In Re: Carlos Rivera Vicente

2007 TSPR 189

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: October 30, 2007
• Docket: CP-2003-0021
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: 2007 TSPR 189

Carlos Rivera Vicente 172 DPR ____

Número del Caso: CP-2003-21

Fecha: 30 de octubre de 2007

Abogados de la Parte Querellada:

Lcda. Mónica I. De Jesús Santana Lcda. Marta Quiñones Zambrana Lcda. Lourdes María Torres Esteves Lcdo. Pedro E. Ortiz Álvarez

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Héctor Clemente Delgado Procurador General Auxiliar

Lcda. Miriam Soto Contreras Procuradora General Auxiliar

Lcdo. Salvador Antonetti Stutts Procurador General

Lcda. Ana Garcés Camacho Procuradora General Auxiliar

Lcda. Maite D. Oronoz Rodríguez Subprocuradora General

Lcda. Mariana D. Negrón Vargas Subprocuradora General

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

INTEGRACIÓN DE SALA ESPECIAL

ORDEN

San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2007.

Debido a la no intervención de los Jueces Asociados señores Rebollo López y Fuster Berlingeri, y a la inhibición de la Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez, se constituye una Sala Especial integrada por el Juez Presidente señor Hernández Denton, el Juez Asociado señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada señora Fiol Matta, para entender en el caso núm. CP-2003-21, In re: Carlos Rivera Vicente.

Lo decretó y firma.

Federico Hernández Denton Juez Presidente

CERTIFICO:

Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos Rivera Vicente CP-2003-21 Conducta Profesional

Sala Especial integrada por el Juez Presidente señor Hernández Denton, el Juez Asociado señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada señora Fiol Matta

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 30 de octubre de 2007.

El Procurador General presentó una querella

en contra del Lcdo. Carlos Rivera Vicente (en

adelante, Rivera Vicente) imputándole varias

infracciones al Código de Ética Profesional. En

síntesis, el Procurador General sostuvo que

Rivera Vicente incurrió en conducta impropia al

haber mostrado interés en obtener grandes

beneficios a través de la creación de una entidad

corporativa para la implantación de un plan

creado por quien fuera su cliente, a saber, la

Autoridad de Desperdicios Sólidos (en adelante,

la Autoridad). Asimismo, alegó que Rivera

Vicente violó el Canon 37 sobre participación del CP-2003-21 2

abogado en negocios, al examinarlo en conjunto con el Canon

21 sobre el deber de lealtad hacia los clientes. Además,

le imputó haber violado el Canon 18, el cual exige de los

abogados un trato hacia los clientes que se caracterice por

la mayor diligencia y capacidad. Finalmente, sostuvo que

Rivera Vicente violó el Canon 38 al arrojar sospechas sobre

sus motivaciones en la relación que mantenía con la

Autoridad.

Luego de que Rivera Vicente sometiera su posición

sobre las alegaciones presentadas, nombramos un Comisionado

Especial para que presidiera la vista evidenciaria,

aquilatara la prueba y nos preparara un informe en el cual

recogiera sus determinaciones de hechos. Examinado el

informe correspondiente, concluimos que Rivera Vicente no

incurrió en las violaciones señaladas.

Los hechos, según expuestos a continuación, surgen

mayormente de las determinaciones fácticas del Comisionado

Especial.

I

Rivera Vicente es socio propietario del Bufete Cancio,

Nadal, Rivera & Díaz (en adelante, el Bufete) con un 30% de

participación en las acciones. El 1 de enero de 1994 el

Bufete suscribió un contrato de servicios profesionales con

la Autoridad. Antes de suscribir el referido contrato,

Rivera Vicente había comenzado a diseñar una entidad

mediante la cual pudiera participar del modelo de

desarrollo económico establecido por la nueva CP-2003-21 3

administración que entró en función a partir de las

elecciones generales de noviembre de 1992. Dicho modelo de

desarrollo económico pretendía, entre otras cosas,

conferirle mayor participación a la empresa privada en

funciones tradicionalmente ejercidas por el Gobierno.

Los desarrolladores de la idea pretendían ofrecer

servicios multidisciplinarios mediante un consorcio, el

cual estaría integrado por varias entidades, entre ellas,

el Bufete. Originalmente se denominó “Integrated Services

Partnership”, I.S.P. pero eventualmente se incorporó bajo

el nombre de “Puerto Rico Infraestrcuture Management Group,

Inc., PRIME1” (en adelante, PRIME).

Más tarde, en marzo de 1995, la Autoridad adoptó lo

que se denominó como el “Plan de la Infraestructura

Regional para el Reciclaje y la Disposición de Desperdicios

Sólidos” (en adelante, el Plan). Para la preparación del

Plan, la Autoridad fue asesorada por consultores internos y

externos, sin ingerencia alguna del Bufete. Antes de su

adopción, la Autoridad difundió la propuesta entre los

medios de comunicación, los municipios y Bibliotecas del

País. Además, se celebraron vistas públicas en diversos

pueblos de la Isla donde la ciudadanía tuvo la oportunidad

de expresarse en cuanto a su contenido.

Una vez la Autoridad adoptó el Plan, y anticipando un

posible aumento en la cantidad de trabajo legal, el Bufete

comenzó a hacer gestiones para ampliar los servicios

1 PRIME fue incorporada el 16 de octubre de 1998 por el Lcdo. Rubén Medina Lugo, miembro del Bufete. CP-2003-21 4

profesionales que le proveía a la entidad. Además, a

principios del año 1998, Rivera Vicente promocionó la idea

de PRIME en el Gobierno. Eventualmente, el entonces

Director Ejecutivo de la Autoridad, Ing. Daniel Pagán,

mostró interés en el concepto para atender los problemas de

los desperdicios sólidos en el país porque entendía que el

Gobierno no tenía los recursos necesarios.

En septiembre de 1998, en ánimo de prepararse para la

implantación del Plan, el Bufete y la Lcda. Marie Code,

Directora de la División Legal de la Autoridad, prepararon

un modelo de contrato que serviría para comenzar la

relación entre la Autoridad y la entidad que se escogiera

para dicha gestión. El Lcdo. Pedro Maldonado Ojeda,

entonces socio del Bufete, participó en la preparación del

referido modelo de contrato.

Más tarde, PRIME preparó para la Autoridad –a

solicitud de ésta- una propuesta para la implantación del

Plan. No obstante, la Autoridad le solicitó propuestas a

otras entidades, entre ellas, E & M Group. y Rosser, a las

cuales se les proveyó la misma información que se le

ofreció a PRIME. Tras evaluar las propuestas sometidas, la

Autoridad escogió a PRIME para hacerse cargo de la

implantación del Plan. Cuando se tomó la decisión de

contratar a PRIME, la Autoridad sabía de los intereses de

Rivera Vicente en la transacción y de que éste era su

principal accionista (con un 75% de las acciones) porque

Rivera Vicente le había divulgado la información. CP-2003-21 5

En vista de que PRIME había sido seleccionada para la

implantación del Plan, ésta y la Autoridad comenzaron a

elaborar un contrato que se conocería como “Management

Assistance Service Agreement” (en adelante, el Contrato).

Para la elaboración del referido Contrato, las partes

partieron del modelo que había estado preparando la

Autoridad, mas las negociaciones conllevaron la preparación

de más de cuarenta (40) borradores.

Durante el proceso de preparación del Contrato, la

Lcda. Code se mostró preocupada de que fuera Rivera Vicente

quien negociara los términos y condiciones, toda vez que el

Bufete era una de las entidades que componía PRIME y, por

consiguiente, el mismo continuaría prestando servicios

profesionales a favor de la Autoridad. Para atender la

inquietud de la Lcda. Code, PRIME contrató al Lcdo. Carlos

Ruiz Cox para que la representara durante la negociación,

de manera que el Bufete no la asistiera durante esa etapa.

La persona contacto entre el Lcdo. Ruiz Cox y PRIME sería

el Lcdo. Pedro Santiago, Presidente de PRIME. Además, para

evitar mayores preocupaciones, el Bufete optó por renunciar

al contrato de servicios profesionales que tenía con la

Autoridad. La renuncia se hizo por medio de una carta

suscrita el 16 de noviembre de 1998 por Rivera Vicente en

representación del Bufete.

Aproximadamente dos meses después, el 15 de enero de

1999, el Ing. Pagán autorizó el otorgamiento del contrato

entre PRIME y la Autoridad para el desarrollo de los CP-2003-21 6

proyectos incluidos en el Plan. Al acto de otorgamiento

comparecieron el Ing. Pagán, en representación del

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; la Ing.

Longoria, en representación de la Autoridad y el Lcdo.

Santiago, por parte de PRIME.

En el Contrato se acordó que la Autoridad autorizaba a

PRIME a subcontratar a las entidades que componían el

consorcio, entre ellas, al Bufete. Asimismo, se acordó que

la facturación de las entidades subcontratadas se haría a

través de PRIME. El contrato disponía, además, que PRIME y

sus subcontratistas observarían completa lealtad hacia la

Autoridad y hacia los principios que ésta promueve. De la

misma forma, se dispuso que PRIME sería responsable por el

cumplimiento de los trabajos subcontratados y que no se

entendería que existe un contrato entre las entidades

subcontratadas y la Autoridad.

Por otro lado, se acordó que en la subcontratación a

ser realizada por PRIME se establecería que los

subcontratistas estarían igualmente obligados al

cumplimiento de las disposiciones del contrato entre PRIME

y la Autoridad en cuanto aplicara a sus respectivos

servicios. Asimismo, allí se certificó que PRIME no tenía

ningún conflicto de interés o de política pública con la

Autoridad. En atención a ello, el contrato proveía para el

nombramiento de un Comité que se encargaría de velar por el

cumplimiento de las disposiciones relacionadas a los

conflictos de intereses. CP-2003-21 7

Posteriormente, el 23 de marzo de 1999, se otorgó el

contrato correspondiente entre PRIME y el Bufete como

subcontratista y componente del consorcio. Al referido

contrato se le dio efecto retroactivo al 19 de enero de

1999, día en que se suscribió el Contrato con la Autoridad.

En el contrato suscrito entre PRIME y el Bufete también se

acordó que el Bufete le brindaría lealtad a PRIME. Se

acordó, además, que el Bufete nunca le ofrecería servicios

legales a PRIME.

Más tarde, ocurrió un cambio de administración

efectivo en enero de 2001, tras el cual la Autoridad

canceló el Contrato suscrito con PRIME. Eso dio lugar a

que PRIME presentara una demanda contra la Autoridad por

incumplimiento de contrato ante el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan. Cuando PRIME instó

la referida demanda, la relación abogado-cliente entre el

Bufete y la Autoridad había cesado diez (10) meses atrás y

la representación legal de PRIME no la ostentó el Bufete.

El referido cambio de administración trajo consigo,

además, la creación de un comité denominado “Blue Ribbon

Committee” que se encargaría de investigar transacciones

realizadas por el Gobierno anterior. El contrato entre

PRIME y la Autoridad fue uno de los asuntos objeto de

investigación por parte de dicho comité, el cual remitió el

asunto a la Oficina del Procurador General y al Contralor

de Puerto Rico, quienes –a su vez- lo remitieron ante

nuestra atención. CP-2003-21 8

A la luz de este trasfondo fáctico, debemos determinar

si Rivera Vicente violó los Cánones 18, 21, 37 y 38 de los

de ética profesional. Comenzaremos por analizar si Rivera

Vicente violó los postulados éticos contenidos en el Canon

21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.

21.

II

En lo pertinente, el Canon 21, supra, dispone que:

El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.

…

La obligación de representar a un cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste. (énfasis suplido)

Como se desprende del texto citado, el Canon 21,

supra, establece un deber de lealtad completa de parte del

abogado que conlleva, entre otras cosas, evitar incurrir en

conflictos de intereses. El conflicto de intereses

contemplado en el Canon 21, supra, presenta tres (3)

situaciones que deben ser evitadas por todo abogado: (1)

que en beneficio de un cliente se abogue por aquello a lo

que el letrado debe oponerse en cumplimiento de sus CP-2003-21 9

obligaciones con otro cliente (representación simultánea

adversa); (2) que un abogado acepte la representación de un

cliente en asuntos que puedan afectar adversamente algún

interés de un cliente anterior (representación sucesiva

adversa); y (3) que un abogado acepte una representación

legal, o continúe en ella, cuando su juicio profesional

pueda ser afectado por sus intereses personales. In Re

Avilés Cordero, Tosado Arocho, res. el 5 de septiembre de

2002, 2002 TSPR 124; In Re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 361

(2001). Dicho Canon también contempla el potencial

conflicto entre los intereses mencionados. Id.

Como parte del deber de lealtad, el Canon 21, supra,

le impone al abogado la obligación de guardar las

confidencias del cliente y evitar su divulgación.

Asimismo, el Canon aludido veda el uso y divulgación de las

confidencias del cliente por parte del abogado en perjuicio

de éste. In Re Bonilla Rodríguez, res. el 17 de julio de

2001, 2001 TSPR 110; Liquilux Gas Corp. v. Berríos, 138

D.P.R. 850 (1995).

Sin duda, el propósito esencial de los postulados

éticos contenidos en el Canon 21, supra, es reglamentar la

conducta profesional que, de alguna forma, pueda poner en

peligro el principio de lealtad y confidencialidad que

caracteriza la relación abogado-cliente. In Re Avilés

Cordero, supra; In Re Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523 (1996).

Como señalamos antes, una de las modalidades de

conflictos que pretende atender el Canon 21, supra, es el CP-2003-21 10

conflicto basado en intereses personales del abogado. Ello

en vista de que el deber de lealtad que impone el Canon 21,

supra, comprende –entre otras cosas- el requisito de

ejercer un criterio profesional independiente y desligado

de los intereses personales. Por tanto, una de las

situaciones que el Canon aludido proscribe es aquella en la

cual el deber de lealtad que tiene el abogado para con su

cliente podría ser incompatible con algún interés propio

que éste también quiera promover. In Re Morell Corrada;

Alcover García, res. el 5 de marzo de 2003, 2003 TSPR 34;

In Re Bonilla Rodríguez, supra; Liquilux Gas Corp. V.

Berríos, supra. En un caso donde se manifiesta este tipo

de conflicto, el abogado está frente al dilema de cumplir,

o dejar de hacerlo, con su deber de representar a su

cliente de forma efectiva, por ser incompatible con la

defensa de sus propios intereses. In Re Sepúlveda Girón,

supra.

Tal como surge del texto mismo del Canon 21, supra, en

los casos en que existan intereses encontrados, el deber de

lealtad completa exige que el abogado divulgue todas

aquellas circunstancias sobre relaciones con terceras

personas que puedan afectar la relación abogado-cliente.

De la misma forma, le exige al abogado divulgar cualquier

interés que tenga en el asunto que se le ha encomendado.

Sobre este último requisito nos pronunciamos

ampliamente en In Re Morell Corrada, supra. En esa ocasión

reiteramos nuestra preocupación de que el juicio CP-2003-21 11

profesional independiente de un abogado pudiese ser

afectado por su interés personal en una transacción

comercial con un cliente. Allí reconocimos que en ese tipo

de transacción el conflicto de interés puede surgir, no

sólo de la participación personal del abogado en el

negocio, sino incluso por virtud de una tercera persona

jurídica que intervenga en el mismo, como lo sería el caso

de una transacción comercial entre un cliente y una

corporación en la que el abogado tenga un interés. Además,

reiteramos lo resuelto en In Re Toro Cubergé, supra, a los

efectos de que, aún en tales casos, el abogado estará

sujeto a cumplir con las cánones de ética, exigiéndose que

satisfaga ciertos requisitos mínimos de divulgación y de

orientación con respecto a su cliente.

En particular, partiendo de la Regla Modelo 1.8 (a) de

la American Bar Association, resolvimos que todas las

transacciones entre un cliente y su abogado deben ser

justas y razonables para el cliente y que se requiere que

se le otorgue al cliente: (i) una oportunidad razonable de

obtener consejo legal independiente sobre la transacción y;

(ii) una divulgación detallada sobre la transacción de

manera que éste pueda entenderla razonablemente. En esa

ocasión aclaramos que estos requisitos mínimos de

divulgación no son requisitos pro forma. Tanto así que

gran parte de las acciones disciplinarias bajo la Regla

Modelo 1.8(a), o su equivalente en las jurisdicciones

estatales, se producen debido a la omisión de los abogados CP-2003-21 12

de realizar las divulgaciones necesarias. De hecho, en ese

caso determinamos que los abogados querellados violaron el

Canon 21, supra, precisamente por no haber cumplido con el

deber de divulgación mencionado y porque no se le dio al

cliente una oportunidad razonable de obtener consejo legal

independiente.

A la luz de estos principios, debemos resolver tres

asuntos medulares: (1) si la transacción realizada entre la

corporación PRIME –de la que Rivera Vicente era accionista-

y la Autoridad cumple con las normas establecidas sobre las

transacciones entre abogado y cliente; (2) si Rivera

Vicente se ubicó en un conflicto entre el deber de lealtad

hacia la Autoridad que supone la relación abogado-cliente y

las obligaciones asumidas en la subcontratación entre PRIME

y el Bufete, y (3) si Rivera Vicente usó confidencias de su

cliente en perjuicio de éste. Veamos.

A

Antes de analizar la transacción ocurrida entre PRIME

y el Bufete, es necesario considerar si la participación

del Bufete en una etapa anterior, a saber, en la redacción

del contrato modelo que se usaría con el consorcio

seleccionado podría entenderse como una violación del Canon

21, supra, de parte de Rivera Vicente. Para llegar a una

determinación a esos fines, debemos tener presente que

nuestra normativa sobre conflictos imputados –como norma

general- no tiene el alcance de transferirle el conflicto

de interés personal que pueda tener un abogado a los demás CP-2003-21 13

miembros del Bufete. Más bien, siempre que hemos hablado

de conflictos imputados lo hemos hecho en el contexto de

conflictos obligacionales. Véase Liquilux Gas Corp. v.

Berríos, supra; P.R. Fuels v. Empire Gas, 133 D.P.R. 112

(1993).

Los conflictos obligacionales son aquellos que surgen

en supuestos de representación simultánea y sucesiva

adversa. Es decir, existe un conflicto de obligación

cuando hay representaciones simultáneas o sucesivas de

clientes donde los intereses de éstos están en conflicto

con el deber de guardar confidencias que tiene el abogado

con cada uno. In Re Belén Trujillo, 126 D.P.R. 743 (1990).

Así, pues, la prohibición sobre conflictos basados en

representación simultánea y sucesiva adversa está dirigida

a garantizarle “a todo cliente que las confidencias y los

secretos que compartió con su abogado no serán utilizados

en su contra, en beneficio de una representación

antagónica, de un cliente simultáneo o posterior". Córdova

Ramos v. Larín Herrera, 151 D.P.R. 192 (2000); Otaño v.

Vélez, 141 D.P.R. 820 (1996). Sin embargo, en casos donde

el alegado conflicto no se relaciona con representaciones

simultáneas o anteriores, sino con conflictos personales,

de ordinario, no se presenta el riesgo de que el abogado

divulgue confidencias porque no existe dualidad de

clientes. Es por eso que no le hemos aplicado los

conflictos personales de un abogado a todos los miembros

del bufete y únicamente le hemos imputado un conflicto de CP-2003-21 14

un abogado a los demás ante el riesgo de confidencias

compartidas2. Véase Liquilux Gas Corp. v. Berríos, supra;

P.R. Fuels v. Empire Gas, supra.

En este caso, precisamente, nunca hubo relación dual

abogado-cliente porque –para estos fines- la Autoridad fue

el único cliente del Bufete ya que PRIME en todo momento

tuvo representación legal independiente, incluso después

que terminó la relación profesional entre el Bufete y la

Autoridad. En vista de lo anterior, debemos descartar la

aplicación de las doctrinas sobre representación simultánea

y sucesiva adversa a los hechos que nos ocupan.

Las imputaciones sobre intereses encontrados que

presenta este caso se relacionan, más bien, con los

intereses personales de Rivera Vicente en el esquema que

dio lugar al contrato entre PRIME y la Autoridad. En vista

de ello, y tomando en cuenta la normativa antes esbozada,

debemos concluir que no se configuró una violación al Canon

21, supra, en la etapa de la redacción del contrato modelo,

toda vez que el conflicto personal lo acarreaba únicamente

Rivera Vicente y él no participó en dicha encomienda legal.

2 La Regla Modelo 1.10(a) de la American Bar Association sobre imputación de conflictos de interés establece una norma similar. La misma dispone que mientras los abogados están asociados a una firma no pueden representar a un cliente cuando alguno de ellos, de haber estado practicando solo, estaría impedido de hacerlo, a menos que la prohibición se base en intereses personales y no presente el riesgo de limitar significativamente la representación del cliente por los demás miembros de la firma. Model Rules of Professional Conduct, American Bar Association, Ed. 2006, Regla 1.10(a), pag. 47. Por tanto, según dicha Regla los conflictos de intereses personales, de ordinario, no se le imputan a otros miembros del bufete. CP-2003-21 15

La infracción al Canon 21, supra, que hubiera podido

ocurrir se hubiera basado en el incumplimiento con el deber

de divulgación y representación legal independiente, mas en

esa etapa no había interés que divulgar porque el Bufete no

tenía un interés personal en la encomienda. Reiteramos que

dicho interés lo poseía, únicamente, Rivera Vicente, quien

no se lo transfirió a los demás miembros del Bufete y

quien, además, no participó en la gestión aludida.

Conforme a lo anterior, y tomando en cuenta que en

este caso no existe un problema de representación

simultánea o sucesiva adversa, sino de conflictos basados

en los intereses personales de un abogado, concluimos que

los incidentes anteriores a la transacción entre PRIME y la

Autoridad, en específico, la redacción del contrato modelo

realizada por el Bufete, no representa una violación al

Canon 21, supra, de parte de Rivera Vicente.

Aclarado lo anterior, pasemos a analizar la

transacción ocurrida entre PRIME y la Autoridad. Primero,

debemos tener presente que para la fecha en que PRIME le

hizo la propuesta a la Autoridad para implementar el Plan,

el Bufete aún tenía vigente un contrato de servicios

profesionales con dicha entidad. Aunque para esa fecha

todavía no se había cumplido con el trámite de

incorporación de PRIME, lo cierto es que –de todas maneras-

la existencia de una persona jurídica no exime al abogado

de los rigores éticos contenidos en el Canon 21, supra. En

Morell Corrada, supra, nos expresamos a esos efectos y CP-2003-21 16

resolvimos que cuando se realiza una transacción entre una

corporación en la que el abogado tiene un interés y el

cliente, se activan los requisitos de divulgación

dispuestos en el Canon 21, supra.

En vista de que Rivera Vicente –como componente del

Bufete- era representante legal de la Autoridad para el

momento en que se iniciaron las negociaciones para

contratar con la entidad de la que él era accionista,

tenemos que evaluar si la transacción en cuestión cumplió

con los requisitos necesarios para evitar la infracción al

Canon 21, supra, en la modalidad de conflicto por intereses

personales del abogado. A esos fines, debemos determinar

si la transacción en cuestión fue justa y razonable para la

Autoridad. En particular, es preciso examinar si dicha

entidad tuvo una oportunidad razonable de obtener consejo

legal independiente sobre la transacción y si Rivera

Vicente le ofreció una divulgación detallada sobre la misma

y sobre su relación con PRIME.

Según se desprende de la determinaciones de hechos del

Comisionado Especial, el propio Rivera Vicente le hizo a la

Autoridad la divulgación necesaria sobre su relación con

PRIME y sobre los conflictos que eso pudiera acarrear en la

relación abogado-cliente. De la misma forma, se determinó

que la Autoridad no fue asesorada por el Bufete durante la

negociación del Contrato con PRIME, sino que tuvo

representación legal independiente en todo momento.

Conforme a ello, concluimos que la Autoridad fue CP-2003-21 17

debidamente informada sobre los intereses de Rivera Vicente

en la transacción y tuvo una oportunidad razonable de

obtener consejo legal independiente antes de realizarla.

Por otro lado, el Comisionado Especial determinó que

fue la propia Autoridad quien se interesó en la idea de

PRIME para trabajar el problema de los desperdicios sólidos

en el país y fue a petición suya que se le presentó la

propuesta. De sus determinaciones surge, además, que la

Autoridad vio en PRIME un mecanismo eficaz para implantar

los pormenores del Plan, a la vez que lograba hacerse

partícipe de la política pública diseñada por la

administración entonces vigente, a los efectos de incluir

al sector privado en actividades tradicionalmente

realizadas por el Gobierno. Asimismo, se desprende que la

Autoridad expresó estar satisfecha con los servicios

rendidos por PRIME y entendió que su trabajo fue bueno.

Por tanto, no existen indicios de que la transacción

realizada por PRIME y la Autoridad redundara en perjuicio

de ésta ni de que la misma fuera injusta o irrazonable.

A la luz de todo lo anterior, entendemos que se

cumplen en este caso los requisitos establecidos para

asegurar la razonabilidad de la transacción entre abogado y

cliente y, por ende, en cuanto a este asunto no encontramos

infracción al Canon 21, supra.

B

De otra parte, debemos resolver si la relación

contractual entre PRIME y el Bufete ubicó a Rivera Vicente CP-2003-21 18

en un conflicto o potencial conflicto entre su deber de

lealtad hacia la Autoridad y las obligaciones asumidas con

PRIME como subcontratista. Para atender este asunto,

conviene tener en mente que el Canon 21, supra, contempla

que un abogado sea contratado por un tercero para ofrecerle

servicios legales a determinado cliente y que, incluso, sea

ese tercero quien pague sus honorarios. En tales casos, el

cliente es la persona cuyo interés representa el abogado,

aunque haya sido un intermediario quien contrató con él.

Véase In Re Semidey Morales, 151 D.P.R. 842 (2000).

En el caso que nos ocupa, precisamente, un

intermediario (PRIME) contrató al Bufete para que le

rindiera servicios legales a la Autoridad y los honorarios

correspondientes serían pagados por dicho intermediario.

Ahora bien, el Procurador General alega que dicho esquema

produjo una infracción al Canon 21, supra, porque el Bufete

estaba obligado con cada uno de los principales

contratantes. Por un lado, era subcontratista de PRIME y,

por otro lado, era representante legal de la Autoridad. El

Procurador General alega que tales obligaciones son

incompatibles. No estamos de acuerdo.

Ciertamente, la relación abogado-cliente conlleva que

el abogado despliegue completa lealtad hacia su cliente y,

por su parte, la relación del Bufete con PRIME también

suponía cierto grado de lealtad. No obstante, nada en el

expediente indica que ambas exigencias fueran

incompatibles. Por el contrario, notamos que en el Contrato CP-2003-21 19

suscrito con la Autoridad, PRIME se obligó a serle leal a

la Autoridad y a requerir lo mismo de parte de sus

subcontratistas. En efecto, el Bufete –como subcontratista

de PRIME- se obligó a ser leal a PRIME y a cumplir con todo

aquello a lo que ésta se hubiera obligado. Por tanto, si

bien el Bufete se obligó a serle leal a PRIME, lo cierto es

que ésta -a su vez- se obligó a sí misma y a sus

subcontratistas a ser leal a la Autoridad. En vista de

ello, sostenemos que no ocurrió un desvío de la lealtad que

merecía la Autoridad.

Ahora bien, tal como lo contempla el propio Canon 21,

supra, siempre existe la posibilidad de que surja un

conflicto entre la persona que contrató los servicios

legales y la persona que, en efecto, los recibe. En tales

circunstancias, procede que el abogado no represente a

ninguno de ellos. En específico, el Canon aludido dispone

que “[c]uando un abogado representa a un cliente por

encomienda de otra persona o grupo, quien le paga al

abogado por dicho servicio, debe renunciar la

representación de ambos tan pronto surja una situación de

conflicto de intereses entre la persona o grupo que le paga

los honorarios y la persona a quien representa” (énfasis

suplido). 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 21.

En este caso, sin embargo, mientras existió la

relación abogado-cliente, no ocurrió ningún conflicto entre CP-2003-21 20

PRIME y la Autoridad3. Además, en previsión a cualquier

conflicto potencial y en cumplimento con las pautas

establecidas en el Canon 21, supra, las partes acordaron

que el Bufete nunca representaría legalmente a PRIME.

Incluso, para evitar mayores dudas, desde el inicio mismo

de las negociaciones Rivera Vicente se mantuvo a una

distancia prudente y PRIME optó por contratar los servicios

profesionales del Lcdo. Ruiz Cox para que lo representara

en lo concerniente a dicha relación contractual. Por su

parte, el Lcdo. Ruiz Cox no discutió con Rivera Vicente los

pormenores de la negociación, sino que realizó las

comunicaciones necesarias con PRIME a través de su

Presidente, el Lcdo. Santiago.

Conforme a lo anterior, debemos concluir que la

relación contractual entre el Bufete y PRIME no levantó ni

pudo levantar –en las circunstancias de este caso- un

conflicto de intereses que le impidiera a Rivera Vicente

ejercer un juicio profesional libre de ataduras y cumplir

con el deber de lealtad que supone la relación abogado-

cliente.

C

Finalmente, también relacionado con las pautas éticas

establecidas en el Canon 21, supra, debemos determinar si

Rivera Vicente usó confidencias de su cliente en perjuicio

3 El único conflicto que consta en el expediente surgió mucho después de haber cesado la relación abogado-cliente, cuando se produjo un litigio entre PRIME y la Autoridad. Aún en dicho litigio PRIME no fue representada por el Bufete. CP-2003-21 21

de éste. El Procurador General aduce que Rivera Vicente

violó el Canon mencionado al utilizar información

confidencial surgida de su relación abogado-cliente con la

Autoridad para presentar la propuesta de PRIME y que, por

tanto, utilizó dicha información para beneficio propio. Su

contención se basa en el hecho de que, por su relación con

la Autoridad, el Bufete conocía de la existencia del Plan y

de lo que la Autoridad esperaba de los posibles

proveedores.

Ahora bien, de las determinaciones de hechos

realizadas por el Comisionado Especial surge que el Bufete

no participó en la elaboración del Plan cuya implementación

le fuera adjudicada eventualmente a PRIME. También surge

de dichas determinaciones que antes de adoptar el Plan la

Autoridad difundió la propuesta en los medios de

comunicación y celebró vistas públicas en diversos pueblos

de la Isla para que la ciudadanía se expresara en cuanto a

su contenido. Además, de las determinaciones fácticas se

desprende que la Autoridad le proveyó a otras dos entidades

la misma información que se le dio a PRIME para someter la

propuesta para la implantación del Plan. Conforme a lo

anterior, debemos concluir –tal como lo hizo el Comisionado

Especial- que los pormenores del Plan y los intereses de la

Autoridad con respecto al mismo eran de conocimiento

público.

Por otro lado, debemos enfatizar que lo que prohíbe el

Canon 21, supra, es que los secretos o confidencias del CP-2003-21 22

cliente sean usados por el abogado en perjuicio de éste.

La Regla Modelo 1.8(b) de la American Bar Association

contiene una norma similar a la nuestra, donde se establece

que “[u]n abogado no debe utilizar información relacionada

a la representación de un cliente en perjuicio de éste,

[…]” (traducción nuestra). Model Rules of Professional

Conduct, American Bar Association, Ed. 2006. Regla 1.8(b),

pág. 37. En el comentario correspondiente, se aclara que

la Regla pretende evitar, por ejemplo, que un abogado que

conoce el interés de su cliente en comprar y desarrollar

unas parcelas de terreno, use esa información para comprar

una parcela para competir con el cliente o para

recomendárselo a un tercero4. Id. pág. 39.

En este caso, no existe prueba en el expediente que

nos lleve a concluir que Rivera Vicente utilizó el

conocimiento que tenía sobre los detalles del Plan y los

intereses de la Autoridad en perjuicio de ésta. Por el

contrario, de las determinaciones de hechos del Comisionado

Especial surge que la Autoridad escogió la propuesta de

PRIME porque encontró que la misma respondía a sus

intereses. Asimismo, se determinó que la Autoridad se

sintió complacida con los servicios rendidos por PRIME para

la implantación del Plan. Conforme a lo anterior,

entendemos que no existe prueba suficiente para concluir

4 Véase, además, para fines ilustrativos, In Re Swihart, 517 N.E. 2d 792 (Ind. 1988); In Re Jordan, 712 P. 2d 97 (Or. 1985); In Re Nigohosian, 442 A. 2d 1007 (N.J. 1982); In Re Nulle, 620 P. 2d 214 (Ariz. 1980). CP-2003-21 23

que Rivera Vicente usó información confidencial surgida de

la relación abogado-cliente para perjudicar a la Autoridad.

Por las razones expuestas, concluimos que no existe

prueba clara, robusta y convincente para determinar que

Rivera Vicente violó el Canon 21, supra, en los diversos

aspectos discutidos.

III

Analicemos ahora si Rivera Vicente actuó en

contravención a los postulados éticos contenidos en el

Canon 37 del Código de Ética Profesional. En específico,

debemos resolver si su participación en el desarrollo de

PRIME y la ulterior contratación de ésta con la Autoridad

tuvo como fin directo o indirecto proporcionarle trabajo

profesional lucrativo que de otra forma no hubiese

obtenido.

El Canon 37 establece que la participación del abogado

en negocios o actividades comerciales no es propia de la

buena práctica de la abogacía "si tal negocio o actividad

tiene el fin directo o indirecto de proporcionarle trabajo

profesional lucrativo que de otra forma el bufete no

hubiese obtenido". 4 L.P.R.A. Ap. IX. C. 37. Así, pues, un

abogado puede dedicarse a actividades ajenas a su profesión

y nuestra jurisdicción disciplinaria no se extiende a ese

ámbito a menos que se realice con “el fin directo o

indirecto de proporcionarle trabajo profesional lucrativo

que de otra forma el bufete no hubiese obtenido”. In Re CP-2003-21 24

Belén Trujillo, supra; In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4

(1977); In re Clavell Ruiz, 106 D.P.R. 257 (1977).

Evidentemente, para determinar si se ha configurado

una violación al Canon 37, supra, es preciso analizar las

razones que pudieron haber movido a un abogado a participar

en determinada actividad de negocios o de índole comercial.

En este caso, conforme surge de los hechos determinados por

el Comisionado Especial, Rivera Vicente ideó el concepto de

PRIME antes de comenzar la relación profesional con la

Autoridad, y lo hizo con el fin de participar del modelo de

desarrollo económico propulsado por la administración

entonces vigente. De las determinaciones fácticas se

desprende, además, que para la fecha en que se suscribió el

contrato entre PRIME y la Autoridad, ya el Bufete tenía

vigente un contrato de servicios legales con esta última.

Por tanto, si bien PRIME le proveyó al Bufete trabajo

profesional, lo cierto es que no se cumple el segundo

elemento requerido por el Canon 37, supra, a saber, que sea

trabajo que de otra forma no hubiese obtenido.

Determinar que la creación de PRIME y su ulterior

contratación con la Autoridad obedeció al interés de

proporcionarle al Bufete trabajo legal que, de otra forma,

no hubiera obtenido, requeriría un análisis altamente

especulativo. Ello en vista de que –como dijimos antes- el

Bufete ya tenía un contrato de servicios profesionales con

la Autoridad y no existen razones para sostener que la

Autoridad pretendía terminar con el mismo. En CP-2003-21 25

consecuencia, no podemos sostener que la actividad

incurrida por Rivera Vicente a través de PRIME le

proporcionó al Bufete trabajo profesional que, de otra

forma, no hubiera obtenido. Por ende, concluimos que no se

configuró una infracción al Canon 37, supra, del Código de

Ética Profesional.

IV

Por otro lado, es preciso resolver si Rivera Vicente

desplegó falta de diligencia y capacidad en su desempeño

como abogado de la Autoridad. En lo pertinente, el Canon

18 del Código de Ética Profesional dispone que es deber del

abogado defender los intereses del cliente diligentemente,

desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad

y actuando en aquella forma que la profesión jurídica

estime adecuada y responsable. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.18. El

Procurador General alega que Rivera Vicente no cumplió con

las exigencias de este Canon toda vez que su relación

profesional con la Autoridad no se caracterizó por la mayor

diligencia ni la más completa honradez.

No obstante, entendemos que no existe prueba

suficiente para concluir que Rivera Vicente desplegó falta

de diligencia en su relación profesional con la Autoridad.

Por el contrario, de la prueba creída por el Comisionado

Especial surge que –a través del Bufete- Rivera Vicente

cumplió con la diligencia requerida por la relación

abogado-cliente, al punto de que la Autoridad siempre

estuvo satisfecha con su desempeño. El Comisionado CP-2003-21 26

Especial también entendió que no se presentó prueba clara,

robusta y convincente con respecto a esta alegación. En

vista de que se trata de una determinación basada en la

suficiencia de la prueba presentada, no estamos en posición

de distanciarnos de la conclusión del Comisionado Especial.

V

Finalmente, debemos resolver si Rivera Vicente

incurrió en apariencia de conducta impropia y si no cumplió

con el deber de exaltar el honor y la dignidad de la

profesión, según lo prescribe el Canon 38 del Código de

Respecto a los deberes mencionados, el Canon 38

establece que: “[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo

de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de

su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios

personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta

profesional impropia.” 4 L.P.R.A. Ap. IX. C. 38. Al

interpretar este Canon hemos sostenido que "[c]ada abogado

es un espejo en que se refleja la imagen de la profesión...

que se debe representar con limpieza, lealtad y el más

escrupuloso sentido de responsabilidad.” In re Quiñónez

Ayala, res. el 30 de junio de 2005, 2005 TSPR 99. Es por

eso que debe cuidarse de que sus actuaciones no den margen

a la más leve sospecha de impropiedad. Esta normativa

responde al hecho de que la mera apariencia de conducta

impropia puede resultar perniciosa, minando el respeto de

la ciudadanía por sus instituciones de justicia y la CP-2003-21 27

confianza de los clientes en sus abogados. In re Vega

Morales, res. el 17 de marzo de 2006, 2006 TSPR 55.

Por tanto, al evaluar la conducta de Rivera Vicente a

la luz de esta normativa debemos examinar si éste evitó

hasta la apariencia de infracción a los Cánones de Ética

Profesional. Como mencionamos antes, Rivera Vicente se

mantuvo a distancia durante la transacción ocurrida entre

PRIME y la Autoridad para evitar cualquier duda con

respecto a la transparencia del proceso. Asimismo, con

idénticos fines Rivera Vicente suscribió una renuncia de

parte del Bufete al contrato de servicios profesionales que

mantenían con dicha entidad.

Por otra parte, notamos que durante las negociaciones

Rivera Vicente procuró no aportar a la representación legal

de PRIME, razón por la cual contrató los servicios

profesionales del Lcdo. Ruiz Cox. Para conferirle mayor

pureza a la transacción, Rivera Vicente también se ocupó de

que los pormenores de la negociación entre el Lcdo. Ruiz

Cox (como representante legal de PRIME) y la Autoridad no

se le informaran a PRIME a través de él, sino por medio del

Lcdo. Pedro Santiago, Presidente de PRIME. Además, durante

dicho trámite Rivera Vicente se encargó de hacerle a la

Autoridad una completa divulgación sobre sus intereses

económicos en PRIME y se aseguró de que ésta tuviera

consejo legal independiente. Finalmente, vimos que en la

subcontratación entre PRIME y el Bufete –del que Rivera

Vicente es socio propietario- se acordó que el Bufete nunca CP-2003-21 28

representaría a PRIME y que, incluso, luego de haber

finalizado la relación profesional con la Autoridad, el

Bufete optó por no representar a PRIME en un litigio que se

trabó posteriormente entre ésta y la Autoridad.

De lo anterior se desprende que Rivera Vicente empleó

medidas cautelares para evitar incurrir, no sólo en la

verdadera impropiedad ética, sino también en la apariencia

de impropiedad. En vista de ello, entendemos que no existe

la prueba clara, robusta y convincente requerida para

demostrar que Rivera Vicente violó el Canon 38, supra, de

los de ética profesional.

VI

Por los fundamentos que preceden, resolvemos que no se

cumplió con el estándar probatorio requerido para demostrar

que Rivera Vicente incurrió en las faltas imputadas. En

consecuencia, desestimamos la querella presentada en su

contra y ordenamos el archivo del asunto.

Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sala Especial integrada por el Juez Presidente señor Hernández Denton, el Juez Asociado señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada señora Fiol Matta

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, desestimamos la querella presentada en su contra y ordenamos el archivo del asunto.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente con opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Rivera Vicente CP-2003-21

Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2007.

La controversia de autos es una que no puede

examinarse aisladamente y como una querella más de

conducta profesional, sino que debe considerarse en

el contexto del complejo entramado de los contratos

entre la empresa privada y el gobierno en nuestro

país. Hace más de una década emitimos las palabras

que hoy nos deben servir de marco contextual en

materia de apariencia de conducta impropia en la

gestión pública:

Debe tenerse en cuenta que vivimos en una época aciaga, que se caracteriza por la creciente y justificada desconfianza de la gente en sus instituciones. Es de conocimiento general que prevalece en el país la sospecha y la suspicacia con respecto a los procesos colectivos. In re Toro Cubergé 140 D.P.R. 523, 535-536 (1996). CP-2003-21 2

Ante esta realidad, nos corresponde cumplir nuestro

deber irrenunciable de guardar el delicado balance que

garantiza mantener intacta esa confianza colectiva. Cuando

el interés público está involucrado, los ojos del país, con

mucha razón, escudriñan nuestro proceder con especial

recelo. En estas situaciones, la consistencia no puede

convertirse en un valor de tal naturaleza que impida

desarrollar una norma adecuada a las circunstancias.

Ciertamente, debemos velar porque la inconsistencia no

ponga en entredicho la legitimidad de nuestro poder

inherente para regular la profesión legal.5 Sin embargo,

esa consistencia no debe ser el resultado de una aplicación

formalista y mecánica del derecho. La opinión mayoritaria,

en aras de ser consistente con las normas que hemos

desarrollado para guiar a los abogados y las abogadas al

efectuar transacciones de negocios con sus clientes, aplica

dichas normas sin considerar que en casos como éste el

cliente es, a fin de cuentas, el interés público, lo cual

requiere una normativa propia. Además, en el contexto de la

contratación con agencias del gobierno, la apariencia cobra

mayor importancia, convirtiéndose en foco central de

nuestra evaluación ética.

5En casos de conducta profesional resulta ser singularmente importante emitir decisiones consistentes con nuestras determinaciones anteriores. Ello es así, porque al decidir este Tribunal de determinada manera, en cierta situación fáctica, crea en los abogados la impresión de que nuestra postura será la misma en situaciones sustancialmente similares. In re Silva Iglecia, 2004 T.S.P.R. 87. CP-2003-21 3

Por eso, y por las razones que expondré a continuación,

no puedo suscribir la opinión del Tribunal.

En su informe del 16 de diciembre del 2002, el

Procurador General explicó que comparecía como resultado de

su intervención en…

…investigaciones relacionadas con ciertos abogados que, por medio de contratos de servicios profesionales previos con ciertas dependencias gubernamentales, obtienen información y establecen influencias para posteriormente crear entes corporativos, los cuales, operando a manera de su alter ego, proceden después a contratar con la dependencia gubernamental bajo acuerdos que le resultan sumamente favorables.6

Tras estudiar la extensa ponencia del Procurador

General, que calificó la conducta del querellado como

“alarmante y a todas luces impropia”7, y luego de haber

contado con la comparecencia del querellado, el 13 de

octubre del 2003 ordenamos que se presentara la querella

correspondiente. Una vez recibida la contestación del

imputado a la querella, el 15 de enero de 2004 designamos

al Lcdo. Enrique Rivera Santana, Ex Juez del Tribunal

6 En el año 2001, luego del cambio en la administración gubernamental, se nombró un grupo de ciudadanos bajo el nombre de “Blue Ribbon Committee", con la encomienda de fiscalizar la ejecutoria de la administración anterior, en particular la contratación gubernamental que se llevó a cabo como parte de una política publica de privatización. Este grupo refirió la controversia de autos, tanto al Procurador General como al Contralor. Este último también presentó querella contra el Lcdo. Rivera Vicente el 19 de febrero de 2004. 7El Procurador General imputó infracciones al Preámbulo del Código de Ética Profesional y su jurisprudencia interpretativa y a los Cánones 37, 21, 18 y 38 de los de Conducta Profesional. CP-2003-21 4

Superior, como Comisionado Especial para que aquilatara la

prueba y emitiera las correspondientes determinaciones de

hecho y recomendaciones.

Tras examinar la abundante prueba documental y

testifical presentada por las partes, el Comisionado

Especial produjo un informe con extensas determinaciones

de hechos, de las cuáles sólo reproduciré las que entiendo

pertinentes para sostener mi disenso.

A la fecha de los hechos, el querellado era uno de los

socios propietarios del Bufete Cancio Nadal, Rivera, Díaz y

Berríos, en adelante el Bufete, con un 30% de participación

en el mismo. Desde el 1991 fungía como su socio

administrador. En el 1994, el Bufete comenzó sus relaciones

contractuales con la Administración de Desperdicios

Sólidos, en adelante ADS. Como parte de sus servicios, el

Bufete se obligaba a revisar y estudiar documentos legales

que versaran sobre materias que requirieran conocimiento

especializado en el campo de derecho ambiental; preparar

proyectos de contrato entre la ADS y terceras personas y a

preparar proyectos especializados, enmiendas de ley y

reglamentación con relación al manejo y recuperación de

desperdicios sólidos. Dada la política pública

gubernamental de privatizar algunas gestiones

gubernamentales, el querellado encauzó los recursos de su

Bufete en la encomienda de crear una entidad en forma de

consorcio que integrara servicios variados para atender

requerimientos programáticos del Gobierno. De acuerdo al CP-2003-21 5

Comisionado Especial, la idea fue tomando forma a partir

del 1994, el mismo año en que la ADS contrató los servicios

profesionales del Bufete. El consorcio se llamó Integrated

Services Partnership, en adelante I.S.P. El Bufete siempre

se consideró como el componente que ofrecería asesoría

legal dentro de I.S.P.

En marzo del 1995 la ADS adoptó el “Plan de

infraestructura para el reciclaje y la disposición de

desperdicios sólidos”, en adelante el Plan. Una vez la ADS

adoptó este Plan, el Bufete comenzó a ampliar los servicios

profesionales que ofrecía a esa agencia y a aumentar

sustancialmente sus honorarios, mediante enmiendas al

contrato de servicios profesionales. De acuerdo al Informe

del Comisionado Especial, el 28 de mayo de 1996 y en

febrero de 1997 el Bufete escribió a los correspondientes

Directores Ejecutivos de la ADS, explicándoles que en vista

de que la implantación del Plan estaba en etapas más

complejas, se proyectaba una mayor dependencia de la

agencia en entidades especializadas, entre ellas, el

Bufete. Según nos informó el Comisionado Especial, en la

comunicación de febrero de 1997 se da constancia del

conocimiento en detalle que tenía el querellado sobre el

Plan.

De acuerdo a las determinaciones de hechos del

Comisionado Especial, a principios del 1998, el querellado

se reunió con el entonces Gobernador, Dr. Pedro Roselló

González, a quien “le presentó la idea del consorcio que ya CP-2003-21 6

antes había visualizado.” Al cabo de esa reunión, el

Gobernador dio instrucciones a los miembros de su gabinete

de implantar la idea del consorcio. Mediante orden

ejecutiva del 19 de abril de 1998, el Plan se elevó a

política pública gubernamental en materia de desperdicios

sólidos. El 21 de mayo de 1998, el querellado se comunicó

nuevamente con el Gobernador, esta vez por escrito. De

acuerdo al Comisionado Especial en dicha misiva le detalló

la idea propuesta y sugirió que se adoptara el consorcio y

un Comité de la ADS, cuyo propósito sería el de garantizar

la continuidad y consistencia en la implantación del Plan.

Para ese momento, ya el comité de la ADS se había creado y

el querellado formó parte del mismo. Consecuentemente,

I.S.P. le hizo una presentación a la ADS. Todo lo anterior

ocurrió durante la vigencia del contrato de servicios

profesionales entre el Bufete y la ADS.

El 22 de junio de 1998, el querellado le envió una

carta a la Directora Ejecutiva de la ADS en la que se

resaltaba el hecho de que el Bufete había prestado

servicios legales a la ADS relacionados a la implantación

del Plan. En dicha misiva se solicitaba la renovación del

contrato con el fin de que la ADS pudiera contar con los

servicios legales del Bufete y así “poder cumplir con las

altas encomiendas públicas que la misma se ha trazado.”

En septiembre de 1998 el Bufete y la entonces Directora

de la División Legal de la ADS prepararon un modelo del

contrato que suscribiría la ADS con el consorcio que se CP-2003-21 7

escogiera para la implementación del Plan. El 2 de octubre

de 1998, ya estaba elaborado el concepto final del

consorcio, por lo que a petición de la ADS, I.S.P. sometió

una propuesta a dicha agencia para que ese consorcio se

hiciera cargo de proseguir la implantación del Plan. Otras

dos entidades también presentaron sus respectivas

propuestas. El 7 de octubre, el querellado envió una carta

al Director Ejecutivo de la ADS, en la que se hace mención

de las reuniones que la ADS y el Bufete celebraron para

viabilizar la propuesta de trabajo que sometió el

consorcio. El Comisionado Especial cita de la misiva lo

siguiente:

Para viabilizar una propuesta de trabajo abarcadora y responsable, que concretara nuestros ofrecimientos para responder a las necesidades reales de la ADS, el consorcio de entidades se reunió entre sí y con el personal de dicha agencia los días 15, 19, y 29 de septiembre de 1998. Destaco la reunión del 19 de septiembre del 1998…, por cuanto en dicha ocasión se nos brindó un cuadro del estado de la situación de todos los proyectos comprendidos en la Fase I de la implantación del Plan. Gracias a la información provista, CNR&D [el Bufete] y el grupo de profesionales [integrantes del consorcio], pudimos elaborar la propuesta de trabajo que se describe en el borrador de contrato que respetuosamente sometemos ante su consideración y el cual contiene términos y condiciones sumamente razonables para asistir a la ADS a alcanzar las metas trazadas en un proyecto de magna envergadura como lo es la implantación del Plan. (Énfasis nuestro.)

El 16 de octubre de 1998 se presentó el certificado

para la incorporación de la Puerto Rico Infraestructure

Management Group, Inc., en adelante PRIME, sucesora de

I.S.P. PRIME sería un consorcio de servicios integrados

encaminado a proveer a la ADS todo lo relacionado con la CP-2003-21 8

disposición de desperdicios sólidos en Puerto Rico y en la

implantación del Plan. El Bufete se encargaría de toda la

fase legal relacionada con el Plan. Desde su incorporación,

PRIME solo tuvo dos accionistas, de los cuales el

querellado fue el mayoritario, con un 75% de las acciones

de la corporación.

Una vez seleccionada PRIME, ésta y la ADS trabajaron en

la elaboración de un contrato que se conocería como el

Management Assistance Service Agreement, en adelante MASA,

que regiría la incumbencia de PRIME en la implementación

del Plan. Como el Bufete era una de las entidades que

formaban parte de PRIME, y aún estaba vigente el contrato

de servicios profesionales entre éste y la ADS, una de las

asesoras legales de la agencia expresó preocupación por que

fuera el querellado quien negociara los términos y

condiciones del MASA. Fue entonces cuando PRIME subcontrató

a otro abogado para que fungiera como su representante y

negociara el MASA con la ADS. Durante la negociación del

MASA, nuevamente la representación legal de la ADS planteó

la posibilidad de conflicto de intereses por parte del

Bufete, al tener un contrato vigente con la agencia y a la

vez ser parte de PRIME. El Bufete optó entonces por dar

por terminado el contrato de servicios profesionales que

tenía con la ADS el 16 de noviembre de 1998.

A pesar de que se había escogido al Lcdo. Pedro

Santiago como el intermediario entre la ADS y PRIME, por

ser presidente de esta última entidad, surge de las CP-2003-21 9

determinaciones de hecho del Comisionado Especial que el

querellado estuvo involucrado en el proceso de

contratación. Por ejemplo, se obtuvo su aprobación sobre

lo que resultó ser la estipulación del alcance del trabajo

acordado; el querellado también aprobó el acuerdo sobre

honorarios y otros gastos a pagarse a PRIME y a sus

entidades. Luego de por lo menos 40 borradores, el 15 de

enero de 1999 se autorizó el otorgamiento del contrato

entre la ADS y PRIME.

De acuerdo a lo pactado, PRIME proveería todos los

servicios legales relacionados con los proyectos de

infraestructura, además se le facultaba para subcontratar a

cada una de las entidades que componían el consorcio,

incluyendo al Bufete. A PRIME se le asignó la suma de

$5,500,000.00 para servicios de consultoría por seis meses.

El costo anual máximo para el desarrollo de los proyectos

durante el tiempo acordado ascendía a $8, 779, 200.00,

además del 10% de ese importe para el reembolso de gastos.

De esa suma se fijó al Bufete la cantidad de $1,320,000.00

más $132,000.00 para el reembolso de gastos, en total

$1,452,000.00. Además de las cantidades asignadas a cada

uno de los componentes de PRIME, a PRIME como tal se le

asignó la suma máxima anual de $1,200,000.00 más

$120.000.00 para el reembolso de gastos. PRIME pagaba un

salario al querellado facturado a la ADS en concepto de

servicios de consultoría; al año 2000 se fijó esta suma en

$144,000.00 anuales. Además, desde el 1999 y durante la CP-2003-21 10

vigencia del MASA, el querellado recibía un estipendio

mensual de $2000.00 por concepto de gastos de automóvil y

otras misceláneas. Adicional a eso, por lo menos en dos

ocasiones PRIME distribuyó dividendos a sus dos

accionistas, entre ellos, el querellado.

Resulta imperativo mencionar que Comisionado Especial

resalta en su informe que el contrato entre PRIME y la ADS

disponía que los subcontratistas componentes del consorcio

observarían completa lealtad a la ADS, mientras que en el

contrato entre el Bufete y PRIME, el Bufete prometió

completa lealtad a PRIME. Es decir, el Bufete prometió su

lealtad, tanto a la ADS como a PRIME.

Según relata el Comisionado, desde abril de 1999 se

había acordado que “para garantizar la transparencia de los

procedimientos el querellado no participaría en los asuntos

que tuvieran que ver con la facturación”, pero a pesar de

esto, el querellado, era miembro de la Junta de Directores

de PRIME y estuvo presente en sus reuniones.

El 19 de septiembre de 1999, la Junta de Directores de

PRIME acordó que pagaría a una entidad llamada CRV Real

Estate Holding la suma de $4,000.00 mensuales más

utilidades (agua, luz y teléfono) por el alquiler de una

propiedad en la Urbanización Río Mar en Río Grande, Puerto

Rico. Esta propiedad sería utilizada como oficina y centro

de operaciones de PRIME. El 19 de octubre de 1999 se

incorporó en el Departamento de Estado la corporación con

fines de lucro CRV Real Estate Holding, Inc. De acuerdo al CP-2003-21 11

Comisionado Especial, dicha propiedad había pertenecido al

querellado y a su esposa, hasta que la vendieron a CRV

Estate Holding, Inc.

Según el Comisionado Especial, todos los servicios

profesionales de naturaleza legal que necesitó la ADS en el

área ambiental, fueron prestados por el Bufete de la misma

manera en que ocurría cuando el contrato de servicios entre

la ADS y el Bufete era directo. La diferencia radicaba en

que la facturación del Bufete se hacía a través de PRIME,

pero el pago lo hacía la ADS a nombre del Bufete. Durante

toda la vida corporativa de PRIME, su único cliente fue la

ADS, por lo que todos los ingresos que percibió fueron

otorgados por esa agencia.

Al concluir su detallado informe, el Comisionado

expresó que halló incurso al querellado en violación a los

cánones 21, 37 y 38 de ética profesional.

Es norma conocida que le corresponde al Comisionado

Especial desempeñar una función similar al juzgador de

instancia, es decir, éste debe recibir la prueba y dirimir

la evidencia conflictiva. En consecuencia hemos resuelto

que sus determinaciones fácticas merecen nuestra mayor

deferencia. Por lo tanto, aunque este Tribunal no está

obligado a aceptar el informe del Comisionado Especial

nombrado para atender una querella contra un abogado,

pudiendo adoptar, modificar o rechazar tal informe, de

ordinario sostenemos las conclusiones de hecho de un

Comisionado Especial salvo que se demuestre perjuicio, CP-2003-21 12

parcialidad o error manifiesto. In re Morales Soto, 134

D.P.R. 1012 (1994). In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78,

86 (1991); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994). In re

Gordon Meléndez, 2007 TSPR 108.

Sorprende la manera en que la Mayoría ha obviado dichas

determinaciones de hecho en este caso, pasando por alto la

doctrina que hemos elaborado sobre el trato a los informes

de dicho funcionario. Por el contrario, tras efectuar un

examen exhaustivo del informe rendido por el Comisionado

Especial que nombramos, y la prueba que obra en el

expediente, no encuentro razón por la cual debamos

intervenir con sus determinaciones fácticas.

Aunque concuerdo con la opinión mayoritaria en cuanto a

que el querellado no incumplió con el Canon 37 de Ética

Profesional, concurro con el Comisionado Especial en cuanto

a que el querellado sí incurrió en violación a los Cánones

21 y 38. Su conducta laceró la imagen de la abogacía y en

efecto aparentó impropiedad y posible conflicto de

lealtades al estar su juicio profesional influenciado por

sus intereses personales en la gestión publica y al quedar

su lealtad comprometida y fraccionada entre sus intereses

pecuniarios, su posición en el Bufete y su deber para con

la ADS. Debo reconocer que el querellado, en efecto,

cumplió con los requisitos que establecimos

jurisprudencialmente en In re Morell Corrada y Alcover

García, 158 D.P.R. 791 (2003), pero según hemos resuelto,

el cumplimiento de esos requisitos no puede ser pro forma y CP-2003-21 13

debe ser evaluado en conjunto con los establecidos en el

Canon 38, con el cual el querellado sí incumplió.

De acuerdo al Canon 21 de los de Ética Profesional, que

versa sobre el tema de los intereses encontrados:

El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa.

Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero.

Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.

No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.

La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación.

Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así lo aprueban.

Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste. (Énfasis nuestro.)

La aspiración general que establece el Canon 21 sobre

el tema de los intereses encontrados es la lealtad completa

que le debe un abogado al cliente y a sus causas. Esta

lealtad no es la entrega ciega ni el servilismo, sino la CP-2003-21 14

integridad, consistencia y perseverancia en el compromiso

del abogado para con los intereses de su cliente. La

lealtad que el abogado debe manifestar está fundamentada en

los principios básicos de sinceridad, honradez,

transparencia y sensatez que caracterizan el buen ejercicio

de nuestra profesión y que mantienen la confianza del

pueblo en sus instituciones legales.

En el ordenamiento jurídico, el conflicto de intereses

o los intereses encontrados constituyen la antítesis del

deber de lealtad. Como hemos explicado anteriormente, al

examinar el tema de los intereses encontrados nos

enfrentamos al asunto de las incompatibilidades. En In re

Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 788 (1984),

definimos la incompatibilidad en dos acepciones. Allí

expresamos que la incompatibilidad en el orden físico

implica “antagonismo, oposición, repugnancia que tiene una

cosa para unirse con otra, o dos o más personas entre sí.”

En el orden jurídico la incompatibilidad “se refiere a la

imposibilidad legal de simultanear dos o más cargos,

funciones o misiones una misma persona.” Tras prestar esta

definición del término, concluimos que “uno de los

requisitos para el ejercicio de la abogacía es la

compatibilidad de la actuación legal con la situación y

circunstancias.”

El abogado debe tener presente que su ministerio radica

en su conciencia, y que ésta debe ser libre, independiente

y alerta, que le dicte las pautas a seguir para un CP-2003-21 15

comportamiento debido y correcto.8 Tal y como hemos

afirmado, “[l]a premisa es sencilla: quien no sea

independiente no está en condiciones de ejercer la

profesión.” In re Carreras y Suárez, supra, pág. 788,

citando a A. Fernández Serrano, De las incompatibilidades

para ejercer la abogacía, Madrid, Artes Gráficas M.A.G.,

S.L., 1952, págs. 5-7. La preservación de la autonomía de

juicio del abogado es fundamental para prevenir cualquier

tipo de menoscabo a la fidelidad que debe a su cliente.9

Ramón Mullerat, en su conferencia Una abogacía para América

y Europa, 67 Rev. Jur. U.P.R. 563 (1998), expuso una

definición contemporánea de las profesiones liberales

formulada por el Secretariado Europeo de las Profesiones

Liberales:

…la profesión liberal se caracteriza por su competencia, al exigir prestaciones de calidad elevada; interés público, al dirigirse a satisfacer necesidades vitales de los ciudadanos; prestación de servicio individual, adaptada a las necesidades del cliente; relación de confianza, de la que se deriva el deber de respetar el secreto profesional; independencia, lo que implica la inexistencia de cualquier género de presión o restricción (incluso la que procede de la propia persona que ejerce la profesión liberal); ética profesional; y un nivel elevado en la prestación de servicios. Op. cit. pág. 576. (Énfasis nuestro.)

Las decisiones que hemos emitido sobre este tema tienen

como cimiento los criterios fundamentales antes expuestos.

De acuerdo a nuestra tradición disciplinaria,

consecuentemente hemos determinado la existencia de un

8 In re Carreras y Suárez, supra, pág. 795. 9 Id. CP-2003-21 16

conflicto de intereses que requiere la imposición de

sanciones cuando enfrentamos alguna circunstancia que

impide que el abogado o abogada ejerza su función de

representación de forma libre y adecuada. In re Belén

Trujillo, 126 D.P.R. 743, 752 (1990). El Canon 21 contempla

tres situaciones que debe evitar todo abogado para no

incurrir en la representación de intereses encontrados, a

saber, que en beneficio de un cliente, se abogue por

aquello a lo que el letrado debe oponerse en cumplimiento

de sus obligaciones para con otro cliente, situación que

presupone la representación simultánea de dos clientes

distintos, cuyos intereses se llegan a oponer; que un

abogado acepte la representación de un cliente en asuntos

que puedan afectar adversamente cualquier interés de un

cliente anterior, la cual presupone la representación

sucesiva de distintos clientes, cuyos intereses se llegan a

oponer; que un abogado acepte una representación legal, o

que contiene en ella, cuando su juicio profesional pueda

ser afectado por sus intereses personales. In re Bonilla

Rodríguez, 154 D.P.R. 684 (2001).

Estas manifestaciones del conflicto de intereses se

pueden resumir en dos vertientes, una que recoge lo que

constituye el conflicto de intereses personales y la más

común, que hemos denominado “conflicto de obligaciones”.10

10 Existe un conflicto de obligación cuando hay representaciones simultáneas o sucesivas de clientes en las que los intereses de éstos están en conflicto con el deber de guardar confidencias que tiene el abogado con cada uno. En estos casos el abogado se enfrenta ante otro posible CP-2003-21 17

In re Belén Trujillo, supra, pág. 754. El caso que hoy nos

ocupa presenta una controversia relacionada a los

conflictos de intereses personales, por lo que nuestra

discusión se limitará a ese aspecto de la doctrina de

intereses encontrados.

Como hemos discutido, el Canon 21 del Código de Ética

Profesional impone un deber de lealtad absoluta que es

posible mediante el ejercicio de un juicio independiente.

La vertiente de conflicto de intereses personales sostiene

que el conflicto existe cuando los intereses personales del

abogado interfieren o pueden interferir con la

representación adecuada y efectiva del cliente. In re

Bonilla Rodríguez, supra, 694-695. En un caso donde se

manifieste este tipo de conflicto, el abogado se encuentra

frente a un dilema, pues su deber de representar al cliente

de manera efectiva puede ser incompatible con la defensa de

algún interés propio que el abogado también quiera, o tal

vez deba, promover o defender. En la mayoría de los casos,

la representación adecuada conlleva perjudicar los

intereses personales del abogado. In re Belén Trujillo,

supra, pág. 754 (1990); In re Toro Cubergé, supra, pág.

531; Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 D.P.R.

850 (1995). Por ello, la prohibición de asumir una

dilema: por un lado tiene con cada uno de sus clientes el deber de guardar confidencias y de representarlo adecuadamente y, por otro, la representación adecuada de un cliente posterior o simultáneo puede requerir la divulgación de confidencias del otro. In re Belén Trujillo, supra, pág. 754. CP-2003-21 18

representación legal cuando ésta pueda verse afectada por

sus expectativas o intereses personales intenta evitar que

un abogado deje de realizar determinada acción de posible

beneficio para su cliente en aras de beneficiarse

personalmente. In re Belen Trujillo, supra; In re Pizarro

Santiago, 117 D.P.R. 197 (1986); In re Martínez Rivera, 106

D.P.R. 239 (1977); Otano Cuevas et als v. Vélez Santiago

et als, 141 D.P.R. 820,826 (1996); In re Toro Cubergé,

supra; In re Palou Bosch, 148 D.P.R. 717, 724 (1999); In re

Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345, 356-357 (2001). Debo

aclarar que el Canon 21 no solamente veda la representación

legal de un cliente respecto al cual el abogado tiene

intereses conflictivos en cuanto a bienes o dinero, sino

que se extiende a cualquier tipo de interés encontrado.

El Canon 21 tiene un efecto que hemos calificado como

“profiláctico”, pues obliga todo abogado a evitar conflicto

entre sus intereses personales y los de su cliente. Morell

Corrada y Alcover García, supra, págs. 818-819. Una

lectura de la letra del Canon 21 demuestra que la

prohibición no sólo se refiere al conflicto de intereses

actual, sino al aparente, al potencial y al futuro

conflicto de intereses, de manera que lo que se proscribe

es la posibilidad de un conflicto de intereses. Sánchez

Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 190 (1985); In

re Avilés Cordero y Tosado Arocho, 157 D.P.R. 867, 871

(2002). En ese sentido, hemos resuelto que:

…para imponer al abogado la obligación de renunciar a la representación… el conflicto no tiene CP-2003-21 19

que estar establecido claramente; basta con que el conflicto sea potencial para que el abogado vulnere la lealtad absoluta que le debe a su cliente. La situación no varía por el hecho de que alguien crea que dicha posibilidad es, o no, altamente especulativa. Fed. Pesc. Playa Picúas v. U.S. Inds. Inc., 135 D.P.R. 303, 319 (1994); In re Bonilla Rodríguez, supra, 694- 695; In re Torres Viera, cita.

Anteriormente se ha recalcado que la responsabilidad

de evitar el conflicto de intereses recae sobre el abogado.

In re Palau Bosch, supra. Para determinar el posible

conflicto de intereses, el abogado debe evaluar la

existencia de circunstancias que llevan consigo la semilla

de un posible o potencial conflicto futuro. Es decir, está

vedado al abogado asumir la representación legal de

clientes cuando resulta razonablemente anticipable un

futuro conflicto de intereses, aun cuando sea inexistente

al momento de la aceptación de la representación legal. In

re Sepúlveda Girón, supra, págs. 356-357 (2001).11 Así, ante

un potencial conflicto de intereses, el deber del abogado

es desligarse cuanto antes de la representación profesional

que ostenta. In re Torres Viera, supra; In re Roldán

González, 113 D.P.R. 238, 242-243 (1982). In re Bonilla

Rodríguez, supra, 695. Inclusive hemos decretado que cuando

inadvertidamente el abogado acepte una representación legal

conflictiva, ante la señal de que los intereses del cliente

estén encontrados con los intereses personales del abogado,

éste deberá renunciar de inmediato la representación

11 En In re Concepción Suárez, 111 D.P.R. 486 (1981), requerimos la renuncia de un abogado por existir una posibilidad de conflicto de intereses. CP-2003-21 20

profesional. In re Sepúlveda Girón, supra, págs. 356-357

(2001).

Hemos sido enfáticos en ejercer nuestra función

disciplinaria en el contexto de la potencialidad de

intereses conflictivos pues…

En la interpretación de una norma de ética sobre la incompatibilidad de un profesional para intervenir en un acto por conflicto de intereses, un tribunal debe tener presente, que la norma, en su vigencia, no distingue, ni puede distinguir, entre los profesionales que en situación de conflicto tienen fortaleza para resistir la humana tentación de adelantar sus intereses personales, y los débiles de voluntad que sucumben en la oportunidad pecaminosa. In re Cancio Sifre, 106 D.P.R. 386, 395 (1977).

De acuerdo al carácter apremiante de nuestro poder

fiscalizador ante un posible conflicto de intereses,

nuestra intervención podrá ser provocada por los más leves

indicios de conducta prohibida. Sabido es que todo miembro

de la profesión togada tiene "el deber de lucir puro y

libre de influencias extrañas a su gestión profesional", y

que "en el descargo de sus responsabilidades profesionales,

debe cuidarse de que sus actuaciones no den margen a la más

leve sospecha" de que promueve intereses suyos

potencialmente encontrados con los de su cliente. In re

Pizarro Santiago, supra. In re Roldán González, 113 D.P.R.

238, 242-243 (1982). In re Bonilla Rodríguez, supra, pág.

695. In re Palau Bosch, supra; In re Avilés Cordero y

Tosado Arocho, supra, pág. 884; In re Toro Cubergé, supra,

pág. 532; In re Morell Corrada y Alcover García, supra,

pág. 811. Por ello, se ha relacionado el deber impuesto por

el Canon 38 con el deber impuesto por el Canon 21. In re CP-2003-21 21

Torres Viera, supra. En varias ocasiones hemos resuelto

que dentro de los parámetros del Canon 21 cobra particular

importancia el deber de los miembros de la profesión togada

de evitar la apariencia de impropiedad en el desempeño de

sus funciones profesionales:

En todo caso, hemos de insistir en la importancia de la apariencia como elemento importante a ser ponderado y evaluado para despejar incertidumbres de licitud y propiedad. Con este prisma hemos de adentrarnos en la compleja área ética del conflicto dimanante de intereses encontrados. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra, págs. 784-785, 792.

El Canon 38 dicta las pautas que garantizan la

preservación del honor y dignidad de la profesión:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. Tal participación conlleva necesariamente asumir posiciones que puedan resultarle personalmente desagradables pero que redundan en beneficio de la profesión (…) (Énfasis nuestro.)

Como Foro regulador de la profesión legal, no podemos

avalar situaciones de dudas o ambigüedad sobre la

posibilidad de intereses encontrados en la gestión

profesional de un abogado o una abogada. Por eso, el

criterio de apariencia de impropiedad debe ser utilizado

para resolver las dudas que surjan sobre posible conflicto

de intereses. Después de todo, los abogados tenemos la

obligación de precaver el conflicto de intereses, tanto en

la realidad como en la apariencia. In re Carreras Rovira y CP-2003-21 22

Suárez Zayas, supra; In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R.

758, 765 (1976); In re Bonilla Rodríguez, supra, pág. 698.

El desempeño de la abogacía requiere en todo momento

celo, cuidado y prudencia, pues "[c]ada abogado es un

espejo en que se refleja la imagen de la profesión, [por lo

que] éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de

responsabilidad que impone la función social que ejercen".

In re Fernández de Ruiz, 2006 T.S.P.R. 73; In re Gordon

Melendez, 2007 T.S.P.R. 108. A base de esos criterios

hemos señalado que "las dudas sobre cuestiones de ética

profesional debe resolverlas el abogado con rigurosidad

contra sí mismo". In re Valentín González, 115 D.P.R. 68,

73 (1984); In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra; In

re Toro Cubergé supra, págs. 535-536; In re Belén Trujillo,

supra; Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172

(1985); In re Palou Bosch, supra, pág. 725. Este curso de

acción no tiene que producirse siempre ante conducta

antiética, pues “puede haber situaciones que escapen a la

reglamentación y en las que para evitar aun la apariencia

de conducta impropia, el buen juicio aconseje la

abstención”, aunque ese proceder limite o sacrifique

beneficios personales. In re Carrera Rovira y Suárez

Zayas, supra, pág. 785.

Cabe reiterar que la apariencia de impropiedad puede

ser muy lesiva al respeto de la ciudadanía por sus

instituciones de justicia y por la confianza que los

clientes depositan en sus abogados. Asimismo, la apariencia CP-2003-21 23

de conducta impropia puede tener un efecto dañino sobre la

imagen, la confianza y el respeto del público por su

Gobierno, igual que la verdadera impropiedad ética. In re

Sepúlveda Girón, supra, pág. 361. Es por eso que los

abogados deben asegurarse que su conducta no ha sido

influida por intereses encontrados. In re Rojas Lugo, 114

D.P.R. 687 (1983).

Cuando un abogado lleva a cabo una transacción de

negocios con su cliente, se impone una auscultación

minuciosa, pues el deber de lealtad del abogado que

comercia con su cliente puede verse disminuido ante una

oportunidad de lucro personal. Anteriormente hemos

resaltado que las transacciones comerciales con un cliente

son inherentemente sospechosas, pues:

…no sólo el juicio profesional independiente del abogado puede ser seriamente afectado por sus intereses personales en la transacción, sino que cada vez que un abogado realiza una transacción con su cliente, se plantea la posibilidad de que el letrado utilice sus destrezas legales y su posición para aprovecharse del cliente, utilizando, por ejemplo, su influencia o la información confidencial obtenida para su beneficio personal.12 In re Morell Corrada y Alcover García, supra, págs. 805-806.

Este escepticismo nos lleva a escrutar acuciosamente

las transacciones entre abogados y clientes para determinar

si se tratan de transacciones utilizadas por abogados que

aprovechan su posición para elaborar esquemas para su

propio beneficio y contra los intereses de sus clientes.

Morell Corrada y Alcover García, supra, pág. 818-819. En el

12 Nótese que nuestra preocupación no se limita a la divulgación o uso de información confidencial. CP-2003-21 24

pasado hemos condenado el que los abogados tomen ventaja de

su posición para beneficiarse económicamente. In re Torres

Viera, supra. In re Pizarro Santiago, 117 D.P.R. 197

(1986). En Nassar Rizek, supra, pág. 375, pusimos de

manifiesto la fuerza permanente que de ordinario genera el

abogado frente a su cliente. Los principios éticos de

lealtad, decoro, dignidad e integridad profesional del

abogado prohíben que éste se aproveche de esa posición.

Lo anterior es particularmente cierto cuando el

cliente es una entidad gubernamental. Hemos declarado que:

Pocas cosas son tan destructivas de la integridad gubernamental y de la confianza pública en los abogados y en las instituciones de gobierno que la explotación real o aparente de la relación profesional con algún ente del Estado para fines personales. In re Toro Cubergé supra, pág. 536. (Énfasis en el original.)

Ante un cuadro como el del caso de autos, debemos

reiterar que este Tribunal reprocha la aparente, posible o

real explotación de la relación profesional con una entidad

pública para beneficios personales. In re Morell Corrada y

Alcover García supra, pág. 822. Cuando un abogado que

labora para una agencia gubernamental utiliza la

información e influencias de su posición para desarrollar

una relación lucrativa con su cliente, se pone en

entredicho la transparencia que debe caracterizar la

ejecutoria gubernamental en una democracia. Los abogados

que representan al interés público tienen la

responsabilidad de evitar que su criterio profesional pueda

ser afectado por intereses personales. In re Morell Corrada CP-2003-21 25

y Alcover García, supra, pág. 822. Nuestras pasadas

expresiones han puntualizado la vulnerabilidad que

caracteriza a esta singular relación abogado-cliente.

…los abogados deben ser particularmente cuidadosos en sus labores profesionales y en su relación con la cosa pública, además de ser siempre conscientes de que la fe en la Justicia es uno de los factores determinantes sobre los cuales descansa la convivencia social. In re Toro Cubergé, supra, 535- 536 (1996).

Precisamente, en In re Toro Cubergé, supra, págs. 532-

533, y en In re Morell Corrada y Alcover García, supra,

pág. 807, abordamos este asunto en el contexto de

transacciones de negocio entre el abogado y una entidad

gubernamental. La norma que allí establecimos va dirigida a

prohibir, de ordinario, las transacciones comerciales entre

un abogado y su cliente, cuando éstas tienen el potencial

de afectar el juicio profesional independiente del abogado

o cuando éstas puedan diluir el deber de lealtad y

fidelidad que se le debe al cliente. En ambas ocasiones

reconocimos que el conflicto de interés puede surgir, no

negocio, sino incluso por virtud de una transacción

comercial entre un cliente y una corporación en la que el

abogado tuviese un interés o con la que estuviese

relacionada.13

13La ficción legal que tipifica la corporación como persona jurídica distinta de sus accionistas… no [es suficiente] para satisfacer la norma sobre incompatibilidad… La ética es una en su integridad, indemne al fraccionamiento que en ley separa la corporación de su accionista. In re Cancio Sifre, 106 D.P.R. 386, 398 (1977). CP-2003-21 26

El problema central en dichos casos radicó en que los

abogados nunca le divulgaron a las agencias respectivas que

estaban involucrados en las transacciones de negocios de

los entes corporativos con los cuales las agencias

contrataron y en que las agencias no tuvieron la

oportunidad de asesorarse independientemente. In re Toro

Cubergé, supra, pág. 534; En atención a esto, adoptamos lo

dispuesto por la American Bar Association en sus reglas

modelo de conducta y establecimos los requisitos con los

cuales debe cumplir un abogado para orientar debidamente a

su cliente, permitirle analizar cabalmente la transacción y

brindarle la libertad necesaria para determinar si accede a

la misma. Si bien consideramos que éstos requisitos evitan

la desinformación del cliente y garantizan su libertad de

contratación, en In re Morell Corrada y Alcover Gracía,

supra, aclaramos que las pautas establecidas no son

meramente requisitos pro forma. Por eso entiendo que el

cumplimiento de los requisitos pautados en In re Morell

Corrada, supra, no puede evaluarse en abstracto. Por el

contrario, debemos ubicarlos en el contexto amplio de

nuestro ordenamiento deontológico, pues a fin de cuentas la

ética es una en su integridad, In re Cancio Sifre, supra,

pág. 398. Lo anterior es particularmente cierto cuando se

refiere a la importancia de evitar la apariencia de

impropiedad y conflicto en la relación entre el abogado y

su cliente cuando éste es una entidad pública. CP-2003-21 27

La naturaleza particular de los hechos que confrontamos

en In re Toro Cubergé, supra e In re Morell Corrada y

Alcover Gracía, supra, no nos requirió indagar en las

distintas implicaciones de una transacción de negocios

entre un abogado y un cliente privado, y las transacciones

entre un abogado y su cliente cuando éste es una

instrumentalidad pública. El cliente del abogado que es

contratado por el gobierno es, en esencia, el interés

público. Por eso, en esa situación, los intereses envueltos

tienen una envergadura que va más allá de los confines de

la dirección de turno de la agencia. Cuando la transacción

es puramente privada, los requisitos de divulgación y

asesoramiento independiente subsanan cualquier desigualdad

de información que pueda haber entre el abogado y su

cliente. Pero cuando los intereses públicos están de por

medio, la apariencia se torna imperante pues lo que está de

por medio es la legitimidad misma de nuestro ordenamiento

político. El mero cumplimiento de los requisitos

jurisprudenciales antes expuestos no rectifica, ante la

ciudadanía, la posible sospecha de conducta antiética, por

lo que el abogado debe tomar medidas adicionales para

mantener la consabida confianza del público en sus

instituciones.14 En fin, los requisitos establecidos por la

14 A manera de guía, podemos establecer una analogía entre los mecanismos que debe seguir el abogado que representa al Gobierno y las protecciones que la Asamblea Legislativa ha elaborado en la Ley de ética gubernamental para mantener una apariencia de conducta ética. En sus artículos 3.3 y 3.7, dicha Ley establece unos períodos de tiempo como medidas profilácticas para evitar el posible conflicto de CP-2003-21 28

A.B.A., según mi criterio, no deben aplicarse

indistintamente, sino de acuerdo a los intereses

involucrados.15

Por otra parte, al interpretar el alcance del Canon 21

en cuanto concierne a la relación abogado cliente, hemos

dejado claro que en nuestro ordenamiento jurídico, “la

autonomía del cliente no se extiende al punto de permitirle

que acepte mediante la manifestación de su consentimiento

voluntario e informado, la representación legal cuando

existe alguna posibilidad de conflicto de intereses.

Nuestro Canon 21 lo prohíbe expresamente.” In re Carreras

y Suárez, supra, pág. 793.

Además, el Canon 26, que versa sobre los derechos y

limitaciones en la relación con los clientes dispone que:

Ningún abogado está obligado a representar a determinado cliente y es su derecho el aceptar o rechazar una representación profesional…El abogado debe obedecer siempre a su propia conciencia y no la de su cliente. (Énfasis nuestro.)

En Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360, 369-370

(1989) abundamos sobre la naturaleza del contrato entre el

abogado y el cliente, y a la luz de la doctrina vigente

explicamos que a pesar de que el contrato de asistencia

intereses personales. Si bien no estoy proponiendo que estas disposiciones legales apliquen directamente al abogado de la práctica privada que es contratado por el gobierno para llevar a cabo determinadas funciones públicas, las mismas pueden servir de guía para los abogados en situaciones como la de autos. Véanse 3 L.P.R.A. secs. 1823 y 1827(b). 15Véase Mari Carmen Ramos de Szendrey, Conducta Profesional, 66 Rev. Jur. U.P.R. 551 (1997), en especial la discusión CP-2003-21 29

profesional de abogado es una variante del contrato de

arrendamiento de servicios plasmado en el artículo 1434 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4013, los tratadistas lo

incluyen particularmente dentro de los contratos de

prestación de servicios propios de las profesiones y de las

artes liberales:16

De acuerdo con esta visión, el arrendamiento de servicios de una profesión liberal es aquel donde un profesional pone a disposición de la persona una actividad intelectual o técnica retribuida. Su característica principal es la forma autónoma e independiente en que el profesional, poseedor del título habilitante, la ejerce.17 (Énfasis nuestro.)

En consideración a esto y al hecho de que “la relación

entre abogado y cliente responde en gran medida a las

inexorables exigencias éticas, muy particulares de esta

profesión”, hemos declarado que el contrato de servicios

profesionales de abogado constituye un contrato de

naturaleza sui generis. López de Victoria v. Rodríguez, 113

D.P.R. 265, 268 (1982).18 De manera que:

que la autora expone en las páginas 566-576 sobre las implicaciones del caso de In re Toro Cubergé, supra. 16Para formular nuestra postura, nos nutrimos del trabajo de J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, Madrid, Ed. Reus, 1985, T. 4, pág. 466; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. 2, pág. 430; M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1986, T. XX, Vol. 2, pág. 1 et seq.; M. Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. 1, pág. 281. 17M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op cit, pág. 27. 18En cuanto a la influencia de la ética en la relación contractual del abogado y su cliente dijimos que: CP-2003-21 30

Es definitivamente cierto que estos valores éticos operan como elementos limitantes a la voluntad de los contratantes. En este sentido, queda cualificado el principio de libertad y autonomía de las partes consagrado en el Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372, respecto de que éstas puedan realizar cualquier convenio siempre y cuando sea conforme a la ley, a la moral y al orden público. En el contexto de la relación abogado-cliente, el aspecto moral que restringe la libertad de contratación es un poco más sensitivo y abarcador… Esta serie de comportamientos particulares existe en cualquier etapa de la relación abogado-cliente. Nassar Rizek v. Hernández, supra, págs. 369-370.

Como dijéramos en In re Bonilla Rodríguez, supra, pág.

697-698, no podemos permitir el menoscabo al cumplimiento

riguroso de los Cánones de ética al condonar la conducta

del abogado bajo la tesis de que su cliente le mantiene

confianza, pues renunciaríamos y entregaríamos la

jurisdicción disciplinaria de este foro a criterios

individuales, sabios o no, sacrificando intereses públicos

de alta calidad.

El querellado, anticipando nuestra aplicación de las

doctrinas de In re Toro Cubergé, supra, e In re Morrell

Corrada y Alcover García, supra, alega que cumplió con los

El contrato se encuentra inmerso en normas deontológicas [que] impregnan la relación contractual en abono de un interés público superior que puede trascender el interés exclusivo de las partes. Como observa acertadamente Adolfo E. Parry, las leyes reglamentarias de la profesión de abogado 'participan del carácter de las de orden público, desde que reposan en concepciones consideradas por el Legislador como esenciales a la existencia de la sociedad: garantizar... la competencia y probidad de un servicio público auxiliar de la administración de la justicia'. Ética de la Abogacía, Buenos Aires, Ed. Jurídica Argentina, 1940, T. 1, pág. 16. Nassar Rizek v. Hernández, supra, págs. 369-370. CP-2003-21 31

cánones de ética profesional y con la jurisprudencia

interpretativa, pues no utilizó información confidencial de

la ADS; divulgó en todo momento la existencia de intereses

personales en la transacción; la ADS contó con asesoría

legal independiente; y la ADS se benefició de una

transacción que no fue injusta ni irrazonable. En efecto el

Comisionado Especial reconoció que así fue. No obstante,

concluyó, a mi entender correctamente, que el mero

cumplimiento con las doctrinas de Toro, supra, y Morell,

supra, no fue suficiente.

No podemos pasar por alto el hecho de que el

querellado era socio administrador y propietario del Bufete

que fungió como representante legal de una agencia

gubernamental, la ADS, y que desde que el Bufete comenzó su

contrato de servicios profesionales el querellado comenzó a

elaborar un esquema corporativo para lucrarse de las

necesidades de su cliente (el Plan), basado en el

conocimiento obtenido por razón de esa relación

profesional. El querellado se encontraba, sin dudas, en

una posición ventajosa para diseñar una entidad que

cumpliera a cabalidad con las necesidades de su cliente.

Desde antes de la adjudicación del contrato, ya el

querellado utilizaba sus influencias como representante

legal de la ADS para promover dentro de las altas esferas

del gobierno el esquema corporativo que diseñaba.

Inclusive, durante su incumbencia como representante legal

de la ADS, formó parte de un comité interno de la agencia CP-2003-21 32

que se encargaría de garantizar la continuidad y

consistencia en la implementación del Plan. Además, el

querellado y el personal de su Bufete se reunieron en

varias ocasiones con la ADS para discutir los pormenores

del Plan y un modelo del contrato que debía firmarse entre

la ADS y la entidad que fuera contratada para implementar

el Plan. Posteriormente, el Bufete y la ADS celebraron

reuniones para viabilizar la propuesta de trabajo que

sometió el consorcio del querellado, quien era accionista

mayoritario del mismo.

El potencial conflicto de intereses era tan aparente

que la misma ADS sugirió que se contratara un abogado

externo para negociar los términos del contrato y que el

Bufete renunciara a la representación legal directa, pues

era a la vez asesor legal de la ADS y parte del consorcio.

A pesar de que el Bufete en efecto renunció a la

representación legal directa, la asumió indirectamente

mediante subcontrato a través de PRIME. Además, consta en

los hechos que el querellado no se abstuvo de participar en

el proceso de contratación y negoció importantes cláusulas

sobre partidas económicas y servicios. El querellado

participó en el proceso de facturación y fue miembro de la

Junta de Directores de PRIME. Además de sus dividendos como

accionista mayoritario, el querellado devengaba un sueldo y

estipendios para gastos de automóvil y misceláneos. Todo

esto apunta a que el querellado no mantuvo la distancia

necesaria entre su persona como propietario del Bufete y CP-2003-21 33

propietario de PRIME y su persona como representante legal

subcontratado de la ADS, para no dar margen a sospechas de

Su lealtad quedó fraccionada entre los múltiples roles

que desempeñaba. Como miembro del directorio de PRIME, le

debía lealtad a ésta y a sus accionistas; como accionista

mayoritario de dicha corporación se lucraba personalmente;

como socio propietario y administrador del Bufete, prometió

lealtad a PRIME y como subcontratista y componente del

consorcio, pactó completa lealtad a la ADS. Es

indudablemente aparente la potencialidad de un conflicto de

intereses.

El hecho de que el querellado no hubiera divulgado

secretos y confidencias no era justificación para asumir

una representación legal posiblemente conflictiva. Ya hemos

dicho que un abogado no puede salvar el conflicto de

intereses aduciendo como justificación que no habrá de

utilizar las confidencias o secretos de un cliente en

perjuicio de éste. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas,

supra, pág. 784. Tampoco exime al querellado de

responsabilidad el hecho de que la información de la ADS no

fuera confidencial, pues la información la recibió de

primera mano por ser el asesor legal de dicha agencia, lo

que como mínimo crea la apariencia de que se aprovechó de

su posición para ejercer influencias y crear un consorcio a

la medida de las necesidades de la ADS. Esta apariencia

aporta al detrimento de la confianza de la ciudadanía en su CP-2003-21 34

Gobierno y en nuestro ordenamiento jurídico. Avalar esta

conducta lesiona de igual manera la confianza del público

en nuestra ejecutoria.

Tampoco libera de responsabilidad al querellado el

haber cumplido con su deber de divulgar al cliente las

circunstancias de su relación como requiere la doctrina

adoptada en In re Morell Alcover, supra. El abogado es

dueño de su propia conciencia y es su deber indelegable

cumplir con los Cánones de su profesión. Como indiqué

anteriormente, la jurisprudencia es clara al establecer que

la autonomía de la libertad en materia de contrato de

servicios profesionales entre abogado y cliente, esta

ceñida por la deontología. Cuando el gobierno es el

cliente, el abogado debe ir más allá del cumplimiento pro

forma de unos requisitos jurisprudenciales, y debe evaluar

si el acto que pretende llevar a acabo lleva consigo la

apariencia de impropiedad.19 Un cliente no puede consentir a

que su representante lesione los postulados que rigen su

profesión y actúe de manera aparentemente impropia.

Este Tribunal ha desaprovechado la oportunidad que le

brinda este caso para interpretar el Canon 21 en el

contexto de contratos con entidades gubernamentales.

19Hay jurisdicciones estatales en Estados Unidos que han concluido que cuando el interés público está involucrado, un abogado no puede representar al cliente cuando hay conflicto de intereses, aun cuando éste consienta. In re A and B, 209 A.2d 101 (1965); Graf v. Frame, 352 S.E.2d 31 (1986); State ex rel. Morgan Stanley & Co., Inc. v. MacQueen, 416 S.E.2d 55 (1992); Ahto v. Weaver, 189 A.2d 27 (1963); City of Little Rock v. Cash, 644 S.W.2d 229 (1982). CP-2003-21 35

Aunque entiendo que en ese contexto la conducta del

querellado violó el Canon 21, no habiéndose pautado

anteriormente la naturaleza particular de ese contrato ni

las consideraciones éticas que lo rigen, aplicaría la

normativa propuesta de manera prospectiva y no penalizaría

al querellado por su incumplimiento. No obstante, de

acuerdo a los hechos expuestos y a una interpretación

conjunta de los Cánones 21 y 38, resolvería que el

querellado incurrió en conducta que creó la apariencia de

impropiedad al levantar las sospechas de un posible

conflicto de intereses, y censuraría enérgicamente al Lcdo.

Carlos Rivera Vicente por su incumplimiento con el Canon

38.

Liana Fiol Matta Jueza Asociada