EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2017 TSPR 23
Sharon M. Hernández López 197 DPR ____ (TS-16,345)
Número del Caso: CP-2015-19
Fecha: 10 de febrero de 2017
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General
Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez Subprocuradora General
Lcda. Karla z. Pacheco Álvarez Subprocuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López Procuradora General
Abogado de la parte peticionaria
Lcdo. Radamés Marín Montalvo
Comisionado Especial:
Hon. Crisanta González Seda
Materia: Conducta Profesional – La Suspensión será efectiva el 14 de febrero de 2017, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sharon M. Hernández López (TS-16,345) CP-2015-0019
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2017.
Nos corresponde determinar si la Lcda. Sharon
M. Hernández López incurrió en conducta contraria al
Código de Ética Profesional, infra, al abandonar un
litigio y desatender inicialmente el proceso
disciplinario que se llevó en su contra. Concluimos
que violó los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 del
Código de Ética Profesional, infra.
I
La licenciada Hernández López fue admitida al
ejercicio de la abogacía el 26 de enero de 2007 y a
la práctica de la notaría el 20 de febrero de 2008.
El 4 de noviembre de 2011, el Sr. José A. Nicolau
Martínez contrató los servicios de la licenciada CP-2015-0019 2
Hernández López para que lo representara en un litigio
sobre despido injustificado, debido a que su antiguo
representante legal renunció.1 Según el contrato de
servicios profesionales suscrito por las partes, los
honorarios de la licenciada Hernández López equivaldrían
al veinticinco por ciento de la suma obtenida por el señor
Nicolau Martínez en resarcimiento. Además, el quejoso hizo
un depósito inicial de $500 a la licenciada Hernández
López para cubrir los gastos de manejo del caso.
No empece lo anterior, la licenciada Hernández López
no compareció a una vista celebrada por el Tribunal de
Primera Instancia el 26 de enero de 2012. En su lugar,
envió al Lcdo. Benancio Santana Rabell para que la
sustituyera. Así pues, el foro primario señaló otra vista
para el 16 de mayo de 2012, pero la abogada tampoco
compareció. Surge del expediente que en esa ocasión no fue
sustituida por otro abogado, por lo que el tribunal de
instancia emitió una orden de mostrar causa dirigida a la
abogada. No surge del expediente que la licenciada
Hernández López haya comparecido para mostrar causa.
El foro primario señaló otra vista para el 23 de julio
de 2012, donde se estableció un calendario de trabajo
mediante el cual los abogados de las partes prepararían el
informe de conferencia con antelación al juicio. Además,
1 Este caso fue objeto de una desestimación sin perjuicio debido a que el señor Nicolau Martínez no anunció su nueva representación legal dentro del término provisto por el tribunal. CP-2015-0019 3
se pautó una conferencia y vista transaccional para el 31
de octubre de 2012. Sin embargo, llegado ese día, la
licenciada Hernández López no compareció, ni se excusó.
Además, aunque las partes habían acordado los pormenores
del informe de conferencia con antelación al juicio, se
presentó únicamente con la parte que le correspondía al
abogado de la parte adversa, pues la licenciada Hernández
López no se comunicó con su contraparte, ni fue a la
reunión acordada. Debido a la ausencia de la abogada a la
vista de 31 de octubre de 2012, el abogado de la parte
adversa solicitó en corte abierta la desestimación con
perjuicio del pleito.
El 8 de noviembre de 2012, el foro primario emitió una
orden, por segunda ocasión, para que la licenciada
Hernández López mostrara causa por la cual no debía
desestimarse el caso. Sin embargo, luego de expirado el
término concedido, la letrada presentó un informe de
conferencia con antelación al juicio incompleto y firmado
únicamente por ella. Posteriormente, la licenciada
Hernández López sometió un escrito en el que adujo que el
día de la conferencia con antelación al juicio se
encontraba en otra sala del Tribunal de Primera Instancia,
atendiendo otro caso que se tardó más de lo previsto, por
lo que presentó sus excusas. Por su parte, el abogado de
la parte adversa sometió por escrito su solicitud de
desestimación por el historial de incumplimiento de la
letrada. Por consiguiente, el tribunal le ordenó a la CP-2015-0019 4
abogada Hernández López que presentara la posición del
señor Nicolau Martínez en un término de diez días. No
obstante, esta no lo hizo.
El 28 de noviembre de 2012, el Tribunal de Primera
Instancia le requirió nuevamente a las partes que
presentaran el informe de conferencia con antelación al
juicio. Ahora bien, a pesar de que se presentó el informe
completo, ese escrito no contó con la firma de la
licenciada Hernández López porque ella no asistió a la
oficina del abogado de la parte adversa, aunque había
acordado hacerlo. Además, ese abogado le informó al foro
primario que la licenciada Hernández López nunca le
notificó los escritos que presentó ante el tribunal.
Posteriormente, el 21 de diciembre de 2012, el abogado de
la parte adversa presentó una segunda moción de
desestimación. El Tribunal de Primera Instancia dispuso
que esa moción se discutiera el 6 de febrero de 2013, es
decir, durante la próxima vista de conferencia con
antelación al juicio.
La audiencia se celebró el día señalado pero la
licenciada Hernández López se ausentó. Entonces, el foro
primario desestimó la demanda del señor Nicolau Martínez,
con perjuicio.2 Posteriormente, este último compareció
mediante otra representación legal y logró que se dejara
2 La minuta en la que se señaló la vista de conferencia con antelación al juicio para el 6 de febrero de 2013, también se le notificó al señor Nicolau Martínez, pero este tampoco compareció. CP-2015-0019 5
sin efecto la sentencia desestimatoria, pero se le impuso
una sanción económica de $1,000.
Por estos hechos, el 19 de julio de 2013 el señor
Nicolau Martínez presentó la queja que inició este
procedimiento disciplinario. En su escrito, alegó que
contrató a la licenciada Hernández López el 13 de octubre
de 2011 para que continuara su caso sobre despido
injustificado debido a que el abogado que había presentado
la demanda renunció. Sin embargo, el señor Nicolau
Martínez señaló que el 15 de febrero de 2013 recibió por
correo copia de la minuta de la vista que se celebró el 6
de febrero de 2013. De esa forma, advino en conocimiento
que su caso se había desestimado por abandono. Ese mismo
día acudió al Tribunal de Primera Instancia para examinar
el expediente. Así se enteró del contenido de la sentencia
y de otras órdenes y señalamientos del foro primario, que
la licenciada Hernández López no le había notificado, a
pesar de que se había comunicado con ella en varias
ocasiones. La abogada solo le dijo que el caso se
encontraba en trámite. Por último, el señor Nicolau
Martínez manifestó que solicitó la renuncia de la abogada
y la entrega del expediente por varios medios, pero que no
obtuvo respuesta de la letrada.
El 19 de agosto de 2013, la Subsecretaria de este
Tribunal le envió copia de la queja que presentó el señor
Nicolau Martínez por correo certificado con acuse de
recibo. Además, le solicitó que se expresara sobre la CP-2015-0019 6
queja dentro del término de diez días. Sin embargo, la
abogada no compareció. El 23 de septiembre de 2013 se le
ordenó nuevamente que contestara la queja en su contra
pero tampoco compareció. Así pues, el 27 de diciembre de
2013 se le notificó personalmente una Resolución en la que
se le concedió un término final de cinco días para que
contestara la queja en su contra. Fue entonces que la
licenciada Hernández López presentó su contestación.
En su escrito, la abogada ofreció disculpas por la
tardanza en contestar y expuso que para noviembre de 2012
comenzó a reducir su carga laboral, por recomendación de
la Dra. Lymari Díaz. Asimismo, argumentó que cerró su
oficina por dificultades económicas. Expuso que estaba
bajo la impresión de que había renunciado a la
representación legal del señor Nicolau Martínez y que le
había instruido a su asistente que le enviara el
expediente al querellante. Resaltó que dejó de recibir
notificaciones del tribunal, por lo que concluyó que había
sido relevada de la representación legal. También alegó
escuetamente y sin evidenciar, que quedó embarazada para
marzo de 2013 y que sufrió ciertas complicaciones. Por
último, la abogada Hernández López certificó en su
contestación que el mismo día envió el expediente del caso
al querellante mediante correo certificado con acuse de
recibo y se comprometió a notificarnos cuando él lo
recibiera. Posteriormente, le remitimos copia de la queja
y su contestación a la Procuradora General para la CP-2015-0019 7
presentación de un informe y sus recomendaciones al
respecto.
En respuesta a esa encomienda, la Procuradora General
nos presentó su informe. Determinó que el manejo del caso
por la licenciada Hernández López, su desatención y
tardanza relacionadas con el cumplimiento de las órdenes
del foro primario y las de este Tribunal durante este
proceso disciplinario, así como la tardanza en la renuncia
solicitada por el cliente, podían constituir violaciones
de los Cánones 9, 12, 18, 19, 20, 35 y 38 de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.9, C.12, C.18, C.19, C.20,
C.35, C.38. Examinado el informe y luego de expirado el
término que le concedimos a la letrada para que se
expresara en torno al mismo sin que lo hiciera, le
ordenamos a la Procuradora General que presentara la
querella correspondiente.
El 15 de octubre de 2015, la Procuradora General
presentó la querella disciplinaria contra la licenciada
Hernández López y le imputó violaciones de los Cánones 9,
12, 18, 19, 20 y 38, supra. El 19 de octubre de 2015, se
diligenció, personalmente, un mandamiento de este Tribunal
para que la abogada contestara la querella dentro del
término de quince días. No obstante, luego de expirado el
término concedido para ello, la abogada compareció a
través de su representación legal y solicitó una prórroga
de veinte días para presentar su contestación. Al filo de
la prórroga solicitada, la licenciada Hernández López nos CP-2015-0019 8
evidenció que le envió un giro postal al señor Nicolau
Martínez por la cantidad de $1,000, para reembolsarle por
el pago de la sanción económica que le impuso el foro
primario. Finalmente, el 9 de diciembre de 2015 la abogada
presentó su contestación a la querella.
La letrada expresó que no representó los intereses del
señor Nicolau Martínez de manera adecuada debido a un
error de juicio. Así, aceptó que incurrió en las faltas
que le imputó la Procuradora General en la querella.
Contestación a Querella, pág. 2. Sin embargo, argumentó
que lo anterior representa un evento aislado que no
volverá a repetirse. La licenciada Hernández López anejó
una declaración jurada de una clienta. En esa declaración
se expresa la satisfacción de la clienta con el desempeño
de la letrada.
También argumentó que ha llevado alrededor de diez
casos de oficio, seis de ellos durante el 2015. Por
último, pidió disculpas y aseguró que está avergonzada y
arrepentida por lo sucedido. Designamos a la exjueza del
Tribunal de Primera Instancia, Hon. Crisanta González
Seda, como Comisionada Especial para que recibiera prueba,
realizara sus determinaciones de hecho y nos presentara
sus recomendaciones.
Luego de varios trámites procesales, se celebró la
conferencia con antelación a la vista ante la Comisionada
Especial. En esa vista, la abogada Hernández López
renunció libre y voluntariamente a la continuación de los CP-2015-0019 9
procedimientos. Así, aceptó ante la Comisionada Especial
que incurrió en las faltas imputadas en la querella.
Además, las partes solicitaron que no se celebrara la
vista en su fondo. No obstante, la letrada solicitó que se
admitieran unas declaraciones juradas de compañeros
abogados en las que se da fe de la capacidad y
profesionalismo de la querellada. La Procuradora General
no mostró reparos a que se admitieran las declaraciones
juradas como prueba de carácter. Asimismo, la Procuradora
General solicitó, sin objeción de la querellada, que se
admitiera como prueba el expediente del caso José A.
Nicolau v. González Trading Inc., DPE2011-0121.
El 27 de junio de 2016, la Comisionada Especial
rindió un informe con sus determinaciones de hecho y
conclusiones de derecho, las cuales acogemos.
II
El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, recoge
las normas que rigen la conducta de la clase togada en
nuestra jurisdicción. In re Ramón Rivera Grau, Op. de 4 de
octubre de 2016, 2016 TSPR 212, pág. 13, 196 DPR ___
(2016). El abogado, como funcionario del tribunal, debe
conducirse con diligencia, honradez y evitar incurrir en
conducta impropia en el ejercicio de su labor. Además,
debe mantener a su cliente informado sobre todo desarrollo
en su caso, así como solicitar oportunamente el permiso
del tribunal para ser relevado de la representación legal CP-2015-0019 10
cuando su cliente no interese que continúe como su
representante.
A. El Canon 9 de Ética Profesional, supra, dispone, en lo
pertinente a este caso, que los abogados deben “observar
para con los tribunales una conducta que se caracterice
por el mayor respeto”. Como corolario de ese deber, se
exige que los abogados cumplan pronta y diligentemente las
órdenes de todos los tribunales. In re Nieves Nieves, 181
DPR 25, 34 (2011). Asumir una actitud de menosprecio e
indiferencia ante nuestras órdenes, o las de nuestros
funcionarios y organismos, denota una falta de respeto
hacia nuestra autoridad, lo que constituye una violación
del Canon 9, supra. In re Colón Collazo, Op. de 15 de
agosto de 2016, 2016 TSPR 184, pág. 5, 196 DPR ___ (2016).
En otras palabras, aquel abogado que ignora, rechaza
o menosprecia nuestros requerimientos consiente a que lo
separemos de la profesión legal. In re Amiama Laguardia,
Op. de 14 de noviembre de 2016, 2016 TSPR 231, pág. 4, 196
DPR ___ (2016).
B. Por otro lado, el Canon 12 de Ética Profesional, supra,
establece que los abogados tienen el deber de ser
puntuales en su asistencia, así como concisos y exactos en
el trámite y presentación de las causas de sus clientes.
Esa obligación exige desplegar todas las diligencias
necesarias para que no se causen dilaciones indebidas en
la tramitación y solución de los casos. In re Polanco
Ortiz, Op. de 2 de agosto de 2016, 2016 TSPR 173, pág. 7, CP-2015-0019 11
196 DPR ___ (2016). Es decir, el precitado canon compele a
dar la más estricta observancia de las órdenes judiciales.
Íd. En torno a los procesos disciplinarios, la norma que
encarna el Canon 12, supra, exige que los abogados
respondan con premura a todos los requerimientos
relacionados a las quejas por conducta profesional. In re
Hernández Vázquez, 180 DPR 527, 540 (2010).
C. Por su parte, el Canon 18 de Ética Profesional, supra,
exige que los abogados defiendan los intereses de sus
clientes “diligentemente, desplegando en cada caso su más
profundo saber y habilidad […]”. Este canon dispone que es
impropio que un abogado asuma la representación legal de
un cliente cuando es consciente que no puede rendir una
labor idónea, competente y que no puede prepararse sin que
ello conlleve gastos o demoras irrazonables a su cliente o
a la administración de la justicia. In re Miranda
Daleccio, 193 DPR 753, 762 (2015). En ese sentido, “un
abogado falta a su deber de diligencia cuando no realiza
las gestiones que le fueron encomendadas en el momento
oportuno, de forma adecuada y sin retrasos”. In re Pietri
Torres, 191 DPR 482, 488 (2014). Por esa razón, “[e]n el
ejercicio de la abogacía no hay espacio para que sus
miembros actúen con displicencia, dejadez y desidia en la
tramitación de los asuntos que se le han delegado”. In re
Rivera Nazario, 193 DPR 573, 583 (2015). Así, un abogado
transgrede el Canon 18 cuando exhibe una conducta
negligente que pueda acarrear, o en efecto acarree, la CP-2015-0019 12
desestimación de un caso o la pérdida de la causa de
acción de su representado. Íd., citando a In re Pietri
Torres, supra.
D. El Canon 19 de Ética Profesional, supra, establece con
claridad que es deber ineludible de todo abogado “mantener
a su cliente siempre informado de todo asunto importante
que surja en el desarrollo del caso que le ha sido
encomendado”. Ese deber es parte integral de la relación
de fiducia existente entre el abogado y su cliente. En ese
aspecto, un abogado incumple con las disposiciones de la
norma impuesta por el Canon 19, supra, cuando no atiende
los reclamos de información que el cliente solicita; no le
informa del resultado adverso de la gestión encargada; la
acción se desestima o se archiva; no mantiene al cliente
al tanto del estado o la situación procesal del caso, o,
simplemente le niega al cliente información del caso. In
re Nazario Díaz, Op. de 26 de mayo de 2016, 2016 TSPR 111,
pág. 17, 195 DPR __ (2016), citando a In re Reyes Coreano,
190 DPR 739, 752-753 (2014).
E. El Canon 20 de Ética Profesional, supra, establece el
procedimiento que deben seguir los abogados al renunciar a
la representación legal de un cliente. Específicamente,
este canon dispone que una vez los abogados comparecen en
representación de un cliente, deben obtener permiso del
tribunal para renunciar a la representación. In re Díaz
Nieves, 189 DPR 1000, 1016-1017 (2013). En esa línea, el
Canon 20, supra, requiere que antes de renunciar a la CP-2015-0019 13
representación legal de los clientes, los abogados tomen
medidas razonables para evitar perjuicio a los derechos de
estos. Además, tan pronto la renuncia se materializa, o
cuando el cliente lo solicita, los abogados están
obligados a entregarle a su cliente el expediente y todo
documento relacionado con el caso. Véanse: In re Rivera
Navarro, 193 DPR 303, 316 (2015); In re Suárez Jiménez,
192 DPR 152, 161 (2014).
F. Finalmente, el Canon 38 de Ética Profesional, supra,
dispone, entre otras cosas, que “[e]l abogado deberá
esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación
del honor y dignidad de su profesión, aunque el así
hacerlo conlleve sacrificios personales […]”. Este canon
impone la obligación de evitar incurrir en conducta
impropia. In re Rivera Grau, supra, pág. 17. Además, este
precepto ético obliga a todos los letrados hacer su propia
y cabal aportación para la consecución de una mejor
administración de la justicia. In re Hoffmann Mouriño, 194
DPR 179, 188 (2015).
III
A. A la licenciada Hernández López se le imputa
transgredir los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 del Código
de Ética Profesional, supra. Luego de evaluar
cuidadosamente los hechos ante nuestra consideración, el
informe de la Comisionada Especial y la posición de la
letrada, concluimos que esta se apartó de lo que dictan
los precitados cánones. CP-2015-0019 14
En este caso, la licenciada Hernández López ignoró
las órdenes del Tribunal de Primera Instancia en el caso
del señor Nicolau Martínez. De hecho, el foro primario
tuvo que recalendarizar varias vistas, emitir órdenes para
mostrar causa y tampoco se logró someter el informe con
antelación al juicio a tiempo debido a que la licenciada
no lo firmó. Asimismo, desatendió inicialmente los
requerimientos de este Tribunal para que contestara la
queja en su contra. Por esas razones, la licenciada
Hernández López transgredió el Canon 9 del Código de Ética
Profesional, supra. Su desidia y ausencias injustificadas
provocaron el retraso innecesario del caso del quejoso y
el proceso disciplinario que se llevó en su contra. Por
eso, la letrada Hernández López violó también el Canon 12
del Código de Ética Profesional, supra.
La letrada abandonó el caso para el cual se le
contrató. A pesar de las oportunidades que le brindó el
foro primario, la abogada Hernández López no representó
diligentemente los intereses del señor Nicolau Martínez
hasta el punto de la desestimación por falta de interés.
Además, ello ocasionó que el Tribunal de Primera Instancia
impusiera una sanción económica de $1,000 al querellante.
Por esta razón, concluimos que la abogada Hernández López
transgredió el Canon 18 del Código de Ética Profesional,
supra.
A pesar de los desarrollos del caso (entiéndase, las
órdenes del foro primario para que el señor Nicolau CP-2015-0019 15
Martínez expusiera su posición en torno a las solicitudes
de desestimación de la parte demandada y la sentencia de
desestimación), la licenciada Hernández López no realizó
esfuerzos razonables para mantener informado al señor
Nicolau Martínez sobre los desarrollos de su caso. De esa
manera, transgredió los postulados del Canon 19 del Código
de Ética Profesional, supra.
Luego de estas incidencias, el señor Nicolau Martínez
solicitó la renuncia de la letrada. Resalta el hecho de
que esta nos certificó en su contestación a la queja que
ese mismo día remitió el expediente del caso al señor
Nicolau Martínez, por correo certificado. Es decir, a
pesar de que el quejoso le solicitó la renuncia y el
expediente en febrero de 2013, a través de varios medios,
la licenciada Hernández López devolvió el expediente del
caso luego de que se le presentó la queja ante este
Tribunal. En su informe, la Procuradora General nos señaló
que el querellante le manifestó que no había recibido el
expediente del caso. Informe de la Procuradora General,
pág. 5. Cabe destacar que ese informe se presentó cuatro
meses después de que la licenciada Hernández López nos
certificara, sin evidenciar, el envío del expediente al
señor Nicolau Martínez.
Hemos resuelto en innumerables ocasiones que todo
abogado debe devolver el expediente del caso a su cliente
sin dilación alguna. Tampoco surge que la licenciada
Hernández López hubiese tomado medidas para evitar algún CP-2015-0019 16
perjuicio al quejoso. Indiscutiblemente, la licenciada
Hernández López violó el Canon 20 del Código de Ética
Profesional, supra.
El desempeño de la licenciada Hernández López como
abogada del señor Nicolau Martínez se distinguió por un
patrón de desidia, despreocupación y omisiones hasta
llegar al punto de provocar la desestimación del caso. De
esa manera, el proceder de la letrada fue contrario a la
obligación que tiene todo abogado de esforzarse al máximo
de su capacidad para exaltar el honor y la dignidad de la
profesión. La actitud de la licenciada Hernández López
reflejó una imagen que dista mucho de lo que es en
realidad una práctica de la abogacía honorable y digna.
Por esa razón, la licenciada Hernández López violó el
Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.
B. Al determinar la sanción disciplinaria que se
impondrá a un abogado que incurrió en conducta contraria
al Código de Ética Profesional, consideramos los
siguientes factores: (1) la reputación del abogado en la
comunidad; (2) su historial previo; (3) si constituye su
primera falta y si no ha causado perjuicio a alguna parte;
(4) la aceptación y arrepentimiento sincero por las
imputaciones; (5) la defensa frívola de su conducta; (6)
si se trata de una conducta aislada; (7) el ánimo de
lucro; y (8) cualquier otra consideración atenuante o
agravante aplicable a los hechos. Véanse: In re Rivera
Grau, supra, pág. 21; In re Nazario Díaz, supra, pág. 23. CP-2015-0019 17
A pesar de la conducta exhibida por la abogada, la
Comisionada Especial nos sugiere varios atenuantes en su
informe. Estos son que la letrada aceptó la conducta que
se le imputó, que se evitó un desfile de prueba
innecesario al renunciar a la vista en su fondo, que la
licenciada Hernández López se mostró sinceramente
arrepentida durante el proceso y que aseguró que su
conducta no se volvería a repetir. Además, surge que este
es el primer procedimiento disciplinario contra la
licenciada Hernández López, que resarció al querellante la
sanción económica que le impuso el foro primario y por
último, que existe evidencia de que ella goza de buena
reputación como abogada y en su carácter privado.
IV
Al tomar en cuenta las consecuencias de la conducta
de la abogada y los atenuantes que señaló la Comisionada
Especial, suspendemos a la Lcda. Sharon M. Hernández López
inmediatamente del ejercicio de la abogacía y la notaría
por el término de tres meses.
Se ordena a la licenciada Hernández López que
notifique inmediatamente a todos sus clientes su
inhabilidad para continuar representándolos y les devuelva
cualesquiera honorarios recibidos por servicios
profesionales no realizados. De igual forma, tendrá que
informar inmediatamente de su suspensión a cualquier sala
del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en
el que tenga algún trámite pendiente. Además, se ordena a CP-2015-0019 18
la licenciada Hernández López que evidencie el envío del
expediente del caso José A. Nicolau v. González Trading
Inc., DPE2011-0121, al señor Nicolau Martínez. Por último,
la abogada deberá acreditar y certificar ante este
Tribunal el cumplimiento de lo anterior dentro del término
de treinta días contados a partir de la notificación de
esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute
inmediatamente la obra y el sello notarial de la
licenciada Hernández López y los entregue al Director de
la Oficina de Inspección de Notarías, para la
correspondiente investigación e informe.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia a la licenciada Hernández López a través de la
Oficina del Alguacil de este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, se suspende a la Lcda. Sharon M. Hernández López inmediatamente del ejercicio de la abogacía y la notaría por el término de tres meses.
Se ordena a la licenciada Hernández López que notifique inmediatamente a todos sus clientes su inhabilidad para continuar representándolos y les devuelva cualesquiera honorarios recibidos por servicios profesionales no realizados. De igual forma, tendrá que informar inmediatamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún trámite pendiente. Además, se ordena a la licenciada Hernández López que evidencie el envío del expediente del caso José A. Nicolau v. González Trading Inc., DPE2011-0121, al señor Nicolau Martínez. Por último, la abogada deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento de lo anterior dentro del término de treinta días contados a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. CP-2015-0019 2
Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inmediatamente la obra y el sello notarial de la licenciada Hernández López y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías, para la correspondiente investigación e informe.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la licenciada Hernández López a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo