EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 212
Ramón B. Rivera Grau 196 DPR ____ (TS-15,670)
Número del Caso: CP-2014-7
Fecha: 4 de octubre de 2016
Abogada del Querellado:
Lcda. Daisy Calcaño López Lcdo. Luis Laguna Mimoso
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General
Lcda. Karla Pacheco Álvarez Subprocuradora General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar
Comisionado Especial:
Hon. Ygrí Rivera de Martínez
Materia: Conducta Profesional – La Suspensión será efectiva una vez advenga final y firme la Sentencia conforme a la Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo sobre reconsideración.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ramón B. Rivera Grau (TS-15,670) CP-2014-0007
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de octubre de 2016.
Nos corresponde determinar si el Lcdo. Ramón
B. Rivera Grau incurrió en conducta contraria al
Código de Ética Profesional, infra, al preparar
varios contratos de opción de compraventa sobre
unos predios sin segregar y autenticar las firmas
de los comparecientes, a la vez que fungía como
representante legal de la parte vendedora en un
pleito sobre ejecución de una hipoteca garantizada
por la finca matriz.
I
El licenciado Rivera Grau fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 31 de enero de 2006 y a
la práctica de la notaría el 23 de marzo de CP-2014-0007 2
2006. A mediados de septiembre de 2008, el licenciado
Rivera Grau asumió la representación legal del Sr. Jesús
Ramos Morales y la Sra. Nildes Josefina Morales León
(matrimonio Ramos Morales) en una demanda contra el
Municipio Autónomo de Caguas y la antigua Administración de
Reglamentos y Permisos. Contestación a la Querella, págs.
2-3. Como resultado de ese proceso judicial, se obtuvieron
los permisos necesarios para iniciar la construcción de
viviendas individuales en un inmueble propiedad del
matrimonio Ramos Morales.
El 26 de marzo de 2009, el matrimonio Ramos Morales, el
Sr. Gerardo Vargas Figueroa y la Sra. Madeline Martínez
Colón comparecieron ante el licenciado Rivera Grau y
suscribieron un contrato de opción de compraventa que
preparó el letrado a petición de las partes. El notario
Rivera Grau legitimó las firmas de ese contrato mediante el
testimonio número 918. Además, el licenciado Rivera Grau
asesoró a las partes en torno a las consecuencias legales
que implica una opción de compraventa. A tenor con las
disposiciones de ese contrato de opción, el señor Vargas
Figueroa y la señora Martínez Colón, entregaron al
matrimonio Ramos Morales $7,000. Es importante destacar que
en la cláusula sexta de ese contrato se dispuso que durante
la vigencia de la opción, el matrimonio Ramos Morales
estaba “impedido de vender, hipotecar, gravar o de enajenar
de cualquier forma la propiedad antes descrita”. Contrato
de opción de compraventa de 26 de marzo de 2009, pág. 1. CP-2014-0007 3
Al día después de la otorgación del contrato de opción
ante el licenciado Rivera Grau, este asumió formalmente la
representación legal del matrimonio Ramos Morales en un
pleito sobre ejecución de hipoteca que se ventilaba ante el
Tribunal de Primera Instancia desde el 9 de marzo de 2009.
Ese pleito involucraba el inmueble sobre el cual el
licenciado Rivera Grau había redactado el contrato de
opción, escrito que también se otorgó ante él. Luego, el 15
de octubre de 2009 y luego de varios incidentes procesales,
el foro primario notificó una sentencia en la que declaró
con lugar la demanda y autorizó la ejecución de la hipoteca
que gravaba el inmueble.
Posteriormente, el 3 de noviembre de 2009, el
matrimonio Ramos Morales, el señor Vargas Figueroa y la
señora Martínez Colón suscribieron otro contrato, titulado
Recibo de depósito y extensión de opción de compraventa. En
ese contrato se reiteraron los términos del primer contrato
de opción y se extendió el término de la opción por 180
días desde su vigencia a cambio de un pago de $15,000. El
licenciado Rivera Grau también preparó este contrato de
opción y autenticó las firmas de los comparecientes
mediante el testimonio número 1207. Tres días más tarde, se
firmó otro contrato titulado, Recibo de depósito y enmienda
a opción de compraventa, en el cual se reiteraron los
términos del primer contrato de opción de compraventa y
además, se redujo el precio del predio sin segregar, sobre
el cual recaía la opción, de $95,000 a $90,000. En ese CP-2014-0007 4
tercer contrato, el licenciado Rivera Grau, hizo un
recuento de las cuantías entregadas en calidad de depósito
por el señor Vargas Figueroa y la señora Martínez Colón que
ascendían a $42,000. Por último, autenticó las firmas de
los comparecientes mediante testimonio núm. 1271. A pesar
de que el licenciado Rivera Grau era el representante legal
del matrimonio Ramos Morales en el pleito sobre ejecución y
sobre el cual ya había recaído una sentencia que declaró
con lugar la demanda y que autorizó la ejecución de la
hipoteca que gravaba el predio, no informó al señor Vargas
Figueroa y la señora Martínez Colón sobre el estatus
litigioso del inmueble. Es decir, no les advirtió sobre la
posibilidad de que no pudiesen hacer valer la opción de
compraventa que habían adquirido del matrimonio Ramos
Morales. De hecho, a pesar de constarle personalmente y de
haber redactado los contratos de opción, ni siquiera
advirtió a los comparecientes sobre la existencia de un
gravamen sobre el inmueble.
El 14 de diciembre de 2009, advenida final y firme la
sentencia en el pleito de ejecución, el letrado Rivera Grau
presentó, junto a la representación legal de RG Premier
Bank, una moción titulada Acuerdo sobre satisfacción de
sentencia. Como parte de ese acuerdo, se dispuso una serie
de pagos para poner al día el préstamo hipotecario y evitar
la venta en pública subasta de la propiedad. Asimismo, en
el referido escrito se señaló, en lo pertinente, que:
13. En caso de incumplimiento por la parte demandada de cualesquiera de los términos de este CP-2014-0007 5
plan de repago, R&G, o el tenedor legítimo del pagaré hipotecario objeto de este pleito, podrá, sin aviso o notificación alguna, solicitar la ejecución de la sentencia, habiéndose declarado el pagaré vencido en su totalidad, ordenándose la venta en pública subasta del inmueble antes descrito para así satisfacer las sumas adeudadas. LA PARTE DEMANDANTE TENDR[Á] ADEM[Á]S DERECHO A RECLAMAR LA TOTALIDAD DE LA PARTIDA FIJADA PARA GASTOS, COSTAS Y HONORARIOS DE ABOGADO, O SEA, $79,655.00.
El 12 de enero de 2010, el matrimonio Ramos Morales
suscribió otro contrato de opción de compraventa, esta vez
con la Sra. Evelyn Zoé Pérez Ayala. Aunque el licenciado
Rivera Grau no participó activamente en las negociaciones
de las partes, sí redactó el contrato que recogió los
acuerdos alcanzados y que las partes suscribieron
eventualmente. También, asesoró a los comparecientes en
torno al negocio jurídico y autenticó las firmas de las
partes mediante el testimonio número 1239. Según las
estipulaciones de ese contrato, la señora Pérez Ayala le
entregó $7,000 al matrimonio Ramos Morales a cambio de una
opción de compraventa por un término de 180 días a partir
de la segregación del predio. En el caso de la señora Pérez
Ayala, el licenciado Rivera Grau tampoco estimó “prudente”
entrar a discutir el estatus ni el resultado del caso sobre
ejecución que disponía del inmueble en el cual se
encontraba el predio sin segregar sobre el cual esta
adquirió una opción. Contestación a la Querella, pág. 11.
Es decir, a pesar de que el acuerdo de satisfacción de
sentencia establecía expresamente que cualquier
incumplimiento daría lugar a la ejecución del inmueble, el CP-2014-0007 6
licenciado Rivera Grau entendió que el asunto estaba
“resuelto” y que el matrimonio Ramos Morales continuaba
como dueño en pleno dominio del inmueble. Contestación a la
Querella, pág. 13.
El 5 de marzo de 2010, el señor Vargas Figueroa, la
señora Martínez Colón y el matrimonio Ramos Morales
suscribieron otro documento, titulado Recibo de depósito y
tercera enmienda a opción de compraventa ante el licenciado
Rivera Grau. En este otro contrato, las partes acordaron
reducir el costo del predio de terreno a $80,000 del ya
reducido precio de $90,000, a cambio de un depósito
adicional de $30,000. Así, según expuso el licenciado
Rivera Grau en el documento que redactó, tanto el señor
Vargas Figueroa como la señora Martínez Colón entregaron un
total de $72,000, al tomar en consideración los depósitos
entregados en virtud del contrato original y sus sucesivas
enmiendas. El licenciado Rivera Grau también autenticó las
firmas de los comparecientes mediante testimonio número
1271.
Aunque para el 5 de mayo de 2010, el licenciado Rivera
Grau había renunciado a la representación legal del
matrimonio Ramos Morales en el pleito de ejecución, estos
comparecieron ante él, junto a la parte compradora, para la
preparación y firma de otro contrato de opción de
compraventa sobre otro de los predios del inmueble. Esta
vez, el adquirente de la opción era el Sr. Edwin Xavier
López Díaz. Luego de recoger la voluntad de los CP-2014-0007 7
comparecientes, el licenciado Rivera Grau redactó el
contrato y autenticó las firmas de las partes mediante
testimonio número 1368. A tenor con las disposiciones
contractuales, el señor López Díaz entregó, con
anterioridad a la otorgación del contrato de opción, $5,000
al matrimonio Ramos Morales.1 Sin embargo, el licenciado
Rivera Grau tampoco le informó al señor López Díaz el
estatus litigioso del predio sin segregar sobre el que
adquirió la opción, a pesar de constarle personalmente.
Tampoco advirtió de la posibilidad de que nunca se pudiera
ejercer la opción.
Al ver que el tiempo transcurría y que no había
desarrollos en torno al inmueble y sus predios, los
compradores hicieron sus respectivas investigaciones. De
esa manera, se enteraron de que el inmueble se encontraba
en proceso de ejecución por el R&G Premier Bank y que el
licenciado Rivera Grau había sido el representante legal
del matrimonio Ramos Morales en ese pleito. En particular,
el señor López Díaz supo que el predio de terreno se
encontraba en proceso de ejecución cuando una institución
financiera le negó un préstamo hipotecario.
Por estos hechos, las familias presentaron las quejas
AB-2011-417, AB-2012-02, AB-2012-114 ante este Tribunal. En
síntesis, alegaron que el licenciado Rivera Grau redactó
unos contratos de opción de compraventa y autenticó las
1 Según el referido contrato, el señor López Díaz debía entregar $5,000 adicionales en un periodo no mayor de treinta días a partir de su otorgación. CP-2014-0007 8
firmas de todos sus comparecientes. Asimismo, señalaron que
el licenciado Rivera Grau era el representante legal del
matrimonio Rivera Morales en un procedimiento de ejecución
de una hipoteca que gravaba los terrenos opcionados. En sus
contestaciones a las quejas, el letrado negó tajantemente
la comisión de conducta ilegal o que hubiese llevado a cabo
algún acto antiético y que, como notario, no asume
responsabilidad por el cumplimiento de los negocios
jurídicos. En específico, argumentó que si bien es cierto
que existía un procedimiento de cobro de dinero y ejecución
de hipoteca contra el matrimonio Ramos Morales, no es menos
cierto que el procedimiento de ejecución “había sido
detenido” en virtud del acuerdo de satisfacción de
sentencia, por lo que la parte vendedora mantenía el
dominio sobre los predios -sin segregar- que dio en opción.
Contestación a la Querella, pág. 11. En ese sentido,
argumentó que los contratos que autenticó eran negocios
jurídicos válidos y que, a pesar de existir una sentencia
final y firme, no era correcto exponer que los predios
estaban en proceso de ejecución. Además, adujo que tampoco
existía un conflicto de interés en su gestión porque los
quejosos no fueron parte en ninguno de los procedimientos
en los cuales él fue el representante legal del matrimonio
Ramos Morales y que involucraban el inmueble en cuestión.
También expuso que las tres quejas en su contra constituyen
los primeros señalamientos desde que inició su práctica. CP-2014-0007 9
El 26 de octubre de 2012, en aras de facilitar el
trámite disciplinario, ordenamos la consolidación de las
quejas AB-2011-417, AB-2012-02, AB-2012-114. También
remitimos el asunto a la Oficina de Inspección de Notarias
(ODIN) para investigación y la preparación del informe
correspondiente.
En respuesta a esa encomienda, el Director de la ODIN
presentó su informe de hallazgos en el que concluyó que el
licenciado Rivera Grau se apartó de los Cánones 18 y 35 de
Ética Profesional, infra. En específico, señaló que el
licenciado no cumplió a cabalidad con su función notarial
al no ilustrar ni dar consejo legal a los comparecientes.
Asimismo, debido a que el licenciado Rivera Grau redactó
los contratos privados previo a autenticar las firmas de
los comparecientes, el Director de la ODIN determinó que el
abogado no actuó con sinceridad, pues debió informar a los
quejosos sobre el estatus litigioso de los predios de
terreno objetos de opción. Por último, el Director
recomendó que impusiéramos la sanción disciplinaria que
estimáramos conveniente.
El licenciado Rivera Grau reaccionó al informe
presentado por la ODIN. En su comparecencia, argumentó
nuevamente que no es responsable del cumplimiento de las
disposiciones contractuales por los otorgantes y que, en lo
referente a las tres quejas en su contra, siempre se
condujo con rectitud y sinceridad. Añadió que los quejosos
tenían conocimiento de la difícil situación económica por CP-2014-0007 10
la que estaba pasando el matrimonio Ramos Morales. Así,
atribuyó que las quejas en su contra eran producto de “una
percepción particular, olvidando que simplemente todo se
limita a posiciones distintas y cayendo penosamente en lo
que luce como un asunto personal”. Escrito en reacción a
informe presentado por el Lcdo. Manuel E. Avilés De Jesús y
en cumplimiento de orden, pág. 6. Además, argumentó que no
medió una función dual de abogado-notario ni un conflicto
de interés al autenticar las firmas. Por último, anejó a su
comparecencia tres declaraciones juradas de compañeros
letrados en las que se asegura que cuenta con buena
reputación en la comunidad y se da fe de la calidad humana
del licenciado Rivera Grau.
Por su parte, los quejosos también se expresaron en
torno al informe. En sus respectivos escritos, reiteraron
sus posiciones. En específico, relataron que el licenciado
Rivera Grau le faltó a la verdad con su versión de los
hechos y que él tenía el deber de redactar los contratos
con claridad. Asimismo, todos negaron enfáticamente que
conocieran los problemas económicos del matrimonio Ramos
Morales y contradijeron que se hubiese dialogado sobre ese
aspecto en la oficina del licenciado Rivera Grau. Por
último, el señor Vargas Figueroa, la señora Martínez Colón
y la señora Pérez Ayala expusieron el dolor, el sufrimiento
y la angustia que les he representado esta situación. En
particular, la pérdida de miles de dólares de sus ahorros.
Examinado el Informe del Director de la ODIN, ordenamos a CP-2014-0007 11
la Procuradora General que presentara la querella
La Procuradora General le imputó al licenciado Rivera
Grau la violación de los Cánones 18, 35 y 38 de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.18, C.35, C.38. El letrado
contestó la querella y, en esencia, negó que hubiese
actuado de forma antiética y que, a lo sumo, todo se debió
a un “error de juicio” en su desempeño. Contestación a la
Querella, pág. 16. El señor Vargas Figueroa, la señora
Martínez Colón y la señora Pérez Ayala comparecieron, y en
resumen, se opusieron a los argumentos que presentó el
licenciado Rivera Grau. De hecho, señalaron específicamente
que el licenciado Rivera Grau les “ocultó” información que
hubiese influenciado la decisión de adquirir las opciones.
Así las cosas, el 11 de enero de 2015, designamos a la
exjueza del Tribunal de Apelaciones, Hon. Ygrí Rivera de
Martínez, como Comisionada Especial para que recibiera
prueba, realizara sus determinaciones de hecho y nos
presentara sus recomendaciones.
Luego de varios trámites procesales, el 11 de agosto de
2015, se celebró la conferencia con antelación a la vista
ante la Comisionada Especial. En esa vista, las partes
expresaron que no existía controversia sobre los hechos y
que el caso se sometería por el expediente. Sin embargo,
las partes acordaron que el licenciado Rivera Grau
declararía, como en efecto hizo en esa vista, sobre su
sentir en torno al proceso disciplinario. No se presentó CP-2014-0007 12
evidencia adicional, pero la Procuradora General no se
opuso a que se admitieran las declaraciones juradas sobre
el carácter del letrado para que la Comisionada Especial
les asignara el valor probatorio que estimara procedente.
Por último, se acordó que el licenciado Rivera Grau
presentaría un memorando de derecho dentro de un término de
treinta días y que la Procuradora General tendría la
oportunidad de expresarse en torno a él. Así, una vez
vencidos esos términos, el caso quedaría sometido para que
la Comisionada Especial rindiera su informe.
Según acordado y luego de realizada la vista, el
licenciado Rivera Grau presentó un memorando en el que
argumentó que no actuó de mala fe y que el proceso ha sido
uno aleccionador. En ese escrito, aseguró estar arrepentido
y que, de haber prevenido las consecuencias de su omisión y
error de juicio “no intencional”, no hubiese autenticado
las firmas de los comparecientes. Memorando sobre
atenuantes, pág. 3. Por último, expuso que este es el
primer procedimiento disciplinario que ha enfrentado en sus
diez años de carrera profesional y que no hubo ánimo de
lucro en sus actuaciones, pues devengó $50 por cada
contrato que preparó y autenticó. Por su parte, la
Procuradora General reaccionó a ese escrito y expresó que
el licenciado Rivera Grau no testificó sobre los méritos de
las quejas y que no presentó prueba sobre sus alegaciones
en torno a su buena fe. También destacó que a pesar de que
se trata del primer proceso disciplinario del letrado, este CP-2014-0007 13
versa sobre tres quejas consolidas. Además, el señor Vargas
Figueroa y la señora Martínez Colón refutaron los
argumentos que presentó el letrado y esbozaron que este no
realizó acto alguno para evitar que perdieran sus ahorros,
a pesar de que le constaba que era factible que ocurriera
tal pérdida.
Por último, la Comisionada Especial rindió un informe
con sus determinaciones de hecho y conclusiones de derecho,
las cuales acogemos.
II
El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, recoge
las normas que rigen la clase togada en nuestra
jurisdicción. In re Crespo Peña, Op. del 6 de abril de
2016, 2016 TSPR 65, pág. 4, 195 DPR ___ (2016). Por eso,
todo abogado debe realizar su labor con estricto apego a
estas normas. Así, el abogado, como funcionario del
tribunal, debe conducirse con diligencia, honradez y evitar
incurrir en conducta impropia en el ejercicio de su labor.
A. El Canon 18 de Ética Profesional, supra, le impone al
abogado “el deber de ser competente, cuidadoso y diligente
al tramitar los asuntos que su cliente le encomienda y al
defender los intereses de este último”. In re Toro González
II, 193 DPR 877, 888 (2015). Ese deber ético, aunque toma
un matiz distinto, cobra mayor relevancia cuando el abogado
ejerce la notaría, pues sus actuaciones son la base sobre
la que se asienta la fe pública notarial. In re Vargas
Velázquez, 190 DPR 730, 735 (2014); véase, además, In re CP-2014-0007 14
Ortiz Medina, 175 DPR 43, 50 (2008). Recordemos que el
notario debe “recibir e interpretar la voluntad de las
partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y
documentos notariales a tal fin y conferirles autoridad a
los mismos”. Art. 2 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2002.
Por esa razón, “tiene que asegurarse de obtener el
consentimiento informado de los otorgantes haciéndoles
todas las explicaciones, aclaraciones y advertencias que
sean necesarias”. (Énfasis suplido) In re Toro González II,
supra, pág. 888, citando a In re Jiménez Brackel, 148 DPR
287, 295 (1999).
B. Por otro lado, el Canon 35 de Ética Profesional,
supra, dispone, en lo pertinente, que “[l]a conducta de
cualquier miembro de la profesión legal ante los
tribunales, para con sus representados y en las relaciones
con sus compañeros debe ser sincera y honrada”. Además, el
Canon 35, supra, extiende ese deber de sinceridad “al
examinar los testigos, al redactar afidávit u otros
documentos […]”. Véase, In re Martínez, Odell I, 148 DPR
49, 53-54 (1999). Así, el Canon precitado no permite que
tanto el abogado como el notario se valgan de medios que
sean incompatibles con la verdad. Por eso, “hemos expresado
que la conducta de un abogado debe ser sincera y honrada
frente a todos y ante todo tipo de acto”. (Énfasis suplido)
In re Vázquez Pardo, 185 DPR 1031, 1043 (2012). El deber
impuesto por el Canon 35, supra, es de tal trascendencia
que se infringe con el simple hecho de faltar a la verdad, CP-2014-0007 15
independientemente de los motivos que tenga el abogado. In
re Vázquez Pardo, supra, págs. 1043-1044. En ese aspecto,
no es necesario mentir afirmativamente para transgredir el
Canon 35, supra, pues es suficiente omitir información
material que le consta personalmente al abogado para
incumplir con el criterio de pureza y honestidad que exige
esta norma ética. Véase In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 41
(2011) (“[E]l abogado que provee al tribunal información
falsa o que no se ajuste a la verdad, o que oculte
información que deba ser revelada, incumple con este
canon.”). En fin, el compromiso de un abogado con la verdad
debe ser siempre incondicional. In re Buso Aboy, 166 DPR
49, 63 (2005).
En cuanto a la aplicación de este precepto a la
función notarial, hemos dispuesto que “es imprescindible
que el notario observe la mayor pureza y honestidad en el
descargo de la fe pública notarial”. (Cita omitida) In re
Cruz Mateo, 171 DPR 781, 786 (2007). De hecho, una vez el
notario recibe e interpreta la voluntad de las partes, este
está obligado a descargar su obligación conforme le exige
la ley y la ética. In re González Maldonado, 152 DPR 871,
895 (2000). El Canon 35, supra, puede transgredirse por
medio de un desempeño profesional carente de la cautela y
el celo que demanda la función pública del notario, o de
una confianza desmesurada en las manifestaciones de otros
compañeros de la profesión y de los otorgantes. In re Vera
Vélez, 148 DPR 1, 8 (1999). En aras de evitar que un CP-2014-0007 16
notario, consciente o inconscientemente, asevere un hecho
falso, este tiene el deber de hacer averiguaciones mínimas
y cuando tenga dudas sobre lo expresado por el otorgante,
debe indagar más allá de lo requerido comúnmente. Íd., pág.
9.
En torno a los testimonios de autenticidad, el Art. 56
de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2091, establece que un
notario no asume responsabilidad por el contenido de los
documentos privados cuyas firmas legitime. Sin embargo, esa
disposición no sirve de manto protector ante la negligencia
o dejadez del notario en su desempeño profesional. In re
Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 687 (2012), citando a In re
Montañez Miranda, 157 DPR 275, 282-283 (2002). Así, aun
cuando el notario no es responsable por el contenido de un
escrito en el cual da testimonio de firma, este no puede
legitimar un documento si conoce de la falsedad de una de
las expresiones o cuando tiene serias dudas sobre alguna de
ellas. In re Montañez Miranda, supra, pág. 283. Ahora bien,
esta protección que otorga la ley no opera cuando es el
propio notario quien redacta o prepara el documento cuyas
firmas legitima. In re Criado Vázquez, 155 DPR 436, 454
(2001). De esta manera, un notario no se exime de
responsabilidad cuando da testimonio de firma de un
documento del cual él es autor.
C. Finalmente, el Canon 38 de Ética Profesional, supra,
señala, en lo pertinente, que “[e]l abogado deberá
esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del CP-2014-0007 17
honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo
conlleve sacrificios personales […]”. En ese sentido, el
Canon 38, supra, también impone a los abogados “la
obligación de evitar la conducta impropia en su vida
profesional y personal […]”. (Citas omitidas) In re
Santiago Concepción, 189 DPR 378, 405 (2013). Por lo tanto,
la clase togada siempre debe desempeñarse con el más
escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la
función social que ejercen. In re Toro Iturrino, 190 DPR
582, 591 (2014). Esta norma ética cobra singular
importancia en el campo de la Notaría, pues dada su función
social, el notario debe absoluta imparcialidad a los
comparecientes y no solo a alguno de ellos. In re Matos
Bonet, 153 DPR 296, 300-301 (2001).
En In re Matos Bonet, supra, el notario otorgó una
escritura de compraventa sobre un inmueble mientras era el
representante legal de la parte demandada en un caso sobre
cumplimiento específico de un acuerdo verbal de
compraventa. El notario tampoco informó a la parte
compradora sobre el estatus litigioso del inmueble. Es
menester destacar que, previo al otorgamiento del
instrumento público, la parte compradora no fue cliente del
notario. En ese caso, analizamos lo dispuesto por la Regla
5 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV, y concluimos
que un notario debe abstenerse de autorizar documentos
sobre “un bien inmueble que es objeto de un pleito en el
cual él actúa como abogado”. Íd., pág. 300; véase, además, CP-2014-0007 18
In re Chiques Velázquez, 161 DPR 303 (2004); In re Avilés,
Tosado, 157 DPR 867 (2002). Por otro lado, en In re Toro
Iturrino, supra, reiteramos la prohibición general de
ejercer una función dual de abogado-notario y en,
específico, señalamos, que:
La expectativa del abogado-notario de, una vez otorgado el documento en el cual actuó como notario, activar una relación de abogado-cliente con uno de los otorgantes o de mantener una relación de ese tipo que existía previo al otorgamiento del documento, trastoca la presunción de imparcialidad que protege toda labor del notario y empaña la fe pública de la cual éste es custodio. (Énfasis suplido) Íd., pág. 594, citando a In re Colón Ramery (Reconsideración), 138 DPR 793, 797-798 (1995).
Después de todo, uno de los propósitos de la
prohibición de la función dual de abogado-notario es
“proteger la apariencia profesional de los notarios y
evitar que su conducta como depositario de la fe pública
notarial sea maculada por escepticismos de impropiedad y
desconfianza”. In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 826
(2011). Así, el letrado que no se conduce de acuerdo a esta
norma, contraviene los postulados del Canon 38, supra. In
re Toro Iturrino, supra, pág. 595.
III
A. Al licenciado Rivera Grau se le imputa transgredir los
Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.
Luego de evaluar cuidadosamente los hechos ante nuestra
consideración, el informe de la Comisionada Especial y la
posición del letrado, concluimos que este se apartó de lo
que dictan los precitados cánones. CP-2014-0007 19
En este caso, el licenciado Rivera Grau redactó y
autenticó las firmas de los otorgantes en varios contratos
privados de opción de compraventa, a pesar de que le
constaba que el inmueble y, por lo tanto, los predios sin
segregar, eran objeto de un pleito de ejecución de
hipoteca. La violación del letrado estriba en no informar a
las partes sobre las implicaciones que tenía el proceso de
ejecución de hipoteca sobre el negocio jurídico que
llevaron ante él. El abogado Rivera Grau no podía limitarse
a asesorar en torno al negocio jurídico que comprende una
opción de compraventa cuando le constaba personalmente que
había una razón que podía evitar la materialización del
negocio jurídico que se perfeccionó por y ante él. Su
asesoría incompleta, en este aspecto, violentó los
preceptos más básicos del Canon 18 de Ética Profesional,
supra. No importa cuál fuera la opinión del letrado en
torno a la capacidad del matrimonio Ramos Morales de
cumplir las disposiciones del Acuerdo de satisfacción de
sentencia, lo cierto es que era plausible que los quejosos
nunca estuviesen en posición de ejercer la opción que
adquirieron del matrimonio.
El licenciado Rivera Grau escogió ser “prudente” y no
discutir con los comparecientes el hecho de que el inmueble
sobre el cual se establecieron opciones de compraventa, se
encontraba en medio de un proceso litigioso de ejecución de
hipoteca. No lo discutió aunque ese proceso hacía probable
que los comparecientes nunca pudieran ejercitar la opción CP-2014-0007 20
que estaban adquiriendo mediante contratos que él mismo
preparó. No cabe duda de que la información que el
licenciado Rivera Grau omitió intencionalmente era
relevante y necesaria para que los compradores ejercieran
su criterio de manera informada. Esas omisiones, aun
ausente mala fe, apartaron al licenciado Rivera Grau de la
obligación de actuar de forma honrada y sincera en todo
momento. Así, pues, transgredió los postulados del Canon 35
de Ética Profesional, supra.
Finalmente, el desempeño del licenciado Rivera Grau
como notario del matrimonio Ramos Morales en la redacción y
autenticación de las firmas de los contratos de opción que
involucraban el inmueble del pleito del cual este fue
representante legal del matrimonio, violó el Canon 38 de
Ética Profesional, supra. Es irrelevante el ánimo que
motivó las actuaciones del licenciado Rivera Grau. Este
debió abstenerse de participar en el perfeccionamiento de
cualquier negocio jurídico que involucrara al matrimonio
Ramos Morales y el inmueble en cuestión. Al asumir la
función dual de abogado-notario, el licenciado Rivera Grau
permitió que sus actuaciones se vieran irremediablemente
impregnadas de impropiedad y absoluta desconfianza. Por esa
razón, el letrado incurrió en conducta impropia. Además,
este tampoco se esforzó al máximo para exaltar el honor y
la dignidad de la profesión.
B. Al determinar la sanción disciplinaria que se impondrá
a un abogado que haya incurrido en conducta contraria a los CP-2014-0007 21
Cánones del Código de Ética Profesional, consideramos los
siguientes factores: (1) la reputación del abogado en la
comunidad; (2) su historial previo; (3) si constituye su
primera falta y si no ha causado perjuicio a alguna parte;
(4) la aceptación y arrepentimiento sincero por las
imputaciones; (5) la defensa frívola de su conducta; (6) si
se trata de una conducta aislada; (7) el ánimo de lucro; y
(8) cualquier otra consideración atenuante o agravante
aplicable a los hechos. Véanse: In re Nazario Díaz, Op. de
26 de mayo de 2016, 2016 TSPR 111, pág. 23, 195 DPR __
(2016); In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 396 (2014).
Resalta el hecho de que hubo un daño pecuniario
sustancial a varias familias que entregaron ahorros
reunidos con sumo esfuerzo, lo que, sin duda, también les
ha causado desasosiego y sufrimiento. Además, no estamos
ante un evento aislado. Es decir, los “errores de juicio”
del licenciado Rivera Grau ocurrieron en, al menos, cinco
ocasiones separadas y motivaron tres quejas distintas.
Incluso, los hechos que dieron base a una de las quejas,
ocurrieron luego de que el licenciado Rivera Grau
renunciara a la representación legal del matrimonio Ramos
Morales en el caso de ejecución de hipoteca por diferencias
de criterio. Asimismo, en este caso medió ánimo de lucro de
parte del licenciado Rivera Grau, pues cobró honorarios por
sus servicios.
Por otro lado, el informe de la Comisionada Especial
nos sugiere dos atenuantes. Estos son que es el primer CP-2014-0007 22
proceso disciplinario del licenciado Rivera Grau y que este
se mostró sinceramente arrepentido durante el proceso.2
Además, en el expediente constan declaraciones juradas en
las que se asevera que el licenciado Rivera Grau goza de
buena reputación.
IV
Ante el escenario descrito, nos vemos obligados a
ejercer nuestro poder inherente de regular la profesión
jurídica en Puerto Rico. Así pues, al tomar en cuenta las
consecuencias de la conducta del notario y los atenuantes
que señaló la Comisionada Especial, suspendemos al Lcdo.
Ramón B. Rivera Grau inmediatamente del ejercicio de la
abogacía y la notaría por el término de seis meses.
Se le ordena al señor Rivera Grau a notificar a todos
sus clientes sobre su inhabilidad para continuar
representándolos y devolverles cualesquiera honorarios
recibidos por servicios profesionales no realizados. De
igual forma, tendrá que informar inmediatamente de su
suspensión a cualquier sala del Tribunal General de
Justicia o foro administrativo en el que tenga algún
trámite pendiente. Además, deberá acreditar y certificar
ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro
2 Todos los quejosos se expresaron en torno al informe de la Comisionada Especial y, en particular, se opusieron a la consideración de atenuantes. Por su parte, el señor Vargas Figueroa, la señora Martínez Colón y el señor López Díaz señalaron que no creen en el supuesto arrepentimiento del licenciado Rivera Grau y que este nunca se ha disculpado por lo sucedido con ellos. CP-2014-0007 23
del término de 30 días contados a partir de la notificación
de la presente Opinión Per Curiam y Sentencia.
Asimismo, se le ordena al Alguacil de este Tribunal
incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del
señor Rivera Grau y entregar los mismos al Director de la
Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente
investigación e informe.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al señor Rivera Grau a través de la Oficina del
Alguacil de este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, se suspende al Lcdo. Ramón B. Rivera Grau inmediatamente del ejercicio de la abogacía y la notaría por el término de seis meses.
Se le ordena al señor Rivera Grau a notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por servicios profesionales no realizados. De igual forma, tendrá que informar inmediatamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún trámite pendiente. Además, deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días contados a partir de la notificación de la presente Opinión Per Curiam y Sentencia.
Asimismo, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Rivera Grau y entregar los CP-2014-0007 2
mismos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y Sentencia al señor Rivera Grau a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Rivera García no intervinieron.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo