EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Recurrido Certiorari
v. 2013 TSPR 19
188 DPR ____ Christian Nieves Vives Peticionario
Número del Caso: CC-2012-119
Fecha: 21 de febrero de 2013
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jesús Miranda Díaz
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General
Lcdo. Juan B. Ruiz Hernández
Materia: Procedimiento Criminal – Admisibilidad en evidencia de confesiones realizadas luego de un arresto sin orden y de practicadas las advertencias legales contra la autoincriminación.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v. CC-2012-119 Certiorari
Christian Nieves Vives
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2013.
Hoy tenemos la oportunidad de examinar nuestra
normativa sobre la admisibilidad en evidencia de
confesiones realizadas durante un procedimiento criminal.
Mediante el presente caso, analizamos por primera vez y
adoptamos los factores establecidos por el Tribunal Supremo
de Estados Unidos en Brown v. Illinois, infra.1
En esencia, debemos resolver si una confesión,
realizada luego de las advertencias
1 En ocasiones anteriores, este Foro ha citado el mencionado caso de Brown v. Illinois, 422 U.S. 590 (1975). Véanse, Pueblo v. Millán Pacheco, 182 D.P.R. 595, 612 (2011); Pueblo v. González, 167 D.P.R. 350, 357 (Opinión disidente emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton, a la cual se unieron las Juezas Asociadas señora Fiol Matta y señora Rodríguez Rodríguez.); Pueblo v. Alcalá Fernández, 109 D.P.R. 326, 333 (1980). No obstante, esta es la primera vez que lo escudriñamos en detalle. CC-2012-119 2
legales y de haberse cumplido con la protección
constitucional a la no autoincriminación, es inadmisible
en evidencia por ser producto de un arresto ilegal.
I
El 31 de agosto de 2011 el Ministerio Público
presentó dos denuncias contra el peticionario Christian
Nieves Vives (peticionario) por hechos ocurridos entre la
noche del 21 y la madrugada del 22 de agosto del mismo
año; una de estas fue por el delito de apropiación ilegal2
y la otra por daño agravado.3 En las mismas se imputó que
el peticionario de manera ilegal, voluntaria, maliciosa, a
sabiendas y con intención criminal se apropió de bienes
pertenecientes al Sr. Afner Martínez López. Además, se le
imputó haber ocasionado daños ascendentes a $5,879.30 a
una excavadora propiedad del señor Martínez López. El
Tribunal de Primera Instancia determinó causa probable
para arresto por los delitos imputados y le impuso una
fianza de $1,000. Sin embargo, en la vista preliminar se
determinó causa probable para acusar al peticionario
únicamente por el delito de daño agravado.
Subsiguientemente, el 1 de octubre de 2011 el Ministerio
Público presentó una acusación, según autorizada, contra
el peticionario Nieves Vives.
2 Art. 192 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4820. 3 Art. 208 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4836. CC-2012-119 3
Luego de la lectura de acusación, el 2 de noviembre
de 2011, el peticionario presentó una moción de supresión
de confesión en la que alegó, en síntesis, que la
confesión obtenida fue ilegal por ser producto de un
arresto ilegal, conforme a la doctrina del “fruto del
árbol ponzoñoso”.4 Por su parte, el 7 de noviembre de 2011
el Ministerio Público presentó una oposición a la
solicitud de supresión de confesión en la que sostuvo que
el peticionario no se encontraba bajo arresto en la
Comandancia en Bayamón (Comandancia) y que en la obtención
de la confesión se cumplieron con todas las exigencias del
debido proceso de ley.5 Argumentó que la evidencia
presentada en la vista preliminar claramente estableció
las circunstancias particulares que dieron motivos
fundados para investigar los hechos.
Así las cosas, el 9 de noviembre de 2011, el
Tribunal de Primera Instancia celebró la vista de
supresión de confesión. La prueba desfilada durante la
vista consistió únicamente en el testimonio del agente
Carlos Rodríguez Torres (agente). Su testimonio se basó
en la forma y manera en que se obtuvo la confesión del
peticionario. No obstante, y como muy bien fue señalado
por la defensa, el agente Rodríguez Torres no fue quien
arrestó al peticionario, por lo que en la vista no pudo
testificar sobre los detalles o motivos fundados para
4 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 27-36. 5 Íd., págs. 37-43. CC-2012-119 4
realizar el arresto. Más bien, el agente aceptó que el
peticionario Nieves Vives estaba bajo custodia de la
Policía de Puerto Rico (Policía) y que fue arrestado sin
orden judicial.
Según surge de la exposición narrativa de la prueba,
el agente Rodríguez Torres declaró que el 22 de agosto
de 2011 se le asignó investigar un escalamiento ocurrido
en el Club Metropolitano de Tiro, ubicado en la
Urbanización Levittown de Toa Baja. Se alegó que dicho
suceso ocurrió entre la noche del 21 y la madrugada del
22 de agosto de ese mismo año. El agente indicó que su
supervisor le instruyó que acudiera a la Avenida del Lago,
ya que se había recuperado cierta evidencia relacionada
con el escalamiento.
Así las cosas, el agente Rodríguez Torres acudió al
lugar indicado y conversó con el agente Sánchez de la
División de Inteligencia. Este último le informó que se
había ocupado un bulto con varios cartuchos de escopeta y
otros utensilios que parecían estar relacionados con el
escalamiento y un asesinato ocurrido en la playa del
sector. El agente Rodríguez Torres declaró, además, que
el agente Sánchez le informó que la Policía tenía en la
Comandancia a tres personas detenidas vinculadas con la
investigación del asesinato.
Ante esta situación, el agente Rodríguez Torres
acudió a la Comandancia. Al llegar allí conversó con el
agente Lara y este le confirmó que tenían a tres personas CC-2012-119 5
detenidas las cuales se habían arrestado entre las cinco y
media y seis de la tarde.6 Las tres personas detenidas
eran el peticionario Nieves Vives y dos personas más
identificadas como Saúl y Julio. En ese momento el agente
Rodríguez Torres se dirigió al peticionario. Este ya
había sido interrogado por el agente Lara y el sargento
Aponte con relación al asesinato y lo habían descartado
como sospechoso, sin embargo, le indicaron que debía
permanecer en un cubículo de la Comandancia en lo que
llegaba el agente Rodríguez Torres para interrogarlo sobre
el escalamiento.
Una vez el agente Lara y el sargento Aponte se
retiraron, el agente Rodríguez Torres le leyó las
advertencias legales al peticionario. El peticionario
Nieves Vives comprendió las advertencias, marcó el
documento al respecto y expresó su deseo de declarar.7
Consecuentemente, el peticionario brindó una confesión
relacionada con el delito de daño agravado. La entrevista
entre el agente Rodríguez Torres y el peticionario Nieves
Vives se produjo a las seis y media de la tarde.8
En esencia, el peticionario confesó al agente
Rodríguez Torres que el día de los hechos se reunió con
6 Transcripción de la vista de supresión, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 61. 7 Es importante señalar que sobre las advertencias no hay controversia. Incluso, la defensa del peticionario Nieves Vives estipuló el documento y la realización de tales advertencias en la vista de supresión. Véase Transcripción de la vista de supresión, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 58. 8 Íd., pág. 63. CC-2012-119 6
Saúl y Julio en casa de este último y luego partieron a
casa de Carlitos. Desde allí los cuatro salieron a la
Carretera 165 hacía la antigua vaquería. En dicho lugar
encontraron una máquina de cavar y le forzaron el
encendedor. Al no poder prender la excavadora decidieron
sacarle las baterías y se las llevaron. Posteriormente,
partieron hacia el Club Metropolitano de Tiro (Club
Metropolitano). Al llegar al Club Metropolitano entraron
a los predios del local y trataron de romper las rejas de
la estructura que allí se encuentra. Al no poder romper
las rejas, arrancaron el portón de la entrada utilizando
un vehículo de motor. Luego de arrancar el portón
entraron a la estructura, abrieron los 18 “lockers”
existentes y se llevaron mercancía tales como cartuchos,
“trimmers” y “blowers”. Mientras se disponían a salir del
lugar, Carlitos gritó “agua” al ver a la Policía acercarse
y corrió hacía un río. Por otro lado, Saúl, Julio y el
peticionario se montaron en el vehículo de motor y se
marcharon del Club Metropolitano. Posteriormente,
Carlitos fue encontrado muerto en el área de una playa.
El agente declaró que luego de dicha confesión se
presentaron los cargos contra el peticionario. Sin
embargo, y como mencionáramos anteriormente, el agente no
pudo declarar sobre cómo se llevó a cabo el arresto, ya
que él no fue quien arrestó al peticionario y no tenía
conocimiento sobre esos hechos. CC-2012-119 7
Luego de escuchar el testimonio del agente Rodríguez
Torres, el foro de instancia declaró “no ha lugar” a la
supresión solicitada. El 23 de noviembre de 2011 el
tribunal emitió mediante resolución la determinación
antedicha, notificada el 2 de diciembre e 2011. En su
resolución, el foro primario señaló que “el acusado no
expone hecho o fundamento alguno sobre el modo y las
circunstancias en que fue detenido originalmente”.9
Inconforme con esa determinación, el 3 de enero
de 2012, el peticionario Nieves Vives presentó ante el
Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari. En
síntesis, arguyó que un arresto sin orden se presume
ilegal y le corresponde al Ministerio Público rebatir
dicha presunción. El 19 de enero de 2012 el foro
intermedio emitió una resolución en la que denegó la
expedición del certiorari. El tribunal apelativo le
brindó deferencia a la determinación del foro de instancia
en cuanto a la negativa de suprimir la confesión porque
entendió que la misma fue realizada conforme a los
parámetros legales. Por otro lado, en cuanto a la
detención, señaló que “no fue caprichosa, irrazonable ni
errada; sino por el contrario fue producto de un proceso
lícito”.10
En desacuerdo con la decisión del Tribunal de
Apelaciones, el peticionario Nieves Vives presentó un
9 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 50. 10 Íd., pág. 75. CC-2012-119 8
recurso de certiorari ante esta Curia, en el que señaló
los errores siguientes:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar al Tribunal de Primera Instancia a pesar de que en el presente caso no se rebatió la presunción de invalidez del arresto llevado a cabo.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar al Tribunal de Primera Instancia quien validó un arresto sin orden a pesar de que hubo ausencia total de prueba sobre las circunstancias en que se llevó a cabo el arresto.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar al Tribunal de Primera Instancia argumentando que se cumplió con las advertencias de Miranda y el debido proceso de ley para obtener la confesión del presente caso haciendo abstracción de que la misma fue consecuencia de una violación al Art. II Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y IV Enmienda Federal.
Expedido el recurso y con el beneficio de las
comparecencias de ambas partes, resolvemos.
II
La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos (Cuarta Enmienda) y el Art. II, Sec. 10 de la
Constitución de Puerto Rico (Art. II, Sec. 10) protegen el
derecho del pueblo contra registros, incautaciones y
allanamientos irrazonables. La disposición expuesta en
estas cláusulas es la “matriz de la garantía de los
derechos individuales ante la intervención injustificada
del Estado con el ciudadano”.11 Esta protección se
11 Pueblo v. Pérez Rivera, res. 26 de septiembre de 2012, 2012 T.S.P.R. 146, 186 D.P.R. ____ (2012); Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 809, 821-22 (2007). CC-2012-119 9
extiende a los procedimientos de investigación criminal
sobre el sospechoso de la comisión de un delito.12 En lo
pertinente, nuestra Constitución dispone en esta sección
que
[n]o se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables…
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación…
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.13
Por consiguiente, se prohíbe, de ordinario “el
arresto de personas o los registros o allanamientos sin
una orden judicial previa, apoyada en una determinación de
causa probable”.14 La orden judicial es necesaria para
poder garantizar la dignidad e intimidad de las personas y
sus efectos de posibles actuaciones arbitrarias del
Estado.15 Esta protección constitucional es de tal
importancia que si un arresto se realiza sin orden
judicial se presume inválido y le corresponde al
12 Pueblo v. Pérez Rivera, supra. Véase, además, O.E. Resumil, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal penal, Tomo I, Equity Pub. Co., New Hampshire, 1990, pág. 26. 13 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, págs. 326–327. 14 Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437, 443 (2009); Pueblo v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549, 555 (2002). 15 Íd.; Íd., pág. 556. CC-2012-119 10
Ministerio Público rebatir la presunción de
irrazonabilidad.16
Ahora bien, el requerimiento constitucional de
previa orden judicial no es absoluto, existen excepciones
donde se ha reconocido la validez de un registro o arresto
sin una orden.17 La Asamblea Constituyente reconoció
expresamente que la garantía aludida frente al arresto
tiene su límite en la conducta criminal.18 Así, hemos
reconocido en la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que un agente del orden
público puede realizar un arresto sin previa orden
judicial. Esta regla establece que un funcionario del
orden público puede hacer un arresto sin la orden
correspondiente: (a) cuando tuviere motivos fundados para
creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un
delito en su presencia, (b) cuando la persona arrestada
hubiese cometido un delito grave, aunque no en su
presencia, y (c) cuando tuviere motivos fundados para
delito grave, independientemente de que dicho delito se
hubiere cometido o no en realidad.
16 Pueblo v. Calderón Díaz, supra; Pueblo v. Serrano, Serra, 148 D.P.R. 173 (1999); Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618 (1999); Pueblo v. Colón Bernier, 148 D.P.R. 135 (1999). 17 Pueblo v. Calderón Díaz, supra; Pueblo v. Serrano, Serra, supra; Pueblo v. Blase Vázquez, supra; Pueblo v. Colón Bernier, supra. 18 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2567-2568 (1952). Véase, además, Pueblo v. Colón Bernier, supra. CC-2012-119 11
Para determinar si un funcionario tuvo motivos
fundados para creer que la persona a ser arrestada ha
cometido un delito en su presencia, la conducta del
funcionario se juzgará a base de la apreciación que haría
una persona prudente y razonable en esas circunstancias.19
Por lo tanto, motivos fundados es el conocimiento y la
información que posee una persona ordinaria y prudente que
lo llevan a creer que el arrestado ha cometido el delito,
independientemente de que luego se establezca o no la
comisión del delito.20 Siendo así, hemos expresado que
motivos fundados es sinónimo de causa probable.21
En síntesis, para que un arresto sin orden judicial
sea válido tiene que sustentarse en motivos fundados.
Ahora, la exigencia de motivos fundados no impide que
varios agentes del orden público actúen concertada y
coordinadamente.22 Esto se debe a que de otra forma sería
imposible realizar el trabajo en equipo necesario para
poder combatir la criminalidad.23 Por ello, los motivos
fundados del agente que inició el arresto o registro,
pueden ser válidamente atribuidos al funcionario del orden
19 Pueblo v. Calderón Díaz, supra; Pueblo v. Colón Bernier, supra; Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972); Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245 (1966). 20 Pueblo v. Martínez Torres I, 120 D.P.R. 496 (1988); Pueblo v. González Rivera, supra; Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70 (1965). 21 Pueblo v. Calderón Díaz, supra; Pueblo v. Martínez Torres I, supra; Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977). 22 Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 444; Pueblo v. Martínez Torres I, supra, pág. 504. 23 Pueblo v. Pérez Rivera, supra. CC-2012-119 12
público a quien este se los transmitió primero.24 Ahora
bien, hemos resuelto que “[e]l hecho [de] que un agente
pueda actuar según una comunicación de otro policía sin
tener motivos fundados no significa que el Ministerio
Público queda relevado de su deber de presentar evidencia
para establecer la legalidad del arresto”.25 Lo importante
y necesario en la vista de supresión de evidencia es que
el Ministerio Público presente prueba para establecer los
motivos fundados que tuvo el agente que originó la cadena
de información que resultó en el arresto.26
A. Solicitud de Supresión de Evidencia
Por su parte, la Regla 234 de Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, es el medio procesal que
permite a una persona agraviada por un allanamiento o
registro ilegal solicitar al tribunal la supresión de
cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento
o registro. En lo pertinente, la Regla dispone lo
siguiente:
La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la Regla 233 la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, por cualquiera de los siguientes fundamentos:
(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro.
24 Pueblo v. Pérez Rivera, supra. 25 Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 445; Pueblo v. Martínez Torres I, supra, pág. 506. 26 Íd., pág. 444; Íd., pág. 504. CC-2012-119 13
........
En la moción de supresión de evidencia se deberán exponer los hechos precisos o las razones específicas que sostengan el fundamento o fundamentos en que se basa la misma. El tribunal oirá prueba sobre cualquier cuestión de hecho necesaria para la resolución de la solicitud y celebrará una vista evidenciaria ante un magistrado distinto al que atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia incautada mediando una orden judicial y la parte promovente demuestre que existe una controversia sustancial de hechos que haga necesario la celebración de la vista; en ausencia de tal demostración, el tribunal podrá adjudicar la moción sin vista previa utilizando como base los escritos presentados por las partes.
El tribunal vendrá obligado a celebrar una vista envidenciaria con antelación al juicio, y ante un magistrado distinto al que atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia incautada sin previa orden judicial si en la solicitud la parte promovente aduce hechos o fundamentos que reflejan la ilegalidad o irrazonabilidad del registro, allanamiento o incautación. El Ministerio Público vendrá obligado a refutar la presunción de ilegalidad del registro o incautación y le corresponderá establecer los elementos que sustentan la excepción correspondiente al requisito de orden judicial previa.
De declararse con lugar la moción, la propiedad será devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo impidiere, y no será admisible en evidencia en ningún juicio o vista. La moción se notificará al fiscal y se presentará cinco (5) días antes del juicio a menos que se demostrare la existencia de justa causa para no haberla presentado dentro de dicho término o que al acusado no le constaren los fundamentos para la supresión, o que la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal.(Énfasis nuestro.)
En Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739, 750-751 (1980),
aclaramos que esta regla aplica a las situaciones en las
que se solicita la supresión de una confesión o
testimonio. CC-2012-119 14
Esta Curia ha expresado que a la presunción
dispuesta en la Regla 234 de Procedimiento Criminal,
supra, le aplican las disposiciones de las Reglas 302 y
303 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI.27 La Regla 303, en
lo pertinente, dispone que
[c]uando en una acción criminal la presunción perjudica a la persona acusada, tiene el efecto de permitir a la juzgadora o al juzgador inferir el hecho presumido si no se presenta evidencia alguna para refutarlo. Si de la prueba presentada surge duda razonable sobre el hecho presumido, la presunción queda derrotada. La presunción no tendrá efecto alguno de variar el peso de la prueba sobre los elementos del delito o de refutar una defensa de la persona acusada.
(A) Cuando beneficia a la persona acusada, la presunción tendrá el mismo efecto que lo establecido en la Regla 302. (Énfasis nuestro.)
……
Por su parte la Regla 302 establece que
[e]n una acción civil, una presunción impone a la parte contra la cual se establece la presunción el peso de la prueba para demostrar la inexistencia del hecho presumido. Si la parte contra la cual se establece la presunción no ofrece evidencia para demostrar la inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el juzgador debe aceptar la existencia de tal hecho. Si se presenta evidencia en apoyo de la determinación de la inexistencia de tal hecho, la parte que interesa rebatir la presunción debe persuadir a quien juzga de que es más probable la inexistencia que la existencia del hecho presumido. (Énfasis nuestro.)
Es norma establecida que dicha presunción se activa
con la mera inexistencia de una orden judicial previa.
27 Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 449. CC-2012-119 15
Así, pues, una vez se demuestra la inexistencia de la
orden, la irrazonabilidad de la actuación es automática.28
En estos casos, el Ministerio Público debe rebatir la
presunción de invalidez demostrando la existencia de
alguna de las circunstancias excepcionales que justifican
actuar sin una orden judicial previa.29
A tenor de lo anterior, al evaluar una solicitud de
supresión de evidencia en la que se plantea que la
confesión o evidencia obtenida fue a raíz de un arresto
ilegal, el Ministerio Público viene obligado a demostrar
la legalidad del arresto.30 Reiteradamente, esta Curia ha
resuelto que la presunción de invalidez beneficia al
acusado y obliga al Ministerio Público a presentar
evidencia para demostrar la legalidad y razonabilidad de
la actuación del Estado.31 Así, pues, recae sobre el
Estado el peso de la prueba para demostrar que los hechos
particulares del caso justificaban la intervención
policial.32 Esto quiere decir que en la vista evidenciaria
para adjudicar la moción de supresión de evidencia, el
Ministerio Público tiene la obligación de presentar prueba
y persuadir sobre la razonabilidad del registro o el
28 Pueblo v. Blase Vázquez, supra, pág. 632. 29 Íd., pág. 631. 30 Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 449. 31 Íd., págs. 447-448; Pueblo v. Blase Vázquez, supra, pág. 631; Pueblo v. Colón Bernier, supra, pág. 148. 32 Pueblo v. Calderón Díaz, supra, pág. 556; Pueblo v. Blase Vázquez, supra, pág. 632; Pueblo v. Colón Bernier, supra, pág. 141; Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170, 177 (1986). CC-2012-119 16
arresto.33 Por lo tanto, si el Ministerio Público tuvo la
oportunidad de presentar prueba sobre los motivos fundados
para arrestar y no lo hizo, la presunción de que el
arresto fue ilegal permanece; “el arresto tiene que ser
considerado ilícito, y la prueba obtenida mediante éste
tiene que suprimirse”.34 Permitir un arresto o registro de
acuerdo con una orden de un policía, sin la intervención
judicial y sin que luego un tribunal pueda oír prueba y
pasar juicio sobre motivos fundados, abriría
peligrosamente las puertas a registros ilegales
irrazonables y arbitrarios.35
En Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437 (2009),
analizamos el efecto procesal de la falta de presentación
de prueba por parte del Estado en una vista de supresión
de evidencia. En esa ocasión concluimos lo siguiente:
No procede ordenar otra vista para adjudicar una moción de supresión de evidencia cuando ya el Ministerio Público ha tenido una oportunidad probatoria adecuada y no logró rebatir la presunción que operaba en su contra. A diferencia de las Reglas 6(c) y 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, la Regla 234, supra, no concede al fiscal una segunda vista cuando el resultado no le favorece. Distinto a las vistas de causa probable para arrestar o para acusar, la determinación de suprimir la evidencia bajo la Regla 234 no termina con el proceso criminal. Esta regla meramente confiere una oportunidad a la defensa de lograr que se suprima en el juicio la presentación de la evidencia obtenida ilegalmente que podría ser perjudicial al acusado. Lo único que se
33 Véase Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 448, citando a E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal: Etapa Investigativa, San Juan, Pubs. J.T.S., 2006, Sec. 4.4(e)(ii), pág. 141. 34 Pueblo v. Colón Bernier, supra, pág. 148. 35 Pueblo v. Martínez Torres I, supra, pág. 508. CC-2012-119 17
decide es la legalidad o razonabilidad del registro efectuado. Pueblo v. Miranda Alvarado, supra. El Ministerio Público puede proseguir su caso contra el acusado con otra prueba independiente y distinta a la suprimida. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).
Ahora bien, es necesario aclarar que no solo la evidencia
que se obtenga durante un registro o un arresto ilegal
será inadmisible, sino que toda la evidencia que se
obtenga luego, como “fruto” de dicho registro o arresto,
también será inadmisible en evidencia.
En el caso preciso de una confesión como fruto de un
arresto ilegal, esta Curia ha expresado que el punto
decisivo es la voluntariedad de la confesión y no la
ilegalidad de la detención.36 Sin embargo, “el solo hecho
de que el ilegalmente arrestado confesara o hiciera
declaraciones incriminatorias tras recibir las
advertencias de Miranda, no cura el vicio inicial en el
arresto y las admisiones son “fruto del árbol ponzoñoso”.37
Esto se debe a que, al igual que existe una distinción
entre la Cuarta y la Quinta Enmienda de la Constitución de
Estados Unidos (Quinta Enmienda),38 también existe una
distinción entre el Art. II, Sec. 11 de nuestra
Constitución (Art. II, Sec. 11) sobre el derecho a la no
autoincriminación y el Art. II, Sec. 10 que excluye la
36 Pueblo v. Valentín Santana, 89 D.P.R. 288, 293 (1963); Pueblo v. Fournier, 77 D.P.R. 222, 256 (1954). 37 Chiesa Aponte, op. cit., pág. 130. 38 Véase Brown v. Illinois, 422 U.S. 590, 601-602 (1975). CC-2012-119 18
admisibilidad de prueba obtenida ilegalmente. Una
confesión realizada luego de hacerse las advertencias
legales podría ser admisible bajo el Art. II, Sec. 11, sin
embargo, no serlo bajo el Art. II, Sec. 10 si la misma se
realizó luego de un arresto ilegal, ya que los intereses
que buscan proteger estas dos secciones son distintos.
Por un lado, el Art. II, Sec. 11 protege al
ciudadano que enfrenta un interrogatorio como parte de una
investigación criminal de contestar preguntas que lo
pongan en riesgo de un procedimiento criminal.39 La
protección concedida en esta sección “tiene el propósito
de evitar que se someta a un individuo al cruel “trilema”
de tener que escoger entre decir la verdad y acusarse a sí
mismo, mentir y ser hallado incurso en perjurio, o
rehusarse a declarar y ser hallado incurso en desacato”.40
Por otro lado, el Art. II, Sec. 10 pretende
desalentar a los funcionarios del orden público de que
violen la protección constitucional.41 La regla de
exclusión establecida en esta sección encarna tres
propósitos: (1) disuadir y desalentar a los funcionarios
del orden público de que violen la protección
constitucional, (2) integridad judicial, ya que los
tribunales no deben ser cómplices de actos de
39 Pueblo v. Millán Pacheco, supra, pág. 608. 40 Pueblo v. Sustache Torres, 168 D.P.R. 350, 354 (2006); Chiesa Aponte, op. cit., pág. 305. Véase, además, Murphy v. Waterfront Commission, 378 U.S. 52, 55 (1964). 41 Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, 130 D.P.R. 352, 358 (1992). CC-2012-119 19
desobediencia a la Constitución y admitir evidencia
ilegalmente obtenida e, (3) impedir que el Gobierno se
beneficie de sus propios actos ilícitos; de otra manera la
ciudadanía perdería confianza en el Gobierno.42
Como podemos observar, los derechos establecidos en
estas dos cláusulas de nuestra Constitución se crearon con
el propósito de proteger a los ciudadanos de distintas
conductas realizadas por los funcionarios del Estado.
Cada cláusula protege al ciudadano de una conducta
distinta. El derecho a la no autoincriminación protege al
ciudadano de no ser obligado a decir nada en su contra,
mientras que el Art. II, Sec. 10 protege al ciudadano de
registros y allanamientos irrazonables por parte del
Estado. Por lo tanto, no toda confesión hecha
voluntariamente luego de un arresto ilegal será admisible
en evidencia. Tenemos que velar porque se cumplan con
todas las garantías constitucionales.
B. Brown v. Illinois
No obstante, esto no significa que toda confesión
hecha después de un arresto o registro ilegal será
inadmisible.43 El Tribunal Supremo de Estados Unidos en
Brown v. Illinois, 422 U.S. 590 (1975), estableció los
factores a considerar para determinar la admisibilidad de
una confesión realizada luego de un arresto ilegal. La
42 Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra, págs. 358-359; Chiesa Aponte, op. cit., págs. 112-113. 43 Pueblo v. Rodríguez Rivera, 91 D.P.R. 456, 463 (1964). CC-2012-119 20
norma antedicha ha sido reiterada por el Tribunal Supremo
federal en Dunway v. New York, 442 U.S. 200 (1979),
Taylor v. Alabama, 457 U.S. 687 (1982) y en
Kaupp v. Texas, 538 U.S. 626 (2003).
En Brown v. Illinois, supra, se arrestó ilegalmente
al imputado para propósitos investigativos relacionados
con un asesinato. El imputado fue llevado al cuartel de
la policía, se le hicieron las advertencias de Miranda y a
menos de dos horas de su arresto prestó dos declaraciones
incriminatorias. El Tribunal Supremo federal sostuvo que
el mero hecho de impartir las advertencias legales no era
suficiente para remediar una confesión producto de un
arresto ilegal.44 Para concluir lo anterior, el tribunal
estableció una distinción entre el derecho a la no
autoincriminación cobijado por la Quinta Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos y la Cuarta Enmienda que
excluye la admisibilidad de prueba obtenida ilegalmente.
Determinó que el hecho de que las declaraciones
incriminatorias fueran admisibles bajo la Quinta Enmienda
no las hace admisibles bajo la Cuarta Enmienda, ya que la
regla de exclusión bajo la Cuarta Enmienda sirve a
intereses y políticas públicas distintas a las que se
protegen bajo la Quinta Enmienda. 45
Por último, el tribunal resolvió que la controversia
sobre la voluntariedad de la confesión debía ser evaluada
44 Brown v. Illinois, supra, pág. 601. 45 Íd., págs. 601-602. CC-2012-119 21
caso a caso dependiendo de los hechos particulares.46 Para
hacer dicha evaluación el Tribunal Supremo federal
estableció unos factores que deberán tomarse en
consideración, aunque especificó que ninguno de estos será
determinante por sí solo al momento en que se examine la
admisibilidad de la prueba. Señaló el tribunal:
No single fact is dispositive. The workings of the human mind are too complex, and the possibilities of misconduct too diverse, to permit protection of the Fourth Amendment to turn on such a talismanic test.47
A estos efectos se considerará: (1) si se hicieron las
advertencias legales, (2) el tiempo transcurrido entre el
arresto ilegal y la confesión, (3) las causas
interventoras y, (4) el propósito y flagrancia de la
conducta ilegal de los funcionarios del Estado.48 Además,
indicó que el Ministerio Público es el que tiene el peso
de la prueba de demostrar la admisibilidad de la
confesión.49 Analicemos ahora cada uno de estos factores:
1. Advertencias legales
La norma expuesta en Miranda v. Arizona,
384 U.S. 436 (1966), establece las advertencias que se
deben hacer antes de un interrogatorio policial. Estas
advertencias, por ser medidas dirigidas a garantizar el
46 Brown v. Illinois, supra, pág. 603. 47 Íd. 48 Íd., págs. 603-604; Taylor v. Alabama, 457 U.S. 687 (1982). Véase, además, Chiesa Aponte, op. cit., pág. 325. 49 Brown v. Illinois, supra, pág. 604. CC-2012-119 22
derecho de un sospechoso contra la autoincriminación,
constituyen las garantías mínimas que amparan a todo
interrogado bajo custodia policial en los estados y en
Puerto Rico.50 Estas advertencias son: (1) tiene derecho a
guardar silencio, (2) todo cuanto diga podrá y será usado
en su contra, (3) tiene derecho a estar asistido por un
abogado durante el interrogatorio y, (4) de no poder pagar
un abogado el Estado le nombraría uno sin costo. Se ha
establecido que los funcionarios del gobierno tienen que
realizar las advertencias de Miranda cuando estos
interrogan a un sospechoso mientras está bajo su
custodia.51 Hasta el presente, en Puerto Rico hemos
seguido esta norma sin expandir su alcance ni rechazar las
interpretaciones restrictivas del Tribunal Supremo de
Estados Unidos.52
Como mencionáramos anteriormente, las advertencias
legales por sí solas no son suficientes para admitir una
confesión, cuando esa confesión se hizo luego de un
arresto ilegal. Las advertencias de Miranda sí son un
factor importante a considerar, pero no es el único factor
que debe ser considerado.53 Cuando los agentes del Estado
le hacen las advertencias de Miranda a los imputados se
cumple con la protección de la Quinta Enmienda y el Art.
50 Pueblo v. Millán Pacheco, supra, pág. 609. 51 Íd., pág. 610; Chiesa Aponte, op. cit., pág. 31. 52 Íd.; Íd., pág. 54. 53 Brown v. Illinois, supra, pág. 603. CC-2012-119 23
II, Sec. 11, pero no son un disuasivo suficiente para
proteger los derechos bajo la Cuarta Enmienda y el Art.
II, Sec. 10. Como hemos señalado, los intereses de
protección no son similares, la protección contra los
registros y arrestos ilegales buscan disuadir a los
funcionarios del orden público para que no violen la
Constitución, proteger la integridad de los tribunales al
no permitir utilización en los procesos judiciales de
evidencia ilegalmente obtenida y evitar que el Estado se
beneficie de sus propios actos ilegales.54 Es por esto que
cuando una confesión se produce luego de un arresto
ilegal, la voluntariedad de esa confesión no puede ser el
único factor a ser considerado. De lo contrario, se
estarían fomentando arrestos ilegales, ya que con solo
hacer las advertencias legales se estaría subsanando una
actuación que viola la Constitución.
Por lo tanto, para determinar la admisibilidad de
una confesión obtenida en violación a la Cuarta Enmienda y
el Art. II, Sec. 10, no solo es importante corroborar la
voluntariedad de la confesión y que se hayan realizado las
advertencias legales, sino que también se tiene que
evaluar si se protegieron los intereses de dichas
cláusulas.55
54 Chiesa Aponte, op. cit., pág. 285. 55 J.G. Lewis, The Fourth Amendment and Tainted Confessions: Admissibility as a Policy Decision, 13 Hous. L. Rev. 753, 762 (1976). CC-2012-119 24
2. Tiempo entre el arresto y la confesión
En Brown v. Illinois, supra, el Tribunal Supremo
federal indicó que un factor a tomarse en consideración
para determinar la admisibilidad de una confesión es el
tiempo transcurrido entre el arresto y la confesión. Sin
embargo, no se ha establecido un parámetro que nos indique
cuál es el tiempo necesario que debe transcurrir entre el
arresto y la confesión. El Tribunal Supremo de Estados
Unidos ha resuelto distintos casos utilizando los
criterios de Brown y en cada caso el tiempo transcurrido
entre el arresto y la confesión ha sido distinto. Por
ejemplo, en Brown v. Illinois, supra, y en Dunway v. New
York, supra, transcurrió un periodo de aproximadamente dos
horas entre el arresto y la confesión. Por otro lado, en
Taylor v. Alabama, supra, transcurrió un periodo de seis
horas. Sin embargo, en Kaupp v. Texas, supra,
transcurrieron apenas quince minutos, y en todos estos
casos el tribunal entendió que el tiempo transcurrido no
fue suficiente y suprimió la confesión. Por otro lado, en
Rawlings v. Kentucky, 448 U.S. 98 (1980), el tribunal se
enfrentó ante una controversia en la cual entre el arresto
y la admisión transcurrieron cuarenta y cinco minutos y,
sin embargo, en ese caso resolvió que la admisión era
admisible. Estas decisiones del Tribunal Supremo federal
se deben a que, como muy bien indicó en Brown v. Illinois,
supra, el análisis debe hacerse caso a caso a base de
todos los factores. CC-2012-119 25
3. Causa interventora
La causa interventora es un evento que ocurre luego
del arresto ilegal pero antes de la confesión y tiene el
efecto de interrumpir la cadena que existe entre ese
arresto y la confesión.56 Generalmente, son sucesos
externos e independientes a la ilegalidad del arresto.
Por ejemplo, una causa interventora podría ser el
consultar con un abogado y en algunos casos podría ser una
manifestación espontánea no en respuesta de un
interrogatorio.57 Además, como se reconoció en Wong Sun v.
U.S., 371 U.S. 471 (1963), dar por terminada la detención
ilegal antes de hacer una confesión es un factor que puede
considerarse como una causa interventora. Ahora bien,
según resolvió el tribunal en Brown, realizar las
advertencias legales no es suficiente para romper la
cadena entre el arresto y la confesión y, por lo tanto, no
puede ser considerada como una causa interventora.58 Al
analizar este factor, lo importante es observar si los
sucesos que ocurren entre el arresto y la confesión son
suficientes e independientes para poder romper la cadena
entre dicho arresto ilegal y la confesión que se produjo.
56 Rawlings v. Kentucky, 448 U.S. 98, 108-109 (1980). 57 3 LaFave, Israel, King & Kerr, Criminal Procedure, sec. 9.4(a), pág. 443 (2007). 58 Taylor v. Alabama, supra, pág. 691. CC-2012-119 26
4. Propósito y flagrancia de la conducta ilegal de los funcionarios del Estado al efectuar el arresto
En esencia, este factor establece que para que la
confesión o admisión obtenida ilegalmente pueda prevalecer
como prueba sustantiva, de la evidencia presentada por el
Ministerio Público debe surgir que la acción de los
funcionarios que llevaron a cabo el arresto ilegal no iba
dirigida a obtener la admisión o confesión producto de la
intervención para la cual no tenían motivos fundados.
Esto es, que la acción del Estado no fue un intento
flagrante de beneficiarse injustamente de su acto ilegal.59
Claro está, todo esto debe ser evaluado a la luz de las
circunstancias y caso a caso.
Ahora bien, nótese que, contrario a los demás
factores, este factor lo que requiere es ausencia de unas
circunstancias. Así, al analizar este último factor para
determinar si la confesión obtenida de un arresto ilegal
es admisible en evidencia, la ausencia de propósito y
flagrancia en la conducta ilegal del Estado al momento del
arresto es lo que favorece la no supresión de la expresión
incriminatoria. Como pudimos observar, cuando se analizan
los otros factores, la presencia de ellos favorece la
admisión en evidencia de dicha confesión. Por lo tanto,
para que una confesión obtenida luego de un arresto ilegal
sea admisible en evidencia debemos observar que se cumpla
59 Véase Brown v. Illinois, supra; Dunway v. New York, supra; Rawlings v. Kentucky, supra; Taylor v. Alabama, supra; Kaupp v. Texas, 538 U.S. 626 (2003). CC-2012-119 27
más de uno de los siguientes: presencia de un tiempo
transcurrido entre el arresto ilegal y la confesión,
presencia de causas interventoras y/o ausencia de
propósito y flagrancia de la conducta de los funcionarios
del Estado al efectuar el arresto.
Precisado lo anterior, es menester señalar que el
Tribunal Supremo federal le ha dado mayor importancia al
propósito y flagrancia de la conducta ilegal del Estado al
efectuar el arresto,60 debido a que este factor se
encuentra directamente relacionado con la regla de
exclusión de la Cuarta Enmienda de la Constitución de
Estados Unidos y el Art. II, Sec. 10 de nuestra
Constitución. No obstante, todos los factores tienen que
ser considerados en conjunto. Como mencionáramos
anteriormente, el tribunal en Brown v. Illinois, supra,
estableció que “no single fact is dispositive”.61 Esto es,
que para que una confesión obtenida luego de un arresto
ilegal sea admisible en evidencia se tiene que cumplir más
de un factor, ya que ninguno de los factores es
determinante por sí solo.
III
Examinemos, pues, la aplicación de los fundamentos
antes expuestos al caso de autos.
60 Brown v. Illinois, supra, pág. 604. 61 Íd., pág. 603. CC-2012-119 28
En el caso ante nuestra consideración, el
peticionario presentó una moción de supresión de confesión
bajo el fundamento de que dicha confesión fue producto de
un arresto ilegal realizado sin orden judicial. El
Ministerio Público se opuso a dicha solicitud argumentando
que el peticionario no se encontraba bajo arresto y la
confesión se obtuvo de manera legal. Sin embargo, del
testimonio del agente Rodríguez Torres se desprende que en
varias ocasiones los agentes de la Policía le indicaron
que tenían a tres personas detenidas. Por otro lado, el
peticionario se encontraba en un cubículo de la
Comandancia bajo el interrogatorio de múltiples agentes.
Esta Curia ha expresado que “una persona ha sido incautada
sólo cuando a la luz de la totalidad de las
circunstancias, el modelo de una persona razonable hubiera
pensado que no estaba en libertad de marcharse del lugar.
Lo determinante es que la libertad del individuo haya sido
efectivamente restringida”.62 (Énfasis en el original.)
Ante estas circunstancias, concluimos que el peticionario
sí se encontraba arrestado.
Así las cosas, ante la moción del peticionario de
que se suprima la confesión por ser producto de un arresto
ilegal, se activó automáticamente la presunción de que el
arresto se hizo irrazonablemente. Como reiteradamente
hemos expresado, el Ministerio Público tenía el peso de la
62 Véase Pueblo v. Pérez Rivera, supra; Pueblo v. Millán Pacheco, supra, pág. 622; Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 D.P.R. 1, 59-60 (1997); Pueblo v. Pacheco Báez, 130 D.P.R. 664, 669 (1992). CC-2012-119 29
prueba para rebatir dicha presunción y demostrar que ese
arresto fue legal. Sin embargo, en la vista de supresión
el Ministerio Público se limitó a presentar evidencia
sobre cómo se obtuvo la confesión, mas no presentó
evidencia sobre la existencia de motivos fundados para
arrestar al peticionario Nieves Vives. En la vista solo
testificó el agente que tomó la confesión, por lo que no
pudo testificar sobre el arresto impugnado. El Ministerio
Público no podía descansar únicamente en el agente que
tomó la confesión. Ello, porque a pesar de que la defensa
solicitó la supresión de la confesión, no estaba
impugnando en sí la confesión ni cómo se realizó la misma,
sino el alegado hecho de que esta fue producto de un
arresto ilegal; así surgía claramente de la moción
presentada por la defensa.63 Por lo tanto, el Ministerio
Público tenía que probar en la vista que el arresto fue
legal.
El Tribunal de Apelaciones erró al resolver que la
detención “no fue caprichosa, irrazonable ni errada; sino
por el contrario fue producto de un proceso lícito”. ¿Cómo
el foro apelativo llegó a esta conclusión cuando en la
vista de supresión hubo ausencia total de prueba sobre
cómo se llevó a cabo el arresto? Como mencionáramos
anteriormente, el Ministerio Público no presentó evidencia
de cómo se arrestó al peticionario ni de los motivos
fundados que tuvieron para arrestar. De la confesión
63 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 27-36. CC-2012-119 30
realizada por el peticionario, luego de su arresto, surge
que el peticionario estuvo con el occiso esa noche, pero
¿cómo la policía adquirió esta información, cómo encontró
al peticionario, cómo se llevó a cabo el arresto, quién
arrestó, dónde se arrestó, cuáles fueron los motivos
fundados? No sabemos conforme a qué información se
conocieron los hechos que dieron origen al arresto. Pudo
ser por información recibida de un confidente de la
Policía, por conocimiento personal, por información
recibida de otro agente o por información brindada por
algún testigo. En la vista de supresión no se presentó
evidencia que contestara ninguna de estas interrogantes.
El tribunal no tuvo la oportunidad de evaluar si hubo
motivos fundados para arrestar. No hay duda de que el
Ministerio Público no rebatió la presunción de ilegalidad
del arresto del peticionario. Por lo tanto, concluimos
que el arresto fue ilegal.
Ahora bien, aunque la regla general es que toda
evidencia obtenida como producto de un arresto ilegal es
inadmisible en evidencia, lo anterior no es causa
automática para suprimir la confesión. Es decir, para
determinar la admisibilidad de la confesión realizada por
el peticionario Nieves Vives debemos analizar los factores
establecidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en
Brown v. Illinois, supra, y que hoy adoptamos a nuestro
ordenamiento jurídico. Veamos. CC-2012-119 31
En primer lugar, no existe controversia sobre las
advertencias legales. Durante la vista de supresión la
defensa estipuló que las advertencias de Miranda se
realizaron legalmente y el peticionario las entendió. Así
las cosas, se protegió el derecho contra la no
autoincriminación cobijado por el Art. II, Sec. 11 de
nuestra Constitución y por la Quinta Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, la
confesión realizada por el peticionario es admisible bajo
estas cláusulas.
Como mencionáramos anteriormente, cada factor no es
determinante por sí solo, sino que tenemos que analizarlos
todos para poder determinar si la confesión es admisible.
Por lo tanto, es importante analizar en conjunto el tiempo
transcurrido entre el arresto y la confesión y si
existieron causas interventoras. Esto se debe a que en la
medida que el tiempo entre el arresto y la confesión es
menor, hay menos probabilidad de que existan causas
interventoras. En el presente caso, el peticionario
Nieves Vives fue arrestado entre las cinco y media y seis
de la tarde. Media hora más tarde, a las seis y media, el
agente Rodríguez Torres comenzó a interrogarlo. Dicho
interrogatorio duró aproximadamente media hora, ya a las
siete de la noche el peticionario había sido puesto en
libertad. Como podemos observar, el tiempo transcurrido
entre el arresto y la confesión fue aproximadamente de una
hora. En este corto periodo de tiempo, el peticionario CC-2012-119 32
fue arrestado, llevado a la Comandancia e interrogado en
dos ocasiones. En este caso en particular, al no
transcurrir una cantidad sustancial de tiempo que atenuara
el arresto ilegal, este factor obra en contra de la
admisibilidad de la confesión. Sin embargo, este solo
hecho no es un factor decisivo –como señalamos, el
Tribunal Supremo de Estados Unidos en Rawlings v.
Kentucky, supra, admitió una confesión que se produjo en
menos tiempo que en el presente caso. Por lo antes
señalado, es importante analizar si dentro de ese tiempo
transcurrido ocurrió alguna causa interventora suficiente
para romper la cadena entre el arresto y la confesión.
Durante la vista de supresión, el Ministerio Público
señaló las circunstancias en las cuales se encontraba el
peticionario luego del arresto. Por ejemplo, el
Ministerio Público señaló que el peticionario Nieves Vives
no se encontraba esposado, nunca fue ingresado a una
celda, estuvo en todo momento sentado en un cubículo de la
Comandancia y ya había sido descartado como sospechoso del
asesinato cuando el agente lo interrogó sobre el
escalamiento. Estas circunstancias no pueden ser
consideradas como causas interventoras, ya que no son
suficientes para romper la cadena que existe entre el
arresto ilegal y la confesión. Estos sucesos son parte de
la cadena que se creó con el arresto y llevó a la
confesión del peticionario. Cuando el peticionario
realizó la confesión todavía se encontraba bajo arresto, CC-2012-119 33
no tenía abogado y estaba sujeto a interrogatorio. Estos
no son factores externos e independientes del arresto y,
por lo tanto, concluimos que no existieron causas
interventoras.
Por último, analizaremos la conducta de los
oficiales en este caso. En el presente caso, no existe
prueba sobre la conducta de los oficiales antes y durante
el arresto. El Ministerio Público tenía el peso de la
prueba de demostrar que el arresto se hizo de manera legal
y se cumplieron con todas las disposiciones establecidas
en nuestro ordenamiento jurídico. Debido a que el
Ministerio Público no presentó evidencia que demostrara
que los agentes actuaron de manera legal, permanece la
presunción de que el arresto fue ilegal e irrazonable y,
por lo tanto, los funcionarios incurrieron en conducta
ilegal.
Como podemos observar, solamente el factor de las
advertencias legales favorece al Ministerio Público y
estas por sí solas no son un disuasivo para proteger los
derechos del Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución. Al
analizar los demás factores vemos que todos apuntan a la
dirección opuesta. Ello, porque no transcurrió un tiempo
sustancial entre el arresto y la confesión, no ocurrieron
causas interventoras y el Ministerio Público no presentó
evidencia que probara que los agentes que arrestaron
actuaron de manera legal. CC-2012-119 34
En vista de todo lo anterior, resolvemos que el
arresto realizado al peticionario Nieves Vives fue ilegal.
Además, adoptamos los factores establecidos en Brown v.
Illinois, supra, para determinar la admisibilidad de una
confesión realizada luego de un arresto ilegal y
determinamos que la confesión realizada por el
peticionario es inadmisible en evidencia.
IV
Por las razones antes expresadas, revocamos la
sentencia del Tribunal de Apelaciones y resolvemos que la
confesión del peticionario Nieves Vives es inadmisible en
evidencia. Asimismo, ordenamos la devolución del
expediente de autos al foro primario para que continúe con
los procedimientos judiciales conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones y resolvemos que la confesión del peticionario Christian Nieves Vives es inadmisible en evidencia. Asimismo, ordenamos la devolución del expediente de autos al foro primario para que continúe con los procedimientos judiciales conforme a lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton concurre con lo resuelto en la Opinión mayoritaria mediante la siguiente expresión: “Coincidimos en que procede suprimir la confesión en controversia. Sin embargo, creemos que dicha conclusión debe fundamentarse en el derecho vigente sin necesidad de adoptar y aplicar jurisprudencia federal. La Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y la jurisprudencia que la interpreta establecen claramente que un arresto sin orden judicial se presume ilegal y que corresponde al Ministerio Público demostrar que el agente que realizó el arresto tenía motivos fundados para así proceder, CC-2012-119 2
lo cual no sucedió en este caso. Consecuentemente, la presunción de que el arresto fue ilegal permanece y la prueba obtenida como fruto de dicho arresto tiene que suprimirse, incluyendo la confesión hecha por el acusado. Véase Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739, 750-751 (1980). Así pues, a la luz de las circunstancias particulares de este caso, no era necesario adoptar y aplicar los criterios expuestos en Brown v. Illinois, 422 U.S. 590 (1975). Por ende, con el mayor respeto a los compañeros Jueces Asociados y compañeras Juezas Asociadas, entendemos que dichos pronunciamientos constituyen obiter dicta”.
La Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurren con el resultado y se unen a las expresiones del Juez Presidente señor Hernández Denton.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo