EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario Certiorari
v. 2010 TSPR 8
Juan L. Rivera Vázquez 177 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2009-136
Fecha: 26 de enero de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez/Aguadilla
Juez Ponente: Hon. Héctor Cordero Vázquez
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaira Z. Giron Anadón
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Eileen N. Díaz Ortiz
Materia: Art. 211 C.P.
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Peticionario
v. CC-2009-136 Certiorari
Juan L. Rivera Vázquez
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON.
San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2010.
Nos corresponde determinar cuál es el efecto
de una desestimación al amparo de la Regla 64(p) de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, por una
ausencia total de prueba en vista preliminar. Por
entender que en estos casos procedería celebrar una
vista preliminar en alzada, revocamos.
I.
Según las alegaciones del Ministerio Público,
Ivonne Echevarría Báez retiró dinero de un cajero
automático del Banco Popular de Puerto Rico ubicado
en el Municipio de Las Marías. No obstante, luego de
realizar dicha transacción, olvidó remover su tarjeta
de débito (ATH) y borrar su contraseña. Acto seguido,
Juan L. Rivera Vázquez, quien era el próximo cliente CC-2009-136 2
en la fila, se aprovechó de ese descuido y procedió a retirar
$400.00 de la cuenta de Echevarría Báez.
Por estos hechos, el Ministerio Público imputó a Rivera
Vázquez haber cometido el delito grave de apropiación ilegal
de identidad, en contravención del Art. 216 del Código Penal
de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4844. A base de esta denuncia, el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez,
determinó causa probable para el arresto de Rivera Vázquez
conforme a la Regla 6(a) de Procedimiento Criminal, supra.
Antes de celebrarse la vista preliminar, el Ministerio
Público solicitó enmendar la denuncia para reclasificar el
delito a uno de fraude por medio informático, tipificado en
el Art. 211 del Código Penal, supra. Posteriormente, el foro
de instancia determinó causa probable para acusar por dicho
delito. No obstante, luego de sometido el pliego acusatorio,
Rivera Vázquez presentó una moción de desestimación al amparo
de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra. Adujo que
durante la vista preliminar hubo ausencia total de prueba
sobre los elementos del delito y sobre su conexión con éste.
El Estado, por su parte, replicó que la prueba desfilada en
dicha vista fue suficiente para determinar causa probable por
el delito de fraude informático imputado en la acusación.
Examinado el asunto, y considerados los argumentos de
las partes, el foro de instancia desestimó la acusación por
entender que la prueba desfilada en la vista preliminar no
estableció uno de los elementos del delito de fraude por
medio informático. En específico, resolvió que no se probó el
elemento de “manipulación informática”. Por ende, excarceló a CC-2009-136 3
Rivera Vázquez y lo citó, junto a los testigos de cargo, a
otra “vista preliminar”.
Llegado el día señalado para esa audiencia, sin embargo,
otro juez del Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso
por estimar que no tenía jurisdicción para celebrar una nueva
vista preliminar. Según el foro de instancia, en este caso lo
que procedía era realizar una vista preliminar en alzada. Aun
así, no llevó a cabo dicha vista ni refirió el asunto a otro
magistrado para que la celebrara.
En desacuerdo, el Estado —por conducto de la Procuradora
General— recurrió ante el Tribunal de Apelaciones y argumentó
que el foro de instancia había errado al desestimar el caso
por falta de jurisdicción. A su juicio, no había impedimento
jurídico alguno para celebrar la vista antes mencionada y, en
cualquier caso, el asunto que restaba por dilucidar era la
competencia del tribunal. En otras palabras, la controversia
se limitaba a resolver si procedía celebrar una nueva vista
preliminar o, en cambio, una vista preliminar en alzada.
Oportunamente, el foro apelativo intermedio revocó. No
obstante, aplicó a este caso la normativa pautada en Pueblo
v. Camacho Delgado, 2008 T.S.P.R. 174, res. el 27 de octubre
de 2008, y conforme a ésta, concluyó que una desestimación
según la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal deja sin
efecto la determinación de causa probable para arresto. Por
lo tanto, resolvió que si el Estado aún tenía interés en
procesar a Rivera Vázquez, y el delito no prescribió, debía
presentar un proyecto de denuncia y solicitar una nueva
determinación de causa probable para arresto. CC-2009-136 4
Aún insatisfecha, la Procuradora General comparece ante
nos y solicita que revoquemos el dictamen recurrido. En su
recurso, argumenta que cuando se desestima una acusación al
amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra,
por ausencia total de prueba para sustentar la determinación
de causa probable, muy bien procedería celebrar una vista
preliminar en alzada. No obstante, aduce que es impropio
extender la normativa de Pueblo v. Camacho Delgado, supra, a
este tipo de casos, ya que el efecto de la desestimación al
amparo de la citada Regla 64 se tiene que examinar conforme a
cada uno de sus incisos y los fundamentos utilizados para
concederla. A su entender, cada uno de éstos está basado en
normas diversas, no relacionadas entre sí.
Examinado el recurso, ordenamos a Rivera Vázquez mostrar
causa por la cual no debíamos revocar la sentencia recurrida.
Luego de analizar su comparecencia, así como la réplica de la
Procuradora General, procedemos a resolver según lo intimado.
II.
A.
La Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra, exige
celebrar una vista preliminar en todos los casos de delito
grave. En esencia, el propósito principal de esta vista es
evitar que una persona sea sometida injustificadamente a
los rigores de un proceso penal. Ello se logra mediante la
exigencia de que el Estado presente alguna prueba sobre
los elementos constitutivos del delito y sobre la conexión
del imputado con su comisión. El imputado, por su parte,
puede presentar prueba a su favor y contrainterrogar a los CC-2009-136 5
testigos de cargo. De esta manera, si luego de evaluar la
prueba desfilada el juez se convence de que existe causa
probable para acusar, debe autorizar que se presente la
acusación en contra del imputado. De lo contrario, lo debe
exonerar y ponerlo en libertad si estaba detenido. Véanse:
Pueblo v. Ríos Alonso, 149 D.P.R. 761, 766-67 (1999);
Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 663 (1985).
En este sentido, la vista preliminar posee los rasgos
de un modelo procesal híbrido que permite evaluar, tanto
la validez del arresto, como las probabilidades de que la
persona sea culpable del delito grave que se le imputa. En
esta etapa del procedimiento, sin embargo, no se hace una
adjudicación en los méritos sobre la culpabilidad de la
persona imputada, pues no se trata de un “mini juicio”. Es
por ello que el Ministerio Público no tiene que presentar
toda prueba en su poder, sino que puede utilizar aquella
que estime suficiente para sustentar su argumento de que
existe causa para acusar. Claro está, esa prueba tiene que
ser admisible en el juicio. Véanse: Pueblo en interés del
menor K.J.S.R., 2007 T.S.P.R. 194, res. el 6 de noviembre
de 2007, págs. 6-8; Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R.
656, 662 (1997); Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra.
Como reseñamos anteriormente, la existencia de causa
probable en la etapa de la vista preliminar concede la
debida autorización al Ministerio Público para presentar
la acusación de rigor. En ausencia de tal determinación,
sin embargo, éste no puede presentar cargo alguno contra
el imputado. De ordinario, se alude a tres situaciones por CC-2009-136 6
las cuales un magistrado puede concluir que no existe
causa probable para acusar: (1) la prueba desfilada en la
vista preliminar no establece a satisfacción del juzgador
la probabilidad de que el delito se haya cometido o la
conexión del imputado con éste; (2) la prueba desfilada
establece la probable comisión de otro delito o uno menor
al que se imputó en la denuncia, y (3) existen razones de
estricto derecho, desvinculadas a la prueba presentada,
que requieren una determinación de “no causa”. Pueblo en
interés del menor K.J.S.R., supra.
En lo pertinente al caso de autos, si un magistrado
determina que no existe causa probable para acusar por una
insuficiencia de prueba para demostrar que se cometió un
delito o que el imputado lo cometió, el Ministerio Público
puede elegir uno de entre dos cursos de acción posibles.
En esencia, éste puede desistir de procesar al individuo o
puede recurrir ante otro magistrado con la misma prueba, o
con prueba distinta, para que se celebre una segunda vista
preliminar. Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, supra;
Pueblo v. García Saldaña, 151 D.P.R. 783, 791 (2000);
Pueblo v. Ríos Alonso, supra, págs. 767-68.
Esta audiencia, conocida comúnmente como la “vista
preliminar en alzada”, no constituye una apelación de la
vista inicial. Se trata, más bien, de una vista de novo,
totalmente independiente de la primera. A través de ésta,
el Ministerio Público obtiene una segunda oportunidad para
procurar una determinación de causa probable por el delito
grave que entiende ha cometido la persona imputada. Así, CC-2009-136 7
pues, la vista preliminar inicial y la vista preliminar en
alzada son partes de un mismo y continuo proceso judicial.
Pueblo v. Vallone, Jr., 133 D.P.R. 427, 433 (1993); véase
E. L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico
y Estados Unidos, Bogotá, Forum, 1995, Vol. III, pág. 63.
Ahora bien, una decisión adversa para el Estado en la
vista en alzada —inexistencia de causa por insuficiencia
de la prueba presentada o causa probable por un delito
menor o distinto al imputado— es final. En otras palabras,
dicho dictamen no es revisable ante un foro de jerarquía
superior ni susceptible de ser modificado por una tercera
vista preliminar. Por excepción, el recurso de certiorari
sólo está disponible para el Ministerio Público cuando se
trata de revisar una determinación de “no causa” basada en
una cuestión de derecho. Por lo tanto, la vista preliminar
en alzada o de novo es el único remedio que generalmente
tiene el Estado para impugnar una determinación adversa en
esta etapa de los procedimientos. Pueblo en interés del
menor K.J.S.R., supra; véanse: Pueblo v. Rodríguez Ríos,
136 D.P.R. 685 (1994); Pueblo v. Cruz Justiniano, 116
D.P.R. 28 (1984); Chiesa Aponte, supra.
B.
En contraste con lo anterior, el remedio exclusivo
del acusado ante una determinación de causa probable en la
vista preliminar, ya sea la vista inicial o la vista en
alzada, es la desestimación al amparo de la Regla 64(p) de
Procedimiento Criminal, supra. En esencia, la citada regla
permite que la persona acusada pueda presentar, con veinte CC-2009-136 8
días de antelación al comienzo del juicio, una moción para
desestimar el pliego acusatorio o cualquier cargo incluido
en éste, cuando no se ha determinado causa probable por un
juez u ordenado su detención para responder del delito con
arreglo a la ley y a derecho. Íd. Véase Pueblo v. Jiménez
Cruz, 145 D.P.R. 803, 815 (1998).
Según esta regla, se pueden invocar dos fundamentos
para la desestimación de la denuncia (en casos de delito
menos grave) o de la acusación (en casos de delito grave).
Por una parte, se puede alegar que la determinación de
causa probable se tomó aunque hubo una ausencia total de
prueba en la vista preliminar. Por otra parte, se puede
argumentar que se infringió alguno de los requisitos o
derechos procesales que se deben observar en dicha vista.
Ambos fundamentos requieren una demostración clara del
error que se imputa al magistrado, pues toda determinación
de causa probable para acusar goza de una presunción de
corrección. Véanse: Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, pág.
662; Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37, 42-43 (1989).
En el primer supuesto —ausencia total de prueba en la
vista preliminar— puede ser necesario celebrar una vista
para resolver la moción de desestimación al amparo de la
Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra. Ahora bien,
el propósito de esa audiencia no es recibir prueba que no
se presentó en vista preliminar. Esto pues, de ordinario,
en una moción de desestimación como ésta no se pasa juicio
sobre la corrección de la determinación de causa probable
para acusar. Más bien, mediante dicha moción lo que se CC-2009-136 9
debe determinar es si en la vista preliminar, ya sea en la
inicial o la “en alzada”, hubo una situación de ausencia
total de prueba. En fin, la evaluación de un dictamen de
causa probable no es propiamente una apelación. Es sólo en
el caso particular de que haya ausencia total de prueba en
la vista preliminar que se permite sustituir el criterio
del juez que atienda la moción por el del magistrado que
haya presidido la vista aludida. Pueblo v. Rodríguez Ríos,
supra; Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R.
592, 594 (1972).
En tales circunstancias, se debe examinar la prueba
de cargo y de defensa desfilada en la vista preliminar, y
determinar si esa prueba establece la probabilidad de que
esté presente cada uno de los elementos del delito y la
conexión del imputado con éste. Además, se debe considerar
que aunque la prueba pueda establecer la posible comisión
de otro delito, sólo procede desestimar ante un caso claro
de ausencia total de prueba sobre uno o varios elementos
del delito imputado, o sobre la conexión de la persona con
éste. Véase Pueblo v. Rivera Alicea, supra.
En cambio, en el segundo supuesto —incumplimiento con
el procedimiento establecido para la vista preliminar—, se
trata de determinar si se violó algún derecho procesal del
acusado. En este sentido, el juez que atienda una moción
de desestimación bajo este fundamento tiene el deber de
considerar si la vista preliminar se realizó de acuerdo
con lo dispuesto en la Regla 23 de Procedimiento Criminal,
supra, y si se ofrecieron todas las garantías procesales CC-2009-136 10
correspondientes. Por ende, no tienen que considerarse los
hechos del caso ni la suficiencia de éstos para configurar
el delito imputado. Así, por ejemplo, podría tratarse de
que el juez tuvo un contacto indebido con la prueba antes
de la vista preliminar o de que no se pusieron en manos de
la defensa las declaraciones juradas de los testigos que
declararon en la referida vista. Véanse: Pueblo v. Rivera
Rodríguez, 138 D.P.R. 138 (1995); Pueblo v. López Guzmán,
131 D.P.R. 867 (1992).
Ahora bien, aunque frecuentemente se presentan casos
ante nuestra consideración sobre la aplicación correcta de
las normas jurídicas antes reseñadas, no habíamos tenido
oportunidad de determinar concretamente cuál es el efecto
de una desestimación al amparo de la citada Regla 64(p).
Tampoco las Reglas de Procedimiento Criminal contienen una
disposición particular sobre el curso procesal que ha de
seguirse ante una determinación de que hubo ausencia total
de prueba en la vista preliminar. Por tal razón, debemos
interpretar las normas que rigen el ordenamiento procesal
penal vigente para contestar esa interrogante. Examinemos
dicha normativa con mayor detenimiento.
III.
La Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, dispone
que la desestimación de una causa al amparo de la citada
Regla 64 no impide el inicio de otro proceso, salvo que se
trate de un defecto insubsanable o de un caso por delito
menos grave desestimado por el transcurso de los términos CC-2009-136 11
de enjuiciamiento rápido establecidos en el inciso (n) de
dicha disposición. Véase Pueblo v. Camacho Delgado, 2008
T.S.P.R. 174, res. el 27 de octubre de 2008; véanse,
además: Chiesa Aponte, supra, vol. II, págs. 114-15; O. E.
Resumil Ramírez, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho
proce-sal penal, Orford, Butterworth, 1993, págs. 278-79.
De otra parte, la Regla 66 de Procedimiento Criminal,
supra, establece que el tribunal debe denegar la moción de
desestimación si los alegados defectos de la denuncia, la
acusación o el pliego de especificaciones son subsanables
mediante enmienda. Esto es, el tribunal debe requerir la
enmienda, no desestimar el proceso penal seguido contra el
acusado. Además, si se desestima por un defecto particular
en la presentación o la tramitación del proceso, o en la
acusación o la denuncia, puede ordenar que se mantenga al
acusado bajo custodia, o que continúe bajo fianza por un
término específico, sujeto a que se presente una acusación
o denuncia nueva. Finalmente, según la regla, lo dispuesto
en ésta no puede afectar el término de prescripción.
De una simple lectura de las disposiciones reseñadas,
se puede advertir que la desestimación en un proceso penal
no tiene un efecto determinado, rígido e inflexible. De
hecho, conforme al texto claro de estas reglas, no toda
desestimación conlleva el final de la causa penal. Además,
según la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, la
desestimación de dicha causa no implica necesariamente un
impedimento para iniciar otro proceso. Ello se debe, en
gran medida, a los antecedentes de ambas reglas y a que el CC-2009-136 12
efecto de la decisión que se tome al resolver una moción
de desestimación depende, a fin de cuentas, del fundamento
de tal solicitud. Véase E. L. Chiesa Aponte, Efecto de la
desestimación de la denuncia o acusación: Impedimento o no
para un nuevo proceso, 54 Rev. Jur. U.P.R. 495, 498-99
(1985); Chiesa Aponte, supra, Vol. III, págs. 184-87.
Cónsono con lo anterior, el profesor Chiesa Aponte ha
trazado el origen de las Reglas 66 y 67 de Procedimiento
Criminal, supra, para establecer su relación con cada uno
de los fundamentos de la moción de desestimación al amparo
de la Regla 64 antes citada. Según su análisis, las dudas
que surgen en torno al efecto de la desestimación de un
proceso penal radican en la mezcla, en una sola regla, de
varios fundamentos que nada tienen que ver entre sí. Al
respecto, éste señala que al consolidar las razones para
solicitar la desestimación en una disposición única, no se
podían combinar unas con otras en cuanto a su efecto sobre
la posibilidad de iniciar otro proceso penal por el mismo
delito. Por tanto, lo establecido en las citadas reglas no
puede aplicarse sin tomar en consideración sus diversos
antecedentes. Chiesa Aponte, supra, págs. 498-99.
Así, por ejemplo, la distinción entre los defectos
subsanables e insubsanables que dimana de las Reglas 66 y
67 de Procedimiento Criminal, supra, no se refiere a los
términos para presentar la denuncia o la acusación, ni
para comenzar el juicio. Más bien, se refiere a defectos
en la imputación de delito en el pliego acusatorio o en el
pliego de particulares. Chiesa Aponte, supra, pág. 498. CC-2009-136 13
De hecho, un examen de la procedencia de ambas reglas
nos revela que con éstas se pretendió reglamentar, entre
otras cosas, el efecto de la abolida alegación conocida
como el demurrer o la excepción perentoria. Esta materia,
que antes estaba regulada por el capítulo III del Título
VI del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935, ahora
está regida por la Regla 64(a) de Procedimiento Criminal,
supra. Según este inciso, el tribunal puede desestimar la
denuncia o la acusación si “no imputa un delito”. Es aquí,
precisamente, que entran en juego las Reglas 66 y 67 antes
citadas: si el defecto de insuficiencia es subsanable, se
debe ordenar la enmienda y denegar la moción, pero si el
defecto es insubsanable, se tiene que desestimar la causa
penal. En este último caso, por supuesto, la Regla 67 de
Procedimiento Criminal, supra, impediría el inicio de otro
proceso por el mismo delito.
Por otra parte, puede ocurrir que en vez de tratarse
de un defecto en la forma o el contenido de la denuncia o
la acusación, el tribunal se enfrente a un defecto en la
tramitación del proceso penal. En este tipo de casos, la
Regla 66 de Procedimiento Criminal, supra, también provee
una solución. Por ejemplo, si se trata de un caso en que
el pliego acusatorio no fue presentado por un fiscal con
autoridad para ello, tal vez porque su término ya había
vencido al someterse el mismo, no sería posible corregir
semejante defecto mediante una enmienda.
Ahora bien, ello no quiere decir que dicha falta sea
insubsanable y que, por lo tanto, conlleve el final de la CC-2009-136 14
causa penal. Ante estas circunstancias, lo que procede es
invocar la Regla 66 antes citada, desestimar solamente el
pliego acusatorio y, a discreción del tribunal, ordenar
que se mantenga en custodia al acusado o que éste continúe
bajo fianza por un término en específico, mientras se
presenta nuevamente la denuncia o la acusación de acuerdo
con los requisitos de rigor. Esa nueva presentación debe
realizarse, claro está, antes de que transcurra el término
prescriptivo correspondiente.
Por último, existen casos en que si bien estamos ante
un defecto “insubsanable”, en el sentido de que no cabría
corregirlo por una enmienda al pliego acusatorio o por la
continuación del trámite tras la presentación de una nueva
denuncia o acusación, éste no impide el inicio de otro
proceso. Así ocurre con la violación de los términos de
enjuiciamiento rápido que se establecen en la Regla 64(n)
de Procedimiento Criminal, supra, en los casos de delito
grave. Por eso, en tales circunstancias, es necesario que
se reinicie el proceso penal en la etapa de causa probable
para arresto o Regla 6 si se desestima la causa por un
defecto de esta naturaleza. Véanse, e.g.: Pueblo v. Pérez
Pou, 2009 T.S.P.R. 5, res. el 14 de enero de 2009; Pueblo
v. Camacho Delgado, supra; Pueblo v. Carrión Rivera, 159
D.P.R. 633 (2003); véase Chiesa Aponte, supra, Vol. II,
págs. 85-86.
No obstante, entendemos que la normativa pautada a
tales efectos en Pueblo v. Camacho Delgado, supra, estuvo
dirigida a atender el caso particular de una violación al CC-2009-136 15
término de enjuiciamiento rápido establecido en la Regla
64(n)(5) de Procedimiento Criminal, supra. A nuestro
juicio, y según lo expuesto anteriormente, es improcedente
extenderla automáticamente a otros incisos de la Regla 64
de Procedimiento Criminal, supra.
Por consiguiente, concluimos que para determinar el
efecto que se ha de reconocer a una desestimación al
amparo de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, supra, se
deben considerar el inciso de la regla invocado por la
defensa y el fin al cual responde. Es decir, se tiene que
tomar en cuenta el fundamento invocado para solicitar la
desestimación, antes de precisar cuál ha de ser el curso
procesal que se debe seguir, ya sea conforme a la Regla 66
o a la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra.
En lo pertinente, la controversia presentada en este
caso difiere de lo que sucede si se desestima una causa
penal por una violación a los términos de enjuiciamiento
rápido. Ello es así, pues existe un remedio adecuado para
corregir el defecto procesal que ocasiona la desestimación
de un caso por no determinarse causa probable conforme a
derecho: celebrar otra vista preliminar que se ajuste a la
ley y a derecho, ya sea una vista nueva o una vista en
alzada. El tipo de vista dependerá de la etapa en la que
estaba el caso y la razón que motivó la desestimación.
En este sentido, es preciso recordar que existen dos
fundamentos que se pueden invocar para solicitar una
desestimación conforme a la Regla 64(p) de Procedimiento CC-2009-136 16
Criminal, supra. Por un lado, cuando el fundamento que se
invoca para la desestimación de la causa penal es que hubo
una ausencia total de prueba en la vista preliminar
inicial, entonces procede que se celebre una vista
preliminar en alzada. Ello, claro está, dentro del término
correspondiente. Véase Pueblo v. Vélez Castro, 105 D.P.R.
246, 248 (1976). Esto es el resultado de que, a manera de
excepción, cuando un juez desestima una acusación por una
ausencia total de prueba en la vista preliminar, en efecto
está resolviendo que en dicha audiencia se debió emitir
una determinación de “no causa” probable para acusar. Por
eso, finalmente, si la desestimación se produce contra una
vista preliminar en alzada, el Ministerio Público no tiene
remedio alguno. Véanse: Pueblo v. Cruz Justiniano, supra;
Chiesa Aponte, Vol. III, págs. 182-84.
No obstante, si de lo que se trata es de que la vista
no se celebró de acuerdo con el procedimiento dispuesto en
nuestro ordenamiento procesal penal o de que no se cumplió
con alguna garantía inherente a éste, entonces se debe
celebrar una vista preliminar en sustitución de la vista
“anulada”. En este contexto, no es que la desestimación
sustituya el criterio del juez que presidió la vista, sino
que a causa de los defectos en la tramitación del proceso
esa vista se debe dejar sin efecto. Por consiguiente, si
la vista preliminar anulada era la vista original, procede
ordenar la celebración de otra vista inicial. En cambio,
si se trata de la anulación de una vista preliminar en
alzada, procede celebrar otra vista de esa índole. Véanse: CC-2009-136 17
Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 D.P.R. 363, 384 (1999);
Pueblo v. Rivera Rodríguez, supra; Pueblo v. Padilla
Flores, 127 D.P.R. 698 (1991). Véase, a modo ilustrativo,
Informe de Reglas de Procedimiento Penal, diciembre de
2008, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial,
Tribunal Supremo de Puerto Rico, págs. 290-93.
Evidentemente, en ambos casos, de lo que se trata es
de corregir un defecto en el trámite del proceso penal. El
efecto de la desestimación es, por lo tanto, el previsto
en la Regla 66 de Procedimiento Criminal, supra. Por ello,
el tribunal de instancia debe desestimar sólo el pliego
acusatorio —ya sea la denuncia o la acusación. A su vez,
puede ordenar que se mantenga a la persona bajo custodia o
bajo fianza por un término en específico, mientras que se
presenta la nueva denuncia u acusación. Esto, claro está,
luego que el Ministerio Público obtenga la autorización
para ello.
A la luz de la normativa expuesta, pasemos a disponer
concretamente del caso ante nuestra consideración.
IV.
En este caso es forzoso concluir que tanto el foro de
instancia, como el Tribunal de Apelaciones, cometieron el
error señalado por la Procuradora General en su recurso.
Como reseñamos anteriormente, Rivera Vázquez presentó una
moción de desestimación de acuerdo con la Regla 64(p) de
Procedimiento Criminal, supra, porque no se le determinó
causa probable para acusar conforme a derecho. Ello en
atención a que en la vista preliminar hubo ausencia total CC-2009-136 18
de prueba sobre el elemento de “manipulación informática”.
Ante ese reclamo, el Tribunal de Primera Instancia dio la
razón a la defensa y desestimó la acusación. No obstante,
citó tanto a Rivera Vázquez como a los testigos de cargo a
Llegado el día para dicha audiencia, otro magistrado
desestimó el caso por entender que carecía de jurisdicción
para celebrar una “nueva vista preliminar”. Éste razonó
que lo que procedería en estos casos es celebrar una vista
preliminar en alzada. El foro apelativo intermedio, sin
embargo, resolvió que aunque el tribunal de instancia erró
al declararse sin jurisdicción, el asunto debía enviarse a
otro juez para que realizara una nueva determinación de
causa probable para arresto.
No hay duda, a nuestro juicio, de que tal resultado
es incompatible con nuestro ordenamiento procesal penal.
Esto, pues como hemos expresado, a diferencia de lo que
sucede cuando se desestima una causa penal por violación a
los términos de enjuiciamiento rápido, la desestimación de
un caso porque no se determinó causa probable conforme a
derecho lo que requiere es la celebración de otra vista
preliminar que se ajuste a la ley y a derecho. Ahora bien,
el tipo de vista que ha de celebrarse, sea vista “inicial”
o “vista en alzada”, depende del fundamento que invocó la
defensa y de la etapa en la que se tomó la determinación
de causa probable para acusar.
Por lo tanto, examinadas las circunstancias concretas
del caso hoy ante nuestra consideración, consideramos que CC-2009-136 19
ante la desestimación de la acusación por una ausencia
total de prueba en la vista preliminar original, el Fiscal
puede solicitar una vista preliminar en alzada. En este
sentido, es inapropiado ordenar el reinicio del proceso a
través de una determinación de causa probable para el
arresto de Rivera Vázquez. Ello es así, pues en el caso de
una desestimación al amparo de la Regla 64(p) antes citada
existe un remedio adecuado para corregir el defecto en el
trámite: celebrar otra vista preliminar, y en el contexto
particular ante nos, una vista preliminar en alzada.
En este caso, tanto la Procuradora General como la
Sociedad de Asistencia Legal (que representa legalmente a
Rivera Vázquez) están conformes en cuanto a que procedería
celebrar una vista preliminar en alzada. La defensa alega,
sin embargo, que el Ministerio Público nunca solicitó una
vista preliminar de esa índole. Por tal razón, nos señala
que debemos confirmar la sentencia recurrida.
A pesar de dicho argumento, consideramos meritorio el
señalamiento de la Procuradora General en términos de que
no solicitó expresamente una vista preliminar en alzada,
pues ya había obtenido una orden del tribunal de instancia
para celebrar otra vista preliminar. Ante la novedad de la
controversia ante nos, y en vista de las circunstancias
particulares de este caso, resolvemos que si el Ministerio
Público aún tiene interés en procesar a Rivera Vázquez, le
puede solicitar al Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Mayagüez, que señale una vista preliminar en
alzada. Es, de esta forma, que se lograría reinstaurar el CC-2009-136 20
cauce procesal del caso de autos. En el futuro, y ante un
contexto similar, el tribunal de instancia puede ejercer
su discreción para ordenar que se mantenga bajo custodia o
bajo fianza a la persona imputada, según lo establece la
Regla 66 de Procedimiento Criminal, supra.
V.
Por los fundamentos antes expuestos, se expide el
auto de certiorari y se revoca la sentencia dictada por el
Tribunal de Apelaciones.
Federico Hernández Denton Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se expide el auto de certiorari y se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.
Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera Pérez disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo