Asociación De Maestros v. Depto. De Educación

2007 TSPR 123

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: June 15, 2007
• Docket: AC-2004-0064
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros de Puerto Rico por sí y en Representación de sus socios; Educadores Puertorriqueños Certiorari En Acción, por sí y en Representación de sus socios 2007 TSPR 123

Apelantes 171 DPR ____

v.

Departamento de Educación, Hon. César Rey, en su carácter Oficial como Secretario del Departamento de Educación; E.L.A. de P.R. y Federación de Maestros de Puerto Rico

Apelados

Número del Caso: AC-2004-64

Fecha: 15 de junio de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel III

Juez Ponente:

Hon. Antonio J. Negroni Cintrón

Abogados de la Parte Apelante:

Lcdo. Luis R. Rosario Badillo Lcdo. Rafael A. Nadal Arcelay

Abogado de la Parte Apelada:

Lcdo. José Velaz Ortiz

Materia: Sentencia Declaratoria; Injunction Permanente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros de Puerto Rico por sí y en representación de sus socios; Educadores Puertorriqueños en Acción, por sí y en representación de sus socios Apelantes

v. AC-2004-064

Departamento de Educación, Hon. César Rey, en su carácter oficial como Secretario del Departamento de Educación; E.L.A. de P.R. y Federación de Maestros de Puerto Rico Apelados

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2007.

En esta ocasión nos corresponde determinar

si la Ley Núm. 96 del 7 de agosto de 2001,

mediante la cual se autorizó el cobro de un cargo

por servicio a los empleados que opten por la no

afiliación a la organización sindical que los

representa, debe aplicarse retroactivamente a los

empleados que no se afiliaron mientras estaba

vigente la legislación anterior que los eximía de

pagar dicho cargo por servicio.

En el caso ante nuestra consideración, la

Asociación de Maestros y Educadores

Puertorriqueños en Acción (en adelante, los

peticionarios) nos solicitan la revocación de una

sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones AC-2004-64 2

que resolvió que la Ley Núm. 96 de 7 de agosto de 2001 no

se aplicó retroactivamente porque el cobro de los cargos

por servicio comenzó a efectuarse luego de su entrada en

vigor. Por entender que la legislación en controversia sí

fue aplicada retroactivamente en ausencia de una

disposición expresa o circunstancias extraordinarias que

así lo requirieran, revocamos.

I.

La Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998, según

enmendada, 3 L.P.R.A. 1451 et seq., conocida como la Ley de

Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto

Rico (en adelante, Ley Núm. 45) le confirió a los empleados

públicos el derecho a no afiliarse ni ser representados por

la organización obrera debidamente certificada. Asimismo,

se dispuso que los empleados que optaran por la no

afiliación estarían exentos del pago de cargos por

servicio.

Posteriormente, la Asamblea Legislativa promulgó la

Ley Núm. 96 del 7 agosto de 2001 (en adelante, Ley Núm.

96), que enmendó la Ley Núm. 45, y estableció un cargo por

servicio de hasta un máximo de 50% de la cuota regular de

los afiliados para los empleados que opten por no

afiliarse. En otras palabras, la enmienda mantuvo

inalterada la opción de los empleados de no afiliarse, pero

dispuso que, en esos casos, estarían obligados a pagar un

cargo por servicio. AC-2004-64 3

Una vez se aprobó la Ley Núm. 96, el Departamento de

Educación comenzó a descontarles a todos los maestros no

afiliados una cantidad de $8.00 por concepto de cargos por

servicio a favor de la Federación de Maestros1. Dicho

descuento cubrió el periodo desde la aprobación de la Ley

Núm. 96 hasta el presente.

Inconformes con dicha decisión, la Asociación de

Maestros y Educadores Puertorriqueños en Acción, en

representación de sus miembros, presentó una demanda en la

que solicitó sentencia declaratoria e injuction contra el

Departamento de Educación y la Federación de Maestros.

Alegó, en síntesis, que dicho descuento es ilegal toda vez

que sus miembros, al notificar su interés en no afiliarse a

la Federación de Maestros bajo la Ley Núm. 45, adquirieron

el derecho a no pagar cargos por servicio. Asimismo,

sostuvo que la Ley Núm. 96 no dispone para que tenga

efectos retroactivos, por lo que el Departamento de

Educación debe abstenerse de continuar descontándoles el

cargo en controversia.

Por su parte, el Departamento de Educación adujo que

la Ley Núm. 96 no se está aplicando retroactivamente ya que

los descuentos se comenzaron a cobrar luego de su entrada

en vigor. Señaló, además, que para que los peticionarios

tengan derecho a beneficiarse de los servicios que brinda

1 Desde 1999, la Federación de Maestros es la organización obrera certificada por la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público como la representante exclusiva de la unidad apropiada de maestros y/o personal docente del Departamento de Educación. AC-2004-64 4

la Federación de Maestros deben aportar con algún por

ciento de lo que pagan los empleados afiliados. Finalmente,

sostuvo que los peticionarios no tienen un derecho

adquirido a no pagar cargos por servicio en virtud de la

legislación anterior.

Luego de sometido el caso para su adjudicación, la

Federación de Maestros presentó un Memorando de Derecho en

el que reiteró varios de los planteamientos esbozados por

el Departamento de Educación. En particular, arguyó que no

se le estaba dando efecto retroactivo a la Ley Núm. 96 ya

que los descuentos comenzaron a efectuarse después de su

entrada en vigor y que los peticionarios no adquirieron un

derecho, en virtud de la legislación anterior, a no pagar

cargos por servicio. Por otro lado, señaló que la Ley Núm.

96 se promulgó con el fin de resolver contradicciones entre

las disposiciones de la Ley Núm. 45, supra.

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de

Primera Instancia resolvió mediante una sentencia enmendada

nunc pro tunc que la deducción por concepto de cargos por

servicio que realizaba el Departamento de Educación a los

peticionarios era ilegal, toda vez que éstos notificaron su

interés en no afiliarse antes de la vigencia de la Ley Núm.

96. Determinó que dicha ley sólo podía aplicarse de manera

prospectiva en virtud del artículo 3 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3, y su jurisprudencia

interpretativa. En vista de lo anterior, ordenó al

Departamento a descontinuar la deducción de los cargos y a AC-2004-64 5

devolver a los peticionarios el dinero recolectado hasta

ese momento.

Insatisfecho con el dictamen, la Federación de

Maestros acudió ante el Tribunal de Apelaciones reiterando

los argumentos presentados ante el Tribunal Primera

Instancia. Adujo que el foro inferior había errado al

concluir que los descuentos se hicieron retroactivamente,

aún cuando se efectuaron luego de que la Ley Núm. 96

entrara en vigor. Así las cosas, el foro intermedio revocó

al Tribunal de Primera Instancia por entender que el

Departamento de Educación no cobró retroactivamente los

cargos por servicio puesto que los descuentos comenzaron a

efectuarse luego de su entrada en vigor.

De esa decisión apelan ante nos los peticionarios.

Aducen que el Tribunal de Apelaciones erró al resolver que

la Ley Núm. 96 fue puesta en vigor prospectivamente y que,

por tanto, la disposición legal en controversia no se está

aplicando retroactivamente. Sostienen que la actuación del

Departamento de Educación atenta contra su derecho

adquirido a no pagar cargos por servicio a la Federación de

Maestros.

Acogido el recurso como certiorari, y con el beneficio

de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II.

Ley Núm. 45 se promulgó con el fin de conferirle a los

empleados públicos el derecho a la organización sindical y

a la negociación colectiva dentro de los parámetros AC-2004-64 6

establecidos en la propia ley. Exposición de Motivos Ley

Núm. 45, supra; Departamento de Educación v. Sindicato

Puertorriqueño de Maestros, res. el 13 de julio de 2006,

2006 T.S.P.R. 121. Conforme a ello, se les confirió el

derecho a afiliarse a una organización sindical que haya

sido certificada por la Comisión de Relaciones del Trabajo

del Servicio Público como la representante exclusiva de los

empleados. Artículo 4, 3 L.P.R.A. sec. 1451(b). Dicha

organización será el representante de los empleados ante la

agencia gubernamental correspondiente para propósitos de

salarios, beneficios marginales, términos y condiciones de

empleo. Artículo 3, 3 L.P.R.A. sec. 1451(j).

En lo pertinente a la controversia ante nuestra

consideración, la Ley Núm. 45 reconoció el derecho de los

empleados a no afiliarse ni ser representados por la

organización obrera debidamente certificada. Asimismo, la

sección 4.2 de Ley Núm. 45, supra, ya derogada, eximió del

pago de cargos por servicio a los empleados que hubiesen

optado por ejercer tal derecho2. Es decir, mediante dicha

2 Sección 4.2-Derecho a no afiliarse

Aquellos empleados que formen parte de una unidad apropiada para fines de negociación colectiva debidamente certificada por la Comisión, que no interesen afiliarse ni ser representados por la organización obrera debidamente certificada, podrán solicitar ser excluidos de la misma. Este derecho no aplicará una vez sean miembros de la organización obrera. Estos empleados no pagarán cargos por servicio a la organización obrera. Los empleados no afiliados a la organización obrera observarán las disposiciones del convenio colectivo en cuanto a los procedimientos para ventilar quejas, agravios, arbitraje; y les serán aplicables para su beneficio las disposiciones del convenio colectivo en lo que respecta a salarios, AC-2004-64 7

legislación los empleados que optasen por la no afiliación

estarían exentos de pagar cargos por servicio a su

representante, aún cuando le eran aplicables las

disposiciones del convenio colectivo en lo que respecta a

salarios, beneficios marginales y condiciones generales de

empleo.

En el año 2001, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley

Núm. 45 para, entre otras cosas, sustituir la sección 4.2

por un nuevo articulado denominado “Opción de no afiliarse

y cargos por servicio”. La Ley Núm. 96, supra, incorporó la

opción de no afiliarse y estableció un nuevo cargo por

servicio para los que opten por ejercerla. Por su

importancia, trascribimos el mencionado artículo 17:

Artículo 17.1- Opción de no afiliarse

Aquellos empleados que formen parte de una unidad apropiada para fines de negociación colectiva debidamente certificada por la Comisión, que opten por no afiliarse ni ser representados por la organización obrera debidamente certificada, podrán solicitar ser excluidos de la misma mediante presentación de una notificación al efecto al jefe de la Agencia, con copia al representante exclusivo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la certificación del representante exclusivo. 3 L.P.R.A. sec. 1454

Artículo 17.2- Cargo por servicio

Los miembros de la unidad apropiada que opten por no afiliarse pagarán al representante exclusivo un cargo por servicio hasta un máximo de cincuenta (50) por ciento de la cuota regular establecida para los afiliados al representante _____________________ beneficios marginales y términos y condiciones de empleo. El taller cerrado y el taller unionado estarán prohibidos. AC-2004-64 8

exclusivo. También tendrán que observar las disposiciones del convenio colectivo en cuanto a los procedimientos para ventilar quejas, agravios y arbitraje, siéndole aplicables, en igual medida, las disposiciones del Convenio Colectivo referentes a salarios, beneficios marginales y condiciones de empleo. 3 L.P.R.A. sec. 1454(a) (énfasis suplido)

De las disposiciones antes transcritas se desprende la

intención de legislador de modificar la situación jurídica

vigente hasta ese momento, con el fin de obligar a los

empleados que –en adelante opten por no afiliarse- a

contribuir a la organización sindical que los representa.

Claramente la Ley Núm. 96 cambió la situación jurídica para

los que, al momento en que entró en vigor, no hubiesen

ejercido la opción de no afiliarse.

Aclarado lo anterior, nos resta examinar si la

intención del legislador fue a los efectos de que dicha

obligación se aplicase retroactivamente a los empleados que

hubiesen optado por la no afiliación bajo el estado de

derecho hasta entonces vigente.

III.

La irretroactividad de las leyes se concibe como un

principio fundamental de interpretación estatutaria. Dicho

principio se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico a

través del artículo 3 del Código Civil, supra, que

establece que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no

dispusieren expresamente lo contrario. 31 L.P.R.A. sec. 3.

Por tanto, la excepción es la retroactividad. Consejo de

Titulares v. William Hospitality Group, Inc., res. el 1 de AC-2004-64 9

junio de 2006, 2006 T.S.P.R. 94; Nieves Cruz v. Universidad

de Puerto Rico, 151 D.P.R. 150 (2000); Ocasio v. Díaz, 88

D.P.R. 676 (1963). Aclaramos que la retroactividad no sólo

es la excepción, sino que tienen lugar en circunstancias

extraordinarias como veremos más adelante. A raíz de ello,

son pocas las ocasiones en que nos hemos apartado de la

norma general de irretroactividad, toda vez que la absoluta

retroactividad de las leyes conlleva la muerte de la

seguridad y de la confianza jurídica. Id.

Aunque de la referida disposición del Código Civil

surge el deber de establecer expresamente la

retroactividad, hemos resuelto que ésta puede surgir de la

voluntad implícita del legislador. Vélez Reyboras v.

Secretario de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Warner

Lambert v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973). Es

decir, la intención del legislador de darle efecto

retroactivo a una ley puede ser expresa o tácita. Consejo

de Titulares v. William Hospitalito Group, supra; Rodríguez

Sierra v. Administración de Retiro de los Empelados del

E.L.A., res. 13 de mayo de 2003, 2003 T.S.P.R. 78.

Ahora bien, ello no significa que podamos impartirle

retroactividad a una ley a la ligera. La intención del

legislador de darle efecto retroactivo a una ley debe

desprenderse del estatuto. En síntesis, la retroactividad,

por ser un acto excepcional, debe aparecer expresamente o

surgir claramente del estatuto. Nieves Cruz v. Universidad

de Puerto Rico, supra; Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822 AC-2004-64 10

(1983). Así es como único mantenemos el principio de

irretroactividad de las leyes.

A esos fines, en ausencia de un mandato expreso del

legislador, sólo le hemos impartido efecto retroactivo a

una ley en circunstancias supremas y extraordinarias. Se

trata de circunstancias en las que el interés público, la

justicia o los propósitos de la propia ley así lo ameritan.

Nieves Cruz v. Universidad de Puerto Rico, supra. Por

ejemplo, en Warner Lambert v. Tribunal Superior, supra, le

impartimos efecto retroactivo a la Ley Núm. 75 de 24 de

junio de 1964 con el fin de no derrotar el propósito

cardinal del estatuto convirtiéndolo en una medida inocua.

De igual forma, en Reyboras v. Secretario de Justicia,

supra, resolvimos que la legislación para prohibir la

operación de máquinas electrónicas de “Pin Ball” a una

distancia de 200 metros de las escuelas tenía efectos

retroactivos. Notamos como, mientras más grave sea el mal

social que el estatuto intenta remediar, mayor

justificación para su aplicación retroactiva. Warner

Lambert v. Tribunal Superior, supra.

Conforme a lo anterior, no podemos endosar cualquier

determinación de retroactividad que se haga ignorando los

principios antes esbozados. Partimos de la premisa que

existe una presunción de irretroactividad en los casos en

los que el legislador guarda silencio al respecto. Por

consiguiente, si del texto o de los propósitos legislativos

no surge de forma clara, cierta y definitiva la intención AC-2004-64 11

de que la ley tenga efecto retroactivo, no podemos nosotros

impartirle dicho efecto. Alfonso Vargas Fernández v.

Administración de los Sistemas de Retiro, res. 8 de abril

de 2003, 2003 T.S.P.R. 53. De hecho, en Nieves v.

Universidad de Puerto Rico, supra, resolvimos que de

existir una intención legislativa de retroactividad

definitiva “lo lógico hubiese sido que se incluyera en la

citada Ley Núm. 98 en una sencilla oración que expresara

tal intención.”

Por último, cabe recordar que, en materia de

interpretación estatutaria, las reglas de hermenéutica

establecen que cuando el texto de la ley es claro y libre

de ambigüedad hay que ceñirse al mismo. Es decir, cuando el

texto de la ley es claro y libre de ambigüedad no debe ser

sustituido bajo el pretexto de cumplir con los propósitos

legislativos. Id.; Irrizary v. Jonhson & Jonhson, res. 27

de junio de 2000, 2000 T.S.P.R. 15. Por ende, si del texto

de la ley no surge su aplicación retroactiva no podemos, en

ausencia de circunstancias extraordinarios, ignorar la

letra de la ley.

IV.

En el caso ante nuestra consideración, los

peticionarios sostienen que la Ley Núm. 96 les fue aplicada

retroactivamente toda vez que fueron eximidos del pago de

cargos por servicio en virtud de la legislación anterior.

Alegan que la Ley Núm. 96 no dispone para su aplicación

retroactiva por lo que el Departamento de Educación está AC-2004-64 12

impedido de descontarles de su salario un cargo por

servicio. Les asiste la razón.

Del texto de la Ley Núm. 96 no surge de modo alguno

que el cobro de un cargo por servicio a los empleados no

afiliados ha de tener efecto retroactivo. Por el contrario,

hay disposiciones que sostienen que su aplicación debe ser

prospectiva. Así, por ejemplo, el artículo 10 dispone que

su entrada en vigor será “inmediatamente después de su

aprobación”, sin especificar si tendrá efecto retroactivo.

Es decir, se limita a establecer que tendrá vigencia

inmediata. Cabe mencionar que en otros casos en los que el

legislador ha querido conferir efecto retroactivo a una

ley, lo ha dispuesto expresamente en ese mismo articulado3.

Del mismo modo, la sección 17.2 de la Ley Núm. 96 en

controversia establece que “[l]os miembros de la unidad

apropiada que opten por no afiliarse pagarán al

representante exclusivo un cargo por servicio…”. Del

lenguaje de la disposición antes transcrita se desprende la

intención del legislador de que se cobre el cargo por

servicio a los empleados que, a partir de su vigencia,

opten por no afiliarse. Entendemos que si otro hubiese sido

En el caso de Consejo de Titulares Condominio New San 3

Juan v. Williams Hospitality Group, Inc., res. el 1 de junio de 2006, 2006 T.S.P.R. 94, resolvimos que la nueva Ley de Condominios, Ley Núm. 103 del 5 de abril de 2003, debía aplicarse retroactivamente. Cabe señalar que en aquel caso, del propio texto de la ley surgía una disposición a los efectos de que la ley “entrará en vigor a los (90) días después de su aprobación y sus disposiciones regirán a todo inmueble sometido al régimen de Propiedad Horizontal, cualquiera que sea el momento en que fuera sometido a dicho régimen.” Art. 44 de la Ley Núm. 103. AC-2004-64 13

el ánimo del legislador, así lo hubiese aclarado en el

texto de la ley. Este Tribunal no puede sustituir la

palabra opten por optaron.

Por otro lado, para auscultar la intención del

legislador, en ausencia de una disposición expresa en la

ley, es preciso que nos encontremos en circunstancias

extraordinarias. Nos referimos a los casos en que se

intenta corregir un mal social o evitar una injusticia.

Claramente el cobro retroactivo de un cargo por servicio a

favor de una organización sindical no constituye uno de

estos supuestos.

Según surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm.

96, su propósito fue el de “atemperar la legislación

existente a las necesidades y aspiraciones de nuestros

servidores públicos y para proveer un marco legal adecuado

que garantice y amplíe el ámbito de negociación lo que

redundará en un mejor beneficio a la ciudadanía”.

Exposición de Motivos, Ley Núm. 96, supra. Tal expresión

legislativa, por sí sola, no nos mueve a concluir que

debemos aplicar la ley retroactivamente. Por otro lado, la

única mención que se hace con relación a la Ley Núm. 45 es

a los efectos de que ésta no llenó totalmente las

expectativas de los grupos impactados. No hace referencia a

inconsistencias o contradicciones que se quieran remediar

con la aprobación de la Ley Núm. 96. AC-2004-64 14

En virtud de lo antes expuesto, declaramos ilegales

los descuentos por concepto de cargos por servicio

efectuados a los maestros que notificaron su interés en no

afiliarse a la Federación de Maestros y fueron eximidos de

pagar cargos por servicio en virtud de la legislación

anterior. Resolvemos que la Ley Núm. 96 sólo aplica

prospectivamente a los empleados que opten por no afiliarse

a la organización obrera después de su vigencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros de Puerto Rico por sí y en representación de sus socios; Educadores Puertorriqueños en Acción, por sí y en representación de sus socios Apelantes

Departamento de Educación, Hon. César Rey, en su carácter oficial como Secretario del Departamento de Educación; E.L.A. de P.R. y Federación de Maestros de Puerto Rico Apelados

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se declaran ilegales los descuentos por concepto de cargos por servicio efectuados a los maestros que notificaron su interés en no afiliarse a la Federación de Maestros y fueron eximidos de pagar cargos por servicio en virtud de la legislación anterior. Se resuelve que la Ley Núm. 96 sólo aplica prospectivamente a los empleados que opten por no afiliarse a la organización obrera después de su vigencia. Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Fiol Matta disiente con Opinión escrita a la cual se une el Juez Asociado señor Rebollo López.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros de Puerto Rico, por sí y en representación de sus socios; Educadores Puertorriqueños en Acción, por sí y en representación de sus socios Peticionarios

Departamento de Educación, Hon. César Rey, en su carácter oficial AC-2004-64 como Secretario del Departamento de Educación; Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Federación de Maestros de Puerto Rico Recurridos

Federación de Maestros de Puerto Rico Recurrido

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA a la cual se une el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2007.

Disiento de la decisión mayoritaria que resuelve

eximir a un grupo selecto de empleados públicos de pagar

los cargos por servicio a favor de la organización

sindical certificada y les permite disfrutar, a título

gratuito, de los beneficios y mecanismos que provee el

convenio colectivo. La Opinión mayoritaria concluye en

el caso de autos que quienes único tendrían que pagar

por los servicios del sindicato sin ser miembros de

éstos son los empleados que opten por no afiliarse a la

organización obrera después del 7 de agosto de 2001,

fecha de vigencia de la Ley núm. 96 que enmendó la Ley

de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público. De

esta forma, aquellos empleados que notificaron su

decisión de no afiliarse al sindicato AC-2004-64 2

antes del 7 de agosto de 2001, están exentos de no pagar

cargos por servicios a la organización sindical que, en

última instancia, representa sus intereses y negocia en su

nombre las condiciones y términos de su empleo. Ello permite

a un grupo de empleados beneficiarse gratuitamente de los

servicios que provee el representante exclusivo en la

negociación colectiva y en la administración de un convenio

colectivo. A pesar de que la intención legislativa tras la

Ley núm. 96 era precisamente la de clarificar las

disposiciones sobre los cargos por servicio para quienes

optasen por la no afiliación, la Mayoría de este Tribunal

decide perpetuar la situación que dicha legislación buscó

corregir al imponer el pago de un cargo razonable por los

servicios que provee una organización sindical a los

trabajadores. Por las razones que expreso a continuación,

disiento de esa decisión.

I

En el caso de autos, la Opinión mayoritaria resuelve

que el Departamento de Educación no puede hacer descuentos

por concepto de cargos por servicio a los maestros que

habían notificado su interés en no afiliarse a la Federación

de Maestros antes de la vigencia de la Ley núm. 96.

Resuelve que la Ley núm. 96, que enmienda la Ley núm. 45 del

25 de febrero de 1998, conocida como la Ley de Relaciones

del Trabajo para el Servicio Público, no provee para que el

cobro de un cargo por servicio a los empleados no afiliados

se haga extensivo a aquellos empleados que fueron

originalmente eximidos del pago de tal cargo en virtud de la

Ley núm. 45. En otras palabras, concluye que la Ley núm. 96

sólo puede tener efecto prospectivo y por esa razón las

disposiciones que imponen el cargo por servicio no aplican a AC-2004-64 3

los empleados que ya habían optado por no afiliarse a la

fecha de vigencia de estas enmiendas.

Para llegar a este resultado, la Opinión mayoritaria

hace uso de una exégesis a mi juicio incompleta, que no

ausculta cumplidamente la verdadera intención legislativa

tras las enmiendas que la Ley que introdujo a la Ley de

Rico.

La Opinión se apoya en que la Ley núm. 96 sólo expresa

que será vigente “inmediatamente después de su aprobación”,

sin disponer para su aplicación retroactiva. Con igual

lógica concluimos que el que no se mencione el supuesto de

aplicación retroactiva, de por sí, no nos permite llegar a

ninguna conclusión sobre la retroactividad de la Ley.

Al hablar de la vigencia de una ley nos referimos al

momento a partir del cual ésta tendrá efectos jurídicos, es

decir, el momento en que ésta “existe” jurídicamente, de

manera que pueda ser aplicada. Así, no hay duda que la Ley

núm. 96 del 7 de agosto de 2001, “existe” para ser aplicada

desde su aprobación. Pero esa vigencia inmediata no puede

llevarnos a concluir ineluctablemente que sus disposiciones

no pueden aplicarse a un grupo de personas que ya habían

actuado de determinada forma o habían realizado ciertos

actos antes de que ésta entrara en vigor. Por eso, para

determinar el alcance retroactivo o prospectivo de la Ley

núm. 96 hay que acudir a su contenido sustantivo y a la

intención legislativa.

La Opinión mayoritaria también encuentra apoyo en el

tiempo verbal utilizado por la Ley núm. 96 para establecer

el cargo por servicio. Esta disposición, incluida como la

nueva sección 17.2 en la Ley de de Relaciones del Trabajo AC-2004-64 4

para el Servicio Público de Puerto Rico, establece que

“[l]os miembros de la unidad apropiada que opten por no

afiliarse pagarán al representante exclusivo un cargo por

servicio hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%). .

.”. La Opinión mayoritaria destaca la utilización del verbo

“optar” en el modo subjuntivo presente (“opten”) para

concluir que al no usarse el tiempo pasado, “optaron”, se

revela que la intención del legislador era la de cobrar el

cargo por servicio sólo a los empleados que optaran por no

afiliarse a partir de la vigencia de la Ley núm. 96.

No estoy de acuerdo con esta interpretación pues no

pone la fijación del cargo por servicio en el contexto de

las demás disposiciones sobre la no afiliación. La Opinión

del Tribunal no considera que la Ley núm. 96 adopta no una,

sino dos disposiciones para sustituir la sección 4.2 de la

Ley núm. 45. La nueva sección 17.1 atiende al concepto de

la no afiliación y establece que el empleado podrá solicitar

ser excluido de la organización obrera que sea certificada

por la Comisión de Relaciones del Trabajo como representante

exclusivo de determinada unidad apropiada. Según esta

disposición el empleado deberá notificar su solicitud de

exclusión dentro de los treinta días siguientes a la

notificación de la certificación del representante

exclusivo. En otras palabras, la sección 17.1 establece un

término dentro del cual un empleado puede notificar su

interés en no afiliarse. Esta notificación sólo puede darse

dentro del término establecido y una sola vez, siendo pues

un acto único de consumación instantánea que no se repite.

Por otro lado, la nueva sección 17.2 de la Ley dispone

que los empleados que opten por no afiliarse tendrán que

pagar un cargo por servicio al representante exclusivo, AC-2004-64 5

equivalente a no más de la mitad de la cuota regular

establecida para los empleados afiliados. Además, esta

sección indica cuáles disposiciones del convenio colectivo

le serían aplicables a estos empleados no afiliados. De esa

forma, la sección 17.1 regula el evento de la notificación

de la solicitud de no afiliación, mientras la sección 17.2

establece el cargo por servicio que pagarán los empleados

que ejerzan la opción de no afiliarse.

La acción de notificar la no afiliación que establece

la sección 17.1 puede darse en una sola ocasión, dentro del

término allí establecido. Sin embargo, como cuestión de

realidad, la acción de optar por no afiliarse no está

circunscrita a un momento particular sino que es reiterativa

y continua, pues después de notificar su decisión de no

afiliarse oportunamente estos empleados pueden siempre optar

por afiliarse a la representante exclusiva. Indudablemente

la Ley no prohíbe su afiliación eventual. De esa forma, la

notificación sólo se puede dar en un momento determinado,

pero la opción de no afiliarse es una acción que se ejerce

continuamente por los empleados que hayan notificado su no

afiliación. Por tanto, mientras no se afilien a la

organización obrera certificada, los empleados a los que

alude la sección 17.2 están ejerciendo constante y

continuamente su opción de no afiliarse.

Por todo lo anterior, entiendo que en el caso

particular de la Ley núm. 96 el uso del subjuntivo del verbo

“optar” en tiempo presente no es determinativo de su

aplicación temporal, ya que el ejercicio de esta opción es AC-2004-64 6

continua.4 Un empleado que en 1998 notificó oportunamente

su interés de no afiliarse, hoy día aún está ejerciendo su

opción de no afiliarse. Por eso el análisis gramatical de

la sección 17.2 no resulta suficiente para determinar si la

intención legislativa fue la de otorgarle efecto retroactivo

a esta disposición. Para ello este Tribunal debió auscultar

la intención legislativa a la que responde la Ley núm. 96,

que, según explico a continuación, era que esta legislación

fuera aplicable a todos los empleados públicos que no se

afiliaran a la organización obrera de su agencia,

indistintamente del momento en el que notificaron su

decisión.

II

La Ley núm. 45 del 25 de febrero de 1998, conocida como

“Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de

Puerto Rico”, 3 L.P.R.A. secs. 1451 a 1453j, confiere a los

empleados públicos de las agencias del gobierno central y

los municipios el derecho a la organización sindical y a la

negociación colectiva, dentro de ciertos parámetros que la

misma ley establece. Bajo la Ley núm. 45, los empleados

públicos que no estén cubiertos por la Ley de Relaciones del

Trabajo de Puerto Rico, Ley núm. 130 del 8 de mayo de 1945,

29 L.P.R.A. secs. 61 a 76, podrán organizarse y afiliarse en

4 Cabe destacar también que la Ley núm. 96 enmendó la definición de cargo por servicio contenida en la Ley núm. 45, para que leyera, en lo pertinente, de la siguiente forma: (g) cargo por servicio— Pago hecho al representante exclusivo por empleados de la unidad contratante que han optado por la no afiliación al sindicato de su agencia. (énfasis suplido) . . . . 3 L.P.R.A. sec. 1451a(g). En esta disposición el legislador se inclinó por el uso del participio pasivo del verbo optar, el cual dota de cierta ambigüedad temporal a lo allí establecido, además de otorgarle una dimensión más genérica y de carácter continuo. AC-2004-64 7

organizaciones sindicales de su selección para negociar sus

condiciones de trabajo.

La Ley núm. 45 dispone que los empleados de las

diferentes unidades apropiadas escogerán, mediante voto

mayoritario, la organización sindical que los representará

ante la agencia correspondiente. 3 L.P.R.A. sec. 1451g. La

organización que obtenga la mayoría absoluta de los votos en

las elecciones será certificada como el representante

exclusivo de los empleados comprendidos en la unidad

apropiada y tendrá autoridad para negociar con la agencia un

convenio colectivo en la que se acuerden, entre otras cosas,

los salarios, beneficios marginales, términos y condiciones

de empleo. 3 L.P.R.A. sec. 1451j. Véase Departamento de

Educación v. Sindicato Puertorriqueño de Maestros, 2006

T.S.P.R. 121; ARPE v. Coordinadora Unitaria de Trabajadores

del Estado, 2005 T.S.P.R. 147; Federación de Maestros de

Puerto Rico v. Molina Torres, 2003 T.S.P.R. 159; Pérez

Santos v. Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio

Público, 2002 T.S.P.R. 133. Una vez se certifique a una

organización sindical como representante de una unidad

apropiada, ninguna otra entidad podrá representar a los

empleados de dicha unidad. 3 L.P.R.A. sec. 1451f.

A pesar de esto, los empleados públicos que no interesen

afiliarse ni ser representados por el representante exclusivo

tienen derecho a ser excluidos de la organización sindical,

prohibiéndose expresamente el taller cerrado. Estos

empleados, al igual que aquellos que opten por ser miembros

de la organización sindical, se beneficiarían del

procedimiento de quejas y agravios del convenio colectivo,

incluyendo arbitraje, y, de la misma forma, disfrutarían de

los salarios, beneficios marginales y términos y condiciones AC-2004-64 8

de empleo contenidas en el convenio colectivo que suscriban

la agencia y el representante exclusivo. 3 L.P.R.A. sec.

1451c. Véase Asociación de Maestros de Puerto Rico v.

Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público,

2003 T.S.P.R. 47; Pérez Santos v. Comisión de Relaciones del

Trabajo del Servicio Público, supra.

La Ley núm. 45 disponía originalmente en su sección 4.2

que “[e]stos empleados [no afiliados] no pagarán cargos por

servicios a la organización obrera”.5 Sin embargo, la Ley

núm. 96 del 7 de agosto de 2001, como mencionamos

anteriormente, derogó esta sección y la sustituyó por dos

nuevas. La sección 17.1, reafirma la opción de los

empleados a solicitar la exclusión de la organización

sindical certificada. 3 L.P.R.A. sec. 1454. En cambio, la

sección 17.2 dispone que “[l]os miembros de la unidad apropiada que

opten por no afiliarse pagarán al representante exclusivo un cargo por

servicio hasta un máximo de cincuenta por ciento

(50%) de la cuota regular establecida para los afiliados al

5 Esta sección leía en su totalidad:

Aquellos empleados que formen parte de una unidad apropiada para fines de negociación colectiva debidamente certificada por la Comisión, que no interesen afiliarse ni ser representados por la organización obrera debidamente certificada, podrán solicitar ser excluidos de la misma. Este derecho no aplicará una vez sean miembros de la organización obrera. Estos empleados no pagarán cargos por servicios a la organización obrera. Los empleados no afiliados a la organización obrera observarán las disposiciones del convenio colectivo en cuanto a los procedimientos para ventilar quejas, agravios y arbitraje; y les serán aplicables para su beneficio las disposiciones del convenio colectivo en lo que respecta a salarios, beneficios marginales y términos y condiciones de empleo. El taller cerrado y el taller unionado estarán prohibidos. 3 L.P.R.A. sec. 1451c (énfasis suplido). AC-2004-64 9

representante exclusivo”. 3 L.P.R.A. sec. 1454a (énfasis

suplido).

En la exposición de motivos de la Ley núm. 96, la

Asamblea Legislativa reconoció “la necesidad de enmendar la

Ley [núm. 45] para atemperar la legislación existente a las

necesidades y aspiraciones de nuestros servidores públicos”.

La intención legislativa que se desprende de su historial es

la de clarificar ciertos aspectos de la Ley núm. 45

relacionados a la no afiliación. Prioritario entre éstos es

lo concerniente al cargo por los servicios prestados a los

empleados no afiliados, pues la Ley núm. 96 está

expresamente dirigida a resolver la confusión causada por

las contradicciones internas de la Ley núm. 45 en cuanto a

esta opción.

Al examinar el historial de ambas leyes advertimos que

la intención original de la Ley núm. 45 era la de requerir

un cargo por estos servicios. Así, la versión original del

Proyecto del Senado 813, que eventualmente fue aprobado como

la Ley núm. 45 en 1998, establecía en su sección 4.2 un

cargo por servicio para los empleados que optaran por no

afiliarse a la organización sindical certificada como

representante exclusivo. Dicho cargo no excedería al sesenta

y seis por ciento (66%) del pago de la cuota establecida para

los empleados afiliados, y la organización debía justificarlo como

costo de la negociación y la administración del convenio y de la

representación sindical en general.

En su sección 3, el proyecto definía el cargo por

servicio como el “pago hecho al representante exclusivo por

empleados de la unidad contratante que han ejercido el

derecho a no afiliarse al sindicato de su agencia”. A su vez,

la sección 15.1 del proyecto imponía a los representantes AC-2004-64 10

exclusivos la obligación de someter un informe a la Comisión

de Relaciones del Trabajo que indicara, entre otras cosas,

“la suma exigida a sus miembros en concepto de cuotas de

iniciación, cuotas periódicas, o cargos por servicios a

empleados no afiliados” (énfasis suplido). La intención de

imponerle un cargo por servicio a los empleados que optasen

por no afiliarse quedó más clara aún al discutirse el

proyecto de ley en el hemiciclo del Senado. Allí el senador

Charlie Rodríguez Colón afirmó:

No debemos obligar a ningún trabajador a tener que afiliarse si no quiere. Pero sí tenemos que obligar a ese trabajador que decida no afiliarse a que tenga que pagar una cuota, una cuota razonable a la unión que estará representado los intereses de los trabajadores. Porque ese trabajador que no se afilia va a disfrutar de los beneficios que pueden obtenerse en la negociación colectiva y debe pagar como se establece aquí [en el proyecto de ley]. Senado de Puerto Rico, Discusión del Proyecto del Senado 813 durante la sesión del día lunes, 26 de enero de 1998, pág. 54.

Sin embargo, según vimos, en la versión final aprobada

como la Ley núm. 45 del 25 de febrero de 1998 se dispuso que

los empleados no afiliados no habrían de pagar cargos por

servicios a la organización sindical certificada, mientras

se mantuvieron, en evidente contradicción, ciertas

disposiciones relacionadas a dicho cargo por servicio.

Incluso quedó, en la Ley finalmente adoptada, la disposición

del proyecto de ley que obligaba al representante exclusivo

a informar a la Comisión la suma que exigiría como “cargos

por servicio a empleados no afiliados”. Véase 3 L.P.R.A.

sec. 1453d. De esta forma, la Ley núm. 45 fue aprobada con

serias inconsistencias sustantivas.

Es en este contexto que debemos precisar la intención

de la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley núm. 96 y

establecer expresamente la obligación de los empleados no AC-2004-64 11

afiliados de pagar cargos por servicios a las organizaciones

obreras debidamente certificadas como representantes

exclusivos. El Informe sobre el proyecto que se convertiría

en la Ley núm. 96 revela que el propósito legislativo era

aclarar las inconsistencias de la Ley núm. 45. Resulta

esclarecedor también que, según el informe, “la no

afiliación en el contexto de la Ley [núm.] 45 es una opción

y no un derecho, puesto que lo que es un derecho conforme a

la Ley, es la afiliación al sindicato”. Comisión de Trabajo

y Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes de

Puerto Rico, Informe sobre el P. de la C. 1219, 21 de junio

de 2001, págs. 4-5. Tras esta explicación, el Informe

indica que se hizo necesario enmendar la Ley núm. 45 porque

“el cargo por servicio estaba definido pero no establecido

en el cuerpo de la medida”. Informe sobre el P. de la C.

1219, supra, pág. 11. Por eso, al incluir la nueva sección

17 “se armonizan las disposiciones sobre no afiliación y

cargos por servicios contenidos en la Ley”. Id.

Conforme a lo discutido, queda claro que la intención

legislativa al aprobar la Ley núm. 96 era la de corregir la

contradicción entre el lenguaje de la sección 4.2 de la Ley

núm. 45 y las demás disposiciones de la Ley. La Ley núm. 96

busca clarificar efectivamente la intención legislativa en

torno a la no afiliación y a los cargos por servicios. Ello

nos lleva a concluir, forzosamente, que tras la aprobación

de esa ley los cargos por servicios deben ser cobrados a todos

los empleados que opten por no afiliarse a la organización

obrera que la Comisión de Relaciones del Trabajo haya

certificado como representante exclusiva. Sólo de esta forma

se cumpliría con la intención legislativa de evitar que estos

empleados se beneficien de forma gratuita de los servicios de AC-2004-64 12

los sindicatos en la administración de convenios colectivos

y en la negociación colectiva de términos y condiciones de

trabajo. No aplicar la Ley núm. 96 a los empleados que

notificaron su decisión de no afiliarse antes de que ésta

entrara en vigor conllevaría perpetuar, respecto a un grupo

específico de empleados, la situación que el legislador

buscó corregir y sería contrario a la intención legislativa.

Además representaría una grave injusticia el permitir que un

grupo selecto de empleados disfruten libre de costo de los

beneficios del convenio colectivo mientras los demás pagan

una cuota sindical o un cargo por servicio.

No cabe duda, pues, que el propósito de la Ley núm. 96

es que todos los empleados no afiliados paguen el cargo por

servicio. Debemos determinar entonces si esto puede hacerse

extensivo a los empleados que optaron por no afiliarse antes

del 7 de agosto de 2001, y si la alegada facultad de “no

afiliación, no representación, no cargo por servicio”

concedida por la Ley núm. 45 es un derecho adquirido por

ellos que podría verse afectado por la aplicación

retroactiva de la Ley. A su vez, esto nos requiere examinar

nuevamente el principio de la irretroactividad de las leyes

y la doctrina de los derechos adquiridos, concretados ambos

en nuestro Código Civil.

III

Las normas jurídicas pueden aplicarse a hechos y

situaciones que ocurran a partir de su vigencia, o pueden

regular hechos y situaciones ocurridos antes de ese momento,

siendo entonces retroactivas. Francisco Bonet Ramón,

Compendio de Derecho Civil, Madrid, Editorial Revista de

Derecho Privado, 1959, Tomo I, pág. 200. Estas modalidades

representan el conflicto clásico de leyes en el tiempo, en el AC-2004-64 13

que se contraponen dos principios opuestos. De un lado, el

principio de la irretroactividad de las leyes, que impide

que un estatuto posterior influya en situaciones jurídicas

constituidas al amparo de la anterior, garantizando de esa

manera la seguridad y estabilidad de las relaciones

jurídicas. Del otro lado, el principio de retroactividad,

que extiende la eficacia de una norma jurídica a hechos y

situaciones anteriores a su entrada en vigor, o a la

regulación de actos y negocios jurídicos creados o

permitidos al amparo de un estatuto anterior, en aras de

promover la evolución del Derecho. D. Espín Cánovas, Manual

de Derecho Civil Español, 8va ed., Madrid, Editorial Revista

de Derecho Privado, 1982, Volumen I, pág. 192.

En varias oportunidades, nos hemos expresado sobre la

centralidad del principio de la irretroactividad de las

leyes en nuestro ordenamiento. Véase Vargas Fernández v.

Adm. de Sistemas de Retiro, 2003 T.S.P.R. 53; Almodóvar v.

Méndez Román, 125 D.P.R. 218 (1990); Vélez Reboyras v.

Secretario de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Claudio v.

Cruz Águila, 84 D.P.R. 594 (1962). Se trata de una norma de

marcado abolengo civilista, plasmada en el artículo 3 del

Código Civil de Puerto Rico, que dispone lo siguiente:

Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario.

En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. 31 L.P.R.A. sec. 3.

La doctrina española ha identificado tres fundamentos

para este principio de irretroactividad. El primero es una

política legislativa dirigida a garantizar a la ciudadanía

en general confianza y seguridad jurídica. Tiene también una

justificación de moral humana basada en los principios de AC-2004-64 14

libertad individual que garantizan a los ciudadanos el poder

actuar sin obstáculos dentro del margen de la ley. El

tercer fundamento, según la doctrina, responde a la

psicología colectiva que proclama que las leyes deben mirar

al porvenir y no al pasado. F. Puig Peña, Tratado de

Derecho Civil Español, Madrid, Editorial Revista de Derecho

Privado, 1957, Tomo I, Volumen I, págs. 438-439. Véase

Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822, 826 (1983).

No obstante lo anterior, la regla de irretroactividad

no es una norma rígida de aplicación absoluta. Véase Warner

Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 384-385

(1973); Rodríguez v. Miller, 23 D.P.R. 594, 601-602 (1916).

El propio lenguaje del artículo 3 del Código Civil nos lo

confirma pues no prohíbe absolutamente la aplicación

retroactiva de las leyes, más bien la permite en

“determinadas y supremas circunstancias” y en “supuestos de

carácter excepcional”. Nieves Cruz v. Universidad de Puerto

Rico, 151 D.P.R. 150, 158 (2000); F. Puig Peña, Compendio de

Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Ediciones Pirámide,

1976, Tomo I, pág. 131. Desde hace muchos años reconocimos

que “la absoluta retroactividad del derecho positivo sería

la muerte de la seguridad y de la confianza jurídica; pero

también sabemos que la absoluta irretroactividad sería la

muerte del desenvolvimiento del derecho”. Ocasio v. Díaz, 88

D.P.R. 676, 728 (1963). De igual forma, citando a Suárez

Collía, señalamos recientemente que nuestro

ordenamiento jurídico “se resiste a ser inmovilizado en un momento

histórico preciso” ya que “por su propia naturaleza . . . debe

responder a la realidad de cada momento como instrumento de

progreso y perfeccionamiento”. J.M. Suárez Collía, El

principio de irretroactividad de las normas jurídicas, AC-2004-64 15

Madrid, Editorial Actas, 1991, págs. 54-55, citado en

Consejo de Titulares del Condominio New San Juan v. Williams

Hospitality Group, 2006 T.S.P.R. 94, pág. 7.

Por esta razón hemos resuelto que, aun cuando sea un

acto excepcional, una ley puede tener efecto retroactivo si

esa es la intención legislativa, sea ésta expresa o tácita,

y también hemos recalcado que debe darse efecto retroactivo

a una ley cuando dicha interpretación resulte ser la más

razonable de acuerdo al propósito legislativo. Consejo de

Titulares del Condominio New San Juan v. Williams

Hospitality Group, supra. Véase también Nieves Cruz v.

Universidad de Puerto Rico, supra, págs. 158-159. La

retroactividad de una norma jurídica puede afectar sus

elementos estructurales, esto es, el supuesto fáctico que

determina las condiciones o presupuestos de su aplicación y

el mandato que determina los efectos jurídicos que de ésta

se deriva. J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho

Civil, 1ra ed., Barcelona, Editorial Bosch, S.A., 2003, Tomo

I, pág. 295. Ahora bien, el artículo 3 del Código Civil

impone una limitación significativa a dicho efecto

retroactivo, ya surja éste expresamente del texto de la ley

o se derive de la intención legislativa, y es que la

retroactividad de una ley no puede perjudicar los derechos

adquiridos en virtud de una legislación anterior. Véase 3

L.P.R.A. sec. 3. Examinemos más de cerca ese concepto.

Históricamente se ha expresado que un derecho es

“adquirido” (ius quaesitum firmum) si es “consecuencia de un

hecho idóneo para producirlo en virtud de la ley vigente en

el tiempo en que se haya cumplido o realizado, . . . y que

entró a formar parte del . . . patrimonio [de la persona]”.

L. Díez-Picazo y A. Gullón Ballesteros, Sistema de Derecho AC-2004-64 16

Civil, 9na ed., Madrid, Editorial Tecnos, 1997, Volumen I,

pág. 108. Véase también J. Castán Tobeñas, Derecho Civil

Español, Común y Foral, 12ma ed., Madrid, Instituto Editorial

Reus, 1982, Tomo I, Volumen I, pág. 616. Los derechos

adquiridos son, pues, aquellos cuya consecuencia jurídica es

la de entrar directamente al patrimonio del individuo,6 cuyo

ejercicio y disfrute, por razón de su importancia social, no

puede ser alterado retroactivamente por una ley aprobada

después de su adquisición.7 Estos derechos tienen “tal

fuerza y autonomía” derivada de la norma jurídica que los

instituyó, que pueden oponerse con “toda la magnitud de su

fuerza” a cualquier intento de destruirlos o ignorarlos que

provenga de una ley posterior. Puig Peña, Tratado de Derecho

Civil Español, op. cit., pág. 445; E. Vázquez Bote, Derecho

6 Puede llamarse patrimonio al conjunto de derechos y relaciones jurídicas que se deriva necesariamente de la persona del titular y conforma su esfera de acción jurídica, cuyo contenido el ordenamiento dota de unidad por estar sujeto a un régimen unitario de poder y responsabilidad. L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 5ta ed., Madrid, Editorial Civitas, 1996, Volumen I, pág. 39; R. Badenes Gasset, Conceptos fundamentales del Derecho: las relaciones jurídicas patrimoniales, 7ma ed., Barcelona- México, Marcombo Boixareu editores, 1987, págs. 55-56. Este conjunto también incluye derechos y obligaciones pertenecientes al individuo y que son susceptibles de valor pecuniario. Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 D.P.R. 598, 606 (1973). También algunos tratadistas señalan que para efectos de derechos adquiridos, el patrimonio es el conjunto de preceptos cimentados en lo más profundo de la formación popular que provoca el rechazo de aquellas leyes que sin causa justificada perjudiquen situaciones reconocidas previamente por el ordenamiento. Vázquez Bote, op. cit., pág. 438. 7 Se ha entendido que los derechos adquiridos nacen de “la conjunción de una norma jurídica existente (situación abstracta de derecho) y la ejecución de un hecho por ella misma previsto (situación concreta); pero que, por razón de la importancia del derecho desde el punto de vista del interés social, ha recibido vida perdurable de la ley que lo generó”. R. Noguera Barreneche, De la no retroactividad de las leyes civiles, 3ra ed., Santa Fe de Bogotá, Fondo de Publicaciones Institución Universitaria Sergio Arboleda, 1995, págs. 73-74. AC-2004-64 17

Privado Puertorriqueño, Oxford-San Juan, Equity Publishing

Company, 1992, Tomo II, pág. 442. De esta forma la

aplicación inmediata de una ley posterior a las situaciones

o relaciones jurídicas subsistentes al momento de su

vigencia se encuentra limitada ante la necesidad de respetar

aquellos derechos legítimamente adquiridos. F. Puig Brutau,

Introducción al Derecho Civil, Barcelona, Editorial Bosch,

1981, pág. 184.

Sin embargo, no toda situación jurídica que surge al

amparo de una ley anterior es un derecho adquirido cobijado

por el principio de irretroactividad frente a otra ley

posterior. Explica Santos Briz que para que un supuesto sea

un derecho adquirido:

es necesario que se trate de situaciones subjetivas, cuya extensión y alcance son determinados por un acto o negocio jurídico, no directamente por la ley, que se limita a hacer posible la conclusión de ese acto o negocio . . . . En cambio, las situaciones jurídicas objetivas . . . pueden ser modificadas por leyes posteriores”. J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho Civil, 1ra ed., Barcelona, Editorial Bosch, S.A., 2003, Tomo I, pág. 294.

Basándonos en la cita anterior, en Consejo de Titulares del

Condominio New San Juan v. Williams Hospitality Group,

supra, indicamos que el derecho adquirido no abarca el

conjunto de facultades que una ley anterior permita ejercer

a los ciudadanos, “ya que esto sería el estado de derecho

objetivo que la nueva ley intenta cambiar”. Ibid.

Así, lo que se adquiere con inmunidad contra la

retroactividad, propiamente hablando, es el derecho como

unidad conceptual, y no las facultades y cualidades

accesorias que determinan su ejercicio, contenido y

adquisición. Véase Santos Briz y otros, op. cit., pág. 294;

C. Valverde y Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, 4ta AC-2004-64 18

ed., Valladolid, Ed. Talleres Tipográficos Cuesta, 1935,

Tomo I, págs. 137-138. Este contenido accesorio se compone

solo de manifestaciones secundarias del derecho, que aun

cuando falten, no por ello desaparece o se socava el derecho

principal.

Un derecho adquirido sólo puede ser aquél que se deriva

de un título individual y privado, producto de una situación

subjetiva consumada que es, a su vez, resultado de un acto o

negocio jurídico amparado en un estado de derecho creado por

una ley anterior. En cambio, las facultades y atributos

accesorios de un derecho se derivan directamente de un

título común a todos los ciudadanos, determinado por una

situación jurídica objetiva que promueve un interés público,

y no son atribuibles a ningún ciudadano en particular debido

a que se conceden con abstracción a un acto de voluntad

individual. Santos Briz, op. cit., pág. 294; Valverde y

Valverde, op. cit., pág. 137.

Estos aditamentos legales no entran directamente al

patrimonio del titular, ya que al ser meramente

circunstanciales al derecho principal y dependientes de

éste, no pueden ser apropiados ni se puede producir un

interés propietario en su tenencia. Por consiguiente, una

nueva ley podría delimitar no sólo los atributos accesorios

de un derecho que se adquieren prospectivamente a partir de

la efectividad de dicha ley, sino los conseguidos al amparo

de una ley anterior. Véase M. Albaladejo, Derecho Civil,

9na ed., Barcelona, Editorial Bosch, 1983, Tomo I, Volumen

primero, pág. 200.

IV

En el caso de autos, no hay duda en cuanto a que la Ley

núm. 96 fue aplicada de forma retroactiva a los maestros que AC-2004-64 19

expresaron su no afiliación a la organización obrera al

amparo de la Ley núm. 45. La eficacia de la Ley núm. 96 se

extendió a la regulación de hechos y situaciones anteriores

a su entrada en vigor y permitidos plenamente al amparo de

un estatuto anterior. Como indicamos previamente, esta era

precisamente la intención legislativa, para así corregir las

inconsistencias que presentaba la Ley anterior y fortalecer

el derecho de negociación colectiva en el gobierno central.

Sin embargo, aún debemos evaluar si dicha aplicación

retroactiva perjudica algún derecho adquirido de los

maestros que notificaron su determinación de no afiliarse

antes de la vigencia de la Ley núm. 96. Los peticionarios

entienden que estos maestros adquirieron dos derechos: el de

no estar representados por la organización obrera

debidamente certificada y el de no pagar cargos por

servicio. Sin embargo, la naturaleza de estos derechos no

nos permite concluir que ambos estuvieran inmunes al efecto

de la nueva Ley.

Hemos visto que la característica principal de los

derechos adquiridos es que provengan de situaciones

subjetivas, que su alcance se determine por un acto o negocio

jurídico, y que en virtud de ese negocio jurídico entren a

formar parte del patrimonio de la persona. Igualmente, hemos

explicado que el derecho que se adquiere de esa forma tiene

que ser de por sí una unidad conceptual y no una facultad o

cualidad accesoria de éste. Contrario a lo que pretenden los

peticionarios, el no tener que pagar cargos por servicio no

es una unidad conceptual independiente de por sí que se

determine por un acto o negocio jurídico basado en la

voluntad individual. La prerrogativa de no pagar estos

cargos es una facultad accesoria que el ordenamiento previo AC-2004-64 20

otorgaba a los empleados que en aquel entonces optaron por

no afiliarse. La unidad conceptual independiente es la

facultad de no afiliarse; el no pagar cargos por servicio es

uno de los aspectos supletorios que determinan el ejercicio

de dicha facultad. La no afiliación es la situación

subjetiva nacida de la voluntad de los empleados, mientras

que el pago de cargos por servicio es una situación objetiva

que tiene su causa inmediata en la ley, con abstracción de

actos voluntarios e individuales, puesto que no requiere

para su efectividad ejercicio de voluntad adicional alguno.

El no pagar cargos por servicios prestados no se deriva

de un título propio y privado de cada una de las personas

que optaron por no afiliarse antes de la aprobación de la

Ley núm. 96, ni fue determinado por un negocio jurídico que

descansó en el estado de derecho que regía al amparo de la

Ley núm. 45. Por el contrario, este concepto se deriva de un

título común a todos los empleados que optaron por no

afiliarse en ese momento. Debido a su contenido de interés

público, no pertenece a ningún empleado en particular. De

esta manera, la facultad de no pagar cargos por servicio

dimana de la no afiliación, pero no es un derecho de por sí,

y por ser sólo accesorio y circunstancial a la no

afiliación, puede ser alterado retroactivamente por una

nueva ley. Por tal razón entiendo que la aplicación

retroactiva de la Ley núm. 96 no afecta ningún derecho

adquirido de los empleados que optaron por no afiliarse

antes de su vigencia bajo la ley anterior.

En el caso de autos, también tenemos que tomar en

consideración la sustancialidad del interés público que

promueve la enmienda a la Ley núm. 45, lo que la Opinión

mayoritaria descarta en su interpretación de la Ley. La Ley AC-2004-64 21

núm. 96 buscó rectificar las inconsistencias de la Ley núm.

45 que permitían a los empleados no afiliados disfrutar a

título gratuito de los beneficios y mecanismos que provee el

convenio colectivo negociado por la organización obrera con

el patrono. Acceder a la solicitud de las agrupaciones

peticionarias, que es precisamente lo que hace una mayoría

del Tribunal, conlleva reconocerle a cierto grupo de

empleados un derecho a beneficiarse gratuitamente de los

servicios que provee la organización sindical certificada en

la negociación colectiva y en la administración del convenio

colectivo.

Lo anterior me lleva a concluir que el Tribunal de

Apelaciones no erró al resolver que los descuentos de cargos

por servicios prestados realizados por el Departamento de

Educación a los empleados no afiliados desde la vigencia de

la Ley núm. 96 son válidos y al disponer que dicha agencia

puede continuar efectuándolos. Todos los empleados no

afiliados a la organización obrera certificada como

representante exclusivo, sin distinción de cuándo

notificaron su interés de ser excluidos de la

representación, deben pagar cargos por servicios, según

dispuesto por la Ley núm. 96. Además el no pagar cargos por

servicio no es un derecho adquirido que deba ser preservado

ante la vigencia de dicha Ley.

V

Por todo lo anterior disiento de la decisión a la que

llega este Tribunal en el caso de autos. Hubiese confirmado

la sentencia recurrida, para así permitir el cobro uniforme

y razonable de un cargo por los servicios que provee una

organización sindical en la negociación colectiva. Al

suscribir la Opinión emitida el día de hoy, este Tribunal ha AC-2004-64 22

afectado negativamente a las organizaciones sindicales que

sirven los intereses de los empleados públicos del gobierno

central de Puerto Rico. En vez de fortalecer la

organización sindical de estos empleados, lo que hace la

Opinión mayoritaria es fraccionar el apoyo que pueden

recibir los esfuerzos de negociación colectiva para el

mejoramiento de las condiciones de trabajo de los servidores

públicos.

En este sentido, el resultado que produce la Opinión mayoritaria

es la división de una unidad apropiada en tres clases de miembros. En

primer lugar, tenemos a los empleados afiliados al representante

exclusivo certificado por la Comisión que pagan cuotas y participan de

las actividades sindicales y en el proceso de negociación colectiva.

De otro lado, se encuentran los empleados públicos que no interesan

afiliarse a la organización sindical ni participar de sus actividades

pero como se benefician de los resultados de la negociación colectiva

pagan un cargo, menor al de la cuota sindical, por los servicios

ofrecidos por el sindicato en la preparación y administración del

convenio colectivo. Y por último, tenemos a una tercera categoría de

empleados públicos, miembros de la unidad apropiada, quienes disfrutan

de todos los beneficios obtenidos en la negociación colectiva y por

las acciones sindicales sin tener que pagar ningún tipo de cargo por

este servicio. Estos empleados, con la venia de una mayoría de este

Tribunal, están autorizados a servirse gratuitamente a posteridad del

esfuerzo de la organización sindical, mientras que los otros dos

grupos de empleados pagan razonablemente por los servicios que les son

ofrecidos en el mejoramiento de sus condiciones y términos de

En el día de hoy, este Tribunal ha perpetuado el cuadro

confuso y desarticulado de la actividad sindical de los AC-2004-64 23

empleados públicos de Puerto Rico que la Ley núm. 45 intentó

remediar en 1998. Por todas estas razones, y a gran pesar

mío, me veo en la obligación de emitir estas expresiones en

disidencia.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada