define alimentos como todo lo indispensable
para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica,
según la posición social de la familia. 31 L.P.R.A. sec.
561. Ese término también comprende la educación e
instrucción del alimentista, cuando este es menor de edad.
Id. Por vía jurisprudencial extrapolamos esta norma
resolviendo que el proseguir los estudios universitarios o
vocacionales que se comenzaron durante la minoridad
también forma parte de las necesidades alimentarias de un
hijo, aun cuando este ya alcanzó la mayoridad. Véase, Key
Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985).
Es de conocimiento que nuestro Código Civil
proporciona dos artículos que señalan quiénes son las
personas llamadas a alimentar a los hijos. Uno de estos
es el Art. 153 que discute las facultades y deberes de los
padres con respecto a sus hijos por razón de la patria
potestad. 31 L.P.R.A. sec. 601. Acorde a esta
disposición, las madres y los padres tienen el deber de
alimentar a sus hijos no emancipados, tenerlos en su
compañía y educarlos con arreglo a su fortuna. Id. Por
otro lado, el Art. 143 regula lo relacionado a los
alimentos entre parientes. Allí se dispone que están AC-2010-0105 8
obligados a darse alimentos recíprocamente, entre otros,
los ascendientes y descendientes. 31 L.P.R.A. sec. 562.
Ahora bien, es importante recalcar que el deber de
alimentar a los hijos cuando estos son menores de edad no
está subordinado a uno u otro artículo del Código Civil
sino a la relación paterno filial legalmente establecida.
Chévere v. Levis, supra, pág. 539. Así lo explicamos en
el caso precitado al señalar que
[i]ndependientemente de lo expresado a través de nuestra jurisprudencia en torno a las fuentes de las cuales emana la obligación de alimentar, la obligación de alimentar a los hijos menores es resultado de la relación paterno-filial y surge desde el momento en que la paternidad o maternidad quedan establecidos legalmente. Esto quiere decir que el padre y la madre legalmente establecidos como tales, tengan o no la patria potestad o vivan o no en compañía de sus hijos menores, están obligados a velar por éstos y a proveerles alimento. El derecho de los menores a reclamar alimento, la obligación de los padres de proveerlos y la interpretación de los tribunales para concederlos deben estar enmarcados en la relación paterno-filial legalmente establecida; no supeditada a uno u otro artículo del Código Civil. Claro está, la cuantía de pensión alimentaria se fijará tomando en consideración, no sólo la necesidad de los hijos menores sino también la condición socio económica del padre alimentante.
Así, pues, el deber de alimentar, educar y criar a los hijos menores es como resultado de ser padre o madre, y existe con todos los efectos patrimoniales, jurídicos y morales desde el momento en que nace el hijo, irrespectivamente de las circunstancias de su nacimiento. (Énfasis en el original)(Citas internas omitidas) Id.
Expuesto lo anterior, procede que discutamos las
normas que guían la forma en que los obligados a alimentar
deben cumplir su cometido. Según nos ilustra el Art. 146 AC-2010-0105 9
de nuestro Código Civil, la pensión alimentaria que se
otorgue será proporcional a los recursos del que los da y
a las necesidades del que los recibe. 31 L.P.R.A. sec.
565. Véase también, Llorens Becerra v. Mora Monteserín,
178 D.P.R. 1003, 1016 (2010). En ese mismo caso
reiteramos que la determinación de la cuantía de alimentos
corresponde al prudente arbitrio del juzgador, quien debe
velar por que la cuantía que se establezca cumpla con el
principio de proporcionalidad. Id. Véase también,
Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4, 14 (1983). Por lo
tanto, es claro que la obligación alimentaria recae en
ambos progenitores, quedando así obligados a contribuir de
acuerdo a su fortuna a la manutención de sus hijos. En
otras palabras, “la obligación es indivisible y aplica
tanto al padre como a la madre”. López v. Rodríguez, 121
D.P.R. 23, 29 (1988). Por tanto, una vez disuelto el
vínculo matrimonial, se distribuye entre los padres el
pago de una pensión en cantidad proporcional a su
respectivo caudal. Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra,
pág. 535. En ese último caso, también hicimos la salvedad
que años atrás ya habíamos hecho en Mundo v. Cervoni,3 en
cuanto a que la labor que un progenitor realiza en el
hogar cuando administra la pensión que el alimentante
aporta se considera como un descargo de su propia
obligación de alimentar. Toro Sotomayor v. Colón Cruz,
supra, pág. 535.
3 115 D.P.R. 422 (1984) AC-2010-0105 10
Como parte del esquema dirigido a uniformar ese
principio de proporcionalidad, se aprobó en Puerto Rico la
Ley Núm. 5, supra. Esta es la legislación especial que
viabiliza la política pública del Estado procurando que
las personas legalmente responsables contribuyan, en la
medida en que sus recursos lo permitan, a la manutención y
bienestar de sus hijos o dependientes. El legislador
manifestó que en muchas ocasiones “el alimentante
incumplidor tiene la capacidad económica para satisfacer
su obligación”. 8 L.P.R.A. sec. 502. Según explicaremos
más adelante, en Chevere v. Levis, supra, pág. 543,
mencionamos que por esa razón ciertos preceptos de la Ley
Num. 5 se dirigen más bien a aquellas personas que tienen
la obligación de alimentar, pero que a pesar de ello se
niegan a cumplir con su responsabilidad.
Con el propósito de fortalecer los sistemas
judiciales para la agilización de los procedimientos de
reclamación de alimentos, esa pieza legislativa ordenó que
se prepararan y adoptaran unas guías que ayudaran a
determinar y modificar las pensiones alimentarias de
manera uniforme en conformidad con las facilidades
económicas de cada progenitor y las necesidades y
aptitudes educacionales del alimentista. 8 L.P.R.A. sec.
518. Ese mandato surge como consecuencia del “Family
Support Act” de 19884 promulgada por el Congreso de Estados
Unidos requiriéndole a todos los estados implantar guías
4 Pub. L. No. 100-485, 102 Stat. 2343, 42 U.S.C. sec. 667 (a). AC-2010-0105 11
mínimas específicas para determinar la pensión
alimentaria. S.E. Torres Peralta, El derecho alimentario
en Puerto Rico, Ed. rev. 2007, Publicaciones STP Inc.,
T.1, pág. 4.03. El requerimiento de esa reglamentación
tuvo el propósito de hacer más consistentes las pensiones
que se otorgaban, creando así, un sistema justo. L.
Raatjes, High-Income Child Support Guidelines: Harmonizing
the need for Limits with the best interest of the child.
86 Chi-Kent L. Rev., 324 (2011). A pesar de que los
estados utilizaron modelos económicos diferentes para
confeccionar sus guías, estas tendieron a ofrecer
pensiones más uniformes que las que se adjudicaron previo
a la existencia de estas. Id. De esa forma, se pusieron
en vigor en Puerto Rico las “Guías para determinar y
modificar las pensiones alimentarias en Puerto Rico”5 (las
Guías) uniformando y facilitando el cálculo de las
pensiones para menores a base de criterios y números
descriptivos. 8 L.P.R.A. sec. 518. Dentro del proceso
evaluativo de las Guías, se toma en consideración el
ingreso de ambos padres puesto que cada uno tiene la
obligación legal de aportar para la manutención de sus
hijos. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág.
1018. Exploremos brevemente los mecanismos dispuestos en
esta reglamentación.
5 Guías para determinar y modificar las pensiones alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 7135, Departamento de Familia Administración para el Sustento de Menores, 24 de abril de 2006. AC-2010-0105 12
Las Guías proveen para el cálculo de dos tipos de
pensiones alimentarias: la básica y la suplementaria. En
el Artículo 4 (27) de las Guías la primera se define como
la participación del ingreso neto de la persona no
custodia que se dedica al pago de los gastos mínimos en
que se incurre para la crianza del alimentista. Estos
gastos incluyen aquellos por concepto de alimentación,
utilidades, transportación, entretenimiento y vestimenta,
excepto gastos de uniforme. Para arribar a ese cálculo,
el Art. 7 de ese reglamento alude a la “tasa”, que es la
“[p]roporción por la cual se multiplica el ingreso neto de
la persona no custodia para obtener la pensión alimentaria
básica que esta deberá pagar”. Por su parte, los gastos
suplementarios son aquellos que “tanto la persona no
custodia como la persona custodia deben sufragar para
satisfacer las necesidades del/la alimentista que no se
contemplan en la pensión alimentaria básica”. Art. 4 (14)
de las Guías. Entre estos figuran los gastos de educación
y vivienda. Así entonces, por definición, la pensión
alimentaria suplementaria es la “[p]roporción del ingreso
neto que la persona no custodia debe destinar para pagar
la parte que le corresponde por concepto de gastos
suplementarios”. Artículo 4 (30) de las Guías.
Todo lo mencionado anteriormente cumple la función de
establecer de manera proporcional la aportación monetaria
que cada padre debe asumir para suplir las necesidades de
sus hijos menores de edad. Para ello, es indispensable un AC-2010-0105 13
descubrimiento de prueba amplio y compulsorio tendente a
descubrir la situación económica tanto de la parte
alimentante como del alimentista. Art. 16 de la Ley Núm.
5, 8 L.P.R.A. sec. 515. Ahora bien, a partir de Chévere v.
Levis, supra, pautamos una norma que cambió el cómputo de
las pensiones alimentarias en algunos casos particulares.
Veamos.
En Chévere v. Levis, supra, el alimentante solicitó
una orden protectora luego de que se le cursara un
requerimiento de información para que descubriera su
capacidad económica y estilo de vida a fin de fijar la
pensión alimentaria que debía pagar. Hizo lo anterior,
toda vez que entendía que ello era improcedente, ya que
había admitido poseer la capacidad económica suficiente
para satisfacer el pago de la pensión que en su día se
impusiera. Pronunciamos en ese caso que es precisamente
la negativa a cumplir con la obligación a alimentar lo que
activa el descubrimiento de prueba relacionado a los
ingresos para determinar la suficiencia de pago del
alimentante. Id, pág. 543. Consecuentemente, dijimos que
…cuando un padre alimentante acepta que posee suficientes ingresos para pagar la pensión alimentaria que en derecho proceda a favor de sus hijos, promueve con acierto, el interés público del bienestar de los menores y agiliza los procedimientos en cuanto a la otorgación de pensiones alimentarias. Por consiguiente, cuando el padre alimentante acepta capacidad económica, se hace innecesario el descubrimiento de prueba, según dispuesto por ley. (Énfasis en el original.) Id., pág. 544. AC-2010-0105 14
Al ser así, resolvimos que quedaría pendiente
únicamente determinar las necesidades económicas del
alimentista, para fijar la pensión alimentaria que le
correspondería pagar a quien aceptó la capacidad
económica.
[A]ceptada la capacidad económica del padre, sólo resta que el tribunal determine la suma justa y razonable en concepto de pensión alimentaria para los menores con relación a sus necesidades y la situación económica de la madre. Esto, sin embargo, no exime al señor Levis de descubrir cualquier prueba que sea necesaria para que el tribunal pueda cumplir con su deber de fijar la pensión alimentaria que proceda de acuerdo con las necesidades particulares de los menores en este caso y conforme a la particular condición socioeconómica del padre. (Énfasis nuestro) Id.
Conforme a esa norma, dictaminamos que en estos casos
el alimentante no podrá impugnar la pensión que se
estableció conforme a las necesidades de los alimentistas
alegando que no tiene capacidad económica para pagarla.
Téngase presente que esa prohibición no se refiere a
impugnar la cuantía de la pensión por esta resultar
contraria a la prueba o ser una irrazonable a la luz de
las necesidades de los menores.
Poco tiempo después resolvimos Chévere Mouriño v.
Levis Goldstein, 152 D.P.R. 492 (2000), secuela del caso
anterior. Allí nos enfrentamos a la controversia de dictar
cuáles eran las necesidades de los menores cuando el padre
alimentante había aceptado capacidad económica para pagar
la pensión que correspondiera. Así, pronunciamos que en
esos casos la pensión alimentaria se fijará acorde a los AC-2010-0105 15
preceptos del Código Civil contenidos en los Arts. 153,
146 y 142 y tomando en consideración la condición
económica y el estilo de vida del alimentante en unión a
las necesidades de los alimentistas, incluyendo en estas
el estilo de vida al cual fueron acostumbrados. Id., pág.
505. Indicamos que para adjudicar esto, un tribunal no
necesita sopesar evidencia directa sobre los gastos e
ingresos, sino que puede valerse de evidencia
circunstancial atinente al estilo de vida al que tiene
derecho el menor conforme al estilo de vida que mantiene
el alimentante. Id.
Algunos años después, esta normativa referente al
estilo de vida del alimentante trajo la polémica que se
suscitó en Ferrer v. González, 162 D.P.R. 172 (2004).
Allí resolvimos que no procedía descubrir prueba sobre la
condición económica de un alimentante que aceptó capacidad
económica para determinar cuál era su estilo de vida y así
poder determinar los gastos razonables de los menores.
Además, mencionamos que en estos casos “sólo restaría
determinar las necesidades del menor y la capacidad
económica de la madre para fijar la cuantía a la que se
está obligado a pagar en concepto de alimentos”. Id.,
pág. 181.
III
Expuesto el marco doctrinal que precede, pasemos a
examinar el primer error señalado en el recurso de
epígrafe. AC-2010-0105 16
En este caso, el señor Maisonet aceptó tener
capacidad económica para pagar la pensión de sus hijos.
Sin embargo, luego que se adjudicó la cantidad que le
correspondía pagar, alegó que la madre debía asumir el
pago de una parte de la misma. En otras palabras, nos
solicita que justipreciemos cuál es la proporción con la
cual debe contribuir la persona custodia en la pensión
que se determinó a base de las necesidades razonables de
los menores. El peticionario parte del supuesto de que es
contrario a derecho imponerle a un solo padre el pago de
la totalidad de esos gastos. Es claro que la obligación
alimentaria recae sobre ambos progenitores. Eso se
desprende tanto del Código Civil así como de la Ley Núm.
5, supra, y de nuestras decisiones jurisprudenciales.
Sobre ello no hay controversia. Ahora bien, ¿de qué
manera podemos conciliar la solicitud del señor Maisonet
con la norma que nació a partir de Chévere v. Levis,
supra, que permite que en nuestra jurisdicción un
alimentante que acepta poseer capacidad económica no
divulgue información sobre sus ingresos? Atendamos este
particular.
Para sopesar la solicitud del señor Maisonet debemos
explorar algo básico, la definición de la voz proporción.
Acorde al Diccionario de la Real Academia Española6 esa
palabra significa “[d]isposición, conformidad o
correspondencia debida de las partes de una cosa con el
6 http://lema.rae.es/drae/?val=proporción. Visitado por última vez en 17 de agosto de 2012. AC-2010-0105 17
todo o entre cosas relacionadas entre sí”. En su
vertiente aritmética, representa la “igualdad de dos
razones”.
Como hemos visto, la idea de proporcionalidad permea
toda nuestra legislación alimentaria. Así por ejemplo, el
Art. 146 del Código Civil, supra, señala que la cuantía de
alimentos será proporcional a los recursos del que los da
y a las necesidades del que los recibe. Por otro lado, en
la declaración de la política pública de la Ley Núm. 5,
supra, se expresa que el Estado debe procurar que las
personas legalmente responsables contribuyan a la
manutención de los hijos en la medida en que sus haberes
económicos lo permitan. Así también, las definiciones que
ofrecen las Guías para la pensión alimentaria básica y
suplementaria aluden a la proporción o participación con
la que debe aportar cada alimentante para alimentar a su
hijo.
En cuanto a establecer la proporción de los gastos
alimentarios que debe aportar cada padre, los casos de
alimentos que se tramitan utilizando las Guías no
presentan gran complicación. Esto es así puesto que las
mismas se crearon a base de criterios numéricos que
permiten llegar a cálculos uniformes de acuerdo a los
ingresos de la persona custodia así como de la no
custodia. Nos sugiere el señor Maisonet que utilicemos
esa reglamentación para imponerle a la señora Santiago la
proporción monetaria que debe aportar para satisfacer las AC-2010-0105 18
necesidades razonables de los menores que determinó la
EPA. Al analizar el esquema de las Guías, es ineludible
concluir que esa sugerencia es improcedente. Nos
explicamos.
Por su propia definición, la pensión alimentaria
básica implica la participación del ingreso neto de la
persona no custodia que se destina para satisfacer las
necesidades básicas del alimentista menor de edad. Esa
participación se obtiene multiplicando el ingreso neto de
la persona no custodia por un valor numérico denominado
“tasa”, el cual fue creado específicamente para calcular
la aportación económica que debe sufragar el progenitor
que no vive con sus hijos. Por lo tanto, se deduce que
ese cálculo no existe para obtener la aportación económica
que debe sufragar un padre custodio, cuando como en este
caso, el alimentante ha aceptado capacidad económica y no
ha divulgado sus ingresos. De otra parte, las Guías
también contemplan el cómputo de una pensión alimentaria
suplementaria. La fórmula matemática para ese componente
utiliza como factores de su ecuación los ingresos netos de
ambos progenitores; del custodio y del no custodio. Si
bien los gastos suplementarios no se contemplan en la
pensión alimentaria básica, nuevamente, se hace imposible
realizar esa operación aritmética para atribuir porciento
alguno de la pensión a la persona custodia. Esto es así
por cuanto desconocemos en este caso cuál es el ingreso de
la persona no custodia. AC-2010-0105 19
Como vemos, la razón por la cual es improcedente
utilizar las Guías para acceder a la petición del señor
Maisonet es porque las estaríamos utilizando para un
propósito para el que no fueron creadas, y además, por que
requeriría conocer los ingresos de ambos progenitores.
Ante ello, tanto por su fin, así como por su mecanismo,
las Guías son inaplicables al caso que atendemos. No
procede utilizar los mencionados procedimientos para
obtener la proporción con la cual debe aportar la persona
custodia en los gastos razonables de los menores cuando el
alimentante ha aceptado capacidad económica y no descubre
sus ingresos.
A pesar de lo anterior, tanto Chévere v. Levis,
supra, como Ferrer v. González, supra, puntualizaron que
una vez la persona no custodia acepta capacidad económica
solo resta determinar las necesidades razonables de los
menores y la capacidad económica de la persona custodio.
Pero surge la interrogante, ¿cómo llegamos al porcentaje
que le corresponde aportar a cada uno de ellos si
desconocemos el valor de una de las partes de la ecuación?
La variable desconocida en ese cómputo es el ingreso del
señor Maisonet. Siendo ello así, este nos invita a que
adoptemos una fórmula para llegar a ese resultado. No
obstante, esa petición queda fuera de nuestros límites
adjudicativos. En ausencia de pronunciamiento legislativo
alguno, estamos impedidos de diseñar algún esquema o
reglamentación a esos efectos. AC-2010-0105 20
Debemos, pues, determinar cómo se adjudica el
porcentaje de gastos que le corresponde aportar a la
señora Santiago tomando en consideración las limitaciones
que hemos discutido anteriormente. Al hacer esto,
reconocemos el valor de la norma de aceptación de
capacidad económica y los propósitos y objetivos que la
misma cumple. Como ya mencionamos, esta contribuye
significativamente a adelantar el proceso de
descubrimiento de prueba evitando trabas procesales que
puedan retrasar la adjudicación final de la pensión.
También, debemos tomar en cuenta una solución que sea
justa para ambas partes y que no vaya en detrimento de los
axiomas que rigen el derecho de alimentos en Puerto Rico.
Examinado nuestro estado de derecho, resolvamos esta
controversia.
En el caso ante nuestra consideración, el
peticionario aceptó tener capacidad económica para pagar
los gastos razonables de sus hijos. Al ser esto así, la
jurisprudencia establece un esquema para fijar la pensión
distinto a aquel que se sigue mediante las Guías. No se
utiliza la proporción de los ingresos para ese cálculo,
sino que la persona custodia viene obligada a establecer
cuáles son los gastos razonables de los menores para así
determinar cuánto debe aportar la persona no custodia en
cuanto a esos gastos.
Debemos tomar en consideración que en estos casos la
persona custodia no escoge participar en este tipo de AC-2010-0105 21
cálculo de pensión. Recordemos que quien aceptó capacidad
económica fue el aquí peticionario. Contrario al señor
Maisonet, en la vista evidenciara la señora Santiago
descubrió sus ingresos. Conforme al derecho aplicable, se
estableció la pensión según las necesidades razonables de
los menores y el estilo de vida del alimentante que los
menores tienen derecho a disfrutar. Para determinar ese
estilo de vida no se permite descubrimiento de prueba
sobre los ingresos y gastos del alimentante. La persona
custodia puede presentar prueba circunstancial o directa
que se dirija a ello, pero sin indagar en evidencia que
tienda a descubrir su estado económico. En ese sentido,
la pensión se establece conforme al prudente arbitrio del
juzgador en cuanto a la prueba de las necesidades de los
alimentistas.
Así pues, surge un problema en este caso para
calcular la participación que le corresponde aportar a
cada uno de los padres en cuanto a los gastos razonables
de los menores y poder establecer la pensión que en
derecho procede, es decir, una que sea proporcional a la
fortuna de todos los obligados a alimentar. Para poder
hacer ese cálculo tenemos ante nosotros dos variables
desconocidas: (1) el porciento de participación de la
persona no custodia y (2) los ingresos de esta para poder
adjudicar esa proporción. Por tanto, resulta imposible
adjudicar una participación porcentual justa al
desconocerse los ingresos de una de las partes. En otras AC-2010-0105 22
palabras, no es posible establecer el cómputo entre el
total de los gastos razonables y los ingresos si la
fortuna de una de las partes es desconocida. Por tanto,
imputarle a la señora Santiago una parte de los gastos
razonables de los menores desconociendo los ingresos del
señor Maisonet implicaría tener que establecer una
proporción arbitraria. Es decir, resultaría injusto y
arbitrario adjudicarle a la persona custodia el pago de
una proporción de la pensión alimentaria que se fijó a
favor de los menores ante las particularidades propias de
los casos en que el alimentante acepta capacidad
económica, pues llegaríamos a una determinación que no
estaría basada en criterios numéricos. Esto significaría
un retroceso a la situación que las Guías intentaron
remediar y a su propósito de fijar pensiones alimentarias
uniformes y justas para las partes.
En atención a lo anterior, resolvemos que, en casos
en que el alimentante acepta capacidad económica, procede
entonces que el alimentante pague el 100% de los gastos
razonables de los menores. De querer este que se le
imponga pagar solo una proporción de los mismos bajo el
fundamento de que la persona custodia también debe
realizar una aportación, por imperativos de justicia y de
principios matemáticos básicos, deberá divulgar sus AC-2010-0105 23
ingresos a fin de utilizar las Guías y poder adjudicar la
participación correspondiente a la madre y al padre.7
Por todo lo enunciado, concluimos que no erró el foro
apelativo al confirmar la suma que se le ordenó pagar al
señor Maisonet. No obstante, sí erró al dictaminar que a
este no se le ordenó el pago de la totalidad de los gastos
de los menores por cuanto, a su entender, existían otros
gastos sobre los que la EPA no hizo adjudicación alguna.
Las necesidades razonables de los menores son aquellas que
la parte alimentista logró probar durante la vista
evidenciaria. Considerar la existencia de posibles gastos
que no se reclamaron ni se probaron ante la EPA constituye
un error de derecho y un abuso de discreción.
IV
Pasemos ahora a dirimir el segundo error planteado
por el peticionario. En este nos solicita que resolvamos
si el TPI carecía de jurisdicción para avalar la pensión
alimentaria que recomendó la EPA en cuanto a la hija que
al momento de la vista evidenciaria advino a la mayoría de
edad. Arguye el padre alimentante que ese hecho privaba a
la EPA de recomendar una pensión alimentaria que tuviera
vigor mas allá de la fecha en que ella cumplió 21 años.
Apunta que nuestro ordenamiento jurídico no contempla que
7 En todo caso, no debemos olvidar que si por alguna razón las Guías resultan en la aplicación de una pensión irrazonable, la propia ley Núm. 5 preceptúa que en caso de que el adjudicador determine que aplicar las Guías puede resultar en una pensión injusta o inadecuada, se determinará la pensión considerando entonces ciertos factores, entre estos, los recursos económicos de los padres, las aportaciones no monetarias de cada padre al cuidado del menor y las necesidades y aptitudes educacionales o vocacionales. 8 L.P.R.A. sec. 518 (b). AC-2010-0105 24
una pensión continúe en vigor automáticamente después de
que el alimentista ya no es un menor de edad.8
Sabemos que mientras los hijos son menores de edad y
no se han emancipado, ya sea por razón de matrimonio o por
dictamen judicial, el progenitor custodio con patria
potestad está capacitado para reclamar alimentos para
beneficio de estos. Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra,
pág. 535. En esos casos, aunque es el padre o madre
custodio quien presenta la acción, la misma pertenece al
hijo, es decir, el padre o madre demandante que la inició
solo actúa como un representante. Id, pág. 536. Ahora
bien, una vez cesa esa incapacidad por minoridad, los
padres ya no pueden acudir a los tribunales a representar
los intereses de sus hijos. En tal caso, el hijo ya mayor
de edad se encuentra revestido de la capacidad jurídica
necesaria para así hacerlo.9 Id.
Como sabemos, el hecho de que los hijos puedan
comparecer a solicitar alimentos aun luego de alcanzar la
mayoridad obedece a que la obligación de alimentarlos no
cesa automáticamente porque estos hayan cumplido 21 años.
Sotomayor v. Colón Cruz, supra; Key Nieves v. Oyola
Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985). En otras palabras, la
emancipación por mayoría de edad no apareja ipso facto la
pérdida del derecho a reclamar alimentos de los padres,
8 Véase, Alegato del Apelante, pág. 16. 9 Véase también, Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 D.P.R. 3, 10 (1993), donde se especifica que en Puerto Rico no existe la posibilidad de la patria potestad extendida tras la mayoridad. AC-2010-0105 25
pues siempre subsistirá la obligación que emana del Art.
143 del Código Civil, supra, que atiende las necesidades
alimentarias entre parientes. No obstante, ese tipo de
obligación requiere que el hijo ya mayor de edad tenga la
necesidad de esa pensión alimentaria, lo que se analiza
bajo criterios distintos a los que se toman en cuenta
cuando se adjudican los alimentos de un menor. Véase
Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, 133 D.P.R. 785,
(2000); Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518
(1976). Por tanto, este viene obligado a probar las
circunstancias que le hacen acreedor de los mismos.
En cuanto a los hechos específicos de este caso, ya
desde Guadalupe Viera v. Morel, supra, pág. 14, atendiendo
al comentario de varios tratadistas,10 mencionamos que la
enumeración que provee el Código Civil en cuanto a la
definición de “alimentos” no debía entenderse tan
irrestricta de modo que no le permitiera al hijo que había
iniciado un oficio o carrera durante su minoridad, el
derecho a exigirle alimentos a sus padres para poder
completarlos, aún después haber llegado a la mayoridad.
Partiendo de lo anterior, en Key Nieves v. Oyola Nieves,
supra, pág. 266, reiteramos que el deber legal de todo
padre o madre de proporcionarle alimentos a sus hijos para
propósitos de educación, conforme al Art. 143, supra, no
podía cesar meramente por el hecho de que ese alimentista
10 J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. reus, 1956, T 1, pág. 791; F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T.V, pág. 501. AC-2010-0105 26
hubiese alcanzado la mayoría de edad. Id. Véase también,
Argüello v. Argüello, supra. Pronunciamos que bajo
circunstancias “normales”, es decir, sujeto a los
resultados, diligencia, y continuidad observada en los
estudios, un hijo que comenzó durante su minoridad
estudios de bachillerato tiene derecho a exigir alimentos
de sus padres con el propósito de obtener ese grado
académico. En cuanto a la adjudicación de alimentos para
completar estudios de post grado, resolvimos que estos se
adjudicarían de acuerdo a las circunstancias de cada
caso.11 Key Nieves v. Oyola Nieves, supra, pág. 267. Por
economía procesal, dijimos en ese mismo caso que este tipo
de alimentos podía reclamarse dentro del pleito original
de divorcio entre los padres.12 Id, pág. 268.
A la luz de esta normativa, recapitulemos los hechos
pertinentes a la controversia que atendemos. La madre
custodia en representación de sus hijos menores de edad
solicitó que se modificara la pensión alimentaria que
estos recibían. Para ese momento, por ser menores, ella
tenía plena autoridad -además del deber- de representarlos
en esa acción. Ahora bien, en el ínterin del caso, al
11 Estos alimentos se otorgarán conforme al Art. 146 del Código Civil y el hijo vendrá obligado a demostrar, entre otras cosas, que es acreedor a esa asistencia económica, que el objetivo deseado es razonable, y que tiene buena aptitud en los estudios. Además, tendrán prioridad en cuanto a alimentos aquellos hijos que aún son menores de edad. Véase, Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261, 267 (1985) 12 Véase también, Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 D.P.R. 3, 12 (1993), donde se resuelve que la acción promovida por una madre o padre en representación de sus hijos ya mayores de edad, para reclamar pago de pensiones alimentarias, debe sujetarse a la oportuna intervención o sustitución del alimentista, quien es la parte realmente interesada. AC-2010-0105 27
momento de celebrarse la vista evidenciaria, la hija de
las partes cumplió 21 años. No consta en el expediente
que esta joven hubiese comparecido por sí misma, luego de
esa fecha, a solicitar alimentos. En ese contexto,
debemos contestar la siguiente interrogante: ¿el hecho de
que la hija alcanzó la mayoría de edad implica que quedó
automáticamente desprovista de pensión alimentaria?
Respondemos en la negativa.
Lo expuesto no conlleva el cese automático de la
pensión alimentaria que respondía a las necesidades de esa
hija durante su minoridad. La pensión así fijada no cesa
automáticamente porque la menor haya alcanzado la mayoría
de edad. Recordamos que una vez se establece la pensión
alimentaria que se solicitó durante la minoría de edad de
un alimentista, el tribunal está vedado de reducir la
pensión así establecida sin que se haya presentado una
petición a tales efectos. Véanse, Valencia, Ex parte, 116
D.P.R. 909, 916 (1986); 8 L.P.R.A. sec. 518. Además,
atendamos a los hechos que presenta este caso. Aquí la
hija de las partes, mientras era menor de edad comenzó
estudios universitarios y cumplió 21 años sin culminarlos.
Esto ocurrió mientras se dilucidaba la solicitud de
revisión de pensión alimentaria, la cual presentó la madre
custodia precisamente por razón de que tales estudios
variaron las necesidades de sus hijos. El hecho de que
esa hija llegara a la mayoría de edad no detuvo las
necesidades que apareja ser una joven estudiante que aún AC-2010-0105 28
no ostenta un grado académico para entrar al mercado
laboral.
Por tanto, sin perder de perspectiva que la pensión
alimentaria que se otorga a favor de un menor de edad
responde a este hecho, y además, que la pensión que se
adjudica conforme al Art. 143 del Código Civil, supra, se
rige por criterios diferentes, sostenemos que la pensión
alimentaria no cesa automáticamente al momento de cumplir
la mayoridad de edad. De lo contrario, se crearía una
situación sumamente tortuosa para los jóvenes involucrados
en esa acción. No podemos avalar que arbitrariamente un
alimentante suspenda su obligación de pagar una pensión
alimentaria por el hecho de que el alimentista advenga a
la mayoría de edad.
Debido a lo anterior, resolvemos que es deber del
alimentante, si es que así lo desea, poner en conocimiento
al tribunal de que sus hijos alimentistas están próximos a
llegar a la mayoridad y su interés de ser relevado del
pago de la pensión alimentaria. Es decir, la pensión
otorgada a un menor de edad continuará en vigor –aunque
advenga a la mayoría de edad- hasta que no se realice el
trámite procesal descrito anteriormente. Esa moción se le
deberá notificar al alimentista, de modo que este pueda
comparecer dentro de ese mismo pleito -a nombre propio- y
establecer que sus necesidades permanecen vigentes y que
reúne los requisitos que le hacen acreedor de la pensión a
pesar de que ya es mayor de edad. Entonces, solo restará AC-2010-0105 29
que el tribunal, tomando en consideración las
circunstancias particulares de cada caso, evalúe si
procede relevar al padre alimentante de la obligación que
se le había impuesto hasta ese momento. Es decir, una vez
se ha puesto en conocimiento al tribunal de que un
alimentista está próximo a llegar a la mayoridad, y este
último a su vez ha informado que por su condición de
estudiante aún necesita alimentos, el foro primario deberá
calendarizar una vista evidenciaria para pasar juicio
sobre los requerimientos de las partes. Por estas
razones, será imperativo que el tribunal atienda con
premura estos planteamientos para evitar un daño
irreparable a cualquiera de las partes.
Por las razones previamente expuestas, resolvemos que
el foro primario no cometió el error que señala el
peticionario.
V
Por los fundamentos antes esbozados se confirma,
aunque por distintos fundamentos, la sentencia recurrida.
Resolvemos que, en los casos en que un alimentante acepte
capacidad económica, este debe descubrir sus ingresos si
interesa que se le imponga a la persona custodia el pago
de una proporción de los gastos de los menores. Esto no
deroga la norma establecida a partir de Chévere v. Levis,
supra. Más bien, la aclaramos a los fines de pautar que
en tal situación, el alimentante que aceptó capacidad
económica para no descubrir información financiera estará AC-2010-0105 30
obligado a pagar el 100% de los gastos razonables de los
menores ya que el desconocimiento de sus ingresos impide
que a base de criterios numéricos se le ordene a la
persona custodia asumir el pago de un porcentaje de tales
gastos. Por otro lado, se devuelve el caso al TPI para la
continuación de los procedimientos acorde a lo aquí
resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari Marisol Santiago Texidor Carlos Maisonet Correa Peticionarios
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones, aunque por distintos fundamentos. Resolvemos que, en los casos en que un alimentante acepte capacidad económica, este debe descubrir sus ingresos si interesa que se le imponga a la persona custodia el pago de una proporción de los gastos de los menores. Aclaramos la norma establecida en Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525 (2000) a los fines de pautar que, en tal situación, el alimentante que aceptó capacidad económica para no descubrir información financiera estará obligado a pagar el 100% de los gastos razonables de los hijos ya que el desconocimiento de sus ingresos impide que, a base de criterios numéricos, se le ordene a la persona custodia asumir el pago de un porcentaje de tales gastos. Por otro lado, se devuelve el caso al TPI para la continuación de los procedimientos acorde a lo aquí resuelto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente con la siguiente expresión, a la cual se une el Juez Presidente señor Hernandez Denton: “La Juez AC-2010-0105 2
Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente del proceder mayoritario porque bajo la mácula de no imponer a la persona custodia un porciento arbitrario, se termina imponiendo arbitrariamente el cien por ciento (100%) de responsabilidad al alimentante. Con la conclusión a la que llega el Tribunal se revocan sub silentio nuestros pronunciamientos en Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525 (2000), y la política pública de fomentar que los alimentantes asuman capacidad económica para agilizar los procedimientos en cuanto a la otorgación de pensiones alimentarias. Id. Pág. 544.” La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no interviene.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo