El Juez Asociado Señor Blanco Lugo
emitió la opinión del Tribunal.
La Asociación de Productores de Azúcar de Puerto Rico, Mario Mercado e Hijos y la Autoridad de Tierras, empre-sarios de centrales azucareras, impugnan la resolución de la Junta Azucarera de Puerto Rico de 21 de julio de 1965, que, con vista de la eliminación del máximo de un dólar que hasta entonces había prevalecido por ley, les ordenó a pagar a los colonos la compensación por arrastre y arrimo para las zafras de 1963 y 1964 sin limitación alguna por razón de distancia recorrida. Conforme a estimados de la Junta, ello representa el pago adicional por las centrales de $836,-031.58 para la zafra de 1963 y de aproximadamente $809,565 para la de 1964.
I
Al aprobarse en 1951 la Ley Azucarera de Puerto Rico, Ley Núm. 426 de 13 de mayo de 1951 (Leyes, pág. 1139), la Asamblea Legislativa estableció específicamente en su Art. 6 las condiciones para el arrastre y arrimo de las cañas de los colonos. Para el caso en que la central no proveía los medios de transportación desde la finca del co-lono hasta el molino, dispúsose que:
[854]*854“(b) En los casos en que el colono haga la transportación de sus cañas, la central le compensará a razón de quince (15) centavos básicos por tonelada de caña transportada, por concepto de arrimo, más la cantidad de cinco (5) centavos por tonelada por kilómetro, desde la finca al sitio de entrega, siempre y cuando la distancia a recorrer desde la finca al sitio de entrega sea de medio kilómetro o más; Disponiéndose, que el colono tendrá derecho a recibir la compensación básica de quince (15) centavos aunque la distancia a recorrer desde la finca al sitio de entrega sea menor de medio kilómetro. La distancia, a los efectos de esta compensación, se determinará desde la salida normal o natural de la finca del colono en donde se cortó la caña hasta el sitio de entrega designado por la central; si al determinarse el peso y la distancia en el arrastre y arrimo de las cañas resultare una frac-ción de kilómetro o tonelada, se pagará la compensación en ambos casos por la fracción proporcionalmente.”
Como una limitación a la compensación que la central venía obligada a satisfacer por este concepto el inciso (e) decía que:
“(e).
La central en ningún caso vendrá obligada a pagar más de un dólar por concepto de arrastre y arrimo.
Once años después, mediante la Ley Núm. 54 de 19 de junio de 1962 (Leyes, pág. 127), se enmendó el inciso (e) del Art. 6, 5 L.P.R.A. see. 375, eliminándose lo relativo al pago máximo de un dólar, y se incorporó la disposición que se transcribe a continuación que trasladó a la Junta Azuca-rera la facultad para establecer la compensación por arrastre y arrimo:
“No obstante lo dispuesto por este artículo, la Junta, previa audiencia de las partes, podrá aumentar la compensación fijada por concepto de arrastre y arrimo a ser pagada por la central al [855]*855colono, que será lo que regirá y así mismo [sic] dicha Junta podrá fijar la cantidad máxima que en cada caso la central vendrá obligada a pagar por concepto de arrastre y arrimo.”
En 25 de marzo de 1964 la Junta Azucarera tomó el acuerdo de celebrar vistas públicas a los fines de considerar una solicitud de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico para que se aumentara la compensación por arrastre y arrimo a los colonos que personalmente efectuaban la transportación de sus cañas desde sus fincas al sitio de en-trega a la central de 15 centavos a 24 centavos por tonelada de caña transportada y de 5 centavos a 8 centavos por tonelada de caña por cada kilómetro recorrido.(2)
Luego de haber tenido lugar varios incidentes prelimina-res que no es necesario reseñar, la Asociación de Productores de Azúcar, en 18 de mayo de 1964, presentó una petición para que se fijara una cantidad máxima de un dólar a la compensación a pagarse a los colonos por arrimo y arrastre. Esta petición se consideró conjuntamente con la presentada por la Asociación de Agricultores. Se celebraron varias vistas durante las cuales tanto los colonos como las centrales ofre-cieron evidencia testifical y documental.
En 26 de febrero de 1965 la Junta dictó una extensa resolución declarando sin lugar la petición de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico fundándose en que no se había establecido que los colonos, a pesar de que hubieran tenido que asumir costos de transportación más altos, reci-bieran un pago inadecuado por sus cañas o sufrieran pér-didas o tuvieran un rendimiento insuficiente como produc-tores de caña.(3)
[856]*856En cuanto a la petición de la Asociación de Productores de Azúcar de Puerto Rico para que se fijara una compen-sación máxima, la Junta adoptó la Regla Núm. 11 determi-nando una compensación máxima de un dólar para regir desde la zafra de 1963. (4)
La Regla Núm. 11 no fue aprobada por el Gobernador de Puerto Rico. (5) Como consecuencia de ello, la Junta Azu-carera mediante resolución de fecha 21 de julio de 1965 or-denó a las centrales que procedieran a pagar a los colonos [857]*857la compensación correspondiente de arrastre y arrimo para las zafras ya transcurridas de 1963 y 1964, sin limitación alguna por razón de distancia recorrida y que archivaran las constancias correspondientes de haber compensado en la forma indicada. Las centrales recurrentes solicitaron inmediata-mente la reconsideración de esta resolución aduciendo, en sus-tancia, que (a) se les privaba de su propiedad sin el debido proceso de ley porque en su aplicación era confiscatoria, one-rosa, irrazonable y arbitraria, no sólo por los perjuicios eco-nómicos que se les causaban, sino porque en efecto dejaba al arbitrio exclusivo de los colonos la determinación del monto a pagarse por tal concepto, considerada la obligación de moler las cañas que les imponía el Art. 3 de la Ley Azu-carera; y, .(b) la determinación fijando un límite máximo fue adoptada dentro de un procedimiento de naturaleza cuasi judicial, aunque se denominó Regla 11, lo que hacía innece-saria la aprobación ejecutiva, y no habiendo sido impugnada por los colonos estaba en vigor. Concluían solicitando se les permitiera comparecer a presentar prueba sobre el perjuicio económico que se les causaba y se les concediera un término razonable para radicar un memorándum sobre las cuestiones de derecho planteadas. En 11 de septiembre de 1965 las centrales presentaron un informe escrito en apoyo de la moción de reconsideración suscrito por el señor Fernando Chardón en el cual se discute el impacto económico de la resolución del 21 de julio, con acopio de extensa información para sustentar la posición adelantada de que la compensa-ción sin límite máximo “obliga a las centrales a moler cañas con pérdidas ya que les impone la obligación de pagar costes de arrastre exhorbitantes [sic] en casos de cañas distantes, impidiéndoles al mismo tiempo el negarse a molerlas.” En 7 de octubre solicitaron además que (a) se hiciera formar parte del récord la resolución dictada el 26 de febrero anterior así como el récord taquigráfico de las vistas que culmi-naron en la adopción de la Regla 11, y (b) que se tomara [858]*858conocimiento oficial del uso y costumbre en la industria de otorgar contratos de molienda por dos o tres años.
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El Juez Asociado Señor Blanco Lugo
emitió la opinión del Tribunal.
La Asociación de Productores de Azúcar de Puerto Rico, Mario Mercado e Hijos y la Autoridad de Tierras, empre-sarios de centrales azucareras, impugnan la resolución de la Junta Azucarera de Puerto Rico de 21 de julio de 1965, que, con vista de la eliminación del máximo de un dólar que hasta entonces había prevalecido por ley, les ordenó a pagar a los colonos la compensación por arrastre y arrimo para las zafras de 1963 y 1964 sin limitación alguna por razón de distancia recorrida. Conforme a estimados de la Junta, ello representa el pago adicional por las centrales de $836,-031.58 para la zafra de 1963 y de aproximadamente $809,565 para la de 1964.
I
Al aprobarse en 1951 la Ley Azucarera de Puerto Rico, Ley Núm. 426 de 13 de mayo de 1951 (Leyes, pág. 1139), la Asamblea Legislativa estableció específicamente en su Art. 6 las condiciones para el arrastre y arrimo de las cañas de los colonos. Para el caso en que la central no proveía los medios de transportación desde la finca del co-lono hasta el molino, dispúsose que:
[854]*854“(b) En los casos en que el colono haga la transportación de sus cañas, la central le compensará a razón de quince (15) centavos básicos por tonelada de caña transportada, por concepto de arrimo, más la cantidad de cinco (5) centavos por tonelada por kilómetro, desde la finca al sitio de entrega, siempre y cuando la distancia a recorrer desde la finca al sitio de entrega sea de medio kilómetro o más; Disponiéndose, que el colono tendrá derecho a recibir la compensación básica de quince (15) centavos aunque la distancia a recorrer desde la finca al sitio de entrega sea menor de medio kilómetro. La distancia, a los efectos de esta compensación, se determinará desde la salida normal o natural de la finca del colono en donde se cortó la caña hasta el sitio de entrega designado por la central; si al determinarse el peso y la distancia en el arrastre y arrimo de las cañas resultare una frac-ción de kilómetro o tonelada, se pagará la compensación en ambos casos por la fracción proporcionalmente.”
Como una limitación a la compensación que la central venía obligada a satisfacer por este concepto el inciso (e) decía que:
“(e).
La central en ningún caso vendrá obligada a pagar más de un dólar por concepto de arrastre y arrimo.
Once años después, mediante la Ley Núm. 54 de 19 de junio de 1962 (Leyes, pág. 127), se enmendó el inciso (e) del Art. 6, 5 L.P.R.A. see. 375, eliminándose lo relativo al pago máximo de un dólar, y se incorporó la disposición que se transcribe a continuación que trasladó a la Junta Azuca-rera la facultad para establecer la compensación por arrastre y arrimo:
“No obstante lo dispuesto por este artículo, la Junta, previa audiencia de las partes, podrá aumentar la compensación fijada por concepto de arrastre y arrimo a ser pagada por la central al [855]*855colono, que será lo que regirá y así mismo [sic] dicha Junta podrá fijar la cantidad máxima que en cada caso la central vendrá obligada a pagar por concepto de arrastre y arrimo.”
En 25 de marzo de 1964 la Junta Azucarera tomó el acuerdo de celebrar vistas públicas a los fines de considerar una solicitud de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico para que se aumentara la compensación por arrastre y arrimo a los colonos que personalmente efectuaban la transportación de sus cañas desde sus fincas al sitio de en-trega a la central de 15 centavos a 24 centavos por tonelada de caña transportada y de 5 centavos a 8 centavos por tonelada de caña por cada kilómetro recorrido.(2)
Luego de haber tenido lugar varios incidentes prelimina-res que no es necesario reseñar, la Asociación de Productores de Azúcar, en 18 de mayo de 1964, presentó una petición para que se fijara una cantidad máxima de un dólar a la compensación a pagarse a los colonos por arrimo y arrastre. Esta petición se consideró conjuntamente con la presentada por la Asociación de Agricultores. Se celebraron varias vistas durante las cuales tanto los colonos como las centrales ofre-cieron evidencia testifical y documental.
En 26 de febrero de 1965 la Junta dictó una extensa resolución declarando sin lugar la petición de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico fundándose en que no se había establecido que los colonos, a pesar de que hubieran tenido que asumir costos de transportación más altos, reci-bieran un pago inadecuado por sus cañas o sufrieran pér-didas o tuvieran un rendimiento insuficiente como produc-tores de caña.(3)
[856]*856En cuanto a la petición de la Asociación de Productores de Azúcar de Puerto Rico para que se fijara una compen-sación máxima, la Junta adoptó la Regla Núm. 11 determi-nando una compensación máxima de un dólar para regir desde la zafra de 1963. (4)
La Regla Núm. 11 no fue aprobada por el Gobernador de Puerto Rico. (5) Como consecuencia de ello, la Junta Azu-carera mediante resolución de fecha 21 de julio de 1965 or-denó a las centrales que procedieran a pagar a los colonos [857]*857la compensación correspondiente de arrastre y arrimo para las zafras ya transcurridas de 1963 y 1964, sin limitación alguna por razón de distancia recorrida y que archivaran las constancias correspondientes de haber compensado en la forma indicada. Las centrales recurrentes solicitaron inmediata-mente la reconsideración de esta resolución aduciendo, en sus-tancia, que (a) se les privaba de su propiedad sin el debido proceso de ley porque en su aplicación era confiscatoria, one-rosa, irrazonable y arbitraria, no sólo por los perjuicios eco-nómicos que se les causaban, sino porque en efecto dejaba al arbitrio exclusivo de los colonos la determinación del monto a pagarse por tal concepto, considerada la obligación de moler las cañas que les imponía el Art. 3 de la Ley Azu-carera; y, .(b) la determinación fijando un límite máximo fue adoptada dentro de un procedimiento de naturaleza cuasi judicial, aunque se denominó Regla 11, lo que hacía innece-saria la aprobación ejecutiva, y no habiendo sido impugnada por los colonos estaba en vigor. Concluían solicitando se les permitiera comparecer a presentar prueba sobre el perjuicio económico que se les causaba y se les concediera un término razonable para radicar un memorándum sobre las cuestiones de derecho planteadas. En 11 de septiembre de 1965 las centrales presentaron un informe escrito en apoyo de la moción de reconsideración suscrito por el señor Fernando Chardón en el cual se discute el impacto económico de la resolución del 21 de julio, con acopio de extensa información para sustentar la posición adelantada de que la compensa-ción sin límite máximo “obliga a las centrales a moler cañas con pérdidas ya que les impone la obligación de pagar costes de arrastre exhorbitantes [sic] en casos de cañas distantes, impidiéndoles al mismo tiempo el negarse a molerlas.” En 7 de octubre solicitaron además que (a) se hiciera formar parte del récord la resolución dictada el 26 de febrero anterior así como el récord taquigráfico de las vistas que culmi-naron en la adopción de la Regla 11, y (b) que se tomara [858]*858conocimiento oficial del uso y costumbre en la industria de otorgar contratos de molienda por dos o tres años. Parecidos planteamientos se hicieron por Mario Mercado e Hijos, la Autoridad de Tierras y la Central San Vicente.
Mediante resolución de 29 de diciembre de 1965 se de-negó la reconsideración solicitada. (6) Aunque la Junta reco-noce que originalmente “soslayó el planteamiento de incons-titucionalidad accediendo a fijar un límite en la compensa-ción máxima”, sostuvo que “los argumentos aducidos por las centrales en apoyo de sus contenciones no han convencido a la Junta de que la orden dictada por ésta el 21 de julio de 1965 . . . hubiese tenido efectos confiscatorios, irrazonables y arbitrarios durante los años 1963 y 1964, años a que se contrae la aplicación de dicha orden.”
Contra esta resolución de la Junta y su negativa a re-considerar recurrieron las centrales ante nos reproduciendo sustancialmente los mismos planteamientos de impugnación que habían formulado ante la Junta. (7) Precariá sería la posición de las recurrentes si la resolución de este recurso dependiera exclusivamente de esos planteamientos. Sobre la privación de propiedad por ser la orden confiscatoria, véanse, Eastern Sugar v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 374 (1954), conf. en 235 F.2d 347 (1956), y casos allí citados; sobre la naturaleza de la orden, véanse, Eastern Sugar Associates v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 374, 385-9 (1954) y Godreau & Co. v. Com. Servicio Público, 71 D.P.R. 649, 655-6 (1950).
HH HH
De la extensa relación de los procedimientos que precede aparece que la resolución de la Junta Azucarera ardé[859]*859nando el pago de compensación por arrimo sin limitación alguna obedeció a que, al devolverse la Regla 11 sin la apro-bación ejecutiva, entendió que la ley mandatoriamente exigía tal resultado por haberse eliminado la disposición del inciso (e) del Art. 6 que fijaba el máximo de un dólar. Consideró que la actuación legislativa vedaba todo otro curso de acción, aun cuando en todo momento estaba advertida del problema constitucional que ello plantearía. Como se verá no es nece-sario que consideremos el aspecto constitucional ya que la recta interpretación de toda, la situación nos lleva a la con-clusión de que la eliminación del máximo de un dólar pre-supone que previamente se aumente la compensación básica de 150 y 50 que originalmente se fijó en 1951 por la Ley Núm. 426; y, habiéndose mantenido la compensación básica para arrastre y arrimo, el límite máximo de un dólar debe estimarse vigente para las zafras de 1963 y 1964. En ese sentido damos cumplimiento a nuestra obligación de “evitar interpretar un estatuto en forma tal que lleve a un resultado irrazonable”, Colonos de Santa Juana v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 392, 396 (1954).
Juicioso es repetir ciertos principios fundamentales que informan la aprobación de la Ley Azucarera. Vitales fac-tores históricos, económicos y sociales requirieron la regla-mentación de la industria en su fase fabril para evitar el desbalance económico que había existido en perjuicio de los colonos; de ahí la intervención activa del'Estado para lograr un ponderado y sereno equilibrio entre éstos y las centra-les. (8) Corolario necesario es una distribución ordenada de [860]*860los costos y beneficios entre ambos, pero “no pudo ser el propósito legislativo que esta ley beneficiase a los colonos al extremo de afectar adversamente toda la economía de la industria imponiéndose a las centrales obligaciones irrazona-blemente onerosas.” Arroyo Merino v. Junta Azucarera, 89 D.P.R. 622, 637 (1963). Tampoco a los fines de determinar su verdadero significado y sus propósitos puede leerse en este caso el Art. 6 aisladamente desconociendo las otras dis-posiciones de la ley que forman una reglamentación general para enfrentarse a los problemas y condiciones de la indus-tria, A. Roig, Sucrs. v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 342, 353 (1954). Nunca antes que ahora cobran mayor vigencia estos principios ante la situación existente en la industria, que podría describirse como vacilante y en estado de zozobra.(9)
Como se dice en A. Roig, Sucrs. v. Junta Azucarera, supra, pág. 356 (1954), la legislación “en términos generales, ha seguido la costumbre y el patrón histórico de la industria azucarera en Puerto Rico al fijar la compensación, incluyendo gastos de arrastre y arrimo, que las centrales han sido obligadas a pagar a sus colonos.” Una revisión de las leyes anteriores sólo lleva a la inescapable conclusión de que en relación con el arrimo y arrastre de las cañas ha prevalecido un sistema mediante el cual las centrales han contri-[861]*861buido, pero no han sufragado totalmente, los gastos que tales actividades irrogan al colono. Así, la Ley Núm. 112 de 13 de mayo de 1937 (Leyes, pág. 271), no menciona específicamente este asunto, y en su See. 7 se limita a disponer que “El colono entregará sus cañas en el sitio y forma que con la central conviniere, y una vez aceptadas en el sitio, la central asu-mirá la responsabilidad de dichas cañas en cuanto a su transportación al molino”, obvia referencia a las cañas que se entregaban por los colonos en los desvíos de ferrocarril para ser transportadas por locomotoras hasta el molino. Ya en 1938, mediante la Ley Núm. 213 de 15 de mayo (Leyes, pág. 428), se enmienda la See. 7 para disponer que la central no podría “hacer descuento alguno de las cantidades con que para el arrastre por trucks, carros de bueyes, bestias o vehículos de clase alguna contribuirá ... al colono, debiendo servir como tipos mínimos los que prevalecieron en la zafra de 1937.” El efecto práctico fue incorporar los tipos que los usos y costumbres de las partes hasta entonces habían ela-borado. En 1942, como parte del programa de un nuevo gobierno que profesaba una política económica que conside-raba a las centrales azucareras como empresas de servicio público, y como tales sujetas a una estrecha reglamentación por el Estado, se aprueba la Ley Núm. 221 de 12 de mayo de 1942 (Leyes, pág. 1177), que nada provee específicamente respecto a compensación por arrimo'y arrastre. No obstante, la Comisión de Servicio Público, organismo bajo cuya juris-dicción se colocaron las centrales, al amparo de los Arts. 21 y 23 de la susodicha ley, fijó las cantidades que por tal con-cepto las centrales vendrían obligadas a pagar. (10)
[862]*862Este reglamento no hizo más que incorporar la práctica prevaleciente, arraigada en los usos y costumbres: una can-tidad básica de quince centavos por tonelada de caña trans-portada por concepto de arrimo, más cinco centavos por tonelada por kilómetro recorrido desde la finca del agricultor al sitio de entrega pero con una limitación máxima de un [863]*863dólar. Es ésta la misma fórmula que, como hemos visto, se adopta estutariamente en el Art. 6 de la Ley Núm. 426 de 13 de mayo de 1951 (Leyes, pág. 1139).(11)
Dedúcese pues que la fijación de una cantidad máxima por arrastre y arrimo ha sido siempre parte integrante indispensable de la fórmula de compensación, consecuencia ésta de la práctica de que la central contribuye a pero no satisface totalmente los gastos en que incurre el colono por este concepto. (12) Véanse, Estación Experimental Agrícola, Estudio Económico Sobre el Arrastre de Caña de Azúcar [864]*864en Camiones, Puerto Rico, 1954, Boletín 142 (1958) y An Economic Study of the Handling of Sugar Cane by Motor Trucks, Puerto Rico, 1948 and 1949, Bulletin 100 (1951).
Este marco histórico nos lleva a considerar el efecto de la enmienda introducida en 1962. Desde 1951 la compensa-ción había estado establecido por la propia ley y, por ende, sólo podía alterarse mediante acción legislativa. Apercibida de que los costos de transportación habían aumentado desde que se adoptó la fórmula original, era de rigor reevaluar la situación en cuanto a la contribución de las centrales para sufragar estos costos. Pero en lugar de fijar estatutaria-mente la cantidad a pagarse se delega en el organismo es-pecializado en la materia para que previa audiencia a las partes pueda aumentar la compensación fijada. Véase el escolio 1 ante. A este respecto el legislador cuidadosamente permite el aumento, mas a renglón seguido autoriza a la Junta “a fijar la cantidad máxima que en cada caso la central vendrá obligada a pagar por concepto de arrastre y arrimo”, ya que de aumentarse las cantidades básicas, nece-sariamente tenía que desaparecer el máximo de un dólar para ser aumentado en la forma que correspondiera. Una cosa era consecuencia de la otra. Sólo en el caso de aumentarse las cantidades básicas era que se aumentaría la cantidad máxima. Y como hemos visto la propia Junta después de considerar toda la situación mediante la aplicación del cri-terio adecuado — -consideración de la participación total que recibe el colono por sus azúcares — no estimó que la solicitud de aumento era procedente, y mantuvo las cantidades bá-sicas comprendidas en la fórmula tradicional. (13)
Las actuaciones legislativas posteriores a la resolución original de la Junta de 26 de febrero de 1965 — mediante la [865]*865cual se denegó el aumento en las cantidades básicas solici-tado por la Asociación de Agricultores a nombre de los co-lonos y se mantuvo el máximo de un dólar — tienden a corroborar la interpretación que hemos expuesto. Estando pendiente aún la Regla 11 de la acción ejecutiva, se pre-sentó en 11 de marzo de 1965 el P. de la C. 298 aprobado por ambas cámaras en 31 de mayo de 1965, que luego se convirtió en la Ley Núm. 60 de 19 de junio de 1965 (Leyes, pág. 126), que ordenó a la Junta Azucarera para que reali-zara un estudio de los costos de arrastre y arrimo desde el comienzo de la zafra de 1965 y tomando en consideración el resultado de ese estudio, las participaciones de los colonos en otros renglones y la habilidad de pago de las centrales, fijara compensaciones justas y razonables por concepto de arrastre y arrimo y la cantidad, máxima que por tales con-ceptos deberían pagar las centrales a los colonos desde la zafra de 1965. (14) Vemos pues cómo la Asamblea Legisla-tiva una vez más reitera la necesidad de la fijación de un límite máximo.
Más elocuente aún es la actuación de la propia Junta. Bajo la autorización concedídale por la ley mencionada adoptó en 17 de junio de 1966 la Regla Núm. 12, que fue aprobada por el Gobernador el 29 de julio de 1966, 5. R.&R.P.R. secs. 386-1 a 386-10, (15) y que si se examina en efecto dejó [866]*866inalterable el máximo tradicional de un dólar hasta la dis-tancia de 17 kilómetros — en Plata Sugar Co. v. Junta, 82 D.P.R. 866, 872-873 (1961), dijimos que “Como la compen-sación legal por tonelada es de quince centavos por arrimo y de cinco centavos por kilómetro de arrastre, el máximo de un dólar tiene el efecto de desalentar el envío de cañas a ser molidas a una, central cuando el sitio de entrega está ubicado a una distancia mayor de diecisiete kilómetros de la finca de origen” — y sólo aumentó el máximo en veintiocho centavos, hasta $1.28, para cubrir el aumento acordado en la cantidad básica a razón de dos centavos por kilómetro cuando el recorrido fluctuaba entre diecisiete y treinta kiló-metros. Estos catorce kilómetros adicionales que ahora se compensan, no a razón de cinco sino de dos centavos por kilómetro, requerían que a su vez se reajustara el límite máximo en la forma correspondiente, a $1.28. Se ratifica pues nuestra interpretación de que el efecto de la Ley Núm. 54 de 19 de junio de 1962 no fue establecer una compensación sin límite máximo, sino que para la eliminación del límite de un dólar que hasta entonces figuraba fijado en el estatuto se requería una acción afirmativa aumentando las cantidades básicas.
En virtud de lo expuesto es innecesario considerar los otros planteamientos de los recurrentes. Careciendo de base legal se deja sin efecto la orden de. la Junta Azucarera de 21 de julio de 1965, y se ordena la cancelación y devolución de las fianzas de supersedeas prestadas por las centrales recurrentes.
Al explicar los propósitos de la legislación la Comisión de Agri-cultura del Senado informó que “El propósito de este proyecto es que sea la propia Junta la que entienda con la compensación a pagarse a los colonos por el arrastre y arrimo de sus cañas. Actualmente la com-pensación está fijada por ley.” Diario de Sesiones, Vol. 15, T. 3, pág. 1147.