EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Guillermo Rivera Báez Certiorari Peticionario 2002 TSPR 100 v. 157 DPR ____ Ana J. Jaume Andujar, en representación de Ana A. Rivera Jaume
Recurrida
Número del Caso: AC-2001-8
Fecha: 28/junio/2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional III
Juez Ponente:
Hon. Jorge L. Escribano Medina
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Oscar A. Vega Arce
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Luis M. Rivera Santana Lcdo. Miguel Sarriera Román
Materia: Impugnación de Paternidad
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Guillermo Rivera Báez
Peticionario
v. AC-2001-8 Ana N. Jaume Andujar, en representación de Ana A. Rivera Jaume
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN
San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2002
I
El 28 de junio de 1988, la Sra. Ana N. Jaume
Andujar (en adelante Sra. Jaume) en
representación de su hija Ana Aurely, presentó
una demanda jurada de filiación en contra del
Sr. Guillermo Rivera Báez (en adelante Sr.
Rivera). Alegó que sostuvo relaciones
sexuales con el Sr. Rivera durante los días 4
al 6 de julio de 1987, mientras éste se
encontraba de vacaciones en Puerto Rico, y que
posteriormente, durante ese mismo mes, ella se
trasladó al estado de Nueva York, donde pasó
unas vacaciones con el demandado y nuevamente
sostuvieron relaciones íntimas. Alegó la Sra. Jaume que producto
de dichas relaciones quedó embarazada de Ana Aurely.1
Conforme a estas alegaciones, la demandante solicitó
al tribunal que declarase a la menor hija del Sr.
Rivera, y le concediese una pensión alimentaria por
la cantidad de cien (100) dólares mensuales.
La Sra. Jaume le informó además al tribunal que
el demandado se encontraba fuera de Puerto Rico, pues
era residente del estado de Nueva York. Por esta
razón, conjuntamente con la demanda, la Sra. Jaume
solicitó del tribunal una orden para emplazar al Sr.
Rivera mediante edicto. Indicó que la dirección del
demandado era el P.O. Box 21163, Woodheaven, N.Y.
11421. El tribunal de instancia autorizó el
emplazamiento mediante edicto, de acuerdo con el
trámite que establece la Regla 4.5 de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. IV.
Copia de la demanda, la orden para emplazar
mediante edicto y del emplazamiento le fueron enviadas
al Sr. Rivera a la dirección provista por la
demandante, mediante correo certificado con acuse de
recibo, el día 17 de octubre de 1988. No obstante,
el sobre con los referidos documentos fue devuelto por
el servicio de correos el 6 de diciembre de 1988. En
él se indicó que la correspondencia no había sido
reclamada (‘unclaimed’) por el destinatario.
Así las cosas, el foro de instancia celebró vista
y dictó sentencia en rebeldía contra el demandado el
1 La niña nació el 29 de marzo de 1988. 14 de mayo de 1989. El tribunal estimó probados los
hechos alegados en la demanda de filiación.
Igualmente, estimó probadas las alegaciones de que la
Sra. Jaume no utilizó métodos anticonceptivos pues el
demandado le había dicho que no podía procrear, y que
luego de quedar embarazada la Sra. Jaume le notificó
al demandado de su estado. Éste le dijo inicialmente
que la ayudaría, pero más adelante le indicó que no
asumiría ninguna responsabilidad por la criatura.2 A
la luz de estos hechos, el tribunal declaró a la menor
hija del Sr. Rivera y ordenó su inscripción como tal
en el Registro. También le impuso una pensión
alimentaria de cien (100) dólares mensuales.
Aproximadamente ocho (8) años más tarde, el 14 de
agosto de 1997, el Sr. Rivera presentó ante el tribunal
de instancia una demanda sobre impugnación de
paternidad. Alegó que vivía en el 175-39 Dalny Road
Jamaica Estates, New York, NY, 11432; que desconocía
del nacimiento de la menor Ana Aurely hasta el día 19
de marzo de 1997, cuando recibió una comunicación del
Tribunal de Familia del estado de Nueva York en la cual
se le informó del registro de la sentencia del tribunal
de instancia de Puerto Rico que decretó el estado
filiatorio de la menor; y que, en su mejor recuerdo,
2 Estos hechos no fueron específicamente alegados en la demanda de filiación, pero sí se encuentran recogidos en la sentencia dictada por el tribunal de instancia. Entendemos que estas determinaciones debieron surgir de las declaraciones de la Sra. Jaume en la vista que celebró el foro de instancia antes de dictar sentencia. Cabe señalar que el testimonio de la Sra. Jaume fue el único vertido en dicha vista, según surge de la minuta. nunca recibió notificación de dicho procedimiento en
su contra.
El Sr. Rivera adujo además que conoció a la Sra.
Jaume en el año 1987 por medio de su hermano Samuel
Rivera, con quien ésta sostenía una relación
sentimental en aquel entonces. Como fundamento
adicional a su solicitud, indicó que formó parte de
las fuerzas armadas norteamericanas durante la guerra
de Vietnam, donde estuvo expuesto al llamado “agente
naranja”, y como consecuencia de esto había quedado
estéril, condición que prevalecía a la fecha en que
alegadamente Ana Aurely había sido concebida. Por
último, sostuvo que estaba “dispuesto a someterse a
cuantas pruebas científicas sea menester para
establecer que no es el padre de la menor Ana Aurely.”
La Sra. Jaume contestó la demanda negando todas
las alegaciones por desconocimiento. Alegó como
defensas que el Sr. Rivera conocía de la paternidad
imputada desde el 1989 y nada hizo al respecto, y que
la sentencia dictada en su contra ya era final y firme.
Se señaló una vista sobre el estado de los
procedimientos, la cual fue suspendida a petición de
las partes por no haber concluido éstas el
descubrimiento de prueba. Posteriormente, el
tribunal de instancia emitió, a solicitud de las
partes, una orden para que el servicio de correos
certificase a quién le correspondía la dirección a la
cual fue dirigida la notificación del emplazamiento
y la demanda original de filiación, y otra orden dirigida al Departamento de Veteranos, Oficina de
Regional de Nueva York, para obtener copia de los
expedientes médicos del Sr. Rivera, con miras a
aclarar su alegación de ser estéril.
Así las cosas, el 7 de abril de 2000, la Sra. Jaume
radicó una “Moción Informativa” juramentada, en la
cual solicitó la desestimación de la acción presentada
por el Sr. Rivera. Fundamentó su solicitud en que el
emplazamiento en el caso de filiación se hizo conforme
al trámite establecido en la Regla 4.5 de
Procedimiento Civil, supra, notificándose el mismo a
la última dirección conocida del demandado, el P.O.
Box 21163, Woodheaven, NY, 11421. Sostuvo que
conocía personalmente dicha dirección ya que era la
utilizada por la hermana del demandado para enviarle
correspondencia, y que ésta había mantenido al Sr.
Rivera enterado de la situación y del nacimiento de
la niña. Alegó la Sra. Jaume que por haber estado
enterado el aquí peticionario del nacimiento de la
menor, y haber sido emplazado y notificado conforme
a derecho, comenzaron a decursar los términos de
caducidad de tres (3) y seis (6) meses dispuestos en
el Art. 117 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 465, para
radicar una demanda de impugnación de paternidad, por
lo que solicitó la desestimación de la demanda
presentada por el Sr. Rivera.
El Sr. Rivera se opuso a esta moción de
desestimación, señalando que el emplazamiento fue
defectuoso pues se notificó el mismo a una dirección postal que no le constaba de propio conocimiento a la
demandante. Adujo además, que según la Regla 4.5, la
notificación del emplazamiento mediante edictos debe
ser enviada a una dirección residencial y no a una
postal. Indicó también que, como cuestión de hecho,
la copia del emplazamiento y de la demanda enviada a
la dirección que la Sra. Jaume le proveyó al tribunal
de instancia, le fue devuelta por el servicio postal
sin haber sido reclamada, por tanto el tribunal local
nunca adquirió jurisdicción sobre su persona. Por
último, señaló que “ni durante el año 1988, ni antes
del 19 de marzo de 1997 el aquí demandante recibió
notificación alguna de hija ni del procedimiento de
filiación seguido en Puerto Rico.”
El tribunal de instancia acogió la moción
presentada por la Sra. Jaume como una solicitud de
sentencia sumaria, y procedió a desestimar
sumariamente la acción presentada por el Sr. Rivera.
El tribunal determinó que el Sr. Rivera fue emplazado
conforme a derecho, y que por tanto la acción de
impugnación de paternidad había caducado.
Inconforme, el Sr. Rivera solicitó revisión ante
el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante
Tribunal de Circuito). Dicho foro confirmó el
dictamen del tribunal de instancia. Determinó que lo
verdaderamente crucial en el emplazamiento mediante
edictos es que se envíe la notificación a la última
dirección conocida en el lugar donde la persona haya
residido, o sea, algún estado o ciudad. Esta dirección puede ser una dirección postal, sin que sea
requisito que la notificación se envíe a la dirección
residencial del demandado. Conforme a esto, el foro
apelativo intermedio concluyó que el emplazamiento de
autos fue hecho conforme a derecho, por lo que desde
el momento de la notificación comenzó a decursar el
término de caducidad establecido en el Art. 117 del
Código Civil, supra para la acción de impugnación de
paternidad, término que ya había transcurrido al
momento en que el Sr. Rivera presentó la demanda.
Aún inconforme, el Sr. Rivera recurrió ante nos
mediante recurso de apelación. Alegó esencialmente
que el tribunal local nunca adquirió jurisdicción
sobre su persona, que la acción de impugnación de
paternidad no había caducado, y que el tribunal de
instancia no debió haber dispuesto del caso mediante
sentencia sumaria cuando la prueba en el expediente
demostraba que existían controversias fundamentales
de hechos.
Acordamos revisar y expedimos el recurso,
acogiéndolo como certiorari por ser el apropiado.
Ambas partes han presentado sus alegatos y con el
beneficio de sus argumentos resolvemos.
II
De entrada, se hace imperioso que aclaremos la
cuestión relativa al Art. 117 del Código Civil y la aplicación de los términos establecidos en el mismo
a la situación de autos.
El Art. 117 del Código Civil dispone que:
La acción para impugnar la legitimidad del hijo deberá ejercitarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la inscripción del nacimiento en el registro si el marido se hallare en Puerto Rico, y de los seis (6) meses si estuviere fuera de Puerto Rico, a contar desde que tuvo conocimiento del matrimonio.
Según hemos establecido, los términos dispuestos
en este artículo son de caducidad y no de prescripción.
Santiago Ojeda v. Cruz Maldonado, 109 D.P.R. 143
(1979). Esto significa que si no se ejercita la
acción de impugnación dentro de ese término, se
extingue el derecho a la misma.
Sin embargo, resulta de fundamental importancia
que aclaremos un aspecto crucial respecto a la acción
de impugnación de paternidad y la aplicación de sus
referidos términos de caducidad. Según los
pronunciamientos de este Tribunal en Calo v.
Cartagena, 129 D.P.R. 102 (1991) y Almodóvar v.
Méndez, 125 D.P.R. 218 (1990), los términos dispuestos
en el citado Art. 117 son de aplicación en dos (2)
casos: cuando se trata de una acción para impugnar la
paternidad sobre un menor cuya filiación paterna surge
directamente del hecho del matrimonio,3 o cuando se
3 Esta acción puede ser llevada por el marido que impugna la presunción de paternidad procedente del matrimonio, o cuando dicha paternidad es impugnada por el que alega ser el verdadero padre biológico, o cuando es la madre del hijo nacido dentro del matrimonio quien impugna la paternidad del esposo. pretende impugnar el reconocimiento voluntario de un
hijo nacido fuera del matrimonio.
Así pues, no cabe hablar del Art. 117 ni de sus
términos de caducidad cuando se trata de una acción
para establecer la no paternidad sobre un hijo cuya
filiación paterna se ha determinado mediante
sentencia, ni en casos en los cuales se pretende atacar
colateralmente la sentencia que decretó la filiación
paterna.
Cuando se trata de un hijo nacido fuera del
matrimonio que no ha sido reconocido voluntariamente
por su padre, la filiación paterna puede conseguirse
por medio de una demanda de filiación, tal como hizo
la Sra. Jaume en el caso de autos. En el curso normal
de estas demandas, las partes tienen la oportunidad
de presentar su mejor evidencia para establecer la
paternidad o la no paternidad sobre el menor
concernido. La parte que no esté conforme con el
decreto final de filiación podrá recurrir de dicha
sentencia ante los foros apelativos correspondientes.
Ahora bien, en el caso específico ante nuestra
consideración, la sentencia que estableció la
filiación de la menor Ana Aurely fue dictada en
rebeldía. La parte demandada, el Sr. Rivera, nunca
se personó al tribunal, ni compareció mediante moción,
ni presentó prueba para establecer la no paternidad.
Tampoco solicitó revisión de la sentencia que lo
declaró padre de la niña. No es hasta varios años mas
tarde que el Sr. Rivera comparece al tribunal impugnando la validez de la sentencia dictada por el
foro de instancia por alegada falta de jurisdicción
sobre su persona, y atacando el estado filiatorio de
la menor.
A la luz de los hechos y el derecho que hasta ahora
hemos expuesto, erraron tanto el tribunal de instancia
como el de Circuito al considerar esta acción como una
de impugnación de paternidad y desestimar la misma
aplicando los términos de caducidad propios de dicha
acción. De acuerdo a lo que señaláramos
anteriormente, los términos de caducidad dispuesto en
el Art.117 no son de aplicación a este caso, pues el
Sr. Rivera y la Sra. Jaume no estaban casados al
momento del nacimiento de la menor Ana Aurely, y como
cuestión de hecho, nunca ha existido un vínculo
matrimonial entre éstos. El Sr. Rivera tampoco ha
reconocido voluntariamente a la menor.
Sin embargo, nuestro ordenamiento procesal civil
le provee a una parte que pretende atacar la validez
de un dictamen en circunstancias como la de autos dos
(2) mecanismos procesales de fundamental importancia:
(1) la moción de relevo de sentencia bajo la Regla
49.2(4) de Procedimiento Civil o (2) el pleito
independiente de nulidad de sentencia. Corresponde
pues que analicemos si la acción presentada por el Sr.
Rivera puede ser considerada bajo alguno de estos dos
mecanismos.
III La Regla 49.2(4) provee un vehículo procesal para
que una parte pueda solicitar el relevo de una
sentencia en su contra, por alguna de las causales que
la propia regla dispone, 4 siempre y cuando dicha
acción se presente dentro de los seis (6) meses de
haberse registrado la sentencia. No obstante, aun
después de transcurrido el referido término de seis
(6) meses, la propia regla reconoce el poder de un
tribunal para conocer de un pleito independiente con
el propósito de relevar a una parte de una sentencia,
orden o procedimiento; conceder un remedio a una parte
que en realidad no hubiese sido emplazada; y dejar sin
efecto una sentencia por motivo de fraude al tribunal.
Regla 49.2, supra. Véase además, Figueroa v. Banco
de San Juan, 108 D.P.R. 680, 688 (1979). (Énfasis
suplido.)
Generalmente, este tipo de acción se admite
cuando la sentencia es nula, ya que ésta es
inexistente. Lo anterior se manifiesta, entre otras
ocasiones, cuando la sentencia se ha dictado sin
jurisdicción sobre la materia o las partes en un
pleito. También hemos considerado, en el contexto de
la Regla 49.2, que una sentencia es nula cuando el
4 En términos generales, estas causales son: (1) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusables; (2) descubrimiento de prueba esencial; (3) fraude, falsa representación u otro tipo de conducta impropia de la parte contraria; (4) nulidad de sentencia; (5) sentencia satisfecha, cumplida o renunciada; (6) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio. tribunal ha actuado de una manera inconsistente con
el debido procedimiento de ley. Véase E.L.A. v.
Tribunal Superior, 80 D.P.R. 692 (1962). (Énfasis
No obstante, el reconocimiento de esta acción no
es llave maestra para dejar sin efecto sentencias
válidamente dictadas. La reserva de derecho de la
acción independiente está predicada en la justicia
fundamental de la reclamación. Véase Alicea Álvarez
v. Valle Bello, 111 D.P.R. 847, 853 (1982). El
esquema amplio y abarcador de remedios que provee la
Regla 49.2 reduce considerablemente el ejercicio de
esta acción independiente a los casos en que ha
transcurrido el término fatal de seis meses y las
circunstancias sean de tal índole que el tribunal
pueda razonablemente concluir que mantener la
sentencia constituiría una grave injusticia contra
una parte que no ha sido negligente en el trámite de
su caso y que, además, tiene una buena defensa en los
méritos. Figueroa v. Banco de San Juan, supra, pág.
689.
Al analizar las alegaciones del Sr. Rivera tanto
en la demandada presentada por éste como en su
oposición a la desestimación presentada por la madre
de la menor, en las cuales hace señalamientos
específicos a los efectos de que el tribunal nunca
adquirió jurisdicción sobre su persona, encontramos
que la acción del Sr. Rivera puede catalogarse
correctamente como una de relevo de sentencia por el fundamento de falta de jurisdicción. Por tanto, es
necesario que analicemos las alegaciones del Sr.
Rivera a los efectos de que no fue emplazado conforme
a derecho. Veamos.
IV
El emplazamiento es el mecanismo procesal de
notificación que se utiliza para que un tribunal pueda
adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado,
de forma tal que éste quede obligado por el dictamen
que finalmente se emita. Su propósito principal es
notificar al demandado, a grandes rasgos, de que se
ha instado una acción judicial en su contra, para así
garantizarle su derecho a ser oído y defenderse si así
lo desea. Por esta razón, los requisitos para el
emplazamiento deben cumplirse estrictamente. Véase,
Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137 (1997); Bco.
Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 D.P.R. 760,
763 (1994). Es mediante el emplazamiento que se
adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado.
First Bank v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 912
(1998).
Las Reglas de Procedimiento Civil establecen dos
maneras para diligenciar el emplazamiento: de forma
personal o por edictos. En este caso nos ocupa el
emplazamiento mediante edicto, el cual está regulado
por la Regla 4.5 de Procedimiento Civil. En lo
pertinente, esta regla dispone lo siguiente: Cuando la persona a ser emplazada estuviere fuera de Puerto Rico, o estando en Puerto Rico, no pudiere ser localizada, o se ocultare para no ser emplazada, o si fuere corporación extranjera sin agente residente, y así se comprobare a satisfacción del tribunal mediante declaración jurada, con expresión de dichas diligencias y apareciere también de dicha declaración, o de la demanda jurada presentada, que existe una reclamación que justifica la concesión de algún remedio contra la persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden disponiendo que el emplazamiento se haga por edicto....
La orden dispondrá que la publicación se haga una sola vez en un periódico de circulación diaria general en la Isla de Puerto Rico. La orden dispondrá, además, que dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del edicto, se le dirija al demandado una copia del emplazamiento y de la demanda presentada, por correo certificado con acuse de recibo o cualquiera otra forma de servicio de entrega de correspondencia con acuse de recibo... al lugar de su última residencia conocida, a no ser que se justifique mediante declaración jurada que a pesar de los esfuerzos realizados, con expresión de éstos, no ha sido posible localizar residencia alguna conocida del demandando, en cuyo caso el tribunal excusará el cumplimiento de esta disposición. (Énfasis suplido.)
De una lectura de la disposición citada, se
desprende que el emplazamiento mediante edictos está
contemplado para cuatro (4) situaciones específicas:
(1) cuando la persona a ser emplazada se haya fuera
de Puerto Rico; (2) cuando la persona a ser emplazada,
aunque se encuentre en Puerto Rico, no puede ser
localizada; (3) cuando la persona a ser emplazada,
estando en Puerto Rico, se oculta para no ser emplazada; y (4) cuando se trata de una corporación
extranjera sin agente residente.
En casos en que el demandado se encuentre fuera
de Puerto Rico y la parte demandante ignora la
dirección del demandado fuera de Puerto Rico, se exige
prueba de las diligencias específicas para localizar
al demandado antes de expedir el emplazamiento por
edicto y relevar al demandante del envío por correo
de los documentos pertinentes. Por el contrario,
cuando el demandado se encuentra fuera de Puerto Rico,
y al demandante le consta el lugar específico donde
éste se encuentra y así lo informa al tribunal, no se
requiere la comprobación de diligencias vigorosas y
honesto esfuerzo para citarle personalmente, 5 y es
compulsorio el envío por correo certificado con acuse
de recibo de la copia de la demanda, la orden para
emplazar por edictos y el edicto mismo.
En estas circunstancias, la Regla 4.5 exige que
dichos documentos sean enviados al lugar de la última
residencia conocida del demandado. El significado y
alcance de este requisito fue interpretado por este
Tribunal en Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93
(1986). Allí adoptamos el criterio que siguiera el
Tribunal de Ohio en el caso de Evans v. Galloway, 701
P.2d 659, 661 (1985), donde se señaló que:
[W]e are inclined to follow those courts which have held that, for persons engaged in actionable conduct who subsequently move leaving no forwarding
5 Véase, José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I, Ed. 2000, pág. 175. address by which their whereabouts may be determined, service of summons by publication in a newspaper of general circulation in the area, and a mailing of copies of the summons and complaint to that party's last known address is reasonably calculated under all the circumstances to apprise that party of the pendency of an action.
Así pues, el criterio adoptado por este Tribunal
es a los efectos de que se cumple con el requisito de
notificación al lugar de la última residencia conocida
del demandado si dicha notificación se envía a una
dirección que esté razonablemente calculada, dentro
de las circunstancias particulares del caso, para
darle aviso a la parte contraria de la reclamación que
se ha presentado en su contra. Rodríguez v.
Nasrallah, supra, pág. 102.
De lo anterior se desprende que nada en la Regla
4.5 exige, como alega el aquí peticionario, que la
notificación de la demanda y del emplazamiento por
edicto a una persona que se encuentre fuera de Puerto
Rico tenga que ser enviado única y exclusivamente a
una dirección residencial. Del texto mismo de la
Regla 4.5 y su jurisprudencia interpretativa surge que
el requisito esencial con relación a la dirección
donde se dirija la notificación es que dicha dirección
sea una en el lugar, o sea, ciudad, estado o país, donde
haya ubicado la última residencia conocida del
demandado, y que la misma tenga una posibilidad
razonable, dentro de las circunstancias particulares
del caso, de informar al demandado de la reclamación
en su contra. Lógicamente, esa dirección puede ser una dirección postal dentro del último lugar de
residencia conocida del demandado, siempre que se
pruebe a satisfacción del tribunal que el envío de la
notificación de la demanda y el emplazamiento a esa
dirección razonablemente le informará al demandado de
la reclamación en su contra.
A la luz de lo expuesto, debemos concluir que el
mero hecho de que se haya notificado el emplazamiento
por edictos a una dirección postal en el estado donde
residía el demandado, Nueva York, no anula, sin más,
el emplazamiento hecho en este caso. Una dirección
postal puede cumplir perfectamente con el requisito
de razonabilidad establecido en Rodríguez v.
Nasrallah, supra. Por lo tanto, concluimos que el
emplazamiento hecho al Sr. Rivera no es nulo por
haberse enviado copia del mismo a una dirección
postal.
Esta determinación, sin embargo, no dispone de
la controversia ante nos. Aun cuando entendemos que
es inmeritorio el planteamiento del peticionario a los
efectos de que el emplazamiento es nulo por haber sido
enviada la notificación a una dirección postal y no
a una dirección residencial, no podemos ignorar las
alegaciones de éste a los efectos de que la
notificación de dicho emplazamiento y de la demanda
de filiación le fue devuelta por el servicio de correos
a la parte demandante, ya que la correspondencia no
fue reclamada. De hecho, consta en el expediente
copia de la carátula del sobre certificado en el cual se le envió al Sr. Rivera copia de la demanda y del
emplazamiento a la dirección provista por la Sra.
Jaume, y del mismo surge que dicha correspondencia fue
devuelta por la oficina de correos a la remitente.
Esta información le constaba al tribunal de instancia
desde antes de que dicho foro dictara la sentencia que
declaró al Sr. Rivera como padre de la menor.
Esta realidad no puede tomarse livianamente. El
emplazamiento es un trámite medular para el
cumplimiento con el debido procedimiento de ley de un
demandado, y afecta directamente la jurisdicción del
tribunal.
Debemos evaluar pues qué consecuencias tiene, si
alguna, el hecho de que, autorizado y realizado un
emplazamiento mediante edictos, la correspondencia
conteniendo los documentos relacionados con dicho
emplazamiento le sea devuelta por el servicio postal
a la parte demandante por no haber sido reclamada por
el destinatario en la dirección que la parte
demandante le proveyera al tribunal.
V
La controversia que nos ocupa es una cuestión
novel en nuestra jurisdicción. No obstante, un
análisis de la jurisprudencia norteamericana
relacionada nos puede ayudar a arrojar luz sobre tan
delicado asunto. De entrada, está firmemente establecido en la
jurisprudencia federal que en casos en que se permite
un emplazamiento distinto al emplazamiento personal,
entiéndase, mediante correo certificado o por
edictos, no es necesario que el demandado reciba
físicamente los documentos relacionados con el
emplazamiento. A estos efectos se ha establecido que
“actual receipt of process is not the test either under
due process or the full faith and credit clause.”
Polanski v. Richardson, 351 F.Supp. 1066 (1972);
Atherton v. Atherton, 181 U.S. 155 (1901). “Actual
notice to a defendant without proper service is not
sufficient to convey upon court jurisdiction to render
a default judgment against him.” Pittman v. Trenton
Energy Corp., 842 F.Supp. 918, 922 (1994).
El criterio utilizado para determinar la validez
del emplazamiento es que el método que se utilice sea
uno que razonablemente informe al demandado sobre la
pendencia de una reclamación en su contra. Mullane
v. Central Hanover Bank & Trust Co., 339 U.S. 306
(1950); Rodríguez v. Nasrallah, supra. Entre estos
mecanismos se encuentra el emplazamiento mediante la
publicación de edictos.
La mayor parte de las jurisdicciones que, como
Puerto Rico, permiten este tipo de emplazamiento,
requieren que copia del emplazamiento y la demanda se
envíen mediante correo a la parte demandada. Dicho
requisito ha sido interpretado estrictamente. Así,
en Brady v. Brauer, 529 A.2d 159 (1987), el tribunal determinó que no se adquirió jurisdicción sobre la
persona del demandado, emplazado mediante edictos,
cuando el envío por correo de copia del emplazamiento
y la demanda se hizo a la última dirección conocida
del demandado en el estado de la Florida, y la parte
demandante tenía conocimiento de que el demandado
vivía en el estado de Massachussets, además del hecho
de que un primer intento de emplazar al demandado
mediante correo certificado a esa misma dirección
había resultado infructuoso. También se ha
interpretado que cuando la dirección que se ofreció
en la declaración jurada para autorizar el
emplazamiento mediante edicto ya no es la dirección
del demandado, se requiere del demandante un esfuerzo
razonable para encontrar una dirección correcta donde
la notificación pueda ser enviada. Board of County
Comissioners v. Knight, 574 P.2d 575, 579 (1978).6 En
ese caso, se trataba de una demandada emplazada
mediante edictos a la cual simplemente no se le envió
notificación de la demanda y del emplazamiento. No
obstante, el tribunal expresó que: “[H]ad the
publication notice been mailed to Mrs. Knight at the
address given in the affidavit and returned
undeliverable by the postal service, then due process
would require a reasonable effort made by the county
6 If the party is no longer at the address listed [in the affidavit of publication] then Mullane, supra, requires the affiant to make reasonable efforts to find a correct address to which notice can be mailed. to give such notice as could reasonably be calculated
to reach her.”
Igualmente, la jurisprudencia estatal y federal
ha atendido varias controversias relativas a qué
sucede cuando un emplazamiento enviado por correo
certificado es devuelto por el servicio postal sin
haber sido reclamado (“unclaimed”). Aunque esta
jurisprudencia no se refiere específicamente al
emplazamiento mediante edictos, sino a una forma de
emplazamiento mediante correo regular que es
permitida por algunos estados, el razonamiento que han
seguido los tribunales en ese contexto es ilustrativo
para tratar el asunto que aquí nos ocupa.
Así, intepretando la Regla de Procedimiento
Civil del estado de Pennsylvania que permite el
emplazamiento mediante correo regular, el tribunal de
distrito resolvió en Kucher v. Fisher, 167 F.R.D. 397
(1996), que: “A notation by the postal authorities
that certified mail went “unclaimed” rather that
“refused” is generally insufficient to satisfy the
requirements of service by ordinary mail... Unlike
refusal, which is intentional, a failure to claim does
not alone give raise to the implication that the
defendant has deliberately sought to avoid process.”
Id, pág. 399.7 En este sentido, se ha determinado que
“‘unclaimed’ could very well mean that the plaintiff
gave the wrong address for the defendant, in which case the defendant would not receive notice, due process
would not be observed, and a plaintiff could prevent
the process by giving an incorrect address.” Pittman
v. Trenton Energy Corp., supra. (Interpretando el
estatuto de Texas).
De hecho, hemos encontrado que sólo en
circunstancias extraordinarias los tribunales
federales han encontrado válido un emplazamiento por
edictos o por correo regular cuando la notificación
de la demanda y el emplazamiento han sido devueltas
por el servicio postal. Por ejemplo, en Danz v.
Lockhart, 967 P.2d 1075 (1998), el tribunal encontró
que el demandado había sido debidamente emplazado,
pero esto sólo lo hizo después de examinar la prueba
desfilada en una vista evidenciaria que tendía a
establecer de manera contundente que el demandado
tenía conocimiento de la reclamación en su contra y
que efectivamente había rehusado recibir el
emplazamiento. Igualmente, en Khanyile v. Brocius,
1993 WL 224721, el tribunal permitió el emplazamiento
pero sólo luego de analizar prueba fehaciente de las
diligencias seguidas por el demandante para lograr
conseguir al demandando.
A la luz de todo lo anterior, analicemos el caso
de autos.
VI
7 Igual criterio han seguido otras cortes federales y estatales. Véase, Wyatt v. Haese, 649 So.2d 905, 907 Ante el foro de instancia se presentó evidencia,
provista por la propia Sra. Jaume, de que el Sr. Rivera
no recibió la notificación de la demanda y del
emplazamiento, ya que el sobre donde se incluyeron
dichos documentos no fue reclamado por éste. El
tribunal, ignorando el hecho esencial de que la
correspondencia referida fue devuelta por el correo,
se conformó con constatar que la demandante había
cumplido con los requisitos formales del
emplazamiento mediante edictos, y dictó sentencia en
rebeldía contra el demandado.
Consideramos que el foro de instancia erró al así
proceder. En aras de salvaguardar el debido
procedimiento de ley del Sr. Rivera, el tribunal
debió, cuando menos, inquirir sobre si efectivamente
la Sra. Jaume conocía y estaba segura, en su mejor
conocimiento, de que la dirección que le proveyó al
tribunal pertenecía o alguna vez perteneció al
demandado. El tribunal no debió conformarse con
darle entero crédito a la información provista por la
Sra. Jaume, cuando tenía de frente evidencia que, como
cuestión de realidad, sembraba dudas sobre si la
dirección utilizada por la demandante para enviar la
notificación de la demanda y del emplazamiento
efectivamente era la dirección del Sr. Rivera.
De hecho, no surge de los autos del tribunal de
instancia que dicho foro hubiese inquirido sobre cómo
(1995), y Vogus v. Angry, 744 So.2d 934 (1999). la Sra. Jaume conocía la referida dirección. No es
sino hasta que el Sr. Rivera radicó su acción que, como
parte de esos procedimientos, aparecen referencias en
el récord a los efectos de que esa dirección,
alegadamente, era la utilizada en aquella época por
la hermana del Sr. Rivera para enviarle
correspondencia. Tampoco en esa oportunidad el
tribunal celebró vista alguna para aclarar estos
extremos.
Por otra parte, no podemos ignorar que el propio
tribunal de instancia, en reconocimiento de las
genuinas controversias de hecho y derecho planteadas
por el aquí peticionario emitió unas órdenes para
obtener los récords médicos del Sr. Rivera en la
Oficina de Veteranos del estado de Nueva York y para
obtener una certificación de la oficina de correos en
relación a la dirección provista por la demandante
para notificar el emplazamiento y la demanda de
filiación. Luego de emitir estas órdenes,
inexplicablemente el tribunal decide dictar sentencia
sumaria y desestimar la acción del Sr. Rivera
fundamentándose en el transcurso de un término de
caducidad que como ya explicáramos, no es de
aplicación al caso que nos ocupa.
Cabe señalar además, que como cuestión de
derecho, en el caso ante nuestra consideración no
procedía ni desestimar la acción ni dictar sentencia
sumaria. En primer lugar, es norma claramente
establecida en nuestro ordenamiento que al considerar una moción de desestimación hay que examinar los
hechos alegados en la demanda de la manera más
favorable al demandante promovido, y sólo procede la
desestimación si tomando como ciertas las
alegaciones, no se puede deducir la consecución de
remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que
puedan ser probados en apoyo de su reclamación.
Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R.
497, 505 (1994); Agosto v. Mun. de Río Grande, 143
D.P.R. 174, 178 (1997), Unisys v. Ramallo, 128 D.P.R.
842, 858 (1991). (Énfasis suplido.)
Así pues, de una mera lectura de las alegaciones
del Sr. Rivera surge con meridiana claridad que el
tribunal de instancia no podía desestimar la acción
presentada. El aquí peticionario alegó que no fue
debidamente emplazado, que nunca recibió notificación
del pleito en su contra y que desconocía de la
paternidad que se le imputaba. Resulta claro que si
se toman como ciertas estas alegaciones, lo cual como
cuestión de derecho tiene que hacer el tribunal al
considerar una moción de desestimación, no puede
concluirse que el demandante no tenía derecho a
remedio alguno bajo cualesquiera hechos que pudiese
probar en apoyo de su reclamación.
Por otra parte, como cuestión de derecho, tampoco
procedía dictar sentencia sumaria en este caso.
Hemos establecido que al resolver una moción de
sentencia sumaria, el tribunal no puede dirimir
credibilidad, sino que tiene que presumir que son ciertos todos los hechos no controvertidos que se
hacen constar en los documentos y las declaraciones
juradas admisibles en evidencia, y tiene que verlos
de la forma más favorable para la parte que se opone
a la moción, concediéndole a ésta el beneficio de toda
inferencia razonable que se pueda derivar de ellos.
Este remedio extraordinario, sólo debe concederse
cuando el promovente ha establecido su derecho a lo
que reclama bajo cualquier circunstancia que resulte
discernible de los hechos no controvertidos. La
norma es que la sentencia sumaria, siendo un remedio
discrecional, sólo se dictará cuando el tribunal esté
convencido de que tiene ante sí la verdad de todos los
hechos materiales sustanciales y que, por lo tanto,
una vista evidenciaria no es necesaria. Véase: Corp.
Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714
(1986); Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360
(1989).
Aplicando estos principios normativos, resulta
evidente que no procedía que se dictara sentencia
sumaria en este caso. De la prueba que obra en el
expediente, unida a las alegaciones del Sr. Rivera,
surgen claramente hechos y evidencia que tienden a
contradecir las alegaciones de la Sra. Jaume en la
“moción informativa” juramentada que el tribunal
acogió como solicitud de sentencia sumaria. Por
tanto, habiendo controversias de hechos, que el
tribunal no puede dirimir credibilidad y adjudicar la
controversia mediante sentencia sumaria. Así pues, tomando en consideración lo que hemos
expuesto, además de la totalidad de las circunstancias
de este caso, las cuales dan indicios de que existe
una probabilidad de que el Sr. Rivera no fue emplazado
conforme a derecho en el pleito de filiación, y que
éste podría tener una buena defensa en los méritos si
se le permite presentar prueba médica y científica que
pueda establecer que no es el padre de la menor,
entendemos que el tribunal de instancia abusó de su
discreción y erró al resolver el caso mediante
sentencia sumaria. Dicho foro tenía que haber
celebrado una vista donde se pudieran aclarar los
cruciales aspectos de hecho y de derecho que hemos
discutido, muy especialmente el planteamiento
jurisdiccional.
Entiéndase que no estamos resolviendo que
efectivamente el Sr. Rivera no fue emplazado conforme
a derecho, como tampoco estamos decretando la no
paternidad de éste en cuanto a la menor. Lo único que
estamos resolviendo es: (1) que erraron tanto el
tribunal de instancia como el Tribunal de Circuito al
aplicar los términos de caducidad del Art. 117 del
Código Civil a la situación de autos; y (2) que erró
el tribunal de instancia al disponer del caso mediante
sentencia sumaria, y también el Tribunal de Circuito
al avalar este proceder, cuando existen controversias
de hecho que podrían afectar el debido procedimiento
de ley del Sr. Rivera, y que justifican la celebración
de una vista donde pueda ventilarse la controversia sobre si el Sr. Rivera fue debidamente emplazado, y
se permita a ambas partes presentar prueba para
determinar si en las circunstancias del caso se
justifica o no el que se decrete la nulidad de la
sentencia de filiación.
VII
Por todos estos fundamentos, se revocan tanto la
sentencia emitida por el tribunal de instancia como
la dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Se devuelve el caso para que continúen los
procedimientos de forma compatible con lo aquí
resuelto.
Miriam Naveira de Rodón Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. AC-2001-8
Ana N. Jaume Andujar, en representación de Ana A. Rivera Jaume
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, se revocan tanto la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia como la dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se devuelve el caso para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo