Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES Panel XI
EMMANUEL TORRES CRUZ Revisión Recurrente Judicial procedente de la División de v. KLRA202300239 Remedios Administrativos
DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y Solicitud Núm. REHABILITACIÓN B-621-23 Recurrida Sobre: Cambio de Custodia
Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero
Adames Soto, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2023.
Comparece el señor Emmanuel Torres Cruz, quien se encuentra
confinado, por derecho propio y en forma pauperis, (señor Torres Cruz o
recurrente), a través de un Recurso de revisión judicial.1 Solicita que
revisemos la Resolución administrativa, denominada Respuesta, emitida
por la División de Remedios Administrativos (la División), del
Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el 2 de mayo de
2023. Mediante el referido dictamen, la División determinó que el
recurrente no cumple al momento con los requisitos para participar en
un programa de pases extendidos.
Contrario a lo decidido por la División, el recurrente nos plantea
que, por virtud de la aprobación de una nueva reglamentación aprobada,
1 La Juez Lebrón Nieves considera que estamos ante un recurso de revisión de decisión administrativa y no de revisión judicial.
NÚMERO IDENTIFICADOR SEN2023______________ KLRA202300239 2
que resulta aplicable a su caso, sí cualifica para beneficiarse de pases
extendidos.
Según explicaremos, se equivoca el recurrente en su
planteamiento, procede confirmar la determinación administrativa.
I. Resumen del tracto procesal
El 12 de abril de 2023, el señor Torres Cruz presentó una Solicitud
de Remedio Administrativo ante el DCR. En esencia, solicitó ser evaluado
para el privilegio de pases iniciales, conforme se dispone en el
Reglamento 7595, Reglamento para la concesión de permisos a los
miembros de la población correccional para salir o residir fuera de las
instituciones correccionales del Estado Libre Asociado, aprobado el 24 de
octubre de 2008.
A raíz de lo cual, el 2 de mayo de 2023,2 la División emitió
Respuesta, informándole al recurrente que el reglamento vigente al
momento de cometerse el delito por el cual fue sentenciado, era el
Reglamento 4851, Reglamento para la concesión de permisos a los
confinados para salir o residir fuera de las instituciones penales del
Estado Libre Asociado, aprobado el 2 de diciembre de 1992. Ante ello,
determinó que el señor Torres Cruz no cumplía con los requisitos
establecidos en el Reglamento 4851 para el privilegio de pases iniciales,
pues dicho reglamento exigía cuatro años ininterrumpidos en custodia
mínima para poder ser considerado. En consonancia, la División le
indicó al recurrente que cumpliría con los requisitos para beneficiarse de
pases extendidos en septiembre de 2024.
Inconforme, el señor Torres Cruz presentó el Recurso de revisión
judicial que está ante nuestra atención.
A raíz de ello, el 7 de junio de 2023, emitimos Resolución
concediéndole al señor Torres Cruz el término de 10 días para
2 Notificada el 12 de mayo de 2023. KLRA202300239 3
perfeccionar su recurso, presentando lo siguiente: (1) un índice del
recurso; (2) señalamientos de error; y (3) una discusión de los errores
señalados. Además, le ordenamos que presentara la solicitud para litigar
en forma pauperis, o en su defecto, que pagara los aranceles
correspondientes para la presentación del recurso. Finalmente, le
advertimos que, de incumplir con nuestra Resolución, se procedería a la
desestimación de su recurso.
En respuesta, el 29 de junio de 2023, recibimos la Solicitud y
Declaración para que se exima de pago de arancel por razón de indigencia.
Luego, el 19 de julio de 2023, emitimos Resolución concediéndole
un término de 15 días a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico
para presentar su Alegato.
En efecto, el Procurador General compareció ante nosotros
mediante Escrito en Cumplimiento de Orden.
Contando con el beneficio de las comparecencias de las partes,
estamos en posición de resolver.
II. Exposición de Derecho
A. Revisión Judicial
El Art. 4.002 de la Ley Núm. 201-2003, Ley de la Judicatura del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, según enmendada,
dispone que el Tribunal de Apelaciones revisará, como cuestión de
derecho, las decisiones finales de los organismos y agencias
administrativas que hayan sido tramitadas conforme con las
disposiciones de la Ley Núm. 37-2017, Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 4 LPRA sec.
24 (u). En consonancia, la Regla 56 de nuestro Reglamento, provee para
que este foro intermedio revise las decisiones, los reglamentos, las
órdenes y las resoluciones finales dictadas por organismos o agencias KLRA202300239 4
administrativas. Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4
LPRA Ap. XXII-B, R.56.
Es un principio reiterado que las decisiones de las agencias
administrativas están investidas de una presunción de legalidad y
corrección. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581, 591
(2020); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 (2008); Matos
v. Junta Examinadora, 165 DPR 741, 754 (2005). Lo anterior se
fundamenta en el conocimiento especializado y la
experiencia (expertise) sobre la materia que su ley habilitadora le
confiere. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. de Seguros, 144 DPR 425, 436
(1997); Misión Ind. PR v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997). En
virtud de lo cual, el ejercicio de revisión judicial debe deferencia a las
decisiones emitidas por los foros administrativos. Pérez López v. Dpto. de
Corrección y Rehabilitación, 208 DPR 656, 674 (2022); Super Asphalt v.
AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021).
En este contexto, la revisión judicial se limita a determinar si la
agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que implique
abuso de discreción. Pérez López v. Departamento de Corrección y
Rehabilitación, supra, en la pág. 673; OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR
1005, 1026-1027 (2020); Rivera Concepción v. A. R. Pe., 152 DPR 116,
122 (2000). Esto significa que el tribunal respetará el dictamen de la
agencia, salvo que no exista una base racional que fundamente la
actuación administrativa. ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 282
(2020); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 134-135 (1998). Así,
la revisión judicial suele limitarse a determinar si: (1) el remedio
concedido por la agencia fue el apropiado; (2) las determinaciones de
hechos realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia
sustancial en el expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de KLRA202300239 5
derecho fueron correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431
(2003).
La parte que impugna la decisión administrativa tiene que
producir evidencia de tal magnitud que conmueva la conciencia y
tranquilidad del juzgador de forma que este no pueda concluir que la
decisión de la agencia fue justa porque simple y sencillamente la prueba
que consta en el expediente no la justifica. Ello implica que “[s]i en la
solicitud de revisión la parte afectada no demuestra la existencia de esa
otra prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben ser
sostenidas por el tribunal revisor”. Domínguez v. Caguas Expressway
Motors, Inc., supra, pág. 398; Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901,
905 (1999).
B. Reglamento 4851, Reglamento para la concesión de permisos a los confinados para salir o residir fuera de las instituciones penales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
El DCR aprobó el Reglamento 4851, Reglamento para la concesión
de permisos a los confinados para salir o residir fuera de las instituciones
penales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Reglamento Núm.
4851), el 2 de diciembre de 1992, en virtud de los poderes que le otorgó
la Ley Núm. 116 del 22 de julio de 1974,3 según enmendada, conocida
como Ley Orgánica de la Administración de Corrección. Revela el Artículo
II del Reglamento Núm. 4851, en lo pertinente, que fue adoptado con el
propósito de conceder permisos a los confinados para salir de las
Instituciones Penales o Centros de Tratamientos Públicos o Privados donde
se encuentran recibiendo tratamiento en todo caso que se determine que la
concesión de dichos permisos constituye una medida de tratamiento
conveniente y necesaria para la rehabilitación del confinado mediante su
readaptación progresiva de la comunidad.
3 Derogado por el Reglamento 7156, Reglamento para la concesión de permisos a los
confinados para salir fuera de las instituciones penales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. KLRA202300239 6
A esos efectos, el Artículo VI del Reglamento Núm. 4851 establece
las Reglas de Aplicación General. Conforme a estas, se dispone que a los
fines de conceder un permiso se hará una evaluación del historial
delictivo del confinado, la naturaleza y circunstancias del delito por el
cual cumple la sentencia, el término de ésta, el tiempo de sentencia ya
cumplido, información sobre su conducta y condición física, emocional y
mental. Artículo VI (E) del Reglamento Núm. 4851. Además, se
considerará la experiencia en permisos anteriores, la opinión de las
personas perjudicadas o relacionadas con el acto delictivo, opinión de los
vecinos de la comunidad a visitarse y otras situaciones que hayan
impactado a la ciudadanía como resultado del delito cometido. Íd.
En lo pertinente al recurso del epígrafe, el Artículo VI (4) del
Reglamento Núm. 4851, indica que todo convicto bajo las disposiciones
de la Ley de Sentencias Determinadas, a cumplir 99 años por asesinato
en primer grado, cuyo mínimo de libertad bajo palabra es de 25 años
naturales, deberá cumplir 10 años antes de ser considerado para
pase inicial. Asimismo, deberá estar disfrutando de custodia mínima
ininterrumpida durante los últimos cuatro (4) años antes de ser
considerado para un primer pase. (Énfasis provisto).
C. Reglamento 7595, Reglamento para la concesión de permisos a los miembros de la población correccional para salir o residir fuera de las instituciones correccionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Por otra parte, el 24 de octubre de 2008, el DCR aprobó el
Reglamento 7595, Reglamento para la concesión de permisos a los
miembros de la población correccional para salir o residir fuera de las
instituciones correccionales del Estado Libre Asociado (Reglamento Núm.
7595), conforme la Ley Orgánica de la Administración de Corrección.
Mediante este Reglamento, el DCR tuvo el propósito de conceder
permisos a los confinados para salir de las instituciones correccionales o
centros de tratamiento públicos o privados donde se encontraran KLRA202300239 7
recibiendo tratamiento, en los casos en que se determinara que la
concesión de dichos permisos constituiría una medida de tratamiento
conveniente y necesaria para su rehabilitación mediante readaptación
progresiva de la comunidad. Artículo II del Reglamento Núm. 7595.
En lo que aquí atañe, el Artículo VII del Reglamento Núm. 7595
excluye de la concesión de permiso sin custodia, a los confinados
sentenciados por Ley de Armas, Ley Núm. 137 de 3 de junio de 2004,
25 LPRA sec. 455 et seq., y confinados incluidos en la Ley Núm. 49 de 26
de mayo de 1995, 4 4 LPRA sec. 1101 et seq.5 (Énfasis y subrayado
provistos).
D. Orden Administrativa AC-2011-07
El 17 de marzo de 2011, el DCR aprobó la Orden Administrativa
Núm. AC-2011-07 (OA, Núm. AC-2011-07). Mediante dicha Orden, el
DCR estableció que toda evaluación para conceder o denegar un pase a
algún miembro de la población correccional, deberá realizarse
basándose en el reglamento vigente al momento de cometerse los
hechos que configuran el delito por el cual el confinado fue
sentenciado. Artículo I de la OA, Núm. AC-2011-07. (Énfasis provisto).
La referida orden administrativa resultaría de aplicación a todos los
empleados y funcionarios de la administración de corrección que
intervengan en el proceso de la concesión de permisos o pases a los
miembros de la población correccional, para salir o residir fuera de las
instituciones correccionales. Artículo III de la OA, Núm. AC-2011-07.
E. Leyes Ex post facto
Nuestra Constitución prohíbe la aplicación de leyes ex post
facto. Art. II, Sec. 12, LPRA Tomo 1. Existen cuatro tipos de estatutos
que son ex post facto, a saber, las leyes que: (1) criminalizan y castigan
4 Estableció que no serían elegibles para participar en los programas de desvió o tratamiento y rehabilitación las personas sentenciadas por los siguientes delitos: asesinato, violación, incesto, sodomía o actos lascivos o impúdicos cuando la víctima fuera menor de catorce (14) años. (Énfasis nuestro). 5 Ambas leyes se encuentran derogadas. KLRA202300239 8
un acto que al ser realizado no era delito; (2) agravan un delito o lo hacen
mayor de lo que era al momento de ser cometido; (3) alteran el castigo
imponiendo una pena mayor que la fijada para el delito al momento de
ser cometido, y (4) alteran las reglas de evidencia exigiendo menos
prueba que la requerida por ley al momento de la comisión del delito
para castigar al acusado o reduciendo el quantum de evidencia necesario
para encontrarlo culpable. Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974,
990 (2019); González Fuentes v. E.L.A., 167 DPR 400, 408 (2006). Pueblo
en interés menor F.R.F., 133 DPR 172 (19939; Fernández v. Rivera, Jefe
del Presidio, 70 DPR 900 (1949).
La protección contra leyes ex post facto solamente se activa cuando
se pretende aplicar una ley penal de manera retroactiva. González
Fuentes v. E.L.A., supra. Se requiere también que la ley cuya aplicación
retroactiva se cuestiona sea más perjudicial para el acusado que la
vigente al momento de la comisión del acto. Íd, en la pág. 409. Es decir,
para que un estatuto contravenga la cláusula contra leyes ex post
facto, es necesario que éste sea de aplicación retroactiva y, además, que
sea más oneroso para el imputado que el vigente a la fecha en que se
cometió la ofensa. Íd.
De esta manera, al determinar si una ley penal es más onerosa que
la vigente al momento de la comisión de los hechos es necesario
examinar si, en comparación con el viejo estatuto, la nueva ley tiene el
efecto de alargar el término de reclusión que habría de ser cumplido por
el sujeto. A estos efectos, es ex post facto cualquier ley que elimina
retroactivamente bonificaciones por buen comportamiento que estaban
vigentes cuando el acusado realizó la conducta delictiva. González
Fuentes v. ELA, supra, citando a Lynce v. Mathis, 519 US 433 (1997).
Además, la prohibición contra leyes ex post facto protege al
ciudadano no solo contra la aplicación retroactiva de estatutos, sino KLRA202300239 9
también contra la aplicación o derogación retrospectiva de reglamentos
administrativos y ordenanzas municipales que acarrean consecuencias
penales. González Fuentes v. ELA, supra, en la pág. 410, citando a Ross
v. Oregon, 227 US 150 (1913). La razón para ello es que, mediante la
aprobación de reglamentos y ordenanzas, las agencias administrativas y
los municipios están ejerciendo poderes que les han sido válidamente
delegados por la Asamblea Legislativa Íd.
III. Aplicación del Derecho a los hechos
El Recurso de revisión judicial presentado por derecho propio por el
señor Torres Cruz incumple con varios requisitos de forma de los
contenidos en la Regla 59 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.
59. Sin ser ni cercanamente exhaustivos, en dicho escrito no se hace
indicación de disposiciones legales que sostengan la petición, tampoco se
incluyeron señalamientos de errores, ni un índice del apéndice.
No obstante, el recurrente sí adjuntó en los anejos de su escrito, la
determinación administrativa de la que recurre. De esta manera, al
menos, nos permitió auscultar nuestra jurisdicción para atender la
controversia en los méritos. En ánimos de evitar la aplicación automática
e inflexible de los requisitos reglamentarios, y tomando en consideración
la realidad particular de los reclusos, Álamo Romero v. Administración de
Corrección, 175 DPR 314, 322 (2009), hemos decidido atender los méritos
del asunto.
El señor Torres Cruz, adujo, en esencia, que la División incidió al
denegar su solicitud de pases iniciales, de conformidad con el
Reglamento Núm. 4851. Al respecto, argumentó que dicho reglamento se
encuentra derogado, por lo cual, la División debió utilizar para la
evaluación de su caso el Reglamento Núm. 7595, Reglamento para la
concesión de permisos a los miembros de la población correccional para KLRA202300239 10
salir o residir fuera de las instituciones correccionales del Estado Libre
Asociado, el cual se encuentra vigente en estos momentos.
Ciertamente, el Reglamento Núm. 7595 es el que se encuentra
vigente en este momento, sin embargo, no es el de aplicación al asunto
traído ante nuestra consideración por el señor Torres Cruz. Nos
explicamos.
Según detallamos en la exposición de derecho, el Reglamento Núm.
7595, aprobado el 24 de octubre de 2008, y que el recurrente nos solicita
que apliquemos a su caso, excluye de la concesión de permisos sin
custodia a los confinados sentenciados por la Ley de Armas, Ley
Núm. 137 de 3 de junio de 2004, supra, y confinados incluidos en la Ley
Núm. 49 de 26 de mayo de 1995, supra. Es decir, la aplicación del
Reglamento que el recurrente aduce debería atender su caso, le sería
perjudicial.
De una búsqueda en el sistema de Consulta de Casos del Poder
Judicial, surge que el recurrente fue sentenciado en el 2007 por haber
cometido los delitos dispuestos en el Artículo 106 del Código Penal del
2004 (Asesinato en primer grado), y el Artículo 5.05 de la Ley Núm. 404
del 2000, Ley de Armas (Portación y uso de armas blancas), por hechos
ocurridos ese mismo año. Por ello, de aplicarse a la solicitud del
recurrente el Reglamento Núm. 7595, aprobado luego de los hechos que
dieron paso a su sentencia, este no podría ser evaluado para la
concesión de los permisos, por haber sido sentenciado por delitos
que fueron expresamente excluidos por el reglamento. De este modo,
se equivoca el recurrente al solicitar ser evaluado bajo el Reglamento
Núm. 7595, en tanto le perjudicaría, no le resulta beneficioso.
La OA Núm. AC-2011-07 dispone que toda evaluación para
conceder o denegar un pase a algún miembro correccional, deberá
realizarse basándose en el reglamento vigente al momento de KLRA202300239 11
cometerse los hechos que configuran el delito por el cual el
confinado fue sentenciado. Esto, debido a que es una norma reiterada
que ninguna ley o reglamento puede ser aplicado de forma ex post facto.
Antes de aprobarse el Reglamento Núm. 7595 en el 2008, el
Reglamento Núm. 4851 establecía el proceso y los requisitos para los
permisos desde el 2 de diciembre de 1992. Posteriormente, este último
fue derogado por el Reglamento 7156, Derogación del Reglamento para la
concesión de permisos a los confinados para salir fuera de las
instituciones penales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprobado
el 1 de junio de 2006, el cual estableció que la agencia establecería
reglamentación interna para establecer el asunto de los permisos. Sin
embargo, el Reglamento Interno adoptado el 29 de agosto de 2006 por el
DCR, fue declarado nulo mediante sentencia declaratoria emitida el 20
de diciembre de 2007 por el Tribunal de Primera Instancia, en el caso
Rivas Claudio v. Adm. de Corrección, K PE2007-1890. Es decir, al
momento de cometerse los hechos que dieron paso a la sentencia del
señor Torres Cruz, no había un Reglamento vigente que estableciera los
requisitos para conceder los permisos a los confinados, en vista de que el
Reglamento interno fue declarado nulo.
Hecha la evaluación integral de lo hasta aquí expuesto,
coincidimos con la interpretación emitida en la Respuesta del DCR,
mediante la cual se estableció que el Reglamento Núm. 4851 es el
aplicable a la solicitud del señor Torres Cruz. Según ya hemos explicado,
contrario a la creencia del recurrente, el Reglamento Núm. 7595,
actualmente vigente, le resulta más oneroso, en tanto no lo haría elegible
para ser considerado a participar en un programa de pase extendido.
En tales circunstancias, el Reglamento Núm. 4851 dispone que
todo convicto a cumplir 99 años por asesinato en primer grado, cuyo
mínimo de libertad bajo palabra es de 25 años naturales, deberá cumplir KLRA202300239 12
10 años antes de ser considerado para pase inicial. Reglamento Núm.
4851, supra. Asimismo, deberá estar disfrutando de custodia mínima
ininterrumpida durante los últimos cuatro (4) años antes de ser
considerados para un primer pase. Íd.
Del expediente ante nuestra consideración surge que el recurrente
ha cumplido 3 años consecutivos en custodia mínima, de manera que,
no cumple con el requisito de cuatro años ininterrumpidos en custodia
mínima establecido en el Reglamento Núm. 4851, supra. En
consecuencia, acertó la División en su Respuesta, al determinar que el
señor Torres Cruz aún no cualifica para el pase inicial, debido a que los
cuatro años ininterrumpidos en custodia mínima exigidos por el
Reglamento Núm. 4851 se cumplen en septiembre de 2024, por lo que,
procede confirmar el dictamen administrativo recurrido.
IV. Parte dispositiva
Por los fundamentos expuestos, confirmamos la determinación
recurrida.
Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones