Cruz Consulting Group, Inc. v. El Legado De Chi Chi Rodríguez

2014 TSPR 103

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 4, 2014
• Docket: CC-2013-978
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cruz Consulting Group, Inc.

Recurrido Certiorari

v. 2014 TSPR 103

El Legado de Chi Chi Rodríguez, 191 DPR ____ S.C., S.E. y otros

Peticionarios

Número del Caso: CC-2013-978

Fecha: 4 de septiembre de 2014

Región Judicial de: Caguas

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Manuel Cámara Montull Lcdo. Jorge Cámara Oppenheimer

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Ramón Díaz Gómez

Materia: Ley 208—1995 de Transacciones Comerciales, Instrumentos Negociables – Responsabilidad de agente o representante al firmar pagaré

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cruz Consulting Group, Inc. Certiorari Recurrido CC-2013-978 v.

El Legado de Chi Chi Rodríguez, S.C., S.E. y otros

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de septiembre de 2014.

Comparecen ante nos el Sr. José Joaquín López Cámara,

su esposa, la Sra. María Elena Matos Garratón y la

Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos (en

conjunto, los ―peticionarios‖) y solicitan la revocación

de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Mediante

esta se modificó y confirmó una Sentencia del Tribunal de

Primera Instancia que declaró Con Lugar una Demanda en

cobro de dinero presentada por Cruz Consulting Group, Inc.

(en adelante, ―Cruz Consulting‖), contra los peticionarios

y otros.

En esta ocasión nos corresponde resolver si un agente

o representante de una tercera persona responde en su

carácter personal al firmar un instrumento negociable,

específicamente un pagaré, conforme a la Ley Núm. 208-

1995, según enmendada, conocida como Ley de Transacciones CC-2013-0978 2

Comerciales, infra. A continuación exponemos los hechos

que dieron génesis a la controversia de autos.

I

El 26 de octubre de 2001, el Sr. Juan Rodríguez Vilá

y las corporaciones T/MG Corp., Inc. y Potrero Matos,

Inc., ambas representadas por su Presidente, el señor

López Cámara, otorgaron una Escritura ante Notario Público

con el fin de crear una sociedad especial y en comandita

llamada El Legado de Chi Chi Rodríguez Golf Resort (S.C.),

S.E. (en adelante, ―El Legado‖), cuyo propósito era operar

y poseer un proyecto turístico que incluiría un hotel y un

campo de golf.1

El 28 de mayo de 2003, El Legado contrató a Cruz

Consulting para que proveyera servicio de cable TV a las

unidades del proyecto turístico.2 Ese mismo día las partes

otorgaron otro Contrato mediante el cual El Legado

contrató a Cruz Consulting para que proveyera e instalara

equipos digitales inteligentes.3 Un tercer Contrato fue

1 Véase la Escritura Núm. 53 titulada Deed of Amended and Restated Special Partnership, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 143- 167. Anteriormente las mismas partes habían otorgado otras dos (2) escrituras: (1) el 19 de abril de 2001, el señor Rodríguez Vilá, el Sr. José A. Marcano Figueroa y las corporaciones T/MG Corp., Inc. y Potrero Matos, Inc., otorgaron una primera Escritura con el propósito de constituir una sociedad especial en comandita que se llamaría Puerto Rico Golf Resort, (S.C.) S.E, y (2) el 26 de octubre de 2001, las mismas partes, excepto el señor Marcano Figueroa, otorgaron una segunda Escritura a los efectos de remover al señor Marcano Figueroa como socio, pues este deseaba separarse de la sociedad que habían constituido previamente. Véanse las Escrituras Núm. 21 y 52, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 121-142. 2 Véase el Contrato titulado Contrato para la Provisión de Señal de CATV, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 174-176. 3 Véase el Contrato titulado Contrato para la Provisión de Cajas y Módulos para las Casas Inteligentes, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 177-179. CC-2013-0978 3

otorgado entre El Legado y Cruz Consulting el 14 de enero

de 2004, en el cual Cruz Consulting se obligó, inter alia,

a proveer material y equipo para instalar servicio de

internet y telefonía.4 En virtud de los Contratos antes

mencionados,5 la cantidad facturada por Cruz Consulting a

El Legado ascendió a la suma total de cuatrocientos

diecinueve mil quinientos sesenta y cuatro dólares con

cincuenta y nueve centavos ($419,564.59).6

Posteriormente, las partes otorgaron un Contrato

titulado Mutual Release con fecha de 10 de enero de 2006,

el cual fue firmado por el señor Cruz en representación de

Cruz Consulting y los señores López Cámara y Rodríguez

Vilá en representación de El Legado. Tratándose en esencia

de un Contrato de Transacción entre las partes, las mismas

acordaron que El Legado pagaría la suma de doscientos

cincuenta mil dólares ($250,000.00) a Cruz Consulting a

cambio de que esta renunciara a toda reclamación que

pudiera tener contra El Legado y sus socios que se

derivara de los servicios de telecomunicaciones objeto de

4 Véase el Contrato titulado Contrato para la Administración, el Uso y Derecho de Paso de la Infraestructura de Conductos y Registros de Comunicaciones, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 168-173. 5 Los primeros dos (2) Contratos fueron firmados por el Sr. José Luis Cruz, como representante de Cruz Consulting, y el señor López Cámara y el Sr. Jesús Rodríguez Vilá, como representantes de El Legado. En el tercer Contrato compareció el señor López Cámara como representante de El Legado Home Owners Association, Inc., mientras que el Sr. Jesús Rodríguez Vilá compareció como representante de El Legado. Como de costumbre, el señor Cruz compareció a nombre de Cruz Consulting. 6 Véase la determinación de hecho número 5 de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso Certiorari, pág. 101. CC-2013-0978 4

los Contratos antes mencionados.7 Según el Anejo A del

Mutual Release, los doscientos cincuenta mil dólares

($250,000.00) serían pagaderos de la siguiente manera: (a)

ciento veinticinco mil dólares ($125,000.00) pagaderos

luego de quince (15) días contados a partir de la fecha

del otorgamiento del contrato, y (b) ciento veinticinco

mil dólares ($125,000.00) pagaderos el 1 de diciembre de

2006.8 La segunda suma de ciento veinticinco mil dólares

($125,000.00) fue objeto de un Pagaré suscrito ante

Notario Público el 13 de febrero de 2006, con fecha de

vencimiento el 1 de diciembre de 2006.9 Al pie del Pagaré

constan la firma del señor Rodríguez Vilá como Socio

Gestor (―Managing Partner‖) de El Legado, así como la

firma del señor López Cámara, también como Socio Gestor

(―Managing Partner‖) de la misma entidad jurídica.10

Igualmente, en la autenticación de las firmas realizada

por el Notario Público se identifica a los señores

Rodríguez Vilá y López Cámara como Socios Gestores de El

Legado.11

Debido a la falta de pago de la segunda suma de

ciento veinticinco mil dólares ($125,000.00) adeudados por

virtud del Contrato titulado Mutual Release y el Pagaré

7 Véase el Contrato titulado Mutual Release, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 180-186. 8 Íd., pág. 185. 9 Véase el Pagaré otorgado entre las partes, Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 272. 10 Íd. 11 Íd. CC-2013-0978 5

antes mencionado, el 21 de febrero de 2007, Cruz

Consulting presentó una acción civil en cobro de dinero

contra El Legado, el señor Rodríguez Vilá, el señor López

Cámara y sus respectivas esposas y Sociedades de Bienes

Gananciales. El 10 de mayo de 2007, el señor Rodríguez

Vilá, su esposa Iwalani Rodríguez y la Sociedad de Bienes

Gananciales compuesta por ambos presentaron una Moción en

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial mediante la cual

argumentaron en síntesis que El Legado es una sociedad

especial de responsabilidad limitada y que fue esta la que

firmó y se obligó mediante el Pagaré, por lo que el

matrimonio Rodríguez-Rodríguez no debía responder por la

deuda reclamada en su carácter personal. Por su parte, el

22 de mayo de 2007, los peticionarios presentaron una

Moción de Desestimación ante el foro primario y alegaron

que El Legado es una sociedad especial con personalidad

jurídica propia, por lo que la responsabilidad de sus

socios estaba limitada a sus respectivas aportaciones.

Además, plantearon que no eran socios de dicha entidad y

que quien único se había obligado a satisfacer la suma

adeudada lo fue El Legado, por lo que no eran responsables

por la obligación reclamada en su carácter personal. Por

otro lado, El Legado presentó una Contestación a la

Demanda y Reconvención el 24 de mayo de 2007.12

12 En su Contestación a la Demanda y Reconvención, El Legado aceptó la existencia del Pagaré y a su vez invocó las doctrinas de los actos propios y enriquecimiento injusto contra Cruz Consulting. Inter alia, El Legado también reclamó la nulidad del Contrato de Transacción y el correspondiente Pagaré, ya que su consentimiento en cuanto al Mutual Release estaba viciado. Alegó que Cruz Consulting le había CC-2013-0978 6

Cruz Consulting se opuso a las solicitudes del

matrimonio Rodríguez-Rodríguez y los peticionarios. En

cuanto al petitorio de desestimación instado por los

peticionarios, alegó que la intención de las partes al

otorgar el Pagaré en controversia era que los señores

López Cámara y Rodríguez Vilá estaban garantizando la

deuda tanto a nombre de El Legado como en su carácter

personal, y que de la Escritura donde se constituyó la

sociedad especial surge que el señor López Cámara es el

Presidente de las dos (2) corporaciones que figuran como

socias de El Legado. Por otro lado, en cuanto a la

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por el

matrimonio Rodríguez-Rodríguez, Cruz Consulting alegó que

tanto el señor Rodríguez Vilá como su esposa eran socios

de El Legado, por lo que eran solidariamente responsables

por el pago de la deuda contraída por la sociedad

especial.

Luego de varios trámites procesales,13 incluyendo la

celebración del juicio en su fondo, el Tribunal de Primera

Instancia dictó Sentencia declarando Con Lugar la Demanda

presentada por Cruz Consulting. En lo aquí pertinente, el

foro primario razonó que ―la única explicación legal para

explicar que los codemandados se obligaron (...) firmando

representado que el valor de los equipos de telecomunicaciones que retendría sería aplicado a la deuda reclamada mediante la figura de compensación, lo cual Cruz Consulting no hizo, además de que el valor de tales equipos era sustancialmente menor al alegado por Cruz Consulting. Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 390-394. 13 En una fecha posterior, la Demanda fue enmendada para incluir a las corporaciones T/MG Corp., Inc. y Potrero Matos, Inc., como codemandadas. La Demanda fue enmendada en una segunda ocasión para incluir como demandante al Sr. José Luis Cruz Cruz. CC-2013-0978 7

un Pagaré, es que Cruz [Consulting] les requirió una

garantía personal y los socios gestores, sus esposas y las

Sociedades Legales de Gananciales se la prestaron‖.14 Por

lo anterior, determinó que todos los codemandados eran

responsables por el pago solidario de la deuda reclamada y

evidenciada mediante el Pagaré.

Inconformes con la determinación del foro primario,

el 18 de junio de 2012, los peticionarios presentaron un

recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.15 El

9 de octubre de 2013, archivada en autos copia de su

notificación el 16 de octubre de 2013, el foro apelativo

intermedio emitió la Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc de

la cual se recurre.16 En su dictamen, el foro apelativo

intermedio se limitó a modificar la Sentencia del foro

primario a los únicos efectos de eliminar la determinación

de solidaridad entre los codemandados López Cámara y

Rodríguez Vilá, confirmando así el resto del dictamen del

foro primario en toda su extensión.

Insatisfechos, los peticionarios presentaron el

recurso de Certiorari que nos ocupa el 14 de noviembre de

2013, alegando, entre otros extremos, que el foro

14 Véase la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en la controversia de autos, Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 109. 15 El matrimonio Rodríguez-Rodríguez también presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Ambos recursos fueron consolidados por el foro apelativo intermedio. Sin embargo, quienes únicos recurrieron ante este Tribunal fueron los peticionarios, por lo que en adelante limitamos nuestra discusión a lo alegado por ellos. 16 Previo a la enmienda nunc pro tunc, la Sentencia original del foro apelativo intermedio fue emitida el 30 de agosto de 2013 y notificada el 11 de septiembre de 2013. CC-2013-0978 8

apelativo intermedio erró al determinar que el señor López

Cámara se había comprometido a responder personal y

solidariamente al firmar el Pagaré objeto de

controversia.17 El 28 de marzo de 2014, ordenamos a Cruz

Consulting mostrar causa por la cual no debíamos expedir

el recurso a los fines de dilucidar únicamente el

señalamiento de error antes mencionado. El 23 de abril de

2014, Cruz Consulting cumplió con nuestra Orden y presentó

un escrito titulado Solicitud de Desestimación Única y

Exclusivamente del Tercer Error Señalado por los

Demandados-Apelantes. No obstante, se limitó a discutir

asuntos jurisdiccionales y en nada cuestionó los méritos

del tercer error señalado por los peticionarios.

Estando en posición para ello, resolvemos.

II

A. Los instrumentos negociables y la Ley de Transacciones Comerciales

En innumerables ocasiones hemos reiterado que una ley

especial que rige una materia prevalece sobre una ley

general. Art. 12 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA

sec. 12; S.L.G. Vázquez-Ibáñez v. De Jesús, Vélez, 180 DPR

387, 398 (2010); Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171

DPR 219, 236 (2007); Córdova & Simonpietri v. Crown

American, 112 DPR 797, 800 (1982). En nuestra jurisdicción

17 En adición, los peticionarios señalaron que el foro apelativo intermedio erró al determinar que tanto la señora Matos Garratón como la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ella y el señor López Cámara respondían por la deuda imputada. Sin embargo, debido a que podemos disponer de la controversia atendiendo únicamente el tercer señalamiento de error, resulta innecesario expresarnos en cuanto a los demás. CC-2013-0978 9

los instrumentos negociables están regulados por la Ley

Núm. 208-1995, según enmendada, conocida como Ley de

Transacciones Comerciales,18 19 LPRA sec. 401 et seq.19 La

Asamblea Legislativa adoptó la Ley Núm. 208-1995 con el

propósito de simplificar, clarificar y modernizar el

Derecho que rige las transacciones comerciales, uniformar

el Derecho entre las diversas jurisdicciones existentes y

permitir la continua expansión de las prácticas

comerciales. Sec. 1-102 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA

sec. 401. Véase además la Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 208-1995, supra.

Al igual que ha ocurrido en los cincuenta (50)

estados de los Estados Unidos en sus respectivas

legislaciones relacionadas a las transacciones

comerciales, la Ley Núm. 208-1995 se deriva de ciertos

capítulos del Uniform Commercial Code (en adelante,

―UCC‖). Exposición de Motivos de la Ley Núm. 208-1995,

supra. Por tal motivo, hemos resuelto que a pesar de que

la Sec. 1-103 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 402,

dispone que los principios generales del Derecho que

imperan en nuestra jurisdicción aplicarán de modo

18 Al momento de su aprobación, la Ley Núm. 208-1995, supra, se conocía como la Ley de Instrumentos Negociables. Mediante la aprobación de la Ley Núm. 241-1996, se enmendó la ley para cambiar su título a Ley de Transacciones Comerciales, entre otros asuntos. 19 En París v. Canety, 73 DPR 403 (1952), este Tribunal se enfrentó a una controversia en donde los allí peticionarios acudieron a las disposiciones del Código Civil para argumentar a favor de su contención. No obstante, en dicho caso se determinó que ante un pagaré que cumple con los requisitos para ser un instrumento negociable, era de aplicación la entonces vigente Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, Arts. 353-548 del Código de Comercio de 1932, 19 LPRA ant. secs. 1-386, por tratarse de la ley especial que regía la materia. Íd. CC-2013-0978 10

supletorio, la Sec. 1-102 de la Ley Núm. 208-1995, supra,

establece que la ley tiene un propósito uniformador que

debe regir la resolución de controversias sobre los

principios generales del Derecho, aun cuando estos

pudieran ser aplicables a una controversia en particular.

COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 811-

812 (2010).20 Véase además St. Paul Fire & Marine v. Caguas

Fed. Savs., 121 DPR 761 (1988).

Un instrumento negociable es un documento o un

escrito que tiene la cualidad de ser transmitido a cambio

de un precio o una contraprestación. M.R. Garay Aubán,

Derecho Cambiario, Ponce, Ed. Revista de Derecho

Puertorriqueño, 1999, pág. 1. Se trata de una clase de

documentos de crédito ―que incorporan el derecho a cobrar

una suma de dinero, y a los cuales el Derecho Cambiario

confiere una especial facilidad para circular y otras

características peculiares‖. Íd. En términos más

sencillos, pueden considerarse como documentos que

comprueban una deuda o un crédito y que pueden negociarse

conforme a la ley. L.M. Negrón Portillo, Derecho Cambiario

de Puerto Rico (Instrumentos Negociables), 2da Ed., San

Juan, 1995, pág. 7.

20 En COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793 (2010), expresamos que conforme al propósito uniformador de la Ley Núm. 208- 1995, supra, y el UCC, era necesario acudir a otras jurisdicciones para resolver desde cuándo comienza a correr el término prescriptivo de tres (3) años para las acciones de apropiación indebida de instrumentos negociables que dispone la Sec. 2-118 de la Ley Núm. 208- 1995, 19 LPRA sec. 518. Para una postura a favor de acudir a los principios generales del Derecho, véase la Opinión Disidente emitida en el mismo caso. COSSEC et al. v. González et al., supra, pág. 815 (Op. Disidente, J. Pabón Charneco). CC-2013-0978 11

Por su parte, la Ley Núm. 208-1995 define instrumento

negociable como

[U]na promesa o una orden incondicional de pago de una cantidad específica de dinero, con o sin intereses u otros cargos descritos en la promesa u orden, si el mismo: (1) [e]s pagadero al portador o a la orden al momento de su emisión o cuando primero adviene a la posesión de un tenedor; (2) es pagadero a la presentación o en una fecha específica, y (3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte de la persona que promete u ordena el pago que no sea el pago del dinero (...).21 Sec. 2-104(a) de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 504(a).

Entre los instrumentos negociables modernos más

utilizados se encuentran las letras de cambio o giros, los

cheques y los pagarés. COSSEC et al. v. González López et

al., supra, pág. 799. Hablamos de la existencia de un

pagaré cuando el instrumento negociable en cuestión se

trata de una promesa. Sec. 2-104(e) de la Ley Núm. 208-

1995, 19 LPRA sec. 504(e). Ahora bien, una promesa

significa ―un compromiso escrito de pagar dinero suscrito

por la persona que se obliga a pagar‖. Sec. 2-103(a)(9) de

la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 503(a)(9). Añade la

misma sección que ―[e]l reconocimiento de una obligación

por el deudor no es una promesa a menos que el deudor se

comprometa a pagar la obligación‖. Íd. De lo anterior se

puede colegir que ―existe un pagaré cuando hay un

compromiso escrito de pagar el dinero suscrito por la

21 Por otro lado, la Sec. 2-104(a) de la Ley Núm. 208-1995 también indica que un instrumento negociable puede contener lo siguiente: ―(A) un compromiso o poder para dar, mantener o proteger colateral para garantizar el pago, (B) una autorización o poder al tenedor para admitir sentencia o liquidar la colateral o disponer de ella de otra forma, o (C) una renuncia al beneficio de cualquier ley que exista concediéndole una ventaja o protección al deudor‖. 19 LPRA sec. 504(a). CC-2013-0978 12

persona que se obliga a pagar‖. Soto Solá v. Registradora,

res. el 9 de octubre de 2013, 189 DPR ___ (2013), 2013

TSPR 115, pág. 9.

Un pagaré se entiende que es pagadero en fecha

específica cuando el mismo debe pagarse ―luego de

transcurrido un período específico de tiempo desde su

presentación o aceptación, o en una fecha o fechas fijas,

o en un momento o momentos de tiempo fácilmente

determinables‖. Sec. 2-108(b) de la Ley Núm. 208-1995, 19

LPRA sec. 508(b). Además, se considera que un pagaré es

pagadero a la orden cuando el mismo: (a) es pagadero a la

orden de una persona identificada, o (b) es pagadero a una

persona identificada o a su orden. Sec. 2-109(b) de la Ley

Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 509(b).

B. El principio de literalidad y la responsabilidad de las partes por el pago de un instrumento

Debido a que la controversia de autos gira en torno a

quiénes están obligados a responder por una deuda

evidenciada mediante un pagaré, es de particular

importancia que discutamos bajo qué circunstancias una

persona queda obligada a responder por las obligaciones

contenidas en un instrumento negociable. Para ello,

debemos tener presente ciertos principios del Derecho

Cambiario.

Conforme a la obra del tratadista Miguel Garay Aubán,

el principio fundamental del Derecho Cambiario es el de la

incorporación del derecho al título. Garay Aubán, op.

cit., pág. 9. Este principio significa que ―un instrumento CC-2013-0978 13

negociable no es una mera evidencia de una obligación que

existe, se modifica o se extingue fuera del instrumento‖,

sino que ―la obligación representada en el instrumento

está inseparablemente unida a éste y se transmite mediante

la transmisión del instrumento mismo‖, siempre y cuando el

instrumento se encuentre en manos de un tenedor de buena

fe. Íd. (Citando a R. Uria, Derecho Mercantil, 4ta ed.,

Madrid, Imprenta Aguirre, 1964, pág. 911). Del mencionado

principio fundamental se derivan otros principios del

Derecho Cambiario, entre los cuales se encuentra el

principio de literalidad.22 Íd. (Citando a A. Ruiz de

Velasco, Manual de Derecho Mercantil, 4ta ed., Bilbao, Ed.

Deusto, S.A., 1992, pág. 441).

Cuando hablamos del principio de literalidad, nos

referimos a que una persona que está en posesión de un

instrumento negociable ―tiene derecho a descansar en que

el derecho incorporado al instrumento es precisamente lo

que está escrito en el instrumento‖. Íd. Este principio se

puede manifestar de diferentes maneras: (a) en cuanto a la

negociabilidad del instrumento; (b) en cuanto a la

redacción de un instrumento sin haber completado sus

términos y que es posteriormente completado por un tercero

sin autorización para ello; (c) cuando una irregularidad,

como una falsificación o una alteración, afecta el derecho

declarado en el instrumento, y (d) en cuanto a la

22 Otros principios que se derivan del mencionado principio fundamental lo son el principio de legitimación por la posesión y el principio de abstracción. Véase M.R. Garay Aubán, Derecho Cambiario, Ponce, Ed. Revista de Derecho Puertorriqueño, 1999, págs. 12-17. CC-2013-0978 14

responsabilidad de las personas que firman el instrumento,

ya sea en su carácter personal o en capacidad

representativa.23 Íd., págs. 9-12. La vertiente del

principio de literalidad en cuanto a la responsabilidad de

los firmantes de un instrumento es la que nos atañe, con

particular énfasis en lo siguiente:

[L]a persona que toma un instrumento negociable tiene derecho a descansar en que la persona o personas que aparecen firmando en el instrumento (y quienes por lo tanto son responsables en alguna forma por su pago) son las personas efectivamente obligadas bajo el instrumento. Si un firmante no indica claramente en el instrumento que está representando a otra persona, la [Ley de Transacciones Comerciales] establece una presunción (que es incontrovertible cuando el instrumento está en manos de un tenedor de buena fe que no tenga aviso de la representación) de que el verdadero firmante es el representante. Garay Aubán, op. cit., pág. 10. (Citas omitidas y énfasis nuestro).

De manera similar y sin mencionarlo expresamente, el

tratadista Basilio Santiago Romero hace alusión al

los firmantes en un instrumento negociable al expresar que

―aunque la intención del agente sea obligar a su principal

y no obligarse él personalmente, el factor determinante

resulta ser lo que aparezca o se desprenda de la firma y

23 El principio de literalidad lo podemos observar en cuanto al requisito de que un instrumento negociable debe contener una orden o promesa incondicional:

―[E]l hecho de que un instrumento se suscriba a la misma vez que otros documentos o contratos que condicionan su pago, no afecta la negociabilidad del instrumento, siempre y cuando en el instrumento mismo no se indique expresamente que el derecho a cobrar la suma pagadera está sujeta a los otros documentos o contratos‖. Garay Aubán, op. cit., pág. 45. CC-2013-0978 15

el documento‖.24 B. Santiago Romero, Tratado de

Instrumentos Negociables, 2da ed. rev., Río Piedras, Ed.

Universitaria, 1981, pág. 123 (Cita omitida y énfasis

nuestro).

El principio de literalidad permea las disposiciones

de la Ley Núm. 208-1995, supra. Así, la Sec. 2-401(a) de

la Ley Núm. 208-1995 dispone que una persona no es

responsable por el pago de un instrumento negociable a no

ser que esta haya firmado el instrumento, o que se

encuentre representada en el instrumento por un agente o

un representante que firmó el mismo y cuya firma obliga a

la persona representada de acuerdo con lo dispuesto en la

ley. 19 LPRA sec. 651(a). Como veremos a continuación, el

propio estatuto dispone ciertas reglas a seguir para casos

en los que la firma de un instrumento negociable se

realizó en capacidad representativa.

En situaciones en las cuales una persona suscriba un

instrumento actuando o pretendiendo actuar como

representante de otra, ya sea firmando su propio nombre o

el nombre del representado, la Sec. 2-402(a) de la Ley

Núm. 208-1995 dispone que ―la persona representada queda

obligada por la firma en la misma medida en que lo hubiera

quedado si la firma hubiese sido escrita en un contrato

simple‖. 19 LPRA sec. 652(a). Cuando la persona

representada se encuentra obligada por la firma de su

representante, la firma del representante se considera

24 Estas expresiones surgieron durante la vigencia de la hoy derogada Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, supra. CC-2013-0978 16

como ―la firma autorizada de la persona representada‖, en

cuyo caso ―la persona representada es responsable por el

instrumento esté o no identificada en el mismo‖. Íd. Esto

quiere decir que una persona representada quedaría

obligada en un instrumento negociable si, conforme a

nuestro Derecho de Obligaciones y la figura del mandato,

el representado hubiese quedado obligado por su

representante en un contrato regular regido por el Código

Civil. Garay Aubán, op. cit., págs. 288-289.

En cuanto a la responsabilidad personal del

representante que firma un instrumento negociable, la Sec.

2-402(b) de la Ley Núm. 208-1995 provee unas reglas a

seguir cuando la firma del representante es una firma

autorizada de la persona representada. 19 LPRA sec.

652(b). La primera regla la encontramos en la Sec. 2-

402(b)(1) de la Ley Núm. 208-1995, la cual dispone que

―[s]i la forma de la firma demuestra fuera de toda

ambigüedad que la firma fue hecha a nombre de la persona

representada que está identificada en el instrumento, el

representante no es responsable bajo el instrumento‖. 19

LPRA sec. 652(b)(1). (Énfasis nuestro).

Lo anterior significa que existen tres (3) requisitos

para que una persona que firma como representante de otra

no responda por el pago de un instrumento negociable: (1)

la firma del representante debe obligar a la persona

representada conforme a nuestros principios generales del

Derecho; (2) la forma de la firma del representante debe CC-2013-0978 17

indicar fuera de toda ambigüedad, es decir,

inequívocamente demostrar que se realizó en carácter

representativo, y (3) la persona representada debe estar

identificada en el instrumento.25 De concurrir todos los

requisitos, el representante no será responsable por el

pago del instrumento negociable.

Por otro lado, la Sec. 2-402(b)(2) de la Ley Núm.

208-1995 dispone que en aquellos casos donde la forma de

la firma no demuestra fuera de toda ambigüedad que la

firma fue hecha en capacidad representativa, o la persona

representada no se encuentra identificada en el

instrumento, ―el representante es responsable bajo el

instrumento ante un tenedor de buena fe que tomó el

instrumento sin tener aviso de que el representante no

tenía la intención de ser responsable bajo el

instrumento‖. 19 LPRA sec. 652(b)(2). Ante cualquier otra

persona -que no sea tenedor de buena fe- ―el representante

es responsable bajo el instrumento a menos que pruebe que

las partes originales no tuvieron la intención de hacerlo

25 En su obra, el tratadista Garay Aubán provee un ejemplo ilustrativo de un caso en el cual la firma del representante demuestra fuera de toda ambigüedad que fue hecha a nombre de una persona representada:

Amanda confiere a Millonario un poder suficiente en Derecho para que éste otorgue en representación de Amanda un pagaré al portador por $100,000. En cumplimiento de su encomienda como representante, Millonario suscribe un documento que lee:

―Pagaré al portador $100,000‖ [Firma de Millonario] Millonario como representante de Amanda‖. Garay Aubán, op. cit., pág. 290. CC-2013-0978 18

responsable bajo el instrumento‖.26 Íd. Con relación a

estas circunstancias donde existe ambigüedad, explica

Garay Aubán que ante un tenedor de buena fe, ―el

representante siempre responde, aunque se pruebe que las

partes originales no tuvieron intención de que el

representante respondiera‖. Garay Aubán, op. cit., pág.

291. En otras palabras, bajo estas circunstancias existe

una presunción incontrovertible de que el representante

responde por el pagaré. Íd. A contrario sensu, cuando la

firma es ambigua y el representante no se enfrenta ante un

tenedor de buena fe, ―puede librarse de responsabilidad si

prueba que las partes originales no tuvieron la intención

de hacer responsable al representante por el instrumento‖,

en cuyo caso estamos ante una presunción controvertible de

que el representante es responsable. Íd.

Las Secciones 2-401 y 2-402 de la Ley Núm. 208-1995,

supra, provienen de las Secciones 3-401 y 3-402 del UCC,

U.C.C. secs. 3-401 y 3-402 (rev. 2002). Al igual que

nuestro estatuto local, la Sec. 3-402(b)(1) del UCC

dispone que cuando la firma del representante obliga al

representado y demuestra fuera de toda ambigüedad que la

misma fue hecha en carácter representativo y a nombre de

la persona identificada en el instrumento, el

representante no es responsable bajo el instrumento.

U.C.C. sec. 3-402(b)(1) (rev. 2002). Véanse W.D. Warren y

26 La Sec. 2-402(c) de la Ley Núm. 208-1995 establece una norma especial cuando la representación se da dentro del contexto del instrumento negociable conocido como cheque. 19 LPRA sec. 652(c). CC-2013-0978 19

S.D. Walt, Payments and Credits, 8va ed., Nueva York,

Foundation Press, 2011, pág. 102 (―If it is clear that an

agent is signing on behalf of a named principal, only the

principal is bound‖); 6B R.A. Anderson, Uniform Commercial

Code, 3ra ed., 2013, sec. 3-402:7 (―[T]he representative

is not liable on the instrument ‗[i]f the form of the

signature shows unambiguously‘ that the signature was made

on behalf of the represented person and that person is

identified in the instrument‖); 6 W.D. Hawkland, Uniform

Commercial Code Series, 2013, sec. 3-402:2 (―An authorized

representative who signs his own name to an instrument is

not personally liable if the form of the signature shows

unambiguously that it is made on behalf of a represented

person who is identified in the instrument‖).27

III

Según anticipamos, únicamente atenderemos el tercer

error señalado por los peticionarios en su recurso de

Certiorari, particularmente si incidió el Tribunal de

Apelaciones al dictaminar que los peticionarios respondían

en su carácter personal y de manera solidaria por la deuda

contraída por El Legado mediante el Pagaré.

En apoyo a su contención, los peticionarios arguyen

que el señor López Cámara firmó el Pagaré objeto de

controversia como Presidente y representante de las

corporaciones T/MG Corp., Inc. y Potrero Matos, Inc.,

27 Debido a la claridad de las secciones pertinentes de la Ley Núm. 208-1995, supra, y las secciones homólogas encontradas en el UCC, resulta innecesario acudir a otras jurisdicciones para ver cómo se han interpretado estatutos similares. CC-2013-0978 20

quienes son Socias Gestoras de El Legado, por lo que el

primero no responde en su carácter personal por el pago de

la obligación dineraria contenida en el Pagaré.28 Además,

sostienen los peticionarios que no son ni en ningún

momento han sido socios de El Legado y que de ninguno de

los documentos firmados entre las partes, incluyendo el

Mutual Release y el Pagaré, se desprende que los

peticionarios se hubieran responsabilizado en su carácter

personal por las deudas contraídas por El Legado. Así las

cosas, entienden que se equivocó tanto el foro apelativo

intermedio como el foro primario al interpretar que la

intención del señor López Cámara al otorgar el Pagaré era

responsabilizarse en su carácter personal como parte de

las garantías ofrecidas a Cruz Consulting. En su intento

de persuadirnos a revocar el dictamen recurrido, los

peticionarios apoyan su teoría en la doctrina general de

los contratos contenida en el Código Civil de Puerto Rico,

31 LPRA secs. 3371-3525, y su jurisprudencia

interpretativa.

Es de particular importancia resaltar el hecho de que

a pesar de que la controversia de autos gira en torno a

quiénes son responsables por el pago de un instrumento

negociable, ni los tribunales recurridos ni las partes

hacen alusión alguna a la existencia y pertinencia de la

Ley Núm. 208-1995, supra. Tratándose de documentos a los

28 De igual manera, sostienen que el señor Rodríguez Vilá firmó el Pagaré como representante y Socio Gestor de El Legado, mas no en su carácter personal. Como mencionamos anteriormente, el señor Rodríguez Vilá no es parte en el presente recurso. CC-2013-0978 21

cuales nuestro ordenamiento jurídico les confiere unas

características especiales, para resolver la controversia

de autos primeramente debemos acudir a las disposiciones

de la Ley Núm. 208-1995, supra, que es la ley especial que

rige lo relacionado a instrumentos negociables. Solo en

casos donde las disposiciones de la Ley Núm. 208-1995,

supra, el UCC, o la jurisprudencia de otras jurisdicciones

no nos permiten disponer de la controversia, es que

acudimos a los principios generales del Derecho y a

nuestro Código Civil, supra, de manera supletoria, según

dispone la Sec. 1-103 de la Ley Núm. 208-1995, supra.

Véase COSSEC et al. v. González López et al., supra.

Así las cosas, como cuestión de umbral debemos

examinar el documento objeto de controversia para

determinar si se trata de un instrumento negociable

conforme a los requisitos dispuestos en la Ley Núm. 208-

1995, supra. Luego de analizar el mismo, es forzoso

determinar que en efecto estamos ante un instrumento

negociable: (1) consta por escrito; (2) es pagadero a una

persona determinada o a su orden, y (3) contiene una

promesa incondicional de pagar una suma determinada de

dinero en una fecha específica.29 Por tanto, es forzoso

concluir que el Pagaré cumple con las exigencias de la Ley

Núm. 208-1995, supra, para ser un instrumento negociable.

Además, es evidente que estamos ante un pagaré, ya que se

trata de una promesa de pagar una suma de dinero y está

29 Véase el Pagaré, supra, nota al calce número 9. CC-2013-0978 22

suscrito por la persona que se obliga a pagar. Así las

cosas, contrario a las alegaciones de las partes y lo

resuelto por los foros recurridos, debemos acudir a las

disposiciones de la Ley Núm. 208-1995, supra, para

resolver la controversia de autos.30

Habiendo resuelto que estamos ante un instrumento

negociable, procede analizar el Pagaré a la luz de la Sec.

2-402 de la Ley Núm. 208-1995, supra, para determinar si

los peticionarios se obligaron personalmente por la deuda

contraída por El Legado. A pesar de que esta es la primera

vez que nos expresamos en cuanto a este particular, la

Sec. 2-402 de la Ley Núm. 208-1995, supra, es diáfana. Con

meridiana claridad dispone que si la firma del

representante en el instrumento negociable obliga a la

persona representada –asunto que debe ser determinado

conforme a la figura del mandato- y la forma de la firma

demuestra fuera de toda ambigüedad que la misma fue

realizada como representante de una persona representada

que está identificada en el instrumento, el representante

no es responsable en su carácter personal. Sec. 2-

402(b)(1) de la Ley Núm. 208-1995, supra. Por el

contrario, únicamente en casos en donde existe ambigüedad

en cuanto al carácter representativo de la firma que

consta en el instrumento, o en casos en que la persona

representada no se menciona en el mismo: (1) el

representante siempre será responsable ante un tenedor de

30 Véase París v. Canety, supra, nota al calce número 19. CC-2013-0978 23

buena fe, y (2) ante cualquier otra persona, será

responsable a menos que pruebe que las partes originales

no tuvieron la intención de hacerlo responsable bajo el

instrumento. Sec. 2-402(b)(2) de la Ley Núm. 208-1995,

supra.

En primer lugar, aclaramos que no está en

controversia el hecho de que el señor López Cámara es un

representante autorizado de El Legado. Así lo reconoció

Cruz Consulting al otorgar los Contratos de Servicio y el

Contrato de Transacción, documentos en los cuales el señor

López Cámara también compareció como representante de El

Legado. Más aun, en cuanto al Pagaré, el carácter

representativo del señor López Cámara fue admitido por

Cruz Consulting en sus escritos pre-sentencia.31 Quedando

31 Véase la Contestación a la Reconvención de la Demanda Enmendada presentada por Cruz Consulting el 29 de octubre de 2008, donde expresaron que ―los demandados prepararon y firmaron el Pagaré (...) como representantes de [El Legado]‖. Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 431.

Por otro lado, recordemos que la Sec. 2-402(a) de la Ley Núm. 208-1995 remite a la figura del mandato y/o agente al momento de determinar si un representante está debidamente autorizado para comparecer a nombre de otra persona en un instrumento negociable. 19 LPRA sec. 652(a). Es harto conocido que ―por ser una corporación un organismo artificial e intangible, existente solamente en correspondencia a la ley, todos sus actos han de celebrarse en representación suya por vía de agentes‖. Gasolinas PR v. Registrador, 155 DPR 652, 665-666 (2001); Sabalier v. Iglesias, 34 DPR 352 (1925). Por tanto, es ―a través de sus oficiales que, de ordinario, una corporación se obliga, ya sea en virtud de la autoridad que los estatutos corporativos le hayan conferido; por autorización expresa otorgada mediante resolución corporativa; por autorización implícita; por autoridad aparente; o en casos muy limitados, por virtud de cierta facultad inherente a su cargo‖. Gasolinas PR v. Registrador, supra, pág. 666; C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, 2005, págs. 93-97. Es por ello que respetuosamente discrepamos de lo intimado en la Opinión Disidente del Juez Asociado señor Martínez Torres en este caso. Basta con ojear las escrituras y contratos otorgados entre las partes para constatar que el señor López Cámara, como Presidente de las corporaciones Potrero Matos, Inc. y T/MG Corp., Inc., es un agente autorizado con capacidad para comparecer en representación de ellas en todos los negocios objeto de esta controversia, incluyendo el Pagaré, hecho que era conocido por Cruz Consulting y su representante. CC-2013-0978 24

establecida la capacidad representativa del señor López

Cámara, resta por determinar si la forma de la firma en el

Pagaré demuestra fuera de toda ambigüedad que fue hecha en

carácter representativo.

Para facilitar nuestra discusión, a continuación

transcribimos la sección de las firmas al pie del Pagaré:

------------------------------------- El Legado de Chi Chi Rodríguez Golf Resort

[Firma] ------------------------------------- Por: Juan A. Rodríguez, como Socio gestor (―Managing Partner‖) de El Legado de Chi Chi Rodríguez Golf Resort, S.E.

[Firma] ------------------------------------- Por: Joaquín López Cámara, como Socio gestor (―Managing Partner‖) de El Legado de Chi Chi Rodríguez Golf Resort, S.E.32

Se puede observar claramente que las firmas de los

señores López Cámara y Rodríguez Vilá fueron realizadas

como representantes de El Legado, quien está identificado

en el instrumento. Así expresamente e inequívocamente lo

dispone el propio Pagaré al indicar que ambos están

firmando como Socios Gestores de El Legado.33 Además, la

32 Acto seguido, el Notario Público que autenticó las firmas en el documento se refirió a los señores Rodríguez Vilá y López Cámara como socios gestores de El Legado. Véase el Pagaré otorgado entre las partes, supra, nota al calce número 9. 33 Las firmas de los señores López Cámara y Rodríguez Vilá como Socios Gestores de El Legado eran necesarias para obligar a la corporación en el Pagaré: ―The signature of two of the Managing Partners (one of which must be Rodríguez) shall be required (and shall be sufficient) for all checks, bank drafts, notes, and other debt instruments executed on behalf of the Partnership‖. Véase la Escritura Núm. 53 titulada Deed of Amended and Restated Special Partnership, supra, nota al calce número 1, pág. 158. CC-2013-0978 25

ausencia de ambigüedad fue admitida por Cruz Consulting

durante el trámite procesal de la controversia de autos al

alegar que ―como cuestión de hecho de la faz del mismo

Pagaré se desprende que [el señor López Cámara] otorgó el

mismo como Socio Gestor de [El Legado]‖.34

Contrario a lo resuelto por los tribunales de menor

jerarquía, en este caso no era necesario indagar sobre

cuál fue la intención de los peticionarios al momento de

otorgar y entregar el Pagaré a Cruz Consulting. Según la

Sec. 2-402(b)(2) de la Ley Núm. 208-1995, supra, la

intención de las partes es pertinente únicamente cuando la

firma del representante no demuestra fuera de toda

ambigüedad que fue realizada en carácter representativo.35

34 Véase la Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación presentada por Cruz Consulting el 20 de junio de 2007, Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 212. 35 Tampoco es de importancia divagar en cuanto a cuál fue la intención de las partes al consignar la siguiente expresión en el último párrafo del Pagaré: ―[e]ste pagaré está garantizado con un escrito bajo juramento consintiendo a que se dicte Sentencia sin la celebración de Juicio, condenando a la suscribiente y/o sus representantes al pago (...)‖. Véase el Pagaré, supra, nota al calce número 9. Según discutido, la Ley Núm. 208-1995, supra, remite a la firma del instrumento negociable a la hora de determinar la responsabilidad por el pago del mismo.

En ese sentido también discrepamos de la Opinión Disidente emitida por el hermano Juez Asociado señor Martínez Torres. En esta expresa que la interpretación que realizamos de la Ley Núm. 208-1995, supra, es incorrecta debido a que limitamos nuestro análisis a las firmas del Pagaré. Por otro lado, sostiene que las firmas deben analizarse en conjunto con el resto del instrumento, ya que ―lo importante es lo que se desprende del contenido de la faz del documento‖. Véase la Opinión Disidente del Juez Asociado señor Martínez Torres, a la pág. 10. Para justificar su argumento, utiliza una cita de la obra de Basilio Santiago Romero que no tiene el alcance sugerido. Lo que el tratadista explica en su obra es que bajo la vigencia de la derogada Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, supra, independientemente del estado mental de quien pretendía firmar como representante de otro, lo importante era lo que se desprendía de la firma del instrumento negociable, es decir, de la faz del documento, en casos en los que la persona representada no aparecía mencionada en el mismo. Véase B. Santiago Romero, Tratado de Instrumentos Negociables, 2da ed. rev., Río Piedras, Ed. Universitaria, 1981, pág. 123. Por tal motivo, la CC-2013-0978 26

Por tanto, debido a que la Sec. 2-402(b)(1) de la Ley

Núm. 208-1995, supra, dispone que si la firma del

representante es una firma autorizada de la persona

representada y demuestra fuera de toda ambigüedad que la

la persona identificada en el propio instrumento

negociable, el representante no responde. Por

consiguiente, resolvemos que los peticionarios no son

responsables por el Pagaré objeto de controversia en su

carácter personal.

IV

Por todo lo anterior, expedimos el auto de

certiorari, revocamos la Sentencia del Tribunal de

Apelaciones y resolvemos que conforme a las disposiciones

de la Ley Núm. 208-1995, supra, que es el estatuto

aplicable a la controversia de autos, los peticionarios no

son responsables por el pago del Pagaré en su carácter

personal. Por consiguiente, El Legado es quien único se

obligó a responder por la deuda objeto del Contrato de

Transacción y el Pagaré. Tratándose de una sociedad

especial con personalidad jurídica independiente de sus

socios, entiéndase el señor Rodríguez Vilá y las

corporaciones TM/G Corp., Inc. y Potrero Matos, Inc.,

estos solo responden en caso de que los activos de El

misma cita fue utilizada en el cuerpo de esta Opinión Mayoritaria como una manifestación del principio de literalidad. De hecho, acto seguido, Santiago Romero discute otras disposiciones de la antigua ley que también remitían a la firma a la hora de determinar la responsabilidad de un representante. Íd., págs. 124-130. CC-2013-0978 27

Legado no alcancen para cubrir lo adeudado y de manera

limitada hasta el monto de sus respectivas aportaciones de

capital.36

Se dictará sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada

36 En cuanto a la responsabilidad limitada de los socios de una sociedad especial, véase el Art. 1589 del Código Civil, 31 LPRA 4372. Véanse además Quiñones Reyes v. Registrador, 175 DPR 861, 875-876 (2009); Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 544-545 (1997). De otra parte, surge del expediente que El Legado está acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, por lo que el pago de la deuda reclamada dependerá de los procedimientos ante el Tribunal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico. Aunque no fue alegado por las partes, aclaramos que para efectos de la controversia que hoy resolvemos no es de aplicación la paralización automática de los procedimientos que provee la Sec. 362 del Código de Quiebras, 11 U.S.C. sec. 362. Salvo circunstancias excepcionales, la protección que provee la paralización automática únicamente aplica a procedimientos contra el deudor que está acogido a la quiebra, mas no contra codeudores solidarios. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 256-259 (2012). En este caso, quien único está en quiebra es El Legado. Además, no surge del expediente que el Tribunal de Quiebras hubiese hecho extensiva la protección de la paralización automática a los peticionarios. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cruz Consulting Group, Inc. Certiorari Recurrido CC-2013-978 v.

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, expedimos el auto de certiorari, revocamos la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y resolvemos que los peticionarios no son responsables por el pago de la deuda reclamada en su carácter personal.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres disintió con opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrido

v.

El Legado de Chi Chí CC-2013-0978 Rodríguez, S.C., S.E.; Juan A. Rodríguez Vila, su esposa Iwalani Rodríguez y la Sociedad Legal entre ambos; Joaquín López Cámara, su esposa Mariela Matos y la Sociedad Legal entre ambos

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.

La Opinión del Tribunal se limita a atender si el

Sr. Joaquín López Cámara se comprometió a responder en su

carácter personal al firmar un pagaré que garantizaba una

deuda contraída por El Legado de Chi Chí Rodríguez (―El

Legado‖) mediante un contrato de transacción titulado

Mutual Release. En su particular, se concluye que ese

pagaré fue firmado por el señor López Cámara en

representación de El Legado, por lo que no es responsable

por la deuda en su carácter personal. Disiento

respetuosamente de esa determinación por entender, al

igual que los foros recurridos, que la firma del señor

López Cámara en el pagaré es ambigua por lo que él

responde por la obligación contraída bajo ese documento. CC-2013-0978 2

Entre el 28 de mayo de 2003 y el 14 de enero de 2004,

Cruz Consulting Group, Inc. (―Cruz Consulting‖) se obligó

mediante tres contratos a proveer servicios de cable TV e

instalar servicios de internet y teléfono, entre otros, a

El Legado. Luego de que se realizaran las labores

pactadas, el 31 de agosto de 2005, Cruz Consulting le

solicitó a El Legado la cantidad de $419,564.59 para el

pago de los servicios. Sin embargo, El Legado se negó a

reconocer que esa era la cantidad adeudada. Sentencia del

Tribunal de Primera Instancia, pág. 2.

El 7 de noviembre de 2005, Cruz Consulting y El Legado

se reunieron junto con sus respectivas representaciones

legales y acordaron transar el monto de la reclamación por

$250,000, los cuales se pagarían en dos plazos. Para ese

momento, los socios gestores de El Legado eran el Sr. Juan

Rodríguez Vilá y las corporaciones T/MG Corp., Inc. y

Potrero Matos, Inc., representadas por el señor López

Cámara. Por su parte, el Sr. José L. Cruz Cruz

representaba a Cruz Consulting. Como conocía la situación

económica de El Legado, el señor Cruz Cruz exigió en esa

reunión que los señores López Cámara y Rodríguez Vilá se

obligaran personalmente como condición para aceptar la

oferta de transacción. Sentencia del Tribunal de

Apelaciones, pág. 15. Las expresiones del señor Cruz Cruz

fueron las siguientes:

Ahí yo fui bien enfático con él y le dije: ―Okey, yo podría aceptar el pagaré, pero CC-2013-0978 3

conociendo la situación de El Legado, que no le está pagando a nadie, yo necesito que los socios se hagan responsables por esa cantidad. O sea, yo necesito que ellos estén en su carácter personal en ese pagaré‖. Y él me dijo: ―Bueno, pues vamos a hacerlo así‖. Íd.

El 10 de enero de 2006, ese acuerdo se recogió en un

contrato de transacción que titularon Mutual Release y que

firmaron todas las partes. En ese contrato se incluyó un

lenguaje que especifica que los señores López Cámara y

Rodríguez Vilá comparecían en ese contrato en

representación de El Legado. Apéndice, pág. 180. Parte del

contrato lee como sigue: ―OF THE SECOND PART: El Legado de

Chi Chi Rodríguez Golf Resort, S.E., a Puerto Rico Special

Partnership (hereinafter, the ―Partnership‖), represented

in this act by its Managing Partners, Joaquin Lopez, and

Mr. Juan (―Chi Chi‖) Rodríguez‖. Íd. En ese acuerdo, El

Legado se comprometió a realizar un primer pago de

$125,000 a los 15 días de firmar el Mutual Release y un

segundo pago por la misma cantidad a pagarse el 1 de

diciembre de 2006.

En la última página del Mutual Release aparecen las

firmas de las partes. En el lado izquierdo aparece el

nombre ―CRUZ CONSULTING GROUP, CORP‖ con un espacio debajo

donde consta el nombre y firma del señor Cruz Cruz. Al

lado derecho se lee ―EL LEGADO DE CHI CHI RODRÍGUEZ GOLF

RESORT, S.E.‖ con dos espacios debajo— el primero con la

firma y nombre del señor Rodríguez Vilá y el segundo con

la firma y el nombre del señor López Cámara. Apéndice,

pág. 184. CC-2013-0978 4

El Legado cumplió con el pago de $125,000 en el primer

plazo. Los restantes $125,000 se garantizaron con un

pagaré firmado ante notario y con fecha de vencimiento de

1 de diciembre de 2006, establecida en el Mutual Release.

El último párrafo de ese pagaré contiene una cláusula en

la que se condena a ―la suscribiente y/o sus

representantes al pago del principal, intereses, gastos y

honorarios de abogado…‖ Apéndice, pág. 189. En la parte

inferior de ese pagaré hay tres espacios para las firmas

de las partes. El primer espacio corresponde a El Legado y

está en blanco, es decir, no hay ninguna firma de sus

socios o representantes en ese espacio. En el segundo

espacio constaba el nombre y la firma del señor Rodríguez

Vilá, identificado como socio gestor (―Managing Partner‖)

de El Legado. Por último, el tercer espacio correspondía

al señor López Cámara, identificado también como socio

gestor (―Managing Partner‖) de El Legado, y contenía su

firma. Cabe destacar, sin embargo, que el señor López

Cámara es el representante de las dos corporaciones que

son socias gestoras de El Legado junto al señor Rodríguez

Vilá— T/MG Corp., Inc. y Potrero Matos, Inc.— y en todos

los negocios jurídicos en los que El Legado fue parte, el

señor López Cámara compareció y firmó como representante

de ellas, mas no como representante de El Legado.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 3. En

otras palabras, y como testificó durante la etapa inicial CC-2013-0978 5

de los procedimientos, el señor López Cámara no es socio

gestor de El Legado.

Eventualmente, El Legado no satisfizo el pago

correspondiente al segundo plazo para la fecha acordada.

El incumplimiento de El Legado llevó a Cruz Consulting a

presentar la demanda que originó la controversia que hoy

nos ocupa.

El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la

demanda que presentó Cruz Consulting y condenó a los

señores López Cámara y Rodríguez Vilá, sus esposas y sus

respectivas sociedades legales de gananciales al pago

solidario de la deuda. Basó su determinación en lo

siguiente:

Estando claro el acuerdo transaccional otorgado el 10 de enero de 2006 entre el Legado y Cruz, [¿]cuál era la necesidad o causa para suscribir un Pagaré por la misma cuantía y en el mismo plazo del acuerdo transaccional a que se obligaron El Legado y Cruz[?] Ninguna. El Legado ya se había obligado al pago de $250,000.00 para finiquitar el asunto de los alegados respectivos incumplimientos de las Partes con los 3 contratos. La única explicación legal para explicar que los co- demandados se obligaron por la suma de $125,000.00 firmando un Pagaré, es que Cruz les requirió una garantía personal y los socios gestores, sus esposas y las sociedades Legales de Gananciales se la prestaron en caso de incumplimiento de la Sociedad Especial y en Comandita del Legado. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 10.

Inconformes, El Legado, los señores López Cámara y

Rodríguez Vilá, sus esposas y sus respectivas sociedades

de gananciales presentaron un recurso de apelación ante el

Tribunal de Apelaciones. Ese foro modificó la sentencia CC-2013-0978 6

emitida por el Tribunal de Primera Instancia a los únicos

efectos de eliminar la solidaridad entre las partes y

confirmó el resto de la sentencia. El foro apelativo se

basó en el mismo análisis que el foro primario para llegar

a su conclusión. Además, estableció que como el espacio

correspondiente a El Legado de Chi Chí en el pagaré está

en blanco, ―[e]llo se traduce en que El Legado de Chi Chí,

sencillamente, no se comprometió en ese documento‖.

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 28. Añadió que

tuvo toda la razón el TPI cuando, en corte abierta, dejó establecido que el hecho de que el documento identifique a los apelantes como socios gestores de El Legado de Chi Chí, no excluye la posibilidad de que éstos se hayan obligado en su carácter personal. Se trata de una mera identificación, pero no equivale a decir que se firma en representación de la sociedad, tal y como claramente se especificó en el ―Mutual Release‖. Íd.

Insatisfechos, el señor López Cámara, su esposa María

Elena Matos y la sociedad legal de gananciales compuesta

por ambos acudieron ante nos mediante una petición de

certiorari. Alegan que el foro apelativo intermedio erró

al determinar que el señor López Cámara responde en su

carácter personal y al determinar que la sociedad legal de

gananciales también quedó obligada. El señor Rodríguez

Vilá no recurre de la sentencia del Tribunal de

Apelaciones. Por lo tanto, únicamente atenderemos el

planteamiento de los aquí peticionarios.

Como bien resuelve la mayoría de este Tribunal, nos

encontramos ante un instrumento negociable, en específico CC-2013-0978 7

un pagaré, al que le es aplicable la Ley Núm. 208-1995,

según enmendada, conocida como Ley de Transacciones

Comerciales. 19 LPRA sec. 401 et seq. Un instrumento

negociable es un documento o escrito que puede ser

transmitido con facilidad con el derecho a cobrar una suma

de dinero. M.R. Garay Aubán, Derecho Cambiario de Estados

Unidos y Puerto Rico, Editorial Revista de Derecho

Puertorriqueño, 1999, pág. 1. La Sec. 2-104 de la Ley Núm.

208-1995, 19 LPRA sec. 504, define un instrumento

negociable como una promesa u orden incondicional de pagar

una cantidad específica de dinero, pagadero al portador o

a la orden de una persona identificada, pagadero a la

presentación o en fecha específica, y no contiene ningún

otro compromiso o instrucción. Asimismo, el pagaré es una

clase de instrumento negociable que contiene una promesa

de pago. Sec. 2-104(e) de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA

sec. 504.

Por su parte, la Sec. 2-401 de la Ley Núm. 208-1995,

19 LPRA sec. 651, establece que para que una persona

incurra en responsabilidad bajo un instrumento negociable

tiene que haber firmado el instrumento o estar

representada por un agente o representante que haya

firmado el documento obligándola.

Para que una firma de un representante obligue al

representado debe ocurrir lo siguiente: (1) que la firma

sea una ―firma autorizada‖ de la persona representada; (2)

que la forma de la firma demuestre fuera de toda CC-2013-0978 8

ambigüedad que fue hecha a nombre de la persona

representada; y (3) que la persona representada esté

identificada en el documento. Sec. 2-402 de la Ley Núm.

208-1995, 19 LPRA sec. 652. De estar presentes esos tres

supuestos, el representante que firma no responde por el

instrumento. De lo contrario, el que firmó como

representante será responsable de la obligación en el

instrumento sin tener conocimiento de que el representante

no firmó con la intención de hacerse responsable. Íd. Ante

toda otra persona, el representante no será responsable

solo si logra probar que las partes originales no tuvieron

la intención de obligarlo. Íd.

Al obligar al supuesto representante a hacerse

responsable por el instrumento, se evita que circulen

instrumentos bajo los cuales ninguna persona tenga

responsabilidad. Garay Aubán, op. cit., pág. 292. Por el

contrario, si se dispusiera que el supuesto representante

no es responsable bajo el instrumento, no habría persona

alguna que respondiera por él. Íd. Ello permitiría que

circulen instrumentos fútiles que no constituyan una

garantía real por no imponer responsabilidad a persona

alguna. Eso responde a que, ―cuando un cesionario adquiere

el documento con la firma de una persona que no indica que

representa a otro, el cesionario está confiando en la

solvencia y en la responsabilidad de esa persona sin CC-2013-0978 9

considerar que el verdadero responsable es otra persona‖.

Íd., pág. 291.

Por otra parte, imponer responsabilidad a una persona

cuya firma no aparece en el documento ni que se puede

desprender del documento que está siendo representada

crearía una situación ideal para perpetrar fraudes, ya que

―podría resultar que el otorgante de un documento cuando

le fuera solicitado el pago de la obligación alegara que

firmó la misma como representante de otra…‖. B. Santiago

Romero, Tratado de Instrumentos Negociables: Ley Uniforme

de Instrumento Negociables de Puerto Rico y Ley del Código

Uniforme de Comercio de los Estados Unidos, 2da Ed.,

Editorial Universitaria, 1981, pág. 123.

Es por ello que ―[e]l hecho de si el representante

indica o no su calidad representativa en el instrumento es

muy importante para determinar si el representante también

está obligado a pagar el instrumento‖. (Énfasis en el

original.) Garay Aubán, op. cit., pág. 289. Aun cuando la

intención del que firma sea obligar a la persona

representada y no obligarse él personalmente,

el factor determinante resulta ser lo que aparezca o se desprenda de la firma y el documento. En otras palabras, lo importante constituye la intención objetiva o la intención que se desprende del contenido de la propia faz del documento en sí, y no lo que tuvo en mente el firmante al otorgar el documento. (Énfasis suplido.) Santiago Romero, op. cit., pág.123.

Además, la Sec. 2-117 de Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA

sec. 517, permite que otros acuerdos suplementen el

instrumento al disponer lo siguiente: CC-2013-0978 10

Sujeto al derecho aplicable referente a la exclusión de prueba de acuerdos contemporáneos o previos, la obligación contraída por una parte en un instrumento de pagar el instrumento podrá modificarse, suplementarse o anularse por un acuerdo separado entre el deudor y la persona con derecho a exigir el cumplimiento del instrumento, si el instrumento se emite o la obligación se incurre confiando en el acuerdo o como parte de la misma transacción que da motivo al acuerdo.

La Opinión del Tribunal hace una interpretación

errónea de la Ley Núm. 208-1995, supra, al sugerir que

únicamente debemos examinar las firmas del pagaré en

cuestión. Esa ley dispone que, para que el representante

no responda bajo el instrumento, ―la forma de la firma‖

debe demostrar fuera de toda ambigüedad que fue hecha a

nombre de la persona representada. Sec. 2-402 de la Ley

Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 652. La mayoría de este

Tribunal se enfoca únicamente en esa cláusula y, en su

análisis, nos remite únicamente a las firmas en el pagaré,

obviando el contenido del instrumento.

Ese análisis no es suficiente para interpretar en qué

carácter firmó el señor López Cámara en el pagaré. Como ya

mencionamos, lo importante es lo que se desprende del

contenido de la faz del documento. Santiago Romero, op.

cit., pág. 123. Sin duda eso incluye las firmas en el

documento, pero no se limita a ellas. Lo anterior supone

que al analizar la forma de la firma, como indica la Sec.

2-402 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 652, el

análisis se haga en contexto con el contenido del CC-2013-0978 11

documento. Las firmas no pueden interpretarse en el vacío.

De lo contrario, estaríamos creando un mecanismo ideal

para emitir documentos fraudulentos. Al firmar un

documento, las partes confían en el contenido de sus

cláusulas y en que el texto del documento recoja los

acuerdos correctamente y según pactados.

En este caso surgen dudas respecto a quién responde

por la cantidad adeudada. La realidad es que estamos ante

un instrumento ambiguo. Esa ambigüedad surge al analizar

las firmas junto con el contenido del pagaré.

El contenido del pagaré que firmaron las partes

dispone que ―la suscribiente y/o sus representantes‖

quedan obligados al pago de la deuda. Apéndice, pág. 189.

Esa disposición pretende imponer responsabilidad a los

representantes de El Legado. Difiero de la nota al calce

número 34 de la Opinión del Tribunal porque ese hecho es

pertinente para el análisis de esta controversia. Es por

eso que, al examinar la forma de las firmas, el análisis

debe hacerse a la luz de esa disposición.

La firma del señor López Cámara aparece acompañada de

su nombre y una identificación ―como socio gestor‖ de El

Legado. Lo mismo ocurre con la firma del señor Rodríguez

Vilá. Coincido con la determinación de los foros

inferiores de que la firma del señor López Cámara en el

pagaré como socio gestor es una mera identificación. Ahora

bien, esa identificación trae consigo varios problemas. CC-2013-0978 12

Primero, el pagaré dispone expresamente que se condena

a los representantes al pago de la deuda y el señor López

Cámara pretendía identificarse como representante de El

Legado al firmar el instrumento. Sin embargo, se

identificó como socio gestor de El Legado. Esto hace que

su firma sea ambigua porque no corresponde al texto de la

cláusula que impone responsabilidad a los representantes.

Ser un representante no equivale a ser un socio. En la

nota al calce número 30 de la Opinión del Tribunal se

atribuye gran peso al hecho de que Cruz Consulting expresó

que ―los demandados prepararon y firmaron el Pagaré (…)

como representantes de [El Legado]‖. Eso no puede servir

de base para determinar que el señor López Cámara firmó

exclusivamente en representación de El Legado. El señor

Cruz Cruz hizo esa aseveración porque confió en el texto

del pagaré que expresa que los ―representantes‖ serán

responsables del pago. Al analizar ese texto con la firma

del señor López Cámara como socio gestor surge confusión

sobre a quién pretendían adjudicar responsabilidad los

comparecientes en el instrumento.

Segundo, del expediente se desprende que el señor

López Cámara expresó durante su testimonio en el foro

primario que no es socio de El Legado. Sentencia del

Tribunal de Apelaciones, pág. 12. De igual forma, el señor

Rodríguez Vilá admitió que el señor López Cámara no es

socio. Íd., pág. 10. El señor López Cámara meramente

representaba a las corporaciones T/MG y Potrero Matos, las CC-2013-0978 13

cuales sí eran socias de El Legado. Este hecho es

pertinente ya que el señor López Cámara firmó el pagaré

como ―socio gestor‖ de El Legado cuando en realidad no es

su socio. Su firma tampoco se hizo en representación de

las corporaciones que sí son socias de El Legado pues,

como mencionamos, uno de los requisitos para que la firma

de un representante obligue al representado es que este

último aparezca identificado en el documento. Sec. 2-402

de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 652. En ninguna

parte del pagaré se menciona a T/MG Corp., Inc. y Potrero

Matos, Inc. Es por eso que no podemos concluir que la

firma del señor López Cámara se hizo como representante de

esas corporaciones. Tampoco podemos concluir que firmó

como socio gestor de El Legado porque él no es socio.

Entonces, ¿por quién firmó el señor López Cámara en el

pagaré? No está claro. Esa ambigüedad causa que por ley

responda personalmente el señor López Cámara, lo que

coincide con la prueba de intención que se presentó en el

Tribunal de Primera Instancia.

Al respecto, existe una determinación de hechos que

indica que el 7 de noviembre de 2005 se llevó a cabo una

reunión en la que Cruz Consulting aceptó una oferta de

transacción hecha por El Legado a cambio de que los socios

gestores de El Legado garantizaran la deuda personalmente.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 2. El

foro primario le dio credibilidad al testimonio del señor

Cruz Cruz, quien testificó que el pagaré en controversia CC-2013-0978 14

se emitió como garantía personal de la cantidad que se

acordó en el Mutual Release.

Como conocemos, la apreciación de la prueba del foro

primario merece gran deferencia. In re Rosado Nieves, 189

DPR 259, 270 (2013); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187

DPR 750 (2013); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006).

En ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o

parcialidad, los tribunales no deben intervenir con las

determinaciones de hecho y adjudicación de credibilidad

que hace un juzgador en el Tribunal de Primera Instancia,

ya que es este quien tuvo la oportunidad de escuchar la

prueba testifical y apreciar el ―demeanor‖ de los testigos

y quien está en mejor posición para aquilatar la prueba.

In re Rosado Nieves, supra.

Interpretar la Ley Núm. 208-1995, supra, como lo hace

la Opinión del Tribunal, perjudica los intereses de una

parte a quien el foro primario, que tuvo la prueba ante

sí, le dio entera credibilidad. Además, abre un camino al

fraude y al perfeccionamiento de instrumentos negociables

imprecisos y engañosos. La propia ley establece que sus

cláusulas se deberán interpretar y aplicar liberalmente.

Sec. 1-102 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 401. Por

tal razón, al examinar la forma de la firma en un pagaré

no debemos limitarnos a la estampa que hace una persona

para identificarse, pues el concepto de firmar un

documento es un acto que simboliza aceptación y

conformidad con todo lo que se expresa allí. CC-2013-0978 15

¿Cómo identificar la ambigüedad de una firma si no es

estudiándola en conjunto con el texto al que se está

consintiendo? La forma en que se firma corresponde a la

manera en que el firmante compareció en el documento. El

modo más eficiente de analizarla es a la luz del contenido

del resto del documento. Si no, ¿de qué valen las

clausulas introductorias que establecen la calidad en la

que comparecen las partes en el documento si solo se va a

acudir a las firmas de las partes como determina hoy el

Tribunal?

Bajo ese análisis, el señor López Cámara expresó su

conformidad con lo establecido en el pagaré al firmarlo.

Parte de lo allí establecido era que ―la suscribiente y/o

sus representantes‖ serían responsables del pago del

principal, intereses, gastos y honorarios de abogado.

Ello, unido al hecho de que el señor López Cámara firmó

identificándose como socio gestor de El Legado cuando no

lo es, y que tampoco firmó como representante de T/MG

Corp., Inc. y Potrero Matos, Inc., apunta a que existe

ambigüedad en la forma de las firmas en el pagaré. Como

consecuencia, la firma no cumple con todos los requisitos

que impone la Sec. 2-402 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA

sec. 652, para que se obligue a un representado. No

podemos concluir que la forma de la firma del señor López

Cámara demuestra fuera de toda ambigüedad que fue hecha a

nombre de El Legado o sus socias gestoras (T/MG Corp.,

Inc. y Potrero Matos, Inc.). Por lo tanto, sujeto a lo CC-2013-0978 16

dispuesto en la Ley Núm. 208-1995, supra, el señor López

Cámara, quien firmó el pagaré, es responsable bajo el

instrumento ante el señor Cruz Cruz, quien es un tenedor

de buena fe.

Resuelto lo anterior, resta determinar si la firma

del señor López Cámara obligó a la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por él y su esposa, la señora Matos.

Entiendo que sí. El artículo 1308 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3661, dispone que serán carga de

la sociedad de gananciales ―[t]odas las deudas y

obligaciones contraídas durante el matrimonio por

cualquiera de los cónyuges‖. Esas deudas deben servir a un

interés de la familia y no pueden traer consigo un ánimo

fraudulento o la intención de perjudicar a uno de los

cónyuges. WRC Properties, Inc. v. Santana, 116 DPR 127,

135 (1985). Es decir, tiene que contraerse para beneficiar

a la familia. El cónyuge o la sociedad de gananciales que

niegue responsabilidad tiene la carga de la prueba para

demostrar lo contrario. Íd.

En la presente controversia, el señor López Cámara

firmó un pagaré para garantizar el monto por el que transó

El Legado con Cruz Consulting como resultado de varios

contratos de servicio otorgados entre esas partes. La

deuda contraída por el señor López Cámara al firmar el

pagaré fue en su carácter personal. Al negar

responsabilidad tanto personal como de la sociedad legal CC-2013-0978 17

de gananciales compuesta por él y la señora Matos, debía

demostrar que la deuda no era de beneficio para la

familia. WRC Properties, Inc. v. Santana, supra. Los

peticionarios no pusieron a este Tribunal en posición de

hacer esa determinación. Es decir, no derrotaron la

presunción de que la deuda era beneficiosa para la

familia. Íd. Una mera alegación negando que la sociedad

legal de gananciales se benefició de la obligación

contraída por el cónyuge no es suficiente. Por lo tanto,

la firma del señor López Cámara obligó también a su

sociedad legal de gananciales.

V

Por todo lo anterior, confirmaría el dictamen del

Tribunal de Apelaciones a los efectos de que el señor

López Cámara no firmó el pagaré en representación de El

Legado y es responsable, junto con la sociedad legal de

gananciales compuesta por él y la señora Matos, del pago

de la deuda en su carácter personal.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado