EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pueblo de Puerto Rico Recurrido Certiorari
v. 2015 TSPR 73
Richard Rolón Rodríguez 193 DPR ____ Peticionario
Número del Caso: CC-2014-113
Fecha: 9 de junio de 2015
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón Panel VII
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jesús Miranda Díaz Lcdo. Carlos Beltrán Meléndez
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General
Lcda. Lisa M. Durán Ortiz Procuradora General Auxiliar
Materia: Derecho Constitucional/ Procedimiento Criminal – Registros y Allanamientos; Regla 231 de Procedimiento Criminal – Suficiencia y validez de orden de allanamiento en que se omitieron los hechos y fundamentos para emitirla.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v. CC-2014-0113
Richard Rolón Rodríguez
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2015.
La garantía contra los registros y allanamientos irrazonables representa la voluntad de negarles a los gobiernos mejor intencionados, en aras de una libertad individual preciada, medios eficaces y aun aparentemente indispensables para lograr objetivos meritorios. Se estructuró precisamente ese derecho para proteger al ciudadano aun de los gobiernos democráticos más escrupulosos.1
En esta ocasión, nos corresponde evaluar la validez y
suficiencia de una orden de allanamiento conforme a las
exigencias constitucionales y estatutarias aplicables.
Específicamente, nos atañe determinar el efecto de omitir
en una orden de allanamiento los hechos y fundamentos que
1 Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 327-28 (1979) (Hon. José Trías Monge). CC-2014-0113 2
dieron base a su expedición, según éstos constan en la
declaración jurada que fue prestada ante un magistrado, la
cual tampoco se incluyó como anejo al momento de
diligenciar la orden y llevar a cabo el allanamiento.
De esta manera, revalidamos la norma pautada por este
Tribunal en casos resueltos previo a la vigencia de la
Regla 231 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,
R.231. En éstos, al amparo de disposiciones análogas del
Código de Enjuiciamiento Criminal, se sostuvo que una
orden de allanamiento que no expusiera los fundamentos que
dieron base a su expedición resultaba insuficiente de su
faz y, por tanto, activaba la protección constitucional
que prohíbe el uso de evidencia ilegalmente obtenida.
I
Los hechos que subyacen la controversia que nos ocupa
se originan en una pesquisa investigativa iniciada por la
Policía de Puerto Rico. El 21 de marzo de 2013, el Sr.
José L. Ramos, Agente de la División de Drogas de Vega
Baja, recibió una llamada mediante la cual un confidente
anónimo le informó acerca de alegadas actividades
relacionadas al trasiego de sustancias controladas en una
residencia de tres niveles color crema ubicada en el
Barrio Galateo del Municipio de Toa Baja. El confidente
anónimo indicó que, en esa residencia, un individuo
conocido por el primer nombre de Richard almacenaba y
distribuía sustancias controladas. CC-2014-0113 3
Según se desprende de la declaración jurada vertida
por el agente Ramos, luego de recibir esta información,
éste procedió a relatarle lo ocurrido a su supervisor, el
Sargento José J. Jiménez Hernández, en aras de comenzar
una investigación con relación a la confidencia recibida.
El 2 de abril de 2013, luego de recibir instrucciones por
parte del Sargento Jiménez, el agente Ramos se personó a
las inmediaciones de la residencia en un vehículo
confidencial de la Policía con un radio portátil y unos
binoculares. Una vez situado en un lugar cercano a la
residencia, el agente Ramos observó un automóvil marca
Toyota que se detuvo frente a la residencia de tres
niveles objeto de la confidencia a las 7:30 a.m.
El agente Ramos expresó en su declaración jurada que,
luego de que el conductor del vehículo tocara la bocina,
un individuo de tez blanca y baja estatura que vestía una
camisa blanca y un mahón azul abrió unas puertas de
cristal para hacerle señas al conductor. Luego de varios
minutos, observó al conductor del vehículo bajarse de éste
portando un bulto de color oscuro en su mano derecha. Acto
seguido, el individuo de tez blanca se acercó a una verja
de rejas y recibió el bulto de manos del conductor. El
agente Ramos declaró que, al recibir el bulto, el
individuo lo abrió y extrajo del mismo ―una bolsa plástica
transparente de mayor tamaño conteniendo en su interior lo
que aparentaba ser picadura de marihuana‖. Declaración
Jurada del Agente Ramos, Apéndice, en la pág. 22. CC-2014-0113 4
Luego de observar la alegada transacción, el agente
Ramos se dirigió a la División de Drogas de Vega Baja para
informar lo observado al Sargento Jiménez. El Sargento,
por su parte, lo instruyó a escribir lo observado y a
solicitar una orden de allanamiento para la residencia.
Ese mismo día, el agente Ramos prestó la declaración
jurada de la que surgen los hechos que anteceden y obtuvo
una orden de allanamiento expedida por el Tribunal
Municipal. La orden de allanamiento disponía lo siguiente:
Habiéndose en este día presentado prueba, por medio de declaración jurada y firmada ante mí por el AGTE. JOSÉ LUIS RAMOS ARROYO PLACA 34749 adscrito a la División Drogas, Vega Baja, Región de Bayamón, quien fue examinado por mí de que:
Que el AGTE. JOSÉ LUIS RAMOS ARROYO PLACA 34749, compareció ante mí en el día de hoy 2 de abril de 2013, prestando ante mi declaración jurada número 143 sobre los hechos que fundamentan su solicitud relacionado a una residencia que más adelante se describe, la cual sustenta la determinación de causa probable para ordenar allanamiento. Este Tribunal mantiene en su expediente la declaración jurada original prestada por el AGTE. JOSÉ LUIS RAMOS ARROYO PLACA 34749. . . . La residencia a allanar es la única de tres niveles con las descripciones antes dadas, esta orden esta en busca de sustancias controladas y todo aquello que constituya violación a la ley.
Al día siguiente, el 3 de abril de 2013, se llevó a
cabo el allanamiento de la residencia, en donde se
ocuparon: (1) tres bolsas transparentes que contenían
aproximadamente una (1) libra de marihuana; (2) 600 bolsas
pequeñas de picadura de marihuana, y (3) 143 bolsas
pequeñas de cocaína. CC-2014-0113 5
A raíz de este allanamiento, el Ministerio Público
presentó dos denuncias en contra del Sr. Richard Rolón
Rodríguez imputándole la posesión, con intención de
distribuir, de las sustancias ocupadas. Posteriormente, el
Tribunal de Primera Instancia encontró causa probable para
juicio en contra del señor Rolón Rodríguez por los delitos
imputados.
El 23 de septiembre de 2013, el representante legal
del señor Rolón Rodríguez presentó una Moción de supresión
de evidencia al amparo de la Regla 234 de las Reglas de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.234.
Mediante ésta, alegó que la orden de allanamiento que se
le entregó al señor Rolón Rodríguez no estuvo acompañada
por la declaración jurada que le sirvió de base ni
contenía los motivos o fundamentos para su expedición, en
clara contravención de las exigencias de la Regla 231 de
las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,
R.231. Véase Moción de supresión al amparo de la Regla 234
de Procedimiento Criminal, Apéndice, en la pág. 32. Alegó,
además, que al desconocer los fundamentos que dieron base
a la expedición de la orden de allanamiento, se le
infringió al señor Rolón Rodríguez su derecho a un debido
proceso de ley.
El 15 de octubre de 2013, el Tribunal de Primera
Instancia celebró una vista para discutir la procedencia
de la Moción de supresión presentada. En ésta, el agente
que diligenció la orden, Sr. Luis D. Arocho Santiago, CC-2014-0113 6
testificó que la orden de allanamiento que se le entregó
al imputado no estuvo acompañada por la declaración jurada
que el agente Ramos prestó. Véase Transcripción de la
vista de supresión de evidencia, Apéndice, en la pág. 49.
Además, a preguntas de la defensa, el agente Arocho
Santiago expresó que no surgían de la orden las
observaciones que hizo el agente Ramos para su obtención,
las cuales sirvieron de fundamento para su expedición. Id.
en la pág. 50.
No obstante lo anterior, el Tribunal de Primera
Instancia expidió una Resolución mediante la cual declaró
no ha lugar la Moción presentada. Razonó que lo que
―valida la legalidad de la Orden de Allanamiento es el
examen que hace el magistrado de la declaración jurada que
se presenta ante su consideración‖ y no el resumen que de
ella se haga en el formulario de la orden. Véase Apéndice,
en la pág. 114. La reconsideración en corte abierta fue
denegada.
Inconforme con la determinación del foro primario, el
señor Rolón Rodríguez presentó un recurso de certiorari
ante el Tribunal de Apelaciones, reiterando que la orden
de allanamiento era nula e insuficiente de su propia faz
por carecer de los fundamentos que dieron base a su
expedición. Luego de varios trámites procesales,
incluyendo la presentación de la transcripción de la
prueba oral y la comparecencia de la Procuradora General,
el foro apelativo intermedio denegó revisar la resolución CC-2014-0113 7
recurrida. Razonó que el señor Rolón Rodríguez no logró
rebatir la presunción de legalidad de la orden de
allanamiento ni presentó evidencia concreta que tendiera a
invalidarla. Véase Apéndice, en la pág. 128. Determinó,
además, que surgía ―inequívocamente de la Orden de
Allanamiento impugnada que la declaración jurada había
sido incorporada por referencia‖. Id. Así, concluyó que la
resolución del Tribunal de Primera Instancia carecía de
error, prejuicio o parcialidad, por lo que no era
procedente intervenir para alterarla. Por estas razones,
denegó la expedición del certiorari solicitado,
determinando que no se cumplía con lo dispuesto en la
Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4
L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.
Insatisfecho con la denegatoria del Tribunal de
Apelaciones, el 14 de febrero de 2014, el señor Rolón
Rodríguez presentó el recurso de certiorari que nos ocupa.
En éste, reiteró sus planteamientos ante los foros
inferiores. Específicamente, señaló que el Tribunal de
Apelaciones erró al confirmar el dictamen del foro
primario, a pesar de que la orden de allanamiento
diligenciada en su contra no cumplía con el requisito de
incluir los fundamentos que dieron base a su expedición
que impone la Regla 231 de Procedimiento Criminal, 34
L.P.R.A. Ap. II, R. 231. Por tanto, sostuvo que la orden
era insuficiente de su propia faz y que procedía la
supresión de la evidencia incautada al amparo de los CC-2014-0113 8
incisos (b) y (e) de la Regla 234 de Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234. Además, arguyó que
era de aplicación lo resuelto por este Foro en Pueblo v.
Cintrón, 80 D.P.R. 360 (1958), a los efectos de que el
incumplimiento con ese requisito invalidaba la orden de
allanamiento expedida.
El Estado, por su parte, compareció y, en esencia,
sostuvo que la intervención fue razonable y que la orden
de allanamiento expedida era válida al cumplir con los
requisitos constitucionales pertinentes. Alegó, también,
que las circunstancias particulares de este caso no
ameritaban que se aplicara la regla de exclusión, puesto
que no se activaba el fin disuasivo que ésta persigue. Por
último, el Estado argumentó en la alternativa que, de
determinarse que la orden fue en efecto insuficiente,
procedería aplicar la doctrina de buena fe adoptada por el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos en U.S. v. Leon,
468 U.S. 897 (1984). Fundamentó este reclamo en la
razonabilidad objetiva por parte de los agentes al confiar
en la validez de la orden expedida por un magistrado
neutral.
II
La protección contra registros y allanamientos
irrazonables por parte de los agentes estatales está
consagrada en la Sección 10, Artículo II de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la
cual establece lo siguiente: CC-2014-0113 9
No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. No se interceptará la comunicación telefónica. Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.
Const. P.R. Art. II, Sec. 10.
Esta protección está intrínsecamente atada a otras
garantías constitucionales, tal y como la inviolabilidad
de la dignidad del ser humano y el derecho a la intimidad.
Véase Pueblo v. Soto Soto, 168 D.P.R. 46, 53 (2006);
E.L.A. v. Coca-Cola, 115 D.P.R. 197, 207 (1984) (señalando
que la garantía persigue tres objetivos históricos:
―proteger la intimidad y dignidad de los seres humanos,
amparar sus documentos y otras pertenencias e interponer
la figura de un juez entre los funcionarios públicos y la
ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad en
la intrusión‖.) Así, la precitada disposición
constitucional pretende armonizar efectivamente estos
derechos que fundamentan la protección con el deber del
Estado de combatir y prevenir la criminalidad. Véase id.
En virtud del equilibrio que debe hacerse entre estos
intereses, la Sección 10 establece los requisitos mínimos
con los que el Estado debe cumplir al momento de expedir
una orden de registro y allanamiento. Además, expresamente CC-2014-0113 10
dispone que el incumplimiento con estos requisitos
resultará en la exclusión de la evidencia obtenida por los
agentes del Estado.
En el ámbito de la protección contra registros y
allanamientos irrazonables por parte del Estado, nuestro
texto constitucional refleja una protección más amplia que
su contraparte federal. El reconocimiento expreso del
derecho a la intimidad en nuestra Constitución, y la
preeminencia de éste al momento de evaluar las acciones
gubernamentales, permiten que el alcance de la protección
contra registros y allanamientos sea mayor. Véase Ernesto
L. Chiesa, Derecho Procesal Penal: Etapa investigativa 98-
99 (2006) (―A mayor extensión del derecho a la intimidad,
mayor protección contra registros, detenciones e
incautaciones irrazonables‖.). En aras de examinar el
presupuesto mínimo de protección que sirve como punto de
partida para nuestra protección constitucional, conviene
repasar los contornos normativos de la Cuarta Enmienda de
la Constitución de los Estados Unidos.2 Ésta dispone que
2 Respecto a este ámbito mínimo de protección que exige la Constitución federal y su relación con las protecciones de derechos individuales contenidas en las constituciones estatales, el ex Juez Asociado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, William J. Brennan, ha señalado, acertadamente, que
State constitutions, too, are a font of individual liberties, their protections often extending beyond those required by the Supreme Court‘s interpretation of federal law. The legal revolution which has brought federal law to the fore must not be allowed to inhibit the independent protective force of state law –for CC-2014-0113 11
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.
Const. EE.UU. Amend. IV.
Al confrontar el texto de la Cuarta Enmienda federal
con la Sección 10 del Artículo II de nuestra Constitución,
podemos colegir que esta última contiene tres divergencias
importantes. En primer lugar, nuestra disposición
constitucional prohíbe la intercepción de comunicaciones
telefónicas, lo que apunta a una protección mayor del
derecho a la intimidad de la ciudadanía. En segundo lugar,
se exige la interposición de la autoridad judicial al
momento de expedir una orden de registro y allanamiento,
garantizando la imparcialidad y, por tanto, la
razonabilidad de la intrusión. Además, ―[e]l escrutinio
estricto por un magistrado neutral de la evidencia
presentada es lo que protege el interés del individuo en
la intimidad de su hogar y sus posesiones de una
interferencia injustificada por parte del Estado‖. Olga
Elena Resumil, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho
Procesal Penal 277, T.I (1990). Por último, y como
anticipamos, el texto de la Sección 10 provee un mecanismo
para hacer valer la garantía constitucional: la exclusión
without it, the full realization of our liberties cannot be guaranteed.
William J. Brennan, State Constitutions and the Protection of Individual Rights, 90 Harv. L. Rev. 489, 491 (1977). CC-2014-0113 12
de la evidencia obtenida en contravención al mandato
constitucional. Esto es, el propio texto constitucional
asegura un remedio jurídico a la ciudadanía ante posibles
violaciones al derecho que éste consagra.3
A pesar de las divergencias textuales discutidas, es
importante señalar que ambas disposiciones
constitucionales responden al valor sustantivo del derecho
a la intimidad y la inviolabilidad de la dignidad humana
3 A nivel federal, este remedio fue adoptado jurisprudencialmente. No obstante, se ha afirmado que la exclusión de evidencia ilegalmente obtenida como remedio por violaciones a la Cuarta Enmienda, si bien no constituye un mandato constitucional, figura como un requisito procesal básico que emana de la Cuarta Enmienda. Así, en Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 655-56 (1961) el Tribunal Supremo de los Estados Unidos extendió a los estados la regla de exclusión, determinando que éstos, al igual que el gobierno federal, estaban constitucionalmente compelidos a excluir evidencia ilegalmente obtenida:
Therefore, in extending the substantive protections of due process to all constitutionally unreasonable searches —state or federal— it was logically and constitutionally necessary that the exclusion doctrine —an essential part of the right to privacy— be also insisted upon as an essential ingredient of the right newly recognized by the Wolf case. In short, the admission of the new constitutional right by Wolf could not consistently tolerate denial of its most important constitutional privilege, namely, the exclusion of the evidence which an accused had been forced to give by reason of the unlawful seizure. To hold otherwise is to grant the right but in reality to withhold its privilege and enjoyment.
Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 655-56 (1961).
Para una excelente exposición con relación al desarrollo de la regla de exclusión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, véase Potter Stewart, The Road to Mapp v. Ohio and Beyond: The Origins, Development and Future of the Exclusionary Rule in Search and Seizure Cases, 83 Colum. L. Rev. 1365 (1983). CC-2014-0113 13
que subyace la protección contra registros y allanamientos
irrazonables.4 Además, ambas contienen exigencias de índole
sustantiva y procesal análogas. El requisito de causa
probable y la razonabilidad de la intrusión figuran como
exigencias sustantivas. Por otro lado, el requisito de que
la causa probable esté basada en juramento o afirmación,
la exigencia de que la orden incluya una descripción
detallada del lugar a ser allanado, las personas y cosas a
registrarse y los objetos a ser ocupados y, en el caso de
nuestro precepto constitucional, la interposición de un
magistrado, responden a consideraciones de índole procesal
que afianzan el cumplimiento con las exigencias
sustantivas.5
Mediante estatuto, muchas jurisdicciones estatales
han impuesto requisitos adicionales a la expedición y
diligenciamiento de órdenes de allanamiento con el
propósito de garantizar el cumplimiento con el principio
básico que subyace la Cuarta Enmienda y atemperarlo con
4 Para una discusión sobre los principios que informan la Cuarta Enmienda, véanse Gordon L. Mowen, II, Closing the Door on Subjective Reasonableness: Evaluating Police- Created Exigencies and the Issues with the Doctrinal Shift to Objectivity in Warrantless Searches, 101 Ky. L.J. 639, 669 (2013) (―The Fourth Amendment is an essential part of human dignity, privacy, and autonomy.‖); Alfredo García, Toward an Integrated Vision of Criminal Procedural Rights: A Counter to Judicial and Academic Nihilism, 77 Marq. L. Rev. 1 (1993). 5 En atención a la importancia de estas exigencias de índole procesal como mecanismo para poner en vigor los derechos sustantivos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha observado que ―[t]he history of liberty has largely been the history of observance of procedural safeguards. And the effective administration of criminal justice hardly requires disregard of fair procedures imposed by law.‖ McNabb v. U.S., 318 U.S. 332, 347 (1943). CC-2014-0113 14
las disposiciones constitucionales estatales
correspondientes. Véase Wayne R. LaFave, Criminal
Procedure, 2 Crim. Proc., sec. 3.4(l) (3d ed. 2014). En
nuestra jurisdicción, las Reglas de Procedimiento Criminal
son el vehículo mediante el cual las exigencias
sustantivas y procesales fijadas por la Sección 10 del
Artículo II de nuestra Constitución son satisfechas.
III
En Puerto Rico, las Reglas 229 a la 234 de
Procedimiento Criminal incorporan la prohibición
constitucional en contra de registros y allanamientos
irrazonables y establecen exigencias procesales
adicionales que viabilizan el cumplimiento con la
disposición constitucional. Por su parte, la Regla 231 de
Procedimiento Criminal establece los requisitos de forma y
contenido con los que debe cumplir una orden de registro y
allanamiento. A esos efectos, dispone lo siguiente:
No se librará orden de allanamiento o registro sino en virtud de declaración escrita, prestada ante un magistrado bajo juramento o afirmación, que exponga los hechos que sirvan de fundamento para librarla. Si de la declaración jurada y del examen del declarante el magistrado quedare convencido de que existe causa probable para el allanamiento o registro, librará la orden en la cual se nombrarán o describirán con particularidad la persona o el lugar a ser registrado y las cosas o propiedad a ocuparse. La orden expresará los fundamentos habidos para expedirla, y los nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se basare. Ordenará al funcionario a quien fuere dirigida registre inmediatamente a la persona o sitio que en ella se indique, en busca de la propiedad especificada, y devuelva al magistrado la orden diligenciada, junto con la propiedad ocupada. La orden dispondrá que será cumplimentada durante CC-2014-0113 15
las horas del día, a menos que el magistrado, por razones de necesidad y urgencia, dispusiere que se cumplimente a cualquier hora del día o de la noche.
Reglas de Procedimiento Criminal, R. 231, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 231 (énfasis nuestro).
Como se desprende de la precitada regla, una orden de
allanamiento deberá contener una expresión de los
fundamentos habidos para su expedición según éstos surgen
de las declaraciones prestadas ante el magistrado que
expidió la orden. Este requisito procesal garantiza que de
la propia orden surja la causa probable que dio base a su
expedición y evita que se pueda llevar a cabo un
allanamiento sin apercibir a un ciudadano de las razones
que motivaron éste.
Este Tribunal ha resuelto que, para ser válida, una
orden de allanamiento deberá incluir los fundamentos
específicos que dieron base a su expedición. Así, en
Pueblo v. Rivera de Jesús, 79 D.P.R. 742 (1956), al amparo
del Artículo 507 del Código de Enjuiciamiento Criminal
entonces vigente, se estableció que incluir fundamentos
distintos a los contenidos en la declaración jurada, y que
no tenían el apoyo de ningún juramento o afirmación,
invalidaban la orden de allanamiento. Id. en la pág. 752. 6
6 El requisito del Artículo 507 del Código de Enjuiciamiento Civil era virtualmente idéntico al requisito que impone la actual Regla 231 de Procedimiento Criminal. Incluso, nuestra Regla 231 proviene de las secciones 1525 a la 1529 del Código de Enjuiciamiento Criminal de California, cuya sección 1529, al igual que el derogado Artículo 507, provee un modelo del formato de una CC-2014-0113 16
Al invalidar la orden en cuestión, se estableció con
meridiana claridad que para ser válida, una orden de
registro y allanamiento siempre deberá incluir los
fundamentos de la petición. Id.
De otra parte, en Pueblo v. Cintrón, 80 D.P.R. 360
(1958), este Tribunal determinó que la omisión en una
orden de allanamiento de las razones o motivos fundados
que dieron base a su expedición no podía ser subsanada
acompañando la orden con la declaración jurada que
contenía dichos fundamentos. En Pueblo v. Cintrón, se
examinó nuevamente el requisito dispuesto en el Artículo
507 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual
ordenaba la inserción en la orden de allanamiento de los
fundamentos de la petición en aras de hacer constar en
ésta que hubo causa probable para expedirla. Conforme a lo
decidido en Pueblo v. Rivera de Jesús, este Tribunal
determinó que, si bien no era necesario transcribir
verbatim los fundamentos contenidos en la declaración
jurada, era necesario que ―en la orden se expres[aran]
sustancialmente los hechos materiales expuestos en la
declaración jurada, sintetizándolos de modo que se haga
constar allí cuáles son ‗los fundamentos de la petición‘‖.
Pueblo v. Cintrón, 80 D.P.R. 360, 363 (1958)(citando a
Pueblo v. Rivera de Jesús, 79 D.P.R. 742, 752-753
orden de allanamiento en el que también se exige un resumen de los fundamentos que dieron base a su expedición. Véase Cal. Penal Code § 1529. CC-2014-0113 17
(1956); Pueblo v. Hernández, 75 D.P.R. 907, 913
(1954)). Además, se indicó que adherir la declaración
jurada a la orden de allanamiento no eximía al magistrado
de la obligación de consignar en la orden los fundamentos
que dieron base a su expedición, según lo exigía el
Artículo 507. En Pueblo v. Cintrón, este Tribunal concluyó
que una orden de allanamiento que contenía un resumen de
los fundamentos contenidos en la declaración jurada
cumplía con lo dispuesto en el Artículo 507 del Código de
Enjuiciamiento Criminal entonces vigente.
A pesar de que este Tribunal no ha tenido
oportunidades ulteriores de interpretar este requisito
estatutario de entronque constitucional, en Pueblo v.
Camilo Meléndez, 148 D.P.R. 539, 553 (1999), al discutir
de manera general el contenido de una orden de registro y
allanamiento afirmamos que ―[u]na vez expedida, ésta debe
describir con particularidad o nombrar a la persona o
lugar que será registrado y los objetos que han de
ocuparse. Se exige, además, que la orden exprese los
fundamentos que la sustentan y los nombres de las personas
en cuyas declaraciones juradas se basa‖. Id.
Al armonizar la regla de exclusión con los requisitos
establecidos en la Regla 231 de Procedimiento Criminal, es
forzoso concluir que evidencia obtenida mediante una orden
de registro y allanamiento que no se ciña a estos CC-2014-0113 18
requisitos hará nula la orden diligenciada. 7 Es decir, una
orden de registro y allanamiento que no contenga los
fundamentos que dieron base a su expedición, o un resumen
de éstos, será insuficiente de su propia faz, aun si ésta
se acompaña de la declaración jurada que los contenga. Tal
y como se indicó en Pueblo v. Cintrón, 80 D.P.R. 360, 364
(1958), ―el único efecto de adherir a la orden de
allanamiento una copia verbatim de la declaración jurada
que le sirve de base, es proteger aún más el derecho
contra registros ilegales.‖ Id. Consiguientemente, la
evidencia incautada mediante ésta habrá sido obtenida
ilegalmente, lo que activará la regla de exclusión. Véase
Olga Elena Resumil, Práctica Jurídica de Puerto Rico:
Derecho Procesal Penal 296, T.I (1990).
IV
La regla de exclusión consagrada en la Sección 10 del
Artículo II de nuestra Constitución persigue, ante todo,
evitar que el Estado se beneficie de sus propios actos
ilegales al momento de encausar criminalmente a un
ciudadano. Por tanto, provee un remedio efectivo, de rango
constitucional, para vindicar posibles violaciones al
mandato constitucional contra registros y allanamientos
irrazonables. La regla, por tanto, procura disuadir esas
actuaciones ilegales por parte de los agentes estatales y
colocar a los tribunales en posición de dirimir
controversias que requieran analizar la razonabilidad de
7 Véase Dora Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño 82 (10ma ed. 2014). CC-2014-0113 19
la intrusión al momento de implantar la regla de
exclusión. Esto, a la vez, promueve que los tribunales
preserven su legitimidad e integridad y excluyan evidencia
que se aparte de los requisitos constitucionales y
estatutarios que deben observarse al expedir y diligenciar
una orden de allanamiento. Véanse Ernesto Chiesa Aponte,
Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos
284-85, Vol. I (1991); Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R.
618, 629 (1999) (discutiendo los propósitos de la regla de
exclusión).
La Regla 234 de Procedimiento Criminal es el estatuto
que instrumenta el mandato constitucional de exclusión de
evidencia ilegalmente obtenida en nuestro ordenamiento
procesal penal. Así, dispone que una persona agraviada por
un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar la
supresión de la evidencia obtenida mediante éste por
cualquiera de los siguientes fundamentos:
(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro. (b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de su propia faz. (c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado no corresponde a la descripción hecha en la orden de allanamiento o registro. (d) Que no había causa probable para creer en la existencia de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento o registro. (e) Que la orden de allanamiento fue librada o cumplimentada ilegalmente. (f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente.
Reglas de Procedimiento Criminal, R. 234, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234 (énfasis nuestro). CC-2014-0113 20
Según se desprende del inciso (b) de la Regla, un
fundamento para la supresión de evidencia es que la orden
de registro y allanamiento sea insuficiente de su propia
faz. Como anticipamos, una orden que carece de los
fundamentos que dieron base a su expedición es
insuficiente de su propia faz, por lo que la parte
agraviada podrá solicitar la supresión de la evidencia
obtenida mediante ésta al amparo de la Regla 234 de
Procedimiento Criminal.
Reiteradamente hemos determinado que una moción de
supresión de evidencia al amparo de la Regla 234 de
Procedimiento Criminal no debe meramente aludir al inciso
aplicable, sino que el promovente deberá expresar con
especificidad y precisión los hechos en los que se basa su
petición. Véanse Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437
(2009); Pueblo v. Hernández González, 175 D.P.R. 274, 311
(2009); Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618 (1999);
Pueblo v. Maldonado, 135 D.P.R. 563 (1994). Cuando un
tribunal declara con lugar la moción de supresión
presentada, la evidencia obtenida ilegalmente, conforme al
mandato constitucional de la Sección 10 del Artículo II,
será suprimida como prueba de cargo. Por otro lado, cuando
un tribunal declara sin lugar una moción de supresión al
amparo de la Regla 234, el acusado tendrá como opción
solicitar la revisión de la resolución mediante un recurso
de certiorari. CC-2014-0113 21
V
En el caso que nos ocupa, se desprende palmariamente
de la orden de registro y allanamiento expedida que ésta
no incluye los fundamentos que dieron base a su
expedición. Así lo reconoció el agente Arocho en el
testimonio vertido ante el Tribunal de Primera Instancia
mediante el cual reconoció, además, que la orden entregada
al señor Rolón Rodríguez no estaba acompañada por la
declaración jurada prestada por el agente Ramos. Véase
Apéndice, en las págs. 49-51. 8 Esta omisión claramente
invalida la orden de allanamiento expedida, al hacer de
ésta una insuficiente de su propia faz. El incumplimiento
manifiesto con el requisito estatutario que impone la
Regla 231 de las Reglas de Procedimiento Criminal, el
cual, como hemos visto, responde a la garantía
irrazonables consagrada en nuestra Constitución, activa la
regla de exclusión. En virtud del inciso (b) de la Regla
8 En su testimonio, el agente Arocho también indicó que todas las órdenes que ha diligenciado en circunstancias similares carecen de las observaciones realizadas por los agentes para asegurar su obtención. Véase Apéndice, en la pág. 51. Esta afirmación hace aún más imperativa nuestra intervención en pos de garantizar, en lo sucesivo, el cabal cumplimiento con los requisitos dispuestos en la Regla 231 de Procedimiento Criminal. Cabe señalar, además, que las Normas y procedimientos internos para el trámite y diligenciamiento de citaciones, órdenes de arresto, registros y allanamientos, Orden general Núm. 98-16, Policía de Puerto Rico, transcriben las Reglas de Procedimiento Criminal aplicables, incluyendo los requisitos dispuestos en la Regla 231. La Orden general, por tanto, apercibe a los agentes de la nulidad de aquellas órdenes que no contengan los fundamentos que dieron base a su expedición. CC-2014-0113 22
234 de Procedimiento Criminal la insuficiencia de la orden
de allanamiento diligenciada en contra del señor Rolón
Rodríguez sirve como fundamento para solicitar la
supresión de la evidencia incautada. Debemos recordar que
―una vez ciertos derechos son incorporados al
procedimiento criminal éstos se convierten en parte
integral del debido proceso de ley y, por lo tanto,
adquieren una categoría cuasi constitucional‖. Pueblo v.
Figueroa Agosto, 171 D.P.R. 203, 209-10 (2007. Véanse,
además Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980 (1999); Pueblo v.
Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993); Pueblo v. Prieto
Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974); Pueblo v. Serbiá, 78
D.P.R. 788 (1955). El requisito que impone la Regla 231 de
Procedimiento Criminal no constituye una mera formalidad
excusable, sino parte esencial del derecho de un ciudadano
a un debido proceso de ley.
En el presente caso, es forzoso concluir que no
estamos ante ―un simple error de forma o inadvertencia‖ 9
como arguye el Estado, sino ante una omisión que invalida
absolutamente la orden de registro y allanamiento expedida
en contra del señor Rolón Rodríguez. Afirmar lo contrario
conllevaría ignorar el mandato constitucional y las
disposiciones contenidas en los estatutos que lo
instrumentan. La sola mención de la declaración jurada en
la orden expedida no subsana este defecto pues no
constituye, bajo ningún concepto, una ―incorporación por
9 Alegato del Pueblo recurrido, en la pág. 3. CC-2014-0113 23
referencia‖ de los fundamentos vertidos en ésta; máxime
cuando la orden no estuvo acompañada por la propia
declaración. Véase Alegato del Pueblo recurrido, en la
pág. 16.10
Por último, es preciso señalar que la inclusión de la
frase ―todo aquello que constituya violación a la ley‖ en
la orden de allanamiento expedida carece de todo valor
legal. En el pasado, este Tribunal ha determinado que
―[n]o procede librarse órdenes de allanamiento con tal
superfluo aditamento que nada señala en particular‖.
Valentín v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 805, 813 (1965).
A pesar de que en este caso no es esta frase la que
invalida la orden de allanamiento expedida, conviene
10 Tampoco procede, según nos solicita el Estado, aplicar la doctrina de buena fe, bajo el pretexto de que el agente ―actuó bajo un marco de objetiva razonabilidad (y de buena fe) cuando confió en la autoridad general que le confería la orden de allanamiento‖. Alegato del Pueblo recurrido, en la pág. 16. Al invocar esta doctrina, el Estado se ampara en la excepción a la regla de exclusión de evidencia ilegalmente obtenida acotada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en U.S. v. Leon, 468 U.S. 897 (1984), conocida como la doctrina de buena fe. Cabe señalar que, en U.S. v. Leon, empleando un análisis de los costos y beneficios de la regla de exclusión, el Tribunal Supremo procuró delimitar el alcance de esta excepción. De esta manera, aclaró que la doctrina de buena fe no sería de aplicación en instancias en las que: (1) el agente objetivamente no hubiese podido confiar de buena fe en la validez de la orden; (2) el agente tenga conocimiento de la falsedad de las declaraciones que dieron base a la determinación de causa probable para expedir la orden; (3) la ausencia de causa probable sea patente, y (4) la nulidad de la orden surja de su propia faz. Véase Leon, 468 U.S. en las págs. 922-23. Dado que en el caso que nos ocupa la insuficiencia de la orden de allanamiento diligenciada se desprende de su propia faz, estimamos que los argumentos del Estado son inmeritorios, puesto que la doctrina es claramente inaplicable a los hechos que nos ocupan. CC-2014-0113 24
recordar al Estado que la inclusión de ésta ―constituye
una peligrosa coletilla que puede tomarse como pretexto o
excusa para que se interpreten extensivamente los términos
y alcance de la orden, violándose así imperativos
preceptos constitucionales y estatutarios‖. Id. Véase,
además Pueblo v. Yulfo, 71 D.P.R. 820, 822 (1950).
Como hemos visto, la regla de exclusión viabiliza la
consecución de un valor fundamental en nuestro
ordenamiento constitucional: que las actuaciones del
Estado estén circunscritas a las garantías
constitucionales que la Carta de Derechos reconoce a los
ciudadanos. Como corolario de este valor, este Tribunal,
como último intérprete de la Constitución y máximo garante
de los derechos consagrados en ésta, no puede condonar
actuaciones estatales que transgredan esos derechos. 11 Por
el contrario, corresponde a este Foro articular el
contenido de estas garantías y asegurar que, bajo ninguna
circunstancia, su violación permanezca impune. Claudicar a
esta responsabilidad, no sólo atentaría contra la
integridad judicial y la legitimidad de nuestra función
adjudicativa, sino que, además, le restaría credibilidad a
las garantías constitucionales que amparan a nuestra
11 Con relación a la revisión judicial de actuaciones inconstitucionales del Estado, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el contexto de una violación a la Cuarta Enmienda, ha afirmado que ―[t]o sanction such proceedings would be to affirm by judicial decision a manifest neglect if not an open defiance of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action.‖ Weeks v. United States, 232 U.S. 383, 394 (1914). CC-2014-0113 25
ciudadanía. En atención a esta responsabilidad y a los
requisitos estatutarios de entronque constitucional
contenidos en la Regla 231 de las Reglas de Procedimiento
Criminal, concluimos que una orden de allanamiento que
carezca de los fundamentos que dieron base a su expedición
es insuficiente de su propia faz y, por consiguiente, la
evidencia obtenida mediante ésta no será admisible en los
tribunales.
De esta manera, revalidamos esa ―exigencia áspera y
puntillosa de que se observen todos los requisitos
procesales que comporta la intervención judicial en los
registros y allanamientos‖. Pueblo v. Rivera de Jesús, 79
D.P.R. 742, 755 (1956). Exigir la observancia cabal con
estos requisitos representa nuestro compromiso con la
protección de los derechos individuales que consagra
nuestra Constitución. Consecuentemente, nos reafirmamos en
que
En verdad no hay otro modo de dejar la libertad individual garantida institucionalmente frente a posibles transgresiones del poder público. Todo esto, como se ha dicho con razón, no por blandura o ternura hacia el delincuente, sino para resguardar la concepción de la justicia y de la dignidad absoluta de la persona humana, índice del grado de civilización que hemos alcanzado.
Id. VI
Por los fundamentos que anteceden, se revoca el
dictamen del Tribunal de Primera Instancia mediante el
cual denegó la Moción de supresión de evidencia
presentada. Entendemos que el foro primario erró al CC-2014-0113 26
concluir que la Regla 231 de Procedimiento Criminal no
requiere que se especifiquen los fundamentos que dieron
base a la expedición de la orden de registro y
allanamiento. Ante la negativa del Tribunal de Apelaciones
de atender el recurso de certiorari que le fue presentado,
ordenamos la continuación de los procedimientos en el
Tribunal de Primera Instancia conforme a lo aquí resuelto.
Consiguientemente, la evidencia obtenida mediante el
registro no podrá ser utilizada como prueba de cargo en un
juicio en contra del señor Rolón Rodríguez. Su
utilización, sin duda, contravendría el mandato
constitucional que supone la regla de exclusión y las
disposiciones contenidas en las Reglas 231 y 234 de las
Reglas de Procedimiento Criminal.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2015
Por los fundamentos que anteceden, se revoca el dictamen del Tribunal de Primera Instancia mediante el cual denegó la Moción de supresión de evidencia presentada. Entendemos que el foro primario erró al concluir que la Regla 231 de Procedimiento Criminal no requiere que se especifiquen los fundamentos que dieron base a la expedición de la orden de registro y allanamiento. Ante la negativa del Tribunal de Apelaciones de atender el recurso de certiorari que le fue presentado, ordenamos la continuación de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia conforme a lo aquí resuelto. Consiguientemente, la evidencia obtenida mediante el registro no podrá ser utilizada como prueba de cargo en un juicio en contra del señor Rolón Rodríguez. Su utilización, sin duda, contravendría el mandato constitucional que supone la regla de exclusión y las disposiciones contenidas en las Reglas 231 y 234 de las Reglas de Procedimiento Criminal.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco hace constar la siguiente expresión:
La Jueza Asociada señora Pabón Charneco vota conforme con la Opinión que antecede. En ocasiones anteriores, este Tribunal atendió casos en los que aplicaba la Regla 231 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, y se expresó en cuanto a los efectos de omitir en una Orden de Registro los fundamentos que dieron base a su expedición. Así, en Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539 (1999), hicimos referencia a la Regla 231 de Procedimiento Criminal y expresamos que nuestro ordenamiento exige ―que la orden exprese los fundamentos que la CC-2014-0113 28
sustentan y los nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se basa‖. Id. pág. 553. (Énfasis suplido).
Sin embargo, considera que ante el testimonio de uno de los agentes del orden público involucrado en el caso de autos, quien indicó que todas las órdenes de registro que ha diligenciado han sido idénticas a la orden ilegal que hoy invalidamos, amerita que este Tribunal reitere que la omisión de los fundamentos que dieron paso a la expedición de una Orden de Registro tiene el efecto de invalidar el registro y, por consiguiente, activar la Regla de Exclusión de la Sección 10 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. Por lo tanto, al igual que se hizo en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013), está conforme con que se reitere esta norma a través de una Opinión del Tribunal.
El Juez Asociado señor Rivera García no intervino.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo