EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido Certiorari
v. 2014 TSPR 82
Wilson Soto Molina 191 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2012-0755
Fecha: 30 de junio de 2014
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Harry N. Padilla Martínez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Rubén Falú Allende
Materia: Derecho Penal – Delito menor incluido; delitos de influencia indebida y soborno.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
v. CC-2012-755 Certiorari
Wilson Soto Molina
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2014.
La premisa es sencilla, pero de inconmensurable valor: en un régimen de leyes nadie tiene derecho a un trato preferente y ventajoso basado en el dinero, la ventaja o la mejor relación personal. Nuestra administración pública está cimentada en el fiel desempeño del ejercicio por los funcionarios públicos, sin que para ello medie paga adicional alguna o consideraciones extrañas a los méritos del asunto en cuestión.1
El presente caso nos brinda la oportunidad
de expresarnos con relación a la figura del
―delito menor incluido‖ y, específicamente, si
1 In re Franco Soto, 115 DPR 740, 752 (1984). CC-2012-755 2
el ―delito de influencia indebida‖2 está contemplado como
un delito menor incluido en el delito de soborno
agravado3. Contestamos esta interrogante en la negativa.
Sin embargo, con relación a los demás errores señalados
por el peticionario, determinamos que los mismos no se
cometieron, por lo que se confirma la convicción del
peticionario en cuanto al Art. 3.2 (c) de la Ley de Ética
Gubernamental, infra. A continuación los hechos
adjudicados por el Tribunal de Primera Instancia.
I
El 16 de febrero de 2010 la Oficina del Fiscal
Especial Independiente (FEI) presentó contra el
Sr. Wilson Soto Molina (peticionario) diez pliegos
acusatorios por hechos ocurridos durante los últimos
meses del 2004 y principios del 2005. En los mismos se
imputó nueve infracciones al Art. 210 del Código Penal de
19744 -soborno agravado- por haber solicitado y obtenido
dinero siendo alcalde del Municipio de Cataño
(Municipio). El décimo pliego acusatorio contenía una
violación al Art. 3.2 (c) de la Ley Núm. 12 del 24 de
julio de 1985, conocida como la Ley de Ética
Gubernamental,5 por haber solicitado y obtenido dos
gallos de pelea valorados en quinientos dólares los 2 Según tipificado en el Art. 213 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4364 (1974). 3 Según tipificado en el Art. 210 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4361 (1974). 4 Los hechos imputados fueron cometidos antes de que entrara en vigor el Código Penal de 2004. 5 3 LPRA sec. 1823(c). CC-2012-755 3
cuales fueron entregados en la alcaldía por una
corporación que tenía contratos con el Municipio. El
juicio se celebró en el Tribunal de Primera Instancia
(TPI), Sala de Bayamón, por tribunal de derecho.
Durante el juicio, se admitió prueba documental de
ambas partes y prueba testifical del FEI. La prueba
testifical del FEI consistió en los testimonios del
Sr. Rafael Vázquez Marcano, quien para la fecha de los
hechos se desempeñaba como Director de Obras Públicas del
Municipio; el Sr. Luis Pagán Navedo, quien para la fecha
de los hechos se desempeñaba como Director de Finanzas
del Municipio; el Sr. Orlando Rivera Alcázar, ingeniero y
dueño de la firma ORAM Engineering (ORAM); la Sra. Mayra
Ramsamy Nieves, ayudante del peticionario; el Sr. Marcos
García Irizarry y la Sra. Elsie Grille Álvarez.
Finalmente, se estipuló el testimonio prestado en vista
preliminar por el Sr. Ramón Grille Álvarez, quien era
ejecutivo y codueño de ORAM.
Según surgió del relato de los testigos, debido al
desastre ocurrido por el paso de la Tormenta Tropical
Jeanne el peticionario y los jefes de dependencias se
reunieron para establecer los planes de acción a seguir.
En la reunión se acordó solicitar a ORAM una cotización
por la labor del recogido y disposición de los CC-2012-755 4
escombros.6 El 16 de septiembre de 2004, ORAM presentó
su propuesta y la misma fue aceptada.
Ahora bien, el 24 de septiembre de 2004 el Sr. Juan
Salgado Agueda7 –ayudante especial del peticionario- citó
a los señores Rivera Alcázar y Grille Álvarez -ejecutivos
de ORAM- a una reunión almuerzo. Allí, el señor Salgado
Agueda les informó que la campaña de reelección del
peticionario estaba comenzando y necesitaban una
aportación económica de $200,000 en efectivo. Debido a
la oposición de los ejecutivos de ORAM, el señor Salgado
Agueda les indicó que si no pagaban esa cantidad tendrían
dificultad en cobrar los contratos que tenían con el
Municipio. Ante esa situación, ORAM accedió a lo
solicitado con la condición de que pagaría según cobrara
dichos contratos. Así las cosas, según ORAM recibió el
pago de las facturas comenzó a pagar la suma solicitada.
Los señores Rivera Alcázar y Grille Álvarez declararon
que en varias ocasiones cuando le entregaron el dinero al
señor Salgado Agueda, este salía de la oficina y luego
regresaba sin el dinero manifestando que el alcalde les
agradecía su cooperación.
Además, el señor Pagán Navedo, Director de Finanzas
del municipio, testificó que el peticionario le insistió
6 ORAM tenía vigente con el Municipio un contrato para servicios de ornato y mantenimiento de áreas verdes. 7 En las acusaciones por violaciones al Art. 210 del Código Penal de 1974, se le imputó al peticionario haber actuado en conjunto y común acuerdo con el Sr. Juan Salgado Agueda. No obstante, este coacusado falleció antes de la celebración del juicio. CC-2012-755 5
en varias ocasiones que le pagara las facturas a ORAM y a
otros contratistas porque iban a dar dinero para su
campaña política. Expresó que el 4 de octubre de 2004 el
peticionario reunió a varios funcionarios municipales.
En la reunión le inquirió al señor Pagán Navedo por qué
no había sacado el pago de ORAM. Este le contestó que no
había visto los contratos ni las facturas y que no había
suficiente dinero en la caja para hacer el pago. Según
el señor Pagán Navedo, el peticionario le indicó que
tenía que sacar el pago porque ORAM iba a dar dinero para
la campaña y le ordenó que cambiara unos certificados de
depósitos que tenía el Municipio. Luego de esta reunión,
en varias ocasiones, tanto el peticionario como el señor
Salgado Agueda, le pidieron e insistieron al señor Pagán
Navedo que sometiera los pagos a ORAM. Ante la
irregularidad de las presiones para pagarles a los
contratistas, el señor Pagán Navedo solicitó reunirse con
el peticionario. Mientras este le manifestaba sus
inquietudes, el peticionario lo interrumpió y le indicó
que tenía que entender que esas personas fueron las que
pagaron su campaña.
Por otro lado, mientras el peticionario
inspeccionaba las obras realizadas por ORAM le expresó al
señor Grille Álvarez que era gallero y le preguntó si
conocía de alguien que vendiera gallos de pelea, ya que
quería entrenarlos para pelear el próximo año. El señor
Grille Álvarez se comunicó con su hermana, la señora CC-2012-755 6
Grille Álvarez, para que le consiguiera los gallos. Esta
le pidió a su novio, el señor García Irizarry y quien era
criador de gallos de pelea, que los consiguiera. Así las
cosas, la señora Grille Álvarez le entregó a su hermano
dos gallos de pelea valorados entre doscientos y
quinientos dólares. Los señores Grille Álvarez y Rivera
Alcázar acudieron a la oficina del peticionario y le
entregaron personalmente los dos gallos.
Luego de evaluar toda la prueba, el Tribunal de
Primera Instancia encontró culpable al Sr. Wilson Soto
por nueve infracciones al Art. 213 del Código Penal de
1974, por el delito de influencia indebida y por una
violación al Art. 3.2(c) de la Ley de Ética
Gubernamental, supra. Es importante destacar que el
Sr. Wilson Soto nunca fue acusado por el delito de
influencia indebida. El 8 de agosto de 2011, el FEI
presentó una moción para que se impusieran agravantes a
la sentencia, al amparo de la Regla 171 de Procedimiento
Criminal. Por su parte, el peticionario se opuso a la
solicitud. A tenor de lo anterior, el foro de instancia
analizó los argumentos de ambas partes y si procedía
imponer una pena de multa o de reclusión. El informe pre-
sentencia no recomendó nada al respecto; solo indicó que
no se recomienda al señor Soto Molina para los beneficios
de una sentencia suspendida. El 16 de septiembre de 2011
dictó sentencia en la que condenó al peticionario a
cumplir tres años de cárcel por cada infracción al CC-2012-755 7
Art. 213, supra, a ser cumplidos concurrentemente entre
sí y un año de reclusión por la violación al Art. 3.2(c),
supra, a ser cumplido en forma consecutiva con la
anterior.
Inconforme con esa determinación, el 16 de
septiembre de 2011, el peticionario acudió al Tribunal de
Apelaciones (TA) mediante apelación. En síntesis alegó
que el Tribunal de Primera Instancia erró al resolver
que: (1) el delito de influencia indebida es un delito
menor incluido en los delitos de soborno y soborno
agravado, (2) la evidencia desfilada sostenía las nueve
infracciones al Art. 213, supra, y a la violación al Art.
3.2(c), supra, (3) al declararlo culpable sin demostrar
que su culpabilidad fuera establecida más allá de duda
razonable, (4) al imponerle pena de cárcel y no una pena
de multa, (5) al imponer las penas de forma consecutiva y
no concurrente, y (6) al dictar una pena fija en vez de
una pena con atenuantes. El 13 de julio de 2012 el foro
intermedio emitió una sentencia en la que confirmó la
sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.
En desacuerdo con la decisión del Tribunal de
Apelaciones, el peticionario presentó un recurso de
certiorari ante esta Curia, en el que señaló los
siguientes errores:
Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al resolver que el Art. 213 del Código Penal de 1974 –influencia indebida- es un delito menor incluido en los delitos de soborno y CC-2012-755 8
soborno agravado que tipificaban los Arts. 209 y 210 del Código Penal de 1974. Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al resolver que la evidencia desfilada por el Ministerio Público sostenía nueve convicciones por infracción al Art. 213 del Código Penal de 1974. Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al resolver que la evidencia desfilada por el Ministerio Público sostenía una convicción por infracción al Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental. Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al declarar convicto al peticionario por las infracciones al Art. 213 del Código Penal de 1974, y el Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental sin que dicha culpabilidad fuera establecida más allá de duda razonable como lo requiere el Art. II, sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Abusó de su discreción el T.P.I. al dictar sentencia de cárcel en contra del peticionario y no una de pena de multa, ya que el informe pre-sentencia justificaba esta última y no la que se impuso. El T.A. repitió ese mismo error. Abusó de su discreción el T.P.I. al imponer penas de forma consecutiva y no concurrente entre sí. El T.A. repitió ese mismo error. Cometió error el T.P.I. al dictar sentencia en contra del peticionario y determinar que la pena adecuada era la pena fija, y no una con atenuantes. El T.A. repitió ese mismo error. Cometió error el T.P.I. al dictar las sentencias contra el peticionario sin conceder los beneficios del Art. 79 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4707. El T.A. repitió ese mismo error.
Expedido el recurso y con el beneficio de las
comparecencias de ambas partes, resolvemos. CC-2012-755 9
II
El peticionario nos señala que cometieron error el
TPI y el TA al resolver que el Art. 213 del Código Penal
de 1974 –influencia indebida- es un delito menor incluido
en los delitos de soborno y soborno agravado que
tipificaban los Arts. 209 y 210 del Código Penal de 1974.
Además, nos plantea que a su vez erraron los tribunales a
quo al resolver que la evidencia desfilada por el
Ministerio Público sostenía nueve convicciones por
infracción al Art. 213, supra. Así pues, procedemos a
discutir el derecho aplicable.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, en su Art. II, Sec. 11 expresa que
[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.8 (Énfasis nuestro).
Por otra parte, es norma constitucional reiterada
que para que el Estado pueda procesar criminalmente a un
ciudadano, el debido proceso de ley exige que el acusado
conozca la naturaleza y extensión de los delitos que se
le imputa. Para ello, el pliego acusatorio debe incluir
8 Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. CC-2012-755 10
una exposición de todos los hechos que constituyen el
delito específico.9 Este precepto constitucional es
recogido estatutariamente en la Regla 38(d) de
Procedimiento Criminal, la cual establece lo siguiente:
Si la incongruencia o desacuerdo es de tal naturaleza que la prueba estableciere un delito distinto del imputado, no incluido en este, o estableciere la comisión de un delito fuera de la competencia del tribunal, se deberá disolver el jurado y se sobreseerá el proceso.
Como surge de la referida regla, no se permite
encontrar convicto a un acusado por un delito distinto al
imputado en la acusación. Sin embargo, a modo de
excepción, se permite encontrar convicto por un delito
distinto siempre y cuando el delito por el cual se le
encuentra convicto es uno menor incluido en el delito
mayor imputado. A estos efectos, en el pasado hemos
explicado que para que un delito se considere como un
delito menor incluido este
debe estar comprendido en el mayor por el cual se le acusa y que los hechos expuestos para describir la comisión del delito mayor deben contener las alegaciones que son esenciales para constituir una imputación por el menor. Si el delito mayor incluye todos los elementos de hecho y los requeridos por la Ley en relación con el menor, el mayor incluye al menor; pero si el delito menor requiere algún otro elemento indispensable que no es parte del delito mayor entonces el menor no está comprendido en el mayor. La prueba para determinar si un delito está incluido en otro es determinar si no
9 Pueblo v. Pagán Rojas, 187 DPR 465 (2012); Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621 (2012); Pueblo v. González Olivencia, 116 DPR 614 (1985); Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 DPR 663 (1977). CC-2012-755 11
se puede cometer el primer delito sin que necesariamente se cometa el segundo.10 (Énfasis nuestro).
Asimismo, hemos establecido que para poder
considerar que un delito menor está incluido en el mayor,
―todos los ingredientes legales del corpus delicti del
delito menor deben estar en el mayor; el delito menor
debe ser parte de hecho, del mayor, además de estar
enmarcado dentro de la definición legal del mayor como
parte del mismo‖.11 (Énfasis nuestro).
En cuanto a los delitos en controversia en nuestro
caso, el delito de soborno castiga el hecho de que un
servidor público cobre por su parte por un servicio que
de ordinario es gratuito, aprovechándose de la autoridad
del cargo que ocupa.12 Por su parte, el delito de
influencia indebida penaliza el tratar o lograr obtener
un beneficio –de cualquier tipo- por pretender ejercer
una influencia -ya sea real o imaginaria- en el desempeño
del ejercicio de un funcionario o empleado público como
tal. En particular, el delito de soborno queda tipificado
en el Art. 209, supra, como sigue:
Todo funcionario o empleado público, o jurado, o árbitro, o cualquier persona autorizada en ley para oír o resolver alguna cuestión o controversia, que solicite o reciba, directamente o por
10 Pueblo v. Oyola Rodríguez, 132 DPR 1064, 1071 (1993). Véase, además, Pueblo v. Concepción Sánchez, 101 DPR 17, 19 (1973); Pueblo v. Ramos López, 85 DPR 576, 580 (1962).
11 Pueblo v. Concepción Sánchez, supra. 12 Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 758 (1985). CC-2012-755 12
persona intermedia, para sí o para un tercero, dinero o cualquier beneficio, o aceptare una proposición en tal sentido, por realizar un acto regular de su cargo o función, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo, de quince (15) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.13 (Énfasis nuestro).
A estos efectos, el propio Código Penal de 1974
define en su Art. 7 (16) el término ―funcionario público‖
o ―empleado público‖ como:
toda persona que ejerza un cargo o desempeñe una función retribuida o gratuita, permanente o temporal, en virtud de cualquier tipo de nombramiento, contrato o designación, para la rama legislativa, ejecutiva o judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o en cualquiera de sus municipios, agencias o corporaciones públicas, subdivisiones políticas y demás dependencias públicas.14
Por otra parte, el término ―beneficio‖ se define
como cualquier provecho, utilidad, ventaja, o ganancia,
no estando limitado el término a una ganancia pecuniaria
o material, sino que denota cualquier forma de ventaja.15
En esencia, el delito de soborno consiste en
solicitar o recibir, directamente o por medio de un
intermediario, dinero o cualquier beneficio, ya sea para
13 Art. 209 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4360 (1974).
14 Art. 7(16) del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 3022 (16) (1974). 15 Art. 7(6) del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 3022(6) (1974). CC-2012-755 13
beneficio propio o para un tercero, por realizar algún
acto regular del cargo o función.16 En el pasado hemos
explicado que para que se constituya el delito de
soborno, es esencial que el funcionario tenga “la
competencia dentro de su cargo para hacer lo que se ha
acordado a cambio del beneficio que se le ofrece”.17
El delito en cuestión se configura tan pronto el
funcionario público acepta la proposición objeto del
soborno, o cuando solicita el beneficio por sí o por
medio de una tercera persona a cambio de llevar a cabo un
acto regular de su cargo o función oficial. No es
necesario que el acto delictivo objeto del soborno se
lleve a cabo.18
Se comete soborno en su modalidad agravada cuando
según tipificado en el Art. 210, supra,
el funcionario o empleado público o jurado o árbitro, o la persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, solicitare, o recibiere el dinero, o el beneficio, o aceptare la promesa, por omitir o retardar un acto regular de sus funciones o por ejecutar un acto contrario al cumplimiento regular de sus deberes, o con el entendido o en la inteligencia de que tal remuneración o beneficio habrá de influir en cualquier acto, decisión, voto o dictamen de dicha persona en su carácter oficial, la pena de reclusión será por término fijo de doce (12) años. De mediar circunstancias 16 D. Nevares–Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Revisado y Comentado, ed. 2000, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2000, pág. 430. 17 Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, pág. 758. 18 Pueblo v. Rosado Figueroa, 138 DPR 914, 1088 (1995). CC-2012-755 14
agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de ocho (8) años.19 (Énfasis nuestro).
Por otra parte, el delito de influencia indebida
queda tipificado en el Art. 213, supra, como sigue:
Toda persona que obtuviere o tratare de obtener de otra cualquier beneficio asegurando o pretendiendo que se halla en aptitud de influir en cualquier forma en la conducta de un funcionario o empleado público en lo que respecta al ejercicio de sus funciones, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, o multa no menor de quinientos un (501) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años, o multa no menor de quinientos un (501) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año, o multa no menor de quinientos un (501) dólares ni mayor de tres mil (3,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal.20
Como surge claramente del texto, esta prohibición
no se limita a funcionarios o empleados públicos, sino
que se extiende a toda persona que asegure o pretenda que
se halla en aptitud de influenciar a un funcionario o
empleado público. Tampoco es requerido que el autor del
delito obtenga un beneficio en su propio patrimonio, sino
19 Art. 210 del Código Penal de 1974, supra. 20 Art. 213 del Código Penal de 1974, supra. CC-2012-755 15
que es suficiente que obtenga o intente obtener un
beneficio en favor de un tercero.21
III
Examinemos, pues, la aplicación de los fundamentos
antes expuestos al caso de autos. Para atender el asunto,
limitaremos la controversia a si una convicción por el
delito de influencia indebida puede sostenerse bajo la
doctrina del delito menor incluido, toda vez que el
convicto fue acusado por el delito de soborno agravado.
En este contexto es importante recalcar como asunto de
umbral que, sometida toda la prueba, el Ministerio
Público no logró convencer a la Honorable Juez del
Tribunal de Primer Instancia de que existían los
elementos necesarios para una convicción por las nueve
infracciones de soborno agravado imputadas en el pliego
acusatorio. De hecho, la distinguida sala de instancia, y
conforme a la misma prueba, ni siquiera encontró los
elementos necesarios para determinar una convicción por
el mismo delito en su modalidad simple (Art. 209). Es
decir, hubo una absolución implícita en cuanto a esos
delitos.22 Luego de analizada la controversia,
determinamos que las convicciones por el delito de
influencia indebida tampoco se sostienen bajo un pliego
acusatorio que imputaba el delito de soborno agravado.
21 Pueblo v. Luzón, 113 DPR 315, 320 (1982). 22 Véanse Green v. United States, 355 US 184 (1957); Pueblo v. Pérez Martínez, 84 DPR 181 (1961). CC-2012-755 16
El debido proceso de ley exige que el acusado sea
notificado del delito en su contra para poder preparar
una defensa adecuada ante la acusación del Estado. Lo
anterior solo se logra cuando el acusado es notificado de
todos los elementos de la conducta que motiva el proceso
penal en su contra. Lo contrario, es sencillamente
impermisible bajo nuestro ordenamiento penal. Es por
esto que para sostener una convicción por el delito de
influencia indebida como un delito menor incluido, los
elementos del mismo deben estar contenidos en su
totalidad en el delito mayor, en nuestro caso, el de
soborno agravado. Por consiguiente, para sostener la
convicción por influencia indebida, estaríamos forzados a
concluir que siempre que se comete el delito de soborno
agravado, a su vez se comete el de influencia indebida.
De antemano adelantamos que, por el propio texto de ambos
estatutos, claramente podrían existir circunstancias en
las cuales se comete el delito de soborno agravado, y no
así el de influencia indebida. Veamos.
Para conseguir una convicción por la conducta
tipificada en el delito de soborno agravado es necesario
probar los siguientes elementos: (1) que el sujeto es un
funcionario o empleado público, jurado, árbitro o una
persona autorizada en ley para oír o resolver una
cuestión o controversia; (2) que solicite, reciba o
acepte la promesa de recibir; (3) dinero o un beneficio;
(4) por omitir o retardar un acto regular de sus CC-2012-755 17
funciones o por ejecutar un acto contrario al
cumplimiento regular de sus deberes, o con el entendido o
en la inteligencia de que tal remuneración o beneficio
habrá de influir en cualquier acto, decisión, voto o
dictamen de dicha persona en su carácter oficial.
Como podemos observar, el delito de soborno
agravado está dirigido a castigar al funcionario público
o a la persona autorizada a resolver una controversia,
que contrario a lo que se espera, omite, retarda o
ejecuta un acto regular de su cargo de manera irregular a
cambio de una remuneración o beneficio de algún tipo. En
primer lugar, de un análisis de estos elementos se
desprende que dicho delito solo requiere la existencia de
dos sujetos: (1) el sujeto –activo- al cual se le
solicita u ofrece el soborno, aunque esto se realice por
medio de un intermediario, y (2) el sujeto –activo- que
es el funcionario público que solicita o recibe el
soborno, a cambio de actuar de cierta manera
antijurídica.
Por otra parte, para hallar cometida la conducta
tipificada en el delito de influencia indebida es
necesario probar lo siguiente: (1) que el sujeto de la
conducta es una persona, sea o no funcionario público;
(2) que ha obtenido o intentado obtener de otra persona
cualquier beneficio; (3) que tal beneficio lo ha obtenido
o intentado obtener asegurando o pretendiendo que se
halla en aptitud de influir en cualquier forma en la CC-2012-755 18
conducta de un funcionario o empleado público en lo que
respecta al ejercicio de sus funciones.
Para que se constituya el delito de influencia
indebida, es necesaria la coexistencia de tres sujetos:
(1) el sujeto –activo- que obtiene o trata de obtener un
beneficio bajo la promesa de que se halla en aptitud de
influenciar a un empleado o funcionario público; (2) el
sujeto –activo- del que se obtiene o se pretende obtener
el beneficio a cambio de la promesa del primer sujeto, y;
(3) el sujeto –pasivo- que es el empleado o funcionario
público objeto de la promesa, independientemente de que
la influencia que el primer sujeto aduce tener sobre este
sea real o imaginaria.23 Cabe señalar, que el funcionario
o empleado público puede conocer o ignorar sobre el
negocio antijurídico entre los dos sujetos activos. De
manera que en este delito el negocio antisocial que se
busca prohibir es aquel en el cual el objeto negociado es
la promesa de un externo de que se halla capacitado y a
disposición de influenciar el poder decisional de un
empleado o funcionario público en su carácter oficial.
Como puede verse, los delitos de influencia
indebida y soborno agravado están dirigidos a
salvaguardar la pureza del desempeño de la función
pública. Sin embargo, cabe destacar que aunque estos
delitos custodian el mismo interés, tienen propósitos muy
23 El estatuto penaliza el tratar o lograr un beneficio por pretender ejercer una influencia –real o imaginaria—en cualquier forma en la conducta de un funcionario, en lo que respecta al ejercicio de sus funciones. CC-2012-755 19
distintos. Los primeros, soborno y soborno agravado,
están dirigidos a sancionar la traición a la fiducia del
País de una persona que, estando en una posición de poder
decisional, actúa intencionalmente fuera de los
parámetros de lo correcto a cambio de algún beneficio. En
cambio, el delito de influencia indebida pretende
proteger un interés que, aunque importante, no tiene el
mismo peso social que el soborno, y por eso su pena es
mucho menor. El delito de influencia indebida castiga la
conducta exhibida por cualquier persona que obtenga o
intente obtener cualquier beneficio a cambio de la
promesa de que se halla apto de influir a un empleado o
funcionario público en su carácter oficial. Así, para
que este delito se concrete se requiere de un sujeto
adicional a los requeridos en los delitos de soborno o
soborno agravado, y que tal sujeto ostente una posición
como funcionario o empleado público. Ese será el sujeto
pasivo quien, aunque podrá o no ser real, debe existir en
la mente del sujeto que ofrece el beneficio a cambio de
la promesa de que otro ejerza su influencia sobre el
sujeto pasivo. Mientras, en el delito de soborno agravado
basta con solamente la participación de los dos sujetos
activos.
Por otra parte, el delito de soborno requiere la
condición de que una de las dos personas activas tenga o
aparente tener el poder de conseguir el objeto del
soborno, por sí solo, id est, sin la necesidad de CC-2012-755 20
intermediarios con acceso a ese poder. Sin embargo, en el
caso del delito de influencia indebida, se hace
innecesario dicho poder directo, pues se trata de
―vender‖ la promesa de que se tiene la ―influencia‖
suficiente para conseguir que otro –un funcionario o
empleado público- ejecute la acción ―indebida‖. Como
podemos ver, no se trata de un elemento adicional de uno
o del otro, sino de elementos totalmente distintos. Por
esto es claro que se puede cometer el delito de soborno o
soborno agravado sin que se cometa el delito de
influencia indebida, y viceversa.
Como puede deducirse, el delito del soborno en sus
dos modalidades (Arts. 209-210) está dirigido a castigar
la conducta de la persona que ocupa el cargo o la
posición que le permite sobornar o aceptar el soborno.24
Por otro lado, en el delito de influencia indebida la
persona imputada del delito evidentemente no tiene el
poder de conseguir directamente lo indebido, y por eso la
conducta que se sanciona o el sujeto de la imputación es
el que hace la promesa u ofrecimiento de influenciar a
aquel que alegadamente sí puede llevar a cabo la acción
indebida.
Por ello, y toda vez que ambos delitos, el soborno
y la influencia indebida, cuentan con elementos
indispensables que son particulares de cada uno, no
puede concluirse que el segundo sea un delito menor 24 No ignoramos que el Art. 212 del mismo Código Penal castiga la conducta del que ofrece el soborno, cuando ese es el caso. CC-2012-755 21
incluido en el primero. Por todo lo anterior, y por el
señor Soto Molina nunca haber sido acusado por el delito
de influencia indebida, determinamos que su convicción
por dicho delito no se realizó conforme a derecho.
Procede entonces, absolverlo de ese delito. En vista de
lo anterior, resulta innecesario expresarnos sobre el
segundo señalamiento de error.
IV
El peticionario señala a su vez que cometieron
error el TPI y el TA al resolver que la evidencia
desfilada por el Ministerio Público sostenía una
convicción por infracción al Art. 3.2(c) de la Ley de
Ética Gubernamental. Además, nos señala que cometieron
error el TPI y el TA al declarar convicto al peticionario
por las infracciones al Art. 213 del Código Penal de 1974
y al Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental sin que
esa culpabilidad fuera establecida más allá de duda
razonable como lo requiere el Art. II, Sec. 11 de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Por tratarse de asuntos estrechamente relacionados
a la discreción del Tribunal de Primera Instancia,
pasaremos a discutirlos en conjunto.
En repetidas ocasiones nos hemos expresado en
cuanto a la deferencia que los tribunales apelativos
deben guardar por la apreciación de la prueba que hace el CC-2012-755 22
Tribunal de Primera Instancia.25 Sabido es que el foro
primario es el que se encuentra en mejor posición de
valorar la misma y llegar a sus conclusiones. De
ordinario, los tribunales apelativos no debemos
intervenir con el ejercicio de la discreción de los foros
de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso
abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o
parcialidad.26
Luego de examinar las circunstancias particulares
del presente caso, concluimos que no hubo abuso de
discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad en
la decisión del foro primario en cuanto a la convicción
del señor Soto Molina por el Art. 3.2(c) de la Ley de
Ética Gubernamental. Sin embargo, en cuanto al Art. 213,
supra, nos referimos a la discusión en las partes
anteriores de esta Opinión.
V
Por entender inmeritorios los demás señalamientos
de error del Peticionario a la luz de todo lo antes
expuesto, entendemos innecesario entrar a discutir los
mismos.
25 Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 477-479 (2013); Ramirez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799, 810-811 (2009); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). 26 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). Véase, además, Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). CC-2012-755 23
Por todo lo anterior, se modifican las
determinaciones de los foros a quo y se devuelve el caso
al Tribunal de Primera Instancia para que se realice el
Informe Pre-Sentencia conforme a lo aquí resuelto y se
continúe con los procedimientos.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se modifican las determinaciones de los foros a quo y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se realice el Informe Pre-Sentencia conforme a lo aquí resuelto y se continúe con los procedimientos.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta señora Fiol Matta y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurren con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Estrella Martínez y la Jueza Asociada señora Oronoz Rodríguez no intervinieron.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo