Ismael Herrero, Jr. v. Secretario DTOP
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ismael Herrero, Jr. Y Otros Recurridos
v. Certiorari
Hon. Gabriel Alcaraz Emmanuelli, 2010 TSPR 95 Secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado 179 DPR ____ Peticionario
Hon. Carlos López Nieves Procurador del Cuidadano Interventor
Número del Caso: CC-2008-425
Fecha: 16 de junio de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan/Humacao, Panel V
Jueza Ponente: Hon. Lourdes Velázquez Cajigas
Oficina del Procurador General:
Lcda. Sarah Y Rosado Morales Procuradora General Auxiliar
Lcdo. Guillermo Mangual Amador Procurador General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Frank c. Torres Viada Lcdo. Manuel Martínez Umpierre Lcdo. José A. Andreu García Lcdo. Manuel Fernández Mejías
Abogado del Interventor:
Lcdo. William Marini Román
Materia: Pleito de clase, sentencia declaratoria injuction y cobro de dinero
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ismael Herrero, Jr. y otros
Recurridos
v.
Hon. Gabriel Alcaraz Emmanuelli, Secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre CC-2008-425 Asociado
Peticionario
Hon. Carlos López Nieves, Procurador del Ciudadano
Interventor
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2010
En el presente recurso se cuestiona la validez de una
condición existente en la Ley Núm. 42 de 1 de agosto de
2005, mediante la cual se sujetó la efectividad de dicha
ley a la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara
de Representantes sobre el Presupuesto General 2005-2006.
Veamos los hechos que originan esta controversia.
I.
Durante el año fiscal 2005-2006, y como parte de un
plan para paliar la insuficiencia presupuestaria del país,
la administración del entonces Gobernador Hon. Aníbal
Acevedo Vilá envió a la Cámara de Representantes una serie
de medidas que perseguían incrementar los recaudos del
erario. Entre éstas, se incluyó el Proyecto de la Cámara
de Representantes Núm. 1578 (P. de la C. 1578), el cual CC-2008-425 2
luego de sufrir varias enmiendas, se convirtió en la Ley
Núm. 42 de 1 de agosto de 2005 (Ley 42).
La Ley 42 enmendó varios artículos de la Ley de
Vehículos y Tránsito de 20001 para, en síntesis, aumentar
los derechos anuales que debían pagar los automóviles de
lujo. La Ley 42 definió los automóviles de lujo como todo
aquel automóvil “con un precio de venta de cuarenta mil
dólares ($40,000) o más, el cual se utilice para uso
privado”. Art. 1 de la Ley 42, supra, el cual añadió el
Art. 1.12A a la Ley de Vehículos y Tránsito. La ley creaba
un esquema de cobro escalonado de derechos que dependía del
valor del vehículo y del año de fabricación. Id.
En relación con la efectividad y vigencia de la Ley
42, eje de la controversia de autos, el P. de la C. 1578
originalmente establecía que ésta entraría en vigor el 1 de
julio de 2005. Luego del proyecto sufrir varias enmiendas,
el texto final aprobado por ambas cámaras, indicaba en su
artículo 6 que:
Esta Ley entrará en vigor el 1ro de julio de 2005 y su efectividad estará sujeta a que se convierta en Ley la Resolución Conjunta Núm. 445 de la Cámara de Representantes sobre el Presupuesto General para el año fiscal 2005-2006. La vigencia de esta Ley se extenderá hasta el 30 de junio de 2007.
Este texto fue el aprobado por el entonces Gobernador
Acevedo Vilá, convirtiéndose así en la Ley Núm. 42 del 1ro
de agosto de 2005.
Por otro lado, el entonces Gobernador Acevedo Vilá,
haciendo uso de su facultad constitucional, le impartió un
1 9 L.P.R.A. secs. 5001-5725. CC-2008-425 3
veto de bolsillo a la Resolución Conjunta de la Cámara de
Representantes Núm. 445 sobre el Presupuesto General para
el año fiscal 2005-2006. Como consecuencia, durante ese
año fiscal, por disposición constitucional, siguieron
rigiendo las partidas consignadas en la Resolución Conjunta
de la Cámara de Representantes Núm. 927 para el año
económico 2004-2005, aprobada el 30 de junio de 2004.
Véase Art. VI, Sec. 6, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed.
2008, pág. 427 .
Así las cosas, y ante el veto de la Resolución del
Presupuesto por parte del ex Gobernador Acevedo Vilá, tanto
el ex Secretario de Transportación y Obras Públicas, Ing.
Gabriel Alcaraz Emanuelli, como el ex Secretario de
Hacienda, Lcdo. Juan Carlos Méndez Torres, solicitaron al
entonces Secretario de Justicia, Lcdo. Roberto Sánchez
Ramos, una opinión legal sobre si tenían el deber en ley de
cobrar los derechos anuales adicionales establecidos por la
Ley 42 a los automóviles de lujo. El Lcdo. Sánchez Ramos,
mediante misivas de 19 de junio y de 7 de diciembre de
2006, respondió en la afirmativa, indicándole a ambos
titulares que tenían el deber ministerial de hacer cumplir
la Ley 42 desde el 1ro de julio de 2005, fecha de su
vigencia. Explicó que la cláusula que condicionaba la
efectividad de ésta a la aprobación de la Resolución
Conjunta del Presupuesto General era nula por ser
inconstitucional, por lo que la ley advino efectiva desde
la fecha de su vigencia. CC-2008-425 4
Conforme a dicha directriz, tanto el Departamento de
Transportación y Obras Públicas como el Departamento de
Hacienda comenzaron el cobro de los derechos adicionales.
A raíz de ello, varios contribuyentes propietarios de
automóviles de lujo, presentaron sendos recursos ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,
impugnando dicha imposición.2 En todos los pleitos
instados, los demandantes solicitaban, entre otros
remedios, una sentencia declaratoria a los efectos de que
la Ley 42 no advino efectiva por causa del veto de la
Resolución Conjunta del Presupuesto 2005-2006, por lo que
el Estado debía abstenerse de cobrar los derechos
adicionales y devolver las cantidades ya recaudadas. Se
solicitaba, además, que se certificara el pleito como uno
de clase.
Luego de varios trámites procesales, innecesarios aquí
pormenorizar,3 el Tribunal de Primera Instancia consolidó
todos los casos presentados y certificó el pleito como uno
de clase, acogiendo una estipulación presentada por las
partes el 1 de noviembre de 2006. Posteriormente, los
representantes legales de la clase recurrida cumplieron con
2 Ismael Herrero Jr. y otros v. Gabriel Alcaraz, KPE 06-3456 (904) presentado el 15 de agosto de 2006; Gustavo Mattei v. E.L.A. y otros, KAC 06-5132 (907) presentado el 28 de agosto de 2006; Marisela Boullierce Arbelo y otros v. E.L.A. y otros, KPE 06-3927 (907) presentado el 12 de septiembre de 2006 y Walter Collazo y otros v. E.L.A. y otros, KAC 06-5584 (902) presentado el 13 de septiembre de 2006. 3 Entre éstos se destaca una petición de intervención del Procurador del Ciudadano de Puerto Rico (“Ombudsman”) a la cual se opuso el Estado. Mediante Orden de 6 de diciembre de 2006 el Tribunal de Primera Instancia autorizó su intervención. CC-2008-425 5
los requisitos de notificación exigidos para este tipo de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ismael Herrero, Jr. Y Otros Recurridos
v. Certiorari
Hon. Gabriel Alcaraz Emmanuelli, 2010 TSPR 95 Secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado 179 DPR ____ Peticionario
Hon. Carlos López Nieves Procurador del Cuidadano Interventor
Número del Caso: CC-2008-425
Fecha: 16 de junio de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan/Humacao, Panel V
Jueza Ponente: Hon. Lourdes Velázquez Cajigas
Oficina del Procurador General:
Lcda. Sarah Y Rosado Morales Procuradora General Auxiliar
Lcdo. Guillermo Mangual Amador Procurador General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Frank c. Torres Viada Lcdo. Manuel Martínez Umpierre Lcdo. José A. Andreu García Lcdo. Manuel Fernández Mejías
Abogado del Interventor:
Lcdo. William Marini Román
Materia: Pleito de clase, sentencia declaratoria injuction y cobro de dinero
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ismael Herrero, Jr. y otros
Recurridos
v.
Hon. Gabriel Alcaraz Emmanuelli, Secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre CC-2008-425 Asociado
Peticionario
Hon. Carlos López Nieves, Procurador del Ciudadano
Interventor
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2010
En el presente recurso se cuestiona la validez de una
condición existente en la Ley Núm. 42 de 1 de agosto de
2005, mediante la cual se sujetó la efectividad de dicha
ley a la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara
de Representantes sobre el Presupuesto General 2005-2006.
Veamos los hechos que originan esta controversia.
I.
Durante el año fiscal 2005-2006, y como parte de un
plan para paliar la insuficiencia presupuestaria del país,
la administración del entonces Gobernador Hon. Aníbal
Acevedo Vilá envió a la Cámara de Representantes una serie
de medidas que perseguían incrementar los recaudos del
erario. Entre éstas, se incluyó el Proyecto de la Cámara
de Representantes Núm. 1578 (P. de la C. 1578), el cual CC-2008-425 2
luego de sufrir varias enmiendas, se convirtió en la Ley
Núm. 42 de 1 de agosto de 2005 (Ley 42).
La Ley 42 enmendó varios artículos de la Ley de
Vehículos y Tránsito de 20001 para, en síntesis, aumentar
los derechos anuales que debían pagar los automóviles de
lujo. La Ley 42 definió los automóviles de lujo como todo
aquel automóvil “con un precio de venta de cuarenta mil
dólares ($40,000) o más, el cual se utilice para uso
privado”. Art. 1 de la Ley 42, supra, el cual añadió el
Art. 1.12A a la Ley de Vehículos y Tránsito. La ley creaba
un esquema de cobro escalonado de derechos que dependía del
valor del vehículo y del año de fabricación. Id.
En relación con la efectividad y vigencia de la Ley
42, eje de la controversia de autos, el P. de la C. 1578
originalmente establecía que ésta entraría en vigor el 1 de
julio de 2005. Luego del proyecto sufrir varias enmiendas,
el texto final aprobado por ambas cámaras, indicaba en su
artículo 6 que:
Esta Ley entrará en vigor el 1ro de julio de 2005 y su efectividad estará sujeta a que se convierta en Ley la Resolución Conjunta Núm. 445 de la Cámara de Representantes sobre el Presupuesto General para el año fiscal 2005-2006. La vigencia de esta Ley se extenderá hasta el 30 de junio de 2007.
Este texto fue el aprobado por el entonces Gobernador
Acevedo Vilá, convirtiéndose así en la Ley Núm. 42 del 1ro
de agosto de 2005.
Por otro lado, el entonces Gobernador Acevedo Vilá,
haciendo uso de su facultad constitucional, le impartió un
1 9 L.P.R.A. secs. 5001-5725. CC-2008-425 3
veto de bolsillo a la Resolución Conjunta de la Cámara de
Representantes Núm. 445 sobre el Presupuesto General para
el año fiscal 2005-2006. Como consecuencia, durante ese
año fiscal, por disposición constitucional, siguieron
rigiendo las partidas consignadas en la Resolución Conjunta
de la Cámara de Representantes Núm. 927 para el año
económico 2004-2005, aprobada el 30 de junio de 2004.
Véase Art. VI, Sec. 6, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed.
2008, pág. 427 .
Así las cosas, y ante el veto de la Resolución del
Presupuesto por parte del ex Gobernador Acevedo Vilá, tanto
el ex Secretario de Transportación y Obras Públicas, Ing.
Gabriel Alcaraz Emanuelli, como el ex Secretario de
Hacienda, Lcdo. Juan Carlos Méndez Torres, solicitaron al
entonces Secretario de Justicia, Lcdo. Roberto Sánchez
Ramos, una opinión legal sobre si tenían el deber en ley de
cobrar los derechos anuales adicionales establecidos por la
Ley 42 a los automóviles de lujo. El Lcdo. Sánchez Ramos,
mediante misivas de 19 de junio y de 7 de diciembre de
2006, respondió en la afirmativa, indicándole a ambos
titulares que tenían el deber ministerial de hacer cumplir
la Ley 42 desde el 1ro de julio de 2005, fecha de su
vigencia. Explicó que la cláusula que condicionaba la
efectividad de ésta a la aprobación de la Resolución
Conjunta del Presupuesto General era nula por ser
inconstitucional, por lo que la ley advino efectiva desde
la fecha de su vigencia. CC-2008-425 4
Conforme a dicha directriz, tanto el Departamento de
Transportación y Obras Públicas como el Departamento de
Hacienda comenzaron el cobro de los derechos adicionales.
A raíz de ello, varios contribuyentes propietarios de
automóviles de lujo, presentaron sendos recursos ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,
impugnando dicha imposición.2 En todos los pleitos
instados, los demandantes solicitaban, entre otros
remedios, una sentencia declaratoria a los efectos de que
la Ley 42 no advino efectiva por causa del veto de la
Resolución Conjunta del Presupuesto 2005-2006, por lo que
el Estado debía abstenerse de cobrar los derechos
adicionales y devolver las cantidades ya recaudadas. Se
solicitaba, además, que se certificara el pleito como uno
de clase.
Luego de varios trámites procesales, innecesarios aquí
pormenorizar,3 el Tribunal de Primera Instancia consolidó
todos los casos presentados y certificó el pleito como uno
de clase, acogiendo una estipulación presentada por las
partes el 1 de noviembre de 2006. Posteriormente, los
representantes legales de la clase recurrida cumplieron con
2 Ismael Herrero Jr. y otros v. Gabriel Alcaraz, KPE 06-3456 (904) presentado el 15 de agosto de 2006; Gustavo Mattei v. E.L.A. y otros, KAC 06-5132 (907) presentado el 28 de agosto de 2006; Marisela Boullierce Arbelo y otros v. E.L.A. y otros, KPE 06-3927 (907) presentado el 12 de septiembre de 2006 y Walter Collazo y otros v. E.L.A. y otros, KAC 06-5584 (902) presentado el 13 de septiembre de 2006. 3 Entre éstos se destaca una petición de intervención del Procurador del Ciudadano de Puerto Rico (“Ombudsman”) a la cual se opuso el Estado. Mediante Orden de 6 de diciembre de 2006 el Tribunal de Primera Instancia autorizó su intervención. CC-2008-425 5
los requisitos de notificación exigidos para este tipo de
pleito, según establecido por la Regla 20 de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 20.
El foro primario fraccionó los procedimientos y
atendió en primera instancia unas mociones dispositivas
presentadas tanto por el Estado como por la clase
recurrida, las cuales versaban sobre la efectividad de la
Ley 42.4 De una parte el E.L.A., mediante solicitud de
sentencia sumaria, arguyó que la condición estatuida en la
Ley 42 era inconstitucional por violar la norma de un solo
asunto, según la cual la Asamblea Legislativa no puede
aprobar proyecto de ley alguno, con excepción de los de
presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual
debe ser claramente expresado en su título. Véase Const.
E.L.A., supra, Art.III, Sec. 17. Según el Estado,
condicionar la efectividad de una ley a la aprobación de
otra, tiene el mismo efecto que aprobar una ley con dos
asuntos distintos, pues el objetivo es entrelazar
legislaciones inconsistentes con el fin de forzar al
Ejecutivo a aprobar la totalidad de las medidas o ninguna.
El E.L.A. arguyó que, siendo dicha condición
inconstitucional, se debe tener por no puesta y validar el
4 Es menester destacar que en el recurso KPE 06-3927 (907), además de impugnarse la efectividad de la Ley 42, se cuestionó su constitucionalidad a luz de la garantía de la igual protección de las leyes, y el debido proceso de ley sustantivo y procesal, tanto bajo la Constitución de Puerto Rico como bajo la Constitución de los Estados Unidos. Dichas causas de acción no están ante nuestra consideración en este recurso. CC-2008-425 6
resto de la ley que impone el cobro adicional de los
derechos anuales a los automóviles de lujo.
La clase recurrida, por su parte, se opuso a la
solicitud sumaria y presentó una solicitud de sentencia
sumaria a su favor. Arguyó que la mencionada norma
constitucional de un solo asunto no estaba en juego en este
caso, pues se trata de dos leyes aprobadas
independientemente y no de una sola ley en la que se estén
regulando dos asuntos distintos, que es lo prohibido por la
mencionada cláusula constitucional. Igualmente, argumentó
que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de
condicionar la efectividad de una ley a cualquier plazo,
condición, evento futuro o contingencia, incluyendo la
aprobación de otra ley. En la alternativa, arguyó que de
decretarse inválida la cláusula, entonces la ley era
inconstitucional en su totalidad, pues ésta no incluía una
cláusula de separabilidad. Por lo tanto, las agencias del
Ejecutivo estaban impedidas de cobrar los derechos anuales
adicionales estatuidos y debían devolver las sumas ya
recaudadas.
El 15 de marzo de 2007 el Tribunal de Primera
Instancia emitió sentencia sumaria a favor de la clase
recurrida. La sala de instancia declaró que la Ley 42 no
había advenido efectiva debido a la desaprobación de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2005-2006 por
parte del Gobernador, por lo que su puesta en vigor había
sido ilegal. El foro primario concluyó que “condicionar la
efectividad de esta medida de recaudo a la aprobación de la CC-2008-425 7
ley de presupuesto general considerada dentro de un esquema
presupuestario específico y bajo unas circunstancias
particulares no viola norma constitucional alguna”. Por lo
tanto, le ordenó al Secretario de Transportación y Obras
Públicas a “abstenerse de efectuar los recaudos por el
importe de los derechos anuales de los vehículos de lujo
según fijados por la [Ley 42 y] devolver a los dueños de
vehículos de lujo los dineros recibidos, salvo un 33% de lo
que será consignado en la Secretaría para el pago de
honorarios de abogado”.
Inconforme, el E.L.A. acudió al Tribunal de
Apelaciones e impugnó la conclusión del foro primario
acerca de la efectividad de la Ley 42. Además, cuestionó
los honorarios de abogado fijados a la representación legal
de la clase recurrida por considerarlos “injustificadamente
altos en comparación al valor de los servicios legales
prestados por los abogados de los demandantes”. El foro
intermedio confirmó al Tribunal de Primera Instancia al
resolver que la condición incluida en la Ley 42 no violaba
la sección 17 del artículo III de la Constitución de Puerto
Rico. Por lo tanto, confirmó igualmente la determinación
de que la Ley 42 nunca advino efectiva, por lo que el cobro
de los derechos anuales adicionales a los automóviles de
lujo había sido ilegal. En relación con la controversia
sobre los honorarios de abogado, el foro intermedio
resolvió que éstos habían sido parte de la estipulación a
la cual llegaron las partes el 1 de noviembre de 2006, por CC-2008-425 8
lo que ahora el Estado estaba impedido de cuestionar dicha
partida.
Aún inconforme, el E.L.A. acudió ante este Tribunal,
cuestionando las decisiones de ambos foros inferiores de
validar la condición incluida en la Ley 42.5 El 19 de
septiembre de 2008 expedimos el auto solicitado. Todas las
partes comparecieron, por lo que el caso quedó sometido
ante nuestra consideración el 9 de enero de 2009. El 27 de
enero de 2009, sin embargo, el E.L.A. compareció ante este
Tribunal y expresó que, debido al proceso de transición
gubernamental, se encontraba reevaluando su posición en
torno al recurso presentado. El 30 de junio de 2009 se le
ordenó al Estado que en quince (15) días informara a este
Tribunal si ya había reevaluado su posición. En
cumplimiento de nuestra orden, el 17 de julio de 2009 el
Estado compareció, reiterándose en los planteamientos
esgrimidos en el alegato anteriormente presentado. Siendo
así, y con el beneficio de las comparecencias de todas las
partes, pasamos a resolver.
II.
En el recurso ante nuestra consideración se cuestiona
el poder de la Asamblea Legislativa de condicionar la
efectividad de una ley a la aprobación de otra ley
posterior. Este poder se cuestiona tanto a la luz de la
5 En el alegato presentado, el E.L.A. cuestiona igualmente los honorarios de abogado incluidos en la sentencia del foro de instancia y confirmados por el Tribunal de Apelaciones. En la petición de certiorari ante este foro, no obstante, el Estado no incluyó dicho error, por lo que éste no estuvo ante nuestra consideración al momento de expedirse el auto. Por lo tanto, no lo consideraremos. CC-2008-425 9
norma de un solo asunto contenida en la sección 17 del
artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, como a la luz del principio de separación
de poderes, según éste se concibe en el proceso de
aprobación de leyes estatuido en dicho documento.
En primer lugar, el E.L.A. arguye que la condición
establecida por la Asamblea Legislativa en la Ley 42
–sujetar la efectividad de dicha ley a la aprobación de la
Resolución Conjunta del Presupuesto 2005-2006- es
inconstitucional por violar dos disposiciones incluidas en
la sección 17 del Artículo III de la Constitución.
Según la Procuradora General, la acción realizada por
la Asamblea Legislativa tuvo el efecto de incluir en una
sola ley – la Resolución del Presupuesto- una pluralidad de
asuntos, lo cual está vedado por dicha cláusula
constitucional. Arguye que se trata del mecanismo del
“tie-barring”, esto es, entrelazar la efectividad de una
ley a la aprobación de otra posterior. Según la
Procuradora, el “tie-barring” es una vertiente del
“logrolling”, práctica de incluir varios asuntos
incongruentes en una misma ley, los cuales por sí solos no
tendrían el apoyo de la mayoría legislativa, pero que en
conjunto obtendrían una mayoría artificial. A través de su
alegato, la Procuradora General establece que el límite al
poder legislativo incluido en la sección 17 de la
Constitución se realizó, precisamente, para evitar la
práctica del “logrolling”. Concluye que en tales
instancias, para que la Asamblea Legislativa pueda CC-2008-425 10
válidamente condicionar la efectividad de una ley a la
aprobación de otra posterior, debe existir el requisito de
“germaneidad”6 entre ambas leyes, por lo que le es aplicable
un análisis similar al que se lleva a cabo cuando se alega
que una ley regula dos o más asuntos distintos.
Aplicando este análisis, la Procuradora entiende que
en este caso no se cumple con el requisito de
“germaneidad”, pues por disposición constitucional el
Presupuesto es una medida de asignación de fondos y la Ley
42 es una medida de recaudo. Así, según el E.L.A., se
viola la disposición general de la sección 17 de que todas
las leyes deben contener sólo un asunto y simultáneamente
se viola la disposición específica de dicha sección que
exige que el Presupuesto sólo contenga asignaciones y
reglas para su desembolso. Según se alega, al condicionar
la efectividad de una ley sustantiva de recaudo a la
aprobación del Presupuesto, la primera pasa a formar parte
de la Resolución Conjunta, violándose así las disposiciones
constitucionales antes mencionadas.
Igualmente, el E.L.A. arguye que validar la condición
establecida por la Asamblea Legislativa en la Ley 42 tiene
el efecto de subvertir el proceso legislativo establecido
constitucionalmente, el cual prohíbe la presión indebida
que pueda ejercer la Rama Legislativa en el Ejecutivo en
relación con la aprobación o desaprobación de las leyes.
6 El término “germaneidad” no existe en el lenguaje español. Las partes lo traducen del término inglés “germaneness” o “germane” que significa “relevante al asunto bajo consideración”. The New Oxford American Dictionary 711 (2001). CC-2008-425 11
Según el alegato del E.L.A., la acción de la Asamblea
Legislativa en este caso afecta el poder de veto del
Ejecutivo, pues éste se ve obligado a darle su aprobación a
un proyecto de ley, en pos de que otra ley anteriormente
aprobada advenga efectiva. Según se alega, esta alteración
del esquema legislativo constitucional amplía excesivamente
los poderes de la Rama Legislativa.
Por último, el E.L.A. arguye que, siendo
inconstitucional la condición establecida, la Ley 42 debe
declararse nula parcialmente -sólo en relación con la
cláusula que sujeta su efectividad a la aprobación de la
Resolución del Presupuesto- y validarse el resto. Entiende
que ante la crisis fiscal que sufría el país en ese momento
–la cual se ha agravado al día de hoy- debe concluirse que
la voluntad de la Asamblea Legislativa sería aprobar la
medida de recaudo sin la condición inconstitucional.
Por otra parte, la clase recurrida arguye que en este
caso no se viola la norma contenida en la sección 17, pues
tanto la Ley 42 como la Resolución del Presupuesto 2005-
2006 trataban cada una de un solo asunto. La Ley 42 sólo
enmendaba varias disposiciones de la Ley de Vehículos y
Tránsito para aumentarle los derechos anuales a los
automóviles de lujo y el Presupuesto sólo trataba de las
asignaciones dinerarias y las reglas del desembolso de las
mismas para el funcionamiento del gobierno durante el año
económico 2005-2006, por lo que no se infringe la
disposición de un solo asunto. Según la clase recurrida,
la disposición constitucional lo que prohíbe es la CC-2008-425 12
inclusión en un mismo cuerpo de ley de varios asuntos que
no sean “germanos” entre sí. Tal cláusula se incluyó en
nuestra Carta Magna para impedir la inclusión de materia
incongruente y extraña a una legislación, de manera que se
evite la inadvertencia, la ocultación y el fraude. Eso,
según se alega, no ocurrió en este caso pues la Asamblea
Legislativa tuvo la oportunidad de estudiar y analizar
independientemente cada una de las medidas legislativas
presentadas.
En relación con el “tie-barring”, arguyen que es
válido que la Asamblea Legislativa sujete la efectividad de
una ley a plazos, condiciones, contingencias o eventos
futuros, y que en el ordenamiento jurídico puertorriqueño
existen varios ejemplos de dicha práctica. Plantean que si
-sólo para propósitos de argumentación- se entendiera que
cuando la Asamblea Legislativa sujeta la efectividad de una
ley a la aprobación de otra, ambas leyes deben ser
“germanas” como arguye la Procuradora, de todos modos el
caso ante nuestra consideración cumpliría con tal
exigencia. Entienden que ambas medidas están relacionadas,
pues una tiene que ver con allegar más fondos al erario y
la otra con la asignación y desembolso de dichos fondos.
Igualmente, según la clase recurrida, el poder de veto
del Ejecutivo no se ve afectado por este esquema pues la
firma por parte del Gobernador de la Ley 42 no aprobaba
ipso facto el Presupuesto, así como que la aprobación del
Presupuesto no aprobaba automáticamente la Ley 42. Ambas CC-2008-425 13
disposiciones requerían del estudio, análisis y firma
individual del Gobernador para su aprobación.
En la alternativa, la clase recurrida alega que, de
declararse inconstitucional la cláusula incluida en la Ley
42, entonces la ley sería inconstitucional en su totalidad
y no sólo su cláusula de vigencia. Según se alega, surge
claramente de dicha cláusula la intención legislativa de
imponer dicha medida de recaudo solamente si se aprobaba el
Presupuesto 2005-2006, lo cual no ocurrió. De igual
manera, la Ley 42 carece de una cláusula de separabilidad,
lo que impide el que se tengan por no puestas cláusulas de
la ley, especialmente aquella en la cual se incluye la
vigencia de la ley.
Expuestas las posiciones de las partes, pasemos a
repasar el derecho aplicable a la presente controversia.
III.
A.
La sección 17 del Artículo III de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su parte
pertinente, establece:
No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo.
Const. E.L.A., supra, Art. III, Sec. 17. CC-2008-425 14
La citada sección establece la llamada regla de un
solo asunto. Esta regla exige que toda ley aprobada por la
Asamblea Legislativa regule un solo asunto o materia. El
asunto tratado en la ley debe estar adecuadamente expresado
en su título, pues de no ser así, la parte de la ley
omitida del título se entenderá nula. Dorante v. Wrangler
of P.R., 145 D.P.R. 408, 427 (1998). Asimismo, la
disposición constitucional exige que toda enmienda a la ley
sea afín al asunto regulado.
La regla de un solo asunto puede trazar sus orígenes a
la antigua Roma en la cual se prohibió que se aprobaran
leyes con disposiciones no relacionadas entre sí, evitando
que se incluyeran materias antipáticas en leyes que
probablemente serían aprobadas por contar con el favor
popular. Véase M.H. Ruud, No Law Shall Embrace More Than
One Subject, 42 Minn. L. Rev. 389 (1958); M.D. Gilbert,
Single Subject Rules and the Legislative Process, 67 U.
Pitt. L. Rev. 803, 811 (2006). La primera experiencia en
los Estados Unidos con la regla de un solo asunto fue en
1818, cuando el estado de Illinois incluyó una disposición
en su Constitución que prohibió que se incluyeran otros
asuntos en leyes relacionadas con los salarios de empleados
gubernamentales. Ruud, supra; Gilbert, supra, pág. 812.
Luego, en 1844, New Jersey fue el primer estado en incluir
una regla de un solo asunto general. Ruud, supra, pág. 390;
Gilbert, supra. Para 1959, 43 estados tenían disposiciones
similares en sus constituciones. Gilbert, supra. CC-2008-425 15
En Puerto Rico, la regla de un solo asunto fue
introducida por el artículo 34 de la Carta Orgánica Jones
de 1917, como parte del detallado proceso legislativo
incluido en dicha ley.7 La Comisión de la Rama Legislativa
de la Convención Constituyente, por recomendación de la
Escuela de Administración Pública de la Universidad de
Puerto Rico, decidió incorporar la mayoría de las
restricciones y resguardos al proceso legislativo que
incluía la Ley Jones a la Constitución de 1952, entre
éstas, la regla de un solo asunto. J. Trías Monge,
Historia Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Editorial
de la Universidad de Puerto Rico, 1982, Vol. III, pág. 159;
Escuela de Administración Pública, La Nueva Constitución de
Puerto Rico, Edición facsimilar de la primera edición 1954,
San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2005,
págs. 402-04.
En varias de las ocasiones en las cuales hemos
interpretado esta disposición, expresamos que su propósito
primordial es:
impedir la inclusión en la ley de materia incongruente y extraña, y a la vez poner en guardia contra la inadvertencia, la ocultación y el fraude en la legislación . . . evitar la práctica corriente en todas las legislaturas donde no existe tal disposición, de incluir en la ley materias incongruentes que no tienen relación alguna entre sí o con el sujeto especificado en el título, a virtud de lo cual se aprueban
7 Dicho proceso legislativo tan detallado es influencia de varias constituciones estatales, entre éstas, la Constitución de Illinois, de donde era oriundo el Senador Shafroth, coautor de la Ley Jones (“Jones-Shafroth Act”). Véase J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1982, Vol. III, pág. 159. CC-2008-425 16
medidas sin atraer atención que, si hubieran sido vistas, hubieran sido impugnadas y derrotadas. Así parece evitar sorpresas en la legislación.
Rivera Ayala v. Corte, 62 D.P.R. 513, 539 (1943) (Citas Omitidas).
Véase además, Dorante v. Wrangler of P.R., supra, pág.
428; Cervecería Corona, Inc. v. Junta de Salario Mínimo, 98
D.P.R. 801 (1970); Pueblo v. Pérez Méndez, 83 D.P.R. 228,
230 (1961); Sunland Biscuit Company, Inc. v. Junta de
Salario Mínimo, 68 D.P.R. 371, 380 (1948); Laboy Montes v.
Corp. Azucarera Saurí & Subirá, 65 D.P.R. 422, 426 (1945).
Así pues, la cláusula se introdujo, para prevenir el
“logrolling” o las concesiones mutuas en la aprobación de
las leyes. El “logrolling” es una práctica legislativa a
través de la cual grupos minoritarios de legisladores
combinan, en un solo proyecto de ley, distintas propuestas
incongruentes entre sí, con el propósito de que al momento
de la votación de dicha medida, ésta obtenga una mayoría
artificial proveniente de la unión de esos grupos. N.J.
Singer & J.D.S. Singer, Statutes and Statutory
Construction, 7th Ed., West, 2009, Vol. 1A, sec. 17.1, pág.
7. Los delegados de la Convención Constituyente eran
conscientes de dicha práctica, pues se discutió como parte
de la recomendación que hizo la Comisión de la Rama
Legislativa. Dicha Comisión en su informe indicó que:
Las disposiciones sobre título y asunto impiden prácticas fraudulentas, facilitan la labor legislativa y hacen imposible que grupos minoritarios incorporen sus proposiciones favoritas en una sola pieza de legislación y se unan para obtener una mayoría artificial, la cual no existiría si las distintas proposiciones se consideraran separadamente. CC-2008-425 17
4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2584 (1961).
Esta práctica es altamente criticable, pues
contraviene el diseño legislativo, ya que cada una de las
propuestas independientes probablemente no lograrían una
mayoría legislativa por méritos propios. Véase Singer &
Singer, op. cit; Ruud, supra, págs. 391 & 448; Gilbert,
supra, págs. 813-14; M.J. Dragich, State Constitutional
Restrictions on Legislative Procedure: Rethinking the
Analysis of Original Purpose, Single Subject, and Clear
Title Challenges, 38 Harv. J. on Legis. 103, 114-15 (2001);
J.G. Knowles, Note: Enforcing the One-Subject Rule: The
Case for a Subject Veto, 38 Hastings L.J. 563 (1987).
Una de las modalidades más conocidas del “logrolling”
son los llamados “riders”. Los “riders” son disposiciones
de ley no relacionadas con el asunto principal de la
legislación, y muchas veces no favorecidas por la mayoría
legislativa, que son añadidas o “montadas” en proyectos de
ley los cuales, ya sea por su aceptación pública o por su
necesidad para el buen funcionamiento del gobierno,
probablemente serán aprobados. Véase Singer & Singer, op.
cit., págs. 7-8. Véase también J.J. Álvarez González,
Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones
Constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Editorial
Temis S.A., 2009, pág. 244. La disposición constitucional
busca evitar principalmente esta modalidad del
“logrolling”. Así, el delegado de la Convención
Constituyente Negrón Fernández explicó: CC-2008-425 18
Esta oración “no se aprobará ningún proyecto de ley con excepción de los de presupuesto general que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título” es una disposición encaminada a evitar los riders, a evitar que se hagan enmiendas extrañas al propósito de los proyectos y que se adultere el fin de un proyecto aprobando subrepticiamente algo que la Asamblea Legislativa no dejaba aprobar, no debió haber permitido que se aprobara de haber conocido la intención.
2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 896 (1961).
Generalmente, se arguye que la inclusión de “riders”
en la legislación afecta principalmente el poder de veto
del Ejecutivo, pues éste tiene que escoger entre aprobar
una ley necesaria para el funcionamiento del gobierno, la
cual incluye una disposición incongruente con el asunto
principal de la ley y que desfavorece, o vetar la ley en su
totalidad. El ejemplo por antonomasia de una ley
susceptible de que le sean añadidos “riders” es la
Resolución del Presupuesto General, pues la aprobación de
ésta es necesaria para el funcionamiento de todas las
dependencias del gobierno, por lo que generalmente es
aprobada. Es por esta razón que en Puerto Rico, y en
varios estados de Estados Unidos, existe una disposición
específica que establece que, aun cuando la medida del
Presupuesto puede versar sobre varios asuntos, sólo puede
contener asignaciones de fondos y reglas para su
desembolso. Véase Const. E.L.A., supra, Art. III, Sec. 17.
Véase además, El Pueblo v. Foote, Juez, 48 D.P.R. 492
(1935). CC-2008-425 19
En relación con el requisito de que el asunto regulado
por la ley esté expresado en su título, hemos indicado en
varias ocasiones que el propósito es informar al público en
general y a los legisladores en particular del asunto del
cual es objeto la ley, de manera que se impida la inclusión
de materia incongruente y extraña. Dorante v. Wrangler of
P.R., supra; Cervecería Corona, Inc. v. J.S.M., supra.
Dicha disposición, no obstante, no “requiere que el título
constituya un índice detallado del contenido de la ley,
sino meramente que sea un hito indicador del asunto
cubierto por la misma”. Pueblo v. Pérez Méndez, supra,
citando a Sunland Biscuit Company, Inc. v. Junta de Salario
Mínimo, supra y Rodríguez v. Corte, 60 D.P.R. 919, 922
(1942).
Así, la conjunción de la regla de un solo asunto con
la de que éste sea incluido en su título logra: 1) prevenir
la práctica del “logrolling”; 2) impedir la aprobación
desapercibida de un proyecto de ley con disposiciones que
no son advertidas en su título (“riders”); 3) informar
razonablemente a la ciudadanía sobre los asuntos contenidos
en cada uno de los proyectos de ley presentados; 4)
prevenir la ocultación y el fraude en la legislación; y 5)
evitar que se diluya el poder de veto del Ejecutivo. Véase
Singer & Singer, op. cit., pág. 10.
Nuestros precedentes, sin embargo, han sido
consistentes en establecer que sólo ante un caso claro y
terminante se justifica anular una ley por violar dicha
disposición constitucional. Dorante v. Wrangler of P.R., CC-2008-425 20
supra, págs. 429-31 y casos allí citados. Se dice que
hemos “adoptado una postura comprensiblemente laxa para no
maniatar al legislador”. Álvarez González, op. cit. Así
es. Una interpretación estricta de la disposición
constitucional podría impedir y obstaculizar el proceso
legislativo, pues obligaría al legislador a aprobar
múltiples leyes para regular un sólo asunto o materia
general. Ruud, supra, págs. 393-94; Knowles, supra, pág.
574. El requerimiento no está diseñado como subterfugio
para destruir legislación válida, sino como garantía de que
el proceso legislativo se realice de forma transparente, de
manera que cada proyecto de ley se discuta y se analice a
cabalidad antes de ser aprobado.
Por lo tanto, al examinarse la validez de una ley a la
luz de la regla de un sólo asunto, es necesario auscultar
todas sus disposiciones para determinar si éstas se
relacionan entre sí y son afines con el asunto que se
expresa en su título. Cervecería Corona v. JSM, supra,
pág. 812. Lo que comprende “un sólo asunto” se interpreta
liberalmente, sin dejar de lado el propósito y objetivo de
la exigencia constitucional. En ese tenor, “un estatuto
puede comprender todas las materias afines al asunto
principal y todos los medios que puedan ser justamente
considerados como accesorios y necesarios o apropiados para
llevar a cabo los fines que están propiamente comprendidos
dentro del asunto general”. R.E. Bernier & J.A. Cuevas
Segarra, Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto CC-2008-425 21
Rico, Segunda Edición, San Juan, Publicaciones JTS, 1987,
pág. 81.
B.
Por otro lado, la sección 19 del Artículo III de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
establece el proceso de aprobación de leyes. Como es
sabido, luego de que una mayoría del número total de
miembros de cada cámara aprueba un proyecto de ley, éste se
somete al Gobernador y se convertirá en ley si aquél lo
firma o no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de
origen dentro de los diez días de haberlo recibido. Const.
E.L.A., supra, Art. III, Sec. 19. En casos en que la
Asamblea Legislativa levante la sesión antes de expirar el
plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al
Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de
devolverlo con sus objeciones, y se convertirá en ley sólo
si el Gobernador lo firma dentro de los treinta días de
haberlo recibido. Id.
El esquema de aprobación de leyes antes mencionado es
parte esencial de la doctrina de separación de poderes que
entraña nuestra Constitución. El poder de veto del
Ejecutivo es una de las manifestaciones de la doctrina, en
cuanto condiciona el poder de la Asamblea Legislativa al
consentimiento del Gobernador a toda legislación propuesta.
Así, a pesar de que es la Rama Legislativa quien tiene la
función principal de hacer las leyes, la Constitución le
concede un poder a la Rama Ejecutiva de sancionar o
desaprobar las mismas conforme a su mandato. Véase Const. CC-2008-425 22
E.L.A., supra, Art. IV, Sec. 4. Se trata entonces de un
poder compartido, el cual le impone deberes y obligaciones
recíprocas al Gobernador y a la Asamblea Legislativa.
El poder del Ejecutivo en el proceso de aprobación de
leyes, no obstante, es limitado, pues el Gobernador sólo
puede aprobar o desaprobar un proyecto sometido ante su
consideración en su totalidad, salvo que dicho proyecto de
ley asigne fondos en más de una partida. Véase Const.
E.L.A., supra, Art. III, Sec. 20. Por lo tanto, salvo el
veto de partidas antes mencionado, el Gobernador está
incapacitado de eliminar o enmendar disposiciones
específicas de un proyecto de ley que se le haya presentado
para conformarlo a su mejor parecer. No existe en nuestra
jurisdicción, ni en la federal, un veto de asuntos o
disposiciones. Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417
(1997); Knowles, supra, pág. 590.
Precisamente por esa razón se entiende que el incluir
“riders” en la legislación afecta el poder de veto del
Ejecutivo. En la medida en que se incluye en un proyecto
de ley una materia no relacionada o vinculada al asunto
principal que dicho proyecto regula, se podría circunvalar
la facultad de veto del Gobernador. Esto es así, pues en
esos casos se coloca al Ejecutivo en la disyuntiva de
aprobar una ley que incluya el “rider” o desaprobar la
misma en su totalidad. De ser la legislación presentada
necesaria, probablemente el Ejecutivo le impartirá su
aprobación al proyecto de ley, aunque no esté de acuerdo
con el “rider” incluido. Así, el asunto extraño o CC-2008-425 23
incongruente a la legislación principal pasa el escrutinio
del Ejecutivo “montado” sobre ésta, sin que éste tenga la
oportunidad de sopesarlo de manera independiente.
Ciertamente permitir un esquema como el mencionado
laceraría el “complejo sistema de pesos y contrapesos que
asegura una interacción entre los tres componentes del
sistema de gobierno y que genera un equilibrio dinámico que
evita que una de las ramas amplíe su autoridad debilitando
a las otras”. Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 135
D.P.R. 406, 458-59 (1994) citando a Hernández Agosto v.
Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 427-28 (1982) y Hernández
Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 612-622 (1983).
C.
En relación con la vigencia de las leyes, la sección 5
del artículo VI de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico establece que cada ley deberá ser
promulgada conforme al procedimiento que se prescriba por
ley y contendrá sus propios términos de vigencia. Const.
E.L.A., supra, Art. VI, Sec. 5. Por tanto, “las leyes
comienzan a regir cuando en ellas así se establezca expresa
o tácitamente, bien con referencia a una fecha de
calendario, o bien con referencia a algún otro dato”.
González Natal v. Merck Sharp & Dohme Química de P.R.,
Inc., 166 D.P.R. 659, 675 (2006) (Énfasis suplido).
Como consecuencia necesaria de dicha disposición
constitucional, es a la Asamblea Legislativa a quien le
compete establecer la fecha de vigencia de las leyes
aprobadas. Véase González Natal v. Merck, supra, pág. 691 CC-2008-425 24
(Op. de Conformidad Juez Presidente Hernández Denton).
Así, la Asamblea Legislativa puede disponer que la vigencia
de la ley sea inmediata con la aprobación de ésta o, por el
contrario, que su vigencia sea aplazada por un término
específico. González Natal v. Merck, supra, pág. 675.
Esta determinación es parte inherente de la facultad de la
Asamblea Legislativa de aprobar las leyes y dependerá del
juicio del legislador sobre la necesidad de una vigencia
inmediata o aplazada de la ley en cuestión.
Así como la Asamblea Legislativa tiene la facultad de
sujetar la vigencia de una ley a un plazo, puede igualmente
sujetarla a una condición o evento futuro. Aunque no nos
habíamos expresado al respecto anteriormente, esto es una
facultad inherente reconocida al Poder Legislativo en todo
sistema republicano de gobierno. Véase E.T. Crawford, The
Construction of Statutes, St. Louis, Thomas Law Book Co.,
1940, sec. 109, pág. 157. Dicha condición puede tratarse
de una contingencia, tal como el resultado de una elección,
la aprobación de una enmienda constitucional, o la
aprobación de otra ley. Singer & Singer, op. cit., Vol. 2,
sec. 33.7, pág. 20. Las razones que puede tener el
legislador para tomar este curso de acción son diversas,
pero generalmente se trata de la conveniencia o eficacia de
la ley condicionada. Véase T.M. Cooley, Cooley’s
Constitutional Limitations, 8th Ed., Boston, Little, Brown
& Co., 1927, Vol. 1, pág. 240. Esto es, en ocasiones la ley
condicionada no tendría sentido en el ordenamiento de no
acontecer la contingencia prevista. CC-2008-425 25
Aunque esta práctica, llamada “tie-barring” en los
Estados Unidos, no es usual, no es totalmente desconocida
para nuestra Asamblea Legislativa. Podemos encontrar
algunos ejemplos en el ordenamiento puertorriqueño en los
cuales la Legislatura ha condicionado la entrada en vigor
de leyes a contingencias, como por ejemplo, la aprobación
de enmiendas constitucionales.8 Normalmente, esta práctica
legislativa se ha utilizado como parte de la aprobación de
legislación abarcadora en relación con un asunto
específico, el cual es regulado a través de varias leyes
independientes, pero relacionadas entre sí.9
La potestad de la Asamblea Legislativa para
condicionar la vigencia de las leyes, no obstante, no es
irrestricta. La condición impuesta a la vigencia o
efectividad de una ley tendrá que ser compatible, como toda
otra disposición estatutaria, con las salvaguardas
establecidas en nuestra Constitución. Así como la Asamblea
8 Véase Ley Núm. 70 de 29 de junio de 1995, la cual enmendaba el artículo 3.001 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, Ley de Municipios Autónomos, y que disponía, en su parte pertinente, “esta ley tendrá carácter prospectivo y entrará en vigor una vez se apruebe una enmienda al Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico limitando los términos a los cargos de Representante, Senador y Gobernador”. 21 L.P.R.A. sec. 4101 (Historial). Igualmente, la Ley Núm. 82 de 13 de agosto de 1994, la cual enmendaba las Reglas 6.1 y 218 de Procedimiento Criminal y que en su parte pertinente disponía “esta ley entrará en vigor una vez se apruebe la enmienda propuesta a la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico conforme se dispone en la Resolución Concurrente de la Cámara Núm. 32 de 16 de mayo de 1994”. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 6.1 & 218 (Historial). 9 Véase Gaulden v. Kirk, 47 So. 2d 567 (1950), caso en el cual la Legislatura de Florida entrelazó tres leyes de recaudos, pues eran parte de un plan integrado de imposición de contribuciones estatales. CC-2008-425 26
Legislativa está impedida de crear legislación que imponga
condiciones que laceren la Carta de Derechos del
individuo,10 igualmente está impedida de incluir
disposiciones condicionales que contravengan el detallado
proceso legislativo y de aprobación de leyes que los
constituyentes incluyeron en nuestra Carta Magna.
Así pues, una condición que sujete la vigencia o
efectividad de una ley a una contingencia que sea extraña o
no esté razonablemente relacionada con la ley en cuestión,
podría violar la regla de un solo asunto. Esto, en la
medida en que la condición haría referencia, y sujetaría el
advenimiento a la vida jurídica de esa ley, a un asunto que
no es afín con la ley aprobada. La condición, entonces,
sería una disposición desvinculada del asunto general que
la ley regula, pues no sería accesoria o complementaria al
objetivo de la ley aprobada, violando así la disposición
constitucional. En la doctrina estadounidense, se ha
expresado que “[l]egislation may be made to take effect
upon the happening of a specified contingency, provided the
contingency is germane to the subject of the legislation.”
Singer & Singer, op. cit., Vol. 1A, sec. 20.24, pág. 156.
(Énfasis suplido).
Al tratarse de dos leyes independientes, pero unidas
por la cláusula de vigencia, el análisis se centra en la
razonabilidad de la relación entre los asuntos regulados
por ambas leyes. Es decir, al examinar si se cumple con el
10 Nos referimos a la llamada doctrina de condiciones inconstitucionales. Véase, e.g., Morales Morales v. E.L.A., 126 D.P.R. 92 (1990). CC-2008-425 27
requisito constitucional de un solo asunto en estos casos,
se debe satisfacer el requisito de que los asuntos
regulados por ambas leyes tengan una relación razonable, de
modo que haya cierto vínculo de interdependencia entre una
ley y la otra. Así, se ha dicho que “[t]he event or change
of circumstances on which a law may be made to take effect
must be such as, in the judgment of the legislature,
affects the question of the expediency of the law; an event
on which the expediency of the law in the opinion of the
law-makers depends.” Cooley, op. cit. Al exigir esa
relación de relativa interdependencia entre ambas leyes, se
garantiza que la contingencia incluida por la Asamblea
Legislativa no sea el ejercicio del poder legislativo de
manera arbitraria o caprichosa, sino que sea como parte de
la eficacia o conveniencia de la ley condicionada.11
Ese es el resultado al cual han arribado las pocas
jurisdicciones estadounidenses que se han enfrentado a
controversias similares. Así, en In re Advisory Opinion to
the Governor, 239 So. 2d 1 (1970), el Tribunal Supremo de
Florida resolvió que sujetar la efectividad de una
asignación presupuestaria contenida en el Presupuesto
General del Estado a la aprobación de una medida de
recaudo, no contravenía la regla de un solo asunto, pues se
11 En Helmsley v. Ft. Lee, 78 N.J. 200 (1978), el Tribunal Supremo de New Jersey, citando a Hudspeth v. Swayze, 85 N.J.L. 592 (1914), indicó que “[i]t makes no essential difference what is the nature of the contingency, so it be an equal and fair one, a moral and legal one, not opposed to sound policy, and so far connected with the object and purpose of the statute as not to be a mere idle and arbitrary one.” (Énfasis suplido). CC-2008-425 28
trataban de medidas razonablemente relacionadas. Expresó
dicho Tribunal que “appropiations may constitutionally be
made contingent upon matters or events reasonably related
to the subject of appropriation, but may not be made to
depend upon entirely unrelated events.” In re Opinion to
the Governor, supra, pág. 9. Véase también Gaulden v.
Kirk, 47 So. 2d 567 (1950); 1979-1980 Mich. Op. Atty. Gen.
128.
Permitirle a la Asamblea Legislativa que ate la
vigencia o efectividad de una ley válidamente aprobada a la
posterior aprobación de otra ley desvinculada de la
original, subvertiría el proceso de aprobación de leyes,
pues contravendría las prerrogativas del Ejecutivo e
inclusive de legisladores individuales. En la medida en
que una ley ya aprobada no advenga efectiva hasta la
aprobación de otra ley no relacionada razonablemente con la
original, se coloca al Ejecutivo en la misma disyuntiva que
cuando se le añade un “rider” a una legislación: tendría
que escoger entre aprobar la ley posterior, aunque no esté
de acuerdo con ésta, o desaprobarla, con la consecuencia de
que la anteriormente aprobada no advendrá a la vida
jurídica. La inclusión de una condición arbitraria a la
efectividad de una ley válidamente aprobada no sería un
ejercicio razonable del poder legislativo, pues no se
incluiría en pos de la conveniencia o eficacia de la
legislación sino, probablemente, como una medida de presión
indebida a la Rama Ejecutiva y a legisladores individuales.
No es posible que a través de ese artilugio, se pueda CC-2008-425 29
realizar lo que está vedado por la cláusula constitucional
de un solo asunto.
Establecido lo anterior, debemos auscultar si en este
caso existía una relación razonable entre los asuntos
regulados por la Ley 42 y la Resolución del Presupuesto
General 2005-2006, de manera que podamos determinar si la
Asamblea Legislativa actuó válidamente al condicionar la
efectividad de la primera a la aprobación de la última.
IV.
Para entender a cabalidad la controversia ante nuestra
consideración, debemos primeramente repasar el proceso de
aprobación del Presupuesto General del país, según
dispuesto en la Constitución. Por mandato de la cláusula 9
de la sección 4 del artículo IV de la Constitución, el
trámite legislativo para la aprobación del presupuesto
comienza con el mensaje de estado del Gobernador a la
Asamblea Legislativa. Const. E.L.A., supra, Art. IV, Sec.
4. En este mensaje, el Gobernador debe ofrecer un informe
detallado sobre los propuestos ingresos y desembolsos para
el próximo año económico. Id. A través de ese informe, la
Asamblea Legislativa se asegura que el Primer Ejecutivo
cumpla con la obligación constitucional de que las
asignaciones propuestas no excedan el cálculo de los
recursos totales, salvo que éste proponga, y sean
aprobadas, contribuciones suficientes para cubrir el CC-2008-425 30
exceso.12 Véase 4 Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente 2587 (1961).
Conforme al proceso antes expuesto, el 16 de marzo de
2005 el entonces Gobernador Acevedo Vilá presentó ante la
Asamblea Legislativa su Informe Anual sobre la situación de
estado del país. Posteriormente, presentó ante la Cámara
de Representantes un anteproyecto de resolución conjunta
que recomendaba las asignaciones para el Presupuesto
General del año económico 2005-2006. Esta resolución,
luego de ser estudiada, analizada y enmendada por ambas
cámaras legislativas, se convirtió en la Resolución
Conjunta de la Cámara de Representantes Núm. 445.
Paralelamente, el Gobernador envió a la Cámara de
Representantes varios proyectos de administración, los
cuales constituían medidas de recaudos para allegar más
fondos recurrentes al Fondo General y así solucionar el
llamado déficit estructural. Según la ponencia que
presentara ante la Cámara de Representantes el entonces
Secretario de Hacienda, Lcdo. Juan Carlos Méndez, sobre el
P. de la C. 1578 que luego se convirtió en la Ley 42, “el
presupuesto de Ingresos y Gastos para el año fiscal 2006 .
. . incluye como parte de los estimados de ingresos netos
al Fondo General los recursos proyectados que se generarían
mediante medidas legislativas. La presente medida ante su
consideración es una necesaria para enfrentar el mencionado
12 Para una exposición más detallada del proceso de aprobación del Presupuesto, véase Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 D.P.R. 149, 177-193 (2006) (Op. Disidente Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez). CC-2008-425 31
déficit estructural”. Más adelante, el Secretario
establece que “[e]sta medida tiene el potencial de aumentar
los recaudos recurrentes al Fondo General por
aproximadamente $30 millones. Estos recaudos serían
utilizados como parte del Presupuesto de Gastos del
Gobierno Central del próximo año fiscal 2006”.
Asimismo, la entonces Directora de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OGP), Ileana I. Fas Pacheco
mediante su comparecencia a la Cámara de Representantes
para la discusión del P. de la C. 1578, indicó que “[t]anto
con las medidas propuestas para aumentar los ingresos, como
las de control de gastos para reducir el déficit
presupuestario; el presupuesto que se recomienda para el
año fiscal 2005-2006 está cuadrado, balanceado utilizando
únicamente fuente(s) de ingresos recurrentes para gastos
operacionales”.
Surge entonces de las comparecencias de los titulares
de las agencias del Ejecutivo a quienes les corresponde la
preparación de la propuesta del Presupuesto –la Directora
de OGP y el Secretario de Hacienda- que el P. de la C. 1578
era una medida de recaudo para completar los recursos
totales del Fondo General, de modo que se pudiera cumplir
con la obligación constitucional de presentar un
presupuesto en el cual las asignaciones no excedieran los
recursos. Esta acción no es inusual en el proceso de
aprobación del Presupuesto General, pues comúnmente el
Ejecutivo presenta, junto a su anteproyecto de resolución
conjunta, medidas de recaudo o emisiones de deuda para CC-2008-425 32
balancear las asignaciones contenidas en éste con los
recaudos estimados para el año económico determinado. Este
caso es un ejemplo de esta práctica, pues la Ley 42 era,
precisamente, parte de las medidas impositivas que
necesitaban aprobarse para cubrir el exceso de las
asignaciones comparado con los recursos totales estimados
para el año económico 2005-2006.
Por lo tanto, al examinar la Resolución Núm. 445 del
Presupuesto General 2005-2006 y la Ley 42, no nos queda más
que concluir que existe una relación directa entre ambas
medidas legislativas. Sin la aprobación de la Ley 42, el
Presupuesto General 2005-2006, de haberse aprobado, hubiese
sido deficitario, pues las asignaciones allí contenidas
habrían rebasado los recursos totales. Siendo así, la
condición establecida por la Asamblea Legislativa a la
efectividad de la Ley 42 fue razonable, pues existía una
relación de interdependencia entre ambas leyes.
Aun cuando la Ley 42 pudo haberse aprobado sin
condicionarse su efectividad a la eventual aprobación del
Presupuesto General, somos del criterio que dicha acción no
fue irrazonable o arbitraria por parte de la Asamblea
Legislativa. Después de todo, la Asamblea Legislativa pudo
razonablemente entender que de no aprobarse las
asignaciones presentadas en la Resolución Núm. 445, según
enmendada por ambas cámaras, no era necesaria la aprobación
de nuevas medidas de recaudos, como lo es la imposición de
un aumento a los derechos anuales de los automóviles de
lujo. Por consiguiente, la condición incluida no es CC-2008-425 33
incongruente o extraña al asunto regulado por la ley. Al
contrario, existe una relación entre ambas medidas que
sostiene la razonabilidad de la condición impuesta.
La Procuradora General arguye, como mencionamos
anteriormente, que para que se entienda que una ley es afín
a la Resolución Conjunta del Presupuesto, dicha ley debe
sólo contener asignaciones y reglas para su desembolso,
según el mandato constitucional. Este argumento soslaya el
hecho de que se trata de dos cláusulas constitucionales
separadas con dos análisis aplicables distintos. Una
cuestión es determinar si –bajo la cláusula de un solo
asunto- es válida la actuación de la Asamblea Legislativa
de atar la vigencia de la Ley 42 a la eventual aprobación
del Presupuesto. Es en este análisis que procede auscultar
si los asuntos regulados por ambas leyes son afines, pues
lo exige dicha cláusula constitucional. Examinada la
validez del ejercicio legislativo cuestionado, a la luz del
análisis correspondiente a la cláusula de un solo asunto,
concluimos anteriormente que el mismo fue razonable por la
relación de relativa interdependencia que existe entre
ambas leyes.
No obstante, otro asunto distinto es si la Resolución
Conjunta Núm. 445 sobre el Presupuesto General cumplía con
la norma constitucional de que éste sólo puede contener
asignaciones y reglas para su desembolso, aún cuando la Ley
42 estuviera condicionada a su aprobación. Ciertamente, si
la Ley 42 o una medida similar a esa, hubiese sido incluida
en el texto de la Resolución del Presupuesto General, dicha CC-2008-425 34
disposición probablemente sería inconstitucional en tanto
se trataba de una medida de recaudo y, por disposición
constitucional, el Presupuesto sólo puede contener
asignaciones y reglas para su desembolso. Sin embargo, esa
no fue la situación presentada ante nuestra consideración
en este caso. No podemos perder de perspectiva que se
trata de dos leyes que, aunque se encuentran unidas por la
cláusula de vigencia, siguieron un curso legislativo
independiente y fueron aprobadas por la Asamblea
Legislativa en procesos separados. Por lo tanto, la
inclusión de la condición a la vigencia de la Ley 42 no
violó la disposición constitucional aludida por la
Procuradora General pues la Resolución Conjunta Núm. 445
sólo contenía asignaciones y reglas para su desembolso, tal
y como lo exige la Constitución.
Por otro lado, la Procuradora General arguye
igualmente que en este caso la condición se incluyó como
parte de una presión indebida ejercida por la Asamblea
Legislativa hacia el entonces Gobernador, para que éste
firmara la Resolución Conjunta Núm. 445. Aduce que el
historial legislativo de la medida está huérfano de razones
que sustenten la enmienda introducida en el Senado, por lo
que la única explicación plausible es que se trató de un
esquema de presión de la Rama Legislativa al Ejecutivo.
Sostiene que “el diseño constitucional, en lo concerniente
a la aprobación de las leyes, prohíbe la extorsión
legislativa y las ataduras inaceptables a las facultades
conferidas al Ejecutivo”. CC-2008-425 35
Un sistema republicano como el nuestro está diseñado
para que exista una imbricación entre los tres Poderes
gubernamentales. Esto es, no existe una separación
absoluta entre las Ramas y nunca se pretendió que
existiera. Banco Popular, Liquidador v. Corte, 63 D.P.R.
66, 71 (1944). Esta imbricación resulta en una fricción
natural entre las Ramas, especialmente entre la Ejecutiva y
la Legislativa, las Ramas políticas, las cuales tienen el
compromiso recíproco de propulsar los programas de gobierno
y garantizar el bienestar de todos aquellos que en nuestro
país residen. El propósito del diseño constitucional,
entonces, no fue evitar las fricciones, sino salvar al
pueblo de la autocracia a través, precisamente, de la
fricción inevitable incidental a la distribución de dichos
Poderes gubernamentales. Banco Popular, Liquidador v.
Corte, supra. Pero este diseño y su fino balance,
garantizó que cada una de las Ramas tenga las herramientas
necesarias para evitar que la otra pueda acumular
indebidamente el Poder gubernamental. Por lo tanto, la
dinámica gubernamental entre ambas Ramas queda en la arena
política, mientras las actuaciones no ofendan los contornos
de Poder asignados a cada una por la Constitución. Es sólo
en estas ocasiones que tenemos la obligación constitucional
de intervenir y definir los límites del Poder de cada una
de las Ramas.
Un mero resultado adverso a la pretensión de una de
las Ramas, no obstante, no justifica que invalidemos una
actuación de la otra, amparándonos en una alegada “presión CC-2008-425 36
indebida”, en ausencia de una verdadera usurpación de
poderes. Es natural que en el proceso constitucional de
elaborar y aprobar el Presupuesto General del país existan
presiones entre las dos Ramas llamadas a trabajar en
conjunto para lograr dicho fin. Mientras esa interacción
no desemboque en actuaciones que ofendan la Constitución,
estamos impedidos de intervenir. En este caso, la
actuación legislativa no tuvo el efecto de eliminar o
disminuir las prerrogativas del Ejecutivo. Dado que la
condición establecida en la Ley 42 estaba razonablemente
relacionada con la Resolución del Presupuesto General 2005-
2006, el entrelazar ambas medidas no tuvo el mismo efecto
que cuando se incluye un “rider” en la legislación. El
Ejecutivo mantuvo tanto su poder de veto en relación con la
Ley 42, como su poder de veto y de veto de partidas en
relación con la Resolución del Presupuesto General, por lo
que no existen razones que nos obliguen a invalidar la
legislación impugnada.
En suma, somos del criterio que, en este caso, el
condicionar la vigencia de la Ley 42 a la eventual
aprobación de la Resolución General del Presupuesto fue un
ejercicio legítimo del Poder Legislativo, por lo que dicha
condición es válida. Por consiguiente, ante el veto de
bolsillo que le impartió el Gobernador Acevedo Vilá a la
Resolución Núm. 445 sobre el Presupuesto General 2005-2006,
es forzoso concluir que la Ley 42 no advino efectiva. En
ausencia de legislación válida que autorizara la imposición
de derechos anuales adicionales a los automóviles de lujo, CC-2008-425 37
según definidos en la Ley 42, las actuaciones de los
Secretarios de Hacienda y de Transportación y Obras
Públicas fueron ultra vires y, por lo tanto, radicalmente
nulas. Por lo tanto, procede la devolución de las
cantidades ilegalmente cobradas por concepto de los
derechos anuales adicionales.
A pesar del resultado al que arribamos, este Tribunal
no está ajeno al difícil estado de las finanzas públicas en
nuestro país. Un desembolso inmediato de los fondos
concernidos podría erosionar aún más las ya menguadas arcas
estatales. No hay duda de que la situación es compleja y
reclama creatividad judicial, de manera que se pueda
diseñar un remedio que permita restituir a los
contribuyentes su dinero y, a la vez, no se perjudique al
extremo el erario. Las posibilidades son diversas y
dependerán del entendimiento y la buena fe con la cual
ambas partes afronten la etapa de ejecución de la
sentencia. Véanse, a modo de ejemplo, las recomendaciones
incluidas en la Op. de Conformidad del Juez Asociado señor
Martínez Torres. En ese tenor, esperamos que -a la luz
del resultado al que llegamos el día de hoy- el Estado y la
clase recurrida, junto al foro de instancia, puedan idear
un remedio adecuado a través del cual se puedan atender
justa y satisfactoriamente los intereses de ambas partes.
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
sentencia del Tribunal de Apelaciones, así como la del
Tribunal de Primera Instancia. Se devuelve al foro CC-2008-425 38
primario para que se diseñe un remedio que considere
adecuadamente los intereses de las partes concernidas.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Gabriel Alcaraz Emmanuelli, Secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre CC-2008-425 Asociado
SENTENCIA
Por los fundamentos expresados en la Opinión que antecede los cuales se incorporan íntegramente a la presente, se dicta sentencia confirmando la sentencia del Tribunal de Apelaciones, así como la del Tribunal de Primera Instancia. Se devuelve el caso al foro primario para que se diseñe un remedio que considere adecuadamente los intereses de las partes concernidas.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Martínez Torres emite Opinión de conformidad a la que se une el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurridos CC-2008-425 v.
Hon. Gabriel Alcaraz Emmanuelli, Secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES, a la cual se une el Juez Asociado señor KOLTHOFF CARABALLO.
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2010.
Estoy de acuerdo con la determinación de la mayoría de este Tribunal
que declara que la actuación de los secretarios del Departamento de
Hacienda y del Departamento de Transportación y Obras Públicas bajo
la gobernación del Hon. Aníbal Acevedo Vilá, fue ultra vires porque
se impuso un arbitrio adicional a los “autos de lujo” sin contar con
el aval de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
Ante esa acción y conscientes de la precaria situación fiscal por la
que atraviesa el gobierno, creo prudente diseñar un remedio que ponga
en la balanza el derecho de los recurridos al reembolso de lo que el CC-2008-425 2
Estado les cobró ilegalmente y la situación actual del tesoro
público.
I
Los hechos no están en controversia. El entonces gobernador,
Aníbal Acevedo Vilá, sometió a la Cámara de Representantes varias
medidas contributivas para incrementar los recaudos del Gobierno.
En lo pertinente, uno de los proyectos se convirtió en la Ley Núm.
42 de 1 de agosto de 2005. Esta ley aumentó de forma escalonada la
cantidad a pagar por concepto de derechos anuales de los
“automóviles de lujo”, según definidos en la ley.
El Art. 6 de la Ley Núm. 42 dispuso como fecha de vigencia el
“1ro de julio de 2005”, pero “su efectividad estar[ía] sujeta a
que se conviert[iera] en Ley la Resolución Conjunta Núm. 445 de la
Cámara de Representantes sobre el Presupuesto General para el año
fiscal 2005-2006”. Esta disposición se convirtió en ley cuando el
gobernador Acevedo Vilá firmó la medida aprobada por la Asamblea
Legislativa.
Posteriormente, el gobernador Acevedo Vilá impartió un veto
de bolsillo a la Resolución Conjunta Núm. 445 de la Cámara de
Representantes. Sin embargo, por recomendación del entonces
Secretario del Departamento de Justicia, Lcdo. Roberto Sánchez
Ramos, el Estado decidió cobrar la contribución adicional
dispuesta en la Ley Núm. 42. Para eso, el Estado se fundamentó en
que la cláusula que condicionaba la efectividad de la Ley Núm. 42
era inconstitucional.
Varios contribuyentes afectados por la legislación
presentaron varias demandas en las que alegaron que el Estado no
podía cobrar la contribución adicional ya que la Resolución CC-2008-425 3
Conjunta Núm. 445 no se convirtió en ley. Los demandantes
solicitaron que se dictara sentencia declaratoria a esos efectos y
exigieron la devolución de las sumas pagadas al amparo de la Ley
Núm. 42. Estos casos fueron consolidados por el Tribunal de
Primera Instancia y ese foro certificó el pleito como uno de
clase.
El Estado solicitó entonces que se dictara sentencia sumaria
a su favor. Adujo que la condición dispuesta en la Ley Núm. 42 era
inconstitucional ya que contenía más de un asunto, al condicionar
la efectividad del estatuto a la aprobación de otra ley. El Estado
arguyó que, a su juicio, esta condición es inconstitucional, debe
eliminarse y validar las demás disposiciones de la Ley Núm. 42.
Por su parte, los demandantes se opusieron y presentaron una
solicitud de sentencia sumaria a su favor. Los demandantes
alegaron que no se violó la norma de un solo asunto, pues se
trataba de dos leyes independientes y que la Asamblea Legislativa
tenía la potestad de condicionar de esa forma la efectividad de
una ley. En la alternativa, los demandantes sostuvieron que si la
condición era inconstitucional procedía decretar la invalidez de
toda la Ley Núm. 42, pues no se incluyó una cláusula de
separabilidad.
El 15 de marzo de 2007, el foro primario emitió sentencia en
la que resolvió la solicitud de sentencia sumaria a favor de los
demandantes. Ese tribunal concluyó que ambas medidas legislativas
tenían una relación razonable entre sí por lo que se trataba de
medidas germanas. En específico, el foro primario concluyó que “no
se configura el logrolling; no están presente los riders que se
buscaron evitar al redactar nuestra Constitución”. Apéndice del
recurso, pág. 772. Además, ese foro dictaminó que “condicionar la
efectividad de esa medida de recaudo a la aprobación de la ley de CC-2008-425 4
presupuesto general considerada dentro de un esquema
presupuestario específico y bajo unas circunstancias particulares
no viola norma constitucional alguna”. Ibíd.
Al así concluir, el Tribunal de Primera Instancia decretó que
la actuación del Estado de cobrar la contribución adicional a los
“vehículos de lujo” era ilegal por no haberse cumplido la
condición necesaria para su efectividad. En virtud de eso, ese
foro ordenó la abstención del cobro de la contribución en exceso y
la devolución de los dineros recibidos por tal concepto con
excepción del 33%, ya que sería reservado para el pago de los
honorarios de abogados.
Inconformes con esa determinación, el Estado acudió al
Tribunal de Apelaciones, quien confirmó el dictamen recurrido. En
su sentencia, ese foro validó la cuantía retenida por concepto de
honorarios de abogados ya que esta suma sólo podía ser cuestionada
por los miembros de la clase y había sido parte de una
estipulación que el Estado no objetó. Por otro lado, el Tribunal
de Apelaciones hizo un extenso análisis de la intención de la
norma constitucional de un solo asunto y los conceptos de rider,
logrolling, tie-barring y germaneness. Tras ese análisis, el foro
apelativo intermedio concluyó que ambas medidas legislativas
“est[aban] íntimamente relacionad[as], pues l[as] dos responden al
esfuerzo de enfrentar el déficit estructural del Gobierno de
Puerto Rico”. Apéndice del recurso, pág. 44. Además, ese foro
entendió que ambas medidas legislativas cumplían con el requisito
de germaneness y que la Ley Núm. 42 no adolecía del vicio
constitucional alegado por el Estado.
De esa decisión recurrió ante nos el Estado y sostuvo que el
Tribunal de Apelaciones incidió al reconocer que la Asamblea
Legislativa podía sujetar la efectividad de la Ley Núm. 42 a la CC-2008-425 5
aprobación del presupuesto general para el año fiscal 2005-2006.
Sus argumentos impugnan la condición establecida en la Ley Núm. 42
al amparo de la Constitución de Puerto Rico.
En síntesis, el Estado arguye que esta condición viola el
Art. III, Sec. 17 de la Constitución. El Estado sostiene que la
Ley Núm. 42 no es germana al presupuesto general. Este argumento
lo fundamenta bajo la práctica inconstitucional del logrolling.
Además, el Estado alega que esa actuación va en contra de la regla
constitucional de que el presupuesto general solamente puede
contener asignaciones y reglas para su desembolso, pues no puede
incluirse en éste una medida sustantiva que impone arbitrios (Ley
Núm. 42).
II
El Art. III, Sec. 17 de la Constitución de Puerto Rico,
dispone en lo pertinente que
[n]o se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas...
Esta sección de la Constitución de Puerto Rico contiene
varias normas que regulan el proceso legislativo. En lo
pertinente, existe la exigencia de que una ley no puede tener más
de un asunto, y que la ley de presupuesto sólo puede contener
asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. CC-2008-425 6
A. Una ley, un asunto
La regla de una ley, un asunto, pretende impedir que se
incluyan materias incongruentes y extrañas a los objetivos de las
medidas presentadas. Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408
(1998). Esta exigencia no tiene contraparte en la Constitución de
los Estados Unidos. J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional
de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados
Unidos, Bogotá, Ed. Temis S.A., 2009, pág. 244. Con esa
disposición de la Constitución local se rechazó la práctica de
algunas legislaturas de utilizar riders en la aprobación de
medidas. Id. Sin embargo, nuestra jurisprudencia “ha adoptado una
postura comprensiblemente laxa, para no maniatar al legislador”.
Id. En general, esa interpretación liberal a favor de la
constitucionalidad se sigue en las cortes estatales de los Estados
Unidos. N.J. Singer, J.D.S. Singer, Statutes and Statutory
Construction, 7ma ed., West, 2009, Vol. 1A, Sec. 17:1, págs. 5-6.
Como bien señala la opinión mayoritaria y las decisiones de
los foros inferiores, la regla de una ley, un asunto, persigue
evitar la inclusión de materias extrañas que no tienen relación
con la legislación propuesta. Con esa limitación se prohíbe la
práctica de forzar la aprobación de disposiciones que de otra
forma no se convertirían en ley y que no tienen relación con la
medida aprobada.
En Pueblo v. Foote, Juez, 48 D.P.R. 492, (1935), citando a
Commonwealth v. Barnett, 199 Pa. 161, 78 A. 976 (Pa. 1901),
describimos la práctica que posteriormente fue vedada por la
Constitución de Puerto Rico. En aquella ocasión manifestamos que
[a]l redactar y aprobar un proyecto de ley, la legislatura tiene pleno dominio de todos y cada uno de los asuntos y disposiciones en él contenidos; y el gobernador, como una rama coordinada del poder legislativo, tiene, al desaprobarlo, por lo menos la misma amplitud. CC-2008-425 7
Mas uniendo un número de asuntos distintos en un proyecto, al gobernador se le obliga a aceptar algunas disposiciones que no puede aprobar o a vedar toda la ley, incluyendo otras que considera deseables o aún necesarias. Tales proyectos, conocidos popularmente con el mote de proyectos ómnibus, se convirtieron en un mal general no sólo por la confusión y distracción de la mente legislativa que los mismos conllevan al unir materias incongruentes, sino aún más por la facilidad que los mismos ofrecían a las combinaciones corruptas de las minorías con intereses encontrados para obligar a que se aprobaran proyectos con disposiciones que jamás se hubiesen adoptado, de haber sido redactados aisladamente. Tan común se hizo esta práctica que a la misma se le dio un nombre popular, generalmente conocido, o sea el de “pase de rolo” (logrolling). Entonces surgió la práctica aún más detestable de agregar a los mismos lo que se conoce con el nombre de “trillas” (riders) (es decir, una disposición legislativa nueva y ajena al proyecto) a los proyectos de presupuesto, obligando así al ejecutivo a aprobar legislación perjudicial o a hacer que la maquinaria gubernamental se detuviera por falta de fondos. Éstos fueron algunos de los males que los cambios más reciente en la Constitución trataron de remediar.
Pueblo v. Foote, Juez, supra, págs. 495-496.
La historia de algunos estados nos enseña que las
legislaturas han puesto en vigor la práctica de incluir riders en
una legislación para forzar la aprobación de medidas que no
hubieran sido adoptadas por sí solas. N.E. Carter, Jubelier v.
Rendell: Testing the Waters of the Governor´s Item-Veto Power Over
Appropriations Bills, 17 WIDLJ 645, 648 (2008). A esa práctica se
le denomina logrolling o “pase de rolo”. Id.
El logrolling se define como la práctica legislativa de
agrupar diversas disposiciones en una medida para que se apruebe
en su totalidad incluyendo las disposiciones que no hubieran sido
aprobadas si se propusieran en una medida separada. B.A. Garner,
Black´s Law Dictionary, 9na ed., E.U., West, 2009, pág. 1028.
Muchos estados han adoptado en sus constituciones la regla de un
solo asunto para prohibir esa práctica. Ibíd. Por su parte, el CC-2008-425 8
rider es la inclusión en una medida de una disposición que no
tiene relación con el propósito principal de la medida. Id., pág.
1436. Por lo tanto, el logrolling es la finalidad vedada y el
rider una de las maneras de lograrla.
Como mencionamos, el logrolling o pase de rolo es la práctica
legislativa que agrupa varias piezas legislativas, sin relación
entre sí, para que sean aprobadas aunque no todas cuentan con el
apoyo mayoritario. J.A. Scudder, After Rants v. Vilsack: An Update
on Item-Veto Law in Iowa and Elsewhere, 91 Iowa L. Rev. 373, 377
(2005). De esa forma, se aneja a una medida legislativa popular
una provisión con apoyo minoritario. D. Buehler, Washington´s
Title Match: The Single-Subject and Subject-in-Title Rules of
Article II, Section 19 of Washington State Constitution, 81 Wash.
L. Rev. 595 (2006).
Esta práctica va dirigida a forzar a otros legisladores o al
gobernador a que se expresen a favor de la legislación que se
incluye en forma de rider. Carter, supra, pág. 649. Para abolir
esa práctica de logrolling, algunos estados en sus constituciones
(y Puerto Rico), establecieron las limitaciones antes señaladas.
Id. Esta prohibición proviene de Roma con la Lex Caecilia Didia en
el año 98 antes de Cristo. Buehler, supra, pág. 603. Su propósito
es combatir los males de la lex satura (una ley que tiene
provisiones sin relación entre sí). Ibíd.
Esta disposición constitucional aplica cuando no existe una
unidad razonable entre las provisiones de la medida legislativa o
cuando las provisiones de la medida no se ciñen adecuadamente al
título de la ley. Id., pág. 595. Es bajo esas circunstancias que
se puede crear un voto mayoritario ficticio. Con el requisito
constitucional de una ley, un asunto, se exige que haya unidad
entre las disposiciones incluidas en la medida. Así, se evita que CC-2008-425 9
se incluyan riders totalmente ajenos a la legislación para forzar
indebidamente su aprobación.
Se denominan germanas las disposiciones que están
razonablemente relacionadas entre sí. Id., pág. 600. Por eso, las
cortes invalidan una ley sólo si las disposiciones y su título
general no conforman una unidad razonable. Id. Se cumple con el
requisito de un asunto cuando todas las materias tratadas en una
legislación están relacionadas de manera razonable con un asunto o
propósito general. Singer, Singer, op cit, Sec. 17:1, págs. 4-5.
Una ley no viola la regla de una ley, un asunto, cuando las
disposiciones de la medida tienen relación directa o indirecta con
el asunto general y guardan conexión mutua. Id., pág. 14. El
cumplimiento de la exigencia de unidad razonable se puede evaluar
bajo el criterio de germanidad (germaneness). Ese criterio evalúa
si las provisiones de la medida son germanas al estar vinculadas
al asunto expresado en su título. Id., pág. 22.
El requisito de germanidad exige que las provisiones
legislativas tengan una relación estrecha, apropiada, relevante o
pertinente con el asunto general. Id., págs. 22-26. La razón para
ello, es que cuando las disposiciones de la ley y su título
conforman una unidad no está presente el peligro de los riders,
pues se trata de un objetivo central y no de materias extrañas
entre sí. Precisamente, eso es lo que se intentó eliminar con el
requisito de una ley, un asunto.
Por último, el tie-barring puede ser utilizado para lograr el
logrolling. El tie-barring es la práctica legislativa de sujetar
la efectividad de una ley a que otro proyecto se convierta en ley.
The Honorable William Bryant, Jr., 1979-1980 Mich. Op. Atty Gen.
128. Bajo la regla de una ley, un asunto, no hay impedimento de
emplear el mecanismo de tie-barring si hay directa y relativa CC-2008-425 10
interdependencia entre ambos proyectos. Id. La práctica de tie-
barring se viola solamente si la legislación tiene más de un
asunto o si la ley no expresa suficientemente su propósito en su
título. Ibíd.
Sin embargo, no se cuestiona el poder de la Asamblea
Legislativa de sujetar la vigencia de una ley a la aprobación de
otra. Id. Así pues, se ha reconocido que las legislaturas tienen
la autoridad para sujetar la vigencia de una ley a un evento
futuro y contingente. Id. Véanse, además, Mar v. Fisher, 187 P. 2d
966 (1947); Peck v. City of New Orleans, 5 So. 2d 508 (1941). Se
puede condicionar la vigencia de una ley de forma contingente,
pero la contingencia tiene que ser germana al asunto legislado.
Singer, Singer, op cit., Sec. 20:24, pág. 156.
Aunque esta controversia no la hemos tenido antes ante
nuestra consideración, ya otras cortes supremas de los estados, al
amparo de disposiciones constitucionales similares a la de Puerto
Rico, han atendido el asunto. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de
Florida ha validado el tie-barring cuando las leyes atadas están
conectadas propiamente bajo un asunto, es decir, si hay directa y
relativa interdependencia entre las mismas. Véanse, State v.
Reado, 295 So.2d 440 (1974); In re Opinion to the Governor, 239
So.2d 1 (1970); Gaulden v. Kirk, 47 So.2d 567 (1950).
Ahora bien, al utilizar el tie-barring tiene que existir una
relación razonable entre las leyes atadas. Véanse, In re Opinion
to the Governor, supra; The Honorable William Bryant, Jr., supra.
Si existe una relación razonable entre las leyes atadas no existe
el mal que el logrolling intentó eliminar pues, aunque se
consideren ambas leyes como una (para efectos de la norma de una
ley, un asunto), todos los asuntos son germanos y no son extraños CC-2008-425 11
entre sí. Esta práctica así utilizada no interfiere indebidamente
con el poder constitucional de veto del gobernador. Ibíd.
B. Ley de Presupuesto General
La Constitución de Puerto Rico tiene una disposición que
regula específicamente la ley de presupuesto general. Según esa
disposición “la ley de presupuesto general sólo podrá contener
asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas”. Const
P.R., Art. III, Sec. 17. Esta disposición es independiente y
separada de la exigencia constitucional de una ley, un asunto.
Esta cláusula prescribe un requisito de forma que dispone que el
presupuesto general no puede contener una materia distinta a las
asignaciones y reglas de desembolsos.
III
Este recurso nos da la oportunidad de resolver si la
condición para la efectividad de la Ley Núm. 42 constituyó o no
una violación a la regla de una ley, un asunto. En específico,
debemos resolver si condicionar la vigencia de la Ley Núm. 42 a la
aprobación de la Resolución Conjunta Núm. 445 (Presupuesto para el
año fiscal 2005-2006) constituyó una violación a la exigencia de
una ley, un asunto. Además, debemos resolver si la condición
mencionada incumplió con las exigencias constitucionales para
aprobar una ley de presupuesto. Entiendo que la actuación
legislativa no configuró la práctica de logrolling que la
Constitución de Puerto Rico prohíbe y que no transgredió las
normas constitucionales que regulan las leyes de presupuesto.
Bajo el fundamento de tie-barring, la Ley Núm. 42 pasó a ser
parte de la Resolución Conjunta Núm. 445, ya que su efectividad
dependía de esta última. La Ley Núm. 42 era una medida de recaudo
relacionada directamente con la Resolución Conjunta Núm. 445, pues
generaría ingresos para cuadrar el presupuesto del año fiscal CC-2008-425 12
2005-2006. Debemos concluir que estas medidas están íntimamente
relacionadas y no constituyen asuntos extraños o incongruentes
entre sí. Esta actuación legislativa no configura el logrolling
que la Constitución de Puerto Rico prohíbe. El mecanismo empleado
no lesiona el poder de veto del gobernador.
No debemos confundir el análisis requerido por nuestra
Constitución para la exigencia de una ley, un asunto, con la
limitación de asuntos que puede incluir la ley de presupuesto
general. No se puede hacer el mismo análisis al evaluar ambas
disposiciones constitucionales.
La limitación de una ley, un asunto, requiere que las
disposiciones de una ley sean germanas aunque se utilice el
mecanismo de tie-barring. Bajo ese análisis, se analizan ambas
leyes como si fuera una para ver si la condición fue razonable.
Como vimos, la Ley Núm. 42 y la Resolución Conjunta Núm. 445
(presupuesto) tenían una relación directa y de interdependencia
por lo que no se violó la regla de una ley, un asunto.
Sin embargo, este análisis no es relevante para determinar si
la ley de presupuesto contenía un asunto vedado por la
Constitución. Lo único que exige el Art. III, Sec. 17, es que la
ley de presupuesto sólo contenga asignaciones y reglas para su
desembolso. Esto nada tiene que ver con la relación que tiene la
medida impugnada y el presupuesto. Por ejemplo, si la ley de
presupuesto contuviera un asunto no relacionado con asignaciones y
las reglas para su desembolso y además, tuviera una disposición
que condicionara la efectividad de otra ley, sería inválida por lo
primero, ya que contiene la prohibición de materias extrañas del
Art. III, Sec. 17, aunque fuera válida la cláusula de efectividad
condicionada. En cambio, sería válido que contuviera materias que
de ordinario se considerarían como otro asunto siempre y cuando CC-2008-425 13
éste fuera una asignación de fondos o las reglas para su
desembolso.
De hecho, la propia Constitución exime la ley de presupuesto
del requisito de una ley, un asunto, al expresar que “no se
aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de
presupuesto general, que contenga más de un asunto...”.
Constitución de Puerto Rico, Art. III, Sec. 17. Por eso, en la
medida que la Resolución Conjunta Núm. 445 se limitó a
asignaciones y reglas de desembolso, no se violentó la norma
constitucional.
IV
Por los fundamentos que preceden, estoy conforme con la
determinación de confirmar al Tribunal de Apelaciones, Región
Judicial de San Juan. Sabida es la precaria situación fiscal por
la que atraviesan las finanzas públicas. Domínguez Castro et al.
v. E.L.A. I, Op. de 2 de febrero de 2010, 2010 T.S.P.R. 11, 2010
J.T.S. 20, 178 D.P.R. ___ (2010). Tal y como menciona la opinión
del Tribunal, “un desembolso inmediato de los fondos concernidos
podría erosionar aún más las ya menguadas arcas estatales”.
Opinión Mayoritaria, pág. 37.
Al respecto, estamos reconociéndole al Estado la oportunidad
para que en un plazo razonable diseñe y someta para aprobación
judicial un mecanismo que permita balancear los intereses de las
partes. El estado puede, a modo de ejemplo, someter un plan que
provea un descuento del pago a cada persona con derecho a ello.
Esto permitiría que se acredite contra la cantidad de dinero a ser
reembolsada, todo o parte de los derechos de inscripción anual de
los vehículos de motor que esa persona posea. En la alternativa,
podría dársele a cada reclamante, como parte de la compensación a
que tenga derecho, un certificado con valor monetario (voucher) CC-2008-425 14
para el pago de los derechos de inscripción anual de los vehículos
de motor que ésta posea, si alguno. De esta manera se opondría la
figura de la compensación contra la acreencia que tengan los
miembros de la clase demandante que reclamen el reembolso.
Corresponde al Estado, parte peticionaria, evaluar si es factible
implementar este mecanismo o uno similar, e informárselo al
tribunal.
Por la misma figura jurídica de la compensación, debe
incluirse como parte del remedio la facultad del Estado para
descontar del desembolso la cantidad que cada persona con derecho
a recobro bajo la sentencia le adeude al Estado por concepto de
impuestos, arbitrios, multas u otra acreencia similar. Se evita
así que se desembolse dinero a una persona que tenga una deuda con
el Estado. En esa instancia, el Estado acreditará la suma
correspondiente a la deuda tributaria.
Para lograr lo anterior, este Tribunal devuelve el caso
al Tribunal de Primera Instancia. Este último debería fijar
un plazo razonable que permita que el Estado someta un plan
para cumplir con lo anterior. De esa forma, se hace justicia
a los miembros de la clase recurrida sin descalabrar
indebidamente al tesoro público ni obviar el pago de otras
deudas legítimas que puedan existir.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado
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2010 TSPR 95, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/ismael-herrero-jr-v-secretario-dtop-prsupreme-2010.