Roselló Puig v. Rodríguez Cruz
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Roselló Puig
Recurrido Certiorari
v. 2011 TSPR 148
Ruth N. Rodríguez Cruz 183 DPR ___
Peticionaria
Número del Caso: CC - 2006 - 1031
Fecha: 11 de octubre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón Panel VI
Jueza Ponente: Hon. Migdalia Fraticelli Torres
Abogada de la Parte Peticionaria:
Luccianna M. Rechany Escudero
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Héctor M. Collazo Maldonado Lcdo. Alfredo E. González Vega
Materia: División Comunidad de Bienes
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se h ace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
v. CC-2006-1031 Certiorari
Ruth N. Rodríguez Cruz
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.
En esta ocasión nos corresponde determinar
si surte efectos en nuestra jurisdicción un
contrato suscrito en el estado de Florida por unos
cónyuges puertorriqueños sujetos al régimen de la
sociedad de bienes gananciales, mediante el cual
transfieren a uno solo de éstos la titularidad
exclusiva de un bien inmueble sito en ese estado.
Por los fundamentos que se discuten en la Opinión,
respondemos tal interrogante en la afirmativa.
I
La Sra. Ruth N. Rodríguez Cruz y el
Sr. Carlos Roselló Puig contrajeron nupcias el
25 de junio de 1978 en San Juan, Puerto Rico. El
régimen económico bajo el cual constituyeron su CC-2006-1031 2
matrimonio fue el de la sociedad de bienes gananciales.
Luego de concretado el vínculo matrimonial, los cónyuges
vivieron y adquirieron varios bienes inmuebles en la Isla.
Posteriormente se mudaron al estado de Florida donde
adquirieron una propiedad inmueble en el condado de
Seminole.
Ahora bien, mediante una escritura intitulada
―Warranty Deed‖, otorgada por el matrimonio en el estado
de Florida el 29 de abril de 1997, y según lo permiten las
leyes de ese estado,1 el señor Roselló Puig le transfirió
su participación en el inmueble sito en el condado de
Seminole a la señora Rodríguez Cruz por la cantidad de
diez dólares ―and other valuable consideration‖. El
propósito del contrato fue que, a tenor con las leyes del
estado de Florida, la propiedad dejara de ser ganancial y
se convirtiera en una privativa de la esposa.
El 7 de abril de 2003, el vínculo matrimonial se
declaró disuelto cuando el Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de Bayamón, decretó el divorcio por la
causal de separación. Sin embargo, no se procedió con la
1 La Sec. 708.09 del Florida Statutes establece:
§ 708.09. Married women's rights; agreements with husband, power of attorney, etc.
Every married woman may enter into agreements and contracts with her husband, may become the partner of her husband or others, may give a power of attorney to her husband, and may execute powers conferred upon her by her husband, including the power to execute and acknowledge all instruments, including relinquishments of dower, conveying, transferring, or encumbering property, or any interest in it, owned by her, or by herself and her husband as tenants by the entirety, or by her husband. All powers of attorney heretofore executed by a wife to her husband and vice versa, and the execution of all documents executed thereunder, are hereby validated and confirmed. CC-2006-1031 3
división de bienes gananciales de inmediato, sino que se
configuró una comunidad de bienes posganancial. Estando
en comunidad, la señora Rodríguez Cruz vendió el inmueble
sito en el estado de Florida.
El 27 de octubre de 2003, el señor Roselló Puig
presentó una demanda mediante la cual solicitó la división
de la comunidad de bienes posganancial generada entre él y
su ex esposa. Entre otras cosas, adujo que el producto de
la venta del inmueble localizado en el estado de Florida
era parte de la comunidad y no privativo de su excónyuge.
Alegó que si bien fue transferido a la señora Rodríguez
Cruz durante la vigencia del matrimonio, él continuó
realizando los pagos del préstamo hipotecario del inmueble
hasta agosto de 2003, fecha en que la señora Rodríguez
Cruz lo vendió por la cantidad de $450,000.
Manifestó que en vista de que la propiedad fue
adquirida mientras estaban casados, ésta le pertenecía a
la sociedad de bienes gananciales aun cuando se encuentra
a nombre de uno de los consortes. A esos efectos, adujo
que el 50% del dinero producto de esa venta le
correspondía a él, ya que el inmueble le pertenece a la
comunidad que es objeto de la división o que, en su
defecto, se le debía reconocer el crédito correspondiente.
La señora Rodríguez Cruz contestó la demanda y
admitió que, vigente el matrimonio, compareció junto a su
ex marido como codeudora de la deuda hipotecaria asumida
por ambos para la obtención del inmueble. Ahora bien, CC-2006-1031 4
alegó que el inmueble debía ser considerado privativo
puesto que posteriormente ella lo adquirió mediante un
contrato otorgado al amparo de las leyes del estado de
Florida, jurisdicción donde se permite la contratación
entre cónyuges. A esos efectos, aclaró que ―[l]as
mensualidades de la hipoteca fueron satisfechas con bienes
de la Sociedad Legal de Gananciales desde que la misma fue
incurrida hasta aproximadamente el mes de agosto de 2003‖.2
Por ello, reclamó ser acreedora de un crédito por concepto
del dinero privativo que tuvo que utilizar al momento de
la venta del inmueble para satisfacer el resto de la deuda
hipotecaria.
El señor Roselló Puig replicó lo referente al
crédito solicitado. Sin embargo, al refutar la procedencia
del crédito, se mostró conforme con el carácter privativo
de la propiedad. Esto es, al reconocer que en efecto la
titularidad exclusiva de la propiedad de Florida había
sido cedida a su excónyuge, expresó:
La demandada a trav[é]s de esta cesión no tan s[ó]lo acept[ó] toda participación de la referida propiedad, sino tambi[é]n la obligación económica futura que esto conllevaba, por tanto[,] y como expresa en la Contestación de la demanda, existen unos créditos de la Sociedad Legal de Gananciales, no obstante, no existen créditos a favor de la demandada ya que simplemente ella cumplió con su obligación econ[ó]mica para con su bien privativo.3
2 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 80. 3 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 85. CC-2006-1031 5
Así las alegaciones, el 7 de diciembre de 2004 el
Tribunal de Primera Instancia celebró una vista para la
discusión de varios asuntos, entre ellos, la controversia
surgida en cuanto a si el inmueble sito en el estado de
Florida era un bien ganancial o privativo. Las partes
acordaron presentar escritos mediante los cuales
fundamentarían sus respectivas posiciones.
El 13 de diciembre de 2004, el señor Roselló Puig
acudió al foro primario en auxilio de su jurisdicción para
que le ordenara a su ex esposa que consignara los frutos
de la venta del inmueble hasta que se resolviera la
controversia definitivamente. Se fundamentó en que, como
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Roselló Puig
Recurrido Certiorari
v. 2011 TSPR 148
Ruth N. Rodríguez Cruz 183 DPR ___
Peticionaria
Número del Caso: CC - 2006 - 1031
Fecha: 11 de octubre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón Panel VI
Jueza Ponente: Hon. Migdalia Fraticelli Torres
Abogada de la Parte Peticionaria:
Luccianna M. Rechany Escudero
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Héctor M. Collazo Maldonado Lcdo. Alfredo E. González Vega
Materia: División Comunidad de Bienes
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se h ace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
v. CC-2006-1031 Certiorari
Ruth N. Rodríguez Cruz
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.
En esta ocasión nos corresponde determinar
si surte efectos en nuestra jurisdicción un
contrato suscrito en el estado de Florida por unos
cónyuges puertorriqueños sujetos al régimen de la
sociedad de bienes gananciales, mediante el cual
transfieren a uno solo de éstos la titularidad
exclusiva de un bien inmueble sito en ese estado.
Por los fundamentos que se discuten en la Opinión,
respondemos tal interrogante en la afirmativa.
I
La Sra. Ruth N. Rodríguez Cruz y el
Sr. Carlos Roselló Puig contrajeron nupcias el
25 de junio de 1978 en San Juan, Puerto Rico. El
régimen económico bajo el cual constituyeron su CC-2006-1031 2
matrimonio fue el de la sociedad de bienes gananciales.
Luego de concretado el vínculo matrimonial, los cónyuges
vivieron y adquirieron varios bienes inmuebles en la Isla.
Posteriormente se mudaron al estado de Florida donde
adquirieron una propiedad inmueble en el condado de
Seminole.
Ahora bien, mediante una escritura intitulada
―Warranty Deed‖, otorgada por el matrimonio en el estado
de Florida el 29 de abril de 1997, y según lo permiten las
leyes de ese estado,1 el señor Roselló Puig le transfirió
su participación en el inmueble sito en el condado de
Seminole a la señora Rodríguez Cruz por la cantidad de
diez dólares ―and other valuable consideration‖. El
propósito del contrato fue que, a tenor con las leyes del
estado de Florida, la propiedad dejara de ser ganancial y
se convirtiera en una privativa de la esposa.
El 7 de abril de 2003, el vínculo matrimonial se
declaró disuelto cuando el Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de Bayamón, decretó el divorcio por la
causal de separación. Sin embargo, no se procedió con la
1 La Sec. 708.09 del Florida Statutes establece:
§ 708.09. Married women's rights; agreements with husband, power of attorney, etc.
Every married woman may enter into agreements and contracts with her husband, may become the partner of her husband or others, may give a power of attorney to her husband, and may execute powers conferred upon her by her husband, including the power to execute and acknowledge all instruments, including relinquishments of dower, conveying, transferring, or encumbering property, or any interest in it, owned by her, or by herself and her husband as tenants by the entirety, or by her husband. All powers of attorney heretofore executed by a wife to her husband and vice versa, and the execution of all documents executed thereunder, are hereby validated and confirmed. CC-2006-1031 3
división de bienes gananciales de inmediato, sino que se
configuró una comunidad de bienes posganancial. Estando
en comunidad, la señora Rodríguez Cruz vendió el inmueble
sito en el estado de Florida.
El 27 de octubre de 2003, el señor Roselló Puig
presentó una demanda mediante la cual solicitó la división
de la comunidad de bienes posganancial generada entre él y
su ex esposa. Entre otras cosas, adujo que el producto de
la venta del inmueble localizado en el estado de Florida
era parte de la comunidad y no privativo de su excónyuge.
Alegó que si bien fue transferido a la señora Rodríguez
Cruz durante la vigencia del matrimonio, él continuó
realizando los pagos del préstamo hipotecario del inmueble
hasta agosto de 2003, fecha en que la señora Rodríguez
Cruz lo vendió por la cantidad de $450,000.
Manifestó que en vista de que la propiedad fue
adquirida mientras estaban casados, ésta le pertenecía a
la sociedad de bienes gananciales aun cuando se encuentra
a nombre de uno de los consortes. A esos efectos, adujo
que el 50% del dinero producto de esa venta le
correspondía a él, ya que el inmueble le pertenece a la
comunidad que es objeto de la división o que, en su
defecto, se le debía reconocer el crédito correspondiente.
La señora Rodríguez Cruz contestó la demanda y
admitió que, vigente el matrimonio, compareció junto a su
ex marido como codeudora de la deuda hipotecaria asumida
por ambos para la obtención del inmueble. Ahora bien, CC-2006-1031 4
alegó que el inmueble debía ser considerado privativo
puesto que posteriormente ella lo adquirió mediante un
contrato otorgado al amparo de las leyes del estado de
Florida, jurisdicción donde se permite la contratación
entre cónyuges. A esos efectos, aclaró que ―[l]as
mensualidades de la hipoteca fueron satisfechas con bienes
de la Sociedad Legal de Gananciales desde que la misma fue
incurrida hasta aproximadamente el mes de agosto de 2003‖.2
Por ello, reclamó ser acreedora de un crédito por concepto
del dinero privativo que tuvo que utilizar al momento de
la venta del inmueble para satisfacer el resto de la deuda
hipotecaria.
El señor Roselló Puig replicó lo referente al
crédito solicitado. Sin embargo, al refutar la procedencia
del crédito, se mostró conforme con el carácter privativo
de la propiedad. Esto es, al reconocer que en efecto la
titularidad exclusiva de la propiedad de Florida había
sido cedida a su excónyuge, expresó:
La demandada a trav[é]s de esta cesión no tan s[ó]lo acept[ó] toda participación de la referida propiedad, sino tambi[é]n la obligación económica futura que esto conllevaba, por tanto[,] y como expresa en la Contestación de la demanda, existen unos créditos de la Sociedad Legal de Gananciales, no obstante, no existen créditos a favor de la demandada ya que simplemente ella cumplió con su obligación econ[ó]mica para con su bien privativo.3
2 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 80. 3 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 85. CC-2006-1031 5
Así las alegaciones, el 7 de diciembre de 2004 el
Tribunal de Primera Instancia celebró una vista para la
discusión de varios asuntos, entre ellos, la controversia
surgida en cuanto a si el inmueble sito en el estado de
Florida era un bien ganancial o privativo. Las partes
acordaron presentar escritos mediante los cuales
fundamentarían sus respectivas posiciones.
El 13 de diciembre de 2004, el señor Roselló Puig
acudió al foro primario en auxilio de su jurisdicción para
que le ordenara a su ex esposa que consignara los frutos
de la venta del inmueble hasta que se resolviera la
controversia definitivamente. Se fundamentó en que, como
consideraba que la propiedad formaba parte de la comunidad
de bienes que pretendía dividir, se afectaría su derecho a
la parte del producto de la venta que le correspondía,
pues la señora Rodríguez Cruz había aceptado que utilizaba
ese dinero para cubrir gastos personales.
La señora Rodríguez Cruz, por su parte, se reafirmó
en que la propiedad se tenía que considerar como un bien
privativo suyo, por lo que ―estaba en su pleno derecho de
disponer de ese bien según sus deseos sin crédito alguno a
la Sociedad Legal de Gananciales[] ni a la Comunidad de
Bienes Posdivorcio[]‖.4 Además, aprovechó la alegación
para llevar a la atención del tribunal que el propio
señor Roselló Puig en su escrito admitió el carácter
privativo del bien, por lo que solicitó que esa expresión
4 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 102. CC-2006-1031 6
se considerara como una ―admisión de parte‖ sobre la
naturaleza privativa del inmueble. En fin, la
señora Rodríguez Cruz le solicitó al tribunal primario que
dictara sentencia sumaria a su favor puesto que entendía
que la existencia de la escritura intitulada ―Warranty
Deed‖ hacía incontrovertible la naturaleza privativa del
inmueble.
El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud
y dictó una sentencia sumaria parcial.5 Concluyó que el
señor Roselló Puig le había transferido a su ex esposa la
titularidad exclusiva del inmueble mediante el ―Warranty
Deed‖. Determinó que de acuerdo a las leyes del estado de
Florida, donde se permite la contratación entre cónyuges,
ese negocio jurídico fue válido. Explicó que las leyes de
esa jurisdicción eran las que aplicaban a la controversia
en vista de que los Arts. 10 y 11 del Código Civil de
Puerto Rico establecen que las leyes aplicables a los
bienes inmuebles y a los contratos que los afectan son las
del lugar en que está sita la propiedad inmueble. A base
de lo anterior, dictaminó que el bien inmueble era
privativo de la señora Rodríguez Cruz, por lo que no
procedía la consignación del producto de la venta de éste,
ya que quedaba excluido de los procedimientos de división
de la comunidad.
5 A pesar de que el foro primario la tituló ―Sentencia Sumaria Parcial‖, en realidad era una resolución interlocutoria en la cual se resolvió únicamente la controversia relativa al bien inmueble en cuestión. CC-2006-1031 7
Insatisfecho con ese dictamen, el señor Roselló Puig
acudió mediante recurso de certiorari al Tribunal de
Apelaciones. Adujo que el foro primario había errado al
determinar que la prohibición de contratación entre
cónyuges —establecida en los Arts. 1286 y 1347 del Código
Civil de Puerto Rico— no aplica cuando el negocio jurídico
versa sobre la compraventa de un bien inmueble sito en el
estado de Florida. Expuso que esa decisión es contraria
al estado de derecho vigente, pues éste ―reconoce la
unicidad del patrimonio matrimonial, sin distinción entre
bienes muebles e inmuebles cuando se trata de conflictos
entre los cónyuges exclusivamente (sin afectar terceras
personas)‖.6
Además, alegó que realmente ―nunca fue la intención
de las partes hacer una donación o venta entre marido y
mujer‖,7 sino que otras consideraciones lo llevaron a
suscribir tal contrato.8 No obstante, a pesar de esa
alegación, lo que solicitó fue que se revocara al foro
primario para que se estableciese ―que las donaciones o
compraventa recíprocas entre marido y mujer est[á]n
proh[i]bidas a[u]n cuando el bien inmueble adquirido por
6 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 48-49. 7 Íd., pág. 47. 8 El señor Roselló Puig manifestó que el contrato se suscribió a los fines de proteger la propiedad por si en el futuro surgían acreedores suyos, que éstos no pudieran hacerse con el bien en cobro de la deuda, pues su esposa constaría legalmente como única titular del inmueble. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 90. Con relación a la naturaleza de esta alegación, ese asunto no se encuentra ante nuestra consideración en este recurso, por lo que corresponderá al foro de instancia atenderlo en su día. CC-2006-1031 8
dicha Sociedad Legal de Gananciales est[á] fuera de la
jurisdicción de Puerto Rico‖.9
El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso y
revocó el dictamen del foro primario. Concluyó que ―[l]a
cesión o transferencia simulada que realizó el señor
Roselló a la señora Rodríguez no cambió la naturaleza
ganancial del inmueble, porque en Puerto Rico, vigente el
matrimonio, los cónyuges no pueden alterar la naturaleza
del bien, aunque estuviera ubicado en otro país o estado,
la sociedad no puede donar ni vender el bien a uno de los
cónyuges, ni éstos disponer de su participación ganancial
para favorecer a uno solo de ellos‖.10 Para concluir lo
anterior, el foro recurrido se fundamentó en que aun
cuando la ley del estado de Florida permite la adquisición
de un bien ganancial por uno de los cónyuges, su
aplicación en Puerto Rico implicaría trastocar
sustancialmente nuestra norma de derecho civil que prohíbe
a los cónyuges realizar contratos y donaciones entre sí.
A base de lo anterior, el tribunal a quo determinó
que, en vista de lo expresado en Toppel v. Toppel,
114 D.P.R. 775 (1983), no era aplicable a los hechos del
caso de autos el Art. 10 del Código Civil de Puerto Rico,11
9 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 56. 10 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Bayamón, 29 de septiembre de 2006, KLCE200500488, pág. 21. 11 Este precepto legal establece que ―[l]os bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a las leyes del país en que están sitos‖. Art. 10 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 10. CC-2006-1031 9
sino que aplicaba el Art. 11 en su modalidad de efecto
atenuado.12 De esta forma, dispuso que el bien inmueble
sito en el estado de Florida era uno ganancial, pues
―[a]unque el traspaso a la señora Rodríguez y la venta
subsiguiente del inmueble a un tercero fueran válidas
según las leyes de Florida, el bien nunca salió idealmente
del patrimonio ganancial, porque no podía salir, por
donación ni compraventa, para integrarse al patrimonio de
uno solo de los cónyuges‖. (Énfasis omitido.)13
Ahora bien, como aplicó esa disposición estatutaria
en su modalidad de efecto atenuado, el foro apelativo
intermedio reconoció, al amparo de las leyes del estado de
Florida y para propósitos de la titularidad actual, la
validez y la eficacia de la enajenación del bien inmueble
realizada por la señora Rodríguez Cruz al tercero
adquirente. En consecuencia, tras establecer que el
dinero recibido de esa compraventa sustituyó al inmueble
en el patrimonio ganancial, ordenó al foro primario que lo
colacionara como activo ganancial a adjudicarse por la
mitad entre ambos excónyuges.
12 En lo pertinente, esta disposición estatutaria establece que ―las leyes prohibitivas concernientes a las personas, sus actos o sus bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas costumbres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias dictadas... en países extranjeros‖. Art. 11 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 11. 13 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, supra, pág. 24. El Juez Asociado señor Martínez Torres, quien fuera el Presidente del Panel que atendió este pleito en el Tribunal de Apelaciones, concurrió con el resultado del caso, pero discrepó de esta conclusión a la que llegó el mencionado foro. Específicamente, el Juez Martínez Torres fundamentó su opinión concurrente en un planteamiento similar al que esbozamos en esta Opinión. CC-2006-1031 10
En desacuerdo con el dictamen del Tribunal de
Apelaciones, la señora Rodríguez Cruz acudió ante nuestra
consideración. Esencialmente, adujo que había errado el
foro recurrido al determinar que la compraventa realizada
entre los excónyuges produjo efectos ante terceros pero
que, al margen de lo dispuesto en el mencionado Art. 10,
ello no tuvo el efecto de transferir el título del bien a
su patrimonio. Manifestó que, en vista de que el bien
inmueble estaba sito en el estado de Florida, incidió ese
foro al obviar la figura de lex rei sitae codificada en
ese artículo, contraviniendo así las doctrinas de
conflicto de leyes, de entera fe y crédito, y de igual
protección de las leyes.
En cuanto a la doctrina de entera fe y crédito,
expresó que el Tribunal de Apelaciones dictaminó
incorrectamente al no reconocer la efectividad de las
leyes del estado de Florida en relación con un negocio
jurídico efectuado según las leyes de ese estado sobre un
bien inmueble sito allí. Sobre la igual protección de las
leyes, señaló que estaba en desacuerdo con que dicho foro
apelativo aplicara de manera diferente las leyes del
estado de Florida y de Puerto Rico a la señora Rodríguez
Cruz y al tercero adquirente, concediéndole a éste
derechos que a ella le negó.
En atención a estas alegaciones, el 26 de enero
de 2007 expedimos el auto solicitado. Ambas partes han
comparecido. Procedemos a resolver. CC-2006-1031 11
II
El alcance jurídico del matrimonio es uno
bidimensional: surte efectos personales y patrimoniales.
En el plano personal, el enlace de los consortes hace que
éstos se deban mutuamente la cohabitación, la fidelidad,
el socorro y la protección.14
Por otro lado, al contraer nupcias, los cónyuges
también configuran el régimen patrimonial que regirá su
matrimonio; régimen de bienes, de deberes y derechos
patrimoniales. La constitución de ese régimen puede
realizarse mediante el previo otorgamiento de un contrato
de capitulaciones matrimoniales.15 No obstante, ante la
ausencia de pacto o la insuficiencia de esas
capitulaciones matrimoniales, nuestro Código Civil
establece que el régimen económico que regirá el
matrimonio será la sociedad legal de bienes gananciales.16
La existencia del régimen de sociedad de bienes
gananciales implica que los cónyuges son condueños y
coadministradores de la totalidad del patrimonio
matrimonial, por lo que ostentan la titularidad conjunta
de éste sin distinción de cuotas.17 Por esta razón,
14 Arts. 88 y 89 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 281 y 282. 15 Art. 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3551. Véase, además, Domínguez Maldonado v. E.L.A., 137 D.P.R. 954, 964 (1995). 16 Art. 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3551. 17 Montalvo v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411, 420 (2004). CC-2006-1031 12
independientemente de que se adquieran para uno solo de
los consortes,18 ―[s]e reputan gananciales todos los bienes
del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen
privativamente al marido o a la mujer‖.19 De igual manera,
todas las deudas y obligaciones del matrimonio se reputan
gananciales a menos que se demuestre lo contrario.20
En vista de lo anterior, tras la disolución del
matrimonio, cuestión que provoca ipso facto la extinción
de la sociedad legal de bienes gananciales, los
exconsortes ―harán suyos por mitad… las ganancias o
beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los
[ex] cónyuges durante el mismo matrimonio‖.21 Y es que
―[e]l divorcio lleva consigo la ruptura completa del
vínculo matrimonial y la separación de propiedad y bienes
de todas clases entre los cónyuges‖.22 No obstante, en la
práctica, la liquidación de los bienes comunes no
necesariamente se produce de manera contemporánea al
divorcio, sino que tras decretarse disuelta la sociedad
legal de bienes gananciales, surge una comunidad de bienes
ordinaria entre los excónyuges.23
_______________________________________________________________ 18 Art. 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641. 19 Art. 1307 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3647. 20 Art. 1308 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3661; WRC Props., Inc. v. Santana, 116 D.P.R. 127, 134-135 (1985). 21 Art. 1295 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3621. 22 Art. 105 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 381. 23 Montalvo v. Rodríguez, supra, págs. 421-422. CC-2006-1031 13
El patrimonio que conforma esta comunidad de bienes,
conocida como comunidad posganancial, consta de los bienes
que fueron gananciales, cuya titularidad pertenece a ambos
excónyuges. Así, pues, ésta se mantiene indivisa hasta
que se procede con la liquidación de la sociedad de bienes
gananciales. Por ello, al momento de proceder con la
liquidación de dicha sociedad, se requiere realizar un
inventario actualizado sobre los activos y pasivos
acumulados.24
El inventario actualizado es requerido puesto que,
cuando esta operación se pospone, el monto de los activos
y pasivos puede variar debido a los posibles cambios y
operaciones que hayan acaecido en relación al caudal
común. Por eso hemos establecido que ―en la adjudicación
final de la participación que le corresponde a cada
ex cónyuge, debe tomarse en consideración, de acuerdo con
la evidencia sometida, si uno de los ex cónyuges puede
interponer frente al otro un crédito por los cambios y las
operaciones que ocurrieron en el haber común‖. (Énfasis
omitido.)25
Por ejemplo, ese es el caso en que, vigente la
comunidad posganancial, uno de los excónyuges adquiere
para sí otros bienes con fondos comunes. Ante esa
situación, habiéndose disuelto la sociedad de gananciales,
el bien le pertenece de manera privativa a ese comunero,
24 Art. 1316 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3691. 25 Montalvo v. Rodríguez, supra, págs. 422-423. CC-2006-1031 14
ello ―sin perjuicio del ‗crédito a favor de la comunidad
postganancial por el importe actualizado de los fondos
comunes utilizados‘‖.26 En este sentido, no surte efectos
la figura de subrogación real debido a la inexistencia de
la sociedad de gananciales.27
Ahora bien, ¿qué figura opera cuando unos cónyuges
sometidos al régimen de la sociedad legal de bienes
gananciales adquieren un bien inmueble en una jurisdicción
en la que se permite la contratación entre éstos y
transcurrido algún tiempo optan por transferir la
titularidad de éste a uno solo de los consortes según lo
permiten las leyes de la jurisdicción en que el inmueble
está sito? Esta situación contrapone disposiciones
estatutarias contenidas en nuestro Código Civil.
Delineemos, pues, la normativa aplicable.
III
De entrada, téngase en cuenta que nuestro
ordenamiento jurídico prohíbe la contratación entre
cónyuges sujetos al régimen de la sociedad legal de bienes
gananciales, con excepción de los convenios permitidos en
las capitulaciones matrimoniales y de la otorgación de
contratos de mandato para delegar en uno de los cónyuges
la administración o disposición de bienes comunes.28
26 Íd., pág. 426. 27 Íd. 28 Arts. 91 y 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 284 y 3551. CC-2006-1031 15
Asimismo, tampoco podrán los consortes ―venderse
bienes recíprocamente, sino cuando se hubiese pactado la
separación de bienes, o cuando hubiera separación judicial
de los mismos bienes‖.29 El origen de la normativa que
prohíbe la venta recíproca entre cónyuges se ha asociado
con el principio de la inmutabilidad del régimen económico
matrimonial,30 pues una vez éste ha sido seleccionado no
pueden los consortes alterar la composición de la masa
común mediante actos dispositivos entre ellos.
Por otro lado, y al margen de estas excepciones, el
Art. 1286 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3588,
también prohíbe el que los cónyuges se donen bienes
durante el matrimonio a no ser que se trate de regalos
módicos en ocasión de regocijo familiar. Respecto a la
prohibición de donaciones mutuas entre los cónyuges, nos
explica el Prof. Raúl Serrano Geyls que ésta responde más
bien ―a la necesidad de evitar influencias, coacciones y
abusos que el cónyuge más fuerte podría ejercer sobre el
más débil‖.31
Ahora bien, es menester señalar que el Art. 1286 de
nuestro Código Civil tiene su origen en el Art. 1.334 del
Código Civil español. En ese sentido es interesante
denotar que el 13 de mayo de 1981 se suprimieron las
29 Art. 1347 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3772. 30 Art. 1272 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3556. 31 R. Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto Rico y legislación comparada, San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, Vol. I, pág. 317. CC-2006-1031 16
limitaciones al poder de disposición de los cónyuges en el
Código Civil español. De hecho, previo a esa eliminación,
los comentaristas españoles ya apuntaban que esas
prohibiciones a las donaciones mutuas entre los consortes
eran ―prohibiciones que no afecta[ban] el orden público
español, por lo que pod[ían] ser desconocidas por un
donante extranjero‖. (Énfasis suplido.)32
En el caso de autos, y como señalamos, la propiedad
en controversia fue transferida a la peticionaria por la
cantidad de diez dólares, precio que es uno nominal, pues
es evidente que el valor de cualquier inmueble en el
estado de Florida excede de manera considerable tal
cantidad. En ese sentido es igualmente evidente entonces
que nos encontramos ante una donación disimulada o
simulación relativa contractual. En Banco Popular v.
Registrador, 172 D.P.R. 448, 454 (2007), señalamos que la
donación disimulada o simulación relativa contractual
ocurre:
cuando los contratantes llevan a cabo un negocio jurídico aparente que encubre otro real con causa lícita, fingido o disimulado. En específico, hemos resuelto que hay una donación disimulada en un contrato de compraventa cuando la causa de dicho contrato no es onerosa, sino que responde a la mera liberalidad de uno de los contratantes, el donante.33
IV
32 A. Marín López, Comentarios a las Reformas del Código Civil, 1977, Vol. I, pág. 539. 33 Véanse, además: Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989), La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 D.P.R. 9 (1982), Hernández Usera v. Srio. De Hacienda, 86 D.P.R. 13 (1962). CC-2006-1031 17
La controversia que tenemos ante nuestra
consideración nos obliga a adentrarnos en materia de
derecho internacional privado, ya que fue en el estado de
Florida -cuyas leyes permiten la contratación entre los
consortes- donde los excónyuges suscribieron el contrato
traslativo de titularidad de un inmueble ganancial sito
allí. No obstante, es importante recordar que en materia
de ―derecho internacional privado se consideran
extranjeras entre sí aquellas jurisdicciones con
legislación propia sobre determinadas materias, cuyas
legislaciones pueden venir en conflicto unas con otras,
aunque esas jurisdicciones no sean necesariamente
extranjeras a los fines del derecho internacional
público‖. (Énfasis suplido.)34 Precisamente, ese es el
caso de países organizados federalmente como por ejemplo
Estados Unidos de América, en el que las legislaciones de
los diferentes estados dan margen a que se generen
conflictos de leyes. Dichos conflictos suelen encontrar
solución en la aplicación de normas o principios del
derecho internacional privado.
En cuanto a las relaciones jurídicas que se suscitan
entre cónyuges, y en el marco del derecho internacional
privado, nos comenta Miaja de la Muela lo siguiente:
Una de las cuestiones especiales de mayor trascendencia, dentro de las relaciones entre cónyuges, en Derecho internacional privado, es la ley que rige la posibilidad jurídica de contratos de donación, venta o sociedad entre
34 Armstrong v. Armstrong, 85 D.P.R. 404, 409 (1962). CC-2006-1031 18
ellos, que unas legislaciones permiten y otras prohíben. Luchan, en este caso particular, como siempre, la ley nacional de los esposos y el Derecho local, con su excepción de orden público, que será o no aplicable según lo riguroso de la prohibición en el respectivo ordenamiento.35
V
En la actualidad, los problemas que se generan en
nuestra jurisdicción en materia de derecho internacional
privado son atendidos por los Arts. 9 (estatuto personal),
10 (estatuto real) y 11 (estatuto formal) del Código Civil
de Puerto Rico.
El estatuto personal (Art. 9) establece que ―[l]as
leyes relativas a los derechos y deberes de familia, o al
estado, condición y capacidad legal [de] las personas,
obligan a los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en
países extranjeros‖.36 Es de notar que este estatuto, tal
como lo indica su calificativo, surte efectos precisamente
sobre la persona, no sobre sus bienes. Por lo tanto, a
modo de ejemplo, el Art. 9 del Código Civil es
determinante ante controversias relacionadas con el
contenido del matrimonio, del régimen matrimonial y del
contrato sobre bienes con ocasión de matrimonio
(capitulaciones matrimoniales).
Ahora bien, así como las cuestiones relativas a la
eficacia o la nulidad de los actos o contratos que afectan
directamente a las personas se regulan por medio del
35 A. Miaja de la Muela, Derecho Internacional Privado, 9na ed., Madrid, Ed. Atlas, 1982, Vol. 2, pág. 360. 36 Art. 9 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 9. CC-2006-1031 19
estatuto personal (Art. 9), cuando nos enfrentamos a los
asuntos relacionados con los bienes emerge el llamado
estatuto real. A esos efectos, el Art. 10 del Código
Civil dispone que ―[l]os bienes muebles están sujetos a la
ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a
las leyes del país en que están sitos‖.37 Se desprende
que, a diferencia del estatuto personal, el estatuto real
establece claramente que todo lo referente a los bienes
inmuebles se rige por las leyes del lugar donde estén
ubicados, ―independientemente del domicilio de sus
dueños‖.38 Es sólo cuando de bienes muebles se trata que
corresponde aplicar la ley del domicilio del propietario.
En cuanto a este tema, es importante señalar que la
incorporación del actual estatuto real como parte del
conjunto de normas que rige en esta jurisdicción provino
del concepto lex rei sitae según se concebía en los
Estados Unidos. A esos efectos, en Bracons v. Registrador
de San Juan, 24 D.P.R. 753, 757 (1917), esta Curia
catalogó tal proceder como la reforma más importante del
Título Preliminar del Código Civil, al citar con autoridad
a la Comisión Codificadora de 1902 en el sentido de que:
La reforma más importante hecha en el Título Preliminar del Código ha sido la relativa a restringir la doctrina de los estatutos personal y real, tomando en cuenta y aplicando el principio general del derecho civil americano de que los derechos respecto a los bienes inmuebles han de regularse totalmente, así en cuanto a la contratación como en cuanto 37 Art. 10 del Código Civil, supra. 38 Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543, 550 (1989). CC-2006-1031 20
a los derechos hereditarios, por la ley del país en que están sitos. (Énfasis suplido.)39 La razón de ser de la norma establecida en el
estatuto real, según ha sido aplicada en los Estados
Unidos, es descrita de la siguiente manera por el
Prof. Raleigh C. Minor en su tratado sobre Conflicto de
las Leyes:
Cada Estado hace lo que está a su alcance con el fin de que sus leyes que afectan la entrega, traspaso y gravamen de bienes inmuebles situados dentro de sus límites sean lo más terminantes y precisas posibles. Se exigen formalidades especiales que no se requieren en otras cuestiones. Y es sumamente importante que las inscripciones legales de dichas transacciones, las cuales constituyen series de títulos a los bienes inmuebles, se conserven libres de toda censura, irregularidad o confusión con los requisitos de otros Estados.
Por tanto, viene a ser especialmente parte de la política de todo Estado el no permitir que se verifique ninguna transacción relativa al traspaso de cualquier derecho o título a la propiedad inmueble que radica en dicho Estado si con ello se infringe su propia ley ya sea o no válida de acuerdo con la leyes de Estados extranjeros. [...]
Ni pretenderán las cortes de otros Estados hacer valer sus propias leyes relativas a los bienes inmuebles situados en otras partes, no solamente por espíritu de cortesía y su repugnancia a observar una conducta hacia otros Estados que no permitirán que estos últimos la observaran con ellos mismos, sino también y tal vez principalmente por la absoluta imposibilidad en que se encuentran para dictar cualquier sentencia o decreto que sea definitivo y eficaz para traspasar cualquier derecho sobre el inmueble. Por tanto, en vez de dictar sentencias que son ociosas de conformidad con su misma ley, al considerar el título de los bienes inmuebles 39 Bracons v. Registrador de San Juan, 24 D.P.R. 753, 757 (1917), citando el Informe de la Comisión Codificadora del Código Civil de 1902, presentado a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el 31 de diciembre de 1901. CC-2006-1031 21
radicados en países extranjeros, las cortes tratarán de fijar las reglas establecidas por la lex situs de dichos bienes, y resolverán de acuerdo con esa ley, pues a ella deben acudir las partes en definitiva en todo caso.
Viene, pues, a ser un principio bien establecido de derecho internacional privado, sostenido por un fuerte núcleo de autoridades, que todas las cuestiones relativas a traspasos de títulos sobre bienes inmuebles donde quiera que surjan se regirán por la lex situs, o sea, por la ley del tribunal en que finalmente deban ser resueltas en definitiva esas cuestiones. (Énfasis suplido.)40
Basándose en la explicación otorgada por la Comisión
Codificadora que preparó el proyecto del Código Civil
de 1902, respecto a la razón por la cual se incorporó el
estatuto real en nuestro ordenamiento, y tras invocar la
opinión de tratadistas estudiosos de la materia, esta
Curia ―trazó su línea de conducta con toda claridad,
optando por aplicar a Puerto Rico íntegramente la teoría
americana, esto es, que la lex rei sitae es la norma que
debe seguirse al determinar la capacidad legal de las
partes en transacciones sobre bienes inmuebles‖.41
De esta forma, toda cuestión relacionada a los
bienes inmuebles se rige por el estatuto real, esto es,
las leyes del lugar en que está sito son las que priman,
sin importar el domicilio de su propietario. Un caso
ilustrativo de ello es el precedente establecido en
40 Según citado en Colón et al. v. El Registrador, 22 D.P.R. 369, 373-374 (1915). 41 Bracons v. Registrador de San Juan, supra, pág. 757, interpretando lo resuelto en Amadeo v. El Registrador, 3 D.P.R. 141 (1903), y en Colón et al. v. El Registrador, supra, respecto a la capacidad de las partes en transacciones sobre bienes inmuebles. CC-2006-1031 22
Babilonia v. Registrador, 62 D.P.R. 688 (1943). En dicho
caso, una puertorriqueña estableció su domicilio en el
estado de Nueva York y luego contrajo nupcias en ese
estado con un puertorriqueño que llevaba varios años
domiciliado allí. Al poco tiempo, ambos regresaron a la
Isla y posteriormente el marido abandonó a su esposa para
regresar nuevamente al estado de Nueva York. Vigente el
matrimonio, la esposa compró tres fincas en Aguadilla
mediante una escritura en la que hizo constar que era una
señora casada con domicilio en el mencionado municipio.
El Registrador de la Propiedad inscribió la
escritura con el defecto subsanable de no haber acreditado
que el dinero invertido en esa compra era privativo.
Luego de transcurrir varios años desde la inscripción, la
señora solicitó al Registrador de la Propiedad que
subsanara el defecto. En particular, adujo que para la
época en que se casó ambos tenían su domicilio en el
estado de Nueva York, por lo que las leyes de dicho estado
eran las que regían los bienes inmuebles adquiridos con
posterioridad a su matrimonio. Por lo tanto, según
argumentó la señora Babilonia, al no existir el régimen
económico de la sociedad legal de bienes gananciales en
Nueva York, entonces esos bienes inmuebles adquiridos por
ella en matrimonio eran propiedad privativa suya.
Ante esas alegaciones, esta Curia dispuso que aun
cuando el matrimonio no se contrajo sujeto al régimen de
la sociedad legal de bienes gananciales, pues esa regla de CC-2006-1031 23
propiedad matrimonial no opera en el estado de Nueva York,
―en cuanto a bienes inmuebles adquiridos con posterioridad
al matrimonio, no cabe duda de que el estatuto real, y no
el personal, es el que rige‖. (Énfasis suplido).42 De este
modo, se concluyó que la celebración del matrimonio en el
estado de Nueva York más el domicilio temporal en ese
estado ―no son suficientes para justificar tan radical
abandono de nuestra regla local sobre derechos de
propiedad‖.43 Además, señalamos que ―en vista del hecho
de que el estatuto real es el que impera, no vemos qué
efecto pueda tener el domicilio sobre la cuestión aquí
envuelta, excepto a los fines … de probar que el dinero
con el cual compró los bienes inmuebles en cuestión fue
obtenido por ella mientras estaba domiciliada en Nueva
York‖.44
Lo anterior se conforma íntegramente a la letra del
citado Art. 10, esto es, los bienes muebles se rigen por
las leyes del domicilio de su propietario, mientras que
los bienes inmuebles están sujetos a las normas del lugar
en que se encuentran. Además, esa doctrina pautada
jurisprudencialmente es cónsona con lo establecido por el
Restatement of the Law, Second, Conflicts of Laws,
American Law Institute, 1971, Vol. 2, Sec. 234, el cual
formula que el efecto que tendrá el matrimonio sobre los
42 Babilonia v. Registrador, 62 D.P.R. 688, 690 (1943). Esta norma fue reiterada en Pueblo v. Denis Rivera, 98 D.P.R. 704, 714 (1970). 43 Babilonia v. Registrador, supra, pág. 692. 44 Íd., págs. 692-693. CC-2006-1031 24
bienes inmuebles adquiridos durante la vigencia del
consorcio será determinado por el derecho que apliquen los
tribunales donde esté ubicada la propiedad, el cual -tal
como ha resuelto este Tribunal en reiteradas ocasiones-
usualmente será el suyo.
Ahora bien, a pesar de que la letra clara del
estatuto real había sido aplicada de forma consistente, en
Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775 (1983), esta Curia optó
por variar la doctrina establecida. Al así hacerlo
razonamos que, considerando que el Art. 10 de nuestro
Código Civil encontraba su raíz y equivalente en el Código
Civil español, y debido a que para ese tiempo en España no
existía el divorcio, el estatuto real ―no se diseñó para
resolver los conflictos de leyes en la zona del régimen de
los bienes matrimoniales‖.45 Reexaminado ese razonamiento,
nos percatamos de que éste fue errado.46 Veamos.
Como reseñamos, desde Bracons v. Registrador de San
Juan, supra, citando a la Comisión Codificadora del
Código Civil de 1902, la reforma legislativa relativa al
alcance del Art. 10 se había catalogado como la más
importante del Título Preliminar del Código Civil. Esto,
al incorporarse el principio general del derecho
estadounidense respecto a que los bienes inmuebles se
45 Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775, 782 (1983). 46 Como veremos más adelante, igual razonamiento tuvo la Asamblea Legislativa al enmendar el Art. 1277 del Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 3561, y conservar la última oración de la mencionada disposición en lo referente al estatuto real. Véase la Ley Núm. 4 de 5 de marzo de 1987. CC-2006-1031 25
regulan totalmente por la ley del lugar en que estén
sitos. Ante esa realidad y conforme a la clara intención
del legislador, lo que correspondía entonces en Toppel v.
Toppel, supra, era analizar el alcance que se le había
otorgado a la figura de lex rei sitae en el derecho
estadounidense.
De manera que, aunque el texto original del Art. 10
del Código Civil proviniera en un principio del Código
Civil español, en Toppel v. Toppel, supra, debimos
interpretar dicho artículo a la luz de la nueva realidad
puertorriqueña que esbozara nuestra Asamblea Legislativa
en el 1902. En ese sentido, por ser contrario al
historial del Código Civil de Puerto Rico, consideramos
desacertado haber modificado la doctrina consistentemente
reiterada.47
Cónsono con lo anterior, en Zarelli v. Registrador,
124 D.P.R. 543 (1989), caso posterior a Toppel v. Toppel,
supra, este Tribunal obvió la referida modificación al
47 Al determinar en Toppel v. Toppel, supra, pág. 796, que el estatuto real no se activaba ante controversias dentro del régimen de los bienes matrimoniales, se dispuso que ello tenía la consecuencia de afectar
el resultado o, a veces, el razonamiento tan sólo de algunas decisiones nuestras. Quedan afectadas especialmente las de Babilonia v. Registrador, 62 D.P.R. 688 (1943); Fenning v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 615 (1968); y Pueblo v. Denis Rivera, 98 D.P.R. 704 (1970). Se les revoca en cuanto sean incompatibles con esta opinión.
Ahora bien, en vista de que mediante la Opinión de autos se afecta el razonamiento de Toppel v. Toppel, supra, en lo relativo al alcance del Art. 10 del Código Civil, supra, dejamos sin efecto la revocación parcial de la jurisprudencia mencionada en Toppel v. Toppel, supra. Ello es similar a lo realizado por nuestra Legislatura, la cual -como se explica en la parte VI de esta Opinión- enmendó el Art. 1277 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3561, devolviéndole al Art. 10 su vigencia dentro de la zona del régimen de bienes matrimoniales. CC-2006-1031 26
aplicar nuevamente el estatuto real para resolver una
cuestión relacionada a la enajenación de bienes inmuebles
gananciales, entiéndase, dentro de la zona del régimen de
bienes gananciales. En específico, la controversia que se
presentó fue si un poder general otorgado en los Estados
Unidos por un cónyuge a favor de otro constituye el
mandato expreso y requerido en Puerto Rico para la
enajenación de bienes inmuebles gananciales. Al resolver
que, a tenor con el Art. 10 del Código Civil, supra, la
ley aplicable era la de Puerto Rico, expresamos que:
Aun cuando la señora Salemi no estuviese domiciliada aquí y fuera solamente residente de la isla, el resultado sería el mismo. Tendríamos que aplicar las leyes locales porque el inmueble está sito aquí. El estatuto real aplica a todos los inmuebles sitos en la isla, independientemente del domicilio de sus dueños. De manera que no existe controversia alguna de que las leyes de Puerto Rico son las aplicables al considerar la disposición del referido inmueble.48
Desde esta perspectiva, como el Art. 10 del Código
Civil, supra, incorporó el principio general del derecho
sitos, lo correcto entonces es identificar cómo ha sido su
desarrollo en aquella jurisdicción. A manera de ejemplo,
la figura lex rei sitae ha sido aplicada de la siguiente
forma en los Estados Unidos de América, ello con
influencia del derecho civil en cuanto a los efectos del
matrimonio:
48 Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543, 550 (1989). CC-2006-1031 27
Marriage is a very personal matter, and its incidents are generally regulated by the law of the matrimonial domicile. But the Spanish and French laws touching community property, and those of California and Texas and other States derived from them, are held to be, in the vocabulary of the civilians, statutes real and not statutes personal: that is to say, they apply to things within a country‘s jurisdiction rather than to persons wherever they may be or go. It should follow that things, whether movable or immovable, actually situated in a State and effectively within its power, should be governed by the law of the State. It is universally held that real or immovable property is exclusively subject to the law of the country or State in which it is situated, and no interference with it by the law of any other sovereignty is permitted. And the question whether property is real or personal is to be solved by the law of the place where it is actually located. These rules apply to questions of the marital rights of spouses in property. (Énfasis suplido.)49
Como vemos, en el derecho estadounidense se le da
gran énfasis al hecho de que la propiedad inmueble se rige
única y exclusivamente por las leyes del estado en que
esté sito el inmueble. Ello evita que surjan conflictos
entre estados hermanos en relación con la ley a aplicarse
respecto a las propiedades inmuebles sitas en éstos.
Además, propicia un ambiente de mutua deferencia respecto
al dominio y la soberanía de éstos sobre el bien en
cuestión, a la vez que promulga la aplicación uniforme de
las leyes a todas las propiedades inmuebles dentro de un
mismo territorio. A su vez, introduce un alto grado de
previsibilidad, al mismo tiempo que refleja el control que
el estado puede ejercer sobre los bienes que se encuentran
49 Commissioner of Internal Revenue v. Skaggs, 122 F.2d 721, 723 (5to Cir., 1941), cert. denegado en Skaggs v. Commissioner of Internal Revenue, 315 U.S. 811 (1942). CC-2006-1031 28
en su territorio. Es claro que el estado en el que está
ubicado el inmueble posee un interés particular sobre éste
en vista de que precisamente esa propiedad es inamovible.
La confirmación de que esta visión es la que
prevalece en el derecho estadounidense en materia de
conflicto de leyes la provee el Restatement of the Law:
Several factors serve to explain the importance attributed by the rule to the location of the land. The state where the land is situated will have a natural interest in transactions affecting it, particularly in view of the fact that land by its nature is immovable. Also, since in the situations covered by the rule the land constitutes the subject matter of the contract, it can often be assumed that the parties, to the extend that they thought about the matter at all, would expect that the local law of state where the land is situated would be applied to determine many of the issues arising under the contract. The rule furthers the choice-of-law values of certainty, predictability and uniformity of result and, since the state where the land is situated will be readily ascertainable, of ease in the determination of the applicable law.50
Incluso, como previamente hemos expuesto, ello es
aplicable a las controversias surgidas respecto a los
derechos propietarios de los cónyuges dentro de la zona
del régimen económico matrimonial. Así se protegen las
expectativas para las cuales los cónyuges contrataron a
tenor con las leyes que rigen la propiedad inmueble en
cuestión. Todo esto es consistente con lo establecido de
manera reiterada por esta Curia, pues, como ha quedado
demostrado, al enfrentarse a controversias sobre bienes
50 Restatement of the Law, op cit., Vol. 1, Sec. 189. CC-2006-1031 29
inmuebles sitos en Puerto Rico, las leyes de esta
jurisdicción han primado consistentemente.
VI
En cuanto a las cuestiones de cambio de domicilio
conyugal, nuestra Asamblea Legislativa dispuso en el
Art. 1277 del Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 3561, la norma
aplicable al caso específico en que se contrae matrimonio
en el extranjero y sólo uno de los cónyuges es
puertorriqueño, pero los consortes no establecen el
régimen económico que regirá su matrimonio con relación a
sus bienes. Ante ese escenario, la Legislatura
estableció que ―se entenderá que se casan bajo el régimen
de la ley del país en el cual los contratantes establezcan
su domicilio conyugal, tomando en cuenta otros factores
que en justicia deban considerarse, tales como conflicto
móvil o centro de intereses conyugales, todo sin perjuicio
de lo establecido en este título respecto a los bienes
inmuebles‖. (Énfasis suplido.)51
La citada disposición estatutaria adopta los
postulados establecidos por este Tribunal en Toppel v.
Toppel, supra, respecto a los asuntos generados a partir
de la situación conocida en el derecho internacional
privado como conflicto móvil,52 pero en su última parte le
devuelve su plena eficacia al Art. 10 del Código Civil,
51 Art. 1277 del Código Civil, supra. 52 Este concepto constituye la norma de conflicto de leyes aplicable en controversias surgidas en la zona de bienes gananciales ante cambios en el domicilio conyugal o del centro de intereses del matrimonio. CC-2006-1031 30
supra, en cuestiones relacionadas con la zona del régimen
económico matrimonial. Y es que la doctrina sobre el
conflicto móvil o centro de intereses conyugales
establecida en dicha decisión fue incorporada por el
legislador en 1987 al enmendar el Art. 1277 del Código
Civil, supra, pero ello ―sin perjuicio de lo establecido
[en el Art. 10] respecto a los bienes inmuebles‖.53 Con
esta última expresión, la Asamblea Legislativa rechazó
directamente la interpretación que del Art. 10 del Código
Civil, supra, se realizó en Toppel v. Toppel, supra, a los
efectos de que el estatuto real ―no se diseñó para
los bienes matrimoniales‖.54 Ello implica, además, que
para cuestiones como las de autos, el legislador rechazó
la regla de unicidad patrimonial con excepción de la
situación específica acaecida en Toppel v. Toppel, supra,
esto es, matrimonios contraídos en el extranjero en los
que ambos cónyuges sean extranjeros y se determine que el
centro de intereses del matrimonio es en Puerto Rico, y si
tanto los bienes muebles como los inmuebles están ubicados
aquí.
Respecto a este particular, resulta muy atinado el
análisis que realiza el ex Juez Asociado Raúl Serrano
Geyls en su tratado Derecho de familia de Puerto Rico y
legislación comparada:
53 Art. 1277 del Código Civil, supra. 54 Toppel v. Toppel, supra, pág. 782. CC-2006-1031 31
La regla de la unicidad patrimonial, rechazada en el art. 1277 del C.C. al quedar expresamente vigente la aplicabilidad del art. 10 del mismo en cuanto a los bienes inmuebles, podría prevalecer sólo en los casos de matrimonios contraídos fuera de P.R. en los que ambos cónyuges sean extranjeros y se determine que el centro de intereses del matrimonio es P.R., y si, como en el caso Toppel, tanto los bienes muebles como los inmuebles están en P.R., al momento del divorcio. Sería imposible alcanzar con nuestra ley bienes extranjeros más allá de nuestras fronteras, salvo que el país concernido acepte la determinación de los tribunales puertorriqueños.
Posiblemente la idea más innovadora adoptada en el art. 1277 del C.C. fue la de la mutabilidad limitada que permite, en casos donde no se hayan otorgado capitulaciones matrimoniales, un cambio de régimen económico luego de celebrado el matrimonio si se justificare el cambio a la luz de los criterios de Toppel y lo establecido en ese artículo. Este concepto de la mutabilidad limitada fue resultado de la doctrina de la voluntad presunta reconocida en el Derecho Internacional Privado. [...] Entendemos que este art. 1277, tanto antes de ser enmendado como luego de la enmienda vigente, no es de aplicación a matrimonios en que son extranjeros ambos cónyuges, en cuyo caso, como ya dijimos, habrá de regir lo resuelto en Toppel aplicando la regla de la unicidad patrimonial sólo en circunstancias idénticas a las que se dieron allí. No obstante, como el nuevo art. 1277 reafirma el principio básico del art. 10 sobre bienes inmuebles, podría interpretarse que ello se aplica a todas las situaciones. (Énfasis suplido.) 55
Ciertamente, mediante el Art. 1277 del Código Civil,
supra, el legislador puertorriqueño alteró dos principios
comprendidos dentro de la zona del régimen de bienes
gananciales: la unicidad patrimonial y la inmutabilidad
del régimen económico matrimonial. En cuanto al primero,
al reiterar la aplicación del Art. 10 del Código Civil,
55 R. Serrano Geyls, op. cit., págs. 510-511. CC-2006-1031 32
supra, se provee para que los bienes inmuebles se rijan de
acuerdo a las leyes del país en que estén sitos, al margen
del régimen económico que rige la relación patrimonial de
los consortes. De otro lado, la regla de inmutabilidad
del régimen económico dejó de ser absoluta. Esto es, la
Asamblea Legislativa adentró en nuestro ordenamiento la
mutabilidad limitada en casos en los que no se hayan
otorgado capitulaciones matrimoniales y sí se justifica su
aplicación a tenor con los criterios establecidos en el
Art. 1277 del Código Civil, supra, teniendo en cuenta los
factores identificados en Toppel v. Toppel, supra. Ello,
como consecuencia del reconocimiento por parte del
legislador de la aplicación en Puerto Rico de la doctrina
de la voluntad presunta, la cual -en palabras de la propia
Legislatura- ―reconoce la autonomía de un nacional para
contratar sobre bienes con ocasión del matrimonio,
conservando la libertad durante el curso de su vida para
adquirir nuevo domicilio y adoptar sus costumbres, su
forma de vida y sus prácticas de negocios, viniendo
eventualmente por elección a ser sujeto de un estatuto
personal distinto al que le dio su origen‖.56
VII
En Rojas, Randal & Co. v. El Registrador, 27 D.P.R.
21 (1919), citando a Colón et al. v. El Registrador,
22 D.P.R. 369 (1915), y a Bracons v. Registrador de San
Juan, supra, establecimos que, conforme al estatuto real,
56 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 4 del 5 de marzo de 1987. CC-2006-1031 33
para decretar la validez de un contrato cuyo objeto sea un
bien inmueble basta con identificar que se hayan cumplido
los requisitos internos o esenciales -como la capacidad
legal de las partes- dispuestos para esos convenios por
las leyes del país en que esté sito el inmueble.
Es necesario, pues, distinguir entre lo que son los
requisitos de fondo o intrínsecos y los requisitos
formales. Las cuestiones de fondo son aquellas a las que
nos hemos referido antes respecto a los requisitos
internos o esenciales de los convenios sobre bienes
inmuebles. Por otro lado, los requisitos formales de esos
contratos están regidos por el estatuto formal, consagrado
en el Art. 11 del Código Civil, supra. La regla
establecida por el mencionado estatuto se le conoce como
locus regit actum (el lugar rige el acto) o lex loci actus
(la ley del lugar de los actos), la cual dispone ―el
principio de que en el otorgamiento de un acto o contrato
en una jurisdicción extranjera las partes deben cumplir
con todas las formas y solemnidades exigidas por las leyes
de ese lugar‖.57 La existencia de esta norma se debe a que
es a ella que se recurre cuando surgen conflictos sobre
contratos formales o solemnes, esto es, si la solemnidad
requerida es la del foro extranjero o la del patrio.
Precisamente, en Armstrong v. Armstrong, 85 D.P.R.
404 (1962), este Tribunal se enfrentó a un testamento
otorgado fuera de Puerto Rico acorde con las formas y
57 Vda. de Ruiz v. Registrador, 93 D.P.R. 914, 921 (1967). CC-2006-1031 34
solemnidades del lugar en que se otorgó, pero con la
particularidad de que mediante éste se transmitían
derechos sobre bienes inmuebles sitos en esta
jurisdicción. Como vemos, la controversia versó sobre
requisitos formales del documento y no de fondo o
intrínsecos, pues no se planteó que lo dispuesto en el
testamento contravenía nuestro derecho sustantivo en
materia de Sucesiones. Habiendo sido de exclusiva
competencia el estatuto formal, esta Curia determinó que
en Puerto Rico no es necesario que un testamento otorgado
en el extranjero cumpla con los requisitos formales que
exige nuestra ley aun cuando mediante ese testamento se
transmitan derechos sobre bienes inmuebles sitos aquí.
Ahora bien, el estatuto formal, cuyas disposiciones
son de naturaleza potestativa o discrecional, no
imperativas o mandatorias,58 contiene una disposición que,
aunque nada tiene que ver con las formas, crea una regla
excepcional. En específico, el Art. 11 del Código Civil,
supra, establece lo siguiente:
Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás instrumentos públicos, se rigen por las leyes del país en que se otorguen. [...]
No obstante lo dispuesto en esta sección y en la anterior, las leyes prohibitivas concernientes a las personas, sus actos o sus bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas costumbres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias dictadas, ni por
58 Vda. de Ruiz v. Registrador, supra, pág. 925. CC-2006-1031 35
disposiciones o convenciones acordadas en países extranjeros.59
Nótese que a pesar de que el estatuto formal sólo
aplica a actos jurídicos en los que la forma es lo que
importa, el legislador puertorriqueño optó por incluir en
éste una norma limitativa de las actuaciones que realizan
las personas en el extranjero.
VIII
El caso de autos presenta una situación muy
particular en la que se enfrentan dos disposiciones del
Código Civil en materia de derecho internacional privado;
una intentando sobreponerse a la otra al expresamente
anular sus efectos ante actos prohibidos por nuestras
leyes. En otras palabras, tenemos aquí la norma
limitativa del estatuto formal (Art. 11 del Código Civil,
supra) imponiéndose ante la sostenida figura de lex rei
sitae del estatuto real (Art. 10 del Código Civil, supra).
Ello a pesar del gran énfasis que esta última ha adquirido
en el derecho estadounidense -de donde proviene- a los
efectos de que la propiedad inmueble se rige única y
exclusivamente por las leyes del estado donde está sita.
Ello es reflejo del control que el estado puede ejercer
sobre los bienes inamovibles que se encuentran en su
territorio.
Queda claro que la transacción realizada entre la
señora Rodríguez Cruz y el señor Roselló Puig, al
59 Art. 11 del Código Civil, supra. CC-2006-1031 36
transferir a la primera la titularidad exclusiva del
inmueble sito en el estado de Florida, a tenor con las
leyes de ese estado, fue una actuación que en nuestra
jurisdicción no podría efectuarse. Recuérdese que en
Puerto Rico unos cónyuges sujetos al régimen de la
sociedad legal de bienes gananciales no pueden contratar
entre sí ni realizarse donaciones más allá de aquellas
módicas en ocasión de regocijo familiar. Adquiere
relevancia, entonces, la regla prohibitiva del Art. 11 del
Código Civil, supra, la cual dicta que a pesar de lo que
una ley de un país extranjero disponga, en Puerto Rico
ello no tendrá efecto si aquí se prohíbe realizar tal
acto. Lo anterior, ante situaciones como la presente,
tiene el efecto de limitar el alcance de la reforma más
importante hecha en el Título Preliminar del Código Civil
en cuanto a ―que los derechos respecto a los bienes
inmuebles han de regularse totalmente, así en cuanto a la
contratación como en cuanto a los derechos hereditarios,
por la ley del país en que están sitos‖. (Énfasis
suplido.)60
Ahora bien, el caso de autos presenta otro asunto
muy particular. Específicamente se trata de la realidad
de que el negocio jurídico del cual el inmueble en
cuestión es objeto, se realizó, no en un país extranjero,
sino en y conforme a las leyes de un estado de los Estados
60 Bracons v. Registrador de San Juan, supra, pág. 757, citando el Informe de la Comisión Codificadora del Código Civil de 1902, presentado a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el 31 de diciembre de 1901. CC-2006-1031 37
Unidos de América, cuyo sistema federado integra a Puerto
Rico como un componente de éste. Esta indudable realidad
nos obliga a plantearnos si obviar la actuación de la
peticionaria con el recurrido, realizada conforme a las
leyes del estado de Florida, no es violatoria de la
cláusula de entera fe y crédito del Art. IV, Sec. 1 de la
Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, que
también rige en nuestra jurisdicción. Téngase en cuenta
que estamos ante un conflicto de leyes entre dos
jurisdicciones de un mismo sistema federal.
Las leyes de un estado de los Estados Unidos de
América no son estatutos ajenos a nuestro ordenamiento
jurídico. Todo lo contrario, en los Estados Unidos de
América existen salvaguardas constitucionales que se
extienden a Puerto Rico, como lo son las cláusulas de
debido proceso de ley, y de entera fe y crédito, las
cuales dan certeza de la justicia de las actuaciones
oficiales dentro de cada uno de los estados.61 Esas
salvaguardas impiden que tratemos las leyes del estado de
Florida como unas normas extrañas. Insistir en así
hacerlo implicaría aislarnos de una comunidad jurídica de
la que somos parte, abandonando de esa forma ―la cohesión
interna [que existe] entre las distintas jurisdicciones
que interrelacionan en los Estados Unidos‖.62
61 Restatement of the Law, op. cit., Vol. I, Sec. 10. 62 Pueblo v. Martínez Cruz, 167 D.P.R. 741, 759 (2006). CC-2006-1031 38
De esta forma, en nuestro sistema federalista sería
un contrasentido afirmar que una ley de un estado, por ser
distinta a la nuestra (al permitir realizar una
transacción respecto a un bien inmueble), es inaplicable
en Puerto Rico. Nótese que la prohibición en cuestión no
surge del estatuto personal (Art. 9 del Código Civil,
supra), sino que al ser un asunto relativo a un bien
inmueble entonces el estatuto real (Art. 10 del Código
Civil, supra) es el que aplica, obligándonos así y de
primera intención a implementar la ley concerniente al
estado de Florida. No obstante, lo cierto es que chocamos
con la regla excepcional del estatuto formal (Art. 11 del
Código Civil, supra) que impide en este caso la aplicación
del Art. 10 del Código Civil, supra, por ser la ley del
estado de Florida distinta a nuestra ley.
Ahora bien, siendo las leyes del estado de Florida
las que el Art. 11 del Código Civil, supra, nos obliga a
obviar, éste provoca que al aplicar tal norma excepcional
se entre en un claro conflicto con una disposición de la
más alta jerarquía: la cláusula constitucional de entera
fe y crédito. Sabido es que cuando único podemos
apartarnos del cumplimiento con la cláusula constitucional
federal de entera fe y crédito e ignorar lo que proveen
las leyes de otro estado es cuando respetar la Ley Suprema
federal implica darle entera fe y crédito a una ley que
tiene el efecto de contrariar el orden público local, esto
es, que esa ley estatal sea repugnante a los valores y a CC-2006-1031 39
la moral establecida en nuestra jurisdicción o que
provoque disturbios o afecte la organización social,
económica o política.63 Ello en vista de que, como
señalamos, no estamos ante una sentencia o ley de un país
ajeno al nuestro, sino que estamos ante un estatuto de un
estado de los Estados Unidos de América, al cual le
debemos entera fe y crédito.
Como se expuso, la prohibición de contratación entre
cónyuges vigente en nuestro ordenamiento se ha asociado
matrimonial, a la vez que responde ―a la necesidad de
evitar influencias, coacciones y abusos que el cónyuge más
fuerte podría ejercer sobre el más débil‖.64 Ante estas
concepciones en las que se fundamenta la prohibición de
contratación conyugal, nos corresponde identificar si
apartarnos de esta limitación para darle entera fe y
crédito a la ley del estado de Florida, obviando así la
norma excepcional del estatuto formal, pero reconociendo
todos los efectos de la figura lex rei sitae, conlleva
alterar nuestro orden público.
Como ya hemos reconocido, esta inmutabilidad ha
dejado de ser absoluta, pues -en reacción al dictamen de
Toppel v. Toppel, supra- la Asamblea Legislativa enmendó
el Art. 1277 del Código Civil, supra. Al así proceder, el
legislador introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la
63 Véanse: Pacific Employers Insurance v. Industrial Accident Comm‘n, 306 U.S. 493 (1939); Bond et al. v. Hume, 234 U.S. 15 (1917). 64 Serrano Geyls, op. cit., pág. 317. CC-2006-1031 40
mutabilidad limitada del régimen económico matrimonial en
casos en los que no se hayan otorgado capitulaciones
matrimoniales y se justificase su aplicación al tomar en
cuenta ―factores que en justicia deban considerarse, tales
como conflicto móvil o centro de intereses conyugales,
todo sin perjuicio de lo establecido en [el Art. 10]
respecto a los bienes inmuebles‖.65
Como es de notar, el propio legislador ha adentrado
en nuestro ordenamiento la noción de la mutabilidad
limitada del régimen económico matrimonial. De esta
forma, resulta forzoso concluir que la inmutabilidad de
este régimen no es una norma inquebrantable en Puerto
Rico. En este sentido, su concepción tampoco puede ser
catalogada como una cuestión arraigada y promulgadora del
orden público local, ya que aquí se han preceptuado
circunstancias en las que tal inmutabilidad es
desatendida. En específico, el legislador, al aprobar la
versión vigente del Art. 1277 del Código Civil, supra, ha
determinado que la norma que establece que los bienes
inmuebles se rigen por la ley del lugar en que están sitos
funge como una excepción a la inmutabilidad del régimen
económico matrimonial. A base de lo anterior, no
albergamos duda alguna respecto a que el precepto que
incorpora esa inmutabilidad –el Art. 1272 del Código
65 Art. 1277 del Código Civil, supra. Mediante esta disposición estatutaria, la Legislatura también alteró el concepto de unicidad patrimonial, pues al reiterar la aplicación del estatuto real para resolver cuestiones dentro de la zona del régimen económico matrimonial, le otorgó primacía a la norma de que los bienes inmuebles se rigen de acuerdo a las leyes del lugar en que estén sitos, al margen del régimen patrimonial establecido por los consortes. CC-2006-1031 41
Civil- tampoco alcanza el rango necesario como para
sobreponerse a la cláusula de entera fe y crédito.
Como puede notarse, tal como apuntaban los
comentaristas españoles respecto a las donaciones mutuas
entre los cónyuges cuando éstas estaban prohibidas en el
Código Civil español,66 esas prohibiciones no atentan
contra el orden público local, por lo que pueden ser
obviadas ante situaciones meritorias como la de autos.
Más aun cuando respetar la ley del estado de Florida
-a tenor con la cláusula de entera fe y crédito- a lo que
nos conduce es precisamente a sobreponer nuestro estatuto
real (Art. 10 de Código Civil, supra) que establece que
prevalecerá la ley del sitio donde esté el inmueble,
aunque dicha ley sea distinta a la puertorriqueña.
Disposición que, al regir ―totalmente‖ los asuntos
relacionados con los bienes inmuebles, es aplicable a
cuestiones surgidas dentro de la zona del régimen
económico matrimonial.
En fin, como la propiedad está sita en el estado de
Florida y las leyes de ese estado permiten que los
cónyuges alcancen acuerdos o contraten sobre sus bienes,
nos corresponde entonces otorgarle entera fe y crédito a
esas leyes y así validar la transferencia de la
titularidad exclusiva del bien inmueble a la
señora Rodríguez Cruz.
IX
66 Véase A. Marín López, op cit., pág. 539. CC-2006-1031 42
Ahora bien, a pesar de que resulta forzoso reconocer
el carácter privativo de la propiedad sita en el estado de
Florida, no debe perderse de vista que el Art. 10 del
Código Civil, supra, también establece que los bienes
muebles están sujetos a la ley del domicilio de su
propietario. De esta forma, la cuestión de quién figura
como dueño de la propiedad inmueble debe resolverse a
tenor con las leyes del estado de Florida por éste poseer
el mayor interés respecto a ese asunto; pero, de los
cónyuges haber estado domiciliados en Puerto Rico, las
leyes locales gobernarían el asunto concerniente al
crédito que corresponda por el dinero utilizado para la
adquisición y posterior pago de la deuda hipotecaria de
ese inmueble.67 No obstante, en el supuesto de que haya
sido en el estado de Florida donde constituyeron su
domicilio conyugal, entonces las leyes de esa jurisdicción
serían las aplicables respecto a ese particular.
Sin embargo, los autos no nos aclaran cuál era el
domicilio de los cónyuges al momento de adquirir la
propiedad inmueble y al posteriormente traspasarla a la
señora Rodríguez Cruz, por lo que no tenemos los elementos
de juicio necesarios para adjudicar ese asunto. En ese
sentido, le asiste la razón a la peticionaria, la señora
Rodríguez Cruz, al aducir en su alegato que erró el
Tribunal de Apelaciones al concluir que los consortes
estaban domiciliados en Puerto Rico. No encontramos
67 Véase Babilonia v. Registrador, supra, págs. 692-693. CC-2006-1031 43
adjudicación alguna sobre el particular por parte del foro
primario.
X
Por los fundamentos antes expuestos, determinamos
que mediante la escritura otorgada entre las partes en el
estado de Florida el inmueble sito en ese estado pasó a
ser un bien privativo de la peticionaria. Por lo tanto, se
revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones
y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia
para que, luego de recibir prueba, adjudique cuál fue el
domicilio conyugal de los exconsortes y, a tenor con las
leyes de éste, adjudique la cuantía del crédito
correspondiente.68
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado
68 Recuérdese que por un lado el señor Roselló Puig alegó que si bien la propiedad fue transferida a la señora Rodríguez Cruz durante la vigencia del matrimonio, él continuó realizando los pagos del préstamo hipotecario del inmueble hasta agosto de 2003 (posterior a decretado el divorcio), fecha en que la señora Rodríguez Cruz lo vendió. Por su parte, la señora Rodríguez Cruz adujo que ―[l]as mensualidades de la hipoteca fueron satisfechas con bienes de la Sociedad Legal de Gananciales desde que la misma fue incurrida hasta aproximadamente el mes de agosto de 2003‖. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 80. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que, luego de recibir prueba, adjudique cuál fue el domicilio conyugal de los exconsortes y, a tenor con las leyes de éste, adjudique la cuantía del crédito correspondiente
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió Opinión Disidente a la cual se une el Juez Presidente señor Hernández Denton. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió Opinión Disidente. El Juez Asociado señor Martínez Torres está inhibido.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Roselló Puig Recurrido Certiorari
v. CC-2006-1031
Ruth N. Rodríguez Cruz Peticionaria
Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta a la cual se une el Juez Presidente señor Hernández Denton
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.
Disiento del análisis de la mayoría de este
Tribunal cuyo efecto es darle preeminencia,
injustificadamente, a las disposiciones legales de
otra jurisdicción, ignorando las normas vigentes
en la nuestra. Este caso nos requiere decidir qué
implicación tiene, para propósitos de una división
de bienes posdivorcio realizada en Puerto Rico, el
que las partes, mientras estaban casadas bajo el
régimen de sociedad de gananciales de Puerto Rico,
hubiesen suscrito un contrato permitido por las
leyes del estado de Florida para transferir a
título privativo de la esposa un bien inmueble
sito en ese estado, adquirido por la pareja CC-2006-1031 2
durante el matrimonio.69 La respuesta que brinda la Opinión
mayoritaria es que debemos subordinar la normativa
puertorriqueña, que prohíbe la contratación y donación
entre cónyuges y dispone la inmutabilidad del régimen
matrimonial, a la de Florida porque la Constitución de
Estados Unidos así lo ordena. Esta solución es errónea
tanto conforme a nuestro ordenamiento como al de Estados
Unidos.
La Constitución de Estados Unidos establece que ―[s]e
dará entera fe y crédito en cada estado a los actos
públicos, documentos y procedimientos judiciales de los
otros estados‖.70 Esta disposición constitucional, conocida
como la de ―full faith and credit‖, no cuenta con estatutos
que ayuden a descifrar su alcance o estandarizar su
aplicación. No obstante, el Tribunal Supremo de Estados
Unidos ha establecido que no se trata de un mandato
inexorable. Asimismo, ha reconocido que la disposición
aplica tanto a las sentencias judiciales como a las leyes
de los diferentes estados y territorios de Estados Unidos,
pero no de la misma manera.71
69 Por no haber controversia en cuanto a los hechos reseñados en la Opinión mayoritaria, no los expondremos nuevamente. 70 Art. IV, Sec. 1, Const. E.E. U.U (Traducción, 1 L.P.R.A., ed. 2008, pág. 177). 71 R.H. Jackson, Full Faith and Credit: The Lawyer‘s Clause of the Constitution, New York, Columbia University Press, CC-2006-1031 3
Los factores para determinar si un estado o territorio
está obligado a emplear las leyes y regulaciones de otro
por razón de la cláusula de entera fe y crédito difieren
sustancialmente de las que debe considerar un tribunal para
decidir si hace valer las sentencias dictadas en otra
jurisdicción. Esto se debe a que cada estado o territorio
tiene legitimidad para implementar la política pública que
entienda más apropiada, a través de sus propias leyes.72 Esa
potestad es parte de la esencia de los sistemas
federalistas, cuyos componentes ceden el control sobre
ciertos asuntos pero conservan autonomía sobre muchos
otros. En palabras del Tribunal Supremo de Estados Unidos:
La naturaleza misma de una unión federal de estados, en la que cada uno de éstos mantiene su derecho soberano para promulgar sus propias leyes, impide recurrir a la Constitución como medio para compeler a un estado a subordinar por completo sus leyes y políticas concernientes a sus asuntos domésticos peculiares a las leyes y políticas de otros estados.73 _______________________________________________________________ 1945, págs. 10-28. El Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha explicado que la cláusula de full faith and credit no opera ex proprio vigore y está sujeta a excepciones, por lo que, en el contexto de las sentencias judiciales, no se le puede dar entera fe y crédito a una sentencia de otro estado, haciendo caso omiso de las leyes puertorriqueñas que exigen la intervención previa de un tribunal local. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 420 (1985); Roseberry v. Registrador, 114 D.P.R. 743, 747 (1983). 72 W.J. Rich, Modern Constitutional Law, 3ra ed., Minnesota, Ed. West, 2011, Vol. 3, pág. 139. 73 (Traducción nuestra.) Pink v. A.A.A. Highway Exp., 314 U.S. 201, 210 (1941). La versión original en inglés lee: ―[T]he very nature of the federal union of states, to each of which is reserved the sovereign right to make its own laws, precludes resort to the Constitution as the means for CC-2006-1031 4
El estado foro, aquel donde se está atendiendo el
caso, no tiene que subordinar automáticamente su ley a la
de otra jurisdicción también aplicable a la controversia,
sino que tiene la oportunidad de escoger, entre las dos
políticas estatales conflictivas, la que es más adecuada
para atender el caso. Además, no se le puede exigir a un
estado o territorio aplicar la ley de otra jurisdicción
cuando ésta se oponga a la moral o los principios básicos
del foro.74 La clave para la selección se encuentra en
determinar, por un lado, si aplicar la ley del foro
constituiría un acto arbitrario y, por el otro, si la ley
extranjera es contraria al orden público del foro. El
estado foro, entonces, tiene que decidir si los intereses
por los que vela su ley tienen mayor peso que los del foro
alternativo, y para ello debe considerar el respeto que
merece la ley del otro, si las partes están debidamente
informadas sobre la ley que se pretende aplicar y los
contactos de cada estado con las partes y la controversia.75
Si el foro tiene contactos significativos con la
controversia, de modo que exista un interés del estado o
territorio en el pleito, puede aplicar su propia ley, y más
_______________________________________________________________ compelling one state wholly to subordinate its own laws and policy concerning its peculiarly domestic affairs to the laws and policy of others‖. 74 Hughes v. Fetter, 341 U.S. 609, 611-612 (1951). 75 Rich, op. cit., pág. 140. CC-2006-1031 5
aun cuando la ley conflictiva de la otra jurisdicción va en
contra de su política pública.76
La cláusula de entera fe y crédito presenta serias
dificultades como vehículo de unificación de los diversos
sistemas legales estatales de Estados Unidos, pues su
lenguaje y su historia demuestran que no se diseñó para
resolver disputas sobre la ley estatal aplicable, y el
texto no le prohíbe a los estados y territorios aplicar sus
propias leyes en casos de conflicto si tienen bases
legítimas para hacerlo.77 Asimismo, los estudiosos
estadounidenses concuerdan en que la Constitución federal
no provee guías adecuadas para seleccionar la ley estatal
más apropiada para la resolución de cada controversia ni el
Congreso ha legislado con claridad al respecto, por lo que
es necesario recurrir a las normas de conflicto de leyes
para hacer dicha determinación.78
76 Véase Philips Petroleum Co. v. Shutts, 472 U.S. 797, 821- 822 (1985). 77 A.T. Von Mehren & D.T. Trautman, The Law of Multistate Problems, Boston, Ed. Little, Brown and Co., 1965, págs. 1243-1244. Inicialmente, esta cláusula estaba pensada para que las sentencias de las cortes de los estados y las deudas contributivas en virtud de leyes sobre impuestos estatales se pudieran hacer valer en otras jurisdicciones. Id. págs. 1229-1230. Estos autores también señalan que pensar en uniformidad jurídica, especialmente en temas ―domésticos‖, dentro de un sistema federalista es imposible, pues cada estado tiene la libertad de establecer su propia política pública. Id. pág. 299. 78 Id. pág. 1242; Rich, op. cit., pág. 143. CC-2006-1031 6
Para propósitos de las doctrinas de conflicto de
leyes, se consideran extranjeras las jurisdicciones que
tienen legislación propia sobre ciertas materias que pueda
ser incompatible con la del foro. Así, al interior de
sistemas federales, donde coexisten diversas legislaciones
estatales, como en Estados Unidos, se dan colisiones entre
cuerpos de ley extranjeros. Lo mismo sucede en sistemas
unitarios con legislaciones forales, como España.79 Como
señala el académico Kurt Nadelmann, en referencia a cómo se
han atendido los conflictos de leyes dentro de Estados
Unidos, los problemas de selección de ley aplicable no son
más fáciles de resolver porque surjan en una unión
federal.80 Y es que este tipo de casos no se puede resolver
diciendo simplemente que se le va a dar deferencia a un
estado por estimarlo ―hermano‖ y se va a aplicar su ley en
lugar de la propia.81
La doctrina constitucional estadounidense indica que
no es razonable esperar que siempre que haya un conflicto
de leyes se le dé deferencia a la legislación del otro
estado, y la jurisprudencia federal más reciente permite a
los estados y territorios aplicar sus leyes y políticas
79 Armstrong v. Armstrong, 85 D.P.R. 404, 409 (1962). 80 ―[C]hoice of law problems are not easier to solve if they arise in a federal union‖. K.H. Nadelmann, Conflict of Laws: International and Interstate, The Hague, Ed. Martinus Nijhoff, 1972, pág. 213. 81 Véase Roselló Puig. v. Rodríguez Cruz, Opinión mayoritaria, págs. 35-38. CC-2006-1031 7
siempre que tengan interés en la disputa y una base
racional para preferir sus normas.82 En el presente caso, no
se trata de rechazar la ley de Florida solamente porque es
distinta a la nuestra,83 sino porque el estatuto de ese
estado que podría aplicar a la controversia contraviene la
política pública vigente en Puerto Rico.
A. El matrimonio y el régimen de bienes matrimoniales
siempre han representado áreas de trabajo complejas para el
Derecho Internacional Privado, por la importancia social de
dicha institución, que está concebida para ser permanente
mas puede disolverse en cualquier momento. Los innumerables
cambios que puede experimentar el matrimonio en un mundo
donde cada estado lo regula de modos diferentes y cada día
hay mayor movilidad dan lugar a conflictos de leyes
internacionales e interestatales que no se han atendido de
manera uniforme.84 Más bien, la trascendencia de las
situaciones que involucran bienes matrimoniales y el
interés de que cualquier división se lleve a cabo de manera
que resulte justa y satisfactoria para la vida posterior de
82 Rich, op. cit., págs. 140-141. 83 Véase Opinión mayoritaria, pág. 36. 84 Véase J.M. de Lasala Samper, El régimen matrimonial de bienes. Derecho Internacional Privado e Interregional, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, págs. 19-24. Véanse también L. Pålsson, Marriage and Divorce in Comparative Conflict of Laws, Leiden, Ed. A.W. Sijthoff, 1974; A. Miaja de la Muela, Derecho Internacional Privado, 9na ed., Madrid, Ed. Atlas, 1982, Tomo 2, págs. 357-376. CC-2006-1031 8
los ex cónyuges obligan a desarrollar diferentes políticas
de selección de ley aplicable (choice of law) de acuerdo
con las diversas circunstancias que se enfrentan.85
No obstante lo anterior, a medida que se ha estudiado
el conflicto de leyes en el matrimonio, los tribunales y
los tratadistas han coincidido en que es necesaria la
unicidad. Esto es, seleccionar un cuerpo de leyes que sirva
como única referencia para resolver todas las controversias
sobre la participación de los esposos en las propiedades
que poseen.86 En su tratado sobre distribución equitativa,
Turner indica que la práctica mayoritaria en Estados Unidos
de dividir todos los bienes posdivorcio según una sola ley,
que suele ser la ley del foro, es la mejor política;
primero, por la razón práctica de que facilita la función
judicial al no obligar a los tribunales a estudiar las
leyes de otros estados y a recibir prueba para clasificar
cada activo de forma individual, y, segundo, porque cada
estado tiene su conjunto de políticas sobre Derecho de
Familia y al aplicar de manera fragmentada las leyes de
distintos estados se puede llegar a resultados
incongruentes o injustos.87
85 E.F. Scoles & P. Hay, Conflict of Laws, 2da ed., Minnesota, Ed. West, 1992, pág. 433. 86 Id. pág. 469. Véase también R.A. Leflar, American Conflicts Law, 3ra ed., Indianapolis, Ed. Bobbs-Merrill Company, 1977, pág. 471. 87 B.R. Turner, Equitable Distribution of Property, 3ra ed., Minnesota, Ed. Thomson West, 2005, Vol. 1, págs. 161-162. CC-2006-1031 9
El sistema para gobernar los bienes matrimoniales en
Estados Unidos se divide en dos grandes categorías: los
estados en que se utilizan las doctrinas del common law y
los estados con ordenamientos de origen civilista
(community property states). Dentro de esos dos grupos,
cada estado tiene sus propias reglas sobre clasificación y
división posdivorcio. El sistema de Florida es uno de los
del primer grupo, mientras que el de Puerto Rico es similar
al de los estados del segundo grupo.
Los conflictos de leyes en Estados Unidos surgen
principalmente cuando se tienen que dividir los bienes
luego del divorcio y la pareja posee muebles e inmuebles en
distintos estados, unos con régimen de common law y otros
en los que imperan normas de community property. La mayor
incompatibilidad se da cuando la pareja ha estado
domiciliada en distintos estados y tiene que dividir bienes
sitos en una jurisdicción de common law dentro de un
procedimiento que se lleva a cabo en un community property
state o vicecersa.88
La selección de la norma que regirá la división es
esencial porque en los community property states existe una
presunción de que todos los bienes adquiridos durante el
88 Hablamos de la mayor incompatibilidad, pues, dado que ni siquiera hay uniformidad en las leyes de los estados que están dentro de una misma categoría –common law o community property states-, siempre surgen conflictos de leyes, mas, si ambos estados utilizan sistemas similares de división, se pueden armonizar los estatutos con mayor facilidad. CC-2006-1031 10
matrimonio pertenecen por partes iguales a ambos cónyuges,
a menos que establezcan un régimen distinto al casarse, y
esa norma gobierna tanto durante el matrimonio como en la
división posdivorcio. Mientras, en los common law states no
opera esta presunción y la propiedad pertenece al cónyuge
que la haya adquirido durante el matrimonio, por lo que
todos los bienes podrían pertenecerle a una sola persona.
La mayor parte de estos estados recurre entonces a la
distribución equitativa para resolver el problema de que el
cónyuge que no posee bienes de forma separada al momento
del divorcio se quede sin medios para subsistir. De esta
forma, los bienes de ambos ex cónyuges se asignan entre
ellos de acuerdo a sus circunstancias particulares, sin
depender necesariamente del título legal sobre las cosas ni
repartirlas en partes iguales.89
Sin embargo, esa propiedad separada característica de
una jurisdicción de common law se consideraría privativa de
su dueño en un estado regido por las normas de community
property; en ese caso, no habrían bienes gananciales que
dividir. Para atender este problema, de manera que el
cónyuge que no tiene propiedades a su nombre no quede
desprovisto, las normas de conflicto de leyes sugieren
clasificar las propiedades adquiridas fuera del community
property state como si se hubiesen adquirido en éste. Así,
un inmueble recibido por algún miembro de la pareja durante
89 Turner, op. cit., Vol. 1, págs. 2-3. CC-2006-1031 11
el matrimonio se reputaría matrimonial, siempre que no
pudiera considerarse privativo como lo sería una herencia.90
Esta clasificación para efectos de división se conoce como
cuasi-comunidad.91 En la situación contraria, cuando la
propiedad ganancial o privativa situada en un community
property state se va a dividir en uno de common law,
afloran problemas para la clasificación, pues los bienes no
pueden convertirse automáticamente en matrimoniales o
separados, ya que las características de las categorías no
son iguales en ambos sistemas. Para evitar incongruencias,
todos los bienes se dividen según un solo sistema.92 Es
decir, se utiliza la unicidad del patrimonio y se
selecciona una sola ley para la división.
La práctica generalizada en los últimos años en
Estados Unidos, tanto en estados con régimen de common law
como en los de community property, ha sido la de aplicar a
todas las propiedades las normas del foro, en lugar de las
de estados extranjeros. En los common law states, se han
aplicado las leyes locales para la clasificación y
distribución equitativa, ya sea por una política de que los
estatutos propios son los que reglamentan ese tipo de casos
90 Sobre bienes privativos en Puerto Rico, véase: Art. 1299, Cód. Civ. PR, 31 L.P.R.A. sec. 3631. 91 Scoles, op. cit., págs. 487-489; H. Marsh, Marital Property in Conflict of Laws, Seattle, University of Washington Press, 1952, págs. 234-235, 247. 92 Marsh, op. cit., pág. 100. CC-2006-1031 12
o porque, como suele determinarse, el foro es el estado con
mayor relación significativa con la controversia. Asimismo,
en la mayor parte de los community property states, se ha
legislado para que el foro aplique su ley de división y
clasifique los bienes ubicados en otros estados según la
normativa de cuasi-comunidad.93
Esta práctica es congruente con las expresiones del
Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los límites de la
cláusula de entera fe y crédito: tratándose de asuntos
sobre los cuales un estado o territorio puede legislar, no
se puede le compeler a sustituir sus estatutos por los de
otra jurisdicción, a menos que los intereses que defiende
la otra jurisdicción sean superiores a los del foro.94 En
esa situación, el peso de probar que, debido al conflicto
de leyes, el estado foro no debe hacer valer sus propios
estatutos en sus propios tribunales recae en la parte que
alega que la otra jurisdicción tiene valores más
93 Turner, op. cit., Vol. 1, págs. 158-161. Por ejemplo, en Louisiana, enmendaron las disposiciones del Código Civil que atienden los conflictos de leyes en casos de división de bienes entre los cónyuges para establecer que los inmuebles en Louisiana adquiridos por los esposos se rigen por las leyes de Louisiana, mientras que los inmuebles ubicados fuera de ese estado y adquiridos por alguno de los esposos durante el matrimonio, si mantenía domicilio en Louisiana, también se rigen por las leyes de Louisiana a los fines de determinar el derecho de cada cónyuge al valor del inmueble al disolverse la comunidad posdivorcio. La. C.C. arts. 3524-3525. 94 Franchise Tax Board of California v. Hyatt, 538 U.S. 488, 494-497 (2003); Pacific Employers Ins. Co. v. Industrial Accident Commission of California, 306 U.S. 493, 501-503 (1939). CC-2006-1031 13
importantes que proteger.95 De no hacerlo, prevalece la ley
del foro. En casos en que ambos estados proveen guías para
proteger a los ex cónyuges y sus intereses económicos de la
manera que entienden más justa, los fundamentos que acoge
un foro no podrían ir por encima de los del otro. Por eso,
en la doctrina de conflicto de leyes, de manera similar a
lo que sucede en la de entera fe y crédito, una política
apremiante del foro a favor de su ley sustantiva sobre
matrimonio se impondría sobre la del otro estado que
compite por reconocimiento.96
B. Independientemente del método de división
seleccionado, antes de distribuir los bienes que
corresponden a cada ex cónyuge es necesario clasificar los
bienes como privativos y gananciales, si se catalogan según
la doctrina de community property, o como separados y
matrimoniales, si se realiza la distribución equitativa de
los estados de common law.
Esta distribución equitativa se lleva a cabo en tres
pasos: la clasificación, en la cual se determina la masa
divisible; la valoración y la división. Para hacer la
clasificación, se identifican todos los activos que sean
propiedad de cada uno de los ex cónyuges o de ambos, y
luego se determina si esos bienes son matrimoniales o
95 Rich, op. cit., pág. 141. 96 Marsh, op. cit., págs. 114-117. CC-2006-1031 14
separados.97 Los bienes separados se le asignan a su dueño o
dueña y para que se decida otorgarle parte de éstos al otro
cónyuge se exige necesidad económica con un estándar
difícil de cumplir.98 La parte interesada en que un bien se
considere matrimonial tiene que probar que éste se
adquirió, por uno de los cónyuges o ambos, durante el
matrimonio. Entonces, el activo se presumirá matrimonial y
quien se oponga a ello deberá probar que es separado.99
Aunque tener el título legal sobre una propiedad no
garantiza que ésta se le va a adjudicar finalmente al
titular, el bien se clasifica como separado del cónyuge que
tenga el título. El otro cónyuge puede demostrar que, por
las aportaciones que hizo para la compra del bien o por
otras razones, éste debe clasificarse como matrimonial y
dividirse de forma equitativa.100 El título legal también es
importante cuando terceras personas son dueñas de los
bienes junto a los esposos o los han adquirido de ellos,
porque se protege su interés económico sobre la
propiedad.101
97 Turner, op. cit., Vol. 1, págs. 158, 251-253. A pesar de que la distribución no se centra en el título sobre las cosas, es importante la clasificación para determinar qué bienes formarán parte de la masa matrimonial que se dividirá. 98 Id. Vol. 2, págs. 940-944. 99 Id. Vol. 1, págs. 255-256. 100 Id. págs. 264-265. 101 Id. pág. 164. CC-2006-1031 15
En Puerto Rico, como en otras jurisdicciones donde el
régimen matrimonial supletorio es la sociedad de bienes
gananciales, se presumen gananciales todos los bienes
adquiridos por cualquiera de los cónyuges, a título
oneroso, por sus esfuerzos o por los frutos que produzcan
otros bienes, desde la celebración del matrimonio hasta su
disolución.102 Este es el régimen que aplica a todas las
parejas que se casan en Puerto Rico, a menos que antes del
matrimonio establezcan capitulaciones matrimoniales en las
que seleccionen otro régimen para regir su propiedad.103 En
cualquiera de las dos instancias, el régimen seleccionado
antes de establecerse el vínculo matrimonial es inmutable:
no se puede cambiar mientras dure el matrimonio.104
Cuando se disuelve la sociedad de gananciales y nace
la comunidad de bienes posdivorcio, los bienes gananciales
forman una masa cuyos dueños, en común pro indiviso, son
ambos ex esposos. Para dividir la comunidad, se hace un
inventario de los bienes que pertenecen a los cónyuges y se
clasifican como privativos o gananciales. Los privativos
permanecerán en manos de su dueño o dueña, mientras que los
gananciales se dividirán en partes iguales, a menos que se
_______________________________________________________________ 102 Arts. 1301 y 1307, Cód. Civ. PR, 31 L.P.R.A. secs. 3641 y 3647. 103 Maldonado v. Cruz, 161 D.P.R. 1, 15-19 (2004). 104 Art. 1272, Cód. Civ. PR, 31 L.P.R.A. sec. 3556. CC-2006-1031 16
demuestre que la proporción justa para la distribución de
un bien es otra.105
A. En el proceso de clasificación de los bienes
posdivorcio, los tribunales se encuentran en la encrucijada
de cómo catalogar los inmuebles que se encuentran fuera del
foro: según la ley local o la del lugar en que ubica el
bien. El artículo 10 del Código Civil de Puerto Rico indica
que ―[l]os bienes muebles están sujetos a la ley de la
nación del propietario; los bienes inmuebles a las leyes
del país en que están sitos‖.106 Sin embargo, como veremos,
esta disposición no aplica automáticamente a todos los
inmuebles, pues se deben sopesar cuestiones de conflicto de
leyes y razones de orden público antes de decidir qué ley
regirá la controversia relacionada con un inmueble.
En la jurisprudencia puertorriqueña, encontramos
variadas situaciones en las que se ha aplicado la ley de
Puerto Rico por ser la del lugar donde está radicado el
inmueble. Por ejemplo, en Babilonia v. Registrador, a una
mujer casada en Nueva York, pero domiciliada en Puerto
Rico, no se le permitió inscribir tres fincas ubicadas en
Puerto Rico como bienes privativos, pues se aplicó la
presunción de gananciales que dispone la ley de Puerto
105 Montalván v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411 (2004). 106 31 L.P.R.A. sec. 10. CC-2006-1031 17
Rico, donde se encontraban los inmuebles.107 De igual forma,
en Pueblo v. Denis Rivera, se decidió que regía la ley de
Puerto Rico para clasificar como ganancial una casa ubicada
en Puerto Rico que compró un hombre casado en Nueva York
que luego se mudó a la Isla, aunque el régimen matrimonial
por regla general en Nueva York no fuera la sociedad de
gananciales.108
Sin embargo, debemos hacer una distinción importante
de esos casos y otros similares respecto al presente. En
todos aquéllos, los inmuebles en controversia se
encontraban en Puerto Rico, por lo que, al decidir que
aplicarían la ley del lugar donde el bien estaba sito, se
estaba aplicando la ley del foro. No hubiese sido tan
sencilla la selección de la ley del sitio si estas
personas, con relaciones significativas con Puerto Rico,
hubiesen tenido controversias relacionadas con bienes
ubicados fuera de la Isla y que involucraran choques con
otras disposiciones de orden público del País.
No se pueden usar esos precedentes para concluir que
el artículo 10 aplica a todo tipo de controversia y que,
cuando éste no se ha empleado, el Tribunal ha errado en su
razonamiento.109 Como bien explica la Opinión disidente de
la juez asociada Rodríguez Rodríguez, cuando se enmendó
107 62 D.P.R. 688 (1943). 108 98 D.P.R. 704 (1970). 109 Véase Opinión mayoritaria, pág. 23. CC-2006-1031 18
este estatuto real en el Código Civil, en 1902, se hizo
únicamente para eliminar la norma de que las sucesiones se
regirían por el estatuto personal y no para establecer que
toda controversia relacionada con inmuebles se atendería
según la ley de donde éstos se encontraran.110 El caso
Bracons v. Registrador, resuelto pocos años después,
explica esta supresión al hablar de la ―reforma importante‖
que se le hizo al Código Civil y utiliza la palabra
―totalmente‖ para expresar que el estatuto real regiría
desde entonces no sólo a los derechos sobre bienes
inmuebles en casos de Contratos, sino también en casos de
Sucesiones.111
Asimismo, no es posible basarse en un comentario que
se hizo cuando se enmendó el Código Civil en 1902 para
colegir que la norma vigente en Estados Unidos, y que debe
aplicar en Puerto Rico, es la de la ley del sitio. La
realidad actual dista mucho de esa aseveración. En Estados
Unidos, la regla general tradicional de que los inmuebles
se rigen por las normas del lugar en que están localizados
ha sido descartada para casos de división de bienes
posdivorcio en la mayor parte de los estados.112 La norma
110 Véase Roselló Puig. v. Rodríguez Cruz, Opinión disidente de la juez Rodríguez Rodríguez, pág. 19. 111 24 D.P.R. 753, 757 (1917). Véase Opinión mayoritaria, pág. 19. 112 Turner, op. cit., Vol. 1 pág. 158; Scoles, op. cit., pág. 469. CC-2006-1031 19
del situs se ha dejado de utilizar por ser insuficiente
para una solución adecuada de las controversias. Desde hace
varias décadas, se ha estado empleando la norma de la
fuente de origen, mediante la cual el interés matrimonial
sobre un inmueble no cambia porque haya sido adquirido por
un solo cónyuge como propiedad separada en un common law
state, si se demuestra que el dinero que se utilizó para
comprar la propiedad le pertenecía a la pareja o era un
bien ganancial en el community property state donde el
matrimonio estaba domiciliado anteriormente.113 Más
recientemente, se está aplicando la ley del foro que
atiende el caso y la referencia al situs del inmueble sólo
se utiliza para saber si el tribunal, luego de realizar la
división, puede ordenar la transferencia automática del
título sobre el bien al cónyuge al que se le asignó o debe
ordenarle a la parte que haga los trámites en el registro
de propiedades de la otra jurisdicción.114
B. Cuando se resolvió Toppel v. Toppel, en 1983, la
―nueva realidad puertorriqueña‖ no era la que la Opinión
mayoritaria identifica, a raíz de las discusiones
113 Scoles, op. cit., pág. 472-473; Marsh, op. cit., pág. 102. El Restatement of the Law incluye esta regla como límite a la aplicación de la ley del situs en el primer comentario a la disposición sobre los efectos del matrimonio en el interés sobre tierras adquiridas luego del casamiento. American Law Institute, Restatement of the Law Second – Conflicts of Laws 2d, Minnesota, American Law Institute Publishers, 1971, Vol. 2, sec. 234, pág. 37. 114 Turner, op. cit., Vol. 1 pág. 160; Vol. 3, págs. 21-22. CC-2006-1031 20
legislativas de 1902 sobre la aplicación del estatuto real
a todo tipo de controversia referente a inmuebles, sino la
que la Constitución de Puerto Rico estableció en 1952 y
diversas leyes aprobadas entre 1975 y 1976 reforzaron: la
igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres.115 Por
eso, es sumamente preocupante la revocación parcial
innecesaria de Toppel que, sin mayor análisis, propone la
decisión mayoritaria.116 En Toppel, se interpretaron las
normas de conflicto de leyes de modo que no violentaran la
política pública puertorriqueña de equiparar los derechos
de la esposa a los del marido. Se utilizaron las teorías
más innovadoras en ese momento para proveer guías para la
resolución de casos futuros de choques entre jurisdicciones
por controversias sobre bienes matrimoniales y se dejó la
puerta abierta para estudiar cada caso según las
circunstancias particulares que presentara, mas siempre
teniendo como máxima la sólida política pública de nuestro
foro de igualdad entre los géneros. Si Toppel se hubiese
resuelto aplicando rígidamente las normas de conflicto de
leyes que establece el Código Civil y otras leyes que los
foros inferiores entendían que aplicaban en aquel momento,
la señora Toppel hubiese recibido una minúscula parte del
115 Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775, 793-795 (1983). Este caso se resolvió en equidad, pues las leyes existentes eran insuficientes para una solución razonable. Art. 7, Cód. Civ. PR, 31 L.P.R.A. sec. 7. 116 Véase Opinión mayoritaria, págs. 23-26. CC-2006-1031 21
patrimonio que forjó junto a su esposo durante los años en
que manejaron un negocio exitoso en Puerto Rico. Esa
solución hubiese estado muy lejos de los principios que
orientaban a los tribunales de Puerto Rico y de muchos
otros países en aquella época.
Además, distinto a lo que señala la Opinión
mayoritaria, seis años después de la resolución de Toppel,
en Zarelli v. Registrador, este Tribunal no ―obvió‖ el
razonamiento de Toppel para restablecer la vigencia del
estatuto real en casos de inmuebles gananciales, sino que
se distinguió el precedente.117 Ese caso claramente señala
que el Tribunal no utilizó Toppel porque no se trataba de
una liquidación de bienes gananciales y las partes no
estaban cuestionando la aplicación de las leyes de Puerto
Rico.118 En el presente caso también es necesario distinguir
a Toppel.
En Toppel, las partes no eran puertorriqueños casados
en Puerto Rico bajo el régimen de sociedad de gananciales,
sino una mujer británica y un hombre estadounidense que se
casaron en Nueva York, donde no rige el precepto
matrimonial de gananciales. Su relación con Puerto Rico
para efectos de la división de bienes gananciales se debía
a que habían residido y construido su fortuna en la Isla
117 Véase Opinión mayoritaria, pág. 25. 118 Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543, 550 esc. 4 (1989). CC-2006-1031 22
durante 13 años y se habían divorciado en este país. Como
explica el profesor Raúl Serrano Geyls, Toppel continúa
vigente para situaciones como las de ese caso: dos
extranjeros casados en el extranjero que tienen bienes en
Puerto Rico y se divorcian aquí. Según señala, ello se debe
a que nuestras leyes no pueden alcanzar bienes de personas
extranjeras ubicados fuera de nuestros límites
territoriales.119 Los hechos del caso ante nuestra
consideración son muy diferentes, pues se trata de dos
puertorriqueños que se casaron en Puerto Rico bajo el
régimen de sociedad de gananciales y tienen bienes tanto en
la Isla como en el extranjero.
Por todo lo anterior, no se justifica reducir la
fuerza vinculante de Toppel, un precedente importante para
la interpretación de nuestra política constitucional de
igualdad entre los géneros.120 En Toppel se dividieron los
inmuebles del matrimonio sitos en Puerto Rico según las
leyes de Puerto Rico sobre sociedad de bienes gananciales,
pero no porque aplicara el estatuto real, artículo 10 de
nuestro Código Civil. Tenía que hacerse así porque el
119 R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y legislación comparada, San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, Vol. 1, pág. 510. 120 Véanse J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 868; I. Ramos Buonomo, Derecho de Familia, 75 Rev. Jur. UPR 293, 316 (2006). CC-2006-1031 23
estatuto real no se puede aplicar a todo tipo de
controversias sobre inmuebles sin cometer injusticias en
algunos casos.
Por otro lado, tampoco aplica al presente caso el
artículo 1277 del Código Civil que la Opinión mayoritaria
cita para rechazar las aportaciones de Toppel a nuestra
doctrina sobre división de bienes gananciales. Dicho
artículo dispone la ley que regirá a los matrimonios en los
que uno de los miembros de la pareja sea puertorriqueño y
el otro sea extranjero y que se casen fuera de Puerto
Rico.121 Además, el que el texto de ese artículo se haya
enmendado, como consecuencia de lo resuelto en Toppel, para
añadir que se atenderán factores como el conflicto móvil y
el centro de intereses conyugales, no cambia en nada la
norma vigente de que a las parejas puertorriqueñas que
hayan contraído matrimonio en Puerto Rico sin otorgar
capitulaciones matrimoniales válidas les aplica el régimen
de sociedad de gananciales y el mismo es inmutable. Esa
enmienda se realizó para atender una situación de conflicto
de leyes relacionada con matrimonios extranjeros y de
ninguna manera reduce el alto interés público que tiene el
matrimonio en nuestro ordenamiento.122
121 31 L.P.R.A. sec. 3561. 122 Véase Opinión mayoritaria, pág. 28-31, 38-40. CC-2006-1031 24
El artículo 11 del Código Civil de Puerto Rico dispone
que los contratos se rigen por las leyes del país en que se
otorguen, pero con una excepción: ―las leyes prohibitivas
concernientes a las personas, sus actos o sus bienes, y las
que tienen por objeto el orden público y las buenas
costumbres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias
dictadas ni por disposiciones o convenciones acordadas en
países extranjeros‖.123 Por lo tanto, la vigencia de los
contratos realizados en el extranjero que se quieran hacer
valer en Puerto Rico queda supeditada a la política pública
y las leyes de este país.
En Colón Aponte v. Registrador, advertimos que el
tercer párrafo del artículo 11 impide que se lleven a cabo
negocios fuera de Puerto Rico con el fin de burlar las
leyes prohibitivas de la Isla sobre asuntos que afecten
relaciones o bienes en Puerto Rico.124 En ese caso, nos
negamos a darle validez a un testamento mancomunado,
realizado por un matrimonio en un país donde está permitido
testar de esa manera, mediante el cual se le transfería a
123 31 L.P.R.A. sec. 11. Esta excepción, que se encuentra en el tercer párrafo de dicho artículo, también aplica al artículo 10 del Código Civil (el estatuto real). El párrafo citado comienza con la frase: ―No obstante lo dispuesto en esta sección y en la anterior‖. 124 67 D.P.R. 17, 23 (1947). Véanse también las discusiones sobre la importancia del lugar donde el contrato va a tener efecto tanto en la Opinión mayoritaria como en la disidente de Rivera Nieves v. Registrador, 93 D.P.R. 914 (1967). CC-2006-1031 25
la esposa una finca perteneciente a la sociedad de
gananciales constituida por ambos y ubicada en Puerto Rico.
Explicamos que los testamentos mancomunados no están
permitidos en Puerto Rico, por lo que no podíamos avalar
que se hiciera uno en otro país para afectar inmuebles
matrimoniales en la Isla. Asimismo, al resolver un
conflicto entre las leyes de Puerto Rico y las de Venezuela
relacionado con el reconocimiento de un hijo, en Martínez
v. Pérez Viuda de Martínez explicamos que, si la ley
extranjera aplicable a la controversia contradijera una
disposición de orden público de Puerto Rico, se le daría
preeminencia al derecho puertorriqueño porque el artículo
11 impide que los tribunales de Puerto Rico pongan en vigor
leyes, sentencias o acuerdos de países extranjeros que
violen las políticas y buenas costumbres de nuestro país.125
De manera similar, en casos de conflicto de leyes
interestatal en los que se ha invocado la cláusula de
entera fe y crédito, el Tribunal Supremo de Estados Unidos
ha indicado que un estado o territorio no tiene que
subordinar sus leyes sobre contratos a las del estado en el
que se realizó el contrato. Al contrario, si el foro tiene
125 88 D.P.R. 443, 454-455 (1963). Véase también la Opinión concurrente del juez Hernández Denton en el caso López Torres v. González, 151 D.P.R. 225 (2000, Sentencia), en la que se explica que, debido al alto interés público que tienen las capitulaciones matrimoniales, no se pueden hacer valer en Puerto Rico unas que no cumplen con los requisitos de las leyes puertorriqueñas, aunque se hayan realizado conforme a las leyes del lugar donde se otorgaron. CC-2006-1031 26
un interés legítimo en aplicar sus propias leyes a la
controversia, puede utilizar su normativa sobre contratos
para evaluar el contrato que se preparó según las leyes del
otro estado.126 Asimismo, ha decidido que los derechos
adquiridos mediante un contrato realizado en un estado
distinto al foro se pueden hacer valer en éste siempre y
cuando no violen la política pública del foro.127 Por eso,
cuando se presentan contratos cuyo fin es modificar el
régimen matrimonial, realizados por los cónyuges en
jurisdicciones donde dicho pacto es permitido, los
tribunales de estados cuyas leyes admiten esos contratos
los han reputado válidos, pero los de estados cuyas leyes
los prohíben han rechazado hacerlos valer.128
Aunque en nuestro Derecho de Contratos se le da gran
peso a la voluntad de las partes, nuestro ordenamiento
también establece instancias en las que no es posible
ejecutar lo que éstas han convenido porque ello va en
contra de las leyes, la moral o el orden público del
País.129 El ordenamiento jurídico puertorriqueño mantiene
126 Watson v. Employers Liability Assurance Corp., 348 U.S. 66, 73 (1954). 127 Griffin v. McCoach, 313 U.S. 498, 506-507 (1941). 128 Scoles & Hay, op. cit., pág. 490. 129 Véanse, como ejemplos, las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico sobre la voluntad de las partes en la contratación, artículos 1221, 1225, 1228 a 1235 y 1248 a 1250, y sobre las restricciones a los pactos que pueden realizar las partes contratantes, artículos 1222, 1225 y CC-2006-1031 27
varias restricciones a los negocios jurídicos que pueden
celebrar los cónyuges. Las mismas tienen su base en la
inmutabilidad del régimen matrimonial y en la política
pública de protección al cónyuge más débil de presiones del
más fuerte para controlar el patrimonio económico.130
Nuestro ordenamiento considera de alto interés público
estas y otras disposiciones relativas al matrimonio.131
El artículo 1347 de nuestro Código Civil prohíbe las
compraventas entre cónyuges que no hayan pactado
previamente la separación de bienes en capitulaciones
matrimoniales.132 Asimismo, el artículo 1286 veda toda
donación entre los cónyuges durante el matrimonio, sin
importar el régimen imperante entre ellos. Sólo se permiten
regalos módicos, según el estatus económico de la familia,
en ocasiones de regocijo familiar. Todas las demás
donaciones son nulas, o sea, nunca sucedieron.133 El
contrato que se celebró en Florida en el presente caso es
nulo, porque los cónyuges no podían hacerse donaciones
_______________________________________________________________ 1238. 31 L.P.R.A. secs. 3371-3372, 3375, 3391, 3401-3407, 3421, 3471-3473. 130 Serrano Geyls, op. cit., pág. 317. 131 Véanse, como ejemplos, López Torres v. González, supra, a las págs. 252-253; Ortiz Ortiz v. Sáez Ortiz, 90 D.P.R. 837, 838 (1964). 132 31 L.P.R.A. sec. 3772. 133 31 L.P.R.A. sec. 3588. Tampoco está permitida la cesión de la participación en los bienes gananciales de un cónyuge a otro sino hasta luego de disuelto el vínculo matrimonial. Art. 1316, Cód. Civ. PR, 31 L.P.R.A. sec. 3691. CC-2006-1031 28
entre sí durante el matrimonio. Aun si se considerara que
fue un contrato de compraventa, a pesar de que parece ser
una donación simulada pues intercambiaron un inmueble por
diez dólares, tampoco sería válido, pues están prohibidas
las compraventas entre los miembros de la sociedad legal de
gananciales, que es el régimen que gobierna a los cónyuges
en este caso.
Más aun, si analizamos el contrato según las doctrinas
de los common law states, nos encontramos con que la
clasificación de un bien puede cambiar de matrimonial a
separado por una acción voluntaria de las partes durante el
matrimonio, pero un cambio de título mediante contrato de
por sí no cambia la clasificación si otras razones apuntan
hacia mantener la categoría original, ya que dejar la
clasificación al arbitrio de los cónyuges puede prestarse a
abusos.134 Si mediante el acuerdo un cónyuge transfiere sus
derechos sobre el bien al otro cónyuge, se analiza si hubo
intención de donar.135 Aquí, el señor Roselló Puig ha
señalado, y la señora Rodríguez Cruz no ha negado, que el
propósito no era cambiar la clasificación del bien de
ganancial a privativo, sino evitar que sus acreedores
cobraran sus deudas contra la propiedad conyugal. Otro
134 Turner, op. cit., págs. 69-70, 652-680. En Puerto Rico también la inscripción a título privativo no es definitiva, pues se puede presentar prueba de que el bien es ganancial. Méndez v. Ruiz Rivera, 124 D.P.R. 579 (1989). 135 Turner, op. cit., págs. 661-679. CC-2006-1031 29
hecho que se toma en consideración en los common law states
es si el cónyuge que hace la transferencia de la propiedad
termina toda relación con la misma.136 En este caso sucedió
lo contrario y el señor Roselló Puig continuó aportando al
pago de la hipoteca hasta que la señora Rodríguez Cruz
vendió el inmueble. Aunque el análisis bajo las normas de
distribución equitativa sería más extenso, estos son
indicios de que el traspaso podría quedar igualmente sin
efecto si se hiciera la división posdivorcio fuera de
Puerto Rico.
El señor Roselló Puig y la señora Rodríguez Cruz se
casaron en Puerto Rico sin hacer capitulaciones
matrimoniales, conscientes de que el régimen de sociedad de
bienes gananciales gobernaría sus relaciones patrimoniales
durante todo el matrimonio, ya que el régimen matrimonial
seleccionado es inmutable.137 Según alegan las partes,
durante los 25 años que estuvieron casados, vivieron
aproximadamente 10 años en Puerto Rico y alrededor de 15
136 Id. pág. 659. 137 Durante el proceso de revisión del Código Civil de Puerto Rico que se llevó a cabo en la pasada década, se propuso abolir la inmutabilidad del régimen matrimonial, pero esas recomendaciones aún están pendientes de discusión. Véase Z. Cruz Torres, Reforma del Derecho Internacional Privado Puertorriqueño en el matrimonio y su régimen económico, 43 Rev. Jur. UIPR 151 (2008). Véase también M. Fraticelli Torres, Un nuevo acercamiento a los regímenes económicos en el matrimonio: la sociedad legal de gananciales en el Derecho Puertorriqueño, 39 Rev. Jur. UIPR 113 (2004). CC-2006-1031 30
años en Florida. Las alegaciones de ambas partes reflejan
que mientras residieron en Florida mantuvieron su vínculo
con Puerto Rico y adquirieron bienes en este país. De las
distintas propiedades inmuebles que compraron las partes
durante su matrimonio, la única ubicada fuera de Puerto
Rico fue la casa de Florida que es eje de esta
controversia. Los esposos sabían que la propiedad ubicada
en Florida era ganancial cuando hicieron el contrato para
intentar transferirla a título privativo de la señora
Rodríguez Cruz. Cuando la pareja se separó, previo al
divorcio, ambos cónyuges se mudaron a Puerto Rico.
Asimismo, se divorciaron en Puerto Rico.
Ante estos hechos, no resulta arbitrario que los
tribunales de Puerto Rico a los que las partes acudieron
decidan aplicar las leyes de Puerto Rico a las
controversias relacionadas con la división de bienes
posdivorcio, proceso que se está llevando a cabo en Puerto
Rico. Así hacerlo constituye aplicar la ley del foro a una
situación con la cual el foro tiene una relación
significativa, siguiendo la tendencia actual de selección
de ley aplicable para casos de división de bienes
posdivorcio. Además, permite que todos los bienes y las
controversias sobre la división se atiendan bajo una sola
ley, como recomienda la norma de unicidad patrimonial
avalada en gran parte de los estados de Estados Unidos y en
otros países. Asimismo, conlleva que Puerto Rico, como foro CC-2006-1031 31
en el que se está atendiendo la controversia, ponga en
vigor su política pública y salvaguarde los intereses sobre
las relaciones matrimoniales que defiende, en lugar de
colocar por encima de éstos los intereses propietarios
protegidos por las leyes de Florida.
Como vimos, la regla de utilizar la ley del sitio
donde un inmueble está ubicado para regir todas las
controversias relacionadas con ese bien ha sido descartada
para casos de división de bienes posdivorcio. Aún si
continuara vigente, el artículo 10 del Código Civil, que
señala que los inmuebles están sujetos a las leyes del país
en el que están localizados, no aplica en toda ocasión,
pues el artículo 11 funciona como norma de excepción para
éste. En este caso, el inmueble se encuentra en Florida,
pero el contrato realizado de acuerdo con las normas de esa
jurisdicción no puede ser ejecutado en Puerto Rico, pues va
en contra de una ley prohibitiva concerniente a las
personas y sus bienes, que es a la vez una disposición de
orden público. El ordenamiento puertorriqueño prohíbe los
contratos de compraventa y las donaciones entre cónyuges
casados bajo el régimen de sociedad de bienes gananciales.
Como dispone el artículo 11, estas prohibiciones no quedan
sin efecto por el hecho de que el inmueble en controversia
esté ubicado en Florida o porque el contrato relacionado
con el inmueble se haya otorgado en ese estado y sea válido
allá. CC-2006-1031 32
Entiendo, como el Tribunal de Apelaciones, que el
contrato entre los cónyuges no cambió la naturaleza
ganancial del inmueble sito en Florida, pues los bienes
adquiridos por el señor Roselló Puig y la señora Rodríguez
Cruz pertenecían a la sociedad de gananciales que ellos
componían al momento del contrato. Dado que el régimen
matrimonial seleccionado por ellos en Puerto Rico era
inmutable, no podían hacer una excepción para que el esposo
le traspasara a la esposa ese bien. La sociedad de
gananciales, con los derechos y las prohibiciones que ésta
acarrea, siguió siendo la misma mientras los cónyuges
vivieron en Florida y ésta estuvo regida en todo momento
por las leyes de Puerto Rico.
La cláusula constitucional de entera fe y crédito no
requiere el resultado escogido por la mayoría. No podemos
erigir una barrera para la administración de las leyes de
Puerto Rico que la Constitución de Estados Unidos no
impone, y mucho menos cuando el efecto de esa traba es
ignorar el ordenamiento jurídico vigente en el País sobre
un aspecto de sumo interés público.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido CC-2006-1031
v.
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011
Disiento de la opinión del Tribunal porque considero
que la Opinión mayoritaria enmarca erradamente la
controversia en este caso en el derecho internacional
privado de contratos entre cónyuges, cuando de lo que se
trata es de una controversia de derecho internacional
privado de derecho de familia relativa a la división de
bienes matrimoniales. El error conceptual de la mayoría,
entre otras cosas, lo lleva a revocar un precedente de
hondo calado, Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775 (1983), sin
que ello fuera necesario y bajo un razonamiento, a mi
juicio, tanto deficiente como insuficiente. CC-2006-1031 2
El asunto que debemos abordar versa sobre el carácter
privativo o ganancial de un inmueble sito en el estado de
Florida, cuando una pareja se estableció en más de una
jurisdicción durante la vigencia de su matrimonio.
Específicamente, debemos resolver qué efecto tiene, sobre
la naturaleza ganancial o privativa de un inmueble, el que
una pareja de puertorriqueños que contrajo matrimonio en
Puerto Rico bajo el régimen legal de gananciales y
posteriormente estableció su residencia en Florida,
otorgue un contrato para transferir su titularidad de
manera exclusiva a uno de los cónyuges. Asimismo, nos
compete determinar bajo qué ley se debe realizar el
procedimiento de clasificación y división de los bienes,
incluyendo el inmueble sito en Florida.
Repasemos los hechos en este caso.
I.
Carlos Roselló Puig y Ruth N. Rodríguez Cruz se
casaron en Puerto Rico bajo el régimen de sociedad legal
de gananciales. Luego de varios años de convivencia en la
Isla, la pareja se mudó a Florida. Allí compraron un
inmueble que les sirvió como hogar familiar durante los
años de estadía en ese estado. El 29 de abril de 1997, la
titularidad que ambos cónyuges ostentaban sobre el
inmueble se transfirió a favor de la señora Rodríguez Cruz
exclusivamente, a cambio de $10, mediante escritura
pública conforme autorizan las leyes de Florida. Más
adelante, las partes regresaron a Puerto Rico. El CC-2006-1031 3
matrimonio se disolvió mediante sentencia de divorcio el 7
de abril de 2003, por la causal de separación.
Posteriormente, la señora Rodríguez Cruz vendió el
inmueble sito en Florida.
presentó una demanda ante el Tribunal de Primera
Instancia, en la que solicitó la división de la comunidad
postganancial. Entre sus alegaciones, aseveró que pagó el
préstamo hipotecario del inmueble ubicado en Florida hasta
agosto de 2003, fecha en que la señora Rodríguez Cruz lo
vendió por la suma de $450,000. También adujo que, como
el inmueble se adquirió durante la vigencia del
matrimonio, la propiedad le pertenecía a la sociedad legal
de bienes gananciales y él tenía derecho al 50% del dinero
producto de la venta.
Luego de varios eventos procesales, la señora
Rodríguez Cruz presentó una moción de sentencia sumaria en
la que solicitó que se reconociera la naturaleza privativa
del inmueble sito en Florida. El 4 de abril de 2005, el
Tribunal de Primera Instancia dictó una resolución en la
que dispuso que el inmueble era un bien privativo porque
el señor Roselló Puig había cedido su parte a favor de la
señora Rodríguez Cruz mediante un negocio jurídico válido
de acuerdo a las leyes de la jurisdicción donde ubica el
inmueble. CC-2006-1031 4
Insatisfecho, el señor Roselló Puig presentó un
recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.
Alegó que las donaciones o compraventas entre cónyuges que
contraen matrimonio bajo el régimen de sociedad legal de
gananciales están prohibidas por nuestro ordenamiento,
aunque se trate de un inmueble sito fuera de Puerto Rico.
En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó el
dictamen del foro inferior. Concluyó que la ―cesión o
transferencia simulada‖ no alteró la naturaleza ganancial
del bien, pues el artículo 11 del Código Civil de Puerto
Rico establece que las leyes prohibitivas relacionadas a
las personas, sus actos o sus bienes no quedan sin efecto
por leyes o sentencias dictadas en países extranjeros.
Sin embargo, el foro intermedio reconoció la validez de la
venta del bien inmueble a un tercero. Asimismo, determinó
que la pareja mantuvo su domicilio conyugal en Puerto Rico
y que no se apartó del derecho puertorriqueño. Por lo que
concluyó que, en la relación entre sí, los cónyuges
continuaban sujetos a las leyes relativas a la sociedad
legal de gananciales y la comunidad postganancial.
También señaló que el dinero obtenido de la compraventa
sustituyó el bien, por lo que se debía incluir como un
activo ganancial al que tienen derecho los ex cónyuges,
por partes iguales. CC-2006-1031 5
De esta sentencia acudió ante este Tribunal la señora
Rodríguez Cruz. En su recurso de certiorari, la
peticionaria aduce que el foro intermedio obvió el
principio lex rei sitae que recoge el artículo 10 del
Código Civil. 31 L.P.R.A. sec. 10. Además, indicó que la
determinación del foro intermedio viola las doctrinas de
conflicto de leyes, la cláusula de entera fe y crédito y
la igual protección de las leyes. Por su parte, el
recurrido alegó que el régimen económico matrimonial
seleccionado a la fecha del matrimonio es el que debe
aplicar para la división de bienes, por lo que el producto
de la venta del inmueble debe reputarse ganancial. Añade
que al momento de la división de bienes gananciales se
debe aplicar el principio de unicidad patrimonial
reconocido por este Tribunal en Toppel v. Toppel, 114
D.P.R. 775 (1983).
II.
La relación anterior pone sobre el tapete la
naturaleza de la controversia que debemos atender. La
parte recurrida reconoce que el traspaso de titularidad se
realizó conforme a las leyes de Florida, por lo que no se
cuestiona la validez de esa transacción para efectos de la
venta a un tercero. El asunto a dilucidar es qué normas
deben aplicar al liquidar una sociedad legal de
gananciales cuando un bien que se alega forma parte del CC-2006-1031 6
caudal está sito en una jurisdicción distinta de aquella
donde se decretó el divorcio y se realiza la división, y
existe un conflicto de leyes entre las jurisdicciones que
incide sobre la división. Ello nos lleva,
necesariamente, a abordar esta controversia desde la
perspectiva del derecho internacional privado.
A.
Las transformaciones sociales de las últimas décadas
han propiciado una mayor capacidad móvil de las nuevas
generaciones. Este fenómeno, cada vez más presente, se
alza como un aspecto imprescindible para comprender los
cambios sociales y las transformaciones que acontecen en
las sociedades modernas y post industriales. Manuel
Castells, La era de la información: economía sociedad y
cultura, 2005, Alianza Editorial, Madrid, Vol. I. Sus
causas son variadas: la globalización, la
individualización y el desarrollo de nuevas tecnologías de
la comunicación se identifican como algunas de ellas. Su
impacto, por otra parte, se manifiesta no tan sólo en la
esfera económica y política, sino también en la esfera
familiar. Véase, www.jobmob-and-famlives.eu, última
visita 4 de agosto de 2011.
Ya es usual que un matrimonio, durante su vigencia,
establezca su domicilio en más de una jurisdicción. Esto
supone nuevos retos para los ordenamientos legales en la CC-2006-1031 7
medida en que las normas sobre las relaciones económicas
entre los cónyuges varían de jurisdicción en jurisdicción,
al punto de generar normas conflictivas al momento de
determinar cómo se clasifican y se dividen los bienes
adquiridos durante el matrimonio para propósitos de la
liquidación de la comunidad postganancial.
El caso ante nuestra consideración presenta,
precisamente, un problema de conflicto de leyes generado
por el traslado de las partes -mientras estaban casadas-
al estado de Florida, y la adquisición allí de un inmueble
y su posterior traspaso a uno de los cónyuges conforme
permiten las leyes del estado de Florida. La solución que
el Tribunal ofrece para resolver este conflicto no es la
adecuada para estos tiempos. Ello, pues ignora las
tendencias modernas en materia de derecho internacional
privado de familia y se aferra a una doctrina que no fue
concebida para el procedimiento de división de bienes
gananciales. Veamos.
B.
Cada jurisdicción determina cómo sus tribunales van a
atender las controversias sobre conflicto de leyes.
Restatement (Second) Conflicts of Laws, sec. 6, 1971. En
nuestro ordenamiento, estas reglas están recogidas
principalmente en los artículos 9 al 11 del Código Civil.
En lo pertinente, el artículo 9, denominado estatuto CC-2006-1031 8
personal, establece que la ley del domicilio de la persona
aplica a los derechos y deberes de familia, o al estado,
condición y capacidad legal. 31 L.P.R.A. sec. 9. Por su
parte, el artículo 10, conocido como el estatuto real,
recoge el principio lex rei sitae y atiende el conflicto
de leyes sobre bienes: ―Los bienes muebles están sujetos a
la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles,
a las leyes del país en que están sitos.‖ 31 L.P.R.A. sec.
10.
La Opinión mayoritaria determina que el bien inmueble
sito en Florida es privativo al aplicar a esta
controversia el estatuto real, así como la cláusula de
entera fe y crédito de la Constitución de Estados Unidos.
Ello así, pues concluye que conforme a nuestro estatuto
real, la transferencia de titularidad del inmueble sito en
Florida por parte de los cónyuges a favor de uno de ellos
es un negocio jurídico válido a tenor con las leyes de ese
estado. En un confuso análisis, el Tribunal aplica el
principio lex rei sitae al procedimiento de división de
comunidad de bienes postganancial para decretar que ese
inmueble es de carácter privativo. De este modo, el
Tribunal adjudica la naturaleza privativa del inmueble a
base del título de propiedad únicamente, sin considerar CC-2006-1031 9
las normas de clasificación de Puerto Rico o de
Florida.138
Añade el Tribunal que la determinación de si existe
un crédito por el dinero utilizado para la adquisición del
bien y el pago de la hipoteca, deberá regirse por la ley
del lugar donde la pareja tenía su domicilio conyugal al
momento de adquirir la propiedad y de realizar el
traspaso. Devuelve entonces el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que determine el domicilio conyugal
y aplique la ley de esa jurisdicción a la adjudicación del
crédito sobre el inmueble sito en Florida. No comparto
este razonamiento.
De una lectura de las normas estatutarias de los
artículos 9 al 11 del Código Civil, se desprende que estas
reglas generales no contemplan expresamente un mecanismo
para atender el conflicto móvil en cuanto a la división de
bienes como resultado de un divorcio. Por una parte, se
podría argumentar que este procedimiento postmatrimonial
se debe regir por el estatuto personal, pues es un asunto
relativo al matrimonio. Por otro lado, la división de
bienes incide directamente sobre el patrimonio de los ex
cónyuges, lo cual podría justificar la aplicación del
estatuto real.
138 Recordemos que, en nuestro ordenamiento, la titularidad activa una presunción sobre la naturaleza del bien que puede ser rebatida si se prueba que el dinero utilizado en la adquisición era ganancial. CC-2006-1031 10
El Tribunal decide que se debe aplicar el estatuto
real porque, a su entender, así lo dicta el artículo 10
del Código Civil. Sin embargo, no nos enfrentamos a una
controversia sobre la titularidad del inmueble, sobre la
validez del contrato que los cónyuges otorgaron entre sí
en Florida o sobre el reconocimiento de este acto en
nuestra jurisdicción. Se trata de determinar si procede
incluir el inmueble sito en Florida, o el dinero obtenido
de la venta al tercero, en el inventario del caudal a ser
dividido. Para ello, debemos determinar antes la
naturaleza, privativa o ganancial, del dinero obtenido de
la venta del inmueble sito en Florida. Lamentablemente el
Tribunal no comprende adecuadamente la diferencia entre un
asunto y otro para efectos de la norma que adopta.
La experiencia de los tribunales ha demostrado que la
aplicación mecánica de estas disposiciones a controversias
que surgen en el derecho de familia podría culminar en
resultados inadecuados. Así lo reconoce la doctrina, por
lo que se han desarrollado normas específicas para atender
los conflictos de leyes en este ámbito del derecho. Ante
la ausencia de una disposición en nuestro ordenamiento
jurídico que atienda este asunto de derecho internacional
privado, establecimos la norma en Toppel v. Toppel, 114
D.P.R. 775 (1983). Repasemos la norma allí pautada, ya
que ésta gobierna a la controversia que hoy atendemos. CC-2006-1031 11
C.
En Toppel v. Toppel, ante, un hombre estadounidense
residente de Nueva Jersey y una mujer británica
contrajeron matrimonio en el estado de Nueva York. Al
poco tiempo, la pareja se trasladó a Puerto Rico donde
estuvieron domiciliados por la mayor parte de la duración
del matrimonio. Posteriormente, obtuvieron una sentencia
de divorcio en Puerto Rico y procedieron a la división
postmatrimonial de sus bienes. Al enfrentarnos a un
posible conflicto de leyes, reconocimos que existía un
vacío en nuestro ordenamiento en cuanto a la norma de
derecho internacional privado que aplica a un
procedimiento de partición de bienes. En tal sentido
aseveramos: ―El hecho de que el divorcio era desconocido
en España para el tiempo en que se aprueba el Código Civil
basta de por sí para demostrar que, al menos en cuanto a
tal aspecto, estamos ante una laguna de la ley.‖ Toppel v.
Toppel, ante, pág. 782. Nuestra normativa estatuaria no
ha variado o modificado este hecho.
Luego de evaluar las tendencias doctrinales de la
época, adoptamos la doctrina del centro de los intereses
matrimoniales atemperada a la teoría estadounidense de los
contactos dominantes o relación significativa para
determinar la ley que rige los bienes matrimoniales.
Toppel v. Toppel, ante pág. 791. En ambas, el domicilio CC-2006-1031 12
conyugal o residencia habitual es un factor determinante,
pero no es el único a considerar. Al amparo de esta
norma, ordenamos la división de la masa de bienes de la
comunidad conforme a la ley de la jurisdicción que fue el
centro de intereses de la pareja conyugal durante la
vigencia del matrimonio.
Por otro lado, para determinar el centro de intereses
conyugal indicamos que se deben examinar varios factores
además del domicilio. Entre éstos, se encuentran los
siguientes intereses: la localización principal de los
intereses financieros (inversiones e ingresos), los lazos
afectivos, la duración de la residencia, la nacionalidad
de los cónyuges, las necesidades de los sistemas
interestatal e internacional, las políticas relevantes de
los foros afectados, la protección de expectativas
justificadas, la previsibilidad y uniformidad del
resultado en situaciones análogas, la protección de la
parte más débil, además de la facilidad en la
determinación y aplicabilidad de la regla más justa.
Toppel v. Toppel, ante, págs. 791-92.
De este modo, acogimos la regla de mutabilidad que
permite que luego de contraer matrimonio bajo un régimen
económico supletorio, los cónyuges lo modifiquen bajo
ciertas circunstancias. Nos alejamos así de la regla de
la inmutabilidad que considera que el régimen seleccionado CC-2006-1031 13
a la fecha en que se contraen nupcias aplicará siempre a
la relación entre los cónyuges durante el matrimonio, e
incluso a los procedimientos posteriores a su disolución.
Sin embargo, ello no significa que cada bien se
clasificará y dividirá de forma individual según el lugar
donde radiquen los intereses o la pareja establezca su
domicilio a la fecha de adquisición. Por esta razón,
incorporamos el principio de unicidad patrimonial para
tratar todos los bienes como una masa que se divide al
amparo de una sola ley. Al preparar el inventario, tanto
los bienes muebles como los bienes inmuebles se clasifican
según las normas de la ley bajo la cual se hace la
división.
Los ex cónyuges Roselló Puig y Rodríguez Cruz son
puertorriqueños que contrajeron matrimonio en Puerto Rico
bajo el régimen supletorio de la sociedad legal de bienes
gananciales. Durante el matrimonio, se establecieron en
el estado de Florida por un periodo prolongado.
Posteriormente, regresaron a Puerto Rico, donde se
divorciaron y se encuentran actualmente en el
procedimiento de división de bienes. Como parte de esta
acción, surgió la controversia sobre la clasificación del
bien inmueble sito en Florida, cuya titularidad fue
transferida a favor de la señora Rodríguez Cruz y que ella
vendió a un tercero. CC-2006-1031 14
Luego del divorcio, la masa de bienes matrimoniales
se debe entender como una sola unidad para propósitos de
establecer la ley aplicable a la división de bienes
matrimoniales. Conforme se discutirá más adelante, por
razones de justicia y economía procesal, esta ley debe
regir tanto la clasificación de los bienes como el
procedimiento de división. Afín con el principio de
unicidad patrimonial, todos los bienes, incluyendo los
adquiridos fuera de Puerto Rico, se deben clasificar según
la ley aplicable al procedimiento de división.
Coincidimos con la Opinión mayoritaria en que el
Tribunal de Primera Instancia no ha determinado cuál fue
el domicilio conyugal durante el matrimonio. De igual
modo, no ha decretado cuál fue el centro de intereses.
Siendo ello así, se debe devolver el caso al foro primario
pero para que se determine cuál fue el centro conyugal de
intereses a la luz de Toppel v. Toppel. A base de esa
determinación se decidirá la ley aplicable para el
procedimiento ante su consideración, lo que incluye tanto
la clasificación de los bienes como su división. De
considerar el foro primario que el matrimonio tuvo más de
un centro de intereses, debe aplicar entonces la ley del
foro si éste es uno de ellos, ya que tiene jurisdicción
sobre ambas partes y es la ley que mejor conoce.
III. CC-2006-1031 15
Pese a lo anterior, el Tribunal se niega a aplicar a
este caso lo decidido en Toppel v. Toppel, ante, y procede
a revocar este precedente. La mayoría considera que la
norma establecida en Toppel v. Toppel es contraria al
historial legislativo del Código Civil. Al descartar la
normativa vigente, realiza una aplicación defectuosa de
nuestras reglas de derecho internacional privado. Así,
sostiene que su interpretación del estatuto real responde
a la práctica estadounidense de extender el principio lex
rei sitae a cualquier controversia sobre bienes.
Por considerar que el Tribunal incide en su
razonamiento, y ante la falta de discusión en la Opinión
sobre la doctrina de derecho internacional privado
aplicable a la controversia que enfrentamos hoy,
consideramos necesario examinar cómo se ha desarrollado
este tema en otras jurisdicciones. Además, atenderemos en
detalle los fundamentos deficientes que se invocan para
revocar Toppel v. Toppel, ante.
El derecho internacional privado reconoce la
mutabilidad y la inmutabilidad del régimen económico
matrimonial como principios generales aplicables para
atender conflicto de leyes que se suscitan sobre bienes
matrimoniales. El principio de inmutabilidad establece
que los cónyuges seleccionan un régimen económico a la CC-2006-1031 16
fecha del matrimonio y esa será la ley aplicable durante
la vigencia del matrimonio y para la división de bienes.
Kathrin Kroll, Unification of Conflict of Laws in Europe
en European Challenges in Contemporary Family Law
(Katharina Boele-Woelki y Tone Sverdrup, eds.), Portland,
Editorial Intersentia, 2008, pág. 381; Thomas Oldham, What
if the Beckhams move to L.A. and Divorce? Marital Property
Rights of Mobile Spouses When They Divorce in the United
States, 42 Fam. L.Q. 263, 265 (2008). Ésta es la práctica
mayoritaria en los países europeos. Kroll, ante. Se
reconoce que este principio ofrece el beneficio de la
estabilidad y previsibilidad de la ley aplicable, pero
presenta el problema de atentar contra la voluntad de las
partes de adoptar el régimen de la nueva jurisdicción en
la que se establecieron. Además, implica que el tribunal
del foro aplicaría una ley que, como norma general, no
conoce con profundidad. Oldham, What if the Beckhams move
to L.A. and Divorce?, ante; Marsh, op. cit., pág. 106.
Por su parte, el principio de mutabilidad reconoce el
derecho de la pareja conyugal a modificar el régimen
económico que regía a la fecha de contraer nupcias si se
traslada a otra jurisdicción y concurren ciertos factores.
Marsh, op. cit., pág. 104. Por ejemplo, el artículo 7 de
la Convención de la Haya de 1978 sobre la Ley Aplicable a
Regímenes de Propiedad Matrimonial, considera esta CC-2006-1031 17
posibilidad cuando los cónyuges cambian su residencia
habitual al país de su nacionalidad común o cuando
permanecen en esa jurisdicción por un periodo mínimo de
diez años. Convención de la Haya sobre la Ley Aplicable a
Regímenes de Propiedad Matrimonial, Art. 7, 1978;139
Kroll, ante, pág. 381. La doctrina de la mutabilidad es
bien recibida en un número creciente de jurisdicciones,
pues respeta la autonomía de la voluntad de los cónyuges.
En Estados Unidos, la mutabilidad tuvo mejor
aceptación como principio que rige el régimen económico
matrimonial y su posterior división. Esta preferencia se
debió, principalmente, al respeto a la voluntad de las
personas que comenzaban una nueva vida en Estados Unidos y
a facilitar la determinación de la ley aplicable en un
país donde, desde sus inicios, sus habitantes eran
inmigrantes. Marsh, op. cit., pág. 107; Oldham, What if
the Beckhams move to L.A. and Divorce?, ante, pág. 288.
Asimismo, la doctrina reconoce varias modalidades o
tipos de mutabilidad. La mutabilidad parcial se refiere
al principio que establece que los intereses propietarios
de los cónyuges sobre bienes adquiridos durante la
vigencia del matrimonio se determinan de acuerdo a las
139 Hasta la fecha, Francia, Luxemburgo y Holanda son los únicos países que han ratificado la Convención de la Haya, información disponible en http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=87, última visita 19 de julio de 2011. CC-2006-1031 18
leyes del domicilio matrimonial a la fecha de adquisición.
Friedrich K. Juenger, Marital Property and the Conflicts
of Laws: A Tale of Two Countries, 81 Colum. L. Rev. 1061,
1073 (1981). De este modo, una pareja que cambia de
domicilio modifica el régimen económico matrimonial bajo
el que contrajo matrimonio para conformarlo al sistema
supletorio del nuevo domicilio. Sin embargo, este cambio
es efectivo solamente respecto a los bienes adquiridos en
el segundo domicilio. Quienes favorecen este proceso
señalan que así se protegen los derechos adquiridos y las
expectativas de las partes. Marsh, op. cit., pág. 109.
Ahora bien, sólo algunas jurisdicciones estatales han
extendido la mutabilidad parcial a la división
postdivorcio de bienes. Oldham, What if the Beckhams move
to L.A. and Divorce?, ante, pág. 268. Ello pues requiere
que el tribunal establezca el domicilio conyugal a la
fecha en que se adquirió cada bien para aplicarle la ley
de división de bienes de esa jurisdicción. Es decir, este
proceso requiere que el foro en el cual se realiza la
división aplique más de una ley, lo cual afecta la
economía procesal y aumenta la carga económica para las
partes en el litigio. Id.; Juenger, ante, pág. 1073.
De otra parte, la mutabilidad completa implica que la
división de la totalidad de los bienes se realiza conforme
a la ley del lugar donde se decretó el divorcio. Oldham, CC-2006-1031 19
What if the Beckhams move to L.A. and Divorce?, ante, pág.
269; Marsh, op. cit., pág. 104. Al igual que con el
principio de inmutabilidad, el tribunal examina solamente
una ley para adjudicar los derechos de las partes, con la
diferencia de que estaría aplicando, normalmente, la ley
de su jurisdicción. Oldham, ante. Un número considerable
de las jurisdicciones estatales de Estados Unidos aplican
esta norma. Marsh, op. cit., pág. 104; J. Thomas Oldham,
Divorce, Separation and the Distribution of Property, New
York, Law Journal Seminars-Press, 1996, sec. 13.01[5].
El profesor J. Thomas Oldham advierte que la mayoría
de los estados que aplican la mutabilidad completa no
exigen un periodo mínimo de residencia o que ése sea el
domicilio matrimonial habitual, por lo que se puede
prestar para la práctica de selección del foro (forum-
shopping). Oldham, What if the Beckhams move to L.A. and
Divorce?, ante, pág. 271. Por tanto, recomienda que estos
foros deben exigir unos contactos mínimos entre las partes
y la jurisdicción antes de aplicar su ley. Id. Es
menester señalar que la doctrina de mutabilidad completa
entra en juego únicamente después de que se decreta el
divorcio, por lo que este mecanismo no altera los derechos
propietarios de las partes sobre los bienes durante la
vigencia del matrimonio. Oldham, What if the Beckhams
move to L.A. and Divorce?, ante, pág. 269. CC-2006-1031 20
Valga señalar que, en tiempos recientes, se han
desarrollado otras vertientes del principio de
mutabilidad, la diferencia entre unas y otras es la
relación entre las partes en el pleito y la ley que
aplicaría para el procedimiento de división. Una
modalidad sería aplicar la ley del último lugar de
residencia común, pues se entiende que ese régimen es la
última voluntad compartida. Oldham, What if the Beckhams
move to L.A. and Divorce?, ante, págs. 289-92. Otras
jurisdicciones de Estados Unidos han resuelto el problema
del conflicto de leyes en la división de bienes aplicando
la teoría del estado con ―mayor relación significativa,‖
según los criterios establecidos en el Restatement. Esta
teoría establece que cuando una jurisdicción no ha
promulgado una ley para atender expresamente un conflicto
de leyes, se deben considerar una serie de factores para
determinar qué ley será aplicable. Restatement (Second)
of the Conflicts of Laws, sec. 6, 1971.140 Sin embargo,
esta doctrina responde principalmente al interés de
proteger derechos propietarios, por lo que los tribunales
140 El profesor J. Thomas Oldham señala que el Restatement resulta inadecuado para atender ciertos problemas de conflicto de leyes en el ámbito del divorcio, pues data de antes de las leyes de distribución equitativa. Oldham, ante, págs. 272-73. El profesor Brett Turner también ha criticado la aplicación de esta teoría, ya que algunos tribunales la utilizan solamente para la clasificación de los bienes, pero luego dividen a base de la ley del foro. A su entender, se debe aplicar la misma ley para ambas etapas. Turner, op. cit.,,sec. 3.13, nota 4. CC-2006-1031 21
estatales no la han aplicado de forma uniforme. Oldham,
What if the Beckhams move to L.A. and Divorce?, ante,
págs. 272-73.
De otra parte, algunos tribunales evitan el análisis
de estas normas y aplican el principio lex fori del
derecho internacional para dividir los bienes
matrimoniales conforme a la ley del foro cuando tienen
jurisdicción personal sobre ambas partes. Brett R.
Turner, Equitable Distribution of Property, 3ra ed., West
Group, 2005, Vol. 1, sec. 3:13, pág. 158-60. Sin embargo,
este proceder permite que cada cónyuge seleccione el foro
que mejor convenga a sus intereses, lo que a su vez podría
resultar que se litigue simultáneamente un mismo asunto en
más de un tribunal.
En el día de hoy, el Tribunal revoca Toppel v.
Toppel, ante, por considerar que este precedente es
contrario al historial legislativo del Código Civil.
Asevera la mayoría, sin apoyo alguno más allá de la mera
aseveración, que la enmienda al artículo 10 del Código
Civil de 1902 tuvo la intención de que se aplicara el
estatuto real a toda controversia posible que surgiera
sobre bienes inmuebles, ya que, según la mayoría, ―debimos
interpretar ese artículo a la luz de la nueva realidad
puertorriqueña que esbozara nuestra Asamblea Legislativa CC-2006-1031 22
en el 1902‖. De este modo, sugiere que la interpretación
de nuestro estatuto real se debe adecuar al desarrollo
estadounidense del principio lex rei sitae y que ello
conlleva la aplicación de este principio a cualquier
controversia relativa a bienes. El Tribunal no tiene
razón.
La Comisión Codificadora del Código Civil de 1902 no
contempló el asunto de autos, pues la enmienda no
perseguía ese propósito. Don Luis Muñoz Morales nos
explica con claridad qué se perseguía: ―En el título
preliminar (art. 10) se mantiene el principio de que los
bienes muebles se rigen por la Ley de la Nación del
propietario (estatuto personal), y los inmuebles por las
del país en que están sitos (estatuto real); pero se
suprime la excepción contenida en el artículo concordante
del Código Español respecto al caso de sucesión
hereditaria.‖ Luis Muñoz Morales, Reseña histórica y
anotaciones al Código Civil de Puerto Rico, Libro I, 1947,
Imprenta Soltero: Santurce, P.R., pág. 25.
El propósito de la enmienda, por lo tanto, fue
eliminar la disposición que declaraba que las sucesiones
se regían por el estatuto personal. Nada más.
Adscribirle otra intención a la modificación del artículo
introducida en 1902 es desnaturalizar la realidad
histórica. Y si esa desfiguración se utiliza para CC-2006-1031 23
rechazar y descartar el cuidadoso análisis de Toppel v.
Toppel, ante, no podemos menos que llamar la atención a
tan lamentable análisis. Es evidente que existe un vacío
legal sobre qué norma se debe aplicar a la división de
bienes postmatrimoniales. Con lo cual, nada de lo
resuelto en Toppel v. Toppel, ante, es contrario al
historial del Código Civil o a la intención legislativa de
la enmiendas del 1902. Por lo que el fundamento de la
mayoría para revocar a Toppel v. Toppel, ante, no se
justifica jurídicamente.
La mayoría surca otro camino en su intento de menguar
la actualidad de Toppel v. Toppel, ante. El resultado es
igualmente defectuoso. Asegura que la enmienda al
artículo 1277 del Código Civil de 1987 tuvo el efecto de
rechazar el principio de unicidad patrimonial que
estableció Toppel v. Toppel. 31 L.P.R.A. sec. 3561. Esta
disposición establece que cuando una persona
puertorriqueña contrae matrimonio con una extranjera,
fuera de Puerto Rico, sin que medien capitulaciones,
aplica la ley del lugar donde establecieron su domicilio
conyugal, tomando en cuenta otros factores que en justicia
deban considerarse. Colige la Opinión mayoritaria que al
cerrar la disposición con la frase ―todo sin perjuicio de
lo establecido en este título respecto a los bienes
inmuebles‖ se pretendió rechazar el principio de unicidad CC-2006-1031 24
del patrimonio matrimonial. Sin embargo, esta frase
estaba incluida en la versión anterior del artículo 1277,
por lo que no representa una modificación en reacción a lo
resuelto en Toppel v. Toppel.
El propósito de esta medida fue ―enmendar el Artículo
1277 del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, a
fin de eliminar el discrimen por razón de sexo que
establece dicho artículo en los matrimonios celebrados en
país extranjero en que uno de los contratantes es
puertorriqueño y el otro es extranjero‖. (Énfasis
nuestro.) Ley Núm. 4 de 5 de marzo de 1987, Leyes de
Puerto Rico, págs. 12-13. La realidad es que la posible
convergencia entre esta disposición y el estatuto real no
fue lo que motivó la enmienda. No se puede inferir un
rechazo de la Legislatura al análisis que Toppel v. Toppel
hace del estatuto real por el mero hecho de mantener la
porción referente al estatuto real. Por lo tanto, es
errada la aseveración del Tribunal de que con la enmienda
del 1987 al artículo 1277 del Código Civil, ―la Asamblea
Legislativa rechazó directamente la interpretación que del
Art. 10 del Código Civil, supra, se realizó en Toppel v.
Toppel‖.
Por el contrario, la enmienda al artículo 1277 se
debe entender como una aceptación por parte de la
Legislatura a lo establecido en Toppel v. Toppel. Como ya CC-2006-1031 25
se ha señalado, la referencia al estatuto real que
permaneció en el artículo luego de la enmienda en nada
afecta la norma adoptada en Toppel v. Toppel. Más aún,
desde entonces aclaramos que la norma allí establecida se
circunscribía al ámbito de la relación inter vivos de los
ex cónyuges y sostuvimos la importancia del estatuto real
en otras áreas del derecho. Toppel v. Toppel, ante, pág.
784. Además, la propia Opinión mayoritaria reconoce que
la Legislatura adoptó los principios esbozados en Toppel
v. Toppel sobre conflicto móvil y centro de intereses. Es
decir, la Opinión del Tribunal invoca fundamentos para
sostener su posición que no encuentran apoyo en nuestra
realidad histórica-jurídica.
Como vemos, la Opinión mayoritaria revoca Toppel v.
Toppel amparándose en unas actuaciones legislativas que
verdaderamente no son incompatibles con la norma
establecida en este precedente. Lamentablemente, este
proceder no tan sólo se fundamenta en presupuestos
erróneos sino que retrocedemos y retomamos doctrinas de
una pasado ya superado. Me explico.
La doctrina y jurisprudencia que la Opinión cita para
sostener la aplicabilidad del estatuto real al caso de
autos versan sobre la titularidad o la validez de los CC-2006-1031 26
negocios jurídicos que se realizan sobre bienes inmuebles
durante el matrimonio. Por ejemplo, la Opinión
mayoritaria nos refiere al tratado del profesor Raleigh C.
Minor, el cual explica que
Cada Estado hace lo que está a su alcance con el fin de que sus leyes que afectan la entrega, traspaso y gravamen de bienes inmuebles situados dentro de sus límites sean lo más terminantes y precisas posibles. … Y es sumamente importante que las inscripciones legales de dichas transacciones, las cuales constituyen series de títulos a los bienes inmuebles, se conserven libres de toda censura, irregularidad o confusión con los requisitos de otros Estados.
Por tanto viene a ser especialmente parte de la política de todo Estado el no permitir que se verifique ninguna transacción relativa al traspaso de cualquier derecho o título a la propiedad inmueble que radica en dicho Estado si con ello se infringe su propia ley ya sea o no válida de acuerdo con las leyes de Estados extranjeros…141
Conforme con este texto, el principio lex rei sitae
persigue la protección de intereses de índole comercial y
registral. Se trata del interés gubernamental de poder
determinar con previsibilidad la titularidad de los bienes
y en mantener la estabilidad de los negocios jurídicos que
toman lugar dentro de su territorio.
Cónsono con lo anterior, en Babilonia v. Registrador,
62 D.P.R. 688 (1943), aplicamos el estatuto real a una
controversia sobre bienes matrimoniales. En ese recurso
141 Opinión mayoritaria, pág. 19, citando a Raleigh C. Minor en Conflicts of Laws, según citado en Colón et al. v. El Registrador, 22 D.P.R. 369 (1915). CC-2006-1031 27
gubernativo se solicitó modificar una constancia sobre
titularidad de un bien en el Registro de la Propiedad al
amparo de una ley extranjera. De este modo, resolvimos
que las transacciones sobre bienes inmuebles que realiza
una persona con posterioridad a su matrimonio, se rigen
por el estatuto real. Es crucial notar que, nuevamente,
el asunto medular recaía sobre la titularidad de un bien
inmueble. Sin embargo, la controversia que debemos
resolver hoy no nos refiere a esta área del derecho. Los
intereses que inspiran las normas sobre derechos
propietarios de titularidad son distintos a los relativos
a la división de bienes.
Aunque cada jurisdicción establece el procedimiento
de división de bienes matrimoniales que sus tribunales
utilizan, existe consenso en que el fin es la repartición
justa de cargas y beneficios. Anne-Florence Bock,
Dividing the Assets Upon the Dissolution of a Marriage: A
Comparison Between Legal Systems Which Apply a “Hard and
Fast Rule” and Systems with a Discretionary Approach to
the Division of Assets en European Challenges in
Contemporary Family Law (Katharina Boele-Woelki and Tone
Sverdrup, eds.), 2008, Portland, Editorial Intersentia,
pág. 289; Turner, op. cit., sec. 2:2. Los principios
generales que rigen estos procedimientos son: la no
discriminación por género, el reconocimiento de la CC-2006-1031 28
contribución de cada cónyuge a los asuntos de la familia,
la protección de intereses legítimos y la asunción de
responsabilidad. Id., págs. 289-90. Asimismo, se
considera un valor importante que la adjudicación de la
división sea eficaz y predecible. Bock, op. cit., pág.
290; Turner, op. cit.
Resulta meridianamente claro que el estatuto real
mantiene su relevancia en materia de derechos
propietarios, incluso cuando se trata de bienes
matrimoniales. Sin embargo, la división de bienes
matrimoniales postdivorcio protege intereses y derechos
que no necesariamente coinciden con los derechos
propietarios de los cónyuges.142 Debemos entonces hacer
eco de las sabias palabras del Juez Presidente señor Trías
Monge cuando aseveró que ―[d]ebe distinguirse entre
diferentes situaciones conflictuales, aun dentro del mismo
campo. Los valores envueltos en situaciones distintas o
aun superficialmente similares son numerosos y la relación
entre ellos varía a menudo.‖ Toppel v. Toppel, ante, pág.
790.
142 El professor Brett Turner comenta: ―Inception of title is a reasonable principle of property and estate law, but as a rule of classification for purposes of divorce, it has become profoundly unpopular. Equitable distribution states have almost uniformly held that property is acquired whenever contributions create real value, and not only at the moment when legal title passes.‖ Brett R. Turner, Equitable Distribution of Property, West Group, 2005, sec. 3:13, pág. 163. CC-2006-1031 29
D.
Si bien algunas jurisdicciones en Estados Unidos
extendieron el principio lex rei sitae al derecho de
familia, la rigidez de este principio se matizó
prontamente por la doctrina de la procedencia de los
fondos (source of funds). Véanse, Restatement (Second) of
Conflict of Laws, secs. 238 y 259, 1971; Harold Marsh,
Marital Property in Conflict of Laws, Seattle, University
of Washington Press, 1952, pág. 102; Turner, op. cit.,
sec. 5:21, págs. 342-50.143 Esta última regla dictamina
que un bien se clasifica como privativo o matrimonial,
según la caracterización del dinero utilizado para su
adquisición. Es decir, un bien inmueble que se compra con
dinero privativo mantiene su caracterización aunque la
adquisición ocurra durante el matrimonio. Marsh, op.
cit., pág. 102. De igual forma, si un bien se adquiere
con bienes privativos y con bienes matrimoniales, el
interés sobre el bien se mantiene en la misma proporción
que la aportación del matrimonio y del cónyuge particular.
El efecto práctico de esta doctrina es que un bien
inmueble tiene la misma naturaleza, privativa o
matrimonial, que tenía el dinero utilizado para su
143 Cabe destacar que el Restatement se publicó en 1971, antes de la proliferación de las leyes de distribución equitativa, además de que la discusión incluida se limita a los derechos propietarios del matrimonio o de cada cónyuge. Turner, op. cit., pág. 345. CC-2006-1031 30
adquisición. Como señala nuestro estatuto real y el
Restatement, los bienes muebles se rigen por el domicilio
de su propietario o el estado con mayor relación
significativa. Restatement (Second) of Conflicts of Law,
sec. 258, 1971. Por tanto, los estados no aplican el
principio lex rei sitae propiamente, sino que clasifican
los inmuebles igual que los bienes muebles adquiridos
durante ese tiempo.
La doctrina también se ha alejado de la aplicación
mecánica del lex rei sitae en los procedimientos de
división, por las complicaciones que suscita. Imaginemos
por un momento qué pasaría si una pareja compra durante la
vigencia del matrimonio bienes inmuebles en múltiples
jurisdicciones. En ese caso, el tribunal tendría que
estudiar y aplicar las leyes de cada lugar donde ubican
los bienes inmuebles, aunque el matrimonio no haya
residido allí. Lo anterior implicaría una carga demasiado
onerosa para el tribunal y las partes en el litigio.
Igualmente, el tribunal tendría que determinar si la
pareja cambió de domicilio durante la vigencia del
matrimonio y, de ser así, aplicar la ley de esa
jurisdicción a los bienes muebles adquiridos durante ese
tiempo.
C. CC-2006-1031 31
Por otra parte, el Tribunal afirma que nuestro Código
Civil incorporó ―el principio general del derecho
sitos‖. Al partir de esa premisa, determina que el bien
inmueble sito en Florida era privativo porque solamente un
cónyuge ostentaba la titularidad exclusiva del bien. Su
análisis falla precisamente porque sugiere que la
aplicación del principio lex rei sitae responde a una
supuesta práctica uniforme en los Estados Unidos. Ello no
es cierto.
En la actualidad, la doctrina estadounidense
prevaleciente reconoce esta distinción y limita, en este
ámbito, la aplicación del principio lex rei sitae a la
determinación del título legal. Turner, op. cit., sec.
3:13. Empero, este principio no se extiende a la etapa de
distribución de bienes matrimoniales, pues la mayoría de
las jurisdicciones estadounidenses no toman en
consideración la titularidad al decretar la división
postdivorcio. Id. Un estudio de la realidad jurídica en
Estado Unidos, deja de manifiesto que no hay un
procedimiento uniforme para la caracterización de bienes o
su división postmatrimonial. Tampoco existe uniformidad
para atender controversias de conflicto de leyes. CC-2006-1031 32
Actualmente hay nueve estados144 cuyo régimen
económico matrimonial es la comunidad de bienes, mientras
que los otros cuarenta y un estados mantienen la doctrina
de separación de bienes, propia del derecho común.
Además, aun dentro de estos dos sistemas no hay dos
estados con normas iguales. Por ejemplo, cada estado
tiene sus propias reglas para preparar el inventario de
bienes divisibles y adjudicar la división.
Una minoría de los estados se rige por un sistema de
comunidad de bienes, en ausencia de capitulaciones. Las
leyes de estos estados siguen la tradición civilista, por
lo que establecen un régimen similar a nuestra sociedad
legal de gananciales que surte efectos desde la fecha del
matrimonio. La protección que ofrece este sistema se
observa en la participación como comuneros de derechos
propietarios sobre bienes adquiridos durante la vigencia
del matrimonio. Oldham, Divorce, Separation and the
Distribution of Property, op. cit. sec. 3.02[5]; Bea Ann
Smith, The Partnership Theory of Marriage: A Borrowed
Solution Fails, 68 Tex. L. Rev. 689, 697-98 (1990). La
comunidad también afecta los derechos de los cónyuges una
vez se disuelve el matrimonio, sea por muerte o por
divorcio. Turner, op. cit., sec. 2:4.
144 Estos estados son Arizona, California, Idaho, Luisiana, Nevada, Nuevo México, Texas, Washington y Wisconsin. CC-2006-1031 33
En cuanto a la partición, la mayoría de los estados
de comunidad aplica la norma de división de bienes comunes
por partes iguales y otorga los bienes privativos
exclusivamente a su titular original. Id., pág. 71. Unos
pocos de estos estados contemplan la distribución
equitativa cuando las circunstancias lo ameritan, lo cual
puede favorecer porcentualmente más a uno de los cónyuges.
No obstante, existen diferencias en las leyes de estos
estados sobre la caracterización de ciertos bienes y otras
particularidades del procedimiento de división.
Las jurisdicciones de derecho común adoptaron leyes
de distribución de bienes recientemente. El derecho común
puro en materia de familia establecía que el matrimonio no
surtía efectos sobre los derechos propietarios de los
cónyuges. Los bienes que cada cual traía al matrimonio o
adquiría durante su vigencia permanecían como bienes
separados145 del cónyuge adquirente en todo momento,
incluso después de disuelto el matrimonio. Oldham,
Divorce, Separation and the Distribution of Property, op.
cit., sec. 3.02[1]. Una esposa que no trabajaba fuera del
hogar solamente tenía derecho a una pensión postdivorcio,
si no tuvo culpa en la causal del divorcio. Id.; Turner,
145 El término ―separado‖ será utilizado para distinguir esta clasificación del derecho común del concepto ―privativo‖, propio de los ordenamientos donde impera la comunidad de bienes o nuestra sociedad legal de gananciales. CC-2006-1031 34
op. cit., sec. 2:3. En la década de 1970 y 1980, la
mayoría de los estados reformaron sus leyes de derecho de
familia y acogieron la teoría de que los cónyuges son
socios en el matrimonio. Cónsono con lo anterior, se
promulgaron leyes para establecer procedimientos de
distribución equitativa para proteger al cónyuge
dependiente, proveyéndole así estabilidad económica
futura. Turner, op. cit., secs. 1:3-1:5.
La distribución equitativa, es un sistema de división
de bienes postdivorcio en el que se reconoce un interés de
cada cónyuge sobre los bienes matrimoniales. A diferencia
de la comunidad, este sistema solamente surte efectos con
posterioridad al decreto de divorcio y permite que el juez
adjudique los bienes según la distribución que le parezca
más equitativa, sin que tenga que ser por partes iguales.
Algunos estados preparan el inventario de bienes
divisibles a base de la totalidad de los bienes de los
cónyuges, incluyendo aquellos adquiridos previos al
matrimonio. Oldham, Divorce, Separation and the
Distribution of Property, op. cit. sec. 3.03[2].
La mayoría de los estados de derecho común clasifica
los bienes para propósitos del inventario, entre
matrimoniales y separados. Los bienes separados se
adjudican según la titularidad, mientras que los bienes
matrimoniales se distribuyen de forma equitativa. Turner, CC-2006-1031 35
op. cit., sec. 2:9. Cabe señalar que como esta distinción
no se hace hasta después de disuelto el vínculo
matrimonial, durante el matrimonio cada cónyuge tiene
derechos propietarios absolutos sobre sus bienes
separados. Oldham, op. cit., sec. 3.03[3]. Además, en
ciertos casos, si el juzgador lo considera justo, se
permite que se adjudiquen bienes privativos de un cónyuge
a favor del otro. Id., sec. 3.04[4].
Nótese entonces que hay dos aspectos relativos al
conflicto móvil en las relaciones patrimoniales
postmatrimoniales: la clasificación de bienes y el
procedimiento de división. En este tenor, es preciso
destacar que cada jurisdicción estatal tiene sus propias
normas respecto a uno y otro tema. Ante esta realidad, la
aplicación del principio lex rei sitae es inadecuada, pues
puede causar que el procedimiento post divorcio resulte
excesivamente complejo, engorroso y extenuante. Cabe
preguntarnos qué pasaría en el supuesto de una familia que
por razones de empleo se establezca inicialmente en un
estado, pero cambie periódicamente de domicilio. No hay
dos estados con leyes exactamente iguales en cuanto al
derecho que rige los bienes durante el matrimonio o la
distribución postdivorcio.
Debemos subrayar que clasificar un bien para
propósitos del inventario según la ley del lugar de CC-2006-1031 36
adquisición, para luego dividirlo de acuerdo a otra ley,
ha producido resultados injustos para alguna de las
partes, principalmente para el cónyuge dependiente.
Merrie Chappell, A Uniform Resolution to the Problem a
Migrating Spouse Encounters at Divorce and Death, 28 Idaho
L. Rev. 993, 1000-03 (1992). Por ejemplo, en un pasado,
algunos tribunales de estados donde rige la comunidad de
bienes aplicaban el principio lex rei sitae para
clasificar los bienes al momento de disolución del
matrimonio. Sin embargo, la división se hacía conforme a
la ley del foro que tenía ante sí la división de los
bienes. William W. Bassett, Repealing Quasi-Community
Property: A Proposal to Readopt a Unitary Marital Property
Scheme, 22 U.S.F.L. Rev. 463, 467-69 (1988). Por esta
razón, la masa de bienes de la comunidad se limitaba a los
bienes que se consideraban matrimoniales.
Como es propio del derecho común, los bienes
adquiridos en un estado donde no regía la comunidad de
bienes se consideraban separados. Los tribunales en
estados de comunidad, al aplicar el principio lex rei
sitae e intentar adaptar el concepto a su sistema, les
adjudicaban carácter privativo. Id. Esta práctica tuvo
el efecto de que una mujer que había vivido con su esposo
en un estado de derecho común, pero que posteriormente se
mudaban a un estado donde rige la comunidad de bienes, CC-2006-1031 37
recibía una cantidad muy inferior a la que hubiera
recibido de haberse clasificado y dividido la totalidad de
los bienes a la luz de una ley solamente. Bassett, op.
cit., pág. 469.
Algunos estados, como California, donde rige la
comunidad de bienes han atendido este conflicto de leyes
mediante legislación, al incorporar la doctrina de
cuasicomunidad, una modalidad de la norma de mutabilidad.
Se refiere a la caracterización que se le da, en un
procedimiento de división, a los bienes adquiridos fuera
de la jurisdicción del foro pero que si se hubieran
adquirido en la jurisdicción del foro se considerarían
bienes de la comunidad.146 La aceptación de esta normativa
se observa en la proliferación de leyes similares en otros
estados donde rige la comunidad matrimonial de bienes.147
La aplicación del principio lex rei sitae al
procedimiento de división de bienes, requeriría que un
tribunal tenga que estudiar y aplicar leyes del derecho de
familia de múltiples jurisdicciones para clasificar y
dividir cada bien. Es por ello que se considera que
cuando un conflicto se refiere a controversias internas
entre cónyuges, se debe aplicar la misma ley a bienes
146 Id.; Turner, op. cit, sec. 3:13. 147 Véase Ariz. Rev. Stat. Ann sec. 25-318(A); Cal. Civ. Code sec. 125; La. Civ. Code Ann. Art. 3526; N.M. Stat. Ann. Sec. 40-3-8(C)(1); Tex. Fam. Code Ann. sec. 7.002. CC-2006-1031 38
muebles e inmuebles. Marsh, op. cit., pág. 110.
Asimismo, para evitar la aplicación defectuosa de una
norma u otra, se favorece la utilización de una ley única
para la clasificación y división de la totalidad de los
bienes. A esta doctrina se le ha denominado el principio
de unicidad patrimonial y es la práctica favorecida no tan
sólo en la mayoría de las jurisdicciones en Estados
Unidos, Turner, op. cit., sec. 3.13, pág. 159, nota 7,
sino también por los países civilistas.148 En nuestro
ordenamiento impera esta normativa, la cual extendimos a
casos en que hay conflicto de leyes en Toppel v. Toppel,
ante, págs. 790-91, pero que hoy este Tribunal
injustificadamente abandona.
IV.
Contrario a lo que el Tribunal pretende afirmar, no
cabe hablar de una norma uniforme en Estados Unidos sobre
conflicto de leyes en el ámbito de división de bienes
matrimoniales. Tampoco puede aseverarse que la práctica
generalizada es la aplicación del principio lex rei sitae
a los procedimientos de clasificación y división
postdivorcio de bienes matrimoniales. El estatuto real no
responde a los intereses relacionados a la división de
148 Cabe destacar, sin embargo, que el principio lex rei sitae y la distinción entre los tipos de bienes mantiene su importancia en otros ámbitos de derecho, como en acciones relativas a la titularidad de un bien o a los derechos de terceras personas sobre bienes matrimoniales. Marsh, op. cit., pág. 110. CC-2006-1031 39
bienes matrimoniales. Su propósito es cónsono con la
protección de derechos propietarios, no así con el interés
de dividir los bienes matrimoniales de forma justa y
equitativa para asegurar la estabilidad económica futura
de cada cónyuge.
Lo cierto es que cada jurisdicción adopta la doctrina
o modalidad que le parece que mejor protege los intereses
de las partes, entre otras consideraciones. Así hicimos
en Toppel v. Toppel, luego de considerar varias de las
tendencias modernas en esta área. De conformidad con la
doctrina del precedente, ésta es la norma de conflicto de
leyes aplicable a la controversia de autos. No existe
razón para abandonar esta norma, pues responde a la
realidad de nuestros tiempos y a las corrientes
doctrinales modernas.
Por todo lo anterior, disiento de la Opinión de la
mayoría de este Tribunal.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada
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