EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Querella In re: 2001 TSPR 46 Félix Caratini Alvarado
Número del Caso: CP-1990-791
Fecha: 9/marzo/2001
Oficina del Procurador General:
Lcda. Yvonne Casanova Pelosi Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Raúl Aponte Sánchez
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Félix Caratini Alvarado CP-1990-791
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2001
El 3 de octubre de 1986, el entonces Presidente del Banco de la
Vivienda, Sr. José A. Rivera, solicitó al Departamento de Justicia una
investigación en torno al subsidio de vivienda otorgado a la Sra. Carmen
H. Deyó Ferrer; denunció que ella había suministrado información falsa
para cualificar para dicho subsidio.
La investigación reveló que el abogado notario Félix Caratini
Alvarado preparó y autenticó dos (2) affidávits en los cuales la Sra.
Deyó Ferrer afirmó falsamente ser madre soltera, que no recibía ayuda
del padre de sus dos (2) hijos y que residía con ellos en casa de su
padre (abuelo). Al declarar ser CP-1990-791 3
jefe de familia, la Sra. Deyó Ferrer fraudulentamente “cumplió” con el
requisito legal para obtener subsidio para la compra de una vivienda al
amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 141 del 14 de junio de 19801.
El notario Caratini Alvarado preparó los affidávits en su oficina y en ambos
dio fe de conocer personalmente a la Sra. Carmen H. Deyó Ferrer.
El 6 de junio de 1989, el Departamento de Justicia acusó al Lcdo.
Caratini Alvarado del delito grave de perjurio ya que alegadamente
“preparó y juramentó una declaración falsa sobre hechos esenciales con
conocimiento de la falsedad de lo declarado”. El 3 de abril de 1990 el
antiguo Tribunal Superior, Sala de San Juan, lo declaró no culpable; ello
no obstante, el magistrado que presidió los procedimientos hizo constar
“que en cuanto a la Ley Notarial puede haber un delito pero en ese caso
no puede intervenir”.
El 23 de octubre de 1990, previo Informe y autorización de este
Tribunal, el Procurador General presentó querella sobre conducta
profesional impropia de parte del notario Caratini Alvarado; le imputó
violar los Cánones 35 y 382 de Etica Profesional al preparar los affidávits
1 La empleada del Banco, Sra. Hilda Batiz Pereira, se percató del fraude pues conocía que la Sra. Deyó Ferrer no era jefe de familia, no tenía hijos y los dos (2) mencionados en los affidávits eran hijos de su hermana Ileana, quien trabajaba en la United Mortgage Corporation, división de subsidios de viviendas otorgados por el Banco de la Vivienda. Junto con los affidávits, las hermanas Deyó Ferrer falsificaron los certificados de nacimiento de los hijos de Ileana para que apareciera Carmen como madre.
Aunque las hermanas Deyó Ferrer habían cometido varios delitos, la fiscalía les ofreció inmunidad a cambio de sus testimonios contra el querellado Caratini Alvarado. Aceptaron la oferta y cumplieron sentencias en probatoria de tres (3) años. 2 En lo pertinente, reza:
“El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar affidavits u otros documentos, y al presentar causas.” (Enfasis suplido.)
Por su parte, el Canon 38 consigna: CP-1990-791 4
y que incumplió la Ley Notarial al no incluir los affidávits en el informe
mensual correspondiente radicado en la Oficina de Inspección de Notarías.
En su contestación, el Lcdo. Caratini Alvarado aceptó “que la firma
que aparece en los affidávits es la del querellado, así como el sello
notarial en ambos documentos. El querellado admite que la firma es la suya
y admite que no se incluyeron en el Registro de Affidávits ni se informaron
en el Indice Notarial. Esto [conforme su alegación] obedece a que obviamente
fueron sustraídas por la declarante en el plan común para defraudar al Banco
de la Vivienda así como la United Mortgage sin darse o percatarse el
querellado de la anomalía, puesto que la secretaria en su función, ocultó
estos hechos, dando margen así a que no figuraran en el Registro ni en el
Informe”. (Enfasis suplido.) Además, adujo Caratini Alvarado que el
testimonio de la Sra. Deyó Torres no debería merecer crédito pues fue a
cambio de una promesa de inmunidad de parte del ministerio fiscal.
Designamos Comisionado Especial al ex-Juez Superior, Lcdo. Manuel
Reyes Serrano. Previo el trámite y vista correspondiente, el Comisionado
presentó su Informe. En lo pertinente concluyó:
“A mi juicio la prueba no sostiene fuera de duda razonable los cargos que se imputan al querellado. Sin embargo, sugiere que el querellado no llevaba su notaría con el cuidado que se espera de un notario público.
Entiendo que toda declaración jurada debe anotarse en el Registro de Declaraciones Juradas en el momento en que el notario las autoriza y no en la forma que utilizaba el notario querellado, sacando copias fotostáticas para luego llevarlas al Registro por las noches o por las tardes.”
No estamos de acuerdo; esto es, no compartimos el criterio del
Comisionado Especial designado. Veamos por qué.
I
Evaluamos la prueba documental y testifical. Un análisis de la misma
revela que el querellado Caratini Alvarado operaba su oficina en un local
“El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve CP-1990-791 5
cercano a la División de Vehículos de Motor del Departamento de Obras
Públicas. Con características de “negocio de masa”, tramitaba cincuenta
(50) o más declaraciones de autenticidad diarias. Aun así, carecía de los
servicios de una secretaria permanente y en la mayoría de los casos él,
o su esposa, las preparaban y anotaban en el Registro de Affidávits. Aceptó
que, cuando había mucho trabajo, sacaba “copia del documento y se dejaba
dentro del Libro de Affidávits y se archivaban en orden de número para
eventualmente en la tarde, pasarlo al libro”. (T.E., pág. 73) No existe
constancia de que las declaraciones objeto de querella fueron juramentadas
el 23 de agosto de 1985 y numeradas 17033 y 17034; no aparecen en el Registro
de Affidávits ni las incluyó e informó en sus Indices Notariales. En los
índices, estos números fueron asignados a otras dos (2) declaraciones,
autorizadas las mismas tres (3) días más tarde. No hay prueba, aparte de
su propio testimonio, que demuestre la alegación del querellado Caratini
Alvarado a los efectos de que los affidávits fueron sustraídos por la Sra.
Deyó Ferrer.
En la declaración jurada que prestó la Sra. Deyó Ferrer en la
investigación criminal --que forma parte del caso sometido en instancia--
en torno a su relación con el querellado Caratini Alvarado, ésta afirmó:
“P. Le pregunto si usted conoce el Lcdo. Félix Caratini Alvarado.
R. Sí, señor.
P. Desde cuándo lo conoce?
R. Lo conozco desde enero de 1985, aproximadamente.
P. Cómo conoció al señor Caratini Alvarado?
R. Me lo presentó una amiga de nombre Rosana Mercedes.
P. Cómo conoció Rosana Mercedes al señor Caratini?
R. Ella trabajaba con un señor llamado Don Luis tirando fotos. Ese señor era el padrino de un sobrino de Rosana y era además uno de los dueños del local donde el Lcdo. Caratini tenía su oficina.
P. A qué se dedicaba el Lcdo. Caratini en esa oficina?
R. A traspasos de licencias y affidavits.
sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia.” CP-1990-791 6
P. Le pregunto si en alguna ocasión usted ha visitado la oficina del Lcdo. Caratini en ese lugar que usted menciona.
P. Con qué frecuencia visitaba usted esa oficina para el año 1985?
R. La visitaba frecuentemente, a veces iba todos los días, acompañada de Rosana.” (Declaración Jurada Núm. 166 de 25 de febrero de 1988.)
En la vista evidenciaria subsiguiente ante el Comisionado Especial,
a preguntas del representante legal del querellado, la Sra. Deyó Ferrer
reiteró:
“P. ¿Cuán bien la conocía el Lcdo. Caratini a usted, sus cricunstancias personales?
R. Bueno, que él sabía que yo no era casada y que no tenía hijos.
P. ¿Por qué usted asume que él sabía eso?
R. Porque del tiempo que nos estuvimos conociendo al tiempo que le hice la solicitud de la affidávit, ya había pasado, y nosotros habíamos dialogado, nos conocíamos en cuanto al estatus y demás.” (T.E., pág. 10) (Enfasis suplido.)
II
Es norma legal reiterada que “en las declaraciones de autenticidad
el notario certifica sobre la veracidad de la o las firmas, no sobre el
contenido del documento”. P. Malavet Vega, Compendio de Derecho Notarial
Puertorriqueño, pág. 98 (1989); Art. 56, Ley Notarial. Sin embargo, hemos
resuelto, citando al propio Malaret Vega, que “[e]n el affidavit, el notario
certifica, expresa que considera auténtica, la firma de una persona. Esto
supone un conocimiento directo, personal, indubitado, de la persona que
suscribe.” Rodríguez Vidal v. Benvenutti, 115 D.P.R. 583, 589 (1984).
(Enfasis suplido.)
Al respecto, en Rodríguez Vidal v. Benvenutti, supra, pág. 587-88,
consignamos:
“la certificación del notario de la autenticidad de la firma puede ser de juramento o de simple reconocimiento. E. Menéndez, Lecciones de Derecho Notarial, New Hampshire, Ed. Equity, 1967, pág. 64. Bajo cualesquiera de esas alternativas siempre adopta un plano documental, esto es, se reduce a CP-1990-791 7
escrito. Su importancia radica en que presupone una correspondencia real y legítima entre el compareciente y la firma, a base del principio medular de la fe de conocimiento. In re: Olmo, 113 D.P.R. 441 (1982). Dicho de otro modo, ‘ese hecho implica el testimonio notarial de que el firmante estuvo ante él y de que, en este acto, puso su firma en el documento y, además, lleva implícito, aunque no se exprese en la redacción del testimonio, el conocimiento o la identificación del firmante por la documentación presentada o por otro medio’.” D.L. Lanfranchi, Formación del Acto Notarial, 103 Rev. Der. Not. 297, 364 (1979). (Enfasis suplido.)
Apliquemos esta normativa al asunto ante nos.
III
En los extremos pertinentes, en el affidávit número 17,033 se hizo
constar, como circunstancias personales de la Sra. Deyó Ferrer, que era
mayor de edad, madre soltera de dos (2) hijos, paramédica, ciudadana
americana y vecina de Bayamón, Puerto Rico. Y al respecto, el querellado
Caratini Alvarado consignó:
“Jurado y suscrito ante mí por la persona cuyo nombre y demás circunstancias personales son como se indica anteriormente, y a quien Doy Fe de conocer personalmente hoy día 23 de agosto de 1985 en San Juan, Puerto Rico.
(Firmado y sellado) ________________________”
En el afidávit número 17,034 las circunstancias personales de la Sra.
Deyó Ferrer consignadas fueron: que era mayor de edad, soltera y residente
de Bayamón. Sin embargo, en el jurat el querellado Caratini Alvarado
certificó:
“---Jurada y suscrita ante mí por doña Carmen Deyó Ferrer, mayor de edad, [en blanco], y vecina de Bayamón, Puerto Rico --- a quien doy fe de conocer personalmente en San Juan, Puerto Rico, hoy día 23 de agosto de 1985.
(Firmado y sellado) _____________________________ Funcionario que tomó juramento”
Es altamente impropio e irregular que un notario suscriba un
juramento en el cual deje en blanco y no haga constar el status civil del
compareciente. Es correcto que resulta prácticamente imposible concluir,
o saber, si el hecho de que en el affidávit se dejara en blanco el dato
sobre el status civil de la declarante fue hecho conscientemente por el CP-1990-791 8
notario Caratini Alvardo, para “librarse de responsabilidad”, o si ese
hecho se debió a un descuido de éste.
La dación de fe del conocimiento de una persona por un notario no
implica un deber de investigación exhaustiva de éste, aunque sí de
averiguaciones mínimas que no necesariamente tiene que incluir información
sobre cuántos hijos tiene la compareciente. Entendemos que conocer
personalmente a alguien, para dar fe notarial sin utilizar algún método
supletorio de conocimiento, implica solamente dar fe de que la persona que
comparece a firmar es la misma que, según el conocimiento personal del
notario, alega ser. Cintrón Ramos v. Borrás Marín, res. el 13 de noviembre
de 1997, 144 D.P.R. ____ (1997); In re: Ramos Vélez, res. el 1 de junio
de 2000, 2000 TSPR 82.3 Ahora bien, si el notario tiene el conocimiento
personal de que un compareciente no tiene hijos y, a sabiendas, miente
expresando que sí los tiene, el notario incurre en falta ética grave. En
el presente caso, y conforme la declaración jurada prestada por la Sra.
Deyó Ferrer ante el Comisionado Especial, el notario Caratini Alvarado
sabía que esta dama no era una madre soltera con dos hijos. Al así actuar,
el notario Caratini Alvarado violó las disposiciones de los Cánones 35 y
38 de Etica Profesional.
IV
¿Quedaron probados los cargos que le imputara el Procurador General
de Puerto Rico al notario Félix Caratini Alvarado?
El comisionado especial que designáramos para entender en el caso
contestó la anterior interrogante en la negativa, al aplicar el criterio
de “más allá de duda razonable”. Erró, no hay duda, al así actuar. Este
3 De hecho, es norma de este Tribunal que el “conocimiento personal” se puede dar a pocas horas antes de firmar o comparecer ante un notario. Véase, Cintrón Ramos v. Borrás Marín, supra; Ramírez Lebrón v. Registrador, 131 D.P.R. 76 (1992). Existe gran liberalidad en medios para satisfacer el requisito de “conocimiento personal de los otorgantes”. Tan reciente con el In re Rosa Marcano, res. el 29 de junio de 2000, 2000 TSPR 104, expresamos que el notario no incurría en violación a la Ley Notarial cuando al dar su fe de conocimiento CP-1990-791 9
criterio, como es sabido, es de aplicación en el campo de lo criminal. A
esos efectos debe recordarse que este Tribunal --en In re: Soto López, 135
D.P.R. 642 (1994)-- resolvió que el hecho de que un miembro de la profesión
de abogado sea declarado inocente de unos cargos criminales --por no
haberse podido demostrar su culpabilidad más allá de duda razonable-- no
impide que contra dicho abogado se radique una querella por conducta
profesional, en relación con los mismos hechos que dieron lugar a la acción
penal, y que éste sea sancionado o disciplinado por este Tribunal. Siendo
ello así, resulta obvio que el criterio a ser utilizado por este Tribunal,
en las acciones disciplinarias, no puede ser el de “más allá de duda
razonable”. Tampoco, a nuestro entender, procede la utilización o
aplicación, en esta clase de situaciones, del criterio de “preponderancia
de la prueba”; criterio que, como es sabido, es el utilizado en los casos
civiles comunes y ordinarios.
Somos de la opinión, y así lo establecemos en el día de hoy, que el
criterio a utilizarse por este Tribunal en casos disciplinarios lo es el
de “prueba clara, robusta y convincente”. Debe recordarse que este
Tribunal, en el caso de P.P.D. v. Admor. General de Elecciones, 111 D.P.R.
199 (1981), estableció que cuando se trata de la negación de un derecho
fundamental, como lo es el derecho al voto, el debido proceso de ley exige
que el valor y suficiencia de la prueba sean medidos con un criterio más
riguroso que el de la preponderancia de la prueba. A esos efectos,
resolvimos que en esta clase de situaciones se requiere “...prueba clara,
robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base de
conjeturas”.
En casos disciplinarios contra miembros del foro está envuelto el
derecho de éstos a ganarse el sustento como abogados. A esos efectos, debe
mantenerse presente que este Tribunal --en Amy v. Adm. del Deporte Hípico,
116 D.P.R. 414, 421 (1985)-- resolvió que el “...derecho a un empleo, esto
es, a devengar ingresos y a tener una vida justa y decente, es un principio
personal de los comparecientes, éstos lo engañan en cuanto a la identidad de uno de ello. CP-1990-791 10
inalienable al hombre, preexistente a la más antigua de las constituciones
conocidas”.
Siendo ello así --y no existiendo controversia sobre el hecho de que
en un proceso disciplinario está en juego el título de un abogado, esto
es, el derecho a ganarse la vida como tal-- somos de la opinión que el
criterio a utilizarse en esta clase de situaciones debe ser el mismo que
utilizamos en P.P.D. v. Admor. General de Elecciones, ante; esto es, el
de “prueba clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión
ni a base de conjeturas”.
V
Aplicando el antes mencionado criterio de “prueba robusta y
convincente” --y contrario a la conclusión del Comisionado Especial, a los
efectos de que, en sus propias palabras, la prueba presentada meramente
“sugiere que el querellado no llevaba su notaría con el cuidado que se espera
de un notario público”-- somos de la opinión que los cargos imputados
efectivamente fueron probados, mediante prueba clara, robusta y
convincente, no sólo en cuanto a que dicho notario preparó los affidávits
a sabiendas de que eran falsas las circunstancias personales de la
declarante que se hicieron constar en los mismos sino que, igualmente, en
cuanto a que el referido notario no reportó dichos affidávits en el informe
mensual que todo notario viene en la obligación de radicar ante la Oficina
de Inspección de Notarías.
En otras palabras, concluimos que, al redactar ambos affidávits, el
notario Caratini Alvarado no se ajustó al deber de sinceridad del Canon
35 de Etica Profesional. In re: Soto, 134 D.P.R. 772 (1993). Igualmente
somos del criterio que éste tampoco se esforzó por exaltar la dignidad y
honor de la profesión de abogado, reflejando su conducta la “apariencia
de impropiedad” vedada por el Canon 38 de los de Etica Profesional.
Al no incluir los affidávits por él otorgados ni en su registro de
affidávits ni en los informes mensuales que viene obligado a remitir a la
Oficina de Inspección de Notarías, violó el referido notario las
disposiciones del Artículo 12 de la Ley Notarial. Véase: In re: Lago CP-1990-791 11
Giberga, 134 D.P.R. 502 (1993); In re: Santiago Arroyo, 132 D.P.R. 239
(1992); In re: Jiménez Sabat, 130 D.P.R. 202 (1992); In re: Gómez Rijos,
129 D.P.R. 811 (1992); In re: Porrata-Doria Harding, 128 D.P.R. 416 (1991);
In re: Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005 (1991); In re: Nogueras Cartagena, 127
D.P.R. 574 (1990); In re: Meléndez Mulero, 124 D.P.R. 815 (1989); In re:
Serrano Casanova, 124 D.P.R. 800 (1989); In re: Sagardía Ruiz, 124 D.P.R.
743 (1989); In re: Hernández Ramírez, 120 D.P.R. 366 (1988).
VI
Un análisis y evaluación de la conducta incurrida por el
notario Félix Caratini Alvarado nos convence de que, atendidos
los hechos del caso, la suspensión del ejercicio de la notaría
por el término de un (1) año es una sanción disciplinaria justa
y adecuada.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado CP-1990-791 12
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia suspendiendo del ejercicio de la notaría al abogado Félix Caratini Alvarado por el término de un (1) año, contado el mismo a partir de la fecha en que la presente Sentencia advenga final y firme y hasta tanto otra cosa disponga este Tribunal.
La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá, de inmediato, a incautarse de la obra y sello notarial de Félix Caratini Alvarado, luego de lo cual entregará la misma a la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Subsecretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre en el resultado sin opinión escrita.
Carmen E. Cruz Rivera Subsecretaria del Tribunal Supremo