EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Cruz González
Peticionario Certiorari v. 2007 TSPR 3 Pep Boys 169 DPR ____ Recurrido
Número del Caso: CC-2005-431
Fecha: 11 de enero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Aguadilla
Juez Ponente: Hon. Roberto L. Córdova Arone
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Ramón A. Pérez González
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcdo. Carlos A. Padilla Vélez Lcdo. Antonio L. García Ramírez
Materia: Ley 2, Proc. Sumario, Salarios; Ley 45 del Fondo del Seguro del Estado Art. 5-A, Daños y Perjuicios Ley 80, Despido Injustificado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario Certiorari v. 2007 TSPR 3 Pep Boys 169 DPR ____ Recurrido
Lcdo. Carlos A. Padilla Vélez Lcdo. Antonio L. García Ramírez
Materia: Ley 45 del Fondo del Seguro del Estado Art. 5-A, Daños y Perjuicios Ley 80, Despido Injustificado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v. CC-2005-431 Pep Boys
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2007
El peticionario, Víctor Cruz González comenzó a
trabajar en Pep Boys como técnico automotriz, el 18
de mayo de 2000. El 30 de junio de 2003, sufrió un
accidente laboral en el que se lastimó su espalda
mientras instalaba unas piezas de un vehículo de
motor. Al día siguiente y como resultado del
accidente, Cruz González se reportó a la Corporación
del Fondo del Seguro del Estado (el “Fondo”). El
Fondo le concedió tratamiento en descanso
diagnosticándole trauma lumbar. Poco después, su
condición empeoró y fue hospitalizado en el Hospital
Industrial. En octubre de 2003, el Fondo le dio de
alta definitiva sin fijarle incapacidad. CC-2005-431 2
Inconforme con la determinación del Fondo de no fijarle
incapacidad, el peticionario acudió en revisión ante la
Comisión Industrial. Pendiente el recurso, el señor Cruz
González le solicitó a su patrono que le reinstalara en su
puesto, pues había sido dado de alta por el Fondo. El
patrono le solicitó que presentara un certificado médico
que especificara con mayor rigor su condición médica. Cruz
González acudió en varias ocasiones a su lugar de empleo
solicitando su reinstalación, pero en todas las ocasiones
se condicionó su reingreso a que sometiera la evidencia
médica requerida. El peticionario nunca sometió el
documento requerido.
El 12 de abril de 2004, el peticionario presentó una
querella contra Pep Boys en el Tribunal de Primera
Instancia al amparo del procedimiento sumario de
reclamaciones salariales. 32 L.P.R.A. secs. 3118 et seq.
En la demanda instada se alegó que el patrono había violado
la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 L.P.R.A.
secs. et seq., al negarse a reinstalarlo al empleo. Se
adujo además que Cruz González fue despedido injustamente.
En la querella instada, el peticionario solicitó la
reinstalación a su empleo, el pago de los salarios que
hubiese devengado de haber sido reinstalado y daños y
perjuicios por las alegadas violaciones del ley. En la
alternativa, solicitó el remedio de mesada dispuesto en la
Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185. CC-2005-431 3
Pep Boys contestó la demanda y oportunamente solicitó
que se dictara sentencia sumaria a su favor. El
peticionario se opuso. Mientras se dilucidaba el pleito,
la Comisión Industrial resolvió la apelación que había
instado el señor Cruz González. La Comisión devolvió el
caso al Fondo para que se le ofreciera tratamiento médico
al peticionario. Una vez devuelto el caso ante el Fondo,
éste determinó concederle al peticionario un CT. En otras
palabras, el Fondo dispuso que el señor Cruz González
recibiera tratamiento médico mientras trabajaba.
Así las cosas, el 21 de diciembre de 2004, el foro
primario dictó sentencia sumaria a favor de Pep Boys. El
señor Cruz González acudió ante el Tribunal de Apelaciones.
El foro apelativo intermedio confirmó la determinación del
foro sentenciador. Concluyó, que al momento de solicitar
reinstalación el peticionario no se encontraba apto para
trabajar y así lo reflejaba el récord del caso.
Inconforme, Cruz González acudió ante este Tribunal
señalando como error el siguiente:
“Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, que desestimó sumariamente la querella presentada por el querellante peticionario.”
Las partes comparecieron posteriormente y presentaron sus
respectivos alegatos.
Estudiados los alegatos presentados por las partes así
como el expediente del caso, se dicta sentencia y se revoca
la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que CC-2005-431 4
celebre la vista en su fondo y se determine si en efecto el
señor Cruz González se encontraba apto para trabajar al
momento de solicitar reinstalación a su empleo.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emite Opinión de conformidad a la cual
se le unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y el
Juez Asociado señor Rebollo López. El Juez Asociado señor
Rivera Pérez disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2005-431
Pep Boys
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la cual se le unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y el Juez Asociado señor Rebollo López
La cuestión a resolver en esta ocasión, es si
una determinación de la Corporación del Fondo del
Seguro del Estado (el “Fondo”), dando de alta a un
empleado luego de éste sufrir un accidente
ocupacional, supone que el empleado está
capacitado para desempeñar las funciones de su
puesto, por lo que el patrono no puede requerir
evidencia adicional del empleado que corrobore su
aptitud para el trabajo.
I
El señor Víctor Cruz González (“Cruz González”
o el “peticionario”) comenzó a trabajar en Pep Boys
como técnico automotriz, el 18 de mayo de 2000. CC-2005-431 2
Entre sus funciones estaba hacer diagnósticos de los
automóviles, instalar gomas y piezas a los vehículos de
motor, descargar mercancía de furgones, tales como gomas,
baterías, aceite y herramientas. Tales funciones requerían
realizar esfuerzo físico continuamente, doblar el cuello,
la cintura y estar de pie todo el tiempo.
El 30 de junio de 2003, el peticionario sufrió un
accidente laboral en el que se lastimó su espalda mientras
instalaba unas piezas a un vehículo de motor. Por tal
razón, el peticionario se reportó al día siguiente, 1ro. de
julio de 2003, a la Corporación del Fondo del Seguro del
Estado. Ese mismo día, el Fondo le concedió tratamiento en
descanso y le diagnosticó trauma lumbar, que luego resultó
ser un disco herniado y el nervio ciático pinchado. Pocos
días después, mientras recibía tratamiento en descanso, sus
padecimientos empeoraron al extremo de no poder caminar.
Debido a ello, fue hospitalizado ocho (8) días en el
Hospital Industrial. Al cabo de ese tiempo, continuó
recibiendo tratamiento médico en descanso hasta el 7 de
octubre de 2003, cuando el Fondo le dio de alta definitiva
sin fijarle incapacidad.
Oportunamente, el señor Cruz González apeló ante la
Comisión Industrial la decisión del Fondo de darle de alta
definitiva sin fijarle por ciento de incapacidad. El
fundamento de dicha apelación se consignó en los siguientes
términos: “solicito tratamiento médico e incapacidad,
tengo dolor en la espalda, no puedo caminar bien, en mis
condiciones no puedo volver a ejercer mis funciones en el CC-2005-431 3
lugar donde trabajo, no me puedo doblar, no puedo dormir
por causa de los dolores.”
Al mismo tiempo, el señor Cruz González solicitó a su
patrono que le reinstalara en su puesto. El peticionario
le entregó a su supervisor inmediato la “Decisión del
Administrador sobre Tratamiento Médico” que indicaba que
éste había sido dado de alta del Fondo el día anterior, sin
incapacidad. No obstante, el peticionario le expresó a su
supervisor que aún no se sentía bien y que había apelado
dicha determinación ante la Comisión Industrial.
Inmediatamente, el supervisor le solicitó que presentara un
certificado médico adicional que fuera más específico en
cuanto a su condición médica. Luego de ello, el señor Cruz
González acudió en varias ocasiones al taller de empleo
para solicitar su reinstalación, pero en todas las
ocasiones se condicionó su reingreso a que sometiera la
evidencia médica requerida. El peticionario nunca la
produjo.
Ante la negativa a reinstalarlo, el peticionario
presentó una querella ante el Departamento del Trabajo,
Negociado de Normas de Trabajo, por despido injustificado y
violación a la Ley del Sistema de Accidentes en el Trabajo,
infra. Así las cosas, Pep Boys envió el 4 de enero de
2004, una misiva al peticionario expresándole su
disposición de reinstalarlo en su puesto bajo la condición
de que éste proveyera un certificado médico que indicara
que se encontraba físicamente capacitado para trabajar. CC-2005-431 4
Mediante carta del 24 de enero de 2004, el Departamento
del Trabajo determinó que Pep Boys adeudaba al peticionario
la suma de $4,064.00 por concepto de salarios dejados de
devengar conforme dispone la Ley del Sistema de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de
18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et
seq (“Ley Núm. 45”). Además, se ordenó la reposición del
peticionario en su empleo.1
El 12 de abril de 2004 el peticionario presentó una
reclamaciones salariales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de
1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. secs. 3118 et seq.2 En
la misma, se alegó que el patrono había violado la Ley Núm.
45, supra, al negarle la reinstalación al peticionario, a
pesar de que éste la solicitó dentro de los 15 días de
haber sido dado de alta por el Fondo y sin que hubiesen
pasado 12 meses desde que ocurrió el accidente. Se alegó,
además, que al momento de solicitar su reinstalación se
encontraba física y mentalmente capacitado para ocupar el
puesto que desempeñaba al momento de ocurrir el accidente y
1 Posterior a ello, el Departamento del Trabajo envió una carta al peticionario para que compareciera a sus oficinas el 14 de abril de 2004 para discutir los resultados de la investigación de su caso. No surge del expediente si hubo algún procedimiento ulterior o alguna determinación final del ente administrativo que fuera concluyente para el presente caso. 2 Luego, se determinó que la querella se tramitaría bajo el procedimiento ordinario. CC-2005-431 5
que dicho puesto aún subsistía. Finalmente, se adujo que
fue despedido injustificadamente.
El peticionario solicitó la reinstalación a su empleo,
el pago de los salarios que hubiese devengado de haber sido
reinstalado y daños y perjuicios por las presuntas
violaciones de ley. En la alternativa, solicitó el remedio
de mesada dispuesto en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de
1976, 29 L.P.R.A. sec. 185.
Oportunamente, Pep Boys contestó la querella presentada
en su contra, negó las alegaciones esenciales del
querellante y levantó varias defensas afirmativas, entre
ellas: (1) que el peticionario no se encontraba ni física
ni emocionalmente apto para ejercer las funciones de su
plaza, y (2), que el peticionario no fue despedido.3
Posteriormente, Pep Boys solicitó del Tribunal de
Primera Instancia que dictara sentencia sumaria a su favor.
Alegó que la única razón por la cual el Fondo concedió el
alta al peticionario fue debido a que éste no estuvo de
acuerdo en someterse al tratamiento médico disponible, el
cual consistía en una operación quirúrgica, toda vez que no
le garantizaban que luego de la operación pudiese caminar.
En apoyo de lo anterior, Pep Boys incluyó con la moción
de sentencia sumaria una transcripción de la deposición
tomada al peticionario el 23 de julio de 2004. En la
misma, éste admitió, además, que en la fecha en que 3 Entre las defensas afirmativas, el patrono alegó además que el peticionario “libre, voluntaria y espontáneamente expresó a los oficiales de la empresa que no estaba ni física ni mentalmente capacitado para desempeñarse en su puesto de Técnico Automotriz.” Apéndice, a la pág. 8. CC-2005-431 6
solicitó su reinstalación, no podía ejercer las funciones
esenciales de su plaza, las cuales requerían, entre otras
cosas, levantar objetos pesados de hasta 83 libras, doblar
su cuello y su espalda. En consecuencia, Pep Boys adujo
que el peticionario no cumplió con todos los requisitos que
establece el Art. 5(a) de la Ley Núm. 45 para ser acreedor
a la reinstalación.
El peticionario, por su parte, presentó oposición a la
solicitud de sentencia sumaria. En la misma, el señor Cruz
González señaló que de la deposición presentada se
desprende que estaba capacitado para trabajar. Además, que
tenía derecho a ser reinstalado toda vez que el Fondo lo
había dado de alta, lo cual automáticamente lo cualificaba
para ejercer las funciones de su puesto y que su apelación
ante la Comisión Industrial obedeció a que éste interesaba
que se le diera un “CT”, en lugar de un alta definitiva.
Mientras se ventilaban los procedimientos ante el
Tribunal de Primera Instancia, la Comisión Industrial
resolvió la apelación que había instado el señor Cruz
González. En su resolución del 8 de septiembre de 2004, la
Comisión decidió devolver el caso al Fondo para que se le
ofreciera tratamiento al peticionario. Una vez devuelto el
caso, el Fondo determinó concederle al peticionario un
“CT”, es decir que continuara recibiendo tratamiento médico
mientras trabajaba, a partir del 4 de octubre de 2004.
Así las cosas, el 21 de diciembre de 2004, el Tribunal
de Primera Instancia dictó sentencia declarando con lugar
la solicitud de sentencia sumaria. En su sentencia, el CC-2005-431 7
foro primario expresó que de la deposición tomada al
peticionario surgía que al momento de éste solicitar su
reinstalación, “no se sentía bien, no podía doblar su
cuerpo; sólo con dificultad; que no podía levantar objetos
pesados, lo cual según reconoció era una función especial
de su puesto, que al no sentirse bien y no estar de acuerdo
con el alta recibida, radicó una apelación ante la Comisión
Industrial.” (Énfasis en el original). Sentencia del
Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, a las págs. 157-
158.
No conforme, el señor Cruz González acudió ante el
Tribunal de Apelaciones. El foro intermedio apelativo
confirmó la determinación del foro sentenciador por
entender que la evidencia que constaba en el expediente
claramente demostraba que cuando el peticionario solicitó
la reposición a su puesto, no se encontraba físicamente
apto para ejercer las funciones del mismo. En
consecuencia, dicho foro concluyó que el peticionario no
cumplió con todos los requisitos que dispone el Art. 5(a)
de la Ley Núm. 45, supra.
Insatisfecho todavía, el señor Cruz González acudió
ante nosotros mediante recurso de certiorari y nos planteó
como único señalamiento de error que:
Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, que desestimó sumariamente la querella presentada por el querellante peticionario.4
4 En el alegato que posteriormente nos sometió, el peticionario reformuló su señalamiento de error de la siguiente manera: CC-2005-431 8
Ambas partes han comparecido con sus respectivos
alegatos, por lo que estamos en posición de resolver y así
procedemos.
II
A
La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo,
supra, es una legislación de protección social que reconoce
e instrumenta el derecho constitucional de todos los
trabajadores en Puerto Rico a recibir protección contra
riesgos a la salud e integridad personal en sus talleres de
trabajo, derecho que está garantizado por el Artículo II,
Sec. 16 de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Véase, Rivera v. Blanco Vélez Stores, 155
D.P.R. 460 (2001).
Esta legislación, de carácter remedial, ofrece ciertas
garantías y beneficios al trabajador que sufre un accidente
o enfermedad relacionado con el trabajo que lo inhabilite
para realizar sus funciones. Entre las disposiciones que
provee la ley a tales fines se encuentra el Art. 5(a), el
cual le impone al patrono la obligación de reservar por
doce meses (360 días) el empleo a aquel trabajador que ha
sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.
Conjuntamente, el patrono tiene el deber de reinstalar al
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que no había controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y que como cuestión de derecho debía dictarse sentencia sumaria.
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que el peticionario no puede prevalecer bajo ningún supuesto de hecho y que no tiene derecho a la concesión de un remedio, cualquiera que éste sea. CC-2005-431 9
empleado en su antiguo puesto, siempre que concurran las
condiciones que estatuye dicho artículo.5 Véase discusión
infra. En consecuencia, el empleado no podrá ser despedido
5 El Artículo 5(a) de la Ley Núm.45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 7, reza de la siguiente manera:
En los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, el patrono vendrá obligado a reservar el empleo que desempeñaba el obrero al momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones:
(1) Que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo reponga en su empleo dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere dado de alta o fuere autorizado a trabajar con derecho a tratamiento, siempre y cuando dicho requerimiento no se haga después de transcurridos doce meses desde la fecha del accidente;
(2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono su reposición, y
(3) que dicho empleo subsista en el momento en que el obrero o empleado solicite reposición. (Se entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo esté vacante o lo ocupe otro obrero o empleado. Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro obrero o empleado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hizo el requerimiento de reposición).
Si el patrono no cumpliera con las disposiciones de esta sección vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus beneficiarios los salarios que dicho obrero o empleado hubiere devengado de haber sido reinstalado, además le responderá de todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o empleado, o sus beneficiarios, podían instar y tramitar la correspondiente reclamación de reinstalación y/o daños en corte por la acción ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de salarios, establecido en las secciones. 3118 a 3132 del Título 32. 11 L.P.R.A. sec. 7. CC-2005-431 10
durante ese periodo de tiempo, salvo que medie justa causa.6
García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364 (1999); Santiago
v. Kodak, 129 D.P.R. 763 (1992).
Hemos establecido que el cómputo de los 12 meses de
reserva que provee el Artículo 5(a) es de caducidad y
comienza a transcurrir a partir de la fecha en que ocurrió
el accidente o enfermedad laboral. Segarra Hernández v.
Royal Bank, 145 d.P.R. 178, 199 (1998). Por tratarse de un
término de caducidad, este periodo de reserva, tiene una
existencia limitada que se consume por el transcurso del
tiempo fijado por ley. No está sujeto a interrupción ni
ampliación de clase alguna. Torres González v. Star Kist,
134 D.P.R. 1024, 1033 (1994); Vélez Rodríguez v. Pueblo
Internacional, Inc., 135 D.P.R. 500 (1994). Véase además,
Opiniones del Fondo del Seguro del Estado, Consulta Núm. C-
89-15 de 6 de julio de 1989; Consulta Núm. C-92-17 de 19 de
junio de 1992; Consulta Núm. C-96-43 de 30 de septiembre de
1996. Incluso, hemos determinado que el aludido término de
12 meses que dispone el Art. 5(a), no se interrumpe por el
hecho del empleado presentar una apelación ante la Comisión
Industrial. Cintrón v. SF&F Lab. Co., 142 D.P.R. 803, 814
(1997). Véase además, Opinión del Fondo del Seguro de
Estado, Consulta Núm. C-90-30 de 15 de agosto de 1990.7
6 Hemos interpretado que habrá justa causa para despedir al trabajador que ha sufrido un accidente del trabajo si con anterioridad a sufrir dicho accidente llevó a cabo una conducta que es causa justificada para despedirlo. Véase, Santiago v. Kodak, 129 D.P.R. 763 (1992). 7 En dicha Opinión se expresó lo siguiente: CC-2005-431 11
Ciertamente, el referido Art. 5(a) constituye una
limitación a la discreción del patrono para administrar su
negocio porque le prohíbe que durante el término de reserva
despida a un empleado que ha sufrido un accidente o
contraído una enfermedad durante el desempeño de su
trabajo. No obstante, la prohibición de despido y la
obligación de reservar y reinstalar al trabajador en el
puesto que desempeñaba al momento en que se inhabilitó para
trabajar, no es absoluta. Rodríguez v. Méndez & Co., 144
D.P.R. 734, 741 (1999); Santiago v. Kodak, supra, a la pág.
770. Esta obligación del patrono está sujeta a que se
De igual forma, las apelaciones radicadas ante la Comisión Industrial de Puerto Rico, o las decisiones que éste emita, no tienen el efecto e [sic] interrumpir el término de 12 meses por dos razones fundamentales:
(1) Como se señala anteriormente el referido término es de caducidad, no sujeto a interrupción o ampliación de clase alguna y
(2) el artículo 10 de la ley, [Ley Núm. 45, supra] que regula todo lo concerniente a las apelaciones ante la Comisión Industrial, no establece que la radicación de las referidas apelaciones, tengan el efecto de interrumpir o ampliar el referido término.
Debe recordarse que las apelaciones ante la Comisión Industrial, son partes intrínsecas del andamiaje administrativo procesal, establecido en la ley para la protección de los derechos de los obreros o empleados que sufren un accidente del trabajo y no tiene el efecto de conceder mayores derechos que aquellos contemplados o reconocidos en el estatuto.
Aunque la ley de Compensaciones por accidentes del Trabajo, es una de carácter remedial y exige una interpretación liberal, no puede incluirse en la ley, por vía de interpretación, lo que no está dispuesto en la misma. (Citas Omitidas). CC-2005-431 12
cumplan los requisitos que el propio artículo establece, a
saber:
1. que el accidente o enfermedad ocupacional inhabilite
al empleado para trabajar;
2. que el empleado se acoja a los beneficios de la Ley
Núm. 45;
3. que dentro de los quince (15) días de haber sido dado
de alta o autorizado a trabajar por el Fondo con
derecho a tratamiento, el empleado solicite al patrono
reposición en su empleo;8
4. que dicho requerimiento de reposición se haga dentro
de los doce (12) meses de haber ocurrido el accidente
o enfermedad;
5. que al solicitar su reposición el empleado esté física
y mentalmente capacitado para desempeñarse en las
funciones del empleo que ocupaba;
6. que dicho empleo subsista al momento en que el
trabajador solicita su reinstalación.
Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra; Cuevas v.
Ethicon, 148 D.P.R. 839 (1999).
Reiteradamente hemos establecido que es necesario que
converjan todos los requisitos mencionados para que se
configure la protección de reinstalación que consagra el
8 Mediante la Ley Núm. 162 de 24 de junio de 2004 se enmendó el Artículo 5(a) de la Ley Núm. 45, supra, a los fines de aclarar que el término de quince días dispuesto para que un empleado lesionado solicite su reinstalación en el empleo comienza a transcurrir no solamente desde la fecha en que es dado de alta por el Fondo, sino también desde que dicha agencia lo autoriza a trabajar con derecho a tratamiento (“CT”). CC-2005-431 13
Art. 5(a). Rivera v. Vélez Stores, a la pág. 468. El
legislador, al imponer estos requisitos intentó establecer
un balance entre los intereses del patrono y la protección
social al empleado lesionado. Por un lado, la ley le
proporciona al trabajador que sufre un accidente
ocupacional gran tranquilidad porque tiene la seguridad de
que, cumpliendo ciertos requisitos, su ausencia en el
trabajo durante doce meses no le priva su derecho a ser
reinstalado en su empleo. García v. Darex, supra, pág.
377; Vélez v. Pueblo Internacional, Inc., 135 D.P.R. 500,
513 (1994). Pero a la misma vez, se imponen restricciones
para el reingreso al trabajo y se limita el tiempo en que
el patrono tiene que reservar el puesto, para así aliviar
la carga que supone para cualquier patrono verse obligado
por la ley a congelar un sinnúmero de plazas por un período
de tiempo. Segarra Hernández v. Royal Bank, 145 D.P.R.
178, 199 (1998). R. N. Delgado Zayas, Apuntes para el
Estudio de la Legislación Protectora del Trabajo en el
Derecho Laboral Puertorriqueño, San Juan, Puerto Rico,
2005, a la pág. 191.
En esta ocasión, debemos expresarnos sobre el
requisito del Art. 5(a) de la Ley Núm. 45 que exige que el
empleado se encuentre, al momento de solicitar
reinstalación, “mental y físicamente capacitado para ocupar
dicho empleo” y si se cumple con dicho requerimiento,
meramente presentando ante el patrono la certificación
emitida por el Fondo dando de alta al empleado, sin que CC-2005-431 14
éste pueda requerir información adicional sobre la
condición del empleado.
B
La Ley Núm. 45, “no establece los requisitos [de
forma] que debe cumplir el obrero al solicitar que se le
reponga en su empleo,” por lo que cada controversia debe
atenderse caso a caso, en función de la naturaleza
reparadora de la ley y con particular atención al propio
lenguaje de la misma. R. N. Delgado Zayas, op. cit., pág.
192.
Anteriormente, hemos expresado que una determinación
del Fondo que autoriza a un empleado a trabajar mientras
recibe tratamiento médico, “necesariamente presupone que
éste está habilitado para trabajar y puede efectivamente
reintegrase a la fuerza laboral.” Rivera v. Blanco Vélez
Stores, supra, a la pág. 472.
Incluso, hemos señalado que “es de presumirse que un
obrero en “CT” cumple con [los requisitos que preceptúa el
Artículo 5(a)], pues de otro modo no se explica como el
Fondo le ha dado de alta para trabajar mientras recibe
tratamiento.” Rivera v. Blanco Vélez Stores, supra, a la
pág. 473. Hemos basado ese razonamiento, en parte, en el
Reglamento sobre Derechos de Obreros y Empleados,
Reglamento Núm. 3966 de 9 de agosto de 1989 (el
“Reglamento”), que establece en su Sección 4(Q), que el
“CT” se concede a un empleado “cuando el programa
terapéutico trazado [al] paciente se efectúa mientras éste
sigue trabajando, ya que está hábil para hacerlo según el CC-2005-431 15
cuadro clínico diagnosticado por el médico".9 Por lo tanto,
nuestras expresiones encuentran apoyo en el propio
Reglamento que rige los procesos ante el Fondo.
En lo que concierne la controversia que hoy nos ocupa,
el Reglamento indica en su Sección 7, que la determinación
de dar de alta a un trabajador ocurre: “[c]uando el
Administrador, previos los dictámenes médicos rendidos en
cualquier caso, llegue a la conclusión de que mayor
tratamiento no ha de mejorar la condición del obrero o
empleado, le dará de alta y procederá a fijar el grado de
incapacidad con que haya quedado, si alguna.” (Énfasis
suplido). La definición que provee el Reglamento sobre la
determinación de alta no nos permite concluir que,
necesariamente, el empleado está hábil para realizar las
funciones de su puesto. Más bien, según el texto del
Reglamento, lo único que certifica una determinación de
alta es que no existe otro tratamiento que pueda mejorar la
condición del obrero o empleado.10 Por lo tanto, la
determinación de alta, no conlleva inevitablemente una
adjudicación por parte del Fondo en el sentido que el
9 El Reglamento Núm. 3966 fue promulgado el 10 de octubre de 1989, con el propósito de establecer de forma clara y específica aquellos derechos que confiere la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Sección I, Reglamento Núm. 3966. 10 Cabe señalar que la certificación que produce el Fondo que certifica que el empleado ha sido dado de alta definitiva no provee un acápite en el que se explique si las razones por las que se dio de alta al empleado obedece a que el empleado se encuentra capacitado para regresar a sus funciones. CC-2005-431 16
empleado está capacitado para desempeñar las funciones
propias de su puesto.
Reiteradamente hemos resuelto que la Ley de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo debe
interpretarse liberalmente a favor del obrero por ser ésta
un estatuto remedial. Ortiz v. F.S.E., 137 D.P.R. 367
(1994). Sin embargo, esto no significa que si "la ley es
clara [y] libre de ambigüedad, la letra de ella [deba] ser
menospreciada bajo pretexto de cumplir su espíritu.”
Articulo 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 201; Ríos v.
Méndez & Co., 115 D.P.R. 50, 53 (1984).
No obstante lo anterior, el objetivo del tratamiento
médico que se le ofrece al empleado lesionado o enfermo una
vez se acoge a los beneficios del Fondo es “facilitarle su
recuperación y retorno a las labores.” Rivera v. Vélez
Stores, supra, a la pág. 470. La Sección 7 del Reglamento
dispone que “el objetivo primordial de[l] . . . tratamiento
[médico] es que el obrero o empleado se reintegre a la
fuerza trabajadora.” De ahí que, se le garantice a todo
trabajador de recibir todo tratamiento médico que el
facultativo del Fondo determine que sea necesario de suerte
que el obrero pueda regresar a sus labores.
Por dicha razón soy del criterio que, una
determinación de alta por parte del Fondo, en principio,
presupone que se ha completado el programa terapéutico y el
empleado se encuentra en condición para regresar a su CC-2005-431 17
taller de trabajo.11 Por lo que, de no mediar alguna otra
consideración de la cual se pueda inferir lo contrario,
debemos considerar que el documento de alta emitido por el
Fondo es una prueba prima facie de que el trabajador se
encuentra capacitado para desempeñar las funciones de su
antiguo puesto. En otras palabras, crea una presunción
rebatible de que el trabajador está hábil para el trabajo.
Con esta interpretación adelantamos y hacemos eficaz el
objetivo primordial del tratamiento médico que ofrece el
Fondo, a saber, que todo empleado regrese y se reincorpore
a su trabajo.
Antes bien, como presunción rebatible al fin admite
prueba en contrario. Precisamente de eso trata la
controversia ante nuestra consideración, a saber: si
exitía base suficiente -–razonable y objetiva-- para que el
patrono concluyese que el peticionario no estaba apto para
ejercer las funciones de su puesto no empece haber sido
dado de alta por el Fondo y le exigiese prueba médica
adicional para corroborar su aptitud para cumplir con las
obligaciones y responsabilidades de su empleo.
Recapitulando, la determinación de alta del Fondo
constituye evidencia prima facie de que el obrero cumple
con el requisito que impone el Artículo 5(a) de que se 11 Como nos señala el Lcdo. Ruy N. Delgado Zayas, el requerimiento de reinstalación “puede hacerse de varias formas, siempre y cuando se haga en tiempo y . . . éste le muestre al patrono al menos el documento que acredita que fue dado de alta y autorizado a trabajar.” Ruy N. Delgado Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación Protectora del Trabajo en el Derecho Laboral Puertorriqueño, supra, pág. 192. CC-2005-431 18
encuentre física y mentalmente capacitado para desempeñar
sus funciones que crea una presunción rebatible en tal
sentido. Pero ello no es impedimento, para que en
situaciones excepcionales se pueda rebatir dicha
presunción.
III
Procede entonces analizar los hechos de este caso a la
luz de los principios reseñados. La sentencia inicial
dictada en este caso fue una sentencia sumaria en la cual
se determinó que según la prueba suministrada no existía
controversia de hecho en cuanto a que el peticionario no
estaba físicamente capacitado para realizar sus funciones,
por lo que como cuestión de derecho no cumplía con todos
los requisitos que estatuye el Artículo 5(a) para que sea
merecedor del derecho a la reinstalación.
La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. AP.
III, R. 36, permite que cualquiera de las partes en un
pleito pueda solicitar que el tribunal emita sentencia
sumaria a su favor tras demostrar que no existe
controversia real sustancial sobre los hechos pertinentes.
Hemos resuelto, además, que la sentencia sumaria es un
remedio extraordinario discrecional que sólo debe
concederse cuando no hay una genuina controversia sobre
hechos materiales y el Tribunal se convence que tiene ante
sí la verdad de todos los hechos pertinentes. Malavé v.
Oriental Bank, res. 20 de abril de 2006, D.P.R. ___ (2006)
T.S.P.R. 63. Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos.,
144 D.P.R. 563 (1997). CC-2005-431 19
La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos
claros y cualquier duda en cuanto a si hay hechos
pertinentes en controversia debe resolverse contra la parte
que solicita la sentencia sumaria. Por ende, y conforme a
las Reglas de Procedimiento Civil, el Tribunal solamente
procederá a emitir una sentencia sumaria si a la luz de los
documentos sometidos, además de los que contienen los
autos, "no hay controversia real en cuanto a ningún hecho
material y como cuestión de derecho procede dictarse."
Regla 26.3, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 36.3; García v. Darex
P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 382 (1999); Méndez Arocho v. El
Vocero de P. R., 130 D.P.R. 867 (1992).
En el caso de autos, de la moción de sentencia sumaria
presentada por Pep Boys y de la oposición a la misma
presentada por el señor Cruz González, surge como hecho
incontrovertido, que al momento del peticionario solicitar
su reinstalación éste estaba apelando ante la Comisión
Industrial la decisión del Fondo de concederle un alta
definitiva sin incapacidad. Es un hecho incontrovertido,
además, que en dicha apelación el peticionario expresó su
inconformidad con la decisión del Fondo y a tales efectos
señaló lo siguiente: “en mis condiciones no puedo volver a
ejercer mis funciones en el lugar donde trabajo, no me
puedo doblar, no puedo dormir por causa de los dolores.”
(Énfasis nuestro). Además, surge de la deposición que se
le tomó al peticionario que éste informó a su supervisor
tales hechos. Transcripción de la deposición, Apéndice a
la pág. 81. Estas expresiones levantan serias dudas acerca CC-2005-431 20
de la verdadera rehabilitación del empleado cuando solicitó
su reinstalación y sobre la capacidad física de éste para
realizar sus funciones, que entre otras cosas incluían
doblarse, levantar objetos pesados y estar constantemente
de pie.12 Véase además, Transcripción de la deposición;
Apéndice, pág. 75-76.
Por otro lado, surge del expediente que la Comisión
Industrial al resolver la apelación instada por el señor
Cruz González dispuso que el caso le fuera devuelto al
Fondo para que se le ofreciera tratamiento médico. Una vez
ello ocurrió, el Fondo determinó conferirle al peticionario 12 La descripción del puesto de técnico automotriz que fue estipulada por las partes es la siguiente:
Productivity
(A) Service personnel must be able to perform physical labor including but not limited to: (a) battery installation and charging (b) remove rotors and drums, true and replace, (c) tire changing, matching (d) removing and installing exhaust systems/ torches (e) removing and installing shock absorbers and struts (f) fluid and filter service (g) remove, repair, replace hard parts (h) disc and drum brake repair (i) wheel alignment/ steering/suspension (j) heating and cooling system (k) air conditioning service and repair (j) cruise control/ sounds/security/ phone installation (m) standard fuel systems (n) clutches (FWD and RWD) (o) performance tune-ups. . . .
. . .
(D) While performing these job duties services personnel are required to lift a wide variety of items, including various hand and air tools. Lifting of weights from a few ounces to twenty- five (25) pounds would be performed a continuous basis. Service personnel occasionally lift twenty-six to fifty (50) pounds during the day. Lifting of fifty (50) to eighty-three (83) pounds will occur one to three times per day… CC-2005-431 21
un CT, que como sabemos, le permitía continuar trabajando
mientras recibía tratamiento médico.
Los hechos antes mencionados ponen de manifiesto una
incongruencia respecto un hecho material, a saber: si el
peticionario estaba físicamente apto para trabajar. La
única forma de dilucidar esta controversia es a través de
un juicio plenario. En vista de lo anterior, erró el
Tribunal de Primera Instancia al resolver este caso
mediante el procedimiento sumario. Procede entonces
revocar dicho dictamen y devolver a dicho foro tal y como
se dispone en la sentencia dictada.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada