EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Recurrida 2002 TSPR 78 v. 157 DPR ____ Luis Echevarría Arroyo
Peticionario
Número del Caso: CC-2001-19
Fecha: 11/junio/2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV
Panel integrado por su Presidenta, la Juez López Vilanova, el Juez Córdova Arone y la Juez Feliciano Acevedo
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Giovanni Irizarry Sierra Lcdo. José Manuel Cruz Ellis
Oficina del Procurador General: Lcda. Mayra J. Serrano Borges Procuradora General Auxiliar
Materia: Infr. Art. 401 Ley de Sustancias Controladas
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrida
vs. CC-2001-19 CERTIORARI
Luis Echevarría Arroyo
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2002
El 25 de junio de 1999 --en horas de la tarde y
en jurisdicción de Aguadilla, Puerto Rico, Sector La
Marina-- el agente de la Policía de Puerto Rico, José
A. Vargas, alegadamente pudo observar a una persona
llevar a cabo en la vía pública, lo que, conforme su
entrenamiento y experiencia, constituía cuatro (4)
transacciones de drogas de parte de un individuo que
resultó llamarse Pedro Santiago Pérez. Conforme la
declaración del agente Vargas, la droga era “guardada”
en una bolsa dentro de un automóvil marca Oldsmobile,
bolsa de droga que el referido agente había observado
que le había sido proporcionada horas antes a Santiago
Pérez por el aquí peticionario Luis Echevarría Arroyo.
Luego del agente Vargas ausentarse del lugar por espacio de
veinticinco (25) minutos, al regresar al mismo procedió a arrestar CC-2001-19 3
--sin orden alguna-- a Santiago Pérez; luego de lo cual procedió a
registrar --nuevamente sin orden alguna-- al antes mencionado vehículo
Oldsmobile, localizando en el interior del mismo la bolsa que
anteriormente había observado, la cual contenía sesenta y tres (63)
sobres con picadura de marihuana.
Con motivo de la declaración que sobre los referidos hechos
prestara el agente Vargas se determinó causa probable para arresto,
en lo pertinente, contra Echevarría Arroyo por una supuesta infracción
al Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, procediéndose a
la confiscación del vehículo Oldsmobile. Procede que se señale, y
enfatice, el hecho de que el Estado le notificó de la confiscación
realizada a Echevarría Arroyo, conforme se exige que se haga al “dueño,
encargado o persona con derecho o interés en la propiedad ocupada”.
34 L.P.R.A. sec. 1723b.
Habiéndose determinado causa probable para acusar, y radicado el
correspondiente pliego acusatorio ante la Sala de Aguadilla del
Tribunal de Primera Instancia, Echevarría Arroyo solicitó la supresión
de la evidencia --la bolsa-- ocupada en el registro, sin orden, del
automóvil. El Estado oportunamente se opuso mediante escrito a esos
efectos. El tribunal de instancia celebró una vista --no evidenciaria--
en la cual las partes argumentaron oralmente sus respectivas
posiciones.
El tribunal de instancia denegó la supresión solicitada por el
fundamento de que Echevarría Arroyo no tenía “legitimación activa”
(“standing”) para solicitarla. Insatisfecho, éste acudió al Tribunal
de Circuito de Apelaciones en revisión de dicha determinación. El foro
apelativo intermedio confirmó la decisión del tribunal de instancia.
Inconforme, Luis Echevarría Arroyo acudió ante este Tribunal, vía
certiorari, imputándole al tribunal apelativo haber errado: CC-2001-19 4
“...al resolver que un acusado no tiene capacidad jurídica para impugnar la actuación inconstitucional de agentes del Estado al realizar un registro ilegal en un automóvil de su propiedad por el mero hecho de no ser el dueño registral del mismo ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas, todo ello a pesar que la Defensa hizo un ofrecimiento de prueba con el peticionario a los efectos que el vehículo en controversia le pertenecía a él, lo cual a su vez nunca fue impugnado, refutado y de ningún modo puesto en duda por prueba alguna ofrecida por el Ministerio Público; y sin tampoco importarle el hecho que el Estado reconoció el interés propietario del acusado sobre el referido vehículo al notificarle a él su derecho a impugnar civilmente la confiscación del mismo.
...al resolver que un acusado puede impugnar judicialmente la actuación ilegal de agentes del Estado en una procedimiento de confiscación de un automóvil de su propiedad pero no puede impugnar esa misma actuación ilegal en un procedimiento criminal que amenaza su libertad por alegada falta de capacidad jurídica, convirtiendo de esta forma a los Tribunales en cómplices de actos de desobediencia a nuestra Constitución.” (Énfasis suplido.)
Expedimos el recurso. Estando en posición de resolver el mismo,
procedemos a así hacerlo.
I
La Regla 234 de Procedimiento Criminal, ante, actualmente dispone
que:
“La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la Regla 233 la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, por cualquiera de los siguientes fundamentos:
(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro.
(b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de su propia faz.
(c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado no corresponde a la descripción hecha en la orden de allanamiento o registro.
(d) Que no había causa probable para creer en la existencia de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento o registro. CC-2001-19 5
(e) Que la orden de allanamiento fue librada o cumplimentada ilegalmente.
(f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente.
En la moción de supresión de evidencia se deberán exponer los hechos precisos o las razones específicas que sostengan el fundamento o fundamentos en que se basa la misma. El tribunal oirá prueba sobre cualquier cuestión de hecho necesaria par la resolución de la solicitud. De declararse con lugar la moción, la propiedad será devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo impidiere, y no será admisible en evidencia en ningún juicio o vista. La moción se notificará al fiscal y se presentará cinco (5) días antes del juicio a menos que se demostrare la existencia de justa causa para no haberla presentado dentro de dicho término o que al acusado no le constaren los fundamentos para la supresión, o que la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal. (Énfasis suplido.)
Resulta importante enfatizar que lo requerido por la primera
oración del segundo párrafo de la transcrita disposición reglamentaria
--a los efectos de que en “la moción de supresión de evidencia se deberán
exponer los hechos precisos o las razones específicas que sostengan
el fundamento o fundamentos en que se basa la misma”-- clara y
exclusivamente se refiere a los fundamentos enumerados --del
Inciso (a) al (f)-- en el primer párrafo de la citada Regla 234, oración
que fue incorporada a la misma por la Asamblea Legislativa mediante
la Ley Núm. 65 del 5 de julio de 1988.
Así lo determinamos y resolvimos en Pueblo v. Maldonado Rosa, 135
DPR 563 (1994). Citando con aprobación la posición asumida por el
Procurador General de Puerto Rico en dicho caso, expresamos que, en
vista de la acción legislativa antes mencionada, “ya no basta con que
el promovente de la moción de supresión de evidencia escuetamente
alegue [en la misma] uno de los fundamentos que se enumeran en la
referida Regla 234 de Procedimiento Criminal; ahora la citada Regla CC-2001-19 6
234 exige que se expongan los hechos precisos o las razones específicas
que sostengan el fundamento o fundamentos en que se basa la misma.”
En otras palabras, la norma que a los efectos antes mencionados
establecimos en Maldonado Rosa, ante, fue consecuencia directa, o por
imperativo, de la acción legislativa enmendatoria de la Regla 234.
Posteriormente, en Pueblo v. Blase Vázquez, res. el 23 de junio
de 1999, 99 TSPR 98, ratificamos la norma establecida en Maldonado Rosa,
ante, y establecimos la norma adicional a los efectos de que, en casos
en que la evidencia delictiva es incautada sin previa orden judicial,
y el acusado promovente aduce hechos o fundamentos que reflejan la
ilegalidad de la incautación, el tribunal no puede denegar la solicitud
sin celebrar vista en la que el ministerio público vendrá obligado a
refutar la presunción de ilegalidad del registro o incautación.
En resumen, y conforme las disposiciones de la citada Regla 234
de Procedimiento Criminal y de la jurisprudencia interpretativa de la
misma, la norma vigente en nuestra jurisdicción, respecto a esta
materia, es a los efectos de que: cuando se trata de evidencia incautada
mediando previa orden judicial, un tribunal de instancia no puede
declarar sin lugar una moción de supresión de evidencia, sin previa
celebración de vista, cuando la parte promovente demuestra que existe
una controversia sustancial de hechos que hace necesaria la celebración
de una vista evidenciaria; en ausencia de tal demostración, el tribunal
podrá adjudicar la moción sin vista previa. Por otro lado, si se trata
de la supresión de evidencia incautada sin previa orden judicial y el
acusado promovente aduce hechos o fundamentos que reflejan la
ilegalidad de su registro, allanamiento o incautación, el tribunal no
puede denegar la solicitud sin celebrar una vista evidenciaria, ocasión
en la que el ministerio público vendrá obligado a refutar la presunción
de ilegalidad del registro o incautación. CC-2001-19 7
En el presente caso, el peticionario cumplió plenamente con las
disposiciones de la Regla 234 de Procedimiento Criminal y con la
jurisprudencia interpretativa de la misma al radicar la moción de
supresión de evidencia; esto es, alegó hechos específicos
demostrativos de la existencia de una controversia sustancial,
situación que requería la celebración de una vista evidenciaria.
La Regla 234 de Procedimiento Criminal no exige, como tampoco
nuestra jurisprudencia, que el promovente de una moción de supresión
exponga o alegue, en la misma, de forma específica y detallada, los
hechos particulares que configuran su expectativa de intimidad y la
forma en que el Estado se la infringió1.
II
Por último, y en relación con el planteamiento sobre la
“expectativa de intimidad”, resulta procedente cuestionarse: ¿qué
mejor demostración prima facie de legitimación activa (“standing”)
podía hacer el peticionario Echevarría Arroyo, en su moción de
supresión, que una alegación --corroborada la misma por prueba
documental-- a los efectos de que el Estado entendió procedente y
necesario notificarle de la confiscación realizada?
Debemos mantener presente el hecho de que la Ley Uniforme de
Confiscaciones exige que el Estado, luego de proceder a la incautación
de un vehículo de motor, le notifique de la misma al “...dueño,
encargado o persona con derecho o interés en la propiedad ocupada”2.
El Estado, al así actuar en el presente caso, reconoció --cuando menos,
prima facie-- que el peticionario Echevarría Arroyo era o el “dueño”
del vehículo confiscado o, cuando menos, una persona con “derecho o
1 Como erróneamente se sostiene en la Opinión disidente. CC-2001-19 8
interés” en el mismo. Dicha situación obligaba al tribunal de instancia
a celebrar una vista evidenciaria en la cual el peticionario tendrá
la oportunidad de ofrecer la prueba anunciada por él a los efectos de
que es el dueño del vehículo Oldsmobile que había sido confiscado.
Por los fundamentos antes expuestos, se dicta Sentencia
revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones, devolviéndose el mismo al Tribunal de Primera
Instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí
expuesto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez emitió Opinión
disidente a la cual se unió el Juez Asociado señor Corrada del Río.
El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo
2 Véase: Artículo 4 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 L.P.R.A. sec. 1723b. CC-2001-19 9
Recurrido
v. Certiorari Luis Echevarría Arroyo CC-2001-19
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez, a la cual se une el Juez Asociado señor Corrada del Río.
San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2002.
El presente recurso nos brindó la oportunidad de pautar norma
sobre los requisitos con los que tiene que cumplir un acusado de
delito que pretende la supresión de la evidencia ocupada, al amparo
de la Regla 234 de Procedimiento Criminal,3 como persona alegadamente
agraviada por la violación a su derecho constitucional a su
intimidad, su privacidad, y a que el Estado no lleve a cabo registros
y allanamientos irrazonables en las áreas, lugares y propiedades en
las que éste tiene derecho a disfrutar de tales garantías de intimidad
y privacidad. ¿Es necesario que tal acusado de delito exponga por
escrito, de manera detallada y específica, en qué forma resultó
3 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234. agraviado por la violación por el Estado de tales derechos y garantías
constitucionales para tener legitimación activa para hacer tal
pedimento?
Este caso nos ofreció, además, la oportunidad de expresarnos,
dentro de nuestra facultad normativa, en torno al efecto que tiene
sobre la legitimación activa del promovente de una moción de
supresión de evidencia, la notificación que le realizara el
Departamento de Justicia sobre la confiscación del vehículo donde
fue ocupada la evidencia que se pretende suprimir. La Mayoría
resuelve, mediante sentencia, que el acusado de autos, aquí
peticionario, tiene legitimación activa para presentar su moción de
supresión de evidencia, bajo las circunstancias fácticas del "caso
y controversia" ante nos, por haber sido notificado por el Estado
de la confiscación de un vehículo de motor utilizado en la conducta
o acciones delictivas imputadas. Concluye, que al así actuar, el
Estado reconoció, cuando menos, prima facie que el aquí peticionario
era o el "dueño" del vehículo confiscado, o una persona con "derecho
o interés" en el mismo. Concluye, además, que "el peticionario
cumplió plenamente con las disposiciones de la Regla 234 de
Procedimiento Criminal y con la jurisprudencia interpretativa de la
misma, al radicar la moción de supresión de evidencia; esto es, alegó
hechos específicos demostrativos de la existencia de una
controversia sustancial, situación que requería la celebración de
una vista evidenciaria". Respetuosamente disentimos.
El 25 de junio de 1999, alrededor de las 4:00 de la tarde, el agente
Edgar Ramos Vializ se encontraba prestando vigilancia en el Sector La Marina, intersección con la Calle José A. Vargas del Municipio de
Aguadilla. 4 Cerca de las 4:30 de la tarde, observó a un individuo
acercarse caminando al lugar y entregarle a otro una bolsa de papel,
de la cual sustrajeron una bolsa plástica transparente conteniendo
múltiples sobres con picadura de marihuana.5 El individuo que llegó
caminando al lugar fue identificado por el agente como el señor Luis
Echevarría Arroyo. 6 Éste se fue del lugar en una grúa color rojo
rotulada "El Brujo" en el cristal delantero.7 El otro individuo, de
nombre Pedro Santiago Pérez, caminó hacia un vehículo marca Oldsmobile,
que estaba estacionado al final de la Calle La Marina, depositando en
el asiento delantero la bolsa que le entregó el señor Luis Echevarría
Arroyo.8
Entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el agente observó
por lo menos tres (3) transacciones entre el señor Pedro Santiago Pérez
y otras personas que se acercaron a comprar marihuana.9 Cada vez que
se realizaba una transacción, el señor Santiago Pérez caminaba hasta
el vehículo y sustraía del mismo la picadura de marihuana para
venderla.10 Alrededor de las 8:00 de la noche, el agente Ramos Vializ
se retiró del lugar y no permaneció ningún otro agente del orden público
vigilando el punto de drogas. El mencionado agente regresó
veinticinco (25) minutos más tarde, puso bajo arresto al señor Pedro
Santiago Pérez y le hizo las advertencias correspondientes sobre sus
4 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 54. 5 Íd. 6 Íd. 7 Íd. 8 Íd. 9 Íd. 10 Íd. derechos constitucionales.11 Luego de haberlo puesto bajo arresto, el
agente abrió la puerta del vehículo Oldsmobile y no encontró la bolsa
de papel en el asiento delantero. Procedió entonces a registrar el
vehículo, sin contar con una orden judicial, y encontró la referida
bolsa de papel detrás del asiento delantero. 12 La bolsa contenía
sesenta y tres (63) sobres con picadura de marihuana.
Por esos hechos, el 29 de junio de 1999,13 se radicó en ausencia
un cargo por infracción al Artículo 401 de la Ley de Sustancias
Controladas 14 contra el señor Luis Echevarría Arroyo. Se determinó
causa, se ordenó su arresto y se le impuso una fianza ascendente a la
suma de cincuenta mil dólares ($50,000). 15 El fiscal ordenó la
confiscación del vehículo, la cual le fue notificada al señor
Echevarría Arroyo el 21 de julio de 1999.16 En la vista preliminar se
determinó causa probable para acusar al aquí peticionario y se señaló
el juicio para el 19 de junio de 2000.17
El 1 de junio de 2000, el señor Echevarría Arroyo presentó una
"Moción de Desestimación y Supresión de Evidencia",18 alegando que no
se había presentado evidencia sobre la distribución de narcóticos y
solicitando la supresión de la evidencia, por haberse obtenido mediante
un registro ilegal. Sin embargo, no alegó que fuera el dueño del
vehículo ni que tuviera su posesión física y control al momento del
11 Íd., pág. 55. 12 Íd. 13 Íd., pág. 40. 14 24 L.P.R.A. sec. 2401. 15 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 40. 16 Íd., pág. 58. 17 Íd., pág. 42. 18 Íd., pág. 44. registro. El Ministerio Público presentó "Oposición a Moción de
Desestimación y Supresión de Evidencia" el 22 de junio de 2000, alegando
que el registro había sido incidental al arresto y, por lo tanto, era
válido. Arguyó, además, que se había presentado la prueba necesaria
para sostener la acusación en esa etapa de los procedimientos.19 El
señor Echevarría Arroyo replicó, alegando que el registro no había sido
incidental al arresto y que era ilegal, por lo cual era procedente la
supresión de la evidencia.20
El 3 de agosto de 2000, el Tribunal de Primera Instancia celebró
una vista no evidenciaria, en la cual se discutieron las mociones
presentadas.21 En dicha vista las partes argumentaron sus respectivas
posiciones, y se sometió en evidencia la carta en la cual el
Departamento de Justicia de Puerto Rico le informó al señor Luis
Echevarría Arroyo de la confiscación del vehículo, y la declaración
jurada del agente que efectuó el arresto.
Mediante resolución de 7 de agosto de 2000, el Tribunal de Primera
Instancia declaró no ha lugar la solicitud de desestimación y de
supresión de evidencia. En cuanto a esta última, el foro de primera
instancia determinó que el señor Luis Echevarría Arroyo no tenía
legitimación activa "standing" para solicitarla.22
Inconforme, el señor Luis Echevarría Arroyo presentó recurso de
Certiorari y moción en auxilio de jurisdicción ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones el 7 de septiembre de 2000.23 Le imputó como
error al foro de primera instancia el haber declarado no ha lugar la
19 Íd., pág. 49. 20 Íd., pág. 51. 21 Íd., pág. 56. 22 Íd., pág. 38. 23 Íd., pág. 12. solicitud de desestimación y la de supresión de evidencia. Mediante
resolución de 5 de diciembre de 2000, notificada y archivada en autos
copia de la misma el 6 de diciembre del mismo año, el tribunal intermedio
apelativo denegó la expedición del auto solicitado y ordenó la
continuación de los procedimientos.
El señor Luis Echevarría Arroyo recurrió oportunamente ante nos
mediante recurso de Certiorari. Le imputó al foro intermedio
apelativo la comisión de los errores siguientes:24
1. Incurrió en gravísimo error el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver que un acusado no tiene capacidad jurídica para impugnar la actuación inconstitucional de agentes del Estado al realizar un registro ilegal en un automóvil de su propiedad por el mero hecho de no ser el dueño registral del mismo ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas, todo ello a pesar de que la [d]efensa hizo un ofrecimiento de prueba con el peticionario a los efectos [de] que el vehículo en controversia le pertenecía a él, lo cual a su vez nunca fue impugnado, refutado y de ningún modo puesto en duda por prueba alguna ofrecida por el Ministerio Público; y sin tampoco importarle el hecho [de] que el Estado reconoció un interés propietario del acusado sobre el referido vehículo al notificarle a él su derecho a impugnar civilmente la confiscación del mismo.
2. Incurrió en gravísimo error el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver que un acusado puede impugnar judicialmente la actuación ilegal de agentes del Estado en un procedimiento de confiscación de un automóvil de su propiedad pero no puede impugnar esa misma actuación ilegal en un procedimiento criminal que amenaza su libertad por alegada falta de capacidad jurídica, convirtiendo de esta forma a los [t]ribunales en cómplices de actos de desobediencia a nuestra Constitución.
La Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, establece lo siguiente:
La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la Regla 233 la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, por cualquiera de los siguientes fundamentos:
24 Véase recurso de Certiorari, págs. 8-9. (a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro.
(b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de su propia faz.
(c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado no corresponde a la descripción hecha en la orden de allanamiento o registro.
(d) Que no había causa probable para creer en la existencia de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento o registro.
(e) Que la orden de allanamiento fue librada o cumplimentada ilegalmente.
(f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente.
En la moción de supresión de evidencia se deberán exponer los hechos precisos o las razones específicas que sostengan el fundamento o fundamentos en que se basa la misma. El tribunal oirá prueba sobre cualquier cuestión de hecho necesaria para la resolución de la solicitud. De declararse con lugar la moción, la propiedad será devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo impidiere, y no será admisible en evidencia en ningún juicio o vista. La moción se notificará al fiscal y se presentará cinco (5) días antes del juicio a menos que se demostrare la existencia de justa causa para no haberla presentado dentro de dicho término o que al acusado no le constaren los fundamentos para la supresión, o que la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal. (Énfasis nuestro.)
Esta disposición le permite a una persona acusada de delito y
sometida al rigor de un procedimiento criminal a solicitar la supresión
de la evidencia ocupada por el Estado en un registro o allanamiento
efectuado en forma y manera que resulta en un agravio y violación a su
derecho y garantía constitucional a una expectativa de intimidad y
privacidad en determinadas áreas, lugares y propiedades.
La Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico contienen
protecciones contra registros y allanamientos irrazonables del Estado sobre las personas, sus casas, papeles y pertenencias.25 Se llevarán
a cabo registros y allanamientos de propiedad privada por parte del
Estado, siempre que exista causa probable apoyada en juramento o
afirmación y un juez emita una orden a esos efectos.26 Una incautación
sin orden judicial previa produce una presunción de invalidez sujeta
a ciertas y limitadas excepciones, en las que figuran, entre otras, las
siguientes: (1) el registro es uno incidental a un arresto legal; (2)
el registro de un vehículo de motor cuando existe causa probable para
creer que se transporta mercancía prohibida por ley y que la misma pueda
ser destruida.27 Un registro incidental y contemporáneo a su arresto
legal no necesariamente está limitado a la persona del arrestado, sino
que se extiende al área, lugar o propiedad bajo su posesión, control
y alcance inmediato.28 El registro de un automóvil es una intrusión,
que la hemos considerado como menor en los derechos protegidos por la
cláusula constitucional contra los registros y allanamientos
irrazonables, por razón de que regularmente una persona tiene menos
expectativa de intimidad y privacidad en un vehículo de motor, porque
el mismo generalmente se destina a la transportación, y raras veces
sirve de depósito de efectos o pertenencias.29 El propósito de estos
derechos y garantías constitucionales es el de proteger la esfera de
la vida privada e intimidad de los ciudadanos frente a las actuaciones
25 Véase Enmienda Cuarta de la Constitución de Estados Unidos, Documentos Históricos, 1 L.P.R.A., Emda. Art. IV, pág. 182, y el Artículo II, Sección 10 de la Constitución de Puerto Rico, Documentos Históricos, 1 L.P.R.A., Art. II, Sec. 10, págs. 310-311. 26 Íd. 27 Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986); Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971). 28 Íd. 29 Íd. Nótese, que de la declaración jurada del agente del orden público que intervino surge que el vehículo de motor en cuestión estaba siendo utilizado para depositar la mercancía prohibida por ley. del Estado.30 La Constitución de Puerto Rico dispone expresamente que
la evidencia obtenida en violación a dicha garantía constitucional no
será admisible en los tribunales.31
La historia y propósitos de la Cuarta Enmienda de la Constitución
de Estados Unidos, antecesora y concordante del Artículo II, Sección
10 de la de Puerto Rico, salvaguardan la vida íntima y la santidad del
hogar, pero no defiende el derecho de propiedad; protege seres humanos,
no lugares. Lo determinante para activar esta protección
constitucional, es si existe algún interés personal sobre el objeto del
allanamiento, registro o incautación, de modo que exhiba una
expectativa de intimidad. Dicha garantía constitucional está
orientada a proteger a la persona, en su intimidad en el hogar o
propiedad, frente al abuso de poder del Estado. Se trata de proteger
la intimidad de las personas. Se refiere a aquella expectativa de
privacidad que la persona tiene en una propiedad.32 El Tribunal Supremo
de Estados Unidos, siguiendo este criterio, consistentemente ha
descartado barreras ficticias y procesales erigidas sobre conceptos
propietarios.33
En el año 1951, en Pueblo v. Monzón34 nos reafirmamos, siguiendo
la doctrina prevaleciente en los tribunales federales, que la garantía
constitucional contra registros ilegales es un derecho personal del
poseedor u ocupante de la propiedad registrada, y que no habiéndose
alegado en la moción sobre supresión y devolución de evidencia que los
30 Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. 386 (1997). 31 Véase Artículo II, Sección 10, de la Constitución de Puerto Rico, supra. 32 Pueblo v. Ortiz Rodríguez, res. el 29 de enero de 1999, 99 TSPR 9, 147 D.P.R. ___ (1999), 99 J.T.S. 8; Pueblo v. Pérez Narváez, 130 D.P.R. 618, 623 (1992); Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335, 338 (1976). 33 Íd.; Schneckloth v. Bustamante, 412 U.S. 218, 242 (1973); Warden, Maryland Penitentiary v. Hayden, 387 U.S. 294, 301, 304 (1967). acusados, allí peticionarios ante nos, estuvieran en posesión y control
de la propiedad registrada, no se violó ningún derecho constitucional
que ellos pudieran tener y, por consiguiente, no podían atacar la
validez del registro de la propiedad en posesión de otro, ni solicitar
la supresión de la evidencia así obtenida.
Las referidas garantías constitucionales, así como la solicitud
de supresión de evidencia, no puede ser utilizada por todo acusado.
Es necesario que éste posea legitimación activa ("standing") para así
hacerlo. Para poder invocar la garantía constitucional contra
registros, allanamientos e incautaciones irrazonables, es necesario
que la persona tenga una expectativa razonable de intimidad en el lugar,
objeto o propiedad registrada.35
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, al resolver
controversias relacionadas con la violación a la Enmienda Cuarta de
la Constitución Federal, ha establecido que para tener legitimación
activa ("standing") es necesario que: (1) la invoque la persona que
sufrió el agravio; (2) que dicha persona tenga una expectativa de
intimidad sobre el lugar registrado; o (3) que la persona tenga un
interés propietario sobre el lugar u objeto registrado.36 No obstante,
el hecho de que una persona tenga un interés propietario sobre el objeto
o lugar registrado no le otorga necesariamente legitimación activa
("standing") para solicitar la supresión de la evidencia ocupada.37 Es
necesario que la persona, además, posea una expectativa razonable de
que el Estado no intervendría con el lugar registrado o, en otras
34 72 D.P.R. 72, 74 (1951). 35 Pueblo v. Yip Berríos, supra; Pueblo v. Ramos Santos, 132 D.P.R. 363 (1992); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976). 36 Alderman v. U.S., 89 S. Ct. 961 (1969); Rakas v. Illinois, 99 S. Ct. 421 (1978); U.S. v. Padilla, 113 S. Ct. 1936 (1993). 37 U.S. v. Salvucci, 100 S. Ct. 2547 (1980). palabras, que abrigue una expectativa razonable de intimidad.38 El
interés propietario es un elemento a tomarse en consideración al
determinar si el promovente de la moción de supresión de evidencia tiene
legitimación activa ("standing").39 No obstante, no es determinante
si no tiene, además del interés propietario, una expectativa razonable
de intimidad en el lugar o propiedad registrada. No se configura la
legitimación activa ("standing") para ello, pues no es acreedor de esa
protección constitucional.40
En repetidas ocasiones hemos resuelto que para disfrutar de la
protección constitucional contra registros e incautaciones
irrazonables de la Constitución de Puerto Rico, es necesario abrigar
una expectativa razonable de intimidad sobre el lugar, objeto o
propiedad registrada por el Estado. 41 La determinación de si una
persona tiene una expectativa razonable de intimidad sobre un
determinado lugar, objeto o propiedad hay que realizarla caso a caso.
Para ello, es necesario hacer un balance de los intereses en juego.42
Los hechos particulares de cada caso son esenciales para determinar
si al promovente de una moción de supresión de evidencia le asistía
la protección constitucional al momento del registro. Hemos
establecido los criterios que deben ser considerados al momento de
38 Rakas v. Illinois, supra; U.S. v. Salvucci, supra; Rawlings v. Kentucky, 100 S. Ct. 2556 (1980). 39 U.S. v. Salvucci, supra; Rawlings v. Illinois, supra. 40 Íd. 41 Pueblo v. Bonilla, res. el 7 de octubre de 1999, 99 T.S.P.R. 151, 149 D.P.R. ____ (1999), 99 J.T.S. 157; Pueblo v. Camilo Meléndez, res. el 16 de junio de 1999, 99 T.S.P.R. 94, 148 D.P.R. ___ (1999), 99 J.T.S. 96; Pueblo v. Ramos Santos, 132 D.P.R. 363 (1992); Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991); Pueblo v. Castro Rosario, 125 D.P.R. 164 (1990); Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988); Pueblo v. Monzón, 72 D.P.R. 72 (1951). 42 Pueblo v. Camilo Meléndez, supra. determinar si una persona tiene una expectativa de intimidad razonable
y suficiente para hacerlo acreedor de la referida garantía
constitucional.43 Los factores establecidos son los siguientes: (1)
el lugar registrado o allanado; (2) la naturaleza y grado de la
intrusión en la intervención; (3) el propósito u objetivo de la
intervención; (4) si la conducta de la persona era indicativa de una
expectativa subjetiva de intimidad; (5) la existencia de barreras
físicas que restrinjan la entrada o visibilidad del lugar registrado;
(6) la cantidad de personas que tienen acceso legítimo al lugar
registrado; y (7) las inhibiciones sociales relacionadas con el lugar
registrado.44
III
El Artículo 4 de la Ley Uniforme de Confiscaciones,45 dispone lo
siguiente:
La notificación se hará en forma fehaciente dentro de quince (15) días a partir de la entrega del informe redactado por los Oficiales del Orden Público relacionado con la investigación requerida por las secs. 5001 et seq. del Título 9, conocidas como "Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular", y su envío se hará por correo con acuse de recibo a la dirección conocida del dueño, encargado o persona con derecho o interés en la propiedad ocupada. (Énfasis nuestro.)
...
Recientemente, tuvimos la oportunidad de interpretar dicho
estatuto. Resolvimos, en Negrón v. Srio. de Justicia, 46 que el
propósito del requisito de la notificación de una confiscación es
43 Pueblo v. Camilo Meléndez, supra; Pueblo v. Rivera Colón, supra. 44 Íd. 45 34 L.P.R.A. sec. 1723b. 46 Res. el 2 de mayo de 2001, 2001 T.S.P.R. 63, 154 D.P.R. ___ (2001), 2001 J.T.S. 66. brindarle la oportunidad al dueño, al que se considere dueño, al
encargado, o al que tenga algún interés o derecho sobre la propiedad
confiscada para que exponga las defensas válidas en contra de la
confiscación. La razón detrás de la enunciada norma es garantizar que
no se prive a los ciudadanos de su propiedad sin un debido proceso de
ley.
¿Reconoció el Estado un interés sobre el vehículo confiscado al
aquí peticionario cuando le notificó la confiscación? Contestamos
dicha interrogante en la afirmativa. El procedimiento establecido en
el referido estatuto dispone que el funcionario que realiza la
confiscación deberá notificar la ocupación al dueño, al que se
considere dueño o a cualquier persona con interés en la propiedad, como
lo es el acreedor condicional o hipotecario. A esos efectos, el
Artículo 3 de la Ley Uniforme de Confiscaciones47 dispone lo siguiente:
(1) ...
(2) El funcionario bajo cuya autoridad se efectúa la ocupación o la persona en la que él delegue notificará el hecho de la ocupación y la tasación o valor estimado de la propiedad ocupada a las personas siguientes:
(a) Aquellas que por las circunstancias, información y creencia, el funcionario considere como dueños, y
(b) en los casos de vehículos de motor, se notificará además al dueño según consta en el Registro de Vehículos del Departamento de Transportación y Obras Públicas y al acreedor condicional que a la fecha de la ocupación haya presentado su contrato para ser archivado. Además, en los casos que aplique, se notificará al acreedor hipotecario de un vehículo de motor cuando se haya cumplido con lo dispuesto en la sec. 1874 del Título 30. (Énfasis nuestro.)
Al examinar estas disposiciones estatutarias, nos percatamos y
puntualizamos que dirigen la notificación hacia el dueño del bien
confiscado o aquella persona que el Estado entiende y reconoce como
47 34 L.P.R.A. sec. 1723a. que es el dueño o tiene un interés legítimo sobre la propiedad
confiscada. Esta conclusión encuentra su fundamento en la
interpretación armónica e integral de las diferentes disposiciones
contenidas en el estatuto.
Resulta forzoso concluir que, una vez realizada la notificación
de la confiscación a un ciudadano, el Estado le reconoce a la persona
notificada un interés sobre la propiedad confiscada, en alguna de las
situaciones establecidas en el referido estatuto. Negrón v. Srio. de
Justicia, supra.
Ahora bien, ¿qué efecto tiene la notificación de la confiscación
del referido vehículo al aquí peticionario sobre su alegado derecho
a presentar una moción de supresión de la evidencia ocupada en el mismo?
Veamos.
Ciertamente, el Estado le reconoció al aquí peticionario un
interés legítimo sobre el bien mueble confiscado. El hecho de que le
haya sido reconocido tal interés sobre dicho bien, sólo configura uno
de los elementos a considerarse por la autoridad judicial, a los efectos
de si está presente la protección constitucional aludida. No le
confiere por sí solo el derecho para solicitar la supresión de la
evidencia ocupada. El ser propietario de un vehículo de motor no
necesariamente implica que se tenga una expectativa de intimidad en
el mismo. Además de ser el dueño, hay que tener la posesión, control
y alcance inmediato de esa propiedad y una creencia razonable de que
el Estado no intervendrá con la misma. Es necesario que el promovente
esté efectivamente protegido por la garantía constitucional contra
registros e incautaciones irrazonables, por albergar una expectativa
razonable de intimidad sobre la propiedad o lugar intervenido.48 Por
48 Pueblo v. Bonilla, supra; Pueblo v. Camilo Meléndez, supra; Pueblo v. Ramos Santos, supra; Pueblo v. Rivera Colón, supra; Pueblo v. Castro lo tanto, la mera notificación de la confiscación del vehículo no le
confiere por sí solo el derecho al aquí peticionario para solicitar
la supresión de la evidencia.
IV
La Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, establece que en
la moción de supresión de evidencia se deberán exponer los hechos
precisos o las razones específicas que sostengan el fundamento o
fundamentos en que se basa la misma. Del historial legislativo de la
Ley Núm. 65 de 5 de julio de 1988, la cual enmendó la antes mencionada
regla para incluir esa disposición, surge que el propósito del estatuto
fue evitar las dilaciones innecesarias del proceso judicial que
provocan la presentación, por parte de los imputados de delito, de
mociones sin fundamentos legales legítimos.
En el caso de Pueblo v. Maldonado, Rosa,49 resolvimos que debido
a la enmienda realizada a la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra,
cuando no se alegan de manera específica y detallada los hechos en que
fundamenta la solicitud de supresión de la evidencia ocupada, se puede
disponer de la misma sin necesidad de celebrar vista para discutirla.
El Tribunal de Primera Instancia puede disponer de una moción de
supresión de evidencia, sin la celebración de una vista evidenciaria,
cuando de las alegaciones de la misma surja que el promovente no tiene
derecho a solicitar la supresión.50
Rosario, supra; Pueblo v. Malavé González, supra; Pueblo v. Monzón, supra. 49 135 D.P.R. 563 (1994). 50 E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Primera Reimpresión, Editorial Forum: San Juan, 1995. En Pueblo v. Blase Vázquez 51 resolvimos que el Tribunal está
obligado a celebrar una vista evidenciaria para discutir una moción
de supresión de evidencia, cuando en la misma se alega que el Estado
no tenía una orden para registrar determinado lugar u objeto. En dicha
vista, el Ministerio Público tiene que demostrar las razones
justificadas para realizar el registro sin orden, ya que el mismo se
presume inválido.52 No obstante, esta obligación del Estado se activa
una vez el promovente alega al Tribunal, en forma específica y
detallada, que tenía una expectativa personal razonable de intimidad
en el lugar u objeto registrado y cómo fue agraviado por el Estado.
La Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, establece las
circunstancias bajo las cuales procede la supresión de la evidencia.
Alegar en la moción una de esas circunstancias, en ausencia de hechos
específicos que configuren el agravio sufrido que lo habilita y
capacita para utilizar el mecanismo allí dispuesto, no es suficiente
para mover la maquinaria judicial a celebrar una vista para discutir
la moción, según expusimos en Pueblo v. Maldonado, Rosa, supra. Es
imperativo que se le presente al Tribunal de Primera Instancia un caso
prima facie de registro irrazonable, por haber infringido la garantía
del solicitante a su expectativa razonable de intimidad. Para ésto,
es necesario alegar en la moción, de manera específica y detallada,
aquellos hechos que hacen acreedor al promovente de la solicitud de
supresión de evidencia por tener una expectativa razonable de intimidad
en el lugar registrado. Ciertamente, esos hechos son los que
configuran la legitimación activa del promovente, ya que en ausencia
51 Res. el 23 de junio de 1999, 99 T.S.P.R. 98, 148 D.P.R. ___ (1999), 99 J.T.S. 100. 52 Íd. de expectativa razonable de intimidad no hay protección constitucional
y, por ende, no procede la supresión de la evidencia, por no existir
el agravio contemplado en la Regla 234 de Procedimiento Criminal,
supra, que le permite levantar tal pedimento. Para poder presentar
válidamente una moción de supresión de evidencia al amparo de la Regla
234 de Procedimiento Criminal, supra, es imperativo que éste cumpla
con lo antes indicado. De lo contrario, tal moción no descansaría ni
se apoyaría sobre tal agravio, y tendría que ser declarada no ha lugar
sin mayor consideración.
De los hechos de este caso surge que el vehículo de motor que fue
objeto de registro, por parte del agente del orden público, no está
inscrito a nombre del señor Luis Echevarría Arroyo en el Departamento
de Transportación y Obras Públicas. No obstante, el Departamento de
Justicia le reconoció un interés sobre el referido vehículo al
notificarle su confiscación. La declaración jurada del agente del
orden público ubica por solo unos minutos al señor Echevarría Arroyo
en los alrededores del vehículo registrado. Sin embargo, de dicho
documento surge que el vehículo de motor registrado se encontraba bajo
el control, posesión y alcance inmediato del señor Pedro Santiago
Pérez. De ahí se desprende que quien podía tener, como acusado,
legitimación activa para solicitar la supresión de la evidencia
ocupada, como consecuencia del registro del referido vehículo, era el
señor Santiago Pérez. El aquí peticionario no alegó, en forma
específica y detallada, en su moción de supresión de evidencia los
hechos particulares que configuran su expectativa de intimidad en el
vehículo registrado y la forma en que el Estado se la infringió y, por
ende, lo agravió. No especificó en qué forma él mantenía la posesión,
control y alcance inmediato sobre el vehículo registrado. En la
referida moción de supresión de evidencia, el promovente se apoyó en el hecho de que el registro fue ilegal, porque se realizó sin orden.
Si bien es cierto que un registro sin orden se presume ilegal, no procede
la consideración por el Tribunal de Primera Instancia de la moción de
supresión de evidencia, si la misma padece de ausencia total de
alegaciones fácticas que demuestren de su faz que el promovente tenía
una expectativa razonable de intimidad en la propiedad registrada, o
sea, que era acreedor de la protección constitucional y, por lo tanto,
tiene legitimación activa para interponer la moción. Al no hacerlo,
no colocó al Tribunal de Primera Instancia en posición de continuar
con la consideración y atención de la moción de supresión de evidencia.
Surge de la minuta de la vista celebrada, que el aquí peticionario
arguyó, como elemento para acreditar su legitimación activa, que el
Estado le notificó de la confiscación del vehículo.
El efecto práctico de lo que la Mayoría resuelve, es que tiene
legitimación activa para presentar una moción de supresión de evidencia
ocupada o incautada en un registro a un vehículo de motor aquel acusado
que el Estado reconoció prima facie, cuando menos, como "dueño" o como
una persona con "derecho o interés" sobre el mismo en un procedimiento
de confiscación, aunque no alegue, ni mucho menos demuestre, que al
momento de tal registro tenía su posesión, control y alcance inmediato.
Con profundo respeto, no compartimos tal óptica. Somos del criterio
que la Mayoría está extendiendo el disfrute de un derecho y garantía
constitucional a un acusado, que no le asiste. De decretarse con lugar
por el Tribunal de Primera Instancia lo que el peticionario pretende,
se estaría suprimiendo la evidencia ocupada en una propiedad que del
expediente de autos surge que estaba bajo la posesión, control y alcance
inmediato de otra persona. Se estaría beneficiando de la intervención
ilegal y el agravio por el Estado a otra persona a su derecho a la
privacidad e intimidad. V
Por los fundamentos antes expuestos, confirmaríamos la resolución
recurrida, emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, así como
aquella dictada por el Tribunal de Primera Instancia, por entender que
no erró este último al declarar no ha lugar la moción de supresión de
evidencia por falta de legitimación activa de su promovente.
Efraín E. Rivera Pérez Juez Asociado