EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Antonio Sevilla Rivera, et als. Demandantes-Recurridos
v.
Municipio de Toa Alta, et al. Certiorari Demandados y Terceros Demandantes-Recurridos 2003 TSPR 109
v. 159 DPR ____
Santa Marina, S.E., et al. Demandados-Recurridos
Corporación del F.S.E. Interventora Peticionaria
Número del Caso: CC-2001-488
Fecha: 20 de junio de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II
Juez Ponente: Hon. Nydia Cotto Vives
Abogada de la Parte Interventora Peticionaria: Lcda. Marta Meléndez Ramos
Abogado de la Parte Demandantes-Recurridos: Lcdo. Jorge Miguel Suro Ballester
Abogada de la Parte Demandados-Recurridos: Lcda. Milagros del Carmen López
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Antonio Sevilla Rivera, Et Als. Demandantes-Recurridos vs. Municipio de Toa Alta, Et Al. Demandados y Terceros Demandantes-Recurridos vs. CC-2001-488 Certiorari Santa Marina, S.E., Et Al. Demandados-Recurridos vs. Corporación del F.S.E. Interventora Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 20 de junio de 2003.
Tenemos la ocasión para resolver si en una
acción de subrogación por un accidente del trabajo
ocasionado por la negligencia compartida de un tercero
y del propio obrero afectado, procede cobrar de la
indemnización obtenida el reembolso de todos los
gastos incurridos por la Corporación del Fondo del
Seguro del Estado (el Fondo) en el tratamiento y la
compensación del obrero.
I
El caso de autos gira en torno a un accidente de
automóvil como resultado del cual un jardinero
empleado de RVT Maintenance Inc. de nombre CC-2001-488 3
Antonio Sevilla (en adelante, Sevilla) fue atropellado por un
vehículo propiedad del Municipio de Toa Alta. Sevilla sufrió
múltiples lesiones como consecuencia del accidente, y quedó
totalmente incapacitado para trabajar (100%), según lo
determinó posteriormente el Fondo. En parte, el accidente
referido ocurrió debido a que en un área de siembra de
dominio público, Santa Marina S.E., propietaria de un
edificio conocido como Anexo El Nuevo Día, había sembrado sin
autorización unos arbustos frondosos que obstruían la
visibilidad en sus alrededores.
El 10 de marzo de 1995 Sevilla, su madre y sus tres
hermanas presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia
una demanda en daños y perjuicios contra el Municipio de Toa
Alta y su compañía aseguradora. Los referidos demandados a su
vez trajeron a Santa Marina, S.E. como terceros demandados.
Como al momento de ocurrir el accidente Sevilla se encontraba
realizando labores para beneficio de su propio patrono, el
Administrador del Fondo presentó una demanda de intervención
para subrogarse en los derechos del obrero lesionado y
reclamar los gastos incurridos en el tratamiento médico y la
compensación a Sevilla, ascendentes a $61,786.57, al amparo
del Art. 31 de la Ley del Sistema de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935,
según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 32 (en adelante la Ley).
El 22 de diciembre de 1998 el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Bayamón, dictó una sentencia en
el pleito correspondiente, mediante la cual le imputó CC-2001-488 4
responsabilidad por el accidente en un 45% al propio obrero
Sevilla, en un 20% al Municipio de Toa Alta y a su conductor,
y en un 35% a Santa Marina, S.E. El tribunal estimó que los
daños sufridos por los demandantes por la ocurrencia del
accidente ascendían a $801,334. Resolvió, además, que Sevilla
absorbería el 45% de dicha cantidad por razón de su propia
negligencia. También determinó que de los $440,734 remanentes
que el Municipio y Santa Marina debían satisfacer
conjuntamente a Sevilla, se deducirían $61,5076.57; es decir,
el 100% del dinero invertido por el Fondo en el tratamiento y
la compensación de Sevilla.
Tanto la parte demandante, como los terceros demandados
Santa Marina, S.E. y su aseguradora, acudieron a la vez con
sus propios recursos de apelación ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones. En el recurso que aquí nos
concierne, la parte demandante, en esencia, cuestionó que de
su indemnización se fuera a deducir el 100% de la referida
cantidad invertida por el Fondo.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones acogió el
planteamiento de Sevilla y modificó lo referente a la
cantidad que el Fondo podía recobrar de la compensación
pagada a Sevilla. Determinó que de los $61,786.57 gastados
por el Fondo, éste sólo podía recobrar $33,982.61. Es decir,
al reembolso del Fondo se le restó un 45% correspondiente a
la negligencia del propio obrero, por lo que el Fondo sólo
recibiría el 55% de lo invertido en su tratamiento y
compensación. La cantidad a pagársele al Fondo provendría de CC-2001-488 5
la indemnización debida a Sevilla por Santa Marina, S.E. y
por el Municipio de Toa Alta y su conductor.
Por no estar de acuerdo con lo resuelto por el foro
apelativo, el Fondo acudió ante nos oportunamente y planteó,
en esencia, que el Tribunal de Circuito de Apelaciones había
errado al reducir por 45% la cantidad que el Fondo tenía
derecho a recobrar conforme a lo dispuesto por el Art. 31 de
la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11
L.P.R.A. sec. 32.
El 10 de agosto de 2001 expedimos el recurso de
certiorari solicitado por el Fondo a fin de revisar el
dictamen del foro apelativo del 30 de marzo de 2001 en este
caso. El 20 de diciembre de 2001 la parte peticionaria
solicitó que su petición de certiorari se aceptara como su
alegato, a lo que accedimos. La parte recurrida presentó el
suyo el 6 de febrero de 2002. Con la comparecencia de ambas
partes pasamos a resolver.
II
Como se sabe, la Ley de Compensaciones por Accidentes de
Trabajo establece un esquema de seguro compulsorio mediante
el cual los empleados que trabajan para patronos asegurados y
que sufran lesiones, se inutilicen o pierdan la vida por
accidentes que provengan de cualquier acto o función
inherente a su trabajo o empleo, son acreedores de los
amplios remedios compensatorios provistos por dicha Ley. Los
obreros tienen derecho a recibir los beneficios del estatuto, CC-2001-488 6
independientemente de que pueda demostrarse que la lesión
sobrevino por la negligencia de alguna persona. A cambio de
esto, los patronos gozan de inmunidad con respecto a acciones
de daños y perjuicios presentadas por el obrero afectado con
relación a su lesión. Este quid pro quo es el eje central del
esquema del seguro compulsorio. Hurtado v. Osuna, 138 D.P.R.
801 (1995).
Como parte del esquema referido, de ordinario la Ley no
provee para que el obrero lesionado reembolse al Fondo los
gastos incurridos en el tratamiento médico y compensación si
el accidente está relacionado con el empleo. Le corresponde
al Fondo asumir la responsabilidad de ofrecer tratamiento
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Antonio Sevilla Rivera, et als. Demandantes-Recurridos
v.
Municipio de Toa Alta, et al. Certiorari Demandados y Terceros Demandantes-Recurridos 2003 TSPR 109
v. 159 DPR ____
Santa Marina, S.E., et al. Demandados-Recurridos
Corporación del F.S.E. Interventora Peticionaria
Número del Caso: CC-2001-488
Fecha: 20 de junio de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II
Juez Ponente: Hon. Nydia Cotto Vives
Abogada de la Parte Interventora Peticionaria: Lcda. Marta Meléndez Ramos
Abogado de la Parte Demandantes-Recurridos: Lcdo. Jorge Miguel Suro Ballester
Abogada de la Parte Demandados-Recurridos: Lcda. Milagros del Carmen López
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Antonio Sevilla Rivera, Et Als. Demandantes-Recurridos vs. Municipio de Toa Alta, Et Al. Demandados y Terceros Demandantes-Recurridos vs. CC-2001-488 Certiorari Santa Marina, S.E., Et Al. Demandados-Recurridos vs. Corporación del F.S.E. Interventora Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 20 de junio de 2003.
Tenemos la ocasión para resolver si en una
acción de subrogación por un accidente del trabajo
ocasionado por la negligencia compartida de un tercero
y del propio obrero afectado, procede cobrar de la
indemnización obtenida el reembolso de todos los
gastos incurridos por la Corporación del Fondo del
Seguro del Estado (el Fondo) en el tratamiento y la
compensación del obrero.
I
El caso de autos gira en torno a un accidente de
automóvil como resultado del cual un jardinero
empleado de RVT Maintenance Inc. de nombre CC-2001-488 3
Antonio Sevilla (en adelante, Sevilla) fue atropellado por un
vehículo propiedad del Municipio de Toa Alta. Sevilla sufrió
múltiples lesiones como consecuencia del accidente, y quedó
totalmente incapacitado para trabajar (100%), según lo
determinó posteriormente el Fondo. En parte, el accidente
referido ocurrió debido a que en un área de siembra de
dominio público, Santa Marina S.E., propietaria de un
edificio conocido como Anexo El Nuevo Día, había sembrado sin
autorización unos arbustos frondosos que obstruían la
visibilidad en sus alrededores.
El 10 de marzo de 1995 Sevilla, su madre y sus tres
hermanas presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia
una demanda en daños y perjuicios contra el Municipio de Toa
Alta y su compañía aseguradora. Los referidos demandados a su
vez trajeron a Santa Marina, S.E. como terceros demandados.
Como al momento de ocurrir el accidente Sevilla se encontraba
realizando labores para beneficio de su propio patrono, el
Administrador del Fondo presentó una demanda de intervención
para subrogarse en los derechos del obrero lesionado y
reclamar los gastos incurridos en el tratamiento médico y la
compensación a Sevilla, ascendentes a $61,786.57, al amparo
del Art. 31 de la Ley del Sistema de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935,
según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 32 (en adelante la Ley).
El 22 de diciembre de 1998 el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Bayamón, dictó una sentencia en
el pleito correspondiente, mediante la cual le imputó CC-2001-488 4
responsabilidad por el accidente en un 45% al propio obrero
Sevilla, en un 20% al Municipio de Toa Alta y a su conductor,
y en un 35% a Santa Marina, S.E. El tribunal estimó que los
daños sufridos por los demandantes por la ocurrencia del
accidente ascendían a $801,334. Resolvió, además, que Sevilla
absorbería el 45% de dicha cantidad por razón de su propia
negligencia. También determinó que de los $440,734 remanentes
que el Municipio y Santa Marina debían satisfacer
conjuntamente a Sevilla, se deducirían $61,5076.57; es decir,
el 100% del dinero invertido por el Fondo en el tratamiento y
la compensación de Sevilla.
Tanto la parte demandante, como los terceros demandados
Santa Marina, S.E. y su aseguradora, acudieron a la vez con
sus propios recursos de apelación ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones. En el recurso que aquí nos
concierne, la parte demandante, en esencia, cuestionó que de
su indemnización se fuera a deducir el 100% de la referida
cantidad invertida por el Fondo.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones acogió el
planteamiento de Sevilla y modificó lo referente a la
cantidad que el Fondo podía recobrar de la compensación
pagada a Sevilla. Determinó que de los $61,786.57 gastados
por el Fondo, éste sólo podía recobrar $33,982.61. Es decir,
al reembolso del Fondo se le restó un 45% correspondiente a
la negligencia del propio obrero, por lo que el Fondo sólo
recibiría el 55% de lo invertido en su tratamiento y
compensación. La cantidad a pagársele al Fondo provendría de CC-2001-488 5
la indemnización debida a Sevilla por Santa Marina, S.E. y
por el Municipio de Toa Alta y su conductor.
Por no estar de acuerdo con lo resuelto por el foro
apelativo, el Fondo acudió ante nos oportunamente y planteó,
en esencia, que el Tribunal de Circuito de Apelaciones había
errado al reducir por 45% la cantidad que el Fondo tenía
derecho a recobrar conforme a lo dispuesto por el Art. 31 de
la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11
L.P.R.A. sec. 32.
El 10 de agosto de 2001 expedimos el recurso de
certiorari solicitado por el Fondo a fin de revisar el
dictamen del foro apelativo del 30 de marzo de 2001 en este
caso. El 20 de diciembre de 2001 la parte peticionaria
solicitó que su petición de certiorari se aceptara como su
alegato, a lo que accedimos. La parte recurrida presentó el
suyo el 6 de febrero de 2002. Con la comparecencia de ambas
partes pasamos a resolver.
II
Como se sabe, la Ley de Compensaciones por Accidentes de
Trabajo establece un esquema de seguro compulsorio mediante
el cual los empleados que trabajan para patronos asegurados y
que sufran lesiones, se inutilicen o pierdan la vida por
accidentes que provengan de cualquier acto o función
inherente a su trabajo o empleo, son acreedores de los
amplios remedios compensatorios provistos por dicha Ley. Los
obreros tienen derecho a recibir los beneficios del estatuto, CC-2001-488 6
independientemente de que pueda demostrarse que la lesión
sobrevino por la negligencia de alguna persona. A cambio de
esto, los patronos gozan de inmunidad con respecto a acciones
de daños y perjuicios presentadas por el obrero afectado con
relación a su lesión. Este quid pro quo es el eje central del
esquema del seguro compulsorio. Hurtado v. Osuna, 138 D.P.R.
801 (1995).
Como parte del esquema referido, de ordinario la Ley no
provee para que el obrero lesionado reembolse al Fondo los
gastos incurridos en el tratamiento médico y compensación si
el accidente está relacionado con el empleo. Le corresponde
al Fondo asumir la responsabilidad de ofrecer tratamiento
médico y compensar al obrero según dispone la Ley sin derecho
a reembolso alguno.
Sin embargo, cuando existe un tercero responsable del
accidente laboral la Ley dispone un procedimiento mediante el
cual el Fondo puede subrogarse en los derechos del obrero o
de sus beneficiarios y así poder reclamar del tercero
responsable los daños compensados o gastos incurridos
relacionados al accidente de trabajo. Padín v. Cía. Fom.
Ind., res. el 25 de febrero de 2000, 150 D.P.R. ____, 2000
TSPR 32, 2000 JTS 44.
En el caso de terceros, el Art.31 de la Ley dispone, en
lo pertinente:
. . .
Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios en caso de muerte, tuvieren derecho a entablar acción por daños contra terceros, en los casos en que el Fondo del CC-2001-488 7
seguro del Estado, de acuerdo con los términos de éste Capítulo, estuviere obligado a compensar en alguna forma, o a proporcionar tratamiento, el Administrador del Fondo del seguro del Estado se subrogará en los derechos del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, y podrá entablar procedimientos en contra del tercero en nombre del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, dentro de los (90) días siguientes a la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria, y cualquier suma que como resultado de la acción, o a virtud de transacción judicial o extrajudicial se obtuviere en exceso de los gastos incurridos en el caso se entregará al obrero o empleado lesionado o a sus beneficiarios con derecho a la misma. . . .
Si el Administrador dejare de entablar demanda contra la tercera persona responsable, según se ha expresado en el párrafo anterior, el obrero o empleado, o sus beneficiarios quedarán en libertad completa para entablar tal demanda en su beneficio, sin que vengan obligados a resarcir al Fondo del Seguro del Estado por los gastos incurridos en el caso.
Ninguna transacción que pueda llevarse a cabo entre el obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios en caso de muerte, y el tercero responsable, dentro de los (90) dias subsiguientes a la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria, o después de expirado dicho término si el Administrador hubiere presentado su demanda, tendrá valor y eficacia en derecho a menos que se satisfagan previamente los gastos incurridos por el Fondo del Seguro del Estado en el caso; y no se dictará sentencia en pleitos de esta naturaleza, ni se aprobará transacción alguna con relación a los derechos de las partes dichos pleitos sin hacer reserva expresa del derecho del Fondo del Seguro del Estado a reembolso de todos los gastos incurridos; disponiéndose que el secretario de la sala que conozca de alguna reclamación de la naturaleza antes descrita notificará al Administrador del Fondo del Seguro del Estado sobre cualquier providencia dictada por el tribunal que afecte los derechos de las partes en el caso, así como de la disposición final que del mismo se hiciere. (Énfasis suplido). 11 L.P.R.A. sec. 32. CC-2001-488 8
Como puede observarse, la Ley nada dispone
específicamente sobre los derechos del Fondo con respecto a
recuperar los gastos incurridos por éste cuando el propio
obrero lesionado comparte con un tercero la responsabilidad
por un accidente. Se desprende claramente de la Ley que si no
existe un tercero responsable, el Fondo asumirá la totalidad
de los gastos aludidos independientemente de si el obrero fue
o no negligente. En cambio, si ha habido un tercero que es el
responsable de la lesión del obrero, entonces el Fondo tiene
un claro derecho a recobrar lo que gastó en el tratamiento
del obrero. La Ley no distingue sobre este particular en
cuánto a qué puede recobrar el Fondo cuando el obrero es
parcialmente negligente conjuntamente con un tercero. Por el
carácter claro y tajante de los términos de la Ley en cuanto
al derecho del Fondo a recobrar cuando está involucrado un
tercero, puede inferirse que el Fondo tiene derecho a
recobrar genéricamente en tales casos. Es decir, que el Fondo
puede recobrar en cualquier caso en que un tercero incurra en
responsabilidad por un accidente laboral. Donde la Ley no
distingue o excluye, no procede distinguir. Véase, además,
Lasalle v. Junta Dir. A.C.A.A., 140 D.P.R. 694 (1994); Román
v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966).
En efecto, con respecto a casos de terceros responsables
cuando el obrero también es parcialmente negligente, nuestra
jurisprudencia tiene expresiones normativas claras que son
pertinentes al asunto que aquí nos concierne, de las cuales
puede deducirse la pauta que debemos aplicar en el caso de CC-2001-488 9
autos. Así pues, en situaciones diversas en las que estaba
involucrado un tercero, habiéndose subrogado el Fondo en los
derechos del empleado lesionado para demandar a dicho tercero
responsable, hemos enfatizado sin excepción alguna que de la
indemnización que se obtenga de la acción incoada por el
Fondo se resarcirán primero todos los desembolsos realizados
por el Fondo con respecto al empleado lesionado, y entonces
el sobrante que hubiese corresponderá al empleado o sus
familiares. En los casos aludidos el tercero era totalmente
responsable de la lesión del obrero, o compartía la
responsabilidad junto con otro empleado del patrono, pero
nuestros pronunciamientos normativos sobre el claro derecho
del Fondo al recobrar la totalidad de sus gastos fueron
idénticos en ambos casos, sin que importase para ello que la
responsabilidad del tercero fuese total o compartida. Por
esto, es evidente de lo que hemos resuelto antes que en casos
de subrogación por el Fondo, éste siempre tiene un derecho
prioritario al reembolso de todo lo que haya gastado en la
atención médica y en la compensación del empleado lesionado.
Resto Casillas v. Colón González, 112 D.P.R. 644 (1982); Vda.
de Andino v. A.F.F., 93 D.P.R. 170 (1966). El derecho del
empleado o de sus familiares cuando un tercero es de algún
modo responsable de sus daños es sólo al sobrante que hubiere
luego de que el Fondo demandante se haya resarcido de todos
los desembolsos realizados en beneficio del empleado
lesionado. CC-2001-488 10
También surge palmariamente de la jurisprudencia citada
que la acción del Fondo contra el tercero responsable es “una
acción común de daños y perjuicios”, en la cual el tercero
está obligado a indemnizar el daño “sólo en proporción a su
propia culpa y al grado en que colaboró a producirlo”. Resto
Casillas v. Colón González, supra, pág. 648; Vda. de Andino
v. A.F.F., supra, pág. 182.
Los principio aludidos sentados ya en nuestra
jurisprudencia atienden debidamente los varios intereses
sociales que deben protegerse en situaciones como las del
caso de autos. Se promueve la solvencia de una institución
tan importante como es el Fondo del Seguro del Estado a la
vez que se responsabiliza al tercero por lo que le
corresponde precisamente del daño sufrido por el trabajador y
se indemniza y atiende a éste adecuadamente, sin incurrir en
doble compensación. Véase, D. Hurst Neill, Employer
Subrogation: The Effect of Injured Employee Negligence In
Worker’s Compensation/Third Party Actions, 18 San Diego Law
Rev. 301 (1981).
Para concluir la formulación de la normativa aplicable a
casos como el de autos, debe señalarse que en las
jurisdicciones norteamericanas, de donde procede nuestro
derecho de compensación por accidentes del trabajo, la norma
prevaleciente en situaciones como las que aquí nos concierne
es que cuando existe responsabilidad compartida entre un
tercero y el propio obrero por un accidente laboral, el
asegurador que proveyó tratamiento médico y la compensación CC-2001-488 11
al obrero lesionado tiene derecho a recobrar la totalidad de
los desembolsos que hizo para tales fines. Larson’s, Workers’
Compensation Law, (Matthew Bender, 2002) Vol. 7, Cap. 120,
Secc. 120.02(2). Nuestra propia norma, pues, es cónsona con
la que prevalece en las jurisdicciones estatales de Estados
Unidos. Véase, Jarvis v. Southern Pac Transp. Co., 142 Cal.
App. 3rd 246 (1983); Land v. George Schmidt Co., 333 N.W. 2d.
30 (1982); Kemerer v. Challenge Milk Co., 105 Cal. App. 334
(1980).
III
En el caso de autos, el obrero Sevilla tiene derecho a
una indemnización de 55% de los daños sufridos, que
corresponde a la proporción de la negligencia conjunta de los
terceros Santa Marina, S.E. (35%) y el Municipio de Toa Alta
(20%). De esa indemnización debe descontarse primero la
totalidad del dinero invertido por el Fondo en el tratamiento
y compensación de Sevilla; es decir, $61,576.57, tal como lo
decidió el foro de instancia. Erró el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al resolver que de su indemnización Sevilla sólo
tenía que reembolsar el 55% de los gastos del Fondo. Tal
dictamen del foro apelativo no sólo contraviene el claro
lenguaje de la Ley, sino que es contrario, además, a nuestros
pronunciamientos jurisprudenciales citados antes y al
importante interés social en preservar la solvencia económica
del Fondo. Asimismo, determinar que el obrero, quien recibió
ya los beneficios del Fondo, sólo tiene que reembolsar parte
de ellos a pesar de haber sido parcialmente responsable de CC-2001-488 12
los daños que sufrió, representaría concederle a éste una
doble compensación, lo que no tiene fundamento jurídico
alguno que lo justifique. Nótese, además, que si el obrero
Sevilla no hubiese incurrido en ninguna negligencia de su
parte en el accidente del caso de autos, aun así hubiese
procedido que de la indemnización que debe pagar el tercero
responsable se descontase la totalidad de los gastos del
Fondo. Esto surge claramente de la Ley. Si ello es así cuando
no media negligencia alguna de parte del trabajador, tanto
más patente es la obligación de reembolsar la totalidad de
los gastos del Fondo cuando el propio trabajador ha sido
parcialmente responsable de su lesión.
Debe aclararse, sin embargo, que en los casos en que un
tercero es total o parcialmente responsable de los daños
sufridos por un trabajador, al computarse el monto de la
indemnización que le corresponde pagar al tercero es menester
incluir en tal cómputo el valor de aquellos gastos del Fondo
que hubiesen sido recobrables en casos ordinarios de daños y
perjuicios. El Fondo no existe para relevar a terceros de la
indemnización de aquellos daños causados por éstos que el
Fondo remedió. Así pues, si el obrero sufrió daños físicos
cuyo tratamiento médico-hospitalario fue sufragado por el
Fondo, el valor de los gastos por tal tratamiento debe ser
incluido como parte de la indemnización que debe pagar el
tercero responsable. De igual modo, si el Fondo compensa al
obrero por alguna incapacidad resultante del accidente que el
tercero causó, el valor de esa compensación también debe CC-2001-488 13
incluirse como parte del monto de la indemnización que el
tercero responsable debe hacer. Debe procederse tal como
sucedería en una acción común de daños y perjuicios si el
Fondo no existiera, o como sucedería comúnmente en casos que
no involucran accidentes del trabajo. Véase, Resto Casillas
v. Colón González, supra; Vda. de Andino v. A.F.F., supra.
Ello es particularmente así en vista de que en nuestra
jurisdicción rige la doctrina de la fuente colateral
(“collateral source doctrine”), con arreglo a la cual el
causante de un daño está impedido de deducir del importe de
la indemnización de la cual responde, la compensación o
beneficio que haya recibido el perjudicado de una tercera
persona o entidad, esto es de una fuente no relacionada con
el demandado. Nieves Cruz v. U.P.R., res. el 31 de mayo de
2000, 151 D.P.R. ___, 2000 TSPR 78, 2000 JTS 91; Futurama
Import Corp. v. Trans Caribbean, 104 D.P.R. 609, 611-612
(1976); Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956); Pereira
v. Commercial Transport Co., 70 D.P.R. 641 (1949); Reyes v.
Aponte, 60 D.P.R. 890 (1942).
En resumen, pues, en casos de subrogación por el Fondo
como el de autos, de la indemnización que le toca pagar al
tercero por su responsabilidad en el accidente del trabajo,
se le reembolsará primero al Fondo la totalidad de los gastos
incurridos por éste en el tratamiento y la compensación del
obrero lesionado, y el sobrante de esa indemnización le
corresponderá al obrero o sus familiares. La indemnización
referida se computará incluyendo todas las partidas que CC-2001-488 14
procedan de ordinario en casos comunes de daños y perjuicios,
sin que importe que el Fondo haya anticipado al obrero
algunos elementos de tal indemnización, que éste habrá de
reembolsarle a dicha agencia.
Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia para
dejar sin efecto el dictamen del foro apelativo, y para
devolver el caso al foro de instancia para que éste disponga
cualquier remedio adicional a lo ya ordenado por dicho foro,
que sea conforme con lo aquí resuelto.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO CC-2001-488 15
Antonio Sevilla Rivera, Et Als. Demandantes-Recurridos vs. Municipio de Toa Alta, Et Al. Demandados y Terceros Demandantes-Recurridos vs. CC-2001-488 Certiorari Santa Marina, S.E., Et Al. Demandados-Recurridos vs. Corporación del F.S.E. Interventora Peticionaria
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se deja sin efecto el dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional II de Bayamón; y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, para que éste disponga cualquier remedio adicional a lo ya ordenado por dicho foro, que sea conforme con lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Hernández Denton disiente sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rebollo López no intervino.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo