EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario Certiorari v. 2007 TSPR 2 Giovanni Román Mártir 169 DPR ____ Recurrido
Número del Caso: CC-2005-229
Fecha: 11 de enero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón-Panel XII
Panel integrado por su Presidenta, la Juez Rodríguez de Oronoz, la Juez Pesante Martínez y el Juez Soler Aquino
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Ricardo E. Alegría Pons
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Carlos D. Riestra Cortés Procurador General Auxiliar
Materia: Infracción a los artículos 166, 171, 180 del Código Penal y el Artículo 18 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987.
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Peticionario
v. CC-2005-0229
Giovanni Román Mártir
Recurrido
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2007.
El caso de autos nos brinda la oportunidad de
resolver si el Tribunal de Apelaciones erró al
asumir jurisdicción sobre un “Recurso de Apelación”
presentado por un recluso, un (1) año después de
dictada sentencia condenatoria, producto de una
alegación de culpabilidad, acogiendo el referido
recurso como una moción bajo la Regla 192.1 de
Procedimiento Criminal, infra, y trasladándolo al
Tribunal de Primera Instancia para su disposición.
Recurre ante nos el Procurador General. Veamos los
hechos que originan el presente recurso. CC-2005-0229 2
I
El 31 de enero de 2003, el señor Giovanni Román Mártir,
en adelante señor Román Mártir o el acusado, fue denunciado
por infringir los artículos 166, 171 y 180 del Código Penal
de 1974, según enmendado, que tipifican los delitos de
apropiación ilegal agravada, escalamiento agravado y daño
agravado, respectivamente.1 Además, fue denunciado por
violar el artículo 18 de la Ley para la Protección de la
Propiedad Vehicular, que tipifica el delito de apropiación
ilegal de vehículo de motor.2 Específicamente, se le imputó
haber penetrado la residencia habitada por la señora Carmen
Villafañe Pagán con la intención de cometer el delito de
apropiación ilegal, causar daños a dicha propiedad al forzar
su penetración, apropiarse ilegalmente de joyas, un vehículo
de motor y otros bienes muebles de considerable valor.
El 31 de enero de 2003, se determinó causa probable
para el arresto del señor Román Mártir por todos los
delitos imputados. Asimismo, el 14 de abril de 2003,
celebrada la vista preliminar que dispone la Regla 23 de
Procedimiento Criminal3, se determinó causa probable para
acusar al señor Román Mártir por todos los delitos
imputados.4
1 33 L.P.R.A. ant. secs. 4272, 4277 y 4286. 2 9 L.P.R.A. sec. 3217. 3 34 L.P.R.A. Ap. II. 4 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 5. CC-2005-0229 3
El Ministerio Público procedió a presentar ante el
Tribunal de Primera Instancia las correspondientes
acusaciones. Todas alegaban la condición de reincidente
habitual del acusado. Específicamente, las acusaciones
notificaban que el señor Román Mártir fue convicto y
sentenciado los días 5 de noviembre de 1993 y 17 de junio de
1997, por la comisión de los delitos graves de daños
agravados y amenaza a funcionario de justicia,
respectivamente, y que las referidas sentencias advinieron
finales y firmes en los casos criminales números
SP1993G000101 y FJ1997G003507.5
El 30 de abril de 2003, el defensor de oficio del
acusado presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una
moción de supresión de identificación.6 El 23 de julio de
2003, el señor Román Mártir presentó, por derecho propio,
una moción en la que solicitó la celebración de una vista,
pues ya se había pautado la fecha del juicio y aún no se
había dilucidado la moción de supresión de identificación.7
Además, informó al tribunal que no había podido
entrevistarse con su nuevo abogado de oficio, a pesar de que
restaban pocos días para la celebración del juicio en su
fondo, pautado para el 31 de julio de 2003.8
5 Íd., págs. 6-9. 6 Íd., pág. 23. 7 Íd. 8 Íd., págs. 23-24. CC-2005-0229 4
No obstante, previo al acto del juicio, el Ministerio
Público y la defensa del acusado negociaron un preacuerdo
sobre alegación. El preacuerdo consistió en lo siguiente:
el acusado se declararía culpable de todos los delitos
imputados, a cambio de lo cual el Ministerio Público se
obligaría a eliminar la alegación sobre reincidencia
habitual incluida en todas las acusaciones. El tribunal
aceptó la alegación preacordada por las partes.
Así las cosas, el 31 de julio de 2003, llamado el caso
para juicio en su fondo, compareció en sala, tanto el
fiscal como el acusado, asistido de su abogado, licenciado
Ángel R. Vázquez Cintrón. Luego de leérsele al señor Román
Mártir las acusaciones en su contra, y preguntado por el
tribunal qué alegación hacía, el acusado manifestó que se
declaraba culpable. Culpable, en cada uno de los cuatro
(4) delitos que le fueron imputados. El señor Román Mártir
solicitó que se dictara sentencia en su contra en el acto.9
A renglón seguido, el Tribunal de Primera Instancia
aceptó las declaraciones de culpabilidad del acusado,
dictando, en esa misma fecha, cuatro (4) sentencias de
culpabilidad, una por cada delito confesado. El tribunal
hizo constar en sus sentencias que el señor Román Mártir,
en adelante, también denominado como el convicto, realizó
las alegaciones de culpabilidad voluntariamente, con
9 Íd., págs. 10-13. CC-2005-0229 5
conocimiento de la naturaleza de los delitos graves
imputados y de las consecuencias de las mismas.10
El Tribunal de Primera Instancia condenó al señor Román
Mártir a cumplir las penas siguientes: ocho (8) años de
reclusión carcelaria por infracción al artículo 171 del
Código Penal, supra, seis (6) años de prisión por violación
a su artículo 166, supra, seis (6) años de cárcel por
quebrantar el artículo 18 de la Ley para la Protección de
la Propiedad Vehicular, supra, y dos (2) años de reclusión
carcelaria por infracción al artículo 180 del Código Penal,
supra. Dispuso que los años de prisión fueren cumplidos
concurrentes entre sí, y de forma consecutiva con cualquier
otra sentencia que el convicto estuviese cumpliendo en ese
momento.11
El 5 de septiembre de 2003, ya advenidas finales y
firmes las referidas sentencias, el señor Román Mártir
presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, por derecho
propio, una “Moción de Rebaja de Sentencia”. El 16 de
septiembre de 2003, ese tribunal rechazó de plano la
moción.12 El convicto no recurrió de dicha denegatoria.
El 20 de julio de 2004, el señor Román Mártir presentó,
también por derecho propio, y esta vez ante el Tribunal de
Apelaciones, un “Recurso de Apelación”. Citamos en su
10 Íd. 11 Íd. 12 Íd., pág. 24. CC-2005-0229 6
totalidad las exposiciones, alegaciones y súplica que
hiciera en este recurso13:
Al Honorable Tribunal
Comparece el Peticionario de Epígrafe En Forma Pauperis y Por Derecho Propio y Ante Este Honorable Tribunal de Justicia y Muy Respetuosamente Expone Alega y Solicita.
1) Que el Peticionario se encuentra extinguiendo una sentencia impuesta por el Honorable Tribunal de Bayamón el día 31 de julio de 2003.
2) Que el Peticionario recurre ante este Honorable Circuito de Apelaciones en Apelación a las sentencias impuestas por el Tribunal Superior de Bayamón.
3) Que el Peticionario recurre en Apelación a las sentencias impuestas ya que a este se le violaron sus derechos como acusado y le fue violado el debido proceso de ley que le cobija en cualquier proceso criminal al que fue sometido.
4) Que el Peticionario solicita de este Honorable Tribunal que le asigne una representación legal de oficio para que siga con el proceso de Apelación al que este solicita
Por Todo Lo cual Suplica y Apela al sentimiento de justicia y Equidad de este Honorable Tribunal de justicia para que declare Ha Lugar el presente recurso con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.
