Miriam Rodriguez Ramos v. Angel Luis Perez Santiago

2004 TSPR 57

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 14, 2004
• Docket: CC-2002-0291
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miriam Rodríguez Ramos

Recurrida Certiorari

v. 2004 TSPR 57

Ángel Luis Pérez Santiago 161 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2002-291

Fecha: 14 de abril de 2004

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional VII Juez Ponente:

Hon. José L. Miranda de Hostos

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Juan Guijarro Turull

Abogado de la Parte Recurida:

Lcdo. Manuel E. Izquierdo Encarnación

Materia: Divorcio

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrida

vs. CC-2002-291 CERTIORARI

Ángel Luis Pérez Santiago

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2004

El presente recurso nos brinda la oportunidad

de evaluar el derecho a hogar seguro una vez se

decreta un divorcio, cuando la propiedad que se

reclama como tal pertenece a una comunidad de

bienes -habida antes de efectuado el matrimonio-

compuesta por ambos ex cónyuges. Veamos, en

detalle, los hechos que dan lugar al recurso ante

nuestra consideración.

I

El 2 de agosto de 1988 el peticionario, señor

Ángel Luis Pérez Santiago, y la recurrida, señora

Myriam Rodríguez Ramos, siendo solteros ambos, CC-2002-291 3

adquirieron, mediante escritura de compraventa, un

inmueble localizado en la Urb. Ciudad Universitaria en

Trujillo Alto.1 El 6 de agosto de 1988, es decir cuatro (4)

días después de adquirir la propiedad antes mencionada,

las partes contrajeron matrimonio bajo el régimen de la

sociedad legal de gananciales. Durante el matrimonio los

cónyuges procrearon una hija, quien nació el 14 de febrero

de 1989.

Así las cosas, Myriam Rodríguez Ramos presentó

demanda de divorcio el 9 de septiembre de 1999 contra

Pérez Santiago por la causal de trato cruel. En la demanda

adujo que el inmueble propiedad de ambos cónyuges debía

ser decretado como hogar seguro de la menor, quien al

momento de la radicación de la demanda contaba con diez

(10) años de edad. Además, reclamó una cantidad de

ochocientos cincuenta dólares ($850.00) mensuales en

concepto de pensión alimentaria para la menor.

El peticionario Pérez Santiago, por su parte,

contestó la demanda arguyendo que la recurrida no podía

1 De la Escritura de Compraventa Número 628, otorgada ante el notario Roberto A. Combas Martínez, surge que tanto el peticionario como la recurrida tienen una participación de cincuenta por ciento (50%) en el inmueble en cuestión. Surge, además, que la propiedad fue adquirida por el precio de sesenta y cinco mil dólares ($65,000.00). Dicha suma fue saldada al instante por los compradores al entregar una cuantía de cincuenta y dos mil ciento ochenta y nueve dólares con once centavos ($52,189.11) y reteniendo doce mil ochocientos diez dólares con ochenta y nueve centavos ($12,810.89) para saldar la hipoteca que constaba al momento de la transacción como gravamen sobre la propiedad. CC-2002-291 4

reclamar el derecho a hogar seguro, ello debido a que el

inmueble en cuestión no pertenecía a la sociedad legal de

gananciales. Adujo que, aunque en el referido inmueble se

constituyó el hogar matrimonial, éste era propiedad

privativa de él.2 Alegó que lo procedente era la imposición

de una pensión de acuerdo a las disposiciones de la Ley

Especial de Sustento de Menores, 8 L.P.R.A. sec. 501, et

seq. Finalmente reconvino contra la recurrida Rodríguez

Ramos por la causal de trato cruel.

Como parte de los procedimientos, se celebró una

vista el 17 de agosto de 2000 ante el examinador de

pensiones alimentarias donde las partes estipularon que el

padre alimentante pasaría una pensión mensual de

seiscientos treinta dólares ($630.00). Esta estipulación

fue acogida por el tribunal de instancia mediante

resolución emitida el 23 de agosto de 2000 y notificada el

29 de agosto de 2000.

Pérez Santiago presentó una solicitud de sentencia

sumaria parcial alegando que no procedía la reclamación

del derecho a hogar seguro por parte de la recurrida.

2 Cabe señalar que en la Contestación a Demanda y Reconvención interpuesta por el peticionario, a través de su abogado, se indica que el inmueble en cuestión era privativo de éste. No obstante, en su solicitud de sentencia sumaria indica que el inmueble era propiedad de ambos cónyuges, comprado en una comunidad de bienes. Apercibimos a los abogados de su deber de establecer la verdad en los escritos que presentan ante los tribunales del País de acuerdo a los Cánones de Ética que rigen la abogacía, más aún cuando la información surge claramente de los documentos que tienen ante su consideración. CC-2002-291 5

Fundamentó su solicitud en que el inmueble en cuestión fue

adquirido por ambas partes antes de celebrado el

matrimonio y, en consecuencia, no pertenecía a la sociedad

legal de gananciales. Adujo que, ausente una propiedad de

carácter ganancial, no cabía hablar del derecho a hogar

seguro de acuerdo a las disposiciones del Artículo 109-A

del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 385a.

Argumentó, además, que la adjudicación de la propiedad

como hogar seguro a uno de los comuneros violentaba las

normas referentes a la comunidad de bienes, según

establecidas en el Código Civil.

La señora Rodríguez Ramos, por su parte, presentó

oposición a la solicitud de sentencia sumaria arguyendo

que el derecho a hogar seguro no tiene relación alguna con

la titularidad de la propiedad. Adujo, además, que

resultaba irrelevante si la propiedad era ganancial o no,

toda vez que la misma era propiedad de ambos cónyuges.

Luego de analizada ambas posiciones, el tribunal de

instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria. A esos

efectos, concluyó que no podía descartar el derecho a

hogar seguro cuando el inmueble era propiedad de ambos

cónyuges. El referido foro entendió que debía celebrar

primero la vista de divorcio a los fines de recibir prueba

sobre la intención de las partes al establecer su hogar

conyugal en el inmueble reclamado como hogar seguro.

Razonó que de esta forma estaría en mejor posición para

fines de adjudicar la controversia ante sí. CC-2002-291 6

Inconforme con dicho proceder, el peticionario acudió

–-vía certiorari-- ante el foro apelativo intermedio,

recurso que fue denegado mediante resolución del 1 de

febrero de 2001 y notificada el 9 de febrero de 2001.

La vista de divorcio se celebró el 8 de junio de 2001

y en esa misma fecha el foro primario emitió sentencia de

divorcio por la causal de separación.3 La pensión

alimentaria quedó establecida por la cantidad pactada por

las partes anteriormente, esto es, seiscientos treinta

dólares ($630.00) mensuales.

En lo que respecta al reclamo de hogar seguro de la

recurrida, el tribunal de instancia celebró una vista el

24 de septiembre de 2001 con el fin de dirimir la

controversia planteada. El 22 de octubre de 2001 el

referido foro emitió una resolución, notificada el 15 de

noviembre de 2001, en la cual reconoció la existencia de

un derecho a reclamar la propiedad en cuestión como hogar

seguro en beneficio de Rodríguez Ramos mientras ésta

tuviera bajo su custodia a la menor, o dicha menor

continúe sus estudios hasta los veinticinco (25) años.

Insatisfecho, Pérez Santiago presentó recurso de

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El referido

foro apelativo intermedio denegó el recurso. Inconforme,

el peticionario acudió ante este Tribunal -–vía

certiorari-- imputándole al foro apelativo haber errado:

3 Dicha sentencia fue notificada el 22 de junio de 2001. CC-2002-291 7

... en su interpretación de la norma jurídica aplicable al caso, al determinar que el concepto de equidad que incorporó el legislador en el Artículo 109-A del Código Civil, autoriza al juzgador a ignorar el texto claro de la ley y reconocer el derecho a reclamar hogar seguro en circunstancias donde no existe tal derecho.

... al ignorar totalmente las disposiciones del Código Civil que regulan la comunidad de bienes en su resolución de la controversia planteada en este caso, a pesar de que reconoce que la vivienda sobre la cual se reclamó el derecho a hogar seguro pertenece a la comunidad de bienes constituida por las partes previo a contraer matrimonio.

... en su interpretación y aplicación del concepto de equidad establecido por el Tribunal Supremo en el caso de Cruz Cruz v. Tirado, supra e incorporado por el legislador en el Artículo 109-A del Código Civil al establecer el derecho a hogar seguro de la demandante recurrida de forma automática, sin que se justificara la necesidad real de que se le otorgara el mismo.

... al determinar que las alegaciones de la parte recurrente con relación a la pensión alimentaria fueron tardías.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia

de las partes, y estando en condición de resolver el

mismo, procedemos a así hacerlo.

II

-A-

En Puerto Rico el derecho a hogar seguro se

estableció por vez primera mediante la Ley de 12 de marzo

de 1903, titulada “Ley para definir el homestead (hogar

seguro) y para exentarlo de una venta forzosa”. Esta Ley

fue derogada en su totalidad y reemplazada por la Ley Núm. CC-2002-291 8

87 de 13 de mayo de 1936, la cual, a su vez, fue enmendada

mediante la Ley Núm. 116 de 2 de mayo de 2003, 31 L.P.R.A.

1851, et seq., mejor conocida como “Ley para Establecer el

Derecho a Hogar Seguro” (en adelante Ley de Hogar Seguro).

A esos efectos, la Sección 1 de la Ley 87 disponía, antes

de ser enmendada por la Ley 116, en lo aquí pertinente, lo

siguiente:

Toda persona que sea jefe de familia tendrá derecho de poseer y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una finca cuyo valor no exceda de mil quinientos (1,500) dólares, consistente en un predio de terreno y los edificios enclavados en el mismo, de cualquier estancia, plantación o predio de terreno, que le pertenezca o posea legalmente, y estuviere ocupada por ella o por su familia como residencia ....

Cabe señalar que la Ley 116 enmendó las Secciones 1 y

5 de la Ley de Hogar Seguro, ante. La Sección 1 ahora

dispone, en lo pertinente, que:

Toda persona que sea jefe de familia tendrá derecho a poseer y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una finca cuyo valor no exceda de quince mil (15,000) dólares consistente en un predio de terreno y los edificios enclavados en el mismo, de cualquier estancia, plantación o predio de terreno, que le pertenezca o posea legalmente, y estuviere ocupada por ella o por su familia como residencia. Este derecho a hogar seguro es irrenunciable, y cualquier pacto en contrario se declarará nulo ....

Por otra parte, la Sección 2 de la Ley de Hogar

Seguro, ante,4 dispone para la exención del hogar seguro al

establecer que “[d]icho hogar seguro y todo derecho o

4 31 L.P.R.A. sec. 1852. CC-2002-291 9

título sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia,

exacción o ejecución....” La Sección 3 de la Ley,5 dispone

para la exención establecida en la Sección 2 cuando ocurre

la muerte del jefe de familia o el abandono por uno de los

cónyuges. Además, dicha Sección 3 establece que, en casos

de divorcio, el tribunal dispondrá del derecho a hogar

seguro de acuerdo a la equidad. A esos efectos, la

referida Sección indica, en lo aquí pertinente, que:

La exención establecida en la sección anterior continuará subsistente después de la muerte del jefe de familia a beneficio del cónyuge .... En casos en que el marido o la mujer abandonase su familia la exención continuará a favor del cónyuge que ocupe la finca como residencia; en caso de divorcio el tribunal que lo conceda deberá disponer del hogar seguro según la equidad del caso. (énfasis suplido).

La Exposición de Motivos de la Ley de Hogar Seguro,6

ante, dispone que la misma se creó a los fines de

“establecer el derecho a hogar seguro (homestead),

exentarlo de una venta forzosa, y fijar el procedimiento

para inscribirlo en el registro de la propiedad....”

(énfasis suplido).

De las disposiciones antes citadas surgen dos

aspectos medulares de esta pieza legislativa. En primer

lugar, esta Ley crea un derecho a poseer y disfrutar, en

concepto de hogar seguro, una “finca”, en los términos

5 31 L.P.R.A. sec. 1853. 6 P. de la C. 253, Ley Núm. 87 aprobada el 13 de mayo de 1936. CC-2002-291 10

dispuestos en su Sección 1, siempre y cuando la misma le

pertenezca a una persona jefe de familia, o la posea

legalmente, y que esté ocupada por dicha persona, o su

familia, como residencia. En segundo lugar, la legislación

crea una exención que opera en contra de terceros

acreedores y a favor del jefe de familia, para así

proteger la vivienda familiar de embargos, sentencias,

entre otros, hasta un máximo de $15,000.

Como vemos, la Ley de Hogar Seguro no dispone

expresamente para la adjudicación de la vivienda familiar

cuando ocurre un divorcio donde existen hijos menores

habidos en el matrimonio y uno de los cónyuges adviene

custodio de éstos. Es más, previo al año 1997,7 nuestro

ordenamiento jurídico no contaba con ninguna disposición

legal que proveyera para ello en forma precisa. Antes del

año 1997, la única referencia que nuestra legislación

hacía en cuanto al derecho a hogar seguro cuando ocurre un

divorcio lo era la remisión a equidad contenida en la

mencionada Sección 3 de la Ley de Hogar Seguro, ante.

Debido a esta encrucijada de a quien atribuir la vivienda

familiar cuando ocurre un divorcio y existen menores de

7 Como discutiremos más adelante, la Ley Núm. 184 de 26 de diciembre de 1997 añadió el Artículo 109-A a nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 385a. En el mismo se reconoce expresamente el derecho a reclamar el hogar seguro que cobija al cónyuge custodio de hijos menores, incapacitados o dependientes por razón de estudio. Este Artículo se aprobó para dar carácter de Ley a lo dispuesto por este Tribunal en Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 D.P.R. 655 (1978). CC-2002-291 11

edad, este Tribunal desarrolló la norma hoy vigente como

parte del amplio tema sobre hogar seguro. En otras

palabras, desde tiempos inmemoriales, este Foro utilizó

las disposiciones de la Sección 3 de la referida Ley de

Hogar Seguro, y su equivalente en la Ley anterior, para

disponer de la vivienda familiar cuando ocurre un divorcio

y existen menores de edad, fundamentando sus decisiones

sobre este tema en los supuestos de equidad.8

De acuerdo a lo anterior, desde Carrillo v. Santiago,

51 D.P.R. 545 (1937), reconocimos el derecho que cobija a

los jefes de familia a los que se le atribuye la custodia

de los menores a reclamar la propiedad ganancial como

hogar seguro hasta que los hijos menores alcancen la

mayoridad. En dicho caso el esposo advino custodio de los

cuatro (4) hijos menores habidos dentro del matrimonio a

quienes educaba y mantenía. Este Tribunal entendió que,

mientras su situación conservara estas características, el

esposo tenía derecho a reclamar como hogar seguro la

propiedad ganancial y la esposa estaba impedida de

solicitar, por ese periodo, la mitad pro indivisa de la

propiedad en cuestión. Todo ello conforme a los supuestos

de equidad.

8 Como veremos más adelante, estas mismas razones en equidad llevaron a este Tribunal a concluir que el límite en la exención del derecho a hogar seguro dispuesto en la Sección 1 de la Ley de Hogar de Seguro no aplica a casos de divorcio donde se le adjudica la propiedad al cónyuge custodio de los hijos menores de edad. Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, ante. CC-2002-291 12

Asimismo, en Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 D.P.R.

655 (1978), reiteramos la norma de que existente una

propiedad perteneciente a la sociedad de gananciales, la

parte quien adviene custodio de los hijos menores de edad

tiene derecho a reclamar la misma como hogar seguro, en

tanto en cuanto así la equidad lo apoye. En el referido

caso la demandada-peticionaria reclamó este derecho ante

el tribunal de instancia, el cual atendía la demanda de

divorcio entre ésta y su esposo. El foro primario optó por

desestimar el reclamo y ordenar la venta en pública

subasta del inmueble en cuestión. Este Tribunal, siguiendo

la norma establecida en los casos anteriores sobre hogar

seguro, utilizó la única legislación disponible en aquel

momento, a saber: las Secciones 1 y 3 de la Ley de Hogar

Seguro. De esta forma establecimos que, de acuerdo a la

equidad, la preservación del hogar seguro familiar para el

beneficio del grupo formado por madre e hijos tiene

primacía sobre el derecho de propiedad del cónyuge en los

activos de la disuelta sociedad de gananciales y, por

ello, se le atribuyó el uso de dicha propiedad al jefe de

familia.

Como vemos, el reconocimiento de este derecho en

casos de divorcio dependió siempre de la equidad del caso,

según disposición expresa de la Ley de Hogar Seguro, ante.

En tal virtud, la equidad fue siempre el norte para

resolver este tipo de controversia. De acuerdo a este

supuesto hemos reconocido que “la equidad implica más que CC-2002-291 13

una justicia estrictamente legal, una justicia de tipo

natural y moral.” Castán Tobeñas, Derecho Civil Español,

Común y Floral, 10ma ed., Madrid, Editorial Reus S.A.,

1962, Tomo 1, Vol. 1, p. 373. Hemos resuelto que la

equidad remite al juzgador a un proceso adjudicativo en

busca de la recta razón y de la médula racional y moral

del Derecho. Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, ante. De igual

forma, hemos reconocido que "[e]l más poderoso instrumento

para hacer justicia reservado a los jueces es la

discreción. La equidad nació precisamente de la necesidad

de atemperar el rigor de la norma mediante recurso a la

conciencia del juzgador." Banco Metropolitano v. Berríos,

110 D.P.R. 721 (1981).9

En aras de reconocer expresamente el derecho a

reclamar como hogar seguro la propiedad ganancial cuando

ocurre un divorcio y existen menores de edad, --y

recogiendo la norma jurisprudencial establecida-- la

Asamblea Legislativa añadió el Artículo 109-A del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 385a.10 El referido Artículo

dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente:

9 No obstante lo anterior, en Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, ante, reconocimos que “no debe entenderse esta decisión como imponiendo el reconocimiento automático del hogar seguro en todo caso sobre liquidación de gananciales en que se reclamare tal exención. La solución en equidad se abraza a la justicia de cada caso, sin generalizar”. 10 Cabe señalar que dicho Artículo extendió la decisión de Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, ante, al ampliar el derecho a reclamar como hogar seguro la propiedad ganancial no sólo mientras los hijos del matrimonio sean menores de (Continúa . . .) CC-2002-291 14

El cónyuge a quien por razón de divorcio se le concede la custodia de los hijos del matrimonio, que sean menores de edad, que estén incapacitados mental o físicamente sean estos mayores o menores de edad o que sean dependientes por razón de estudios, hasta [los] veinticinco años de edad, tendrá derecho a reclamar como hogar seguro la vivienda que constituyó el hogar del matrimonio y que pertenece a la sociedad de gananciales....

La propiedad ganancial que constituye el hogar seguro no estará sujeta a división mientras dure cualesquiera de las condiciones en virtud de las cuales se concedió. Disponiéndose que el derecho a hogar seguro podrá reclamarse desde que se necesitare, pudiendo ser reclamado en la demanda de divorcio, durante el proceso, o luego de decretarse el mismo. Una vez reclamado, el juzgador determinará lo que en justicia procede de acuerdo con las circunstancias particulares de cada situación. 31 L.P.R.A. sec. 385a. (énfasis suplido).

Como podemos notar, la referida disposición

estatutaria estableció claramente que cuando se reclama el

derecho cobijado en éste el juzgador deberá determinar “lo

que en justicia proceda”. Es decir, el legislador

entendió, al igual que la jurisprudencia desarrollada

hasta el momento, que el derecho a reclamar la propiedad

ganancial como hogar seguro no debía otorgarse en forma

automática.

El peticionario argumenta que, de acuerdo al texto

del Artículo 109-A, la única situación de hechos en que se

reconoce el derecho a hogar seguro en casos de divorcio es

cuando la propiedad que se reclama como tal pertenece a la

sociedad legal de gananciales. Entiende el peticionario

___________________________ edad, sino, además, mientras hayan hijos incapacitados y mientras los hijos sean dependientes por razón de estudio. CC-2002-291 15

que aplicar los supuestos de equidad a los hechos del caso

ante nos es erróneo, ya que la Ley no deja dudas sobre su

carácter restrictivo. No le asiste la razón. Veamos por

qué.

Como mencionáramos anteriormente, desde la inclusión

del Artículo 109-A en nuestro Código Civil, esta

jurisdicción reconoció expresamente que el cónyuge

custodio de los hijos menores, incapacitados, o

dependientes por razón de estudio, puede reclamar como

hogar seguro la propiedad ganancial que se utilizó como

vivienda familiar. De esta forma se dio carácter de Ley a

lo que ya había sido reconocido por este Tribunal a través

de la jurisprudencia interpretativa de la Sección 3 de la

Ley de Hogar Seguro.

Aunque el texto del Artículo 109-A reconoce un

derecho a reclamar como hogar seguro la vivienda conyugal

perteneciente a la sociedad de gananciales, ello no

significa que este Tribunal, por equidad o por razones de

política pública, esté impedido de reconocer dicho derecho

en otras situaciones de hecho. Precisa recordar que el

derecho a hogar seguro en esencia emana de la Ley de Hogar

Seguro, ante. Por esta razón, desde antes de la inclusión

del referido Artículo 109-A, este Tribunal utilizó las

disposiciones de esta Ley para resolver las controversias

sobre la atribución de la vivienda familiar en casos de

divorcio. De igual forma, no podemos perder de perspectiva

que la jurisprudencia, que le sirvió de base al legislador CC-2002-291 16

al aprobar el Artículo 109-A, se desarrolló utilizando las

Secciones 1 y 3 de la Ley de Hogar Seguro.

De lo anterior, a nuestro juicio, se puede colegir

que el efecto principal que tuvo el Artículo 109-A fue

disponer que la propiedad ganancial puede ser reclamada

como hogar seguro por el cónyuge custodio de los hijos. Es

decir, tanto este Artículo como la Ley de Hogar Seguro

deben ser utilizadas e interpretadas conjuntamente. Sobre

este particular debemos destacar el Artículo 18 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18, en tanto en cuanto dispone que

“[l]as leyes que se refieren a la misma materia o cuyo

objeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo

las unas a las otras, por cuanto lo que es claro en uno de

sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo que

resulte dudoso en otro.” Este Artículo establece el

principio de in pari materia, por el cual tanto el

historial legislativo y social de la ley, como los

estatutos sobre las mismas materias, deben ser

interpretados a los fines de lograr el propósito

legislativo. Véase: Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R.

733 (1989); Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 D.P.R.

589 (1989). Las leyes deben interpretarse y aplicarse a

tono con el propósito social que las inspira. Morales v.

Adm. Sistemas de Retiro, ante, a la pág. 595. Además, es

principio reiterado de nuestro ordenamiento que las leyes

se interpretan dentro del contexto general en que hayan

sido redactados, en forma integral y no tomando sus CC-2002-291 17

disposiciones aisladamente y fuera del contexto en que las

mismas se redactaron. Opinión del Secretario de Justicia

de Núm. 27 de 1988.

Por otro lado, el Artículo 109-A no contiene una

cláusula derogatoria expresa sobre las disposiciones

contenidas en la Ley de Hogar Seguro. De igual forma,

ambas legislaciones no son en ningún sentido contrarias o

irreconciliables, por lo que no cabe hablar de derogación

tácita. Véase: Artículo 6 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 6.

Además, debe mantenerse presente que la situación a

la que hoy nos enfrentamos --en la cual ocurre un

divorcio; uno de los cónyuges adviene custodio de los

hijos menores, y la vivienda conyugal pertenece a una

comunidad de bienes compuesta por ambos ex-cónyuges--

nunca antes había sido planteada ante este foro judicial.

Es decir, el legislador al codificar lo resuelto por este

Tribunal en Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, ante, no tuvo la

oportunidad de reglamentar la situación ante nos.

Recordemos que el legislador no puede prever ni dar

solución a todas las situaciones que la vida contempla.

McCrilis v. Autoridad de la Navieras de Puerto Rico, 123

D.P.R. 113 (1989).

Somos del criterio, en síntesis, que las

disposiciones estatutarias sobre hogar seguro, y la

jurisprudencia interpretativa del mismo, deben verse como

un todo. En otras palabras no podemos enfocar nuestra CC-2002-291 18

atención únicamente en el Artículo 109-A sin tomar en

consideración la Ley de Hogar Seguro y la jurisprudencia

que se ha desarrollado sobre este tema. No hay duda que

las razones en equidad y de política pública que este

Tribunal ha desarrollado sobre el tema del hogar seguro

continúan vigentes y pueden, por lo tanto, aplicarse al

caso de autos.

El peticionario sostiene que el antes mencionado

Artículo 109-A no aplica a los hechos de este caso, por

razón de no tratarse de una sociedad de gananciales.

Asumiendo, sin resolverlo, que su premisa fuera correcta,

ello no varía la situación ante nos, por cuanto siempre

tendríamos que acudir a lo dispuesto en el Artículo 7 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 7.

En otras palabras, si asumiéramos, como pretende el

peticionario, que el Artículo 109-A no aplica ya que

estamos ante una propiedad perteneciente a una comunidad

de bienes --habida antes del matrimonio-- y no ante una

propiedad perteneciente a una sociedad de gananciales,

entonces, de acuerdo al Artículo 7, ante, necesariamente

tendríamos que recurrir a la equidad.11

Debemos mantener presente, por último y a manera de

resumen, que dentro del desarrollo jurisprudencial del

tema de hogar seguro, y de acuerdo a los supuestos de

11 Como es sabido, el Artículo 7 del Código Civil dispone, en lo aquí pertinente, que “[c]uando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad....” CC-2002-291 19

equidad, una de las razones medulares para el

reconocimiento del mismo en una propiedad ganancial

--cuando ocurre un divorcio y existen menores de edad-- lo

ha sido el que el derecho a hogar seguro no afecta la

titularidad, ni es un título adicional de propiedad.

Reiteradamente hemos establecido que el reconocimiento del

hogar seguro en estos caso no crea un nuevo título de

dominio en el terreno, ni tampoco fortalece ni ensancha el

ya existente. Ello debido a que es el uso de la propiedad,

y no el título, el que cambia. Vega Acosta v. Tribunal

Superior, 89 D.P.R. 408, 412 (1963); González v. Corte

Municipal, 54 D.P.R. 18, 20 (1938); Carrillo v. Santiago,

ante. Cónsono con lo anterior, hemos reconocido que el

límite de la exención de hogar seguro establecida en la

Sección 1 de la Ley de Hogar Seguro, ante, no opera en

casos de reconocimiento de este derecho a favor del jefe

de familia cuando ocurre un divorcio y existen hijos

menores. En tal virtud, en Cruz Cruz v.Irizarry Tirado,

ante, a la pág. 661, establecimos que:

El límite de $1,500 señalado por la Sec. 1851 del Título 31, Leyes de Puerto Rico, a la exención de hogar seguro opera exclusivamente contra acreedores del jefe de familia, mas no restringe ni representa el valor del hogar seguro que en caso de divorcio se conceda a uno de los cónyuges, porque en esta última eventualidad no hay transmisión de dominio sobre el inmueble ni alteración del título de propiedad, sino una autorización por el tribunal para uso del inmueble en satisfacción de una legítima necesidad de la familia. (citas omitidas y énfasis suplido). CC-2002-291 20

Otra de las razones en equidad por la que hemos

reconocido el derecho a hogar seguro en la propiedad

ganancial lo ha sido el supuesto de que la preservación de

éste para beneficio del grupo formado por madre e hijos

tiene primacía sobre el derecho de propiedad del cónyuge

en los activos de la disuelta sociedad conyugal. Ello

claramente se desprende de lo expresado en Cruz Cruz v.

Irizarry Tirado, ante, a la pág. 660-661 (1978) donde

concluimos:

La preservación del hogar seguro familiar para beneficio del grupo formado por madre e hijos tiene primacía sobre el derecho de propiedad del cónyuge en los activos de la disuelta sociedad conyugal. Su reclamación de gananciales en la vivienda que aloja a esta familia quedará paralizada por el tiempo que subsistan las circunstancias que le dan calidad de hogar seguro y mientras la recta razón de equidad ampare el derecho de sus ocupantes. Hemos reconocido que el derecho de dominio no es atribución absoluta de su titular y que está supeditado a intereses sociales de orden superior, significativamente la protección de la vivienda. (énfasis suplido).

Ahora bien, es cierto que en la mayoría de los casos

de divorcios en los que hemos reconocido el derecho a

hogar seguro estaba envuelta una propiedad ganancial. Sin

embargo, ello no significa que en otras circunstancias no

hayamos reconocido dicho derecho. A esos efectos, en

Irizarry Quiles v. García Sanabria, 58 D.P.R. 280 (1941),

establecimos que procedía el reclamo de hogar seguro por

parte de la madre custodio de los hijos, aun cuando la

propiedad se encontraba inscrita a nombre de los hijos.

Expresamos en dicho caso que: CC-2002-291 21

El demandante, con la demandada y sus hijos, tenían constituido su hogar sobre la propiedad que ‘poseía legalmente’ aun cuando el título estuviera inscrito a nombre de dos de sus hijos, y dicha propiedad estaba ocupada por él y su familia como su residencia, hasta que él la abandonó, continuando entonces la demandada residiendo allí hasta el presente. Irizarry Quiles v. García Sanabria, ante, a la pág. 284.

Por otro lado, es correcto que, en Quiñones v. Reyes,

72 D.P.R. 304, 308 (1951), este Tribunal resolvió que si

la propiedad que sirvió como vivienda matrimonial era

privativa en su totalidad, entonces no cabía hablar de

hogar seguro. Es de notar, sin embargo, que este Tribunal

basó su dictamen, en el citado caso, en que la sociedad de

gananciales utilizó la propiedad privativa en carácter de

arrendataria y ya este mismo Tribunal había resuelto que

no cabe reconocer el derecho a hogar seguro en los

arrendamientos. Dicho caso se distingue de la situación

ante nos ya que aquí tenemos un inmueble propiedad de

ambos cónyuges, y no un inmueble privativo. Aunque se

puede argumentar que cada participación de los cónyuges en

la comunidad de bienes habida antes del matrimonio es

privativa en esencia, la propiedad como tal es de ambos.

El que ambos cónyuges ocupen la propiedad en carácter de

dueños es el aspecto relevante y medular para conceder el

derecho a hogar seguro en este tipo de caso. A esos

efectos, en el caso de Quiñones v. Reyes, ante, a la pág.

307, resolvimos que “cuando [los cónyuges] tienen

establecida su residencia en una propiedad perteneciente a CC-2002-291 22

la sociedad conyugal, como la viven en concepto de dueños

al decretarse la ruptura del matrimonio, la ley permite

que uno de ellos continué disfrutando el derecho de hogar

seguro sobre la propiedad.” (énfasis suplido).

Más importante aún, la política pública y los

intereses sociales del más alto rango han sido corolarios

de las razones en equidad que han llevado a este Foro a

reconocer el derecho a hogar seguro. En reiteradas

ocasiones este Tribunal ha establecido, como política

pública del Estado, la promoción del bienestar y el mejor

interés de los menores. Pérez, Roma v. Poc. Esp. Rel. De

Fam., 148 D.P.R. 201 (1999); Medina v. Tribunal Superior,

104 D.P.R. 346 (1975). Hemos reconocido que este

bienestar, cuando los menores han pasado por el trauma de

ver desmembrada a su familia inmediata, requiere que se

les brinde, dentro de lo posible, un ambiente familiar

constante, continuo y estable. Véase: Santana Medrano v.

Acevedo Osorio, 116 D.P.R. 298, 300-301 (1985). Además,

ligado al bienestar de los menores se encuentra su derecho

a gozar de un hogar donde vivir. Igualmente, la protección

de la familia también ejerce un papel importante en la

política pública que este Tribunal ha desarrollado como

parte de las responsabilidades del Estado. Cruz Cruz v.

Irizarry Tirado, ante.

En virtud de estos mismos principios es que hemos

reconocido el derecho a hogar seguro en casos de divorcio

antes de que la Asamblea Legislativa incluyera el Artículo CC-2002-291 23

109-A en nuestro Código Civil. A esos efectos, en Carrillo

v. Santiago, ante, indicamos que:

En Puerto Rico ... de acuerdo con la ley aprobada en 12 de marzo de 1903, ‘en caso de divorcio el tribunal que lo conceda podrá disponer del hogar seguro según la equidad del caso.’ Es lo que ha hecho la corte de distrito: ajustarse a los principios de equidad para asegurar a la esposa la mitad pro indivisa de la casa poseída como hogar seguro y proteger a los hijos del demandante hasta que lleguen a la mayoría de edad. (énfasis suplido).

Asimismo, en Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, ante, a

las págs. 660-661, reiteramos que “en Puerto Rico, como en

toda sociedad civilizada, hay un eminente interés social

en proteger y fomentar la adquisición por cada familia de

una vivienda segura, cómoda y adecuada, reflejado en una

política pública de claros perfiles en la profusa

legislación aprobada a lo largo de los años.” (citas

omitidas y énfasis suplido).

En fin, cualquiera que sea la forma en que analicemos

el asunto ante nuestra consideración, la equidad continúa

siendo el eje y enfoque de la discusión.

-B-

Dentro del marco doctrinal anteriormente esbozado,

pasamos a analizar la situación de hechos ante nos. Ello

con el fin de determinar si las razones en equidad y de

política pública utilizadas para resolver este tipo de

controversia, y esgrimidas por el legislador para crear el

Artículo 109-A, ante, se encuentran presentes en el caso CC-2002-291 24

de autos y, por lo tanto, ameritan que reconozcamos el

derecho a reclamar la propiedad en cuestión como hogar

seguro.

En primer lugar, y para efectos de la disposición del

hogar seguro, somos del criterio que una propiedad

adquirida bajo una comunidad de bienes, como la presente

en este caso, es sustancialmente similar a una propiedad

adquirida bajo el régimen de la sociedad de gananciales.

En cuanto a la sociedad de gananciales se refiere, el

Artículo 1322 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3697,

indica que “[e]l remanente líquido de los bienes

gananciales se dividirá por mitad entre marido y mujer o

sus respectivos herederos.” (énfasis suplido). De igual

forma, en la escritura de compraventa de la propiedad

inmueble aquí en controversia se dispuso claramente que la

propiedad pertenecería en un cincuenta por ciento (50%)

para cada cónyuge, es decir por mitad. Como señaláramos

anteriormente, los casos donde hemos resuelto que procede

el reclamo del derecho a hogar seguro en la vivienda

perteneciente a la sociedad de gananciales, lo que se ha

tomado en consideración es que la vivienda pertenezca a

ambos cónyuges. Véase: Quiñones v. Reyes, ante, a la pág.

307.

En segundo lugar, y como mencionáramos anteriormente,

en el caso de autos el peticionario y la recurrida

adquirieron, en común pro indiviso, una propiedad cuatro

(4) días antes de contraer matrimonio. No existe CC-2002-291 25

controversia en cuanto a que dicha propiedad sirvió como

el hogar matrimonial por diez (10) años, que fue donde

procrearon a su hija y, además, que es la única propiedad

que la niña conoce como su hogar. Además, de los autos no

surge que la madre custodio tenga otros medios de proveer

un techo para esta menor.

En virtud de lo anterior, resolvemos que no existe

argumento jurídico válido alguno que nos persuada a no

reconocer el derecho a hogar seguro en el caso ante

nuestra consideración. Al contrario, la equidad que

gobierna el presente caso haya amplia base en nuestro

ordenamiento para reconocer la propiedad aquí en

controversia como hogar seguro de esta jefe de familia. El

hecho de que: sea una propiedad de ambos cónyuges; que el

reconocimiento del hogar seguro no afecta la titularidad;

que la propiedad se utilizó como el hogar conyugal; que es

la única propiedad que la menor ha conocido; y que el

derecho a dominio está supeditado a los intereses sociales

de proteger a los menores, a la familia, y al hogar donde

estos residen, demuestran que el tribunal de instancia no

abusó de su discreción.

- C -

Ahora bien, el peticionario argumenta que la equidad

no puede aplicarse en forma automática. Arguye que el foro

primario no realizó un proceso de evaluación para aplicar

la misma, sino que concedió la propiedad en cuestión en CC-2002-291 26

concepto de hogar seguro de forma automática. Tampoco le

asiste la razón. Veamos por qué.

Dicho foro, inicialmente, consideró la controversia

sobre el reclamo de hogar seguro cuando el peticionario

solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. En

ese momento el foro primario entendió que debía celebrar

primero la vista de divorcio a los fines de que se

desfilara prueba acerca de la intención de las partes en

establecer la vivienda conyugal en el inmueble en

cuestión. Luego de esto, el tribunal de instancia realizó

una vista adicional precisamente para dirimir la

controversia sobre el reclamo de hogar seguro. Una vez

celebrada la vista, y considerando la intención de las

partes al momento de establecer su hogar conyugal, es que

dicho foro reconoció el hogar seguro en la vivienda

perteneciente a la comunidad de bienes.

La resolución emitida por el foro de instancia

demuestra su proceso de evaluación y, además, que el mismo

se fundamentó en los supuestos de equidad. A esos efectos,

el foro primario dispuso que “[n]inguna ley puede limitar

la función al [sic] juzgador privándole de aplicar la

equidad a la situación que nos ocupa y resolver lo que en

justicia proceda. El más poderoso instrumento para hacer

justicia reservado a los jueces es la discreción. La

equidad nació precisamente de la necesidad de atemperar el

rigor de la norma mediante recurso a la conciencia del CC-2002-291 27

juzgador.” (citas omitidas). Más aún, dicho foro expresó

que:

Hemos oído el testimonio de las partes, y entendemos que en esta particular situación donde las partes constituyeron su hogar conyugal desde el primer momento del matrimonio a escasos días de la compra de la propiedad debemos aplicar la equidad. .... En este caso en particular tenemos a una madre custodio que ha realizado el pago de la hipoteca desde la separación de las partes y que ese hogar es el único sitio donde la menor ha crecido y desarrollado.

De acuerdo a lo anteriormente esbozado, en este caso

el foro sentenciador dispuso del derecho a hogar seguro de

acuerdo a la equidad utilizando para ello su sana

discreción. Esta actuación fue correcta en derecho. No

erró el Tribunal de Apelaciones al denegar el auto

interpuesto por el peticionario y de esta forma confirmar

la actuación del tribunal de instancia al aplicar los

supuestos de equidad al caso ante nos y reconocer así el

derecho a hogar seguro de la recurrida.12

12 Finalmente, el reconocimiento del derecho a reclamar la propiedad aquí en cuestión como hogar seguro encuentra apoyo en otras jurisdicciones, en específico, el estado de Illinois. Un estudio minucioso de nuestra Sección 3 de la Ley de Hogar Seguro ha llevado a este Tribunal a concluir que el mismo es sustancialmente idéntico a las disposiciones sobre hogar seguro del mencionado estado. Véase: López Rudón v. López, 48 D.P.R. 324 (1935); Carrillo v. Santiago, ante. Específicamente, la Sección 12-905 de la Ley de Hogar Seguro del estado de Illinois, 735 ILCS 5/12-905, dispone lo siguiente: “Disolución del Matrimonio. En caso de disolución de un matrimonio, la corte que otorgue la disolución del matrimonio puede disponer del hogar seguro de acuerdo a la equidad del caso”. (traducción nuestra). Es por ello que los (Continúa . . .) CC-2002-291 28

___________________________ precedentes provenientes de dicha jurisdicción tienen fuerza persuasiva en este caso. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 588 (1983); Pueblo v. Matos, 83 D.P.R. 335, 340 (1961). Recordemos que al adoptar una regla o estatuto de otra jurisdicción presumimos que el legislador lo ha hecho teniendo el beneficio de la interpretación brindada por los tribunales de dicha jurisdicción. Nieves v. Jones, Jefe Interino Penitenciaría, 72 D.P.R. 287, 290 (1951); Padilla v. Vidal, 71 D.P.R. 517, 521 (1950).

Anteriormente esta Curia ha recurrido a la jurisprudencia interpretativa de dicho Estado para casos que envolvían la disposición de la vivienda familiar cuando ocurre un divorcio donde existen hijos menores y uno de los cónyuges adviene custodio de ellos. Véase: Carrillo v. Santiago, ante. Con relación al caso ante nos, la jurisprudencia de Illinois apoya el precepto de que, en una comunidad de bienes, la posesión y/o ocupación del hogar conyugal reclamado como hogar seguro puede ser atribuido a la parte a quien se le concede la custodia de los hijos menores de edad. A esos efectos, en Myers v. Myers, 366 N.E. 2d 1114 (1977), la Corte Suprema de Illinois dispuso “[t]he trial court has the power to grant the right of occupation of the homestead property to the party into whose custody the minor children are given.” En dicho caso los ex-cónyuges eran co-propietarios de la propiedad reclamada como hogar seguro.

En cuanto a la parte del estatuto de Illinois, el cual es sustancialmente idéntico al de Puerto Rico, la Corte Suprema de dicho estado, en Klebba v. Klebba, 246 N.E. 2d 681 (1969), expresó que:

Section 5 of the Homestead Act (Ill. Rev. Stat., 1967, Chap. 52, Sec. 5) States: ‘In case of a divorce, the court granting the divorce may dispose of the homestead estate according to the equities of the case.’ Under this grant of authority, it has been held that is within the power of the court to grant the right to occupy the homestead property to either party. Thus the court may award the right to occupy the homestead to the party into whose custody the children are given, even though the title thereto is in the name of the other party. (énfasis suplido).

Resulta, pues, evidente que bajo la Ley de Illinois la parte a quien se le adjudica la custodia de los niños, tiene derecho a ocupar el hogar seguro. Ello independientemente de a quién pertenezca la propiedad que (Continúa . . .) CC-2002-291 29

III

En su segundo señalamiento de error el peticionario

arguye que el reconocimiento del derecho a hogar seguro

bajo el Artículo 109-A no puede ir por encima de su

derecho como comunero a solicitar la división de la

comunidad de bienes. Sin embargo, tanto las disposiciones

del propio Artículo 109-A, ante, como los intereses

sociales y de política pública que atañen este tema,

resultan suficientes para descartar este argumento. Veamos

por qué.

Como es sabido, una comunidad de bienes surge cuando

la propiedad de una cosa o un derecho pertenece pro

indiviso a varias personas. A falta de contratos o

disposiciones especiales, la comunidad se rige por las

disposiciones del Código Civil.13 Por su parte, el Artículo

334 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1279, dispone que

“[n]ingún copropietario está obligado a permanecer en la

comunidad.” Por otro lado, la sociedad legal de

gananciales es el régimen económico dispuesto por Ley que

surge una vez se contrae matrimonio.14 Dicho régimen

___________________________ se reclama como hogar seguro. Como señaláramos anteriormente, el hogar seguro, tanto en Puerto Rico como en Illinois, es una cuestión de quién ocupará u obtendrá la posesión de un inmueble que sirvió de hogar a la familia durante el matrimonio, no es una cuestión de a quién se le adjudica la propiedad. 13 Artículo 326, 31 L.P.R.A. sec. 1271. 14 Artículo 1295 y 1296 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3621 y 3622, respectivamente. CC-2002-291 30

concluye una vez se disuelve el matrimonio.15 Ahora bien,

disuelto el matrimonio, los cónyuges pasan a ser comuneros

de una comunidad de bienes mientras dure el estado de

indivisión de la sociedad. Esta comunidad, a su vez, se

rige por las disposiciones aplicables a la comunidad de

bienes en el Código Civil. Asoc. Residentes Urb. Sagrado

Corazón, Inc. v. Arsuaga Álvarez, res. el 24 de septiembre

de 2003, 2003 T.S.P.R. 141. Soto López v. Colón Meléndez,

143 D.P.R. 282, 287 (1997). Una propiedad perteneciente a

la sociedad de gananciales pasa a ser propiedad de dicha

comunidad de bienes compuesta por los ex-cónyuges, una vez

el matrimonio se disuelve mientras no se divida la extinta

sociedad. Asoc. Residentes Urb. Sagrado Corazón, Inc. v.

Arsuaga Álvarez, ante.

El Artículo 109-A establece claramente que cuando la

“propiedad ganancial constituye el hogar seguro no estará

sujeta a división mientras dure las condiciones por la

cuales se concedió.” (énfasis suplido). De acuerdo a lo

esbozado, resulta lógico interpretar que el referido

Artículo tampoco permite solicitar la división de la

comunidad de bienes, la cual comenzó una vez se decretó el

divorcio. Resolver de otra forma significaría que, una vez

decretado el divorcio e inexistente la sociedad de

gananciales, el ex-cónyuge custodio no podría reclamar el

derecho a hogar seguro bajo el Artículo 109-A porque la

15 Artículo 1315 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3681. CC-2002-291 31

propiedad pasó a ser parte de una comunidad de bienes y no

de la sociedad de gananciales. Ello resulta, no sólo

absurdo, sino, en contra de la propia letra del Artículo

109-A, ante, el cual dispone, en lo aquí pertinente, que

el derecho a hogar seguro podrá reclamarse “desde que se

necesitare pudiendo ser reclamado en la demanda de

divorcio, durante el proceso, o luego de decretarse el

mismo.” (énfasis suplido). Resultaría, igualmente ilógico

y absurdo, resolver lo contrario bajo los hechos

particulares del presente caso.

Por otro lado, enfatizamos que los intereses sociales

y de política pública esbozados a través de esta Opinión

tienen primacía sobre cualquier interés propietario que

tenga uno de los ex-cónyuges en la propiedad que sirvió de

vivienda familiar y que pertenece a ambos. Cruz Cruz v.

Irizarry Tirado, ante. Ello indistintamente de que la

propiedad se haya adquirido bajo la sociedad de

gananciales o bajo una comunidad de bienes --compuesta por

ambos cónyuges-- antes del matrimonio.

Por todo lo anteriormente expuesto, resolvemos que el

derecho de un ex-cónyuge, comunero de una propiedad,

adquirida bajo una comunidad de bienes con su ex-cónyuge,

está subordinado al derecho del ex-cónyuge custodio de los

hijos menores a reclamar la referida propiedad como hogar

seguro. Ello siempre y cuando los intereses sociales

esbozados en esta Opinión, y los supuestos de equidad, así

apoyen dicho reclamo. No erró el tribunal de instancia, CC-2002-291 32

como tampoco el Tribunal de Apelaciones, al reconocer que

los derechos del peticionario como comunero están

supeditados al derecho a hogar seguro en este caso.

IV

El cuarto señalamiento de error del peticionario

plantea que erró el Tribunal de Apelaciones al concluir

que su reclamo sobre la pensión alimenticia fue tardío.

El peticionario argumentó ante el foro apelativo

intermedio que el tribunal de instancia erró al no

modificar su pensión alimentaria una vez reconoció el

hogar seguro a favor de la recurrida. Fundamentó su

argumento en que dicha pensión se determinó utilizando los

criterios de la Ley de Sustento de Menores, ante, uno de

los cuales lo es la habitación. Siendo ello así, entiende

el peticionario que el reconocimiento del hogar seguro

equivale a una parte de la pensión que éste se encuentra

pagando como parte de su obligación de proveer alimentos.

Alegó ante el Tribunal de Apelaciones que como el tribunal

de instancia reconoció tal derecho, éste venía obligado a

automáticamente reducir la pensión y, al no hacerlo, así

erró.

Al acudir el peticionario ante el Tribunal de

Apelaciones, dicho foro apelativo entendió que lo que el

peticionario intentaba revisar --vía certiorari-- era la

pensión en si. En virtud de ello, concluyó que, en vista

de que la resolución que estableció la pensión fue CC-2002-291 33

notificada y archivada en autos el 22 de junio de 2001 y

de que el recurso ante el foro apelativo se interpuso

pasado los treinta (30) días desde esa fecha, carecía de

jurisdicción para entender en el mismo.

No hay duda que, una vez se decretó el hogar seguro

mediante la resolución notificada el 15 de noviembre de

2001, la misma tuvo el efecto de alterar el cuadro fáctico

que se utilizó al momento de estipular la pensión

alimentaria. En virtud de ello, el peticionario

correctamente argumenta que no es hasta ese momento que

éste se encuentra en posición de levantar que la pensión

alimentaria debe ser reducida. Sin embargo, lo que

procedía en este caso era solicitar, ante el foro de

instancia, que la pensión alimentaria se modificara

demostrando que hubo un cambio sustancial en las

circunstancias de su caso ya que el hogar seguro fue

atribuido a su ex-cónyuge.

En el caso ante nos la disposición sobre pensión

alimentaria que se incluyó en la sentencia emitida por el

foro de instancia el 8 de junio de 2001, y notificada el

22 de junio de 2001, estuvo basada en una estipulación que

hicieran las partes ante el Examinador de Pensiones

Alimentarias. En reiteradas ocasiones hemos establecido

que, luego de aprobado un convenio o una estipulación

sobre la pensión alimentaria, ésta puede modificarse si

ocurre “un cambio sustancial en las circunstancias que

dieron lugar u originaron el mismo”. Véase: Negrón Rivera CC-2002-291 34

y Bonilla, Ex parte, 116 D.P.R. 61, 77 (1987).

Consistentemente hemos sostenido la facultad judicial para

modificar decretos judiciales previos sobre pensiones

alimenticias según lo requieran los cambios de

circunstancias que así lo ameriten. S. Torres Peralta, La

Nueva Ley Especial de Sustento de Menores, 49 (Núms. 34)

REV. C. ABO. P.R. 115 (1988). Valencia, Ex parte, 116 D.P.R.

909 (1986). Es decir, una resolución o sentencia, en la

cual se imponga el pago de alimentos, siempre está sujeta

a ser modificada o reajustada al demostrarse que las

condiciones han variado. Ello es así, incluso, cuando los

alimentos han sido estipulados. Véase: Brea v. Pardo, 113

D.P.R. 217 (1982).

Si el peticionario entiende que lo que procede es que

se ajuste, modifique o reduzca la pensión alimentaria, ya

que posteriormente se le reconoció un derecho a hogar

seguro a la recurrida, entonces debe acudir ante el foro

de instancia, pues es éste quien tiene jurisdicción para

dilucidar esta controversia. De otro modo, el peticionario

estaría revisando -–vía certiorari-- una sentencia sobre

pensión alimentaria en forma tardía. Ello no es posible.

Si una segunda resolución cambia el cuadro fáctico que se

utilizó para disponer una pensión alimentaria original, lo

que procede en derecho es que se solicite una revisión y/o

modificación de la referida pensión, ante el Tribunal de

Primera Instancia. CC-2002-291 35

No erró, en consecuencia, el Tribunal de Apelaciones

al resolver que carecía de jurisdicción sobre este

planteamiento. No obstante, el peticionario no queda

desprovisto de remedio. Procede que haga el planteamiento

formal sobre modificación de la pensión alimentaria ante

el tribunal de instancia, mediante los procedimientos

antes esbozados.16

V

Por los fundamentos que anteceden, procede la

confirmación, tanto de la resolución emitida el 22 de

octubre de 2001 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Carolina, como del dictamen del Tribunal de

Apelaciones, denegatorio del recurso de certiorari

radicado ante dicho foro judicial por el peticionario

Ángel Pérez Santiago.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado

16 Precisa aclarar que no estamos resolviendo los méritos del reclamo del peticionario. Únicamente aclaramos cuál es el curso de acción a tomar en estos casos. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia confirmatoria tanto de la resolución emitida el 22 de octubre de 2001 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, como del dictamen del Tribunal de Apelaciones, denegatorio del recurso de certiorari radicado ante dicho foro judicial por el peticionario Ángel Pérez Santiago.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre con el resultado excepto en cuanto a lo dispuesto en el acápite IV de la Opinión; y, por ende, en lo pertinente a ello en el acápite V. Sobre este aspecto del dictamen del Tribunal, el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri dispondría ya que se proceda a la reducción de la pensión alimentaria acordada inicialmente por las partes, para restarle cualquier porción de ésta que correspondiese a la vivienda de la menor. Ello debido a que el peticionario no está obligado al pago de vivienda dos veces. El Juez Asociado señor Hernández Denton no intervino.

Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo