Ricardo Nazario Acosta v. E.L.A. De P.R.
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ricardo Nazario Acosta, et al.
Demandantes-Peticionarios Certiorari
v. 2003 TSPR 116
Estado Libre Asociado de Puerto 159 DPR ____ Rico, et al.
Demandados-Recurridos
Número del Caso: CC-1998-1033
Fecha: 30 de junio de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V
Juez Ponente: Hon. Ramón Negrón Soto
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Juan R. Rodríguez
Oficina del Procurador General: Lcda. Vannessa Ramírez Procuradora General Auxiliar
Materia: Acción Civil
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demandantes- Peticionarios
v. CC-1998-1033 Certiorari
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2003.
En el presente recurso nos corresponde dilucidar
si prescribió la demandada incoada por un ex miembro
de la Policía contra el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico por despido injustificado y por su
negligencia al investigar, por tiempo indefinido,
unas alegadas irregularidades cometidas por él
mientras dirigía una división de la uniformada. Por
entender que algunos de los daños sufridos como
consecuencia de las actuaciones del Estado no han
prescritos, confirmamos al Tribunal de Circuito de
Apelaciones. CC-1998-1033 3
I
En 1981, Ricardo Nazario Acosta (en adelante Nazario
Acosta) fue nombrado director de la División de Drogas y
Narcóticos de Ponce. Posteriormente el señor Juan A.
González Hernández (en adelante, el agente González) fue
asignado como agente encubierto a dicha División. Ese
mismo año, Nazario Acosta, en el desempeño de sus funciones
directivas, comenzó una investigación en contra del agente
González por alegadas irregularidades cometidas por éste.
Poco tiempo después de comenzada la investigación
antes mencionada, el agente González alegó ser agredido por
narcotraficantes, versión que luego alteró señalando a
agentes de la División como los presuntos agresores como
parte de una conspiración para matarlo. Dichas expresiones
fueron publicadas en varios periódicos del país1.
Los reportajes publicados provocaron el inicio de una
investigación en contra de Nazario Acosta y el traslado de
éste, en el 1984, al Negociado de Asunto Criminales en San
Juan, relevándolo de su puesto como Director de la
División. Inconforme con el traslado, Nazario Acosta
solicitó reconsideración de la decisión, la cual fue
denegada. Dicha determinación no fue apelada ante la Junta
de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal
1 El Vocero publicó noticias sobre las imputaciones hechas a Nazario Acosta en sus ediciones del 16, 17, 19, 21, de noviembre de 1984; 6 de diciembre de 1984; 28 de febrero de 1987 y; 2 de octubre de 1987. El Mundo publicó una noticia sobre estos hechos el 17 de noviembre de 1984. El Nuevo Día publicó noticias, relacionadas a los mismos hechos, el 21 y 22 de noviembre de 1984. CC-1998-1033 4
(en adelante J.A.S.A.P.) Consecuentemente, se le informó
que su traslado era permanente.
En mayo de 1985, Nazario Acosta presentó su renuncia a
la Policía por haber sido relevado de sus funciones y
sometido a una investigación administrativa. No obstante
como había una investigación pendiente, su renuncia no fue
aceptada. En octubre de 1986, más de un año después de su
renuncia, y en vista de que ésta nunca había sido aceptada,
Nazario Acosta solicitó el retiro de la misma y
consecuentemente, su reingreso a la Policía. Esta petición
no fue contestada, a pesar de haberse solicitado en varias
ocasiones una determinación en cuanto a la misma. A
petición de Nazario Acosta, en julio de 1989, la División
de Nombramientos y Cambios de la Policía emitió una
Certificación en la cual se indicó que la renuncia todavía
no había sido aceptada “por tener una investigación
pendiente en la Oficina de Asuntos Legales”. De hecho, la
Policía nunca concluyó la investigación iniciada en contra
de Nazario Acosta. Tampoco se sometieron cargos en su
contra ni se le contestaron sus requerimientos sobre el
estado de la misma. La Policía sí solicitó una prórroga
para poder concluir la investigación y someter cargos la
cual fue concedida por la Comisión de Investigación,
Procesamiento y Apelación (en adelante C.I.P.A.). Dicha
prórroga le extendió el término para concluir la susodicha
investigación hasta el 21 de febrero de 1985. CC-1998-1033 5
En 1984, Nazario Acosta solicitó admisión a la Escuela
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto
Rico. Sin embargo, el 21 de noviembre de ese mismo año,
fue informado que su solicitud no podía ser considerada
hasta tanto terminara dicha investigación. En mayo de
1985, éste solicitó una licencia para tener y poseer arma
de fuego, a lo que la Policía presentó objeción debido a la
investigación mencionada. En consecuencia, dicha licencia
fue denegada. En una segunda ocasión, cuando solicitó la
licencia de portación de arma de fuego, fue el Departamento
de Justicia el que objetó por el mismo fundamento. No
obstante, Nazario Acosta impugnó estas determinaciones ante
el Tribunal de Primera Instancia logrando que ambas
licencias fueran otorgadas.
En 1989, mientras todavía desconocía los resultados de
la investigación y de la renuncia sometida, Nazario Acosta
solicitó la liquidación de ahorros y dividendos de la
Asociación de Empleados del E.L.A., el importe del dinero
correspondiente al Fondo de Retiro de los Empleados del
Gobierno y el correspondiente a las vacaciones acumuladas.
Esta petición fue denegada, por el fundamento de que aún
estaba pendiente la susodicha investigación. Ese mismo año
también solicitó una licencia de detective privado la cual
fue denegada, por idéntico fundamento. Eventualmente la
misma fue concedida en febrero de 1993. CC-1998-1033 6
El 15 de diciembre de 1988, Nazario Acosta, su esposa
y la sociedad de bienes gananciales2 compuesta por ambos,
demandaron al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entre
otros3, solicitando daños sufridos como consecuencia de
haber sido discriminado ilegalmente por razones políticas.
Alegó además que la Policía fue negligente al mantener una
investigación en su contra de forma indefinida la cual tuvo
como consecuencia la denegación de una serie de solicitudes
y, que el comportamiento de esta agencia fue contrario al
Reglamento de la Policía, la Ley de Personal, la Ley de
Derechos Civiles Federal y las Constituciones de Puerto
Rico y de los Estados Unidos. En la demanda sostuvo que la
actuación negligente del Estado al mantener inconclusa una
investigación en su contra, le ha ocasionado daños a su
reputación y a su vida personal además de sufrimientos y
angustias mentales. Alegó además que se le privó de su
derecho a reingresar a la Policía y disfrutar de todos los
derechos y beneficios marginales y económicos, acumulados
luego de dieciséis años de Servicio Público. De igual
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ricardo Nazario Acosta, et al.
Demandantes-Peticionarios Certiorari
v. 2003 TSPR 116
Estado Libre Asociado de Puerto 159 DPR ____ Rico, et al.
Demandados-Recurridos
Número del Caso: CC-1998-1033
Fecha: 30 de junio de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V
Juez Ponente: Hon. Ramón Negrón Soto
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Juan R. Rodríguez
Oficina del Procurador General: Lcda. Vannessa Ramírez Procuradora General Auxiliar
Materia: Acción Civil
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demandantes- Peticionarios
v. CC-1998-1033 Certiorari
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2003.
En el presente recurso nos corresponde dilucidar
si prescribió la demandada incoada por un ex miembro
de la Policía contra el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico por despido injustificado y por su
negligencia al investigar, por tiempo indefinido,
unas alegadas irregularidades cometidas por él
mientras dirigía una división de la uniformada. Por
entender que algunos de los daños sufridos como
consecuencia de las actuaciones del Estado no han
prescritos, confirmamos al Tribunal de Circuito de
Apelaciones. CC-1998-1033 3
I
En 1981, Ricardo Nazario Acosta (en adelante Nazario
Acosta) fue nombrado director de la División de Drogas y
Narcóticos de Ponce. Posteriormente el señor Juan A.
González Hernández (en adelante, el agente González) fue
asignado como agente encubierto a dicha División. Ese
mismo año, Nazario Acosta, en el desempeño de sus funciones
directivas, comenzó una investigación en contra del agente
González por alegadas irregularidades cometidas por éste.
Poco tiempo después de comenzada la investigación
antes mencionada, el agente González alegó ser agredido por
narcotraficantes, versión que luego alteró señalando a
agentes de la División como los presuntos agresores como
parte de una conspiración para matarlo. Dichas expresiones
fueron publicadas en varios periódicos del país1.
Los reportajes publicados provocaron el inicio de una
investigación en contra de Nazario Acosta y el traslado de
éste, en el 1984, al Negociado de Asunto Criminales en San
Juan, relevándolo de su puesto como Director de la
División. Inconforme con el traslado, Nazario Acosta
solicitó reconsideración de la decisión, la cual fue
denegada. Dicha determinación no fue apelada ante la Junta
de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal
1 El Vocero publicó noticias sobre las imputaciones hechas a Nazario Acosta en sus ediciones del 16, 17, 19, 21, de noviembre de 1984; 6 de diciembre de 1984; 28 de febrero de 1987 y; 2 de octubre de 1987. El Mundo publicó una noticia sobre estos hechos el 17 de noviembre de 1984. El Nuevo Día publicó noticias, relacionadas a los mismos hechos, el 21 y 22 de noviembre de 1984. CC-1998-1033 4
(en adelante J.A.S.A.P.) Consecuentemente, se le informó
que su traslado era permanente.
En mayo de 1985, Nazario Acosta presentó su renuncia a
la Policía por haber sido relevado de sus funciones y
sometido a una investigación administrativa. No obstante
como había una investigación pendiente, su renuncia no fue
aceptada. En octubre de 1986, más de un año después de su
renuncia, y en vista de que ésta nunca había sido aceptada,
Nazario Acosta solicitó el retiro de la misma y
consecuentemente, su reingreso a la Policía. Esta petición
no fue contestada, a pesar de haberse solicitado en varias
ocasiones una determinación en cuanto a la misma. A
petición de Nazario Acosta, en julio de 1989, la División
de Nombramientos y Cambios de la Policía emitió una
Certificación en la cual se indicó que la renuncia todavía
no había sido aceptada “por tener una investigación
pendiente en la Oficina de Asuntos Legales”. De hecho, la
Policía nunca concluyó la investigación iniciada en contra
de Nazario Acosta. Tampoco se sometieron cargos en su
contra ni se le contestaron sus requerimientos sobre el
estado de la misma. La Policía sí solicitó una prórroga
para poder concluir la investigación y someter cargos la
cual fue concedida por la Comisión de Investigación,
Procesamiento y Apelación (en adelante C.I.P.A.). Dicha
prórroga le extendió el término para concluir la susodicha
investigación hasta el 21 de febrero de 1985. CC-1998-1033 5
En 1984, Nazario Acosta solicitó admisión a la Escuela
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto
Rico. Sin embargo, el 21 de noviembre de ese mismo año,
fue informado que su solicitud no podía ser considerada
hasta tanto terminara dicha investigación. En mayo de
1985, éste solicitó una licencia para tener y poseer arma
de fuego, a lo que la Policía presentó objeción debido a la
investigación mencionada. En consecuencia, dicha licencia
fue denegada. En una segunda ocasión, cuando solicitó la
licencia de portación de arma de fuego, fue el Departamento
de Justicia el que objetó por el mismo fundamento. No
obstante, Nazario Acosta impugnó estas determinaciones ante
el Tribunal de Primera Instancia logrando que ambas
licencias fueran otorgadas.
En 1989, mientras todavía desconocía los resultados de
la investigación y de la renuncia sometida, Nazario Acosta
solicitó la liquidación de ahorros y dividendos de la
Asociación de Empleados del E.L.A., el importe del dinero
correspondiente al Fondo de Retiro de los Empleados del
Gobierno y el correspondiente a las vacaciones acumuladas.
Esta petición fue denegada, por el fundamento de que aún
estaba pendiente la susodicha investigación. Ese mismo año
también solicitó una licencia de detective privado la cual
fue denegada, por idéntico fundamento. Eventualmente la
misma fue concedida en febrero de 1993. CC-1998-1033 6
El 15 de diciembre de 1988, Nazario Acosta, su esposa
y la sociedad de bienes gananciales2 compuesta por ambos,
demandaron al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entre
otros3, solicitando daños sufridos como consecuencia de
haber sido discriminado ilegalmente por razones políticas.
Alegó además que la Policía fue negligente al mantener una
investigación en su contra de forma indefinida la cual tuvo
como consecuencia la denegación de una serie de solicitudes
y, que el comportamiento de esta agencia fue contrario al
Reglamento de la Policía, la Ley de Personal, la Ley de
Derechos Civiles Federal y las Constituciones de Puerto
Rico y de los Estados Unidos. En la demanda sostuvo que la
actuación negligente del Estado al mantener inconclusa una
investigación en su contra, le ha ocasionado daños a su
reputación y a su vida personal además de sufrimientos y
angustias mentales. Alegó además que se le privó de su
derecho a reingresar a la Policía y disfrutar de todos los
derechos y beneficios marginales y económicos, acumulados
luego de dieciséis años de Servicio Público. De igual
forma, alegó que su esposa sufrió angustias y sufrimientos 2 Los codemandantes Ricardo Nazario Acosta e Irene Pomales Franco estuvieron casados desde el 22 de noviembre de 1985 hasta el 28 de marzo de 1989. El 26 de mayo de 1990, Ricardo Nazario Acosta se casó con Lilliam J. Hernández Meléndez y, a estos efectos, la demanda fue enmendada para incluir a la Sra. Hernández y a la sociedad de ganaciales Nazario Acosta-Hernández Meléndez. 3 Incluyeron a las tres personas que habían ocupado el puesto de Superintendente de la Policía hasta la fecha de la presentación de la demanda tanto en su carácter personal como oficial. También se demandó al agente Juan A. González Hernández de quien los demandantes posteriormente desistieron sin perjuicio. CC-1998-1033 7
al ver a su esposo desprovisto de su empleo y humillado
ante su comunidad. Finalmente expuso que la sociedad de
gananciales sufrió daños por los sueldos dejados de
percibir por Nazario Acosta a consecuencia del discrimen
ilegal del cual fue objeto el cual culminó con su salida de
la Policía.
El E.L.A., por su parte, replicó que la acción estaba
prescrita, razón por la cual solicitó la desestimación de
la demanda. Luego de varios incidentes procesales el
Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de
Nazario Acosta por entender que éste había sido víctima de
discrimen político que lo forzó a presentar su renuncia, lo
que constituye un despido constructivo. Dicho foro ordenó
el pago de una suma en concepto de daños, las sumas
acumuladas por concepto de licencia de vacaciones y de
enfermedad, las aportaciones al Retiro, la mesada y el
salario dejado de percibir.
Por no estar de acuerdo con dicho dictamen el E.L.A.
acudió al Tribunal de Circuito de Apelaciones quién revocó
la sentencia apelada por entender que la acción por
discrimen político estaba prescrita revocando, de este
modo, la concesión de daños por motivo de discrimen
político, los salarios dejados de percibir y la mesada.
También dejó sin efecto la concesión de daños causados como
consecuencia de la negligencia por parte del Estado al no
archivar la investigación en contra de Nazario Acosta. Sin
embargo, le ordenó al E.L.A. el pago en concepto de CC-1998-1033 8
licencia de vacaciones y enfermedad acumuladas, la
devolución de las aportaciones al Retiro y a las cuotas a
la Asociación de Empleados del E.L.A. Por último, devolvió
el recurso al foro de instancia para que se determinaran
aquellos daños sufridos por los demandantes, al amparo del
Art. 1802, que no habían prescritos, y fuesen producto de
la investigación administrativa de la cual fue objeto
Nazario Acosta.
Inconforme, Nazario Acosta acude ante nos alegando que
incidió el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
determinar que la acción por discrimen político y la acción
por despido ilegal estaban prescritas y, consecuentemente,
revocar la partida de daños concedida por el Tribunal de
Primera Instancia en concepto de mesada y salario dejado de
percibir. Luego de expedir el auto solicitado y examinar
las comparecencias de las partes, resolvemos.
II
En síntesis, la controversia del caso de autos se
circunscribe a determinar si las acciones por discrimen por
razones políticas y despido ilegal están prescritas.
Debemos examinar además si la reclamación de daños
ocasionados por la negligencia del Estado al mantener
inconclusa una investigación administrativa también está
prescrita.
La prescripción es una institución de derecho
sustantivo, regulada por el Código Civil, que constituye
una forma de extinción de un derecho debido a la inercia en CC-1998-1033 9
ejercer el mismo durante un término determinado. Santiago
Rivera v. Ríos Alonso, res. el 7 de febrero de 2002, 2002
T.S.P.R. 15, Galib Frangie v. El Vocero, 138 DPR 560,
(1995). La misma castiga la inercia en el ejercicio de los
derechos y, a la misma vez, evita los litigios difíciles de
adjudicar por la antigüedad de las reclamaciones, hecho que
podría dejar a una de las partes en estado de indefensión.
Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943,
(1991); Cintrón v. ELA, 127 D.P.R. 582, (1990).
El Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141,
provee una causa de acción a favor de toda persona que
sufra daño por la culpa o negligencia de otro. Por su
parte, el Art. 1858 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
5298, dispone que las acciones para exigir responsabilidad
por culpa o negligencia, al amparo del Art. 1802, supra,
tienen un término prescriptivo de un año. El periodo
prescriptivo de esta acción comienza a transcurrir desde
el momento en que el agraviado tiene conocimiento del daño
sufrido y de quien es el autor del mismo, ya que es en este
momento en que conoce los elementos necesarios para poder
ejercitar efectivamente su causa de acción. Cualquier
disposición que exija a los demandantes instar su causa de
acción antes de que éstos advengan en conocimiento de que
tal acción les asiste, viola su debido proceso de ley.
Alicea v. Córdova, 117 DPR 676, (1986).
Cuando nos encontramos ante una reclamación de este
tipo y debemos determinar si dicho término ha transcurrido, CC-1998-1033 10
uno de los aspectos que debemos analizar es el tipo de daño
ocasionado. El inicio del término prescriptivo con el cual
cuenta el perjudicado para vindicar su derecho varía
dependiendo de si ha sido víctima de un daño continuado o
si, por el contrario, ha sufrido daños sucesivos a
consecuencia de la actuación del demandado.
Ya anteriormente habíamos definido a los daños
continuados como “aquéllos producidos por uno o más actos
culposos o negligentes imputables al actor, coetáneos o no,
que resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas,
sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí,
las cuales al ser conocidas hacen también que se conozcan,
por ser previsible, el carácter continuado e ininterrumpido
de sus efectos, convirtiéndose, en ese momento, en un daño
cierto compuesto por elementos de un daño actual (aquel que
ya ha acaecido), y de daño futuro previsible y, por tanto,
cierto.” Santiago Rivera v. Ríos Alonso, supra, a la pág.
4; Galib Frangie v. El Vocero, supra, a la pág. 575,
citando a H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios
extracontractuales en Puerto Rico, 2nda Ed.,Publicaciones
J.T.S., San Juan (1986), pág 648. En otras palabras, son
aquellos daños producidos por uno o más actos imputables al
actor en donde el daño posterior, acaecido como
consecuencia del acto culposo o negligente, es previsible
por lo que constituye una sola causa de acción. Es, por
tanto, determinante para poder clasificar los daños como
continuados que los daños futuros sean previsibles. CC-1998-1033 11
Lo determinante para establecer el inicio del término
prescriptivo, en los daños continuados, es el momento en
que comienza la producción del daño. Es a partir de este
momento que comienza a transcurrir el término de un año que
tiene el perjudicado para hacer valer su derecho,
suponiendo, claro está, que éste tiene conocimiento, desde
entonces, de quién es la persona responsable de los mismos.
Esto debido a que lo característico de los daños
continuados es que los mismos son previsibles. Al ser
previsibles se entiende que el término prescriptivo
comienza a transcurrir cuando el perjudicado conoce, por
primera vez, el daño y quién es el responsable del mismo y
que dicho daño “comprende todas sus consecuencias como
posibles sean de prever. Es decir, que la inseguridad
sobre el volumen y la cuantía de los daños no excluyen el
comienzo de la prescripción”. H.M. Brau del Toro, Los daños
y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, supra, pág
648, citando a J. Santos Briz, La responsabilidad civil:
Derecho Sustantivo y Derecho Procesal, 2da Ed., Ed.
Montecorvo, Madrid, (1977), pág. 836. Véase, J. Santos
Briz, La responsabilidad civil: Derecho Sustantivo y
Derecho Procesal, 7ma Ed., Ed. Montecorvo, Madrid, (1993),
pág. 1187.
En síntesis, en los daños continuados, precisamente
por ser de carácter previsible, el daño cierto incluye
todos aquellos daños futuros que se puedan prever.
Debido a su previsibilidad, el carácter continuado e CC-1998-1033 12
ininterrumpido de sus efectos se convierte en daño cierto
que incluye el daño acaecido y el daño futuro previsible.
Por ser dichos daños futuros previsibles, ciertos y
conocidos, el término prescriptivo para instar la acción
para su resarcimiento comienza a transcurrir desde que el
agraviado tuvo conocimiento del primer daño cierto y puede
predecir la ocurrencia de los daños subsiguientes. H.M.
Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en
Puerto Rico, supra, pág. 643.
En otras palabras, en el caso de los daños
continuados, el daño original se conoce en un momento dado
y desde ese momento se pueden prever consecuencias lesivas
que continuarán ocurriendo en el futuro de forma incesante
y sostenidamente a causa de la actuación del demandado.
Dicha previsibilidad convierte a dichas consecuencias en
un daño cierto coetáneo, o en una ampliación del daño
original. H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios
extracontractuales en Puerto Rico, supra, pág. 647. Y es
debido a que dichos daños son previsibles que podemos
considerarlos, junto al daño acaecido, en daños ciertos,
razón por la cual el término prescriptivo puede comenzar a
transcurrir.
De otro modo, tendríamos la situación donde en casos
de daños continuados mientras persista el daño el
perjudicado puede retrasar el inicio de la acción y cobrar
retroactivamente por daños ocurridos años y quien sabe si
décadas atrás. Dicho resultado sería contrario al propósito CC-1998-1033 13
de los términos precriptivos que precisamente castigan la
inercia en el ejercicio de los derechos, y evitan que el
poder público proteja por tiempo indefinido los derechos no
reclamados por su titular. Culebra Enterprises Corp. v.
E.L.A., supra. Como es sabido, los estatutos prescriptivos
fomentan la estabilidad jurídica y la seguridad en el
tráfico jurídico. Los mismos promueven la justicia al
evitar la resucitación de causas viejas y las consecuencias
inevitables de paso del tiempo. Culebra Enterprises Corp.
v. E.L.A., supra.
Por otro lado, los daños sucesivos son “una secuencia
de reconocimientos de consecuencias lesivas por parte del
perjudicado, las que se producen y manifiestan
periódicamente, pero que se van conociendo en momentos
distintos entre los que media un lapso de tiempo finito,
sin que en momento alguno sean previsibles los daños
subsiguientes, ni sea posible descubrirlos empleando
diligencia razonable.” Santiago Rivera v. Ríos Alonso,
supra, a la pág. 4, citando a H.M. Brau del Toro, Los daños
y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, supra, pág.
643. Énfasis nuestro. Es decir, son aquellos daños que se
repiten sin que sea necesario que los mismos sean iguales
en magnitud y cuya sucesión no es previsible. Por no ser
previsibles, a diferencia de los daños continuados, no
podemos incluir como daño cierto, tanto al daño acaecido
como a todos los posibles daños futuros que podrían
acaecer. Consecuentemente, en vez de tanto el daño acaecido CC-1998-1033 14
como los daños futuros formar una sola causa de acción con
un sólo término prescriptivo que comienza a transcurrir tan
pronto se tiene conocimiento del daño acaecido, cada daño
constituye una causa de acción distinta, y cada una
contiene un término prescriptivo distinto, el cual comienza
en momentos distintos a partir del reconocimiento del
perjudicado de cada daño individual y de quién fue el autor
de los mismos. En síntesis, en el caso de los daños
sucesivos, debido a que cada daño constituye una causa de
acción independiente por los mismos no ser previsibles,
cada una de éstas tiene un término prescriptivo
independiente cuyo inicio depende del momento en que el
perjudicado sufrió cada uno de los daños.
Como es sabido, cuando la ley no especifica un término
prescriptivo para una acción civil, debe utilizarse el
término de una acción análoga. Siguiendo este principio
del derecho, nuestra jurisprudencia ha establecido que el
término prescriptivo aplicable a las acciones civiles en
daños y perjuicios que surgen al amparo de la Ley de
Derechos Civiles es de un año. Olmo v. Young & Rubicam of
P.R.,Inc., 110 D.P.R. 740, 742 (1981).
Entre las distintas acciones que están amparadas por
esta ley se encuentra aquélla donde una persona es
discriminada ilegalmente por parte del Estado. Por lo
tanto, la causa de acción que surge como consecuencia de un
acto de discrimen ilegal, tienen un término prescriptivo de
un año. Delgado Rodríguez v. Nazario Ferrer, 121 D.P.R. CC-1998-1033 15
347, (1988) En tales casos, el término prescriptivo
comienza a transcurrir a partir de la notificación de la
acción arbitraria o ilegal. Este término aplica cuando un
empleado público es objeto de una acción discriminatoria,
arbitraria e ilegal la cual podría ser, pero no se limita
a, un despido, incluyendo un traslado o reclasificación
entre otras. Cintrón v. ELA, supra.
En aquellas ocasiones en las cuales el discrimen
ocasione un despido ilegal, el término prescriptivo
comienza a transcurrir a partir del momento en que el
empleado es notificado de la cesantía. Delgado Rodríguez
v. Nazario Ferrer, supra. Ello es así debido a que es a
partir de este momento que el agraviado adviene en
conocimiento de los daños que le ocasionó la actuación
arbitraria. Ríos Quiñónes v. Administración de Servicios
Agrícolas, 140 D.P.R. 868, a la pág 872, (1996). De igual
forma ocurre cuando estamos ante un traslado. En este
caso, el término comienza a transcurrir desde el momento en
que se le notifica al perjudicado que la decisión,
decretando el traslado, es final. Dicho término no queda
interrumpido por un recurso de revisión ante J.A.S.A.P.,
debido a que el perjudicado tiene conocimiento del daño
desde que se le notifica el traslado. Cintrón v. E.L.A.,
supra; Delgado Rodríguez v. Nazario Ferrer, supra.
El término es igualmente aplicable a una causa de
acción por despido constructivo. Existe un despido
constructivo cuando un empleado se ve forzado a presentar CC-1998-1033 16
su renuncia debido a las condiciones de trabajo onerosas
impuestas por el patrono. En otras palabras, estamos ante
un despido constructivo cuando los actos voluntarios e
injustificados de un patrono tienen el propósito de obligar
a un empleado a dejar su cargo siendo ésta la única
alternativa razonable que le queda al empleado. Hernández
v. Trans Oceanic Life Insurance, res. el 30 de junio de
2000, 2000 T.S.P.R. 115; Vélez de Reilova v. Ramírez Palmer
Bros. Inc., 94 D.P.R. 175, a la pág. 178, (1967). En los
casos de despido constructivo, el empleado tiene
conocimiento del daño al momento de notificar su renuncia
por lo que es a partir de ese momento, y no desde que la
misma es efectiva, que comienza a decursar el término
prescriptivo.
A la luz de esta normativa, pasemos a discutir la
situación que tenemos ante nos.
III
La causa de acción por los daños ocasionados por
actuaciones discriminatorias por motivos políticos, por las
actuaciones negligentes o por despido ilegal tienen un
término prescriptivo de un año, el cual comienza a
transcurrir a partir del momento en que el perjudicado
adviene en conocimiento del daño y de quién es el
responsable del mismo. No está en controversia si Nazario
Acosta fue discriminado por razones políticas. Lo que nos
corresponde resolver es si dicha acción está prescrita. CC-1998-1033 17
Según señaláramos, el término prescriptivo de la
acción de daños por discrimen político comenzó a
transcurrir desde el momento en que Nazario Acosta advino
en conocimiento del daño ocasionado por la actuación
arbitraria del Estado. En el caso de autos, el término
prescriptivo comenzó a transcurrir desde el momento en que
el Estado ejecutó la acción arbitraria en contra de Nazario
Acosta, a saber, el traslado del cual éste fue objeto. El
traslado se notificó el 16 de noviembre de 1984. El 26 de
noviembre Nazario Acosta solicitó reconsideración, la cual
fue denegada el 15 de abril de 1985.4
Como mencionáramos anteriormente, el término para
acudir ante el foro judicial comienza a transcurrir a
partir de que el agraviado por la actuación discriminatoria
es notificado de la misma. En el caso de autos, el término
comenzó a transcurrir el 16 de noviembre de 1984. En este
momento, la determinación del traslado fue final y es desde
esta fecha, cuando Nazario Acosta adviene en conocimiento
del daño causado, que comenzó a contar el término
prescriptivo de un año para la acción de discrimen ilegal.
Al momento en que se insta la demanda, el 15 de diciembre
de 1988, ya habían pasado sobre cuatro años desde que
Nazario Acosta advino en conocimiento de la actuación 4 Debemos señalar que según nuestro ordenamiento la moción de reconsideración en el foro administrativo tiene que ser resuelta en el término de 15 días luego de ser presentada, de no emitir una determinación se entenderá que la misma fue rechazada de plano. Por tanto, la determinación, emitida el 15 de abril de 1986, denegando la reconsideración fue emitida sin jurisdicción. CC-1998-1033 18
discriminatoria y del daño ocasionado por la misma por lo
que nos es forzoso concluir que la acción está prescrita.
Por otro lado, Nazario Acosta alega que fue víctima de
actuaciones discriminatorias que lo obligaron a renunciar
configurándose, de esta forma, un despido constructivo y
una causa de acción por despido ilegal. Si en efecto le
asiste dicha causa de acción, para determinar si la misma
está prescrita debemos analizar el momento en que éste tuvo
conocimiento del daño sufrido. Desde ese momento comenzó
a transcurrir el término prescriptivo de un año para esta
causa de acción.
Nazario Acosta presentó su renuncia el 13 de mayo de
1985 haciéndola efectiva el 31 de mayo de ese mismo año.
Independientemente de que la misma fuese efectiva el 31 de
mayo o del hecho de que la misma nunca fue aceptada, la
realidad sigue siendo la misma. Nazario Acosta, al momento
de presentar su renuncia, conocía del daño causado en
virtud de la actuación discriminatoria por parte del Estado
y estaba en posición de ejercer su causa de acción.
Nazario Acosta advino en conocimiento del daño sufrido y de
la causa del mismo el día en que notificó su renuncia.
Debido a ello, el término prescriptivo comenzó a
transcurrir el 13 de mayo de 1985. La demanda se presentó,
tres años y siete meses después de haberse notificado la
renuncia, o si se quiere, desde el despido constructivo.
Esta causa de acción por despido ilegal también está
prescrita. CC-1998-1033 19
Sin embargo, la causa de acción en virtud de la
actuación negligente y discriminatoria por parte del Estado
al mantener inconclusa la investigación administrativa en
contra de Nazario Acosta, en violación del Reglamento de la
Policía5, y los daños ocasionados por esta negligencia, no
están del todo prescritos. Esto debido a que la
negligencia por parte del Estado es la causa de daños
sucesivos cuyos términos prescriptivos comienzan a
transcurrir en momentos distintos.
Esta investigación, la cual debió concluir en 1985
cuando se expiró la prórroga concedida por la C.I.P.A.,6 fue
la causa de una serie de daños los cuales no hubiesen
podido ser previstos por el más diligente de los hombres
prudentes y razonables. Esto implica que los daños causados
por la susodicha investigación constituyen una serie de
daños sucesivos con términos prescriptivos independientes.
La investigación comenzó en noviembre de 1984, se
mantuvo abierta indefinidamente luego de transcurrida la
prórroga dada por la C.I.P.A. la cual venció el 21 de 5 Véase Reglamentos de Puerto Rico, Policía de Puerto, 25 L.P.R.A. sec 1602 (C )(2)(c). Dicha disposición exige que la misma sea realizada dentro de un tiempo razonable. 6 Debemos señalar que no sólo se mantuvo abierta luego de haber concluido el término otorgado por la C.I.P.A. para radicar cargos o en su defecto desistir de la misma, sino que desde mayo de 1985 la Policía tuvo conocimiento de que el agente González, había sido diagnosticado con esquizofrenia por el Fondo de Seguro del Estado. Este conocimiento, sin más, era razón suficiente para desistir de una investigación que se había iniciado como consecuencia de las imputaciones hechas por el agente y publicadas en los medios. Ello debido a que las mismas son un reflejo de delirios de persecución, uno de los síntomas más conocidos de la condición diagnosticada. CC-1998-1033 20
febrero de 1985. Hasta este momento el Estado estaba en
pleno derecho de investigar a uno de sus empleados. Una
vez pasa el término dispuesto para concluir la
investigación y la subsiguiente radicación de cargos, el
Estado tenía dos opciones; o presentaba cargos para que de
esta forma el empleado tuviese la oportunidad de ser oído,
garantizándole su debido proceso de ley o, por el
contrario, daba por terminada la investigación. El Estado
fue negligente al no actuar en una de las dos formas antes
descritas. Es entonces a partir de este momento, el 21 de
febrero de 1985, que comienza la negligencia por parte del
Estado al mantener la investigación abierta, sin
justificación alguna y de forma contraria a derecho. Su
negligencia desencadenó una serie de eventos causándole
daños a Nazario Acosta que, por la imprevisibilidad de los
mismos, constituyen daños sucesivos por lo que tienen
términos prescriptivos distintos y, consecuentemente, deben
ser analizados individualmente.
Bajo este razonamiento, es forzoso concluir que todas
aquellas circunstancias en las cuales la investigación
administrativa tuvo efecto negativo para el demandante pero
que sucedieron durante el término en que la Policía tenía
abierta la investigación legítimamente no le proveen una
causa de acción al demandante ya que, en esos momentos, el
tener la investigación abierta no constituyó una actuación
negligente por parte del Estado. Entre éstas se encuentran CC-1998-1033 21
la denegatoria enviada, por la Escuela de Derecho, el 21 de
noviembre de 1984.
Por otro lado, tenemos aquellas situaciones en las
cuales la investigación administrativa tuvo efectos
negativos para el demandante, y ya en ese momento
constituía negligencia del Estado mantener la investigación
abierta pues habían transcurrido los términos para la
radicación de cargos o en su defecto la clausura de la
investigación. Cada uno de estos daños constituye una causa
de acción diferente, con un término prescriptivo distinto.
En primer lugar, nos encontramos ante la denegación de
licencia de tener y poseer arma de fuego. Esta licencia fue
denegada el 5 de abril de 1986. Es en esa fecha que
Nazario Acosta se entera de la denegatoria, el daño sufrido
y que la causa del mismo fue la investigación que la
Policía mantenía inconclusa, siendo ésta la responsable del
daño. Por consiguiente, es en este momento en que comenzó a
transcurrir el término prescriptivo. Al momento de instar
la acción, el 15 de diciembre de 1988, habían pasado dos
años y ocho meses, desde el inicio del término. Nos es
forzoso concluir que la acción en daños como consecuencia
de la denegatoria de la licencia de tener y poseer un arma
de fuego está prescrita. De igual forma, está prescrita la
acción en daños a consecuencia de la denegatoria de la
licencia de portación de armas.
En cambio la denegación de la Licencia de Detective
Privado, fue notificada el 23 de abril de 1992. CC-1998-1033 22
Evidentemente, la causa de acción por los daños ocasionados
por esta denegatoria no está prescrita. Aunque la licencia
fue eventualmente concedida, el Tribunal de Primera
Instancia debe determinar los daños sufridos a consecuencia
de la denegatoria, la cual, al igual que las anteriores,
se fundamentó en la investigación que pendía en contra de
Nazario Acosta tiene también una causa de acción a su
favor, la cual no está prescrita, por los daños ocasionados
por la denegatoria notificada el 28 de septiembre de 1989
de su solicitud para liquidar los ahorros y dividendos de
la Asociación de Empleados del ELA, el importe del Fondo de
Retiro, y el correspondiente a las vacaciones acumuladas.
Por años la Policía le impidió a las agencias encargadas de
administrar estos fondos que se los reembolsaran. La
conducta de la Policía de mantener la investigación
eternamente abierta impidió que se le devolvieran unos
fondos, a los que tenía derecho, y se le pagaran las
vacaciones que tenía acumuladas. No fue hasta el día del
juicio, en 1996, que los demandados aceptaron compensar la
cantidad adeudada en cuanto a esta solicitud. El Tribunal
de Primera Instancia deberá determinar los daños
ocasionados por la actuación negligente del Estado que
provocó la dilación de este pago.
En el caso de autos, la Policía, al mantener la
investigación inconclusa y divulgar constantemente que
existía un proceso de investigación administrativa en CC-1998-1033 23
contra de Nazario Acosta, interfirió con distintos aspectos
de su vida. La actuación negligente del Estado al mantener
la investigación en contra de Nazario Acosta inconclusa, le
ocasionó daños a su reputación y a su vida personal además
de sufrimientos y angustias mentales. Se le ha privado,
además, de su derecho a reingresar a la Policía y disfrutar
de todos los beneficios marginales y económicos acompañados
a sus privilegios y derechos acumulados luego de dieciséis
años de servicio. De igual forma, su esposa sufrió
angustias y sufrimientos como consecuencias de la situación
enfrentada por Nazario Acosta. Todo por una investigación
en contra de éste que la Policía mantuvo discriminada e
injustificadamente inconclusa por más de doce años.
Debido a que los daños ocasionados por la actuación
negligente del Estado son daños sucesivos, por lo que
constituyen causas de acción independientes cuyos términos
prescriptivos inician en distintos momentos, no todas las
causas de acción presentadas por el demandante están
prescritas. En vista de ello, se devuelve el caso al
Tribunal de Primera Instancia para que haga una
determinación sobre la cuantía correspondiente a aquellos
daños, sufrimientos y angustias mentales que sufrieron los
demandantes como consecuencia de la actuación del Estado al
mantener abierta, de forma discriminatoria e ilegal, una
investigación en contra de Nazario Acosta. A saber,
aquellos causados por la denegatoria de la licencia de
detective, impedir su reingreso a la Policía, la negativa CC-1998-1033 24
por parte del Estado a liquidar los ahorros y dividendos de
la Asociación Empleados E.L.A., el importe del Fondo de
Retiro, y el pago de las vacaciones acumuladas. En fin,
todos aquellos daños ocasionados por la actuación
negligente del Estado al mantener la investigación abierta,
que no estuviesen prescritos. Es decir, aquellos ocurridos
a partir del 15 de diciembre de 1987, un año antes la
interposición de la demanda. El Tribunal de Primera
Instancia deberá hacer esa determinación y, en caso de que
sea necesario para ello, señalar una vista para oír la
prueba y argumentación de las partes.
Por lo antes expuesto, se confirma el dictamen
apelativo y se devuelve el recurso al Tribunal de Primera
Instancia para que resuelva según lo aquí dispuesto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Corrada del Río emitió Opinión Disidente a la cual se unió
el Juez Asociado señor Rivera Pérez. El Juez Asociado
señor Rebollo López no interviene. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri no intervino.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo CC-1998-1033 25
Demandantes-Peticionarios
v.
Estado Libre Asociado de CC-1998-1033 Puerto Rico, et al.
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Corrada del Río a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2003.
Una mayoría de este Tribunal entiende que
los daños sufridos por el Sr. Ricardo Nazario
Acosta, a consecuencia de la investigación
ilegal que en su contra llevara el Estado, son
de carácter sucesivo, por lo que algunos de
estos no son recobrables por razón de
prescripción.
Por entender que los referidos daños son
de naturaleza continua, disiento de ese
aspecto de la Sentencia que suscribe la
mayoría.
Ricardo Nazario Acosta (en adelante, “el
peticionario”) trabajó en la Policía de Puerto
Rico (en adelante, “la Policía”) desde 1968
hasta el 31 CC-1998-1033 26
de mayo de 1985. Durante ese período, ocupó varios cargos
y su labor fue catalogada como excelente. Incluso, recibió
varios premios y galardones por sus ejecutorias en el
servicio y en el cumplimiento de su deber.
Entre septiembre y octubre de 1978, el peticionario
formó parte de la escolta del entonces gobernador, Hon.
Carlos Romero Barceló, razón por la cual se le identificó
como afiliado al Partido Nuevo Progresista (en adelante,
“P.N.P.”).
Posteriormente, en agosto de 1981, el peticionario
fungió como Director de la División de Drogas y Narcóticos
de Ponce (en adelante, “la División”), posición desde la
cual dirigió varias investigaciones internas. Entre éstas,
el peticionario intervino en una investigación que se llevó
contra el señor Carlos J. López Feliciano –miembro activo
del Partido Popular Democrático- a quien posteriormente
designaron Superintendente de la Policía.7 Asimismo, en
agosto de 1984, promovió una investigación relacionada a la
conducta del agente encubierto Juan A. González Hernández,
a quien se le imputaba que “fabricaba” casos.
Luego de advenir en conocimiento de la referida
investigación, el agente González Hernández alegó que el 11
de septiembre de 1984, fue asaltado y agredido por
narcotraficantes. Sin embargo, éste luego cambió su versión
de los hechos y adujo que quienes lo agredieron fueron unos
7 Según el peticionario, el señor López Feliciano, una vez designado Superintendente, aprovechó la oportunidad para actuar discriminadamente contra su persona por motivos políticos y personales. CC-1998-1033 27
agentes de la División, entonces dirigida por el
peticionario. Dicho incidente se publicó en los medios
noticiosos del país, lo que provocó que la Policía iniciara
una investigación en contra del peticionario.
A raíz de ello, el 16 de noviembre de 1984, el
Comandante del Área de Ponce, siguiendo instrucciones del
señor Jorge L. Collazo Torres, entonces Superintendente de
la Policía, relevó al peticionario de sus funciones y lo
trasladó al Negociado de Asuntos Criminales en el Cuartel
General de Hato Rey en San Juan, hasta tanto concluyera la
investigación sobre lo publicado en los medios.8 Luego del
traslado, el peticionario no retuvo ni sus funciones ni su
puesto.
El peticionario presentó dos (2) mociones de
reconsideración de la referida orden de traslado, las
cuales fueron denegadas el 12 de diciembre de 1984 y el 15
de abril de 1985. El Negociado de Servicios de Inspección
y Asuntos Disciplinarios explicó que su negativa respondía
a que había comenzado una investigación en contra del
peticionario en relación con la información publicada en
los medios.
En el ínterin, el peticionario recibió una carta de la
Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Puerto
Rico, fechada el 21 de noviembre de 1984, mediante la cual
8 Nótese que el traslado se ordenó pocos días después de celebrarse las elecciones generales en Puerto Rico, pero transcurridos dos (2) meses desde el alegado incidente que lo provocó. CC-1998-1033 28
le notificaron la suspensión de todo trámite relacionado
con su solicitud de admisión hasta tanto culminara la
investigación que la Policía llevaba en su contra.
Vencido el término original conferido para realizar la
susodicha investigación, el 8 de enero de 1985, la Policía
solicitó una prórroga ante la Comisión de Investigación,
Procesamiento y Apelación (en adelante, “C.I.P.A.”). La
C.I.P.A. le concedió a la Policía hasta el 21 de febrero de
1985 para concluir la misma. Transcurrido el término de la
prórroga, y en vista de que se mantenía inconclusa la
investigación administrativa en su contra, el peticionario
se vio forzado a presentar su renuncia el 13 de mayo de
1985, efectiva el día 31. El peticionario alegó que el
motivo de su renuncia fue el haber sido relevado de sus
funciones, degradado, marginado y sometido a una
investigación administrativa durante nueve (9) meses,
situación de incertidumbre que le afectó su estado
emocional y personal.9
En vista de que su renuncia aún no había sido aceptada,
a pesar de haber transcurrido más de dos (2) meses desde su
efectividad, el 8 de agosto de 1985, el peticionario le
solicitó por escrito al entonces Superintendente de la
Policía, Lcdo. Andrés García Arache, que aceptara su
renuncia. El 28 del mismo mes, éste le informó que la
misma había sido referida a la Oficina de Asuntos Legales
9 Véase Apéndice, a la pág. 26. CC-1998-1033 29
de la Policía. No obstante, su renuncia nunca fue
aceptada.10
Así las cosas, el 9 de septiembre de 1985, el
peticionario le notificó al Superintendente que se había
mudado al estado de Alaska, de donde regresó al año
siguiente.
De vuelta en Puerto Rico, el peticionario solicitó una
licencia para tener y poseer armas de fuego, la cual fue
denegada por el Superintendente el 5 de abril de 1986.
Dicho funcionario fundamentó su denegatoria en la pendencia
de la investigación administrativa en contra de aquél. No
obstante, el 6 de octubre de ese mismo año, el Tribunal de
Primera Instancia (en adelante, “TPI”) le ordenó al
Superintendente otorgarle al peticionario la licencia
solicitada. Posteriormente, éste solicitó la expedición de
una licencia de portación de armas, la cual también le fue
concedida por ese tribunal mediante Resolución de 26 de
junio de 1987.11
Finalmente, el 15 de octubre de 1986, el peticionario
le solicitó formalmente al entonces Superintendente –Carlos
López Feliciano- el retiro de su renuncia para reingresar a
la Policía, pero su solicitud tampoco fue contestada.12
10 Véase Apéndice, a la pág. 68. 11 Id. 12 En 1989, con posterioridad a la presentación de la demanda, el peticionario le solicitó a la Policía la expedición de una licencia de detective privado. El 23 de abril de 1992, aproximadamente tres (3) años más tarde y CC-1998-1033 30
Así las cosas, el 15 de diciembre de 1988, el
peticionario, su esposa Irene Pomales Franco y la sociedad
legal de gananciales compuesta por ambos (en adelante “los
demandantes”) incoaron pleito en daños y perjuicios ante el
TPI contra, entre otros, el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico (Cuerpo de la Policía de Puerto Rico) y varios de sus
funcionarios –incluyendo las tres (3) personas que ocuparon
el puesto de Superintendente hasta la fecha de la
presentación de la demanda- (en adelante, “los
demandados”).13 Alegaron que los demandados actuaron ilegal
_____________________________ luego de múltiples gestiones sobre el estado de su solicitud, le denegaron la misma debido a la referida investigación y a que el peticionario aún figuraba como miembro activo de la Policía. No obstante, dicha licencia le fue concedida el 4 de febrero de 1993.
Además, en 1989, el peticionario solicitó de la Asociación de Empleados del E.L.A. la liquidación de sus ahorros y dividendos; el dinero perteneciente al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades (en adelante “Retiro”); y la liquidación de las licencias de vacaciones y enfermedad acumuladas. El 28 de septiembre de 1989, dicha entidad le denegó el reembolso solicitado, debido a la susodicha investigación administrativa. Véase Apéndice, a la pág. 68. 13 Nótese, que los demandantes actuaron correctamente al acudir directamente al foro judicial reclamando daños y perjuicios por violación a sus derechos civiles. La Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, conocida como la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico (en adelante “Ley de Personal”), 3 L.P.R.A. sec. 1301, no faculta a la Junta de Apelaciones del Sistema de Personal (en adelante continúa... 7 ...continuación
“J.A.S.A.P.”) a responsabilizar civilmente a las agencias administrativas que violen los derechos estatutarios o constitucionales de empleados públicos. La sección 7.17 de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. sec. 1397, sólo le concede a J.A.S.A.P. la facultad de ordenar la reinstalación y el CC-1998-1033 31
e inconstitucionalmente, motivados por el hecho de que el
peticionario estaba afiliado al P.N.P.; que éstos se
negaron a aceptar su renuncia y el retiro de la misma; que
la Policía fue negligente al extender indefinidamente la
investigación administrativa en su contra; que son objeto
de persecución e investigación ocasionándoles un daño
continuo; que como resultado de dichos actos se le negó al
peticionario el ingreso a instituciones educativas; y que
los actos de los demandados infringieron el Reglamento de
la Policía, la Ley de Personal, la Ley de Derechos Civiles
Federal y las Constituciones de Puerto Rico y Estados
Unidos.
El E.L.A. presentó una moción de desestimación alegando
que la demanda estaba prescrita, la cual fue denegada por
el TPI. Tras la presentación de varios escritos, y
escuchada la prueba testifical, dicho foro dictó sentencia
estableciendo que el peticionario fue discriminado por
razones políticas y obligado a renunciar contra su
voluntad. Concluyó, además, que el peticionario permaneció
en un “limbo administrativo” durante más de doce (12) años,
_____________________________ pago de los haberes dejados de percibir por los empleados públicos.
Además, como excepción a la regla general de que J.A.S.A.P. posee jurisdicción primaria en asuntos relativos al principio de mérito, este Tribunal ha reconocido que ante una violación de derechos civiles de un empleado, éste no tendrá que acudir en primera instancia ante el foro administrativo. Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582, 594-595 (1990); Delgado Rodríguez v. Nazario De Ferrer, 121 D.P.R. 347, 356-357 (1988). CC-1998-1033 32
lo que le impidió disfrutar de los beneficios e ingresos a
los cuales tenía y tiene derecho. Añadió que esta
situación le ocasionó al peticionario “daños continuos
[sic] y permanentes a su reputación y vida personal”14 y que
los demandados fueron negligentes al extender
indefinidamente la investigación administrativa. Como
resultado, condenó a los demandados, en su carácter oficial
y personal, a pagarle solidariamente a los demandantes la
suma de $75,000.00 por los daños sufridos, más las sumas
acumuladas por concepto de licencia de vacaciones y
enfermedad, aportaciones al Retiro, la mesada y el salario
dejado de percibir.
Inconforme, el E.L.A. recurrió ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones (en adelante, “TCA”). El TCA
revocó la sentencia del TPI por entender que la acción por
despido injustificado estaba prescrita, revocando así la
concesión de daños por motivo de discrimen político, los
salarios dejados de percibir y la mesada. También dejó sin
efecto la concesión de daños causados como consecuencia de
la negligencia del Estado al no archivar la investigación
en contra del peticionario. Sin embargo, le ordenó al
E.L.A. el pago en concepto de licencia de vacaciones y
enfermedad acumuladas, la devolución de las aportaciones al
Retiro y a las cuotas a la Asociación de Empleados del
E.L.A. Por último, devolvió el caso al TPI para que se
14 Véase Apéndice, a la pág.28. CC-1998-1033 33
determinaran aquellos daños sufridos por los demandantes,
al amparo del Art. 1802, que no habían prescrito, y que
fuesen producto de la investigación administrativa de la
cual fue objeto el peticionario.
De ese dictamen, los demandantes recurren ante nos
haciendo los siguientes señalamientos, a saber:
1. Si el Tribunal de Circuito de Apelaciones cometió error al determinar que la causa de accion [sic] presentada por los demandantes– peticionarios está prescrita.
2. Si el Tribunal de Circuito de Apelaciones cometió error al revocar la concesión [sic] de daños por razón del discrimen político y la perdida [sic] de ingresos mas [sic] la cantidad concedida por concepto de mesada y el pago del salario dejado de de [sic] recibir por el demandante – peticionario, Ricardo Nazario Acosta.”
Expedimos auto de certiorari mediante Resolución de 26
de febrero de 1999.
A. Prescripción y la acción torticera
El propósito de la prescripción de las acciones es
fomentar el pronto reclamo de los derechos, así como
procurar la tranquilidad del obligado contra la eterna
pendencia de una acción civil en su contra. Cintrón v.
E.L.A., 127 D.P.R 582, 588 (1990). Del mismo modo, la
prescripción es un derecho sustantivo que opera para evitar
litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las
reclamaciones. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127
D.P.R. 943, 950 (1991). Sin embargo, hemos reiterado que CC-1998-1033 34
ninguno de estos intereses es absoluto, debiendo ser
aquilatados por los tribunales en su justa proyección.
Santiago v. Ríos Alonso, res. el 7 de febrero de 2002, 156
D.P.R. ___(2002), 2002 T.S.P.R. 15, 2002 J.T.S. 21 (énfasis
suplido); Colón Prieto v. Geigel, 115 D.P.R 232, 243
(1984).
Conforme al artículo 1868 del Código Civil de Puerto
Rico, 31 L.P.R.A. § 5298, las acciones para exigir
responsabilidad civil extracontractual al amparo del
artículo 1802, 31 L.P.R.A.§ 5141, prescriben al año desde
que el agraviado conoce de la existencia del daño.15 Véase
De León Crespo et al. v. Caparra Center, 147 D.P.R. 797
(1999). En cuanto al momento en que se comienza a computar
dicho término, el citado artículo 1868, supra, dispone que
“el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones,
cuando no haya disposición especial que otra cosa
determine, se contará desde el día en que pudieran
ejercitarse.” A tenor con este articulado, hemos adoptado
en nuestra jurisdicción la teoría cognoscitiva del daño, la
15 Igualmente, en Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740, 742 (1981), establecimos que las acciones instadas en virtud de la Ley Núm. 100, supra, y aquéllas en las que se reclaman daños y perjuicios al amparo de la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. § 13, tienen un término prescriptivo de un (1) año. Resolvimos de ese modo por entender que, al igual que las acciones indemnizatorias de tipo general, las acciones por violación de derechos humanos deben incoarse y dilucidarse con prontitud. Ello debido a que no sólo existe un interés de la parte agraviada, sino que también existe un vital interés público de que este tipo de pleitos se ventilen prontamente, en beneficio del bienestar colectivo. CC-1998-1033 35
cual postula que el término prescriptivo comienza a
decursar cuando el reclamante tuvo conocimiento del
agravio, pues es entonces cuando surte efectos jurídicos,
ya que puede alegarse y reclamarse la indemnización
correspondiente. Allende Pérez et al. v. Agustín García et
al., res. el 28 de abril de 2000, 150 D.P.R. ___ (2000),
2000 T.S.P.R. 66, 2000 J.T.S. 78, p. 1072.
Sin embargo, hemos pautado una trayectoria flexible en
cuanto al cómputo de dicho término, reconociendo que éste
debe comenzar a contarse (además de cuando se tiene
conocimiento del daño) cuando el reclamante conoce los
elementos necesarios para ejercitar efectivamente su causa
de acción. Santiago v. Ríos Alonso, supra, a la pág. 8;
Padín Espinosa v. Compañía de Fomento Industrial, res. el
25 de febrero de 2000, 150 D.P.R. ___ (2000), 2000 T.S.P.R.
32, 2000 J.T.S. 44; Vega Lozada v. J. Pérez & Cía., 135
D.P.R. 746 (1994). Asimismo, hemos establecido que “la
prescripción no es una figura rígida sino que la misma
admite ajustes judiciales, según sea requerido por las
circunstancias particulares de los casos y la noción de lo
que es justo.” Santiago v. Ríos Alonso, supra, a la pág.
9; Maldonado v. Russe, res. el 8 de febrero de 2001, 153
D.P.R. ___ (2001), 2001 T.S.P.R. 14, 2001 J.T.S. 17; Padín
Espinosa v. Compañía de Fomento Industrial, supra; Vega
Lozada v. J.Pérez & Cía, supra.
Ahora bien, la prescripción toma unos contornos
particulares cuando se trata de casos en los cuales se han CC-1998-1033 36
causado daños continuados. Por su pertinencia al caso de
autos, es menester definir y discutir dicho tipo de daños,
así como determinar cómo se afecta el modo en que se
computa el término prescriptivo de la acción torticera
aplicable.
B. Término prescriptivo y daños continuados
Al dilucidar el concepto de “daños continuados”, hemos
adoptado la definición que los identifica como:
aquellos producidos por uno o más actos culposos o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen que también se conozca –por ser previsible- el carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por elementos de daño actual (aquel [sic] que ya ha acaecido), y de daño futuro previsible y por tanto cierto.” Santiago v. Ríos Alonso, supra; Galib Frangie v. El Vocero, 138 D.P.R. 560 (1995).
Al analizar esta definición, podemos identificar tres
elementos prominentes y distintivos de este tipo de daño.
Primeramente, que la serie de daños tienen que derivarse de
un acto culposo (o varios) imputable(s) a un mismo actor.16
Este primer elemento coloca dentro del concepto de daños
continuados la situación en la que un acto culposo
atribuible a cierta persona o entidad es la causa próxima
de una serie de daños resultantes. En otras palabras, que
los daños en cuestión tienen una causa común.
16 Sobre este aspecto véase Agosto Ortiz v. Municipio de Río Grande, 143 D.P.R. 174, 184-185 (1997). CC-1998-1033 37
En segundo lugar, además de ser el resultado de una
causa común, los daños continuados se manifiestan
ininterrumpidamente y tienen “unidad entre sí.” Mientras
que el elemento de no-interrupción se explica por si mismo,
el requisito de unidad supone inexorablemente que cada daño
esté relacionado al otro, no pudiendo ser éstos
independientes de cada uno. Según la doctrina, la relación
que tiene que existir entre dichos daños es más de
naturaleza que de rasgo, grado o calidad. Por tanto, si
una serie de daños se derivan de un mismo acto, tiene que
concluirse que están unidos, y se relacionan, por ser la
consecuencia de una misma conducta o acto lesivo.
Tercero, el daño continuado supone la existencia de
daños “actuales” junto a otros que, aunque aún no se
verifican, son “previsibles”; es decir, que todos los daños
en cuestión son “ciertos.” Al explicar esto, la doctrina
expresa que es “cierto” aquél daño “cuya existencia se
conoce o es razonablemente previsible, aunque no sea
posible fijar con exactitud su extensión, magnitud, y
valoración.” Herminio Brau de Toro, Los daños y perjuicios
extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs.
J.T.S. 1986, Vol. II, Cap. X, a la pág. 642 (énfasis
suplido).17 Por tanto, los daños son ciertos si al conocer
17 El citado tratadista habla de que el daño tenga una existencia real, o al menos, una probabilidad suficiente continúa... 11 ...continuación de que exista. Herminio Brau del Toro, supra, a la pág. 642 (énfasis suplido). CC-1998-1033 38
la parte afectada la naturaleza de los agravios ya
experimentados, y constatar que los mismos tienen un
patrón, que éstos están unidos entre sí por ser el
resultado de una misma causa, la víctima comprende y puede
razonablemente prever que de mantenerse vigente dicha
causa, continuará sufriendo daños de la misma naturaleza
hasta tanto no cese la misma.18
Esta conclusión, basada en la interrelación de los tres
elementos discutidos, es consistente con nuestros
precedentes. A esos efectos, en Capella v. Carreras, 57
D.P.R. 258 (1940), reconocimos que la obstrucción de una
vía pública, generada por la construcción de una verja,
representaba un daño continuado. Resolvimos así toda vez
que “se trata de daños y perjuicios causados por actos
continuos que están latentes hasta que cesa la causa que
los genera.” Id., a la pág. 266 (énfasis suplido).19
Asimismo, en Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824, 837-838
(1955), al reconocer como continuos aquellos daños
generados por los ruidos y pestes que producía una planta
pasteurizadora, expresamos que “ese principio [continuidad
del daño] no descansa en la naturaleza intrínseca del _____________________________ 18 Por ende, si los daños futuros no son previsibles, éstos pueden ser sucesivos, mas no continuados. 19 En este caso el Tribunal distingue a Colls v. Municipio de Lares, 23 D.P.R. 866 (1916), expresando que “[a]quí los daños reclamados resultaron no sólo de la construcción de la cerca suprimiendo la calle si que [sic] del mantenimiento de la cerca que prácticamente arruinó la propiedad de las demandantes. Se trata, como dijimos, de una perturbación continuada” (énfasis suplido). CC-1998-1033 39
perjuicio ocasionado por la perturbación, y sí en el
carácter continuo o progresivo de la causa que lo origina,
que renueva constantemente la acción dañosa (énfasis
suplido). Empleamos este mismo raciocinio en Seda v.
Miranda Hnos. & Co., 88 D.P.R. 355 (1963), cuando
reconocimos la naturaleza continua de los daños ocasionados
por una fábrica que despedía humos y ruidos.
Del mismo modo, en Santiago v. Ríos Alonso, supra,
concluimos que “una causa de acción fundamentada en unos
incidentes repetidos, de maltrato físico y emocional, que
provocan alegados daños y perjuicios reclamados constituye
una modalidad de daños continuados.” Apoyamos lo resuelto
bajo el razonamiento de que:
[e]ste tipo de daños es provocado por una serie de actos cuyo efecto neto es precisamente mantener a la víctima en un círculo vicioso de maltrato. Es por ello que los actos de maltrato físico, emocional y sicológico componen un cuadro de daños que, unidos, van encadenándose para producir el efecto neto del maltrato y así, en dicha circunstancia, el último daño acaecido forma parte de ese ciclo de maltrato y genera la causa de acción por éste y por los actos de maltrato anteriores componentes del referido patrón de violencia. Santiago v. Ríos Alonso, supra, a la pág. 13.
Resulta evidente de los casos citados que, al hacer la
determinación de daños continuados, nos enfocamos más en la
causa de los daños-- y el estado psicológico y anímico que
la misma generó sostenidamente a lo largo de su existencia-
- que en cada evento dañoso en particular. CC-1998-1033 40
Por otro lado, en cuanto al cómputo del término
prescriptivo en casos de daños continuados, hemos apuntado
a que la postura más aceptada por la doctrina es aquella
que “ha declarado con carácter general que... el plazo de
prescripción comienza en el momento de la producción del
resultado definitivo.” Véase e.g. Sánchez v. A.E.E., 142
D.P.R. 880, 921 (1997)20 (citando a Fernando Reglero Campos,
20 En el citado caso, que atendía una situación de discrimen en el empleo en modalidad de hostigamiento sexual, la Opinión Concurrente emitida por la Juez Asociada señora Naveira de Rodón también reconoció los principios que aquí establecemos, al expresar, a la pág. 913, que:
[e]n estos casos [patrón de hostigamiento sexual] la atención principal debe recaer sobre el ambiente que ha producido la conducta y no sobre cada acto por separado. El término prescriptivo en acciones por la creación de un ambiente hostil de trabajo debe comenzar a decursar desde que cese dicho ambiente. Esta norma reconoce que el término prescriptivo por lo creación de un ambiente hostil debe comenzar a decursar cuando se disipan las circunstancias que podrían entorpecer el ejercicio de la acción. La norma tampoco perjudica indebidamente al patrono, puesto que en la medida en que esté presente el ambiente hostil éste tendrá la oportunidad de conocer los hechos y tratar de remediarlos (énfasis suplido).
Véase además Carlos Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, 4ta Ed., 2000, a la pág. 730, quien al discutir el caso de Sánchez v. A.E.E., supra, expresa que”:
[a] mi juicio se crea un ambiente hostil en el empleo mediante hostigamiento sexual que constituye a su vez un patrón de conducta continua, se crea en el empleado la aprehensión de que en cualquier momento puede ser objeto de continúa... CC-1998-1033 41
en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y
compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1994, T. XXV,
Vol. 2, págs. 454-464)(énfasis suplido).
Ello nos lleva a cuestionarnos, ¿cuándo se verifica el
llamado resultado definitivo? Entendemos que por estar los
daños continuados inexorablemente atados a su causa
originadora, el conocimiento definitivo de los quebrantos
ocasionados se verifica el día que cesa la fuente de los
mismos, ya que mientras ésta exista, y por ende sean
previsibles más daños relacionados a ella, no cabe hablar
de “resultado definitivo.” Vigente aún la causa de los
daños, el afectado solo puede conocer los daños ciertos ya
verificados, mas no aquellos que, aunque previsibles, no
son todavía propiamente evaluables en toda su extensión,
magnitud y valoración.21
_____________________________ 14 ...continuación esa conducta ofensiva...No me parece que cada acto de hostigamiento deba considerarse como un acto aislado y que por tanto surja una causa de acción separada con cada acto de hostigamiento. 21 Esta posición es la predominante en España. A modo de comparación, véase lo expresado por Reglero Campos, citando distintas sentencias del Tribunal Supremo español, a los efectos de que:
no resultando siempre fácil determinar en la práctica cuándo se produce o ha producido ese ‘definitivo resultado’ que en relación con el concepto de daños continuados se nos ofrece como algo vivo, latente y conectado precisamente a la causa originadora y determinante de los mismos, que subsiste y se mantiene hasta su adecuada corrección...ha de entenderse CC-1998-1033 42
Resolvimos de ese modo en Santiago v. Ríos Alonso,
supra, a la pág. 13, opinión en la que concluimos que el
cese definitivo de la conducta culposa, generadora de la
serie de daños, es el momento en que se comienza a contar
el término prescriptivo de la causa de acción. Atemperando
el raciocinio a la situación de violencia doméstica que se
dilucidaba, expresamos que:
los actos de maltrato físico, emocional y sicológico componen un cuadro de daños que, unidos, van encadenándose para producir el efecto neto del maltrato y así, en dicha circunstancia, el último daño acaecido forma parte de ese ciclo de maltrato y genera la causa de acción por éste y por los actos de maltrato anteriores componentes del referido patrón de violencia (énfasis suplido).
_____________________________ continúa... 15 ...continuación que en estos casos el dies a quo del plazo de la prescripción no es el de la fecha de la ocurrencia del accidente, sino aquel momento en que se alcanza el conocimiento por modo cierto de los quebrantos definitivamente ocasionados. M. Albaladejo, supra, a la pág. 460 (énfasis suplido).
Puig Brutau también discute la teoría del “resultado definitivo,” citando sentencias del Tribunal Supremo español que lo definen como el momento en que se conoce cuantitativamente el resultado total del daño. Véase J. Puig Brutau, Caducidad, Precripción Extintiva y Usucapión, 3ra Ed., Barcelona, Bosch, 1996, a la pág. 79 (énfasis suplido). Véase además Sentencia de 24 de junio de 1993 (Rep. Ar. 5.381); Sentencia de 24 de mayo de 1993 (Rep.Ar. 3.727); Sentencia de 27 de junio de 1990 (Rep. Ar. 4.900); Sentencia de 25 de junio de 1990 (Rep. Ar. 889); Sentencia de 24 de octubre de 1988 (Rep. Ar. 7.636); Sentencia de 29 de noviembre de 1982 (Rep. Ar. 6.936). CC-1998-1033 43
Esa conclusión también es consistente con lo
resuelto en Capella v. Carreras, supra, ocasión en la que
rechazamos un planteamiento de prescripción, por haberse
instado la demanda pasado el año del comienzo de la
conducta lesiva, “toda vez que en la fecha que se inició el
pleito, todavía existía el obstáculo o perturbación que dio
lugar a la causa de acción.” Id., a la pág. 265.
Por tanto, mientras sean previsibles más daños
derivados del acto culposo en cuestión, por no haberse
descontinuado aún dicha conducta, no existe resultado
definitivo y el término prescriptivo no comienza a
Conforme a este marco jurídico, resolvemos la
controversia de autos.
La investigación que el Estado condujera en contra del
peticionario comenzó en noviembre de 1984. Ésta se mantuvo
abierta indefinidamente luego de transcurrida la prórroga
otorgada por la C.I.P.A., la cual venció el 21 de febrero
de 1985. Entendemos que hasta ese momento el Estado estaba
en pleno derecho de investigar al peticionario. Sin
embargo, una vez vencido el plazo y la prórroga, el Estado
tenía dos cursos a seguir: 1) presentar cargos; o 2) dar
por terminada la investigación. Así pues, concluimos que
al mantener inconclusa de manera indefinida la referida
investigación, más allá de los plazos legalmente
conferidos, el Estado incurrió en conducta culposa. CC-1998-1033 44
La mayoría reconoce que el mantener inconclusa la
investigación representó una instancia de discrimen
ilegal.22 Sin embargo, conceptualiza los daños dimanantes
de la misma como sucesivos, por lo que aquellos que
ocurrieron antes del año anterior a que el peticionario
presentara su demanda están prescritos. Diferimos de esa
conclusión.
Nos encontramos ante un caso de daños continuados.
Entendemos que la situación de autos no presenta una serie
de daños aislados e independientes. Por el contrario, los
agravios sufridos por el peticionario están
interconectados, teniendo como denominador común la
investigación que el Estado mantuvo abierta, de forma ultra
vires, por alrededor de doce (12) largos años. Las
angustias que generó en el peticionario la mera pendencia
de una investigación en su contra fueron de carácter
ininterrumpido mientras ésta se mantuvo ilegalmente
abierta. Su sola existencia indefinida, ya vencidos los
términos legalmente conferidos para finiquitarla, provocó
en éste inquietud y aprehensión.23
22 La mayoría expresa, a la pág. 13 de su ponencia, que “[n]o está en controversia si Nazario Acosta fue discriminado por razones políticas. Lo que nos corresponde resolver es si dicha acción está prescrita.” 23 De hecho, el codemandado Jorge L. Collazo Torres expresó que “para un policía estar bajo investigación administrativa era un San Benito, o sea, algo sumamenteoneroso contra la persona investigada.” Véase Apéndice, a la pág. 67. CC-1998-1033 45
Ese continuo desasosiego en ocasiones se combinó con
otras consecuencias más tangibles, como lo fueron las
situaciones en que el peticionario no pudo tener acceso a
servicios, puestos, licencias y derechos para los que
cualificaba. La mayoría, por el contrario, consideró
únicamente como daños estas instancias en que la conducta
culposa del Estado resultó en consecuencias lesivas más
particularizables, obviando los daños dimanantes de las
angustias mentales sostenidas que generó la mera existencia
indefinida de la investigación. De este modo, todos los
daños que generó en el peticionario la investigación
indefinida tienen que considerarse como una unidad, ya que
la conducta ilegal del Estado fue la causa próxima de
ellos. El resolver que éstos son independientes entre sí es
obviar que todos son el resultado de la misma conducta.
Al igual que una cloaca pestilente, una chimenea que
despide gases constante e ininterrumpidamente, y una
relación caracterizada por un círculo de abusos y
vejámenes, el patrón de discrimen por parte del Estado,
proyectado y manifiesto a través de una investigación
ilegal de vigencia indefinida, es un daño continuo que se
va renovando reiteradamente. Por ende, los daños que
genera con su apertura solo pueden conocerse, cualificarse
y cuantificarse de manera definitiva al cesar de manera
concluyente la misma. Es en ese momento que el reclamante
conoce todos los elementos necesarios para llevar
adecuadamente su acción, ya que es entonces cuando conoce CC-1998-1033 46
el “resultado definitivo” del proceso investigativo ilegal
al que fue sujeto.
Por consiguiente, el peticionario presentó su demanda a
tiempo, toda vez que a la fecha en que tomó dicha acción la
Policía aún mantenía vigente su conducta ilegal,24 por lo
que todavía no se podía conocer el “resultado definitivo”
de la acción discriminatoria del Estado. Al presentar su
demanda, el peticionario solo conocía que sus daños tenían
un patrón, y que a base del mismo, podía prever que, de
continuar pendiente la investigación, existía una
posibilidad razonable de sufrir daños de la misma
naturaleza.
El tribunal recurrido aplicó de manera muy restrictiva
el término prescriptivo, no reconociendo que los actos ante
sí eran de carácter continuado. Al así actuar, obvió que
los postulados que regulan a dicha figura no son absolutos,
debiendo aplicarse ésta en su justa proyección y en
atención a los propósitos que persigue.25 Como expresáramos
24 De hecho, el Estado mantuvo abierta la investigación hasta mucho después de presentada la demanda, lo que nos parece insólito. Su contumacia provocó angustias e inestabilidad en el peticionario por más de una década, además de que resultó en que la Policía no le concediera a éste la licencia de detective privado, y que la Asociación de Empleados del E.L.A. le denegara el desembolso del dinero perteneciente a las aportaciones al retiro y la liquidación tanto de sus ahorros y dividendos, como de las licencias de vacaciones y enfermedad. Véase escolio 4, supra. 25 Si uno de los propósitos de la prescripción es procurar la tranquilidad del obligado ante la eterna pendencia de una acción su contra, Cintrón v E.L.A., supra, CC-1998-1033 47
en Santiago v. Ríos Alonso, supra, al hacer un señalamiento
a esos mismos efectos:
el tribunal de instancia le imprimió un criterio extremadamente objetivo al cómputo del término prescriptivo[,] ya que solo consideró la fecha en que, según una deposición, la agraviada alegadamente supo que el demandado le había causado un daño, considerando exclusivamente la fecha de los alegados actos de agresión. Sin embargo, no consideró el patrón de conducta de daño emocional o sicológico alegado en la causa de acción.
En suma, la investigación del Estado, que se mantuvo
vigente indefinida e ilegalmente, constituyó una espada de
Damocles para el peticionario. En consecuencia, los daños
que de ella se derivaron son continuados.
IV
Por los fundamentos que anteceden, concluimos que los
daños sufridos por el peticionario son continuados, toda
vez que éstos exhibían unidad entre sí en cuanto se
derivaban de un acto culposo en común; acto que se sostuvo
ininterrumpida e indefinidamente por doce (12) años,
produciendo consecuencias lesivas de igual naturaleza. Por
tanto, resultaba previsible que mientras no se corrigiera _____________________________ a la pág. 588, no veo la razón para proteger a los demandados en este caso, ya que si éstos mantuvieron abierta la investigación incluso luego de presentada la demanda del peticionario, se entiende que éstos provocaron su propia inestabilidad al reafirmarse en su conducta ilegal. Del mismo modo, por mantenerse vigente dicha conducta, no existía el riesgo de que se dificultase la adjudicación por la antigüedad de las reclamaciones, como tampoco el de que los obligados advinieran en estado de indefensión. Ciertamente, en la medida en que se mantenía vigente la conducta ilegal, los demandados tenían la oportunidad de conocer los hechos y tratar de remediarlos. Véase Sánchez v. A.E.E., supra, a las págs. 913-914. CC-1998-1033 48
la causa de los daños, ésta continuaría ocasionándole
perjuicios al peticionario.
Asimismo, que mientras existía la posibilidad de daños
futuros atribuibles a dicha causa, y los mismos eran
previsibles, no cabía hablar de “resultado definitivo,” por
lo que no comenzó a transcurrir el término prescriptivo de
la causa de acción del peticionario.
En atención a ello, modificaría la sentencia del TCA
para puntualizar que la causa de acción en daños por la
investigación que en contra del peticionario llevara la
Policía por doce (12) años, no está prescrita. Por no ser
este el criterio de la mayoría, disiento.
BALTASAR CORRADA DEL RÍO Juez Asociado
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2003 TSPR 116, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/ricardo-nazario-acosta-v-ela-de-pr-prsupreme-2003.