Respetuosamente sometido (énfasis nuestro).14
El 24 de enero de 2005, el Tribunal de Apelaciones
emitió una resolución, archivada en autos copia de su
notificación a las partes el 11 de febrero de 2005, en la
que reconoció que carecía de jurisdicción para revisar las
13 Por ser innumerables los errores gramaticales contenidos en el escrito del convicto y para no obstaculizar irrazonablemente la lectura, hemos optado por no identificarlos. 14 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 17-19. CC-2005-0229 7
sentencias condenatorias que pesaban contra el allí
peticionario. Ello, porque el denominado “Recurso de
Apelación” se había presentado casi un (1) año después de
haber sido dictadas, en circunstancias en que el señor
Román Mártir sólo contaba con un término jurisdiccional de
treinta (30) días para hacerlo.15 No obstante, decidió
acoger el asunto planteado en el recurso presentado por el
recluso como una moción al amparo de la Regla 192.1 de
Procedimiento Criminal, infra, y trasladarlo al tribunal
sentenciador para que así se atendiera.16
Inconforme con dicha determinación, el 14 de marzo de
2005, el Procurador General acudió ante nosotros mediante
recurso de certiorari, señalando los errores siguientes:
I. INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES, AL ASUMIR JURISDICCIÓN EN EL CASO DE AUTOS, A PESAR DE HABER EXPIRADO YA EL TÉRMINO PROVISTO EN LEY PARA RECURRIR DE LA SENTENCIA.
II. INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL ACOGER EL RECURSO DE APELACION DEL RECURRIDO, CUYO TÉRMINO ESTABA PRESCRITO, COMO UNO AL AMPARO DE LA REGLA 192.1 DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL, NO OBSTANTE NO CUMPLIR ÉSTE CON NINGUNO DE LOS FUNDAMENTOS TAXATIVOS EXIGIDOS POR DICHA REGLA.
III. INCIDIÓ, Y EN CONSECUENCIA ABUSÓ DE SU DISCRESIÓN, EL TRIBUNAL DE APELACIONES, AL ACOGER UN RECURSO A TODAS LUCES IMPROCEDENTE EN DERECHO. ELLO TUVO EL EFECTO DE INFRINGIR EL PRINCIPIO DE CERTEZA O SEGURIDAD JURÍDICA.
15 Íd., pág. 24. 16 Íd., págs. 22 y 25. CC-2005-0229 8
Posteriormente, el 27 de abril de 2005, el Procurador General
presentó ante nos una “MOCIÓN EN AUXILIO DE JURISDICCIÓN”,
solicitando la paralización de una vista judicial pautada por
el Tribunal de Primera Instancia para el 6 de mayo de 2005, a
raíz del dictamen del Tribunal de Apelaciones. El 29 de abril
de 2005, expedimos el recurso de certiorari.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes17,
nos encontramos en posición de resolver.
II
En vista de que los señalamientos de error del
Procurador General están íntimamente relacionados, los
discutiremos en conjunto.
El Procurador General arguye que el Tribunal de
Apelaciones incidió al asumir jurisdicción sobre un
“Recurso de Apelación” presentado casi un (1) año después
de dictadas las sentencias condenatorias recurridas.18
17 El convicto, señor Román Mártir, compareció por derecho propio. En el ejercicio de nuestra discreción, le concedimos término para que compareciera, además, a través de abogado de oficio. Debemos puntualizar que recientemente reiteramos la norma de que aunque un convicto indigente tiene un derecho constitucional a que se le nombre un abogado de oficio para la presentación de una primera apelación, éste no se extiende a la presentación de recursos discrecionales o ataques colaterales a una convicción. Pueblo v. Rivera Crespo, 2006 T.S.P.R. 78, 2006 J.T.S. 87, 167 D.P.R. __ (2006). 18 Alegato del Procurador General, pág.4. Según indicamos en la relación de hechos que antecede, las sentencias de culpabilidad del aquí recurrido fueron dictadas el 31 de julio de 2003, mientras que el “Recurso de Apelación” fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones el 20 de julio de 2004. CC-2005-0229 9
A
La Regla 193 de Procedimiento Criminal dispone lo
siguiente:
Las sentencias finales dictadas en casos criminales originados en el Tribunal de Primera Instancia podrán ser apeladas por el acusado en la forma prescrita por estas reglas. En estos casos el acusado podrá establecer una apelación para ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, excepto en los casos de convicción por alegación de culpabilidad, en los cuales procederá únicamente un recurso de certiorari, en cuyo caso el auto será expedido por el Tribunal de Circuito de Apelaciones a su discreción. La solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada. Este término es jurisdiccional (énfasis añadido).19
Se desprende de lo aquí citado que el término disponible
para presentar un recurso de certiorari para revisar una
sentencia condenatoria dictada por alegación de
culpabilidad es de carácter fatal o jurisdiccional, treinta
(30) días, a partir de la fecha en que la sentencia fue
dictada.
No obstante, el señor Román Mártir, convicto y
sentenciado por alegación de culpabilidad, presentó su
“Recurso de Apelación” ante el Tribunal de Apelaciones tres
cientos cincuenta y cinco (355) días después de dictadas
las sentencias que le condenaban. Al momento de presentar
el denominado “Recurso de Apelación”, vencido ya el término
jurisdiccional de treinta (30) días en cuestión, el
Tribunal de Apelaciones carecía de autoridad para entender
19 34 L.P.R.A. Ap. II. CC-2005-0229 10
en el mismo. Al así reconocerlo en su sentencia, actuó
correctamente el referido foro.20
No obstante, a pesar de declararse sin jurisdicción en el
recurso en alzada presentado por el convicto, el Tribunal
de Apelaciones acogió el asunto planteado en él como una
moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento
Criminal, infra, y acto seguido, lo trasladó al Tribunal de
Primera Instancia para que allí se resolviera, como una
cuestión de jurisdicción original en el foro.
El Procurador General sostiene ante nos que, al así
actuar, el Tribunal de Apelaciones erró, toda vez que las
sentencias condenatorias atacadas por el convicto fueron
dictadas como resultado de su alegación de culpabilidad.
Aduce que cuando el señor Román Mártir hizo alegación de
culpabilidad, renunció a los derechos constitucionales que
invocó ante el tribunal intermedio apelativo.21 Debemos
recordar que en el denominado “Recurso de Apelación” el
convicto alegó que en el foro primario le fueron violentados
sus derechos como acusado y su derecho constitucional a un debido proceso de ley. Arguye, entonces, el Procurador
General que, “siendo su sentencia una secuela de una
20 Es menester destacar que el convicto debió designar su escrito como “Recurso de Certiorari”. No obstante, es norma antigua que el nombre con que se designa un recurso no es determinante de su naturaleza, ni debe ser decisivo desde el punto de vista de la función de hacer justicia, por lo que los tribunales deben hacer caso omiso de los nombres o títulos mal puestos en los recursos, y considerarlos como corresponda. Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286, 293 (1975) y casos allí citados. 21 Alegato del Procurador General, págs. 3-4. CC-2005-0229 11
admisión de culpabilidad, el convicto está impedido de
invocar estos derechos”.22
En la alternativa, el Procurador General alega que el
contenido del denominado “Recurso de Apelación” no cumplió
con los fundamentos y exigencias del remedio contemplado por
la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra, y que su
acogida, como una moción bajo la referida regla, infringió
el principio de certeza y seguridad jurídica. Veamos.
B
En Pueblo v. Figueroa García23, citando al Tribunal
Supremo federal en Brady v. United States24, expresamos
sobre el concepto de alegación de culpabilidad (“guilty
plea”) lo siguiente:
... a guilty plea is a grave and solemn act to be accepted only with care and discernment has long been recognized. Central to the plea and the foundation for entering judgment against the defendant is the defendant's admission in open court that he committed the acts charged in the indictment. He thus stands as a witness against himself and he is shielded by the Fifth Amendment from being compelled to do so --hence the minimum requirement that his plea be the voluntary expression of his own choice. But the plea is more than an admission of past conduct; it is the defendant's consent that judgment of conviction may be entered without a trial-- a waiver of his right to trial before a jury or a judge. Waivers of constitutional rights not only must be voluntary but must be knowing, intelligent acts done with sufficient awareness of the relevant circumstances and likely consequences.25
22 Íd. 23 129 D.P.R. 798 (1992). 24 397 U.S. 742, 748 (1970). 25 Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 804. CC-2005-0229 12
Por otro lado, recientemente, en Pueblo v. Montero
Luciano26, reiteramos la norma jurisprudencial que establece
que, al hacer alegación de culpabilidad, el acusado renuncia
a valiosos derechos constitucionales, entre ellos, el
derecho a que se pruebe su culpabilidad más allá de duda
razonable, el derecho a un juicio justo, imparcial y
público, el derecho a ser juzgado ante un juez o jurado, y
el derecho a presentar evidencia a su favor y rebatir la
evidencia presentada en su contra.
No obstante, hemos establecido que una sentencia
dictada a raíz de una alegación de culpabilidad es revisable
mediante recurso de certiorari, librado discrecionalmente, a
los fines de examinar un ataque a (1) la suficiencia de la
acusación, (2) la jurisdicción del tribunal sentenciador y
(3) para plantear alguna irregularidad en el pronunciamiento
de la sentencia.27 Hemos expresado que el hecho de que un
acusado haya sido convicto mediante una alegación de
culpabilidad no impide que éste ataque directamente la
validez de la alegación, cuando (4) es el resultado de
coacción o (5) cuando un tribunal incumple su deber de
investigar asuntos requeridos por la Constitución o por la
ley. Asimismo, hemos señalado que un convicto por alegación
26 2006 T.S.P.R. 158, 2006 J.T.S. 167, 169 D.P.R. __ (2006). Véase, además, Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 807. Además, también, Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 350 (1976) y Díaz Díaz v. Alcaide, 101 D.P.R. 846, 854 (1973). 27 Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 210 (1998); Pueblo v. Pueblo Internacional, 106 D.P.R. 202, 208 (1977). CC-2005-0229 13
de culpabilidad puede impugnar colateralmente su sentencia
(6) si no fue producto de una decisión inteligente.28
Aunque ciertamente hemos resuelto que al hacerse
alegación de culpabilidad se renuncia a valiosos derechos
constitucionales relacionados, esencialmente, con el acto
del juicio, y consustanciales con el derecho constitucional
a un debido proceso de ley, bajo ninguna circunstancia puede
interpretarse que tal alegación implica una renuncia total a
éste último. No puede ser de otra manera, pues la cláusula
del debido proceso de ley, consagrada en la Sección 7 de la
Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico29, ha
sido denominada como la disposición matriz de la garantía de
los derechos individuales ante la intervención injustificada
del Estado con el ciudadano.30 Dicho de otra forma, el
derecho constitucional a un debido proceso de ley representa
la garantía fundamental de protección que tiene un ciudadano
contra los posibles abusos o usos arbitrarios de poder por
parte del Estado y constituye la máxima garantía de la
aspirada justicia plena e imparcial. Es responsabilidad de
esta Curia proteger el derecho constitucional a un debido
28 Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, págs. 210-211. 29 Art. II, sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Dispone, en lo aquí pertinente, que:
[…]Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley… 30 Pueblo v. Montero Luciano, supra; Pueblo v. Vega, 198 D.P.R. 980 (1999). CC-2005-0229 14
proceso de ley como una de las columnas en que se erige
nuestro sistema de justicia.
Así las cosas, un ciudadano convicto mediante alegación
de culpabilidad, podría atacar dicha convicción, y la
sentencia dictada de conformidad, si cuenta con un
planteamiento o defensa meritoria de debido proceso de ley.
Podría hacerlo directamente, a través del recurso de
certiorari correspondiente, o colateralmente, a través de
procedimientos posteriores a la sentencia, perfeccionados
conforme a derecho, tales como la moción bajo la Regla 192.1
de Procedimiento Criminal, infra, y el recurso de habeas
corpus. Todo planteamiento o defensa de este tipo deberá
estar debidamente acreditada y fundamentada en el recurso o
moción presentada. Enfatizamos que si se tratare de un
ataque colateral a la sentencia, deberá conformarse
estrictamente a los fundamentos, condiciones,
circunstancias, planteamientos y normas de derecho que
gobiernan el procedimiento, recurso, mecanismo o moción
presentada a esos fines.
En vista de lo anterior, no le asiste la razón al
Procurador General cuando con sus argumentos ante nos
pretende implicar que, al hacer alegación de culpabilidad,
el señor Román Mártir renunció a todo planteamiento o
defensa apuntalada en el derecho constitucional a un debido
proceso de ley.
Ahora bien, descartada la procedencia de un ataque
directo a las sentencias condenatorias en controversia CC-2005-0229 15
mediante recurso de certiorari, por ausencia de
jurisdicción, debemos evaluar si el contenido del denominado
“Recurso de Apelación”, presentado por el convicto ante el
Tribunal de Apelaciones, cumplió con la Regla 192.1 de
Procedimiento Criminal, infra. Ello, con el objetivo de
determinar si dicho foro actuó con corrección jurídica al
(1) acoger el asunto planteado en él como una moción bajo la
referida regla y (2) remitirlo al tribunal sentenciador para
su disposición.
C
La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, en adelante
Regla 192.1, autoriza a cualquier persona que se encuentre
detenida en virtud de sentencia condenatoria, a presentar
una moción en la sede del Tribunal de Primera Instancia que
la dictó, con el objetivo de que sea anulada, dejada sin
efecto o corregida, en circunstancias en que se alegue el
derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los
fundamentos siguientes:
(1) La sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados Unidos; o (2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o (3) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o (4) la sentencia está sujeta a ataque 31 colateral por cualquier motivo.
31 34 L.P.R.A. Ap. II. CC-2005-0229 16
La moción en cuestión puede ser presentada ante el
tribunal sentenciador en cualquier momento, después de
dictada sentencia, incluso cuando ésta haya advenido final y
firme.32 La Regla 192.1 requiere que se incluyan en la
moción todos los fundamentos que tenga el peticionario para
solicitar el remedio provisto en la misma. Sobre este
particular, la referida norma procesal establece que se
considerarán renunciados los fundamentos no incluidos en la
moción, excepto que el tribunal, con base en un escrito
subsiguiente, determine que no pudieron razonablemente
presentarse en la moción original.33
El mecanismo procesal provisto por la Regla 192.1 puede
ser utilizado para atacar colateralmente la validez o
constitucionalidad de una sentencia criminal final y firme,
cuando el convicto está cumpliendo prisión por razón de la
misma.34 Los fundamentos para solicitar la revisión de una
sentencia bajo este mecanismo se limitan a planteamientos de
derecho, por lo que no puede ser utilizado para revisar
señalamientos sobre errores de hecho.35 La culpabilidad o
inocencia del convicto no es asunto susceptible de
32 Íd.; D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 7ma ed., San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2004, §15.5, pág. 221. 33 Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra. 34 Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883, 896 (1993); Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286, 292 (1975). 35 Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra; Pueblo v. Ruiz Torres, 127 D.P.R. 612, 615 (1990). Véase, además, Nevares Muñiz, op cit, pág. 221. CC-2005-0229 17
plantearse bajo este procedimiento, sino la cuestión de si
la sentencia impugnada está viciada por un error fundamental
que contradice la noción más básica y elemental de lo que
constituye un procedimiento criminal justo.36
Una moción al amparo de la Regla 192.1 procederá cuando
la sentencia dictada sea contraria a la ley o viole algún
precepto constitucional, haya sido dictada sin jurisdicción,
exceda la pena prescrita por la ley, o cuando esté sujeta a
un ataque colateral por un fundamento válido. El Tribunal
de Primera Instancia podrá, discrecionalmente, dejar sin
efecto la sentencia, ordenar la excarcelación del convicto y
su puesta en libertad, dictar nueva sentencia o conceder un
nuevo juicio, según proceda.37
Expuesta la normativa de derecho anterior, procedemos a
aplicarla a los hechos particulares del caso de marras.
Según se desprende del denominado “Recurso de
Apelación” presentado por el señor Román Mártir ante el
Tribunal de Apelaciones, éste se limitó a alegar en él lo
siguiente: que “se le violaron sus derechos como acusado y
le fue violado el debido proceso de ley”. En esa única,
llana y escueta afirmación descansó el convicto para atacar
su convicción y sentencia ante el foro intermedio apelativo.
36 D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed. revisada, San Juan, Ed. Programa Educación Jurídica Continua de la Facultad Derecho U.I.P.R., 1996, pág. 185. 37 Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 893; Pueblo v. Ruiz Torres, supra, pág. 614. Véase, además, Rivé Rivera, op cit., pág. 181. CC-2005-0229 18
En una comparecencia en forma de “Moción de Absolución
Perentoria” que por derecho propio radicó en nuestra
Secretaría, el señor Román Mártir alegó que:
…fue víctima del Tribunal de Justicia donde sus derechos como acusados [sic] fueron violados en una forma sin precedentes ya que este [sic] fue acusado con un coautor que el Tribunal le desestimó los cargos sin [el coautor] tener representación legal, en un caso en donde [sic] el peticionario [sic] y coacusado fueron sorprendidos montándose en vehículo que había sido hurtado en Bayamón (énfasis suplido).38
Adujo, además, que el Tribunal de Primera Instancia:
…actuó con pasión, prejuicio o parcialidad en contra del peticionario [sic] y favoreciendo al coacusado el día 23 de abril de 2003, entiéndase que el coacusado tiene un pariente una [sic] tía que labora en el Tribunal de Bayamón, entiéndase que éste [coautor] sin una representación legal que [sic] fue absuelto por dicho juez.39
Terminó solicitando en su moción:
…muy respetuosamente abducción [sic] perentoria en estos casos ya que el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón incidió y en consecuencia abuso [sic] de su discreción a todas luces improcedente en derecho. Lo cual tuvo el efecto de infringir el principio de la certeza y seguridad jurídica.40
En una comparecencia subsiguiente, el convicto nos
señaló que “fue acusado de unos delitos dónde al coacusado
38 “Moción de Absolución Perentoria”, presentada por el convicto en nuestra Secretaría el 12 de agosto de 2005, pág. 2. 39 Íd. 40 Íd. CC-2005-0229 19
[el] tribunal le desestimó los cargos [sic] dejando los
cargos al peticionario”.41
Las expresiones citadas no fueron hechas por el señor
Román Mártir al Tribunal de Apelaciones. Pero, aun si
hiciéramos abstracción de ese hecho, como hemos apreciado,
representan el mejor ejemplo de aserciones inmeritorias,
flacas, descarnadas y carentes de fundamento. La aseveración
hecha ante el Tribunal de Apelaciones de que el foro
primario le violó sus derechos como acusado y el derecho
constitucional a un debido proceso de ley, sin apoyarla allí
con datos y argumentos concretos, fue claramente
insuficiente para justificar acoger el denominado “Recurso
de Apelación” como una moción bajo la Regla 192.1. El
convicto ni remotamente cumplió con las exigencias de la
referida regla. Ésta le requería que incluyera todos los
fundamentos que a bien tuviera para solicitar un remedio.
No obstante, el señor Román Mártir no esbozó ninguno.
Coincidimos con la profesora Dora Nevares Muñiz, quien
al interpretar la Regla 192.1 comenta, y así lo resolvemos,
que si de su faz la moción presentada a su amparo no
demuestra que el peticionario tiene derecho a algún remedio,
deberá ser rechazada de plano.42 Si es inmeritoria de su
faz, lo procedente es su declaración “Sin Lugar”, sin
ulterior trámite. Siendo el procedimiento provisto por la
41 Moción intitulada presentada en nuestra Secretaría por el señor Román Mártir el 31 de octubre de 2005, pág. 2. 42 Nevares Muñiz, op cit, pág. 221. CC-2005-0229 20
referida regla uno de naturaleza civil, semejante al recurso
de habeas corpus, separado e independiente del procedimiento
criminal cuya sentencia se impugna, es el peticionario quien
tiene el peso de la prueba para demostrar que tiene derecho
al remedio solicitado.43 Le corresponde en primera instancia
al recluso, mediante la presentación de la moción, poner al
tribunal en condiciones de resolver, a través de datos y
argumentos de derecho concretos, que es imperiosa la
celebración de una vista, para atender sus fundados
planteamientos constitucionales, o de ausencia de
jurisdicción, o de ilegalidad de la pena impuesta, a tenor
con la concernida regla.
En el presente caso, las cuatro (4) acusaciones que
pesaban contra el señor Román Mártir alegaban su condición
de reincidente habitual. La implicación de ello era que de
resultar culpable en juicio, se exponía a una condena de
separación permanente de la sociedad, reclusión perpetua.44
Producto de sus alegaciones de culpabilidad, preacordadas
con el Ministerio Público y aceptadas por el Tribunal de
Primera Instancia, se eliminaron de los pliegos acusatorios
las alegaciones sobre reincidencia habitual. El señor Román
Mártir se benefició claramente de ello: obtuvo una condena
de sólo ocho (8) años de prisión.
43 Rivé Rivera, op cit., págs. 190-191. 44 Artículo 62 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. ant. sec. 3302. CC-2005-0229 21
Las sentencias condenatorias dictadas demuestran que el
convicto, de conformidad con la Regla 70 de Procedimiento
Criminal45, fue examinado bajo juramento por el Tribunal de
Primera Instancia, luego de lo cual realizó las alegaciones
de culpabilidad, voluntariamente, con conocimiento de la
naturaleza de los delitos graves imputados y de las
consecuencias de las mismas. Inclusive, surge de las
referidas sentencias que el señor Román Mártir solicitó al
tribunal que lo sentenciara en el acto. El convicto no
trajo a la atención del Tribunal de Apelaciones fundamento
alguno que demostrase que al dictarse las sentencias en
controversia el foro primario actuó inconstitucionalmente,
sin jurisdicción o excediendo la pena prescrita en la ley.
Tampoco realizó un ataque colateral contra ellas por un
motivo válido. Sencillamente, el señor Román Mártir no
planteó ante el foro intermedio apelativo una legítima
controversia de derecho que justificara la concesión de
algún remedio bajo la Regla 192.1.
No podemos perder de perspectiva que el proceso de
impartir justicia incluye la debida protección del
principio de finalidad de los procedimientos penales. Por
tener como objetivo lograr la revocación de convicciones y
sentencias finales y firmes, la Regla 192.1 debe ser vista
por los tribunales como una de naturaleza excepcional.
Así, las mociones a su amparo deben ser examinadas con un
gran cuidado, desplegándose en todo momento un juicioso y
45 34 L.P.R.A. Ap. II. CC-2005-0229 22
responsable ejercicio de discreción. Recordemos que es
imperativo que los convictos de delito presenten en
procedimientos apelativos todos los fundamentos que a bien
tengan para atacar sus convicciones y sentencias. Nos
corresponde desalentar que éstos levanten dichos
fundamentos en procedimientos posteriores colaterales,
máxime si, como en el presente caso, se esgrimen argumentos
infundados y peregrinos. No debemos alimentar la
congestión de nuestros tribunales con recursos inmeritorios
de reclusos que tienen como propósito permanecer en el foro
judicial atacando colateralmente sentencias no apeladas o
infructuosamente apeladas, en un esfuerzo de revocar
veredictos, fallos o sentencias de culpabilidad finales y
firmes.
III
Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que
erró el Tribunal de Apelaciones al acoger el denominado
“Recurso de Apelación” presentado por el señor Román Mártir
como una moción al amparo de la Regla 192.1 y remitirlo al
Tribunal de Primera Instancia para su dilucidación.46
46 Queremos acentuar que la competencia para resolver una moción bajo la Regla 192.1 es del tribunal sentenciador. Si el “Recurso de Apelación” del convicto hubiese cumplido con las exigencias de la moción regulada por la referida regla procesal criminal, la actuación del Tribunal de Apelaciones hubiera sido una jurídicamente correcta. Nótese que dicho foro no dilucidó la moción (el “Recurso de Apelación”) sino que, en obediencia a la referida norma de competencia, lo remitió a tales fines al Tribunal de Primera Instancia. CC-2005-0229 23
Debió, sin más, desestimar el recurso del convicto por
falta de jurisdicción.
En virtud de lo que aquí resolvemos, procede revocar la
resolución del Tribunal de Apelaciones y desestimar el
denominado “Recurso de Apelación” presentado por el
convicto.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2005-229
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, resolvemos que erró el Tribunal de Apelaciones al acoger el “Recurso de Apelación” presentado por el aquí recurrido como una moción al amparo de la Regla 192.1 y remitirlo al Tribunal de Primera Instancia para su dilucidación. Debió, sin más, desestimar el recurso del convicto por falta de jurisdicción.
En virtud de lo que aquí resolvemos, procede revocar la resolución del Tribunal de Apelaciones y desestimar el “Recurso de Apelación” presentado por el recurrido.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurren sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo