EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Everilde Pérez Droz
Peticionario Apelación
v. 2012 TSPR 5
Administración de los Tribunales 184 DPR ____ Sistemas de Retiro de los Empleados Del Gobierno y la Judicatura
Recurrida
Número del Caso: CC-2010-9
Fecha: 10 de enero de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel I
Juez Ponente: Hon. Luis Roberto Piñero González
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Francisco Dávila Vargas
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Leticia Casalduc Rabell Subprocuradora General
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón Subprocuradora General
Lcda. Sylvia Roger-Stefani Procuradora General Auxiliar
Materia: Revisión Administrativa Procedente de la Junta de Síndicos
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v. CC-2010-9 Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2012.
En esta ocasión, debemos determinar si es cosa
juzgada una resolución final y firme mediante la cual la
Junta de Síndicos de la Administración de los Sistemas de
Retiro (Junta de Síndicos) confirmó, en 1998, la
suspensión de una pensión por incapacidad ocupacional.
Por entender que aplica la doctrina de cosa juzgada,
confirmamos al Tribunal de Apelaciones, que ordenó la
desestimación del presente caso.
I.
El Sr. Everilde Pérez Droz trabajó como agente de la
Policía de Puerto Rico y tiene cotizados once años de
servicios en la Administración de los CC-2010-0009 2
Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la
Judicatura (Administración). El 7 de agosto de 1966, el señor
Pérez Droz tuvo un accidente automovilístico en el que sufrió
un trauma en la cabeza. Consecuentemente, comenzó a padecer de
ansiedad y neurosis postraumática. La Corporación del Fondo del
Seguro del Estado (C.F.S.E.) relacionó el accidente con el
empleo. Por ello, la Administración aprobó al señor Pérez Droz
los beneficios de pensión por incapacidad ocupacional, a partir
del 1 de enero de 1970, hasta tanto fuese repuesto al
servicio.1
Posteriormente, la Administración realizó una
investigación y encontró que el señor Pérez Droz estaba
trabajando en la empresa privada.2 Así las cosas, el 30 de
julio de 1991, la Administración concedió diez días al señor
Pérez Droz para que mostrara causa por la cual no se le debían
suspender los beneficios de la pensión. Este no respondió. Por
consiguiente, el 12 de septiembre de 1991, la Administración le
notificó la suspensión de los beneficios de pensión. El señor
1 Esta pensión se concedió al amparo de la derogada Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como la Ley de Retiro de Personal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 761 et seq. (ed. 1978) (Ley de Retiro). Esta ley imponía como condición para continuar disfrutando de los beneficios de la pensión, que el participante se sometiera a exámenes médicos periódicamente para determinar su estado de salud y grado de incapacidad. Art. 11 de la Ley de Retiro, 3 L.P.R.A. sec. 771 (ed. 1978). En aquel momento, la ley no prohibía expresamente que una persona pensionada por incapacidad laborara en la empresa privada desempeñando funciones distintas a las que realizaba al momento de su incapacidad. 2 En 1986, el Art. 11 de la Ley de Retiro fue enmendado por la Ley Núm. 61 de 1 de julio de 1986. 3 L.P.R.A. sec. 771. Esto, para autorizar a la Administración a suspender automáticamente el pago de la pensión por incapacidad sin la necesidad de un examen médico en aquellos casos en los cuales el pensionado estuviese trabajando y devengando un salario igual o mayor al importe de la pensión. CC-2010-0009 3
Pérez Droz solicitó reconsideración ante la Administración, sin
éxito. Al año siguiente, la Administración le notificó haber
incurrido en un cobro indebido de pensión por la suma de
$23,093.75, por el período en que recibió los mencionados
beneficios, entre el 1 de julio de 1986 y el 15 de septiembre
de 1991.
Así las cosas, el 6 de abril de 1992, el señor Pérez Droz
solicitó nuevamente a la Administración que reconsiderara su
dictamen. Sin embargo, el 17 de mayo de 1996, esta se reafirmó
en su determinación de suspenderle los beneficios de pensión.
Inconforme, el señor Pérez Droz apeló la determinación de la
Administración ante la Junta de Síndicos. El 2 de septiembre de
1998, esta última confirmó las determinaciones de la primera.
Todavía insatisfecho, el señor Pérez Droz acudió ante el
Tribunal de Apelaciones, el cual denegó expedir el recurso.
Finalmente, el señor Pérez Droz acudió ante nos. En 1999,
denegamos su Solicitud de Certiorari y las posteriores
solicitudes de reconsideración, debido a que el apéndice que
acompañaba su recurso no cumplió con la Regla 20 (k) del
Reglamento de este Tribunal. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A R.20 (k). Por
lo tanto, advino final y firme la determinación de la Junta de
Síndicos confirmando las determinaciones de la Administración.
Así las cosas, la Administración realizó gestiones de
cobro mediante cartas y un procedimiento judicial ante el
Tribunal de Primera Instancia. No obstante, el antiguo Tribunal
de Distrito paralizó los procedimientos de cobro y ordenó el
archivo sin perjuicio de la reclamación, a tenor con un proceso CC-2010-0009 4
de quiebras iniciado por el señor Pérez Droz ante el foro
federal.
Casi seis años después de la determinación de la Junta de
Síndicos confirmando a la Administración, el 20 de marzo de
2004, el señor Pérez Droz solicitó la restitución de los
beneficios de pensión. Luego de varios trámites procesales, la
Junta de Síndicos celebró una vista de conferencia. Allí, el
señor Pérez Droz argumentó que, al momento de la aprobación de
los beneficios por incapacidad, no surgía del texto de la Ley
de Retiro prohibición alguna a que un pensionado por
incapacidad realizara labores remunerativas. Es decir, el señor
Pérez Droz pretendía que se le aplicara retroactivamente la
doctrina que esbozamos en Rodríguez v. Retiro, 159 D.P.R. 467
(2003).3
Finalmente, la Junta de Síndicos confirmó la determinación
de la Administración, tras concluir que las controversias
referentes a la suspensión de pagos y al cobro de lo indebido
por parte del señor Pérez Droz habían sido previamente
adjudicadas por la agencia.
Inconforme, el señor Pérez Droz acudió ante el Tribunal de
Apelaciones, el cual confirmó la determinación de la Junta de
Síndicos. El foro apelativo intermedio encontró que la
determinación sobre suspensión de sus beneficios había advenido
final y firme. También, enfatizó que una nueva teoría legal y
3 En Rodríguez v. Retiro, supra, atendimos un escenario muy similar al de autos y concluimos que la enmienda de 1986 a la Ley de Retiro, supra, no aplicaba retroactivamente a pensiones concedidas antes de su vigencia, porque lo impedía la doctrina de derechos adquiridos. En esa ocasión, no resolvimos si la norma allí establecida aplicaría de forma retroactiva. Nótese la diferencia entre la retroactividad de la enmienda a la Ley de Retiro y la retroactividad de la norma pautada en Rodríguez v. Retiro, supra. Ahora bien, la doctrina que plasmamos en Rodríguez v. Retiro, supra, no existía al momento de suspenderse los beneficios al peticionario. CC-2010-0009 5
la reclamación de remedios adicionales no operan como excepción
a la doctrina de cosa juzgada. Aún insatisfecho, el señor Pérez
Droz acude ante nos y solicita que revoquemos lo dictaminado
por los foros inferiores. Expedimos el auto y, con el beneficio
de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de
resolver.
II.
La doctrina de cosa juzgada está preceptuada en el Art.
1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3343. En
lo pertinente, este artículo dispone que, para que se active la
presunción de cosa juzgada en otro juicio, se requiere que
entre el caso resuelto mediante sentencia y el caso en que se
invoca la misma concurra la más perfecta identidad entre las
cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad
en que lo fueron. 31 L.P.R.A. sec. 3343. Véanse, además: Méndez
v. Fundación, 165 D.P.R. 253, 267 (2005); Pagán Hernández v.
U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732 (1978). Si se cumplen estos
requisitos, no procede dilucidar nuevamente los méritos de la
controversia que está ante la consideración del foro judicial.
Pagán Hernández v. U.P.R., supra; Bolker v. Tribunal Superior,
82 D.P.R. 816, 834 (1961).
Para determinar si se satisface el requisito de identidad
entre las cosas, es necesario identificar cuál es el objeto o
la materia sobre la cual se ejercita la acción. A & P General
Contractors v. Asoc. Caná Inc., 110 D.P.R. 753, 764 (1981). Lo
esencial es determinar que ambos litigios se refieren a un
mismo asunto. Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. CC-2010-0009 6
212, 220 (1992), citando a Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid,
Ed. Reus, 1958, pág. 534.
Hay identidad entre las causas cuando, tanto en el pleito
anterior como en el que se invoca la excepción de cosa juzgada,
las acciones ejercitadas implican un mismo motivo o razón de
pedir. A & P General Contractors v. Asoc. Caná Inc., supra,
pág. 765. Por lo tanto, no debe confundirse la causa con los
medios de prueba ni con los fundamentos legales de las
pretensiones deducidas por las partes. Rodríguez Rodríguez v.
Colberg Comas, supra, pág. 219–220. Satisfecho lo anterior, el
requisito de identidad de causas se cumple aunque la acción
ejercitada sea distinta de la primera en su calificación
jurídica o en términos nominales. A & P General Contractors v.
Asoc. Caná, supra. Tampoco impide la aplicación de la doctrina
de cosa juzgada el que se introduzca una nueva teoría legal y
se reclamen remedios adicionales en el segundo litigio. Íd. Así
pues, hemos enfatizado que la causa o motivo de pedir no debe
confundirse con el remedio solicitado. Mercado Riera v. Mercado
Riera, 100 D.P.R. 940, 951–952 (1972).
Respecto a la identidad entre las partes litigantes, así
como la calidad en que lo fueron, los efectos de la doctrina de
cosa juzgada se extienden a quienes intervienen en el proceso a
nombre y en interés propio. A & P General Contractors, Inc. v.
Asoc. Caná Inc., supra, págs. 761-762; Rodríguez Rodríguez v.
Colberg Comas, supra, pág. 220.
Cumplidos estos requisitos, la doctrina de cosa juzgada
impide que, luego de emitida una sentencia en un pleito
anterior, las mismas partes relitiguen en un pleito posterior CC-2010-0009 7
las mismas causas de acción y cosas, las controversias ya
litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron haber
litigado. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R.
743, 769 (2003); Acevedo Santiago v. Western Digital, 140
D.P.R. 452, 464 (1996).
La doctrina de cosa juzgada se fundamenta en
consideraciones de orden público y necesidad. Mun. de San Juan
v. Bosque Real, S.E., supra. En primer lugar, protege a los
ciudadanos para que no se les someta a los rigores de un
proceso judicial, en múltiples ocasiones, para litigar una
misma causa. Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, supra, págs.
218-219; Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961). Al mismo
tiempo, vela por el interés gubernamental en que se finalicen
los pleitos y en que se les dé la debida dignidad a los fallos
de los tribunales. Pagán Hernández v. U.P.R., supra, pág. 732;
Bolker v. Tribunal Superior, supra, pág. 832.
No obstante, la aplicación de la doctrina de cosa juzgada
no procede de forma inflexible y automática cuando hacerlo
derrote los fines de la justicia o consideraciones de orden
público. Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263, 269 (2004);
Pagán Hernández v. U.P.R., supra. Tampoco procede su aplicación
cuando se trate de una sentencia nula por haber sido dictada
sin jurisdicción, Tartak v. Tribunal de Distrito, 74 D.P.R.
862, 870 (1953). Asimismo, una sentencia sobre alimentos nunca
será cosa juzgada. Molini v. Trib. de Distrito, 72 D.P.R. 945,
949 (1951); Castrillo v. Palmer, 102 D.P.R. 460, 463 (1974).
En cuanto al derecho administrativo, la doctrina de cosa
juzgada podría aplicar en tres vertientes: (1) dentro de la CC-2010-0009 8
misma agencia; (2) interagencialmente, es decir, de una agencia
a otra; y (3) entre las agencias y los tribunales. Mun. de San
Juan v. Bosque Real, S.E., supra, pág. 770; Pagán Hernández v.
U.P.R., supra, pág. 733. Para que la doctrina de cosa juzgada
aplique en alguna de estas vertientes, hemos enumerado dos
requisitos: (1) la agencia debe actuar en una capacidad
judicial donde resuelva las controversias ante sí; y (2) las
partes deben haber tenido una oportunidad adecuada para
litigar. Pagán Hernández v. U.P.R., supra, citando a U.S. v.
Utah, 384 U.S. 394 (1966).
Sin embargo, la doctrina de cosa juzgada no es de
aplicación automática y absoluta a los procesos
administrativos, pues la Rama Judicial tiene el poder de
modificar o rechazar las determinaciones administrativas cuando
hacerlo sea lo más justo y conveniente de acuerdo al interés
público. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R.
452, 454 (1996). No obstante, la mera invocación de un derecho
constitucional frente a una actuación administrativa no nos
obliga automáticamente a descartar la presunción de cosa
juzgada, sino que debemos investigar las circunstancias de cada
caso individualmente. Pagán Hernández v. U.P.R., supra, págs.
735-737.
III.
En el caso de autos, la Junta de Síndicos se negó en 2004
a reinstalarle al señor Pérez Droz los beneficios que se le
suspendieron en 1991, por entender que el asunto planteado era
cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones confirmó esta
determinación, por los mismos fundamentos. Al analizar el CC-2010-0009 9
historial procesal del caso de marras, concluimos que los foros
inferiores actuaron correctamente. Veamos.
En 1991, la Administración le notificó al señor Pérez Droz
la suspensión de los beneficios de pensión. Este solicitó
reconsideración ante la Administración, sin éxito. En 1992, la
Administración le notificó haber incurrido en un cobro indebido
de pensión por la suma de $23,093.75. Ese mismo año, el señor
Pérez Droz solicitó nuevamente a la Administración que
reconsiderara su dictamen. En 1996, la agencia reafirmó su
determinación. Así las cosas, el señor Pérez Droz apeló ante la
Junta de Síndicos, la cual confirmó en 1998 las determinaciones
de la Administración. Inconforme, el señor Pérez Droz acudió
ante el Tribunal de Apelaciones, el cual denegó expedir el
recurso. Aún insatisfecho, el señor Pérez Droz acudió ante nos.
En 1999, denegamos su petición de Certiorari, debido a su
incumplimiento con las disposiciones reglamentarias de este
Tribunal respecto al apéndice que acompañaba su recurso. Luego,
nos solicitó que reconsideráramos nuestra denegatoria. Sin
embargo, mantuvimos nuestra posición. Por lo tanto, en 1999,
advino final y firme la determinación de la Junta de Síndicos
de confirmar la suspensión de los beneficios de pensión al
señor Pérez Droz.
Media década más tarde, en 2004, el señor Pérez Droz
intentó revivir esta controversia y solicitó que se le
restituyera su pensión por incapacidad. Para ello, invocó los
fundamentos que establecimos en Rodríguez v. Retiro, supra. No
obstante, entre esta nueva reclamación y la determinación
inicial que advino final y firme en 1999, existe la identidad CC-2010-0009 10
requerida para la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. 31
L.P.R.A. sec. 3343. Véanse, además: Méndez v. Fundación, supra,
pág. 267; Pagán Hernández v. U.P.R., supra, pág. 732.
En la reclamación presentada en 2004, el señor Pérez Droz
solicita una vez más que se le reinstale su pensión por
incapacidad ocupacional y que se deje sin efecto el cobro de
$23,093.75 por parte de la Administración en concepto de
pensión pagada indebidamente. Asimismo, en ambas reclamaciones,
el señor Pérez Droz alega que la enmienda de 1986 no podía
aplicarle retroactivamente. Además, las partes en las dos
reclamaciones son las mismas. Por lo tanto, entre ambas
reclamaciones concurre la más perfecta identidad entre cosas,
causas, litigantes y la calidad en que lo fueron.
En cuanto a la aplicación de esta doctrina en el ámbito
administrativo, el historial procesal de este caso demuestra
que la Administración resolvió la controversia ante sí actuando
en su capacidad cuasijudicial y que el señor Pérez Droz
aprovechó las herramientas apelativas disponibles para defender
su causa, lo que significa que tuvo una oportunidad adecuada
para litigar. Siendo así, se satisfacen los dos requisitos
jurisprudenciales para la aplicación de la doctrina de cosa
juzgada a los procesos administrativos. Pagán Hernández v
U.P.R., supra.
De la misma forma, encontramos que en el caso de autos no
se configura ninguna de las excepciones a la doctrina de cosa
juzgada.
Alcanzada esta conclusión, es inmeritorio el argumento del
señor Pérez Droz de que procede restituirle su pensión conforme CC-2010-0009 11
a lo que establecimos en Rodríguez v. Retiro, supra. Cuando
resolvimos ese caso en 2003, la determinación de la Junta de
Síndicos respecto a la solicitud del señor Pérez Droz había
advenido final y firme. Asimismo, al momento de adjudicar el
primer reclamo del señor Pérez Droz, no existía aún la norma
que luego establecimos en Rodríguez v. Retiro, supra. En 1999,
el señor Pérez Droz pudo haber levantado los mismos fundamentos
de Derecho que nos presenta ahora. Inclusive, pudo haber traído
los mismos argumentos que nos movieron a establecer la norma de
Rodríguez v. Retiro, supra. No obstante, incumplió con los
requisitos procesales de este Tribunal. Ello le impide ahora
relitigar la misma controversia. Además, como recalcamos
anteriormente, la introducción de una nueva teoría legal no
impide la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. A & P
General Contractors v. Asoc. Caná, supra.
Por todo lo anterior, concluimos que los foros inferiores
no erraron al confirmar la determinación de la Administración
sobre la suspensión de pagos y el cobro de lo indebido, a base
de la doctrina de cosa juzgada. Consiguientemente, confirmamos
la sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol
Matta emitió una Opinión Disidente. La Jueza Asociada señora
Pabón Charneco no interviene.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Everilde Pérez Droz Peticionario
v.
CC-2010-09 Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y de la Judicatura Recurrida
Opinión Disidente de la Jueza Asociada señora Fiol Matta
En San Juan, Puerto Rico, 10 de enero de 2012.
Disiento. Hoy, una mayoría del Tribunal rehúsa
hacerle justicia a un exmiembro de la Policía de
Puerto Rico cuya pensión por incapacidad
ocupacional fue suspendida indebidamente. Por
entender que en este caso no procede aplicar la
doctrina de cosa juzgada, revocaría la decisión
del Tribunal de Apelaciones y, al amparo de nuestra
decisión en Rodríguez v. Retiro,4 reinstalaría de
manera prospectiva la pensión del señor Pérez Droz.
4 159 D.P.R. 467 (2003). CC-2010-0009 2
El señor Everilde Pérez Droz trabajó como agente de la
Policía de Puerto Rico, alcanzando los años de servicio
acreditados en la Administración de los Sistemas de Retiro
de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. El 7 de
agosto de 1966, después de trabajar por 11 años para dicha
institución, sufrió un accidente automovilístico en el que
sufrió un trauma en la cabeza. Como consecuencia de ello,
padeció de varias condiciones emocionales, incluyendo
ansiedad y neurosis post traumática. El Fondo del Seguro
del Estado relacionó su accidente con el empleo. Acto
seguido, el 23 de mayo de 1969, el Superintendente de la
Policía de Puerto Rico solicitó a la Administración una
pensión por incapacidad ocupacional a nombre del señor
Pérez Droz. El 23 de enero de 1970, la Administración
aprobó dicha pensión a partir del 1 de enero de 1970 “hasta
tanto fuese repuesto al servicio”.5
Varios años después, la Administración llevó a cabo una
investigación en la que concluyó que el peticionario se
dedicaba a labores no gubernamentales remuneradas. El 12 de
septiembre de 1991, la Administración le notificó que le
suspendería la pensión efectivo el 30 de dicho mes. El 10
de octubre, el peticionario solicitó reconsideración. El 9
de marzo de 1992, la agencia le notificó una reclamación
por cobro de lo indebido, ascendente a $23,093.75,
calculada desde el 1 de julio de 1986 al 15 de septiembre
5 Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 30 de noviembre de 2009, p. 2; Apéndice petición de certiorari, p. 3. CC-2010-0009 3
de 1991. Dicho período responde al tiempo transcurrido
entre una enmienda hecha a la Ley de Retiro en 1986, que
prohibía a los beneficiarios de una pensión por incapacidad
ocupacional llevar a cabo trabajo remunerado que igualara o
superara lo pagado por dicha pensión, y la fecha en que la
agencia decidió suspender los beneficios al señor Pérez
Droz. El 6 de abril de 1992, el peticionario presentó un
nuevo escrito de reconsideración. El 17 de mayo de 1996, la
Administración se reafirmó en su decisión original.
Inconforme con la determinación de la Administración,
el 13 de junio de 1996 el señor Pérez Droz apeló a la Junta
de Síndicos de dicha agencia, la que confirmó la
determinación. Posteriormente, el señor Pérez Droz presentó
una petición de certiorari a este Tribunal, la que fue
declarada no ha lugar por “craso incumplimiento con el
Reglamento”.6 Dicha determinación advino final y firme.7
Por otro lado, la agencia continuó con sus gestiones de
cobro, pero el 28 de agosto de 2000 el Tribunal de Primera
Instancia paralizó los procedimientos a raíz de la
presentación de una solicitud de quiebra ante el Tribunal
6 Resolución del 15 de octubre de 1999 (Énfasis suplido). 7 Entre las alegaciones que hace el peticionario, quien enfatiza la identidad entre los hechos del caso de Rodríguez v. Retiro y el suyo, así como el derecho aplicable a ambas controversias, está que la razón por la que este Tribunal resolvió dicho caso a favor de Rodríguez Sierra, mientras que su caso fue declarado no ha lugar por incumplimiento craso con nuestro Reglamento, fue producto de una deficiente representación legal. En apoyo a su alegación nos refiere a In re Rivera Colón, 172 D.P.R. 340 (2007) en el que se suspende del ejercicio de la profesión al primer abogado del señor Pérez Droz por incumplir las órdenes de este Tribunal. CC-2010-0009 4
Federal por parte del señor Pérez Droz. En 2003, en
Rodríguez v. Retiro, este Tribunal resolvió que la
interpretación que había hecho la Administración de los
Sistemas de Retiro a partir de la enmienda de 1986 no
aplicaba a las pensiones por incapacidad autorizadas antes
de la aprobación de dicha enmienda. Es decir, que la
agencia erró al darle efecto retroactivo a los cambios
aprobados en 1986.
Ante este panorama y poco después de la publicación del
citado caso, el 20 de marzo de 2004 el señor Pérez Droz
solicitó la restitución de los beneficios suspendidos. La
Administración denegó dicha solicitud el 19 de abril de
2005 y el 23 de mayo de ese año, el peticionario apeló a la
Junta de Síndicos de la agencia. El 20 de agosto de 2008,
la Junta celebró una vista de conferencia y el peticionario
presentó su posición por escrito. En síntesis, el señor
Pérez Droz alegó que, conforme la determinación tomada en
Rodríguez v. Retiro, la decisión de la agencia de suspender
sus beneficios en 1991, al aplicar retroactivamente la
enmienda de 1986, fue un error de derecho. Es decir,
solicitó que se corrigiera la situación aplicándose la
doctrina adoptada en aquel caso y se le restituyera la
pensión otorgada en 1970.
El 15 de junio de 2009, la Junta de Síndicos confirmó
la decisión de la Administración de suspender los pagos de
la pensión e instar una acción por cobro de lo indebido. La
Junta concluyó que las controversias planteadas por el CC-2010-0009 5
señor Pérez Droz ya habían sido adjudicadas previamente,
por lo que aplicaba la doctrina de cosa juzgada.8
Inconforme, el peticionario recurrió al Tribunal de
Apelaciones alegando que la Junta de Síndicos de la
Administración de los Sistemas de Retiro erró al aplicar la
doctrina de cosa juzgada para denegar su solicitud de
reinstalación. El foro intermedio confirmó la determinación
de la agencia aplicando las figuras de cosa juzgada e
impedimento colateral por sentencia.
Inconforme con la determinación del Tribunal de
Apelaciones, el señor Pérez Droz acude ante este Tribunal.
Según él, la aprobación original de su pensión por parte de
la Administración de los Sistemas de Retiro estaba sujeta a
la ley vigente en 1970. Es decir, que la aplicación
retroactiva en 1991 de la enmienda a la Ley de Retiro en
1986, mediante la cual se le suspendieron los beneficios
únicamente porque se dedicaba a una ocupación no
gubernamental, sin llevar a cabo exámenes médicos que
certificaran que ya no estaba incapacitado y sin ofrecerle
una reposición como proveía la Ley en 1970, no debe
prevalecer. Además, enfatiza que, dado que la decisión
anterior de suspenderle los beneficios de la pensión fue un
error de derecho, ello anula la presunción de cosa juzgada.
En particular, alega que la representación legal deficiente
que tuvo durante la primera parte de esta controversia
8 Conclusión de Derecho núm. 19, Resolución de la Junta de Síndicos de la Administración de los Sistemas de Retiro, p. 7; Apéndice petición de certiorari, p. 19. CC-2010-0009 6
choca con la doctrina de cosa juzgada que requiere que la
persona contra quién se emplea la figura haya tenido una
oportunidad adecuada para presentar su caso. Finalmente,
alega que el derecho a recibir su pensión por incapacidad
ocupacional, la que fue indebidamente suspendida en 1991,
está revestido de un alto interés público, por lo cual se
configura una excepción a la aplicación de la doctrina de
cosa juzgada.
Por su parte, la Procuradora General, en
representación de la Administración, sostiene que no se
debe aplicar al caso del peticionario nuestra determinación
en Rodríguez v. Retiro, resuelto en 2003, pues “[e]ste caso
fue discutido por primera vez por el peticionario cuando el
caso cobró vida nuevamente en el 2003, al él reclamar que,
a base de esta decisión, no procedía la suspensión de los
beneficios”.9 Los recurridos plantean que el objetivo de la
doctrina de cosa juzgada de darle finalidad a los pleitos
debe prevalecer. El 28 de mayo de 2010 expedimos el auto de
certiorari.
En Rodríguez v. Retiro nos enfrentamos a la
interrogante de si la Ley Núm. 61 de 1 de julio de 1986,
9 Alegato de la Parte Recurrida, pp. 7-8. Esta postura de la Procuradora General es confusa, pues evidentemente el peticionario tenía que esperar a que se resolviera y publicara Rodríguez v. Retiro para poder citarlo. CC-2010-0009 7
que enmendó el artículo 11 de la Ley de Retiro, tenía
efecto retroactivo, como sostenía la Administración de los
Sistemas de Retiro. Dicha enmienda “autorizaba a la
Administración a suspender automáticamente el pago de la
pensión por incapacidad sin la necesidad de un examen
médico en aquellos casos en los cuales el pensionado
estuviese trabajando y devengando un salario igual o mayor
al importe de la pensión”.10
Los hechos de ese caso son evidentemente similares a
los de la controversia ante nuestra consideración. En esa
ocasión, el demandante, quién se desempeñaba como policía,
sufrió un accidente que le incapacitó. Posteriormente,
solicitó y obtuvo una pensión por incapacidad ocupacional
bajo la Ley de Retiro, la que finalmente fue aprobada
indefinidamente en 1977. Es decir, obtuvo la misma antes de
que se aprobaran las enmiendas de 1986. Según explicamos,
“[l]a ley entonces no prohibía, al menos no surgía del
texto, el que una persona pensionada por incapacidad
pudiera laborar en la empresa privada desempeñando
funciones distintas a las que realizaba al momento de su
incapacidad”.11 Por el contrario, lo único que establecía la
ley era que el pensionado se sometería a exámenes médicos
periódicos para determinar que continuaba la incapacidad.
Por tanto, para que la Administración suspendiera los
beneficios de la pensión, tenía que demostrar que la
10 Rodríguez v. Retiro, supra, p. 470. 11 Id. CC-2010-0009 8
incapacidad ya no existía y no se justificaba la
continuación de los beneficios. No obstante, en 1994 la
agencia descubrió que el demandante se dedicaba a labores
remuneradas mientras recibía los beneficios de la pensión
por incapacidad ocupacional. Por tanto, decidió suspenderle
la pensión e instó una acción en cobro de dinero por los
pagos hechos entre 1986, fecha de vigencia de la enmienda
que prohibía que los pensionados trabajaran por una
remuneración mayor a la pensión, y la fecha de la
efectividad de la suspensión. La Junta de Síndicos de la
agencia confirmó la determinación.
Tras considerar la controversia, resolvimos que la
aplicación retroactiva de las enmiendas de 1986 perjudicaba
derechos adquiridos. Por tanto, dicha aplicación era
improcedente.12 Particularmente en cuanto los derechos
relacionados a una pensión, hicimos referencia a la norma
establecida en Bayrón Toro v. Serra,13 manifestando lo
siguiente:
[U]na vez el empleado se ha retirado, su pensión no está sujeta a cambios o menoscabos que resulten de posteriores enmiendas legislativas a la Ley de Retiro, supra. Aunque nuestras expresiones fueron únicamente en cuanto a las pensiones de retiro y aclaramos que no nos manifestamos sobre algún otro tipo de pensión de naturaleza diferente, como podría[n] ser las de rango o mandato constitucional […] no cabe duda
12 Id, p. 476 citando el artículo 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3. 13 119 D.P.R. 605 (1987). CC-2010-0009 9
que el mismo razonamiento es de aplicación al caso que nos ocupa.14
[…]
En virtud de todo lo antes expuesto, resolvemos que a la luz de la doctrina de derechos adquiridos, una vez el empleado se ha retirado o incapacitado, su pensión no está sujeta a cambios o menoscabos que resulten de posteriores enmiendas legislativas a la Ley de Retiro, supra. Por consiguiente, la enmienda al Art. 11 de la Ley de Retiro de 1986, supra, no podría ser aplicable a Rodríguez Sierra. Al ser inaplicable dicha enmienda, era irrazonable suspender los pagos de la pensión. El deber de la Administración era someter al pensionado a los exámenes médicos requeridos por ley y, de determinarse que había cesado la incapacidad, continuar entonces con el proceso para su reubicación. De otra manera, no podría concluir que hubo cobro indebido de pensión.15
De lo anterior se desprende inequívocamente que la
práctica de la Administración de automáticamente suspender
pensiones y demandar en cobro de dinero a personas cuyas
pensiones fueron otorgadas antes de la vigencia de las
enmiendas a la Ley de Retiro en 1986, por el mero hecho de
estar trabajando por una remuneración, es contraria a
derecho. Lo anterior es cónsono con nuestros
pronunciamientos recientes acerca de los derechos
adquiridos. En Hernández, Romero v. Pol. de P.R.
manifestamos que un derecho adquirido es aquel “que se
encuentra definitivamente incorporado al patrimonio de una
persona y que como regla general han [sic] de ser
14 Rodríguez v. Retiro, supra, p. 477 citando a Bayrón Toro v. Serra, supra, p. 615. 15 Id, p. 477. CC-2010-0009 10
respetados [sic] por las nuevas leyes”.16 Por tanto, “[u]n
derecho adquirido se incorpora dentro del patrimonio del
titular del derecho y está protegido constitucionalmente
frente a cualquier gestión gubernamental que pretenda
intervenirlo”.17 En ese caso resolvimos que el derecho de
escoltas de los exgobernantes era un “derecho adquirido
constitucionalmente protegido”.18 Lo que nos corresponde
ahora determinar es si el hecho de que hubiese advenido
final y firme la determinación de suspender los beneficios
al señor Pérez Droz antes de que se resolviera Rodríguez v.
Retiro impide que se le dé efecto en este caso a esa
decisión, por virtud de la doctrina de cosa juzgada.
La doctrina de cosa juzgada, establecida en el artículo
1204 del Código Civil,19 evita que una controversia sea
litigada nuevamente cuando ya hubo una resolución
definitiva de la misma mediante determinación final y
firme. Hemos resuelto que “[e]n nuestro acervo jurídico la
presunción de cosa juzgada se rige por los postulados del
Derecho Civil”.20 Para que dicha doctrina aplique hace falta
“la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las
16 177 D.P.R. 121, 145-146 (2009). 17 Id, p. 146. 18 Id, p. 145. 19 31 L.P.R.A. § 3343. 20 Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452 (1996). CC-2010-0009 11
personas de los litigantes y la calidad con que lo
fueron”.21 Esta figura cumple con dos importantes objetivos.
En primer lugar, poner fin a las cuestiones litigiosas. En
segundo lugar, no someter a un ciudadano a las molestias de
litigar la misma causa después de que ha habido una
adjudicación en los méritos.22 Sin embargo, los tribunales
se han negado a aplicar en forma inflexible la defensa de
cosa juzgada, especialmente si hay envueltas
consideraciones de orden público.23 Hemos resuelto que “si
la aplicación rigurosa de esta doctrina derrotaría en la
práctica un derecho permeado en alguna forma del interés
público, los tribunales se inclinarán hacia la solución que
garantice cumplida justicia, en lugar de favorecer en forma
rígida una ficción de ley que obedece fundamentalmente a un
principio de conveniencia y orden procesal”.24 En otras
palabras, la regla no es absoluta y debe siempre
considerarse conjuntamente con el saludable principio de
que debe dispensarse justicia en cada caso.25 Por ejemplo,
en Pérez v. Bauzá rehusamos aplicar la doctrina de cosa
juzgada, a pesar de que estaban presentes todos los
elementos requeridos por dicha figura, por tratarse de una
acción de filiación y alimentos. Ahora bien, en casos que
21 31 L.P.R.A. § 3343. 22 Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 221 (1961). 23 Id, p. 226. 24 Id (Énfasis suplido). 25 Id. CC-2010-0009 12
versen sobre “relaciones puramente privadas entre las
partes que no justifican una desviación del efecto normal
de la cosa juzgada”,26 aplicaremos la doctrina.
En Pagán Hernández v. U.P.R. discutimos la aplicación
de la doctrina de cosa juzgada, y sus excepciones, en el
ámbito administrativo.27 Allí explicamos que “[e]l efecto de
la doctrina de cosa juzgada, cuando ésta aplica, es que la
sentencia dictada en un pleito anterior impide que se
litiguen en un pleito posterior entre las mismas partes y
sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya
litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción
anterior”.28 En el caso particular de los procedimientos
administrativos, resolvimos que la doctrina de cosa juzgada
tiene tres vertientes: (1) su aplicación dentro de la misma
agencia, a sus propias decisiones; (2) su aplicación
interagencialmente, es decir, de una agencia a otra; y (3)
su aplicación entre las agencias y los tribunales.29 En
cualquiera de estas circunstancias, hace falta que la
26 Mercado Rivera v. Mercado Rivera, 100 D.P.R, 940, 953 (1972). En dicho caso, aunque aplicamos la doctrina de cosa juzgada por ser una controversia puramente privada, reafirmamos la norma de que la aplicación de dicha figura cederá a los fines de hacer cumplida justicia o cuando hay envueltas consideraciones de orden público. Id. 27 107 D.P.R. 720 (1978). Curiosamente, dicho caso también versó sobre una determinación administrativa final y firme, una decisión judicial posterior que afectó positivamente los derechos del demandante, la presencia de derechos de gran importancia y una defensa de cosa juzgada. En este caso, la defensa no prosperó. 28 Pagán Hernández v. U.P.R., supra, pp. 732-733. 29 Id, p. 733. CC-2010-0009 13
agencia actúe “en una capacidad judicial y [resuelva]
controversias de hechos ante sí, las cuales las partes han
podido litigar en forma oportuna y adecuada”.30 En esos
casos, los tribunales aplicarán la doctrina de cosa juzgada
para imponer descanso en la controversia.31 Ahora bien, “la
aplicabilidad de la doctrina en el campo administrativo es
flexible y depende de la naturaleza de la cuestión que se
plantea en el ámbito judicial”.32 En particular, cuando la
sentencia “cuya recisión se intentó pero que no se pudo
lograr por razones ajenas a la voluntad del apelante” o
derrotaría los “fines de la justicia, […] especialmente si
se plantean consideraciones de interés público” la
flexibilidad será aún mayor.33 Esto aplica con mayor fuerza
cuando se trata de derechos de rango constitucional.34 Claro
está, “[l]a mera invocación de un derecho constitucional
frente a una actuación administrativa no es la llave que
automáticamente nos obligue a descartar la presunción de
cosa juzgada. Precisa investigar las circunstancias de cada
caso en particular”.35 En Pagán Hernández v. U.P.R.
30 Id, p. 734. 31 Id. 32 Id, p. 735 (Énfasis suplido). Véase además Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743, 770 (2003): “A pesar de lo anterior, la aplicabilidad de la doctrina a los procesos administrativos no es automática y absoluta”. 33 Pagán Hernández v. U.P.R., supra, pp. 735-736 y n. 6 (Énfasis suplido). 34 Id, p. 737. 35 Id, p. 738. CC-2010-0009 14
rehusamos aplicar la doctrina de cosa juzgada por tratarse
del derecho constitucional a la educación. Igual hicimos en
Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E. por tratarse de la
protección de nuestros recursos naturales y el ambiente.
Finalmente, hemos insistido en que para que se aplique la
doctrina de cosa juzgada a un procedimiento administrativo,
hace falta evaluar “si las partes han podido litigar
oportunamente y adecuadamente la controversia presentada en
el foro administrativo”.36
IV.
No cabe duda que la decisión de la Administración de
los Sistemas de Retiro de suspender automáticamente la
pensión del peticionario al concluir que éste llevaba a
cabo trabajo remunerado fue un error de derecho. A dicha
conclusión llegamos en Rodríguez v. Retiro donde atendimos
una situación de hechos casi idéntica a la de autos. Ese
hecho no está en disputa. Por el contario, el argumento
principal de la agencia, acogido por una mayoría del
Tribunal, es que la doctrina de cosa juzgada le impide
cambiar su decisión en cuanto a la suspensión de la pensión
del señor Pérez Droz. Como hemos visto, la doctrina de cosa
juzgada, si bien es de naturaleza sustantiva, tiene un
objetivo procesal y no es absoluta. Por el contrario, cede
cuando hay envueltos derechos constitucionales importantes
36 Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., supra, p. 770, citando a Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., supra, p. 454. CC-2010-0009 15
y consideraciones de política pública. Además, en el ámbito
administrativo, dicha figura opera con mayor flexibilidad.
En el caso de autos, se trata de una pensión por
incapacidad ocupacional a la que el señor Pérez Droz, quien
es una persona de edad avanzada, tiene derecho.
Evidentemente estamos ante un derecho adquirido que goza de
protección constitucional y la controversia no versa
exclusivamente sobre derecho privado. Privarle al señor
Pérez Droz de la pensión que nunca se le debió haber
cancelado automáticamente en primera instancia porque la
agencia actuó antes de nuestra decisión en Rodríguez v.
Retiro derrota el interés público en que nuestros
pensionados gocen de los beneficios a los que tienen
derecho. Aplicar la doctrina de cosa juzgada ante estos
hechos constituye un ejercicio formalista rígido que
resulta un fracaso de la justicia. Nuestra normativa no
permite dicho desenlace.37 En cuanto al remedio a otorgarse
en este caso, entiendo que lo más prudente y equitativo era
conceder al peticionario los beneficios solicitados desde
el momento en que éste solicitó la restitución de su
pensión.
La Sentencia que hoy emite el Tribunal describe
correctamente la figura de la cosa juzgada y reconoce que
opera una excepción a su aplicación cuando están envueltos
asuntos de alto interés público. Sin embargo, una vez
37 Además, hay suficiente información en el expediente como para cuestionar si el peticionario tuvo una oportunidad adecuada para defenderse en el procedimiento administrativo que le despojó de su pensión. CC-2010-0009 16
concluye que hay identidad entre las cosas, las causas, las
personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron,
la Sentencia ignora completamente la discusión de si
estamos frente a un asunto de alto interés público; en este
caso, la pensión de un exmiembro de la Policía que sufrió
un accidente ocupacional. Por el contrario, la Sentencia se
limita a afirmar, sin discutir ni profundizar, que “en el
caso de autos no se configura ninguna de las excepciones a
la doctrina de cosa juzgada”.38 Es decir, para el Tribunal,
el derecho del señor Pérez Droz a que se le devuelva una
pensión que nunca se le debió haber quitado no es un asunto
de interés público. De esa forma, hoy triunfa la
inflexibilidad y fracasa la justicia.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada
38 Sentencia, p. 11.