EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa de Seguros Multiples de Puerto Rico Apelación Apelado 2011 TSPR 5 v. 180 DPR ____ Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Et al.
Apelante
Número del Caso: AC-2009-97
Fecha: 14 de enero de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce Panel VII
Juez Ponente: Hon. Sixto Hernández Serrano
Oficina del Procurador General
Lcda. Rosa Elena Pérez Agosto Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Apelada:
Lcdo. Armando Franceschi Figueroa
Materia: Impugnación de Confiscación
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
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Cooperativa de Seguros Apelación Múltiples de Puerto Rico Apelado
v. AC-2009-97
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al. Apelante
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2011.
¿Qué efecto tiene la muerte de una persona
imputada de delito en el procedimiento de
confiscación civil de la propiedad que
alegadamente se utilizó al cometer el acto
delictivo? En este caso, veremos si la extinción
de la causa penal producto de la muerte de la
persona imputada tiene como consecuencia la
extinción del proceso de confiscación de la
propiedad ocupada y su consiguiente devolución.
I.
Los hechos del caso de autos son sencillos. El 8
de junio de 2004, el Estado Libre Asociado (en
adelante “Estado” o “ELA”) ocupó un vehículo AC-2009-97 2
marca Toyota modelo Sequoia del año 2002, con número de
tablilla ENK-932. El ELA alegó que el vehículo fue
utilizado durante la comisión de varios delitos, en
violación a los artículos 4.01 y 4.04 de la Ley de
Sustancias Controladas,1 entre otros. Como consecuencia, el
Estado confiscó el automóvil.
El 17 de junio de 2004, la confiscación del vehículo
fue notificada a “Reliable Finances de Puerto Rico”,
entidad financiera en cuyo favor existía el correspondiente
gravamen o deuda por concepto de financiamiento. Dicha
notificación, además, estableció la tasación del vehículo
en $33,950. El 30 de junio de 2004, Reliable y la aquí
apelada Cooperativa de Seguros Múltiples (en adelante
“Cooperativa”) presentaron oportunamente una demanda de
impugnación de la confiscación ante el Tribunal de Primera
Instancia. La Cooperativa es la entidad aseguradora del
vehículo confiscado con cubierta para el riesgo o pérdida
por confiscación.
En su demanda de impugnación, Reliable y la Cooperativa
alegaron que el vehículo confiscado nunca fue utilizado en
violación a las disposiciones de la Ley de Sustancias
Controladas y cuestionaron las bases para la incautación
del vehículo, así como su tasación. Además, alegaron que la
confiscación era nula porque no se habían cumplido los
requisitos procesales de la Ley número 93 de 13 de julio de
1 24 L.P.R.A. §§ 2401 et seq. AC-2009-97 3
1988, según enmendada, conocida como la Ley Uniforme de
Confiscaciones.2
Posteriormente, el Ministerio Público sometió cargos
contra el señor Omel Serrano Rivera por infracciones a los
citados artículos 4.01 y 4.04 de la Ley de Sustancias
Controladas, supra, es decir, por los mismos hechos que
propiciaron la confiscación del vehículo. Sin embargo, el
señor Serrano Rivera murió antes de que comenzara el
juicio, por lo cual el Tribunal de Primera Instancia ordenó
el sobreseimiento y archivo del caso, al amparo del
artículo 97 del Código Penal de 2004.3
Al conocer del fallecimiento del señor Serrano Rivera y
el sobreseimiento y archivo de la causa criminal en su
contra, la parte apelada solicitó que se declarara con
lugar su demanda de impugnación como cuestión de derecho y
se procediera a la devolución del vehículo. El ELA se
opuso, alegando que el archivo de la causa criminal no se
podía imputar al Estado y que, al ser la confiscación una
acción in rem, se podía continuar con el proceso de
confiscación contra el bien ocupado, independientemente del
archivo de la causa criminal contra el alegado autor del
delito. Además, planteó que el archivo en el caso criminal
no fue en los méritos, por lo cual en la acción de
2 34 L.P.R.A. §§ 1723 et seq. 3 33 L.P.R.A. § 4729. AC-2009-97 4
impugnación no se puede aplicar la doctrina de cosa juzgada
en su modalidad de impedimento colateral por sentencia.
El 25 de noviembre de 2008, el Tribunal de Primera
Instancia declaró sin lugar la moción de sentencia sumaria
presentada por la parte apelada. El foro de instancia basó
su denegatoria en que “[a]ún cuando la causa criminal se
extinguió por la muerte del imputado, resulta ser una razón
totalmente ajena a los méritos de la acusación”.4 El 15 de
diciembre de 2008 se celebró la vista en su fondo. El
Tribunal de Primera Instancia se reservó el fallo, lo cual
motivó a la Cooperativa a recurrir ante el Tribunal de
Apelaciones mediante recurso de certiorari que fue
declarado académico al dictarse el 27 de enero de 2009 una
sentencia declarando sin lugar la demanda de impugnación de
confiscación. Es de esta sentencia que Reliable y la
Cooperativa interpusieron un recurso de apelación ante el
Tribunal de Apelaciones.
Por su parte, el Tribunal de Apelaciones concluyó que,
como el procedimiento criminal contra el señor Serrano
Rivera fue archivado conforme a lo dispuesto por la Regla
247(a) de Procedimiento Criminal,5 por razón de la muerte
del imputado, y dado el carácter punitivo de la
confiscación, la incautación del vehículo no debía
prevalecer, aún cuando no se produjo una determinación en
4 Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 21 de agosto de 2009, p. 4. 5 34 L.P.R.A. Ap. II R. 247(a). AC-2009-97 5
los méritos que favoreciera al acusado. El Tribunal de
Apelaciones razonó que cuando “el procedimiento criminal no
culmina en un resultado favorable para el Estado, la
confiscación no puede prevalecer”.6 El foro intermedio
resolvió que, al amparo del artículo 97 del Código Penal,
supra, se había extinguido la causa penal y, por
consiguiente, no se sostenía la confiscación del vehículo.
Por tanto, revocó al Tribunal de Primera Instancia y ordenó
que se declarara con lugar la demanda presentada.7
Inconforme con esta determinación, el Estado nos
solicita que revoquemos al Tribunal de Apelaciones. En
síntesis, alega que la devolución del vehículo incautado no
procede automáticamente puesto que el archivo en el caso
criminal no fue producto de una determinación en los
méritos y ni de una conducta adjudicable al Estado. El ELA
argumenta que la naturaleza civil e independiente del
procedimiento de confiscación in rem sobrevive la extinción
de la acción penal producto de la muerte del alegado autor
de la conducta criminal que sirve de base para la
confiscación. Ante un evidente conflicto entre paneles del
Tribunal de Apelaciones,8 acogimos el recurso como una
6 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, p. 7. 7 La decisión del Tribunal de Apelaciones fue en votación divida dos a uno. El Juez López Feliciano emitió un voto disidente. 8 En el caso KLAN 06-01084, un panel del Tribunal de Apelaciones sostuvo que la muerte del imputado antes de que se celebrara el juicio en su contra no anulaba la confiscación del vehículo que había sido ocupado. El foro AC-2009-97 6
apelación. Con el beneficio de los alegatos de las partes,
estamos en posición de resolver.
II.
A.
La Ley Uniforme de Confiscaciones autoriza al Estado a
ocupar y hacer suya toda propiedad que sea utilizada en la
comisión de ciertos delitos graves y menos graves,
incluyendo violaciones a la Ley de Sustancias Controladas,
supra.9 Se trata de una excepción al mandato constitucional
que prohíbe la toma de propiedad privada para fines
públicos sin justa compensación.10 La aprobación de esta ley
en 1988 fue parte del proceso que llevó a cabo el Estado a
través de varias décadas para uniformar el mecanismo de
confiscación de propiedades previamente esparcido en
diferentes leyes especiales.
apelativo basó su decisión en que, dada la naturaleza civil de la confiscación, la ausencia de absolución en los méritos en la causa penal y la independencia entre los dos procedimientos, nada impide la continuación del proceso confiscatorio. A semejante conclusión se llegó en el caso KLAN 05-00578. 9 34 L.P.R.A. § 1723(a), Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. 43, 51 (2004). Esta ley actualizó la Ley Uniforme de Confiscaciones de Vehículos, Bestias y Embarcaciones de 1960 y amplió la autoridad del Pueblo de Puerto Rico para confiscar la propiedad que fuera utilizada con fines ilegales. Suárez v. E.L.A., supra, p. 53. 10 Sección 9, artículo II, Constitución de Puerto Rico. No obstante, está sujeta al mandato constitucional de que nadie será privado de su propiedad sin el debido proceso de ley. Const. P.R., supra, Art. II, sec. 9; General Motors Acceptance v. Brañuela, 61 D.P.R. 725, 727 (1943). AC-2009-97 7
El propósito de la Ley está plasmado con claridad en su
Exposición de Motivos: “La confiscación de los bienes que
propician la comisión de un delito puede ser un elemento
disuasivo para el delincuente que por temor a exponerse al
peligro de perder su propiedad limita su actividad
delictiva o no le resulta tan fácil su realización”.11
Además, se busca evitar que la propiedad pueda ser
utilizada para futuras actividades delictivas.12 Es decir,
se pretende desincentivar la conducta criminal imponiendo
un castigo adicional a la posible privación de la libertad
tras un encausamiento penal, en este caso, la pérdida de la
propiedad. Se trata de un esquema estatutario punitivo que,
si bien en su forma procesal es civil, se asemeja más, por
su naturaleza, al campo criminal. Por un lado, se vincula
el proceso de confiscación con la conducta delictiva base
que autoriza su ejecución de manera que, en su objetivo
disuasivo y punitivo, constituya una herramienta adicional
en los intentos del Estado por atender la problemática
social de la criminalidad. Por otro lado, se separa
procesalmente la confiscación de la acción penal,
moviéndose “la persecución del criminal […] de la esfera
penal a la del proceso civil para incautarse de los bienes
instrumentales del delito o resultantes de la operación o
11 Leyes de Puerto Rico 1988, p. 409. 12 Exposición de Motivos, Ley 93 de 13 de julio de 1988, Leyes de Puerto Rico 1988, p. 409. AC-2009-97 8
empresa criminal”.13 Así, la confiscación es un mecanismo en
la lucha contra el crimen y “actúa como una sanción penal
adicional contra el criminal”.14 Por tanto, aunque el
proceso mantiene su forma civil, su objetivo sigue siendo
punitivo.15
El proceso de confiscación tiene dos modalidades. La
primera, de naturaleza puramente penal, es parte del
proceso criminal dirigido contra el alegado autor del
delito base que autoriza la confiscación. En ese proceso
criminal, de encontrarse culpable a la persona imputada, la
sentencia impondrá como sanción la confiscación del bien
incautado. A esta modalidad de confiscación se le conoce
como in personam. La segunda se define como un proceso
civil en el que se va directamente contra la cosa a ser
confiscada, separándolo procesalmente del encausamiento
criminal contra el presunto autor del delito. A esta
modalidad de confiscación se le conoce como in rem. Esta es
la modalidad recogida en la Ley Uniforme de Confiscaciones,
supra.
No obstante esta distinción, consistentemente hemos
manifestado que el proceso de confiscación en la modalidad
13 Manuel J. Vera Vera, El posterior adquirente de buena fe y la confiscación de vehículos, 68 Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Número 1, Enero-Marzo, 2007, p. 1. 14 Id., p. 24 (Énfasis suplido). 15 Ford Motor Credit v. E.L.A., 2008 T.S.P.R. 137, 174 D.P.R. ___ (2008). AC-2009-97 9
in rem tiene una marcada naturaleza criminal.16 De igual
forma, hemos determinado que la manera en que se aplica la
sanción, el procedimiento que se utiliza y las defensas
permitidas reflejan su propósito punitivo.17 En cuanto a
esto, aplica el principio reiterado de que “[n]o es la
naturaleza de la acción, sino el verdadero propósito del
estatuto, lo que nos debe guiar”.18
Lo anterior es cónsono con los pronunciamientos del
Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En Plymouth Sedan
v. Pennsylvania, 380 U.S. 693 (1965), dicho Tribunal aplicó
las garantías constitucionales contra los registros
irrazonables en casos criminales a un proceso de
confiscación civil. En ese caso, el Tribunal Supremo
federal reconoció que aunque la confiscación tiene forma
civil no deja de ser un proceso esencialmente criminal:
[P]roceedings instituted for the purpose of declaring the forfeiture of a man’s property by reason of offenses committed by him, though they may be civil in form, are in their nature criminal…[and] though technically a civil proceeding, [it] is in substance and effect a criminal one…[S]uits for penalties and forfeitures incurred by the commission of offenses against the law, are of this quasi- criminal nature.19
16 Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 D.P.R. 907, 913 (2007), Carlo v. Srio. de Justicia, 107 D.PR. 356, 362 (1978). 17 Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 D.P.R. 973, 986-987 (1994). 18 Downs v. Porrata, 76 D.P.R. 611, 619 (1954). 19 Plymouth Sedan v. Pennsylvania, supra, p. 697, citando a Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 633 (1886). AC-2009-97 10
El Tribunal Supremo federal también manifestó que,
aunque se denomine como civil y se considere que es
independiente a la causa criminal, el objetivo de este tipo
de confiscación, al igual que el de un proceso criminal, es
penalizar por la comisión de un delito.20
B.
En el proceso de confiscación in rem, se permite al
Estado ir directamente contra la propiedad como parte de
una ficción jurídica que considera que a la cosa, como
medio o producto del delito, se le puede fijar
responsabilidad independientemente del autor del delito.21
En Carlo v. Srio. de Justicia, supra, p. 360, explicamos
que el proceso in rem tiene sus raíces en un momento de la
historia “producto de la legítima preocupación del Estado
con la práctica de la piratería y el contrabando a
principios del siglo XIX [y ha sido] atemperada en el
decurso del tiempo por el recio surgimiento y difusión de
las garantías de la Quinta Enmienda de la Constitución de
20 Íd., p. 700. El razonamiento de este caso fue adoptado en E.L.A. v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 717, 721 (1967). En su Opinión Disidente, el Juez Becerra quiso ir más allá y manifestó que desde Plymouth Sedan, supra, “no creo que puede seguir prevaleciendo aquí aquellos criterios que consideraron la naturaleza de la confiscación como un procedimiento meramente civil dirigido a una cosa. El caso citado afirma claramente la naturaleza criminal de la confiscación y que impone castigo por la comisión de delito”. Íd., p. 724. 21 Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 574, 578 (1963). AC-2009-97 11
los Estados Unidos contra más de un juicio por el mismo
delito, la autoincriminación, la falta de debido proceso y
la toma de propiedad privada para uso público sin justa
compensación”.22
Esa ficción jurídica tiene como objetivo justificar un
proceso civil en el que se pretende confiscar una propiedad
utilizada para la comisión de un delito, o producto de
éste, cuando el dueño de la propiedad a ser confiscada
reclama su propia inocencia y argumenta que no se le puede
privar de su propiedad por la conducta criminal de un
tercero. De esta situación surge la doctrina del tercero
inocente, que es la principal generadora de jurisprudencia
sobre el proceso in rem de confiscación. Consistentemente
hemos resuelto que la ficción jurídica de la
responsabilidad atribuida a la cosa derrota las alegaciones
de inocencia del dueño si éste consintió o de otra manera
entregó voluntariamente la posesión del bien a la persona
que incurrió en la conducta criminal.23 Como correctamente
señala Vera Vera, “[l]a ficción legal persigue,
22 En este caso, también hicimos referencia a las garantías de nuestra Constitución sobre los mismos asuntos. 23 Véase General Accident Ins. Co. v. E.L.A., 137 D.P.R. 466 (1994), Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 D.P.R. 973, 982 (1994), Alvenre Corp. v. Srio. de Justicia, 130 D.P.R. 760 (1992, Opinión de Conformidad del Juez Fuster Berlingeri), E.L.A. v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 717, 721 (1967), Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656 (1964), Estado Libre Asociado v. Tribl. Superior, 76 D.P.R. 842 (1954), Metro Taxicabs v. Tesorero, 173 D.P.R. 171 (1952), Sánchez v. Tesorero de P.R., 72 D.P.R. 133, 136 (1951), General Motors Acceptance v. Brañuela, 61 D.P.R. 725 (1943). AC-2009-97 12
punitivamente, al dueño de la cosa, bajo el supuesto de que
ha tenido un comportamiento culpable o susceptible de
reproche, al permitir o no supervisar adecuadamente el uso
de la cosa para la comisión o como instrumento de un
delito”.24 No obstante, ello no significa que derrota la
inocencia de la persona a quién se le imputa el delito que
sirve de base para justificar la confiscación.
Como consecuencia, la ficción jurídica de
responsabilidad in rem ha sido severamente criticada. En
Carlo v. Srio. de Justicia, supra, pp. 361-362,
manifestamos que:
La jurisprudencia de Puerto Rico ha seguido la misma ruta de cautelosa atenuación de severidad en la aplicación del principio que Blackstone llamó superstición heredada de los días ciegos del feudalismo, hacia la vindicación del derecho de la persona inocente de la actividad criminal que da lugar a la confiscación.
Estas expresiones recogen el desarrollo del tema en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo federal,
específicamente el comentario de ese Tribunal en United
States v. United States Coin & Currency, 401 U.S. 715
(1970): “Even Blackstone, who is not known as a biting
critic of the English legal tradition, condemned the
seizure of the property of the innocent as based upon
‘superstition’ inherited from the ‘blind days’ of
24 Vera Vera, Op. Cit., p. 11. AC-2009-97 13
feudalism”.25 En este caso el Tribunal Supremo federal
comenta, además, la peculiaridad de que se trata a una
‘cosa’ como si fuese actora de delito.26
En cuanto a la relación entre la cosa y la conducta
delictiva base que justifica la confiscación, hemos
resuelto que “[c]omo toda ley civil relacionada
indirectamente con la comisión de un delito, su ánimo
correctivo parte del supuesto de una persona culpable de su
infracción”.27 Igualmente, hemos reconocido que su objetivo
es castigar por la comisión de una ofensa contra la ley.28
La conexión entre el proceso de confiscación in rem, por un
lado, y la conducta criminal base y el autor de dicha
conducta criminal por el otro es evidente: “El derecho del
Estado de tomar posesión de la cosa surge del mal uso que
se le haya dado a ésta”.29 Es decir, no obstante la ficción
jurídica que permite ir directamente contra la cosa como si
ésta fuera responsable de la conducta criminal, hemos
reconocido que, al fin y al cabo, alguien tiene que
utilizar la cosa delictivamente. También hemos reafirmado
el “vínculo necesario en todo caso de confiscación entre la
25 Citando a I W. Blackstone, Commentaries, c. 8, *300. 26 “More remarkable, the Government’s complaint charges the money with the commission of an actionable wrong”. United States v. United States Coin & Currency, supra, p. 718 (Énfasis en original). 27 Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656, 675 (1964). 28 Carlo v. Srio. de Justicia, supra, p. 362. 29 Suárez Morales, supra, p. 52. AC-2009-97 14
propiedad confiscada y la comisión del delito”.30 Como hemos
visto, la doctrina que mediante la ficción jurídica
responsabiliza directamente a la cosa tiene como objetivo
derrotar la inocencia del dueño de la propiedad a ser
confiscada, no así la inocencia de la persona quién se
alega cometió el delito. La cosa no es co-autora del
crimen.
C.
Repetidamente, hemos resuelto que los estatutos
relacionados con confiscaciones de propiedad privada serán
interpretados de manera restrictiva y de forma consistente
con la justicia y los dictados de la razón natural.31 En
particular, hemos manifestado que las “confiscaciones no
son favorecidas por las cortes” y la interpretación
restrictiva de los estatutos autorizándolas se impone
“porque la naturaleza de la confiscación es punitiva”.32
La confiscación civil es una acción independiente de la
acción penal que por el mismo delito el Estado puede incoar
contra un sospechoso en particular, de haber alguno.33 Por
eso, la confiscación in rem puede efectuarse antes de
30 Íd., p. 55, Rodríguez Díaz v. E.L.A., 2008 T.S.P.R. 120, 174 D.P.R. ___ (2008). 31 Centeno Rodríguez v. E.L.A., supra, p. 913, Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, p. 985 y 988. 32 Pueblo v. González Cortés, 95 D.P.R. 164, 168 (1967). 33 Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, p. 983. AC-2009-97 15
acusar a la persona, antes de que exista una declaración de
culpabilidad o absolución o antes, incluso, de que se
presente algún cargo criminal. No obstante, en el curso del
proceso el Estado tiene que demostrar que la propiedad
confiscada fue utilizada en una actividad delictiva.34 Ello
requiere que el Estado establezca que existe prueba
suficiente y preponderante de la comisión de un delito y
del nexo entre la comisión del delito y la propiedad
confiscada.35 No obstante, esto no quiere decir que no hay
un vínculo entre el proceso civil de confiscación y la
causa criminal.36 Por el contrario, los elementos
mencionados en Del Toro Lugo, supra, no tienen el propósito
de divorciar totalmente al proceso civil de la acción
penal. Más bien, establecen los estándares de prueba que
tiene que presentar el Estado para satisfacer el
procedimiento in rem ante una impugnación de confiscación.
En Downs v. Porrata, supra, p. 619, resolvimos que un
indulto total, pleno e incondicional otorgado a un convicto
por Ley de Armas convertía la propiedad confiscada,
automáticamente, en “una propiedad inocente que puede
revertir a su dueño, puesto que es la culpa del dueño la
que la convierte en un instrumento o medio ilícito para la
34 Rodríguez Díaz v. E.L.A., supra, p. 10. 35 Del Toro v. E.L.A., supra, p. 983. 36 Meléndez v. Tribunal Superior, supra. AC-2009-97 16
comisión de un delito”.37 En cuanto a los argumentos del
gobierno de que la culpabilidad recaía sobre la cosa,
producto de la ficción jurídica creada por el proceso in
rem y que el indulto tenía efecto únicamente sobre el
convicto y no la propiedad confiscada, concluimos que “[l]a
algunas veces útil ficción que la culpabilidad puede recaer
sobre la cosa que sirve de instrumento para la comisión de
un delito, haciendo abstracción de la voluntad criminal que
la dirige, no tiene un valor absoluto”.38 De haber aplicado
mecánicamente la llamada ficción jurídica del proceso in
rem y la independencia total entre esta causa y el caso
criminal contra el imputado del delito que produjo la
confiscación, el indulto contra el convicto no hubiese
‘liberado’ a la cosa, la cual hubiera permanecido
confiscada como co-autora no indultada del delito. La
“justicia y los dictados de la razón natural” no permitían
tal desenlace.39
Ésa no ha sido la única vez que resistimos una
aplicación automática y absoluta de esta ficción jurídica
en las confiscaciones in rem. En Ochoteco v. Tribunal
Superior, 88 D.P.R. 517 (1963), se confiscó un vehículo por
violaciones a la Ley de Armas. Las personas imputadas
fueron declaradas no-culpables porque el registro del
37 (Énfasis suplido). 38 Downs v. Porrata, supra, p. 618. 39 Del Toro Lugo, supra, p. 988. AC-2009-97 17
vehículo fue ilegal. El dueño del vehículo, a quien no se
le había señalado conducta criminal alguna, impugnó la
confiscación. Aunque no atendimos directamente el asunto de
la absolución de los acusados, manifestamos lo siguiente:
[N]o podemos convenir con la Sala sentenciadora en que situaciones como éstas tienen por única contestación el hecho de que la acción va dirigida a la cosa res, por lo que los derechos de terceros inocentes, ni están envueltos, ni están protegidos. Una generalización así de la norma de derecho aplicable no es en todos los casos procedente. Cada caso debe verse y pasarse a la luz de sus hechos, ya que la naturaleza in rem de la acción no la desviste de su condición esencialmente punitiva y de infligir castigo.40
La relación entre el acto delictivo y la propiedad
confiscada es de suma importancia ya que, con la excepción
de aquellos objetos que son en sí mismos delictivos, como
las sustancias controladas, muchas de las propiedades
incautadas no son de por sí delictivas. Si esta propiedad
útil no tiene conexión con la comisión de un delito y puede
ser aprovechada para fines lícitos, como es el caso de los
vehículos, no hay razón para que continúe ocupándola el
Estado.41 Por eso el Estado tiene la obligación de
establecer la conexión de la propiedad con el delito.42 De
lo contrario, la propiedad mantiene su naturaleza inocente
y útil.
40 Ochoteco v. Tribunal Superior,supra, pp. 527-528. 41 Downs v. Porrata, supra, p. 619. 42 Pueblo v. González Cortés, supra. AC-2009-97 18
D.
Como ya hemos visto, la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de Estados Unidos ha acortado el espacio entre las
confiscaciones civiles in rem y los procedimientos de tipo
criminal. Consciente de la multiplicidad de estatutos de
confiscación in rem, tanto federales como estatales, el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha elaborado un
estándar para determinar si en esos casos aplican las
garantías de los procedimientos criminales. En United
States v. One Assortment of 89 Firearms, 465 U.S. 354, 362
(1983), el Tribunal explicó que la controversia estriba en
si el proceso de confiscación es, por intención estatutaria
o por su propia naturaleza, criminal y punitivo o civil y
remedial. Así, al distinguir entre lo criminal y lo civil,
el Tribunal Supremo federal equipara lo punitivo con lo
criminal y lo civil con lo reparador. Igual ocurrió en el
caso de Austin v. United States, 509 U.S. 602 (1992), en
donde se hizo la distinción entre el elemento de la
reparación y el castigo. Como hemos visto, el objetivo de
nuestra Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, es punitivo,
al igual que su naturaleza, y se concibe como un castigo
adicional por la comisión de un delito.43
43 Véase además U.S. v. Seifuddin, 720 F.2d 1074 (9th Cir. 1987). En Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 U.S. 693, 697 (1965), a pesar de que el propio Tribunal Supremo de Pennsylvania había caracterizado el proceso de confiscación como civil, el Tribunal Supremo federal resolvió que aunque tuviera una forma civil su naturaleza bajo la ley del estado era penal. AC-2009-97 19
En cuanto a la ficción jurídica que permite ir
directamente contra la propiedad ocupada como si ésta fuese
responsable de la conducta delictiva, el Tribunal Supremo
federal no ha favorecido su uso desmedido y lo ha avalado,
estrictamente, cuando se trata de derrotar la acción del
dueño inocente para recuperar su propiedad que ha sido
utilizada indebidamente por un tercero.44 En Austin v.
United States, supra, el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos vinculó la ficción jurídica del proceso in rem,
precisamente, a la alegación del dueño como tercero
inocente. Sobre eso nos dice el Supremo federal:
“[F]orfeiture has been justified on two theories –that the
property itself is ‘guilty’ of the offense, and that the
owner may be held accountable for the wrongs of others to
whom he entrusts his property. Both theories rest, at
bottom, on the notion that the owner has been negligent in
allowing his property to be misused and that he is properly
punished for that negligence”.45 En otras palabras, la
ficción jurídica subyacente en el proceso de confiscación
in rem debe utilizarse tan sólo para justificar la
ocupación de bienes que son propiedad de un dueño inocente.
No puede utilizarse este recurso ficticio para concluir que
puede haber una propiedad culpable de delito sin que un ser
humano efectivamente haya cometido dicho delito.
44 Austin v. United States¸ supra. 45 Íd., p. 615. (Énfasis suplido). AC-2009-97 20
Finalmente, la jurisprudencia federal también ha
distinguido entre el bien inherentemente delictivo y aquél
que es útil para otros efectos inocentes.46
III.
Cónsono con nuestras expresiones sobre la necesidad de
una interpretación restrictiva de las leyes que autorizan
las confiscaciones in rem y con el objetivo punitivo de la
Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, nuestra
jurisprudencia ha reconocido que el desenlace del
procedimiento civil está íntimamente relacionado a la causa
criminal. Específicamente, a partir de la figura del
impedimento colateral por sentencia, hemos reconocido una
serie de eventos en el área criminal que invalidan la
confiscación impugnada en el proceso civil in rem.
La doctrina de impedimento colateral por sentencia,
como modalidad de la figura de cosa juzgada, opera cuando
un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia
se dilucida y determina mediante sentencia válida y final y
tal determinación es concluyente en un segundo pleito entre
las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción
46 Plymouth Sedan v. Pennsylvania, supra, p. 700. AC-2009-97 21
distintas.47 Esta doctrina tiene por base tanto la figura de
cosa juzgada recogida en el artículo 1204 del Código
Civil,48 como la “influencia del derecho anglosajón
proveniente de los Estados Unidos”.49 Por tanto, el
desarrollo de esta doctrina no ha tenido en nuestra
jurisdicción una trayectoria definida, pues en ocasiones se
ha tratado como institución independiente, mientras en otra
se ha considerado una modalidad de la doctrina de cosa
juzgada.50 En síntesis, “la doctrina de impedimento
colateral se distingue de la cosa juzgada en que para
aplicar la primera no es necesario que se dé el requisito
de identidad de causas necesario para la segunda”.51
Hemos resuelto que “la doctrina de impedimento
colateral por sentencia no aplica de manera automática a
procedimientos de impugnación de confiscación relacionados
a los mismos hechos de una acción penal previamente
adjudicada.52 No obstante, “[e]n nuestra jurisdicción la
47 Suárez v. E.L.A., supra, p. 59, A & P v. Gen. Contractos v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 763 (1981). 48 31 L.P.R.A. § 3343. 49 A & P v. Gen. Contractos y Asoc. Caná, supra, p. 762. 50 Íd., p. 763. 51 Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 221 (1992). 52 Íd., First Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., 156 D.P.R. 77, 83 (2002). Hay que señalar que en el caso de First Bank v. E.L.A., supra, uno los pasajeros del vehículo hizo declaración de culpabilidad por posesión de sustancias controladas mientras no se determinó causa probable para arresto contra el poseedor del vehículo. Nuestra negativa a aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia AC-2009-97 22
absolución en los méritos adjudica con finalidad
irreversible el hecho central, tanto del caso criminal como
el de confiscación, de que el vehículo no se utilizó para
[la comisión del delito]”.53 Ello, a pesar de la diferencia
en el quantum de prueba que se requiere en el caso criminal
vis a vis la causa civil in rem. Al así resolver, hemos
reconocido que si no prospera la causa criminal en contra
de la persona imputada, es difícil continuar la
confiscación en el área civil, a pesar de que el estándar
de preponderancia de la prueba requerido en el proceso
civil es sustancialmente menor al de prueba más allá de
duda razonable que exige la causa criminal. La sentencia
absolutoria en el juicio criminal “tiene un valor y
trascendencia que amparan no sólo la libertad, sino también
el derecho de propiedad del absuelto, y que [la propiedad]
no es por su naturaleza instrumento de crimen y sí un bien
mueble destinado al aprovechamiento por su dueño en
actividades lícitas”.54
En Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, no se encontró
causa para arresto contra la persona imputada del delito
automáticamente, en ese caso, respondía a que la ausencia de causa probable en cuanto al poseedor no impedía la confiscación pues el pasajero ya se había declarado culpable. Esa declaración de culpabilidad del pasajero permitía que continuara la acción in rem y la determinación de no causa contra el poseedor no podía ser utilizada como impedimento. 53 Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, p. 988. 54 Íd., p. 989. AC-2009-97 23
que dio base a la confiscación de un vehículo. El foro de
instancia no creyó el testimonio del agente en cuanto a la
razonabilidad del registro realizado, por lo cual determinó
que éste fue ilegal. En el proceso civil de impugnación de
la confiscación se presentó copia certificada de la
resolución de no causa dictada por el tribunal en la causa
criminal. El foro de instancia en el caso civil determinó
que la doctrina de impedimento colateral por sentencia no
aplicaba porque el sobreseimiento de los cargos criminales
no fue el producto de una determinación sobre los méritos
del caso. Resolvimos en ese momento que la regla de
exclusión se extendía al proceso civil.55 Por tanto,
revocamos la determinación del Tribunal de Primera
Instancia había denegado la demanda de impugnación de
confiscación.
En Suárez v. E.L.A., supra, resolvimos que cuando los
cargos por el delito que dieron base a la confiscación de
una propiedad son desestimados por incumplimiento con los
términos de juicio rápido,56 la demanda de impugnación debe
declararse con lugar. Llegamos a esa resolución, no
55 “Resolvemos que la determinación final y firme respecto a la exclusión o supresión de una evidencia ilegalmente obtenida, hecha en el procedimiento penal por el delito que da base a la confiscación, constituirá cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia, en cuanto a la admisión de dicha evidencia en la acción de impugnación de confiscación, siempre que dicha determinación judicial sea debidamente planteada e introducida en evidencia”. Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, p. 997. (Énfasis en original). 56 34 L.P.R.A. Ap. II R. 64(n). AC-2009-97 24
obstante el hecho de que el ELA aún podía presentar
nuevamente los cargos que fueron originalmente
desestimados, pues la desestimación se había tornado final
y firme, y aunque habían pasado más de dos años y medio, el
Estado no había presentado nuevamente los cargos. Ante ese
escenario, es decir, una sentencia desestimatoria firme por
un lado y una dejadez del ELA en presentar nuevamente los
cargos criminales, declaramos con lugar la demanda de
impugnación de confiscación.
En Ford Motor Credit v. E.L.A., 2008 T.S.P.R. 137,
resolvimos que procedía la devolución del vehículo
incautado, dado el archivo de una causa criminal al amparo
de la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal.57 Tras
confrontar la naturaleza rehabilitadora de la citada Regla,
y la confiscación, que “sirve de castigo”,58 determinamos
que el archivo y sobreseimiento de la causa criminal, tras
la declaración de rehabilitación, constituía una
exoneración en los méritos.59
A igual conclusión llegamos en Díaz Morales v.
Departamento de Justicia, 2008 T.S.P.R. 175. En este caso,
57 34 L.P.R.A. Ap. II R. 247.1. 58 Ford Motor Credit v. E.L.A., 2008 T.S.P.R. 137, p. 6. (Énfasis en original). 59 Ford Motor Credit v. E.L.A., 2008 T.S.P.R. 137, p. 15. En particular, manifestamos que “una vez se archiva la denuncia…se adjudica de forma favorable al acusado y se dispone con finalidad del hecho central del cual depende la confiscación: la comisión de un acto delictivo”. Díaz Morales v. Departamento de Justicia, 2008 T.S.P.R. 175, p. 8, en referencia a Ford Motor Credit v. E.L.A., supra. AC-2009-97 25
un menor imputado de una falta por sustancias controladas
se sometió a un proceso de desvío que culminó en el archivo
definitivo de la querella en su contra. Resolvimos que
procedía la devolución de la propiedad confiscada.
De lo anterior se desprende un decidido desarrollo de
nuestra jurisprudencia hacia condicionar el proceso civil
de confiscación al resultado de la causa criminal contra el
alegado autor del delito que da base a dicha confiscación,
incluso en casos en donde la absolución en el caso criminal
no sea en los méritos. Es decir, no se trata únicamente de
la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por
sentencia, sino de excepciones a la independencia del
proceso in rem basadas en la extinción de la acción penal
contra la persona presuntamente responsable del delito.
La jurisprudencia federal estadounidense contiene
algunas instancias donde se condiciona el proceso civil de
confiscación al desenlace de la causa criminal. En Plymouth
Sedan v. Pennsylvania, supra, el Tribunal Supremo federal
aplicó la garantía constitucional contra los registros
irrazonables en casos criminales a los procesos de
confiscación si éstos, aunque se denominen como civiles,
tienen naturaleza punitiva. Al determinarse en el caso
criminal que el registro fue ilegal, no podía sostenerse la
confiscación de la propiedad. AC-2009-97 26
En United States v. One Assortment of 89 Firearms,
supra, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se
enfrentó a la interrogante de si una absolución en el caso
criminal conllevaba la devolución de la propiedad incautada
que se estaba litigando en el proceso civil. En este caso,
el Tribunal entendió que podía continuar el proceso civil
de confiscación porque éste, según su naturaleza
estatutaria, era más de corte civil que criminal. Una
conclusión distinta, es decir, que según el estatuto
aplicable la confiscación sea más criminal que civil,
conllevaría que la absolución en la causa penal resultara
en la devolución de la propiedad.60
La Asamblea Legislativa ha reconocido el vínculo entre
la causa criminal contra el presunto autor del delito base
y la acción civil de confiscación. De igual forma, la ley
vigente coincide con nuestros pronunciamientos en cuanto a
sentencia que condiciona el proceso civil a la causa
criminal. La Ley número 18 de 1 de enero de 2003 enmendó la
Ley Uniforme de Confiscaciones, para eliminar un inciso
añadido por la Ley número 32 de 14 de enero de 2000 que
60 Véase además U.S. v. $84,740.00 Currency, 981 F.2d 1110 (9th Cir. 1992), en donde se continuó el proceso civil no obstante el desenlace en el caso criminal porque se entendió que el proceso civil era más reparador que punitivo. AC-2009-97 27
disponía que el resultado favorable al acusado no sería
impedimento a la acción civil de confiscación. La
Exposición de Motivos de la Ley número 18,61 refleja con
gran claridad el cambio de pensar de la Asamblea
Legislativa y su decisión de vincular la causa criminal
contra el presunto autor del delito con el proceso civil de
confiscación. Específicamente, la Asamblea Legislativa
manifestó que todo lo plasmado en la Ley número 32, se hizo
“sin tomar en consideración lo resuelto por el Tribunal
Supremo” en Carlo v. Srio. de Justicia, y Del Toro Lugo v.
E.L.A.62 Por tanto, la Ley número 18 elimina el inciso
añadido por la Ley número 32 para que la Ley Uniforme de
Confiscaciones, supra, se “ajuste al ordenamiento jurídico
vigente y sobre todo al mandato constitucional”.63 Al
eliminar el inciso añadido por la Ley número 32 al artículo
2 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, la Asamblea
Legislativa también expresó que esa enmienda “va en contra
de los postulados constitucionales fundamentales en una
democracia…[y] violenta el principio fundamental del
proceso de confiscación: el cual es que para que una
confiscación se pueda sostener le corresponde al ELA
61 Leyes de Puerto Rico 2003, pp. 64-65. 62 Leyes de Puerto Rico 2003, p. 64. “Dicha enmienda [Ley número 32] vulnera el derecho del acusado a no ser juzgado dos veces por el mismo delito y el derecho a no ser privado de su propiedad sin el debido proceso de ley y previo justa compensación”. 63 Íd., p. 65. AC-2009-97 28
demostrar que la propiedad confiscada fue utilizada en una
actividad delictiva”.64
Las declaraciones de la Asamblea Legislativa,
expresamente repudiando el objetivo la Ley número 32 de
desvincular el proceso civil de confiscación de la acción
penal contra el presunto autor del delito base, constituyen
la postura legislativa vigente.
IV.
En nuestro ordenamiento, solamente las personas
naturales o jurídicas pueden cometer un delito.65 Como se
desprende del artículo 15 del Código Penal de 2004,66 para
determinar que, en efecto, se ha cometido un delito, hace
falta una acción u omisión, que dicha acción u omisión esté
en violación de una ley que lo prohíba u ordene, que se
pruebe la ocurrencia de esa acción u omisión y que ésta
conlleve alguna pena o medida de seguridad. En cuanto al
elemento subjetivo, hace falta que el acto u omisión se
haya llevado a cabo con intención criminal. Solamente se
64 Íd. 65 “Delito es un acto cometido u omitido en violación de alguna ley que le prohíbe u ordene, que apareja, al ser probado, alguna pena o medida de seguridad”. Artículo 15 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. § 4643. Las penas contempladas en el Código solamente son aplicables a personas naturales, 33 L.P.R.A. § 4677, o a personas jurídicas, 33 L.P.R.A. § 4711. 66 33 L.P.R.A. § 4643. AC-2009-97 29
incurrirá en delito mediando negligencia cuando la ley lo
disponga expresamente.67
Por otra parte, toda persona imputada o acusada de
delito se presume inocente hasta que se pruebe su
culpabilidad más allá de duda razonable en un proceso
judicial.68 Por tanto, no se puede determinar con certeza
jurídica la comisión de un delito hasta que una persona sea
declarada culpable de forma final y firme.
En cuanto a la muerte de la persona imputada de
delito, sabemos que ésta extingue la acción penal.69 Siendo
ello así, una persona que muere antes de ser imputada,
acusada o convicta de delito sigue cobijada por la
presunción de inocencia. Incluso en casos de muerte
posterior a la convicción y sentencia, pero antes de que
ésta se convierta en final y firme por no haber concluido
el proceso apelativo, hemos resuelto que “debe ponerse de
inmediato punto final al proceso y ordenar retroactivamente
el sobreseimiento de las acusaciones”.70 Esto, pues el
67 33 L.P.R.A. § 4650. 68 Sección 11, artículo II, Constitución de Puerto Rico; Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 786 (2002). 69 Artículo 97(a) del Código Penal de 2004. 33 L.P.R.A. § 4725(a). Las penas también se extinguen cuando la persona sentenciada fallece. Artículo 103(a) del Código Penal de 2004. 33 L.P.R.A. § 4731(a); véase además E.L.A. v. Rodríguez Santana, 163 D.P.R. 825 (2005). 70 Pueblo v. Morales Díaz, 120 D.P.R. 249, 251 (1987). “[T]odo acto íntimo o daño criminal, público, es sepultado con el ofensor”. Íd., p. 253, citando a United States v. Daniels, 47 U.S. (6 How.) 11, 13 (1848). AC-2009-97 30
fallecimiento del imputado o convicto anula, no sólo el
trámite apelativo, sino que pone fin a todos los
procedimientos relativos a la acusación desde su origen.71
V.
El proceso de incautación de propiedades al amparo de
la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, es civil en su
forma pero punitivo en su naturaleza. Su objetivo,
claramente identificado por la Asamblea Legislativa, es
castigar al delincuente con la pérdida de su propiedad
además de la posible pérdida de su libertad. A ello se
refiere la Legislatura cuando habla del propósito disuasivo
de la confiscación.
71 Algunos tribunales federales de distrito y circuito se han expresado sobre el efecto de la muerte del imputado de delito en el proceso civil de confiscación. Véase United States v. Oberlin, 718 F.2d 894 (9th Cir. 1983), en el que el Tribunal de Apelaciones federal para el Noveno Circuito determinó que procedía el archivo del proceso de confiscación, pues al morir el convicto se extinguieron tanto la causa penal como el procedimiento de confiscación, por ser éste esencialmente de naturaleza penal. (“It is a well-settled rule that actions upon penal statutes do not survive the death of the wrongdoer…[in this case], while some aspects of the forfeiture may have been remedial, there is no doubt that it was essentially penal”.) En United States v. $47,409.00 in United States Currency, 810 F. Supp. 919 (N.D. Oh. 1993), el Tribunal de Distrito federal se enfrentó a la muerte del presunto autor del delito que sirvió de base para confiscar un dinero. El Tribunal resolvió que la determinación de continuar la acción confiscatoria dependía de su naturaleza: “Whether a cause of action survives the death of the alleged wrongdoer hinges upon a determination that the case is remedial or punitive in nature. The former survives, the latter does not”. (Énfasis suplido). Al igual que en United States v. Oberlin, supra, la pregunta medular es si el proceso de confiscación es de naturaleza reparadora o punitiva. AC-2009-97 31
Al amparo de nuestras interpretaciones
constitucionales, y cónsono con la normativa federal
vigente, hemos vinculado el resultado del proceso civil de
confiscación al desenlace de la causa criminal contra la
persona imputada del delito a base del cual se justifica la
confiscación. En casos de exoneraciones, hemos ordenado la
devolución de la propiedad confiscada, incluso en
situaciones en las que dichas exoneraciones no adjudicaron
los méritos de la acusación. Al proceso civil de
confiscación se le ha atribuido la característica de ser in
rem aplicando una ficción jurídica que permite ir
directamente contra la cosa como si esta fuese responsable
por el delito. Sin embargo, hemos visto que esta ficción
jurídica sirve únicamente para derrotar las pretensiones
del dueño que, amparándose en la doctrina del tercero
inocente, reclama la devolución de su propiedad a pesar de
que ésta fue efectivamente utilizada por otra persona en la
comisión de un delito. En nuestro ordenamiento penal, esta
ficción jurídica no convierte la propiedad incautada en
autora del delito, como tampoco permite que se exonere a la
persona acusada pero se declare culpable al objeto.
La acción penal, es decir la posibilidad que tiene el
Estado para encausar a una persona imputándole la comisión
de un delito, se extingue con la muerte de la persona
imputada. Si la persona muere después de la convicción pero
antes de que ésta sea final y firme, el archivo del caso AC-2009-97 32
tiene efecto retroactivo hasta la presentación de la
acusación. Es decir, en ambos supuestos, la persona muere
cobijada aún por la presunción de inocencia. En estas
circunstancias se extingue también la acción confiscatoria.
De lo contrario, permitiríamos la confiscación de un bien
sin que nadie sea convicto de delito, extendiendo
irrazonablemente la ficción jurídica en la que se funda la
acción, al extremo de que una ‘cosa’, por sí misma, sería
culpable de la comisión de un acto delictivo. Nuestro
ordenamiento jurídico no permite tal incongruencia.
VI.
Por las razones expuestas anteriormente, se confirma la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, se declara con lugar
la demanda de impugnación de confiscación y se ordena la
devolución del vehículo incautado.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa de Seguros Apelación Múltiples de Puerto Rico Apelado
AC-2009-97 v.
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se confirma la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, se declara con lugar la demanda de impugnación de confiscación y se ordena la devolución del vehículo incautado.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo