Maderas Tratadas, Inc. v. Sun Alliance Insurance Company

2012 TSPR 101

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: June 12, 2012
• Docket: CC-2006-228 cons. CC-2006-266
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Maderas Tratadas, Inc.; Luis J. Fernández en su Carácter Personal Recurridos

v.

Sun Alliance Insurance Company; El Fenix de Puerto Rico; Juan del Pueblo

Universal Insurance Company Certiorari Peticionaria 2012 TSPR 101

Maderas Tratadas, Inc.; 185 DPR ____ Luis J. Fernández en Su Carácter Personal Peticionarios

CBI Security Services, Inc.; Juan D. González Colón, su esposa Jane Doe y la Sociedad Legal de Gananciales Constituida por ambos; Compañía de Seguros ABC; Compañía de Seguros XYZ; Fulano de Tal y Sutano de Tal Recurridos

Número del Caso: CC-2006-228 cons. CC-2006-266

Fecha: 12 de junio de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José Andreu Fuentes

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. René Pinto Lugo Lcda. Gladys Guemarez Lcdo. José Alfaro Delgado Lcdo. Antonio Marrero Candelaria Lcdo. Edgar Albelo Matos

Materia: Seguros – Cubierta por ocurrencias; doctrina de descenso de nivel (“drop down”)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari MADERAS TRATADAS, INC.; LUIS J. FERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER PERSONAL

Recurridos

SUN ALLIANCE INSURANCE COMPANY; EL FÉNIX DE PUERTO RICO; JUAN DEL PUEBLO

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY Núm.: CC-2006-0228

Peticionaria CONSOLIDADO CON

MADERAS TRATADAS, INC.; CC-2006-0266 LUIS J. FERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER PERSONAL

Peticionarios

CBI SECURITY SERVICES, INC.; JUAN D. GONZÁLEZ COLÓN, SU ESPOSA JANE DOE Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES CONSTITUIDA POR AMBOS; COMPAÑÍA DE SEGUROS ABC; COMPAÑÍA DE SEGUROS XYZ; FULANO DE TAL Y SUTANO DE TAL

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2012.

El hurto de materiales acaecido en un negocio de

ferretería, propiedad de Maderas Tratadas, Inc. (Maderas CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 2

Tratadas), dio origen a una trilogía de recursos de los

cuales únicamente nos toca atender las controversias

planteadas en el recurso CC-2006-0228 y parte de los

errores aducidos en el recurso CC-2006-0266.1 En el

primero de éstos se han suscitado controversias

relacionadas al contrato de seguro otorgado entre

Universal Insurance Company (Universal), y CBI Security

Services, Inc. (CBI), compañía de seguridad. Como parte

de dichas interrogantes, nos toca resolver si Universal

actuó correctamente al denegar cubierta fundamentada en

que los hechos imputados a CBI en calidad de asegurado

constituyen incumplimiento de contrato y no una ocurrencia

(“occurrence”), según el término aparece definido en la

póliza correspondiente. De determinar que, en efecto,

existe cubierta, procede entonces precisar si son de

aplicación ciertas exclusiones según consignadas en la

póliza. Igualmente, nos corresponde dirimir si se

configuran los requisitos necesarios para obligar a

1 Maderas Tratadas y Luis J. Fernández expusieron de manera conjunta los argumentos atinentes a tres (3) recursos relacionados mediante su Alegato de los recurridos Maderas Tratadas, Inc. y Luis J. Fernández y Réplica al Alegato de la recurrida Sun Alliance, sometido el 19 de septiembre de 2006 aunque, por error, citó el caso ante nos como CC-2006-0229, en lugar de CC-2006-0228. Los otros dos (2) recursos son: Maderas Tratadas, Inc., et al. v. Sun Alliance Insurance Company, et al., CC-2006-0266 y Maderas Tratadas, Inc., et al. v. Sun Alliance Insurance Company, et al., CC-2006-0267. Dicho escrito se unió al recurso CC-2006-0266. Aun cuando ordenamos la consolidación de los recursos CC-2006-0266 y CC-2006-267 el 19 de mayo de 2006, denegamos la solicitud de consolidación en el recurso CC-2006-0228 mediante Resolución de 20 de diciembre de 2006. No obstante, el 13 de septiembre de 2011, Maderas Tratadas y Luis J. Fernández Díaz solicitaron el desistimiento del recurso CC- 2006-0267 instado en contra de Sun Alliance Company, así como de las reclamaciones en contra de dicha aseguradora según vertidas en el CC-2006- 0266. Mediante Resolución emitida el 10 de mayo de 2012 accedimos a lo solicitado y anulamos el auto de certiorari previamente expedido en el recurso CC-2006-0267. Además, en el día de hoy dejamos sin efecto nuestra denegatoria objeto de la Resolución de 20 de diciembre de 2006 arriba indicada, y concedemos la consolidación del recurso CC-2006-0266 con el recurso CC-2006- 0228. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 3

Universal, a pesar de haber emitido una póliza sombrilla,

a asumir la posición de asegurador primario conforme la

teoría de descenso de nivel o “drop down”.

En lo concerniente al CC-2006-0266, primeramente

examinaremos la responsabilidad correspondiente a la

Asociación de Garantías de Seguros Misceláneos

(Asociación) a base de las reclamaciones presentadas por

Maderas Tratadas. Luego evaluaremos la reducción en la

cuantía de los honorarios concedidos por el foro primario

atribuibles a los gastos incurridos por Maderas Tratadas

en uno de sus peritos.

Luego de examinar los planteamientos esgrimidos por

Universal, conjuntamente con los documentos que obran en

autos y a la luz del derecho aplicable, procedemos a

confirmar la determinación recurrida en todos sus

aspectos, excepto en lo atinente a la aplicación de la

doctrina del descenso de nivel (“drop down”). Veamos.

I

Maderas Tratadas es una corporación dedicada al

negocio de ferretería con parte de sus facilidades

ubicadas en Toa Baja, Puerto Rico. En septiembre de 1989,

Maderas Tratadas contrató a CBI para prestar servicios de

vigilancia con guardias armados las veinticuatro (24)

horas del día, los siete (7) días de la semana, en la

propiedad arriba indicada. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 4

Durante el verano de 1992, personal de Maderas

Tratadas se percató de una serie de hurtos y escalamientos

en el edificio donde operaba la ferretería.

Específicamente, alrededor del 22 de junio de 1992 y

durante el fin de semana del 26 de junio de 1992, se

encontraron ventanas rotas y forzadas, así como

escalamientos en el área de la ferretería.

La gerencia de Maderas Tratadas informó los

incidentes al Sr. Fernando Matos, gerente de operaciones

de CBI, así como al Cuerpo de Investigaciones Criminales

de la Policía de Puerto Rico (CIC). La correspondiente

investigación policiaca culminó con el arresto y

convicción del Sr. José Alberto Concepción García, ex

empleado de Maderas Tratadas, y el Sr. Juan González Colón

(guardia González) quien, para la época de los sucesos,

laboraba como guardia de seguridad para CBI. Los acusados

admitieron haber perpetrado y/o haber consentido a que

terceras personas llevaran a cabo múltiples sustracciones

de mercancía propiedad de Maderas Tratadas.2

Una auditoría externa de los negocios de la empresa

correspondiente al año fiscal comprendido entre el 1 de

agosto de 1991 al 31 de julio de 1992 y concluida en

diciembre de 1992, reflejó un faltante de inventario

atribuible a mercancía robada de dos millones

2 Conforme la evidencia creíble al juzgador, el guardia González no sólo permitió la entrada de individuos al lugar para sustraer mercancía, sino que llegó a dar acceso a un furgón tipo “Sea Land” de aproximadamente cuarenta (40) a cincuenta (50) pies de largo para adelantar tales propósitos. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 5

cuatrocientos mil doscientos noventa y ocho dólares

($2,400,298.00).

Al momento de los hechos, Maderas Tratadas contaba

con una póliza expedida a su favor por Sun Alliance

Insurance Company (Sun Alliance) que cubría

específicamente riesgo de robo hasta un total de ocho

millones noventa y ocho mil cuatrocientos dólares

($8,098,400.00). No obstante, Sun Alliance denegó

cubierta.

CBI por su parte poseía varias pólizas de seguro para

las fechas pertinentes. Por un lado, tenía expedida a su

favor una póliza primaria con una partida por

responsabilidad pública expedida por Insurance Company of

Florida (ICF), póliza #28-000905 con una cubierta de un

millón de dólares ($1,000,000.00). Dicha aseguradora fue

declarada insolvente y sujeta al proceso de liquidación de

sus activos mediante Orden emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 27 de

enero de 1993. En virtud de la Ley 72-1991, según

enmendada, 26 L.P.R.A. secs. 3801-3819 (2008 y Supl. 2011)

(Ley 72), la Asociación compareció en el litigio como

entidad a cargo de las reclamaciones instadas en contra de

ICF.

De otra parte, CBI tenía también dos (2) pólizas en

exceso tipo sombrilla con Universal. Estas son: (1)

póliza Núm. UMB-102, vigente del 20 de noviembre de 1990 CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 6

al 20 de noviembre de 1991, con un límite combinado de un

millón de dólares ($1,000,000.00) y (2) póliza Núm. UMB-

131, vigente del 20 de noviembre de 1991 al 20 de

noviembre de 1992, con un límite anual por agregado

ascendente a un millón de dólares ($1,000,000.00).

Maderas Tratadas y el Sr. Luis J. Fernández (señor

Fernández) instaron una Demanda en contra de Sun Alliance

alegando incumplimiento de contrato y daños y perjuicios

por la denegatoria de cubierta de ésta (Caso Civil Núm. D

AC1993-0221). Igualmente, el 14 de abril de 1993

iniciaron una acción en contra de CBI y sus aseguradoras

sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios

(Caso Civil Núm. D AC1993-0222).

Luego de varios trámites procesales, se dieron por

enmendadas las alegaciones de la referida Demanda (D

AC1993-0222) para identificar las siguientes entidades

como aseguradoras de CBI: (1) ICF y/o la Asociación y (2)

Universal como aseguradora en exceso de los límites de las

pólizas de ICF y/o la Asociación.

Oportunamente, los dos (2) casos iniciados por

Maderas Tratadas y el señor Fernández fueron consolidados

a nivel de instancia y luego de los trámites procesales

pertinentes se celebró el juicio en su fondo. El Tribunal

de Primera Instancia emitió su Sentencia el 13 de febrero

de 2003 declarando con lugar las reclamaciones vertidas en

ambas Demandas y condenando a CBI, Sun Alliance, la CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 7

Asociación y Universal a pagarle solidariamente a Maderas

Tratadas las siguientes sumas: (1) dos millones

($2,400,298.00) por la pérdida correspondiente al hurto de

su inventario, (2) tres millones setecientos cincuenta y

ocho mil ciento siete dólares ($3,758,107.00) por pérdidas

en ventas, (3) quinientos veinte mil dólares ($520,000.00)

por la pérdida de cánones de arrendamiento en su local en

Arecibo, (4) sesenta y seis mil setecientos cincuenta y

seis dólares ($66,756.00) por la pérdida producida al

tener que vender por debajo de su valor las propiedades de

Arecibo y Carolina, y (5) trescientos setenta y cinco mil

con sesenta dólares ($375,060.00) por la pérdida de

plusvalía o “goodwill” de dicha entidad.

Además, los condenó a pagarle solidariamente al señor

Fernández la cantidad de un millón setecientos

veinticuatro mil dólares ($1,724,000.00) por los daños

sufridos al tener que despojarse de sus activos para

afrontar la crisis económica de la empresa como

consecuencia de los hechos que dieron base a las

reclamaciones vertidas en sus Demandas.

El Tribunal de Primera Instancia entendió que las

aseguradoras habían incurrido en mala fe al denegar

cubierta bajo sus respectivas pólizas, por lo que

respondían solidariamente por los daños derivados de dicha CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 8

conducta, independientemente de los límites provistos en

las mismas.

Por último, el Tribunal de Primera Instancia entendió

que CBI y las aseguradoras habían sido temerarias al no

acceder a los reclamos de Maderas Tratadas y el señor

Fernández, por lo que se les condenó al pago de intereses

desde la fecha de radicación de la Demanda, así como el

pago solidario de cincuenta mil dólares ($50,000.00) por

concepto de honorarios de abogado, además de las costas y

gastos del litigio.

En lo atinente a la responsabilidad de CBI, el

Tribunal de Primera Instancia determinó que ésta fue

negligente al no supervisar a sus guardias de seguridad y

al no ejercer el debido cuidado al escogerlos.

Asimismo dictaminó que, al ICF declararse insolvente,

correspondía a la Asociación responder hasta la suma

estatutaria de ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00)

por cada una de las diecisiete (17) reclamaciones

sometidas por Maderas Tratadas, hasta llegar al límite de

la póliza emitida por ICF, es decir, un millón de dólares

($1,000,000.00).

De otra parte, aplicando el principio de descenso de

nivel (“drop down”), decretó que correspondía a Universal

asumir la posición de ICF, asegurador primario, al haber

sido éste declarado insolvente. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 9

Posteriormente, mediante Resolución de 1 de mayo de

2003, el Tribunal de Primera Instancia aprobó en su

totalidad el Memorando de Costas sometido por Maderas

Tratadas.

Inconformes, CBI, Sun Alliance, la Asociación y

Universal recurrieron por separado ante el Tribunal de

Apelaciones solicitando la revocación de la Sentencia del

Tribunal de Primera Instancia, así como la revisión de la

Resolución atinente a las costas del litigio. El Tribunal

de Apelaciones dispuso de las cuatro (4) apelaciones

conjuntamente mediante Sentencia emitida el 30 de junio de

2005. Posteriormente, en respuesta a la solicitud de

reconsideración sometida por Maderas Tratadas y el señor

Fernández, el foro apelativo intermedio dictó Sentencia

Enmendada el 15 de febrero de 2006 a los únicos fines de

reconsiderar su determinación previa atinente a la pérdida

de plusvalía del negocio de Maderas Tratadas y ciertas

costas previamente concedidas en el pleito.

Entre sus determinaciones, el tribunal apelativo

intermedio coincidió con el dictamen del foro primario a

los efectos de que: (1) CBI fue negligente al no ejercer

el debido cuidado al contratar sus guardias de seguridad y

al no supervisarlos adecuadamente; (2) las pólizas de

seguro expedidas por Sun Alliance, la Asociación y

Universal, respectivamente, proveían cubierta por los CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 10

daños reclamados, a la vez que procedía la determinación

de temeridad.

No obstante, el Tribunal de Apelaciones decretó que

la Asociación únicamente respondía hasta el límite total

de ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00) y

circunscribió el dictamen atinente a la mala fe por

denegatoria de cubierta de Sun Alliance. Dispuso, además,

que la única póliza vigente emitida por Universal para

efectos del litigio lo era la Núm. UMB-131 con un límite

de cubierta de un millón de dólares ($1,000,000.00),

sujeta a la teoría de descenso de nivel (“drop down”).

Como resultado del dictamen del Tribunal de

Apelaciones, según indicáramos anteriormente, surgieron

tres (3) recursos separados ante este Foro de los cuales

sólo quedan pendientes los casos consolidados de epígrafe.

Mediante Resolución de 12 de mayo de 2006, expedimos el

auto de certiorari solicitado en el recurso CC-2006-0228 y

el 19 de marzo de 2006 expedimos el auto en el recurso CC-

2006-0266.

Comenzamos por resolver las controversias

correspondientes al recurso CC-2006-0228.

II

CC-2006-0228

Inconforme con la Sentencia emitida por el Tribunal

de Apelaciones, Universal acudió ante nos consignando los

siguientes errores: CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 11

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR QUE LA PÓLIZA SOBRE RESPONSABLIDAD PÚBLICA EMITIDA POR UNIVERSAL PROVEÍA CUBIERTA PARA LOS HECHOS DEL PRESENTE CASO A PESAR DE QUE LOS MISMOS TRATAN SOBRE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL ASEGURADO Y NO DE UNA OCURRENCIA (“OCCURRENCE”) CUBIERTA POR LA MISMA.

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR QUE EN VIRTUD DE LA PÓLIZA SOMBRILLA EMITIDA POR UNIVERSAL ÉSTA ESTABA EN LA OBLIGACIÓN DE ASUMIR LA POSICIÓN DEL ASEGURADOR PRIMARIO INSOLVENTE DE CONFORMIDAD CON LA TEORÍA DE DESCENSO DE NIVEL (“DROP DOWN”).

3. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR QUE EN EL PRESENTE CASO UNIVERSAL INCURRIÓ EN TEMERIDAD.

Alega Universal que los hechos presentes en este caso

no dan margen a cubierta o, en la alternativa, están

sujetos a exclusión conforme a lo provisto en los términos

y condiciones de la póliza emitida a favor de CBI.

Universal sostiene que la reclamación iniciada por Maderas

Tratadas se halla fundamentada estrictamente en una

violación de las obligaciones contractuales asumidas por

CBI, asunto que está expresamente excluido del seguro en

cuestión por no constituir una ocurrencia (“occurrence”),

según dicho término aparece definido en la póliza.

Con el propósito de dirimir el error que antecede

según esbozado por Universal, comenzamos por examinar el

marco doctrinal atinente al campo de seguros, con especial

énfasis al término ocurrencia, según incorporado a la

póliza sombrilla emitida por Universal. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 12

III

EL CONTRATO DE SEGURO

Reiteradamente hemos destacado que en nuestra

sociedad el negocio de seguros está revestido de un alto

interés público debido a su importancia, complejidad y

efecto en la economía y la sociedad, razón por la cual ha

sido ampliamente reglamentado por el Estado. S.L.G. Ortiz-

Alvarado v. Great American, 182 D.P.R. 48 (2011); Jiménez

López et al. v. SIMED, 180 D.P.R. 1 (2010); S.L.G.

Francis-Acevedo v. SIMED, 176 D.P.R. 372 (2009).

El seguro juega un papel económico crucial tanto a

nivel individual como en el ámbito comercial, ya que

permite igualmente a las personas, como a los negocios,

proteger sus recursos al transferir el impacto monetario

de ciertos riesgos a cambio del pago de una prima.3 L.

Benítez de Lugo y Reymundo, El Riesgo Jurídico, Madrid,

Imp. Viuda Galo Sáez, 1961, pág. 17.

La póliza configura el documento escrito donde se

plasman los términos que rigen el contrato de seguro.

Éste se ha descrito como aquel pacto que suscriben las

partes a través del cual “el asegurador, se compromete, a

cambio del pago de una prima, a indemnizar a un tercero,

3 El término aparece definido de la siguiente forma en el Artículo 1 del Código de Seguros:

Seguro - Es el contrato mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el mismo….

26 L.P.R.A. sec. 102 (2008). CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 13

por lo general al asegurado o un reclamante, por una

pérdida contingente al ocurrir un evento futuro incierto

previsto”. R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Pubs.

JTS, 1999, pág. 387. Similar a todo contrato, sus

términos constituyen la ley entre las partes. S.L.G.

Ortiz-Alvarado v. Great American, supra; Jiménez López et

al. v. SIMED, supra; S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED,

supra.

El propio Código de Seguros pauta la norma que ha de

regir en el descargo de nuestra función interpretativa de

las cláusulas contenidas en una póliza de seguro. A esos

efectos, dicho cuerpo normativo dispone que “[t]odo

contrato de seguro deberá interpretarse globalmente, a

base del conjunto total de sus términos y condiciones,

según se expresen en la póliza y según se hayan ampliado,

extendido, o modificado…”. Artículo 11.250, 26 L.P.R.A.

sec. 1125 (2008). Véase, además, Jiménez López et al. v.

SIMED, supra; Echandi Otero v. Stewart Title, 174 D.P.R.

355 (2008); Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 D.P.R. 12

(2007).

Por tanto, los principios generales de hermenéutica

atinentes a los contratos, según esbozados en los

Artículos 1233 a 1241 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs.

3471-3479 (1990), se utilizarán únicamente de manera

supletoria. Jiménez López et al. v. SIMED, supra; Echandi CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 14

Otero v. Stewart Title, supra; Molina v. Plaza Acuática,

166 D.P.R. 260 (2005).

En aquellos casos en que surjan dudas en torno a la

interpretación de los términos de una póliza, éstas deben

resolverse de manera que se cumpla con el designio

intrínseco de la misma, es decir, proveer protección al

asegurado. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra;

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139 (1996).

Como parte del proceso de examinar los términos,

consignados en el acuerdo, los tribunales vienen obligados

a considerar los vocablos utilizados a base de su acepción

cotidiana según lo haría un ciudadano de inteligencia

promedio interesado en obtener una póliza de seguro.

Quiñones López v. Manzano Pozas, supra; S.L.G. Ortiz-

Alvarado v. Great American, supra; S.L.G. Francis-Acevedo

v. SIMED, supra.

Cónsono con lo anterior y similar al proceso de

interpretación de las leyes, se examinarán las palabras

contenidas en la póliza “en su más corriente y usual

significación, sin atender demasiado al rigor de las

reglas gramaticales, sino al uso general y popular de las

voces”. Artículo 15 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 15

(1993). S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, supra;

Jiménez López et al. v. SIMED, supra; Molina v. Plaza

Acuática, supra; Quiñones López v. Manzano Pozas, supra. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 15

Como regla general, las disposiciones de un contrato

de seguro deben de ser interpretadas liberalmente a favor

del asegurado por constituir éste un contrato de

adhesión.4 S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, supra;

S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra; Echandi Otero v.

Stewart Title, supra; Monteagudo Pérez v. E.L.A., supra;

Quiñones López v. Manzano Pozas, supra.

No obstante, este principio de hermenéutica no tendrá

aplicación cuando las cláusulas en cuestión resulten

claras y libres de ambigüedad. En tales casos, se hará

valer la clara voluntad de las partes y el asegurado

vendrá obligado por los términos allí manifestados.

S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, supra; Jiménez

López et al. v. SIMED, supra; S.L.G. Francis-Acevedo v.

SIMED, supra.

Los términos de un contrato se reputan claros “cuando

por sí mismos son bastante lúcidos para ser entendidos en

un único sentido, sin dar lugar a dudas, controversias ni

diversidad de interpretaciones y sin necesitar para su

comprensión razonamientos o demostraciones susceptibles de

impugnación”. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra,

pág. 387 (cita y comillas omitidas).

De otra parte, cabe notar que las cláusulas de

exclusión, que operan para limitar la cubierta provista

4 Se entiende por contrato de adhesión aquel en que una de las partes dicta las condiciones atinentes al contrato viniendo la otra parte obligada a aceptarlas por no contar con potestad alguna para variarlas. S.L.G. Francis- Acevedo v. SIMED, 176 D.P.R. 372, 386 (2009); López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562, 568 n. 2 (2003); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 155 n. 17 (1996). CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 16

por la aseguradora y, de este modo, no responder por

determinados eventos, riesgos o peligros, son generalmente

desfavorecidas. Así pues, éstas serán interpretadas

restrictivamente en contra del asegurador para, de este

modo, cumplir con el propósito intrínseco de la póliza, es

decir, dar mayor protección al asegurado. Jiménez López et

supra; Echandi Otero v. Stewart Title, supra; Monteagudo

Pérez v. E.L.A., supra.

No obstante, si las cláusulas de exclusión son claras

y aplican a determinada situación, la aseguradora no será

responsabilizada por aquellos riesgos expresamente

excluidos. Jiménez López et al. v. SIMED, supra; Echandi

A. TIPOS DE SEGURO

Entre los diferentes tipos de seguro se distinguen,

por un lado, aquellos que van dirigidos a resguardar

aspectos personales o pérdidas a la propiedad del propio

asegurado, a diferencia de los seguros que le ofrecen

protección frente a reclamaciones instadas en su contra

por terceros que han sufrido daños por su causa. Couch on

Insurance 3d, Vol. 9A, sec. 129:1, págs. 129-5 – 129-6

(12/2005); New Appleman on Insurance Law Library Edition,

Vol. 3, sec. 16.02[2], pág. 16-28 (Rel. 5-9/2011). Esta

última modalidad, conocida como seguro de responsabilidad CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 17

civil o pública, “„tiene [] como fin primordial garantizar

al asegurado contra la responsabilidad civil en que pueda

incurrir ante terceros por actos de los que sea legalmente

responsable‟”. Quiñones López v. Manzano Pozas, supra,

pág. 153 (citando a J. Castelo Matrán, Diccionario Mapfre

de Seguros, Ed. Mapfre, 1988, pág. 264) (corchetes

omitidos); Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R.,

supra. En otras palabras, el asegurador se compromete,

conforme a las condiciones estipuladas en el contrato, a

indemnizar a un tercero por aquellos daños y perjuicios

que le ha causado el asegurado.

Evidentemente, un seguro no responde por toda gestión

imaginable del asegurado que pueda causar daño a terceros.

La cubierta se circunscribe a determinadas actividades

específicamente delimitadas en la póliza conjuntamente con

las exclusiones allí dispuestas, donde se exceptúan

ciertas actividades por las que no viene obligado a

indemnizar. Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R.,

Existen a su vez seguros que operan a diferentes

niveles para, de este modo, expandir el monto de la

cobertura disponible a un asegurado dependiendo de la

magnitud del riesgo que se interesa proteger. Con este

fin, se encuentran tanto la póliza en exceso como la

póliza sombrilla. Ambas tienen como función cubrir CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 18

riesgos que excedan la cubierta provista por pólizas

primarias.

El seguro primario provee cubierta inicial y, como

regla general, se activa tan pronto sobreviene una

contingencia contemplada en la póliza. La póliza en

exceso, por su parte, provee cubierta por encima de los

límites de responsabilidad establecidos en el seguro

primario y la obligación de pago no surge hasta que se

hayan agotado los límites dispuestos en la póliza primaria

correspondiente. Monteagudo Pérez v. E.L.A., supra; B. R.

Ostrager y T. R. Newman, Handbook on Insurance Coverage

Disputes, 10ma ed., Nueva York, Aspen Law & Business,

2000, sec. 603[a], págs. 292-293.

De otra parte, el término póliza sombrilla se utiliza

típicamente en el contexto de las pólizas de

responsabilidad civil. En sus efectos resulta similar a

la póliza en exceso, en tanto y en cuanto proporciona

cubierta adicional a la provista por la póliza primaria

por aquellas pérdidas que excedan sus límites. New

Appleman on Insurance Law Library Edition, Vol. 1, sec.

1.06[7], pág. 1-61 (Rel. 3-9/2010).

No obstante, su alcance es más amplio que el de una

póliza en exceso en la medida en que, contrario a ésta,

puede extenderse a riesgos no cubiertos por la póliza

subyacente. New Appleman on Insurance Law Library

Edition, Vol. 1, sec. 1.06[7], pág. 1-61 (Rel. 3-9/2010); CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 19

Appleman on Insurance Law Library Edition, Vol. 3, sec.

16.02[3][d][i], pág. 16-38 (Rel. 5-9/2011); New Appleman

on Insurance Law Library Edition, Vol. 4, sec. 24.02[3],

págs. 24-16.1-24-17 (Rel. 6-12/2011); Ostrager, op. cit.,

sec. 6.03[a], págs. 292-294.

El caso que nos ocupa gira en torno a una póliza tipo

sombrilla emitida por Universal, la cual provee cubierta

de hasta un millón de dólares ($1,000,000.00). No

obstante, la obligación de pago de Universal se encuentra

supeditada al límite de un millón de dólares

($1,000,000.00) provisto por el seguro primario

correspondiente a una póliza de responsabilidad general

comprensiva emitida por IFC, declarada insolvente.

B. OCURRENCIA (“OCCURRENCE”)

Con el propósito de determinar si la aseguradora

viene llamada a responder por la reclamación objeto de

este recurso, debemos inicialmente examinar si los hechos,

según decretados por el Tribunal de Primera Instancia y

validados por el Tribunal de Apelaciones, se encuentran

enmarcados dentro de la cubierta provista por el contrato

de seguro con Universal. De ser así, corresponde entonces

verificar si la responsabilidad de Universal se halla a su

vez suprimida por alguna de las exclusiones contenidas en

la póliza antes mencionada.

La póliza de seguro tipo “Commercial Umbrella

Liability Policy” emitida por Universal dispone cubierta CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 20

por daños personales o a la propiedad de terceros, o sea,

responsabilidad civil, causados por una ocurrencia

(“occurrence”). Dicho término5 se define en la póliza

como “un accidente, incluyendo la exposición continua o

repetida a condiciones que resultan en daños personales,

daños a la propiedad… no anticipados ni intencionales

desde el punto de vista del asegurado”. (Traducción y

énfasis nuestro).

La expresión “ocurrencia” en el contexto de las

pólizas comerciales de responsabilidad civil o pública

surge a partir del 1966.6 Originalmente, dichas pólizas

típicamente proveían cubierta por daños causados por

“accidentes”. No obstante, ello presentaba problemas en

la práctica puesto que el alcance del seguro resultaba

extremadamente limitado al circunscribir su aplicación a

un evento súbito o abrupto. Debido a las recurrentes

disputas generadas sobre este particular, se reemplazó el

término “accidente” por “ocurrencia” modificando así su

enfoque para extender, de este modo, la cubierta a

situaciones de daños progresivos o continuos. Couch on

Insurance 3d, Vol. 9A, sec. 129:3, págs. 129-9 – 129-10

5 La póliza, redactada en inglés, define “occurrence” de la siguiente manera: “an accident, including continuous or repeated exposure to conditions, which results in personal injury, property damage… neither expected nor intended from the standpoint of the insured”. (Énfasis en el original).

6 Estos términos corresponden a pólizas modelo desarrolladas por la industria de seguros de Estados Unidos a través de una organización denominada “Insurance Services Office” con el propósito de uniformar las condiciones de cubierta ofrecidas a través de sus productos. Véase, New Appleman on Insurance Law Library Edition, Vol. 3 sec. 16.02[3][a][iii] pág. 16-29 (Rel. 5-9/2011). CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 21

(12/05); New Appleman on Insurance Law Library Edition,

Vol. 3, sec. 16.02[3][a][iv], págs. 16-30 – 16-31 (Rel. 5-

9/2011).

A pesar de que el nuevo concepto “ocurrencia” ofrece

una cubierta más amplia que la anteriormente provista por

el término “accidente”, cabe señalar que, aun bajo la

nueva perspectiva se requiere que la conducta que da

origen a la reclamación sea una “accidental”. Couch on

Insurance 3d, Vol. 9A, sec. 129:3, págs. 129-10 – 129-11

Vol. 3, sec. 16.07[3][a], pág. 16-177 (Rel. 5-9/2011).

Es por ello que, tal como sucede en la póliza ante

nuestra consideración, la palabra “accidental” se hace

constar taxativamente en la definición contemporánea de

“ocurrencia”. Así pues, se ha indicado que el cambio en

el enfoque “no elimina la necesidad de que tenga lugar un

accidente”. A. D. Windt, Insurance Claims and Disputes,

5ta ed., St. Paul, Minn., Thompson/West, 2007, sec. 11.3,

pág. 11-31 (2007) (traducción nuestra).

La expresión “accidente” ha de ser interpretada

conforme su significado común y ordinario. Para efectos

de la definición de “ocurrencia”, ello denota un incidente

o evento no planificado, no intencional, no anticipado, o

imprevisto. Couch on Insurance 3d, Vol. 9A, sec. 129:3,

pág. 129-11 (12/2005).

It has been said that an accident is merely an unanticipated event; it is that which occurs CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 22

not as the result of natural routine, but as the culmination of forces working without design, coordination, or plan. In other words, damage that is the natural, ordinary, probable, or expected result of an insured‟s action is not damage that was caused by an occurrence.

Windt, op. cit., sec. 11.3, págs. 11-32 - 11-33 (notas al

calce omitidas).

Conforme a lo anterior, queda claro que la conducta

deliberada o intencional no constituye un “accidente” ni

una “ocurrencia”. Windt, op. cit., pág. 11-43.

Para propósitos de determinar si, en efecto, el

suceso que da margen a los daños constituye un accidente,

es menester examinar el comportamiento que da base a la

reclamación desde el punto de vista del asegurado. Ello

aparece consignado expresamente en la definición de

“ocurrencia” que obra en la póliza transcrita

anteriormente. Cónsono con lo anterior, hemos reconocido

que “el concepto ocurrencia (occurrence), no provee

cubierta por actos culposos e intencionales del propio

asegurado”. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136

D.P.R. 881, 904 (1994) (énfasis en el original).

No obstante, cabe distinguir entre la conducta

intencional del asegurado y aquellos daños físicos o daños

a la propiedad que no fueron anticipados por éste, ni

tampoco tuvo la voluntad expresa de causarlos. Quiere

esto decir que, independientemente de la voluntariedad

atinente al comportamiento que trajo como consecuencia los

daños, lo determinante es auscultar si dichas secuelas CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 23

eran igualmente deseadas por el asegurado. PFZ Props.,

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra. Véase, además,

Ostrager, op. cit., sec. 8.03[b], págs. 433-436.

Una mayoría de las jurisdicciones en los Estados

Unidos ha resuelto que la violación de contrato no

constituye una ocurrencia.7 Esta norma responde a que con

este tipo de póliza se persigue cubrir únicamente aquellos

eventos que sean fortuitos e inesperados y no los

resultados previstos de conducta deliberada del asegurado.

Couch on Insurance 3d, Vol. 9A, sec. 129:3, págs. 129-12 –

129-13 (12/2005). Una póliza comercial de responsabilidad

civil o pública está diseñada y pretende proveer cubierta

por responsabilidad extracontractual por los daños

ocasionados a terceras personas o a la propiedad de éstos.

No cobija por responsabilidad contractual que únicamente

ocasione daños económicos sin afectar a personas o

propiedad ajena. Íd. sec. 129:3, pág. 129-13 (12/2005).

Por ende, como regla general, aquellas reclamaciones

basadas en la negligencia del asegurado se han considerado

como comprendidas dentro del término ocurrencia. Couch on

Insurance 3d, Vol. 7A, sec. 103:19, pág. 103-46 (12/1997).

Coincidimos con esta apreciación sobre el alcance de

la póliza emitida por Universal en este recurso.

7 Ya anteriormente reconocimos la utilidad y el valor persuasivo de la interpretación conferida por la jurisprudencia federal y estatal de Estados Unidos a las pólizas modelo mercadeadas en Puerto Rico. Molina v. Plaza Acuática, 166 D.P.R. 260, 266 (2005); Guerrido García v. U.C.B., 143 D.P.R. 337, 346-347 (1997); Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., 129 D.P.R. 521, 535 (1991). CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 24

Arribamos a esta conclusión a base de la definición del

término ocurrencia allí consignado, conjuntamente con la

naturaleza particular de la póliza de responsabilidad

civil.

Nuestro dictamen se encuentra igualmente sustentado

por el lenguaje de la póliza de Universal a los efectos de

que la aseguradora se obliga a satisfacer aquellas sumas

que el asegurado venga legalmente obligado a pagar por

aquella responsabilidad impuesta por ley.8 Esta cláusula

ha sido interpretada como que limita la cubierta

únicamente a la esfera de daños extracontractuales y no a

daños resultantes por violación de contrato. Windt, op.

cit., sec. 11.7, pág. 1-136; López & Medina Corp. v. Marsh

U.S.A., Inc., 667 F.3d 58 (1er Cir. 2012).

IV

A. NEGLIGENCIA – ARTÍCULOS 1802 Y 1803

La responsabilidad extracontractual se encuentra

reglamentada por el Artículo 1802 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 4151 (1990) (Artículo 1802), el cual dispone

8 La póliza emitida por Universal en este caso dispone lo siguiente en su parte pertinente:

In consideration of the payment of the required premium, the Company hereby agrees, subject to all of the terms of this policy, to pay on behalf of the insured all sums, as more fully defined by the term ultimate net loss, for which the insured shall become obligated to pay by reason of liability

(a) imposed upon the insured by law or

….

(Énfasis nuestro y énfasis original omitido). CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 25

que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro,

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar

el daño causado”. Este precepto contempla las

obligaciones que surgen como resultado de actos u

omisiones propios. No cabe duda de que la responsabilidad

civil impuesta por dicho estatuto incluye, no sólo las

acciones culposas, sino igualmente las omisiones cuando

existe un deber jurídico de actuar y de haberse realizado

el acto omitido se hubiera evitado el daño. Hernández

Vélez v. Televicentro, 168 D.P.R. 803 (2006).

De otra parte, a diferencia de la obligación de

reparar daños por acciones u omisiones propios, el

Artículo 1803, 31 L.P.R.A. sec. 5142 (1990) (Artículo

1803),9 extiende dicho deber reparador a los actos y

omisiones de otras personas por las que la ley exige que

se debe responder. S.L.G. Vázquez-Ibáñez v. De Jesús,

Vélez, 180 D.P.R. 387, 405 (2010). En otras palabras, el

mencionado precepto impone responsabilidad por hechos

ajenos motivados por diferentes tipos de relaciones como

9 El Artículo 1803 provee en lo pertinente lo siguiente: La obligación que impone [el Artículo 1802] es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. ….

Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones. ….

La responsabilidad de que trata esta sección cesará cuando las personas en ella mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 26

lo es la de un patrono respecto de sus empleados. El

estatuto igualmente establece una presunción de culpa por

parte de las personas allí designadas. No obstante, se

admite la presentación de prueba en contrario para evitar,

de este modo, la imposición de responsabilidad de

naturaleza vicaria.

La causa de acción instaurada por el Artículo 1803

consiste fundamentalmente en la culpa in vigilando o in

eligiendo atribuible a las personas designadas

estatutariamente como responsables. J. Santos Briz, La

Responsabilidad Civil, 7ma ed., Madrid, Ed. Montecorvo,

S.A., 1993, pág. 483. Se establece, pues, una presunción

de culpa que puede consistir en una falta de vigilancia “o

en una desacertada elección (culpa in eligiendo)”. J.

Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 15ª

Ed., Madrid, Ed. Reus, S.A., 1993, T. IV, pág. 973. “En

general se dice que es una responsabilidad fundada en la

presunción iuris tantum de culpa propia, por la falta de

vigilancia o de cuidado en la elección de las personas.”

J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona,

Ed. Bosch, T. II, Vol. III, 1983, pág. 106.

B. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN - ARTÍCULO 1057

En lo atinente a la relación contractual, una vez

perfeccionado un contrato surge la obligación de cumplir

con las debidas prestaciones según pactadas por las partes

so pena de responder por los daños ocasionados por tal CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 27

inobservancia. A esos efectos, el Artículo 1210 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375 (1990), dispone:

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

“Culpa contractual, pues, es la que surge del

incumplimiento de las obligaciones que han convenido los

contratantes. Éstos han establecido unas normas que se

han obligado a cumplir, y de su incumplimiento, cuando es

imputable a uno de ellos surge la culpa.” A. Borrell

Macia, Responsabilidades Derivadas de Culpa

Extracontractual Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch,

1958, pág. 75.

Conforme el mandato fijado en el Artículo 1057 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3021 (1990),10 se le exige

al deudor la debida diligencia en el desempeño de la

obligación en todos sus aspectos. Así pues, para efectos

de esta disposición:

[E]s fundamental la naturaleza de la obligación (propiamente, de la prestación), pues ésta es la que “exige” la diligencia debida…. El resultado es un trato totalmente riguroso para el deudor,

10 El Artículo 1057 dispone como sigue: La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 28

el cual deberá emplear toda la diligencia necesaria y suficiente (sea ésta cual sea), para que la obligación quede definitivamente cumplida. La intensidad de la diligencia… está presidida por la efectiva realización material del cumplimiento debido….

J. L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, II

Derecho de Obligaciones, 4ta ed., Madrid, Ed. Dykinson,

Vol. I, 2007, pág. 169.

C. DIFERENCIA ENTRE VIOLACIÓN CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Las acciones ex delito surgen del incumplimiento de la

regla cardinal en la que descansa la sana convivencia

humana: el no causar daño a los demás, o principio de

alterum non laedere. Las mismas se encuentran

preceptuadas en el Artículo 1802 y se distinguen porque la

responsabilidad frente al perjudicado surge sin que le

preceda una relación jurídica entre las partes

concernidas. E.L.A. v. Soto Santiago, 131 D.P.R. 304, 313

(1992); Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130

D.P.R. 712, 726 (1992). “[L]a responsabilidad civil entra

en juego cuando una persona causa un daño ilícito a otra,

con la que no está ligada por una relación jurídica

previa.” R. de Ángel Yagüez, La Responsabilidad Civil,

Bilbao, Universidad de Deusto, pág. 24 (nota al calce

omitida).

De otra parte, las acciones ex contractus, mediante

las cuales se reclaman daños derivados del incumplimiento

de contratos y pautadas en el Artículo 1054 del Código CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 29

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3018 (1990),11 se refieren a actos

u omisiones voluntarios que conllevan la inobservancia de

obligaciones anteriormente acordadas. Según hemos

indicado en otras ocasiones, estas reclamaciones tienen

por objeto el que se cumplan las promesas contractuales

sobre las cuales las partes prestaron su consentimiento.

Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 290 (2001); Ramos v.

Orientalist Rattan Furnt., Inc., supra; Santiago Nieves v.

A.C.A.A., 119 D.P.R. 711, 716 (1987). Se exige, por lo

tanto, que al daño le preceda una relación jurídica entre

las partes concernidas. Alvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1,

18 (2005); Trinidad v. Chade, supra; Ramos v. Orientalist

Rattan Furnt., Inc., supra; Prieto v. Maryland Casualty

Co., 98 D.P.R. 594, 619 (1970).

A tales efectos, el Tribunal Supremo de España ha

expresado: “para que opere la responsabilidad contractual,

con exclusión de la extracontractual o aquiliana, no basta

que haya un contrato entre las partes, sino que se

requiere la realización de un hecho dentro de la rigurosa

órbita de lo pactado y como desarrollo del contenido

negocial”. De Ángel Yagüez, op. cit., pág. 27.

Así pues, se resume la esencia de cada una de estas

dos (2) acciones de la siguiente manera:

11 El Artículo 1054 dispone lo siguiente: Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 30

[Ú]nicamente procede la acción en daños contractuales (Art. 1054) cuando el daño sufrido exclusivamente surge como consecuencia del incumplimiento de una obligación específicamente pactada, daño que no ocurriría sin la existencia del contrato. Ahora bien, resolvemos que resulta procedente una reclamación de daños extracontractuales como resultado del quebrantamiento de un contrato, si el hecho causante del daño constituye una violación del deber general de no causar daño a otro, y, a la vez, incumplimiento contractual.

Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., supra, pág. 727

(énfasis nuestro y nota al calce omitida).

No cabe duda, sin embargo, que una misma conducta

puede dar origen a dos (2) tipos de causa de acción

diferentes; una fundamentada en el concepto de negligencia

y la otra cimentada en las obligaciones contraídas

mediante un acuerdo previo. Así lo reconocimos

expresamente en Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc.,

supra, al validar la teoría de la concurrencia de acciones

de resarcimiento derivadas de un contrato y a la vez de un

acto ilícito extracontractual. Véase, además, Martínez

Marrero v. González Droz, 180 D.P.R. 579, 592 (2011).

Para que opere la misma deben coincidir los

siguientes requisitos:

1. Que el hecho causante del daño sea al mismo tiempo incumplimiento de una obligación contractual y violación del deber general de no causar daño a otro, es decir, violación de un deber con abstracción de la obligación contractual que se daría aunque ésta no hubiere existido.

2. El perjudicado por efecto de la doble infracción (contractual y delictual) ha de ser CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 31

la misma persona, es decir, el acreedor contractual….

3. Por último, es también necesario que la doble infracción haya sido cometida por una misma persona, el deudor contractual….

Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., supra, pág. 725

(citando a Santos Briz, op. cit.).

Nuestro Código Civil, trazando las disposiciones de

su contraparte español, preceptúa los daños que conciernen

a cada una de estas modalidades12 las cuales “responden a

un principio común de derecho y a una finalidad

reparadora”. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc.,

supra, pág. 722.

Queda claro, no obstante, que no procede la

indemnización conjunta por ambos tipos de acción, puesto

que ello conllevaría una duplicidad de remedios. El

resarcimiento procederá únicamente por una sola de las

reclamaciones. Corresponde, por lo tanto, al perjudicado,

optar por una de las dos (2) vías alternas para obtener la

reparación satisfactoria a sus daños. Ramos v.

Orientalist Rattan Furnt., Inc., supra.

D.

Universal sostiene que la póliza sombrilla no provee

cubierta para los hechos presentes en este recurso por

tratarse de una reclamación cimentada en un incumplimiento

12 Véase el Artículo 1802, atinente a los daños causados por negligencia, y el Artículo 1054 que dispone para daños por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 32

de contrato. La aseguradora aduce que, contrario a la

determinación recurrida, la Demanda instada por Maderas

Tratadas y el señor Fernández meramente plantea el que CBI

infringió las obligaciones contraídas mediante el acuerdo

suscrito entre las partes, al no proveer servicios de

seguridad apropiados. Es decir, al no haber escogido ni

supervisado adecuadamente los guardias de seguridad

asignados a velar por la seguridad de Maderas Tratadas

según pactado, lo cual ocasionó los daños exigidos

mediante la presente acción judicial.

Para efectos de dilucidar la presente controversia,

los hechos que dan margen a la Demanda instada por Maderas

Tratadas y el señor Fernández son relativamente sencillos.

Un empleado de CBI hurtó y/o permitió a otros sustraer

propiedad de Maderas Tratadas mientras fungía como guardia

de seguridad del lugar. Se estableció mediante juicio que

la sustracción de mercancía se debió a la negligencia

desplegada por el patrono, en este caso la compañía de

seguridad, al no implementar sistema alguno para evaluar y

monitorear a sus empleados. La pregunta obligada que

surge entonces es si el deber de reparar ese daño surge

única y exclusivamente como consecuencia de la relación

contractual existente entre Maderas Tratadas y CBI o si

existe al mismo tiempo una obligación de indemnizar como

parte de las normas habituales de respeto a los demás,

independiente de cualquier relación jurídica previa. Es CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 33

decir, el deber general de no causar daño a otros

implementado a través de las pautas de responsabilidad

vicaria consignadas en el Artículo 1803.

Para poder responder al planteamiento de Universal

debemos examinar en primera instancia las alegaciones

contenidas en la Demanda y de este modo indagar la

naturaleza de las reclamaciones presentadas por Maderas

Tratadas y el señor Fernández en contra de CBI. En el

epígrafe de la Demanda se identifica la materia de los

asuntos allí presentados como “incumplimiento de contrato

y daños y perjuicios”. En la misma se le imputa a CBI

tanto negligencia in eligiendo, así como in vigilando en

relación a sus empleados lo que, según se alega, trajo

como consecuencia directa el que se concretara el hurto.

Igualmente, se mencionan los daños acaecidos como

resultado de tal negligencia. Es decir, se delinearon los

elementos básicos para una reclamación en daños y

perjuicios a través del Artículo 1803. Paralelamente se

hace mención del incumplimiento con las disposiciones

contractuales del trabajo a ser llevado a cabo por la

compañía de seguridad.

Conforme al Artículo 1803, se alude a la culpa in

eligiendo, así como a la modalidad in vigilando como causa

próxima de los daños. Igualmente, se consignó la

contravención con las disposiciones contractuales al

incumplirse con las normas atinentes al tipo de trabajo CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 34

contratado. Podemos concluir, por lo tanto, que desde los

inicios del caso figuró la concurrencia de acciones. Se

hizo mención de la identidad entre el causante del daño y

el perjudicado. De otra parte, la conducta imputada dio

margen al mismo tiempo a una acción por incumplimiento de

una obligación contractual y a la violación del deber

general de no causar daño a otro a través de la

responsabilidad vicaria.

A base de ello, quedaba a la discreción de la parte

perjudicada escoger cuál de las dos (2) vías

indemnizatorias le resultaba más conveniente proseguir

para vindicar sus derechos.

Una vez examinados los hechos, según la prueba que le

mereció credibilidad, el Tribunal de Primera Instancia

dictaminó que la acción ejercitada por Maderas Tratadas y

el señor Fernández estaba predicada esencialmente en los

Artículos 1802 y 1803 del Código Civil. Encontró que hubo

negligencia por parte de CBI al no supervisar sus guardias

de seguridad ni ejercer el debido cuidado al emplearlos,

por lo que, acorde con lo dispuesto en el Artículo 1803,

venía obligado a responder por los daños sufridos por

Maderas Tratadas y el señor Fernández.

El Tribunal de Apelaciones, por su parte, reconoció

que la determinación apelada “declaró con lugar la demanda

en daños y perjuicios” y como parte de su Sentencia,

analizó el derecho aplicable desde el punto de vista de CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 35

los Artículos 1802 y 1803. A esos efectos, decretó lo

siguiente:

Realmente, la negligencia aquí estriba en escoger mal, entrenar mal y no supervisar a guardias de seguridad que se contratan para precisamente hacer lo contrario a lo que aquí realizó el guardia Sr. Gonzalez. CBI incumplió, a su deber “in eligiendo”, Ortiz v. Scn. Serrallés, 89 DPR 419 (1963), como en su deber de supervisión y entrenamiento continuo, ante el riesgo latente de que el guardia de seguridad no actúe conforme de él se espera. CBI es, precisamente una empresa dedicada a prestar servicios de vigilancia a terceros. Además, tratándose de vigilancia nocturna y en días feriados, es previsible que si no se emplean medidas cautelares necesarias ocurra lo que sucedió. Martínez v. Chase Manhattan Bank, 108 DPR 515 (1979).

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, págs. 16 y 17.

Al igual que el Tribunal de Primera Instancia, el

Tribunal de Apelaciones dispuso que CBI respondía

vicariamente al no tomar precauciones en el proceso de

contratar sus guardias de seguridad y al permitirles

llevar a cabo sus funciones sin ningún tipo de control.

Resolvió, por ende, que CBI era llamado a satisfacer los

daños ocasionados por su empleado al robar o permitir el

hurto de mercancía de aquél a quien venía obligado a

proteger.

Evaluada las determinaciones del tribunal a quo no

encontramos razón de peso para interpretarlas de otro

modo. Por tanto, para efectos de la póliza emitida por

Universal en este recurso, la responsabilidad del

asegurado frente a Maderas Tratadas y el señor Fernández CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 36

se encuentra sustentada por los Artículos 1802 y 1803 del

Código Civil. Es decir, por los preceptos atinentes a la

responsabilidad extracontractual.

Nuestro próximo paso se reduce a determinar si la

negligencia desplegada por CBI en este caso puede

enmarcarse dentro de la definición de ocurrencia de la

póliza que exige conducta no intencional. Respondemos en

la afirmativa.

Según mencionamos anteriormente, Universal aduce que

las alegaciones se reducen al incumplimiento de la

obligación contractual asumida por CBI con Maderas

Tratadas que de ninguna manera pueden ser catalogadas como

un accidente o una ocurrencia cubierta por la póliza. A

estos efectos indica que no existe cubierta por no

tratarse de una ocurrencia o un accidente con consecuencia

hacia terceras personas.

No obstante, como ya explicáramos, en ningún momento

concluyó el tribunal a quo que la reclamación probada

constituía una violación de contrato. Tampoco aparece

evidencia de que la omisión desplegada por CBI en relación

al escogido y supervisión de sus empleados fuese una

intencional o que CBI actuase con el propósito deliberado

de causar daños a la propiedad de Maderas Tratadas. Cabe

recordar que para efectos de este caso, conforme a la

propia definición de ocurrencia, debemos examinar la CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 37

conducta impugnada desde la perspectiva del asegurado, no

de su empleado.

A base de lo anteriormente expuesto, ciertamente

podemos concluir que los hechos según consignados por el

tribunal juzgador caen dentro de los parámetros de la

definición de ocurrencia. Tanto el Tribunal de Primera

Instancia como el Tribunal de Apelaciones hallaron a CBI

negligente conforme a los Artículos 1802 y 1803, por no

ejercer el debido cuidado al emplear sus guardias de

seguridad y al no supervisarlos adecuadamente. No

estamos, por consiguiente, ante una determinación basada

en violación de las obligaciones contractuales que

surgieron como parte del contrato otorgado entre CBI y

Maderas Tratadas. Tampoco aparece evidenciada conducta

intencional de parte del asegurado actuando con el

propósito deliberado de causar daño.

Por el contrario, no cabe duda de que en la situación

planteada en este recurso se concretan los elementos

necesarios para una reclamación en daños y perjuicios, que

a su vez emanan de conducta que puede ciertamente

catalogarse como una ocurrencia.

V

EXCLUSIONES

Una vez establecido que existe cubierta para las

reclamaciones interpuestas por Maderas Tratadas y el señor

Fernández, conforme a los parámetros de la póliza CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 38

sombrilla de Universal, pasamos a considerar si, no

obstante, es de aplicación alguna de las disposiciones

excluyentes allí provistas. Ello conlleva examinar con

particular atención el lenguaje utilizado en las cláusulas

pertinentes, habida cuenta de que las limitaciones de

cubierta son generalmente desfavorecidas y han de ser

interpretadas restrictivamente en contra del asegurador.

Únicamente se exceptuarán aquellos riesgos que así

aparezcan expresamente preceptuados en el contrato de

seguro.

Universal aduce que no proceden las reclamaciones

interpuestas por Maderas Tratadas y el señor Fernández por

encontrarse éstas sujetas a las exclusiones atinentes a

los riesgos empresariales (“business risks”), así como a

la correspondiente al “cuidado, custodia y control” de la

propiedad que CBI vigilaba.

Pasamos entonces a evaluar ambas exclusiones

individualmente con el propósito de auscultar su

aplicación a los hechos según delimitados en este recurso.

A. RIESGOS EMPRESARIALES (“BUSINESS RISKS”)

Las pólizas comerciales de responsabilidad civil

están diseñadas para proteger a los asegurados por

pérdidas en sus gestiones de negocios. Normalmente se

asocian dos (2) tipos de riesgos con los trámites

comerciales: los de naturaleza torticera y los que surgen

debido a que el negocio no cumple con sus obligaciones CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 39

contractuales. Un ejemplo del primero lo constituye un

producto defectuoso que causa daños a propiedad o a

individuos, y del segundo, lo sería un producto defectuoso

que no funciona conforme a las garantías contractuales

provistas por el manufacturero. Con el propósito de

eximir a las aseguradoras de la responsabilidad

contractual correspondiente a pérdidas económicas cuando

el producto de su asegurado no satisface las debidas

garantías, se desarrolló la exclusión de los “riesgos

empresariales”. R. C. Anzivino, The Economic Loss

Doctrine: Distinguishing Economic Loss from Non-economic

Loss, 91 Marq. L. Rev. 1081, 1112-1113 (Summer 2008).

Véase, además, Windt, op. cit., sec. 11:10, pág. 11-198.

Esta exclusión opera bajo la premisa de que el

asegurado ejerce el control sobre la calidad de su trabajo

y no debe permitirse que, a través de su conducta

intencional o temeraria, controle los riesgos cubiertos

por la póliza. Se considera que este tipo de riesgo

constituye parte integral de la gestión de hacer negocios,

por lo que su costo debe reflejarse en el precio del

producto y no en la prima del seguro. New Appleman

Insurance Law Library Edition, Vol. 3, sec. 18.03[10][b],

pág. 18-77 (Rel. 5-9/2011).

Por tanto, cónsono con lo anterior, una póliza

comercial de responsabilidad civil que contiene la

mencionada exclusión está diseñada para proveer cubierta CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 40

por responsabilidad torticera por daños a terceros, pero

no por daños contractuales debido a que el producto del

asegurado no cumplió con lo pactado. Couch on Insurance

3rd, Vol. 9-A, sec. 129.16, pág. 129-36 (12/2005).

In order to provide coverage for tort liability and exclude coverage for contract liability, a number of “business risk” exclusions are included within the standard commercial general liability policy. These exist for the express purpose of excluding coverage for risks that relate to the repair or replacement of the insured‟s faulty work or products, or defects in the insured‟s work or products themselves. These “business risk” exclusions are designed to provide coverage for tort liability only, and not for the contractual liability of the insured for economic losses that occur because the product or completed work was not what the other party bargained for. A commercial general liability policy with its standard business risk exclusions provides insurers coverage for “property damage” that is tortious in nature, not contractual. Anzivino, op. cit., págs. 1112-1113 (notas al calce

omitidas).

Como parte de sus exclusiones, la póliza de Universal

dispone:

Section I of the Exclusions This policy shall not apply: …. C. to property damage to (1) property owned by the insured, (2) the insured’s products arising out of such products or any part of such products, (3) work performed b[y] or on behalf of the insured arising out of the work or any portion thereof, or out of materials, parts or equipment furnished therewith; …. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 41

(Énfasis nuestro y énfasis en el original omitido).

Las categorías antes reseñadas comprenden las tres

(3) exclusiones que abarcan los “riesgos empresariales”

comúnmente denominadas como: (1) “Exclusión de daños a la

propiedad” (“Injury to property”); (2) “Exclusión de daños

al producto” (“Injury to products exclusion”) y, por

último, (3) “Exclusión de daños al trabajo u obra

realizada” (“Injury to work performed exclusion”). Véase,

Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., supra, pág. 542.

Dichas disposiciones corresponden, respectivamente, a

daños ocasionados, ya sea a los bienes, productos o al

trabajo u obra realizados por el asegurado.

Como requisito indispensable para que se active la

aludida exclusión debe darse un daño a la propiedad. Las

primeras dos (2) exclusiones conciernen a daños a la

propiedad acaecidos, ya sea a bienes del propio asegurado

o a sus productos, por lo que no son de aplicación a los

hechos presentes en este caso. Por último, se exceptúan

daños a la propiedad que padezcan la obra o la labor

realizados por el asegurado y sobrevenidos como resultado,

ya sea de su trabajo o como consecuencia de los

materiales, partes o equipos provistos en el desempeño de

dicha faena. Este último supuesto atiende situaciones en

que el trabajo llevado a cabo por el asegurado resulta

deficiente (“faulty workmanship”). CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 42

“De modo que cuando la obra o el producto del

asegurado es defectuosa, el asegurador no responde por los

daños que, precisamente, haya sufrido en sí misma la labor

o bien del asegurado.” Meléndez Piñero v. Levitt & Sons

of P.R., supra, pág. 539 (énfasis en el original).

Cabe distinguir entre los defectos o vicios que sufra

la obra realizada por el asegurado en sí, de los daños que

pueda experimentar otro bien o propiedad como consecuencia

de esos vicios. Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R.,

Ya anteriormente tuvimos la oportunidad de

interpretar esta cláusula en el contexto de alegaciones

sobre deficiencias en un proyecto de construcción y

concluimos que su lenguaje no resulta ni ambiguo ni

oscuro. Por el contrario, resolvimos que la misma

“claramente informa: la póliza no cubre… los daños que

padezca la obra realizada por el asegurado contratista

como consecuencia de su trabajo”. Meléndez Piñero v.

Levitt & Sons of P.R., supra, pág. 541 (citas y corchetes

omitidos).

Una vez evaluados los hechos relevantes a la

controversia, encontramos que no resulta viable en este

caso la aplicación de la tercera modalidad de la exclusión

atinente a los riesgos empresariales, puesto que la labor

en controversia concierne únicamente a la prestación de un

servicio. Es decir, no pueden ocasionarse daños a la CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 43

labor o al trabajo realizados por CBI según requiere la

“Exclusión de daños al trabajo u obra realizada” puesto

que sus prestaciones estaban ceñidas únicamente a proteger

la propiedad de Maderas Tratadas. No nos encontramos

frente a una situación en que el trabajo a cargo de CBI,

que dio base a la reclamación, envolviese bienes tangibles

como lo sería la construcción o manufactura de algún tipo

de objeto fungible para poder concluir que, en efecto, se

ocasionaron “daños al trabajo u obra realizada”, por el

asegurado.

A base de lo anterior, es forzoso concluir que las

reclamaciones de Maderas Tratadas y el señor Fernández no

se encuentran exceptuadas como uno de los riesgos

empresariales identificados en las exclusiones de la

póliza de Universal.

B. CUIDADO, CUSTODIA Y CONTROL (“CARE, CUSTODY AND CONTROL”)

Universal plantea, además, que en este caso las

instalaciones de Maderas Tratadas se encontraban

totalmente bajo la custodia y control de CBI cuando

ocurrieron las apropiaciones ilegales. Aduce que, a base

de ello, se activó la cláusula de exclusión de

responsabilidad sobre daños a toda propiedad que se

hallare bajo el “cuidado, custodia, control o posesión del

asegurado” (“care, custody or control exclusion”). Esta

disposición elimina cubierta en aquellas situaciones en CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 44

que el asegurado guarda un vínculo tal con la propiedad

afectada que le permite ejercer cierto grado de control

sobre la misma. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Inc. Co.,

supra. De este modo, se pretende evitar reclamos

exagerados o falsos de su parte. Íd.

No obstante, hallamos que los casos citados por

Universal en apoyo a su posición no son de aplicación a la

situación que nos concierne. A diferencia de la

disposición que figura en la póliza de este recurso, la

jurisprudencia aludida por Universal gira en torno a la

exclusión de “propiedad” que obra bajo el cuidado,

custodia o control del asegurado.13

La cláusula correspondiente a la póliza en este caso

se limita a “dinero, valores, joyas u otros objetos de

valor” que constasen bajo el cuidado, custodia o control

de CBI.14 La exclusión se encuentra, por tanto, claramente

circunscrita a ciertos bienes que denotan una naturaleza

monetaria muy particular.

13 Así pues, en Stewart Warner Corp. v. Burns Int‟l Sec. Serv., Inc., 527 F.2d 1025, 1027 (7mo Cir. 1975) la cláusula de exclusión se circunscribió a daños atinentes a “property in the care, custody or control of the insured” (énfasis nuestro). En Employers Mut. Cas. Co. v. Trinity Universal Ins. Co., 376 S.W.2d 766, 767 (Tx. 1964) se exceptuó de cubierta “property rented to or in charge of the insured” (énfasis nuestro). Igualmente, en Rogers v. British and Overseas Ins. Co., Ltd., 204 N.Y.S. 2d 42, 43 (1960) la póliza excluyó los siguientes daños: “[to] property used by or in the care, custody or control of the insured” (énfasis nuestro).

14 El endoso Núm. 5 de la póliza emitida por Universal dispone:

CARE, CUSTODY OR CONTROL EXCLUSION IT IS AGREED THAT THE COVERAGES AFFORDED BY THIS INSURANCE SHALL NOT APPLY TO MONEY, SECURITIES, JEWELRY OR OTHER VALUABLES IN THE CARE, CUSTODY OR CONTROL OF THE INSURED OR ENTRUSTED TO THE INSURED FOR SAFEKEEPING.

(Énfasis nuestro). CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 45

No cabe duda de que, ni el almacén custodiado por la

asegurada, ni la parte del inventario sustraído de tales

instalaciones puede ubicarse dentro de las categorías

enumeradas en la referida exclusión. La propiedad

afectada concierne únicamente a materiales de construcción

y otras mercaderías que no implican de manera alguna los

objetos de valor especificados en la póliza.

Consiguientemente, tampoco es de aplicación esta

exclusión.

VI

DESCENSO DE NIVEL (“DROP DOWN”)

Como próximo señalamiento, nos toca resolver si

efectivamente la teoría de descenso de nivel (“drop

down”), ratificada por el Tribunal de Apelaciones, es de

aplicación a la póliza de Universal objeto de este

recurso. La falta de capacidad económica de las

aseguradoras para cumplir con sus obligaciones

contractuales ha generado, a través de los años, un gran

cúmulo de litigación concerniente a quién debe ser llamado

a responder cuando una aseguradora primaria es declarada

insolvente. Toca señalar que, en última instancia, la

determinación de si debe o no obligarse a una aseguradora

en exceso a bajar de nivel descansa enteramente en los

términos que figuran en la póliza. Las respuestas a esta

interrogante han generado resultados totalmente variados e

inclusive inconsistentes entre sí. Véase, A. M. Samberg, CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 46

Note, Drop Down Liability of Excess Insurers for Insolvent

Primary Carriers: the Search for Uniformity in Judicial

Interpretation of Excess Insurance Policies, 33 Ariz. L.

Rev. 239 (1991).

Utilizando como base nuestra primera opinión en el

caso de A.A.A. v. Librotex, Inc., 141 D.P.R. 375 (1996),

posteriormente revocada en reconsideración en A.A.A. v.

Librotex, Inc., 142 D.P.R. 820 (1997) (“Librotex II”), el

tribunal primario determinó que, no obstante su condición

de sombrilla, la póliza emitida por Universal venía

obligada a asumir la posición del asegurador primario

insolvente, de conformidad con la teoría de descenso de

nivel (“drop down”). El Tribunal de Primera Instancia

razonó que, debido a que la póliza en controversia no

contenía endosos ni lenguaje indicando lo contrario, se

creaba una expectativa de cubierta, por lo que se presumía

que operaba el descenso.

El Tribunal de Apelaciones por su parte, aunque

reconoció que el enfoque del tribunal de instancia resultó

errado, confirmó la determinación del tribunal a quo.

Conforme su Sentencia, la aplicación de la norma antes

aludida dependerá de: (1) que aparezca expresamente

consignada la inclusión o la exclusión en la póliza o, en

su defecto, (2) que ello se pueda inferir a base de la

correlación entre la tarifa cobrada por el asegurador

primario y la cobrada por el asegurador sombrilla. Al no CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 47

existir disposición expresa atinente al descenso, dicho

foro optó por utilizar este último criterio y concluyó que

procedía el descenso a base del monto de la prima pagada a

Universal.

En nuestra opinión, en el caso de Librotex II

validamos el principio de que, “[c]omo regla general, una

aseguradora que provee cubierta en exceso no viene

compelida a cubrir a un asegurado en sustitución de una

aseguradora primaria declarada insolvente”. Librotex II,

pág. 824. Esta norma responde a la naturaleza particular

de las cubiertas en exceso, en conjunción con la

expectativa a la que advienen los contratantes al momento

de pactar el monto de la prima por tales cubiertas. La

expectativa de los contratantes en estas situaciones puede

inferirse de la diferencia entre el monto de ambas primas,

correlativo a los riesgos atinentes a cada tipo de póliza.

Íd.

Únicamente cuando el lenguaje plasmado en el contrato

de seguro resulta ambiguo, toca a los tribunales examinar,

caso a caso, las disposiciones de las pólizas de forma

integral, con el propósito de discernir cuáles eran las

expectativas de las partes al pactar la cubierta. Como es

de esperar, este proceso estará sujeto a la regla

interpretativa de que toda ambigüedad deberá ser resuelta

a favor del asegurado. Librotex II. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 48

A base de lo anterior nos corresponde, por tanto,

resolver en primera instancia, si los términos según

vertidos en la referida póliza resultan claros y obligan a

las partes según redactados. O si, por el contrario, su

imprecisión amerita que nos adentremos más allá para

examinar si la parte asegurada confiaba razonablemente en

que la póliza sombrilla ocuparía el lugar de la primaria,

de declararse ésta insolvente.

Entre los tres (3) tipos de lenguaje evaluados en

nuestra opinión de Librotex II resolvimos que aquel que

describe la cubierta como “en exceso de los límites de las

pólizas descritas en el propio contrato” se halla

“claramente exent[o] de toda ambigüedad” y por lo tanto,

no puede compelerse el descenso. Librotex II, pág. 827.

Esta observación corresponde a la tercera categoría de

cláusulas allí identificadas.

Los términos provistos en la póliza que nos ocupa se

le asemejan y no encontramos base alguna para disponer un

resultado contrario. Véase, además, Couch on Insurance,

Vol.1, 3d, sec. 6:38 págs. 6-150 – 6-152 (12/2009). El

monto de cubierta consignado en la póliza de Universal

aparece claramente limitado al exceso que el asegurado

venga llamado a pagar con relación a las pólizas

primarias.15

15 Contrasta dicha cláusula con aquella que establece que al computar la suma a pagar en calidad de exceso debe tomarse en consideración “cualquier otra cubierta cobrable por el asegurado” lo cual puede interpretarse como que da paso al descenso de nivel. Librotex II, pág. 828 (énfasis nuestro). CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 49

De otra parte, la póliza sombrilla fija la

responsabilidad de pago a “la pérdida total neta en

exceso” de los límites correspondientes, según

especificados en las pólizas primarias detalladas en el

contrato. De ninguna manera se condiciona el pago de

Universal a que sean o no cobrables las partidas

primarias, lo que podría tornar los términos del contrato

de seguro en ambiguos conforme aludimos en Librotex II.16

Igualmente se establece el límite de responsabilidad

de la aseguradora, conforme a lo dispuesto en la póliza,

independiente del número de asegurados, reclamaciones

interpuestas o de ocurrencias envueltas.17

Por último, como requisito para cubierta se le exige

al asegurado que mantenga en vigor las pólizas primarias

identificadas en la póliza. Se advierte que, en la

eventualidad de que se incumpla con esta condición, la

16 La cubierta aparece descrita de la siguiente manera:

2. UNDERLYING LIMIT – RETAINED LIMIT

The Company shall be liable only for the ultimate net loss [of] the excess of the greater of the insured‟s underlying limit or retained limit define[d] as:

(a) Underlying limit – an amount equal to the limits of liability indicated beside the underlying insurance listed in the schedule of underlying insurance, plus the applicable limits….

(Énfasis nuestro).

17 A esos efectos, el contrato de seguro provee:

3. LIMITS OF LIABILITY

Regardless of the number of persons and organizations who are insureds under this policy and regardless of the number of claims made and suits brought against any or all insureds, the total limit of the Company’s liability for the ultimate net loss resulting from any one occurrence shall not exceed the amount specified in Item 4(a) of the declarations. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 50

responsabilidad de la aseguradora continuará siendo igual

a como si se hubiese dado el cumplimiento.18

Conforme las normas de interpretación aplicables a

los contratos de seguro, evaluamos las disposiciones antes

señaladas en su sentido común y de manera integral. Habida

cuenta de que lo enunciado en el acuerdo entre las partes,

atinente a la obligación de pago por parte de Universal en

calidad de póliza sombrilla, se halla libre de ambigüedad,

se hace innecesaria nuestra intervención adicional a los

efectos de recoger la expectativa del asegurado. Por lo

que, luego de examinar las disposiciones pertinentes de la

póliza en cuestión, nos es forzoso concluir que, tal como

ocurrió en Librotex II, las mismas resultan claras y no

dan margen al descenso de Universal como póliza primaria.

Resolvemos, por tanto, que al Universal contratar con

CBI quedó claramente apercibida de que estaba conviniendo

la compra de una póliza sombrilla que únicamente pagaría

reclamaciones en exceso de la aseguradora primaria y no en

su lugar.

18 La cláusula pertinente dispone como sigue:

CONDITIONS

MAINTENACE OF UNDERLYING INSURANCE

The policy or policies referred to in the attached Schedule of underlying insurance… shall be maintained in full effect during the currency of this policy…. Failure of the insured to comply with the foregoing shall not invalidate this policy but in the event of such failure, the Company shall only be liable to the same extent as if the insured had complied with this condition.

(Énfasis nuestro). CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 51

Incidió por tanto el Tribunal de Apelaciones al

confirmar la determinación del tribunal juzgador a los

efectos de que Universal venía obligada a responder en

calidad de aseguradora primaria.

VII

TEMERIDAD

Por último, Universal impugna la determinación

mediante la cual se le ordenó conjuntamente con los otros

demandados, es decir, Sun Alliance, la Asociación y CBI,

al pago solidario de cincuenta mil dólares ($50,000.00) en

calidad de honorarios de abogado, así como el pago de los

intereses pre sentencia por su temeridad en el trámite de

su defensa en el caso.

La facultad de imponer honorarios de abogado en casos

en que intervenga temeridad o frivolidad surge de la

propia Regla 44.1 de Procedimiento Civil.19 De otra parte,

la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil20 provee para el

pago del interés legal en aquellos procesos en que medie

19 Debido a que la imposición de honorarios se hizo al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, las utilizaremos en nuestro análisis.

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.1(d) (2001), establece lo siguiente:

En caso que cualquier parte o su abogado haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta.

20 La Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.3(b) (2001), dispone lo siguiente en su parte pertinente:

El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con temeridad el pago de interés… desde la radicación de la demanda, en caso de daños y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia…. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 52

tal comportamiento. Ya en ocasiones anteriores hemos

resumido el concepto de temeridad como aquella conducta

que promueve un pleito que se pudo obviar, lo prolonga

innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en

trámites evitables. Andamios de P.R. v. Newport Bonding,

179 D.P.R. 503, 519-520 (2010); Marrero Rosado v. Marrero

Rosado, 178 D.P.R. 476, 504 (2010); Colón Santos v. Coop.

de Seg. Múlt. P.R., 173 D.P.R. 170, 188 (2008). Dicho de

otro modo, se entiende que un litigante actúa con

temeridad cuando “por su terquedad, obstinación,

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente a

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de

un pleito”. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra,

pág. 520; S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R.

843, 866 (2008).

La temeridad es improcedente en aquellos litigios que

envuelven planteamientos complejos y novedosos aun no

resueltos en nuestra jurisdicción. Tampoco ha de

emplearse cuando la parte concernida responde a lo que

resulta ser una apreciación errónea del derecho sin que

existan precedentes vinculantes al respecto o, cuando

existe alguna desavenencia honesta en cuanto a cuál de las

partes beneficia el derecho aplicable. Santiago v. Sup.

Grande, 166 D.P.R. 796, 821 (2006); Oliveras, Inc. v.

Universal Ins. Co., 141 D.P.R. 900, 936 (1996). CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 53

Esta penalidad tiene como propósito disuadir la

litigación frívola, así como fomentar las transacciones, a

través de sanciones que compensen a la parte victoriosa de

los perjuicios económicos y las molestias ocasionadas por

la temeridad desplegada por otra parte en el caso.

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra.

La evaluación de si ha mediado o no temeridad recae

sobre la sana discreción del tribunal sentenciador y sólo

se intervendrá con ella en casos en que dicho foro haya

abusado de tal facultad. Marrero Rosado v. Marrero

Rosado, supra; S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, supra;

Colón Santos v. Coop. de Seg. Múlt. P.R., supra. Sin

embargo, una vez fijada la existencia de temeridad, la

imposición del pago de honorarios de abogado es

mandatoria. Íd.

Este planteamiento no amerita mayor discusión,

excepto acentuar la correspondiente deferencia que le

debemos a las determinaciones de temeridad del tribunal a

quo, forjadas dentro del amplio margen de discreción que

le es dispensado. Dadas las circunstancias que rodean

este litigio, no encontramos que el juzgador se haya

excedido de los lindes de tal atribución. El seguro

provisto por Universal era extensivo a la negligencia

vicaria imputada a CBI en la Demanda instada por Maderas

Tratadas, y posteriormente probada durante el juicio, por

constituir dicha conducta una ocurrencia conforme el CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 54

término se define en el contrato de seguro. De otra

parte, las exclusiones aludidas por la aseguradora

claramente no son de aplicación en el contexto de este

recurso.

VIII

CC-2006-0266

Luego de iniciado este recurso, Maderas Tratadas y el

señor Fernández, conjuntamente con Sun Alliance, llegaron

a un acuerdo transaccional mediante el cual desistieron de

sus reclamaciones mutuas, lo que dio por concluido en su

totalidad el recurso CC-2006-0267. Aclararon, no

obstante, que interesaban que el recurso CC-2006-0266

continuara su curso respecto a los planteamientos

reseñados en tanto y en cuanto conciernen a CBI, la

Asociación y Universal, todas partes ajenas al mencionado

acuerdo.

A base de lo anterior, colegimos que quedan por

resolver en este recurso CC-2006-0266 únicamente dos (2)

de las seis (6) controversias inicialmente reseñadas por

Maderas Tratadas y el señor Fernández en su alegato.

Llegamos a esta conclusión habida cuenta de que en los

primeros cuatro (4) errores esbozados en su escrito, éstos

cuestionaron exclusivamente la reducción efectuada por el

Tribunal de Apelaciones a ciertas partidas de pérdidas

económicas acaecidas como consecuencia de “la negativa de

[las o sus] aseguradoras de proveer la cubierta CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 55

reclamada”. Resulta claro que estas impugnaciones

iniciales sólo competen a Sun Alliance, a base de su

relación de aseguradora frente a Maderas Tratadas, no así

a las demás aseguradoras con quienes Maderas Tratadas y el

señor Fernández no guardan relación contractual alguna.

Veamos.

Como es sabido, las aseguradoras son llamadas a

responder en exceso de su cubierta cuando anteponen sus

intereses a los de su asegurado y fallan en sus deberes

intrínsecos de representación, defensa y/o de transigir

las reclamaciones por una cantidad razonable dentro de los

límites de cubierta. Véase, por ejemplo, Quiñones López

v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 174-175 (1996); Morales

v. Automatic Vending Service, Inc., 103 D.P.R. 281 (1975).

Sin embargo, en este caso, los principios aludidos no

conciernen a la Asociación como tampoco a Universal.

Ambas son aseguradoras de CBI y, por lo tanto, su deber

fiduciario de proveer una adecuada representación y

defensa, además de aceptar transacciones razonables dentro

de los límites de sus pólizas, lo tienen únicamente en

relación a su asegurado CBI y no frente a un tercero como

lo son Maderas Tratadas y el señor Fernández en este caso.

Las razones para ello se han explicado de la

siguiente manera:

The insurer‟s contractual obligations and its common law duty of good faith and fair dealing are owed to the insured, not to the third party. The third party is not only a CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 56

stranger to the relationship between insured and insurer but is a claimant whose claim is usually unliquidated and whose rights to payment of all or any amount on the claim are by the nature of things contestable. The third party is an adversary of the insured and of the insured‟s liability carrier. As such, it simply cannot suffer any harm from the carrier‟s handling of the claim. If the third party‟s claim is not settled because the carrier breached a duty of good faith and fair dealing, the third party has suffered no loss as a result. It still has the right to reduce to judgment its claim against the insured. If the insured‟s position against a claim has not been properly presented, the third party pursuing that claim has actually benefited as a result.

D.J. Wall, Litigation and Prevention of Insurer Bad Faith,

2da ed., Colorado Springs, Shepard‟s/McGraw-Hill, Inc.,

1994, sec. 7.01, pág. 290. Véase, además, W. T. Barker y

R. D. Kent, New Appleman Insurance Bad Faith Litigation,

2da ed., LexisNexis, 2010, sec. 1.09[1], págs. 1-45 – 1-

46.

Pasamos entonces a las controversias que nos

conciernen como parte del recurso CC-2006-0266. La

primera de ellas incide en el límite de la responsabilidad

de la Asociación por los daños reclamados como

consecuencia de los sucesos que dieron base a este

litigio. La segunda, concierne a la reducción efectuada

por el Tribunal de Apelaciones sobre la partida de costas

originalmente concedida por el Tribunal de Primera

Instancia a Maderas Tratadas y el señor Fernández por los CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 57

gastos relacionados con el Sr. Richard Bell (señor Bell),

uno de sus peritos.

IX

ASOCIACIÓN DE GARANTÍAS MISCELÁNEAS

Maderas Tratadas cuestiona la reducción de la

responsabilidad de la Asociación en este caso al máximo de

ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00) efectuada por

el tribunal apelativo intermedio. Insiste en que la

Asociación venía obligada a responder por cada uno de los

diecisiete (17) avisos de reclamación sometidos por ésta

hasta el máximo de un millón de dólares ($1,000,000.00) de

la póliza emitida por ICF.

Mediante la Ley 72, supra, se creó la Asociación y

como parte de sus objetivos, el estatuto delegó en dicha

entidad la responsabilidad de establecer un mecanismo para

sufragar reclamaciones atinentes a aseguradoras declaradas

insolventes. Artículo 38.020, 26 L.P.R.A. sec. 3802

(2008). El fondo disponible a la Asociación para cumplir

con estos fines se nutre de derramas impuestas a las

propias aseguradoras. Íd.

La Ley 72, supra, prescribe que sus disposiciones

deberán ser interpretadas “liberalmente” con el fin de

alcanzar los propósitos para los cuales fue diseñada.

Artículo 38.040, 26 L.P.R.A. sec. 3804 (2008).

Se define como reclamante “todo asegurado que

presente una reclamación como reclamante o toda persona CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 58

que radique una reclamación por responsabilidad civil”.

Artículo 38.050(3), 26 L.P.R.A. sec. 3805(3) (2008). De

otra parte, decreta la mencionada ley que reclamación

cubierta significa “una reclamación no pagada… que surja

de, y esté dentro de la cubierta y esté sujeta a los

límites aplicables de una póliza de seguro”. Artículo

38.050(6), 26 L.P.R.A. sec. 3805(6) (2008).

Lo dispuesto en la Ley 72, supra, aplicable a los

hechos del presente recurso,21 disponía para un pago máximo

de ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00) “por

reclamación”. Artículo 38.080(a)(1), 26 L.P.R.A. sec.

3808(a)(1). Advertía, no obstante, que en ningún caso se

habría de pagar una cantidad que sobrepasase el “exceso de

la obligación del asegurador insolvente bajo la póliza o

cubierta de la cual surge la reclamación”. Íd. Es decir,

se mantenía como límite alterno el establecido en la

póliza por la cual estaba compareciendo la Asociación en

la eventualidad de que fuese menor de ciento cincuenta mil

dólares ($150,000.00),22 por lo que la obligación de pago

se circunscribía a la menor de estas dos (2) cuantías.

En Montañez v. U.P.R., 156 D.P.R. 395 (2002)

resolvimos que, conforme al derecho vigente en aquel

21 La cuantía pagadera por la Asociación así como la metodología para el cálculo del pago correspondiente sufrieron cambios sustanciales en el año 2008. En virtud del Artículo 1 de la Ley 262-2008, 26 L.P.R.A. sec. 3808(a)(2) (Supl. 2011), se aumentó el monto pagadero a trescientos mil dólares ($300,000.00) “por evento independientemente del número de reclamantes [y a un máximo] de un millón de dólares ($1,000,000.00) como agregado anual, independientemente del número de eventos cubiertos bajo esa póliza”.

22 Esta disposición igualmente preservó como tope el límite de la póliza del asegurador insolvente. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 59

entonces, la cantidad máxima que venía obligada a pagar la

Asociación al sustituir una aseguradora insolvente, se

calculaba a base de cada reclamación interpuesta y no

fundamentado en cada accidente u ocurrencia. Explicamos

que, bajo el concepto de accidente u ocurrencia, la

responsabilidad del asegurador se fija en una cantidad

máxima por cada evento independientemente del número de

reclamaciones o causas de acción que surjan como resultado

del mismo. Al estatuto prescribir un límite “por

reclamación”, sin embargo, se refiere “a cada condena de

daños independientemente (each judgment) por la cual el

asegurado resulte responsable como consecuencia de un

accidente; es decir, cada causa de acción independiente”.

Montañez v. U.P.R., supra, pág. 416.

Como único fundamento a su argumento sobre este

particular, Maderas Tratadas indica que, habida cuenta de

que sometió un total de diecisiete (17) reclamaciones ante

la Asociación por los hurtos perpetrados en sus

facilidades, le corresponde el pago de ciento cincuenta

mil dólares ($150,000.00) por cada una, según dictaminó el

foro primario.23 Ello limitado, por supuesto, hasta el

máximo de un millón de dólares ($1,000,000.00) provisto en

la póliza de ICF. No obstante, aparte del número de

reclamaciones sometidas, Maderas Tratadas no añade

23 Ello equivaldría a un total de dos millones quinientos cincuenta mil dólares ($2,550,000.00). CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 60

explicación alguna para justificar su derecho al pago de

las cantidades requeridas.

Por otro lado, la Asociación aduce que no existe

evidencia en los autos que sustente el número de

reclamaciones pretendidas. Argumenta que el hecho de que

se le sometieran diecisiete (17) formularios de

reclamaciones no es sinónimo de que, en efecto, ocurriesen

diecisiete (17) eventos individuales de sustracción de

mercancía como se pretende.

Debemos revisar, por ende, si la evidencia sometida

en este caso es suficiente para sustentar la determinación

del tribunal de instancia como aduce Maderas Tratadas.

Según explicamos en Montañez v. U.P.R., supra, pág. 416,

cada reclamación contemplada en la Ley 72, supra, debe

corresponder “a cada causa de acción independiente”. Por

consiguiente, la controversia se reduce a verificar si

existe en los autos prueba de diecisiete (17) causas de

acción separadas que, a la vez, sustenten cada una de las

reclamaciones sometidas por Maderas Tratadas.

Es innegable que se desconoce a ciencia cierta en qué

días específicos ocurrieron los hechos que dan lugar a las

reclamaciones sometidas a la Asociación, ni la pérdida

correspondiente a cada una de ellas. Conforme a los

autos, lo único que quedó establecido durante el juicio

fue: (1) el total del inventario sustraído a causa de

hurto y (2) que esto ocurrió en el transcurso aproximado CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 61

de un (1) año, es decir, entre 1991 y 1992. Lo que nos

lleva a concluir que, a pesar de que se hayan podido

establecer daños en exceso de dos millones de dólares

($2,000,000.00) a base de la pérdida de inventario, no por

ello se dan por acreditadas diecisiete (17) causas de

acción separadas.

A esos efectos notamos que, al menos cuatro (4) de

las cinco (5) querellas sometidas ante la Policía de

Puerto Rico que obran en autos, no son contemporáneas con

los hurtos alegados. Tampoco se pormenorizan la fecha ni

el valor de la mercancía hurtada en esas ocasiones. Por

ejemplo, el 10 de diciembre de 1992, se presentaron

simultáneamente cuatro (4) querellas referentes a sucesos

acaecidos en fechas tan lejanas como junio del año

anterior. En cada una de ellas se identifica únicamente

el mes en que alegadamente sucedieron los hechos sin

precisar un día en particular.24 Igualmente, se valora la

mercancía hurtada meramente en “más de $200.00 dólares”.25

De otra parte, advertimos que el testimonio del señor

Fernández sobre este particular resulta totalmente vago e

impreciso. Durante el juicio no pudo establecer las

fechas en que ocurrieron los eventos, a la vez que

reconoció que no existía base alguna para optar por un

24 Se indica, por ejemplo, “junio 1991 día”, “nov. 1991 noche”, “dic. 91 noche” y “junio 92 noche”.

25 La quinta querella, correspondiente al 29 de junio de 1992, reporta un escalamiento acaecido durante el fin de semana del 27 al 28 de junio del mismo año, pero nota que el valor de la mercancía hurtada es “desconocido”. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 62

número concreto de reclamaciones. Conforme la Exposición

Narrativa Estipulada de la Prueba Oral sometida por las

partes, indicó lo siguiente:

[S]obre los hurtos que se reclamaron ante el Comisionado de Seguros por [Maderas Tratadas], el señor Fernández declaró que se colocó ese número (17 formularios) como pudo haberse colocado cualquier otro. Según él, lo importante era que había sido más de uno y no el número exacto de hurtos. Asimismo, el señor Fernández en su testimonio no pudo identificar y/o describir la ocurrencia o perpetración de los (17) hurtos en diferentes fechas.

A base de lo anterior, nos es forzoso concluir que el

número de hurtos, las fechas en que éstos sucedieron y el

monto de las pérdidas correspondientes a cada uno de estos

eventos son desconocidos. Aun interpretando las

disposiciones estatutarias liberalmente a favor de la

parte reclamante para lograr que se beneficie de sus

disposiciones, no podemos llegar a otro resultado.

Adentrarse a precisar la cantidad específica de

incidentes, así como el valor de la mercancía hurtada en

cada ocasión para traducirlos en causas de acción

separadas, resulta imposible con la escasa información

disponible. Por lo tanto, el total de reclamaciones

sometidas por Maderas Tratadas adviene completamente

especulativo. Tal como indicó el señor Fernández durante

el juicio, se pudo haber seleccionado cualquier número de

incidentes al azar.

Actuó, por tanto, correctamente el Tribunal de

Apelaciones al resolver que, en este caso, la Asociación CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 63

respondía únicamente por la cantidad de ciento cincuenta

mil dólares ($150,000.00).

X

COSTAS – PERITO SR. RICHARD BELL

Maderas Tratadas está igualmente en desacuerdo con la

reducción efectuada por el Tribunal de Apelaciones a los

honorarios concedidos por los gastos correspondientes a

En nuestro ordenamiento, la concesión de costas se

rige por lo provisto en la Regla 44.1(a) de Procedimiento

Civil (Regla 44.1(a)).26 A través de dicho precepto, se

pretende resarcir a la parte que advenga victoriosa en el

caso mediante el reembolso de aquellos gastos que se

estimen necesarios y razonables para efectos de prevalecer

en su posición. J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty

Corp., 130 D.P.R. 456, 460 (1992); Rodríguez Cancel v.

A.E.E., 116 D.P.R. 443, 461 (1985); Ferrer Delgado v.

Tribunal Superior, 101 D.P.R. 516, 517 (1973).

26 Utilizamos las disposiciones procesales atinentes a las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 porque fue bajo ellas que se concedieron las costas. Notamos, no obstante, que la versión de este inciso en particular correspondiente a las enmiendas del 2009 no conllevó cambios sustanciales.

La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.1(a) (2001), establece lo siguiente:

Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación, excepto en aquellos casos en que se dispusiera lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá conceder el tribunal son los gastos incurridos necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que un litigante debe rembolsar a otro. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 64

En este sentido, supone una función reparadora puesto

que, según expresáramos anteriormente, su derecho “no debe

quedar menguado por los gastos que tuvo que incurrir sin

su culpa y por culpa del adversario”. J.T.P. Dev. Corp.

v. Majestic Realty Corp., supra; Garriga, Jr. v. Tribunal

Superior, 88 D.P.R. 245, 253 (1963). Esta premisa cobra

mayor relevancia en la actualidad, habida cuenta del

aumento desmedido en la partida de gastos relacionados a

los trámites judiciales.

Cabe notar que, una vez reclamadas por la parte

prevaleciente, la imposición de costas a beneficio de la

parte prevaleciente resulta mandatoria. J.T.P. Dev. Corp.

Superior, supra, pág. 248.

En virtud de lo dispuesto en la propia regla, no

todos los gastos del litigio son recobrables. J.T.P. Dev.

Corp. v. Majestic Realty Corp., supra; Andino Nieves v.

A.A.A., 123 D.P.R. 712, 716 (1989); Garriga, Jr. v.

Tribunal Superior, supra. “[L]as costas procesales no

cubren la totalidad de los gastos que ocasiona el proceso;

ya que no son sinónimos de los gastos del litigio y tienen

una interpretación restrictiva que se justifica

tradicionalmente en el interés de garantizar el mayor

acceso a los litigantes de manera económica.” J. A.

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da

ed., San Juan, Pubs. J.T.S., Tomo IV, 2011, pág. 1266. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 65

Quedan sujetos a las disposiciones del mencionado

precepto procesal únicamente aquellos expendios que se

consideren necesarios en la gestión judicial. Igualmente

corresponde al tribunal, dentro del marco de su

discreción, evaluar la razonabilidad de los mismos.

J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra.

Aunque hemos reconocido que los gastos de un perito

están comprendidos dentro del concepto de costas

recobrables, advertimos que, en el caso particular de los

expertos contratados por las partes, el rembolso opera por

vía de excepción y se concederán únicamente cuando ello

esté plenamente justificado. Andino Nieves v. A.A.A.,

supra; Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 16, 22 (1983);

Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 797, 811

(1976).

Relativo al caso de honorarios de peritos, su compensación, como gastos, no es automática; el tribunal al pasar juicio sobre si procede o no el pago de dichos honorarios, tendrá que evaluar su naturaleza y utilidad a la luz de los hechos particulares del caso ante su consideración, teniendo la parte que los reclama el deber de demostrar que el testimonio pericial presentado era necesario para que prevaleciera su teoría.

Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra, pág. 461; Toppel v.

Toppel, supra.

Así pues, lejos de ser automática, la designación de

la compensación de un perito como costas está sujeta a los

rigores del escrutinio judicial a través del cual se

examinará tanto la naturaleza de su preparación, como la CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 66

utilidad de su intervención. Significa esto que, deben

tomarse en cuenta las credenciales que ostenta el experto

designado para rendir una opinión sobre una materia en

particular. También corresponde examinar el alcance de su

testimonio, para de este modo estar en posición de

aquilatar su utilidad en beneficio de la postura procesal

de la parte que resulte victoriosa. Cónsono con lo

anterior, se descartará el mismo en la medida en que éste

resulte “irrelevante, inmaterial o innecesario” en la

tramitación del caso del que solicita el rembolso. Toppel

v. Toppel, supra, pág. 22; Meléndez v. Levitt & Sons of

P.R., supra, pág. 811.

El Tribunal de Apelaciones redujo a la mitad27 la

partida de costas relativa a gastos incurridos por Maderas

Tratadas en la contratación del señor Bell, uno de sus

peritos, por entender que no todo su trabajo y testimonio

había sido de utilidad en el litigio.

Para la fecha del juicio, el señor Bell, con una

preparación de CPA, se dedicaba a trabajos de consultoría

independiente en las áreas de análisis y consultoría

financiera. Fue contratado por Maderas Tratadas en el

1995, luego de descubrirse los robos acaecidos durante el

año fiscal 1991-1992. Su encomienda era dual. Debía

revisar la cuantificación de pérdida efectuada por la

27 Como resultado, dicha cantidad se vio reducida de cincuenta y ocho mil treinta y seis dólares con setenta y nueve centavos ($58,036.79) a veintinueve mil dieciocho dólares con cuarenta centavos ($29,018.40). CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 67

firma Semprit & Nieves,28 auditores externos de la empresa

desde 1991, además de analizar las críticas a dichos

trabajos según consignadas por el Sr. Roberto Quintana

(señor Quintana), el CPA contratado por Sun Alliance como

su perito en el caso.

El Sr. Abimael Semprit Cruz, CPA (señor Semprit)

también compareció como perito de Maderas Tratadas en el

juicio. Su testimonio consistió en establecer que la

causa de la pérdida de inventario se debió al hurto

perpetrado en la compañía, así como cuantificar dichas

pérdidas.

Luego de examinar los segmentos relevantes de la

Exposición Narrativa Estipulada de la Prueba Oral sometida

por las partes y a la luz de los principios antes

mencionados, coincidimos con la apreciación del tribunal

apelativo intermedio sobre la utilidad y alcance limitados

del testimonio del perito, señor Bell. Su labor estuvo

centrada en el cotejo de los trabajos del señor Semprit y

el señor Quintana. Según acertadamente lo sintetizó el

Tribunal de Apelaciones, su papel se circunscribió a

robustecer la posición de Maderas Tratadas en el litigio.

De otra parte, la intervención del señor Semprit se

calificó como indispensable y necesaria para la resolución

del caso a favor de Maderas Tratadas y sus honorarios

fueron adjudicados íntegramente como costas.

28 Para la fecha del juicio, la firma se denominaba Howath Vélez Semprit & Co. CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 68

A base de lo anterior, somos del criterio que no erró

el Tribunal de Apelaciones al reducir en un cincuenta

porciento (50%) los honorarios del señor Bell en este

caso.

XI

En mérito de lo antes expuesto, modificamos la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones a los únicos efectos

de decretar que no procede el descenso de nivel de la

póliza de Universal, por lo que ésta no asumirá las

partidas impuestas a ICF y, así modificada, se confirma.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN JUEZ ASOCIADO EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

MADERAS TRATADAS, INC.; Certiorari LUIS J. FERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER PERSONAL

SUN ALLIANCE INSURANCE COMPANY; EL FÉNIX DE PUERTO RICO; JUAN DEL PUEBLO

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY Núm.: CC-2006-0228 Peticionaria CONSOLIDADO CON

MADERAS TRATADAS, INC.; LUIS J. FERNÁNDEZ EN SU CC-2006-0266 CARÁCTER PERSONAL

CBI SECURITY SERVICES, INC.; JUAN D. GONZÁLEZ COLÓN, SU ESPOSA JANE DOE Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES CONSTITUIDA POR AMBOS; COMPAÑÍA DE SEGUROS ABC; COMPAÑÍA DE SEGUROS XYZ; FULANO DE TAL Y SUTANO DE TAL

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, modificamos la Sentencia emitida por CC-2006-0228 cons. con CC-2006-0266 2

el Tribunal de Apelaciones a los únicos efectos de

decretar que no procede el descenso de nivel de la póliza

de Universal Insurance Company, por lo que ésta no asumirá

las partidas impuestas a Insurance Company of Florida y,

así modificada, se confirma.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor

Hernández Denton inhibido. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo